La titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, adelantó este lunes que “se triplicaron las muertes bajo custodia policial” durante el 2021, de acuerdo con los datos contenidos en un informe anual sobre violencia institucional confeccionado por la organización, que será dado a conocer el viernes próximo.

“Tenemos una triplicación de las muertes bajo custodia, un dato impactante, que representa más del 70% (de las muertes por violencia institucional) y en segundo lugar están los casos de gatillo fácil”, que en términos netos, “no han disminuido”, explicó Verdú en diálogo con Radio del Plata.

El viernes próximo, a partir de las 18, la Correpi presentará en Plaza de Mayo el “Informe sobre la situación represiva nacional”, que -según Verdú- refleja “malas decisiones” tomadas “en materia de política represiva”.

Verdú consideró que los últimos casos de violencia institucional que trascendieron en los medios “son el ejemplo de libro de lo que sucede todos los días”, en alusión a los crímenes de Lucas González (en CABA) y de Luciano Olivera (en la localidad costera de Miramar).

“Lo grave es que ese parte policial mentiroso no solo es tomado de forma acrítica por lo medios, sino también por el poder judicial”, advirtió la abogada y referente de Correpi.

Apuntó contra los medios de comunicación que “invisibilizan” esos hechos de violencia institucional.

“El caso de Lucas es paradigmático. Había periodistas deportivos diciendo que la versión de la policía era falsa porque se dio la situación excepcional de que el pibe entrenaba en un club donde lo conocían, que lo dirige (Claudio) Tapia. A partir de eso, los periodistas le abrieron los micrófonos a la familia y nos enteramos la verdadera historia”, detalló.

La presentación del “Informe sobre la situación represiva nacional” coincidirá además el viernes con los 30 años de actividad de la Correpi.

El Archivo de casos es confeccionado y actualizado desde 1996 y contiene hasta la fecha alrededor de 8 mil nombres.

Con información de agencias.

IG

Hace 30 años Walter Bulacio moría en la cama del Sanatorio Mitre, luego de una semana de agonía. La policía lo había levantado en una razzia cerca del Estadio Obras, donde tocaban Los Redonditos de Ricota. Lo molieron a golpes hasta dejarlo tirado en un calabozo de la seccional 35. Nunca se avisó a la Justicia ni a su familia. El crimen generó movilizaciones enormes contra las detenciones arbitrarias, que provocaron la derogación de los edictos policiales. Ante las dificultades judiciales en el país, el caso llegó a la Corte Interamericana, que en un fallo histórico conminó al Estado a modificar su legislación para que esos procedimientos de las fuerzas de seguridad no ocurrieran más. A pesar de que en 2003 la Argentina reconoció su responsabilidad por las torturas y la muerte y se comprometió a cumplir con la sentencia, las normas no se cambiaron y la discrecionalidad policial aún se ejerce en las calles. 

Sucedió una noche fría del 19 de abril de 1991. La banda del Indio Solari había reventado el estadio. Adentro el clima era de fiesta, pero afuera ya habían comenzado las corridas. Antes, durante y después del show la Policía Federal persiguió a grupos de chicos en las calles: se llevó a más de 70 sin que hubiera ningún motivo. Entre los detenidos estaba Walter y sus amigos, que esa vez no quisieron correr. 

Para quienes eran mayores de edad, la supuesta causa de la detención fue registrada como averiguación de antecedentes o por infracción a los edictos policiales. La de los menores, como Walter, fue justificada por estar en la calle de noche, en base al Memorando 40, una disposición policial interna que permitía que el comisario decidiera sobre ellos, violando todas las normas de la Justicia de Menores. 

 Esa noche, a Walter lo golpearon salvajemente dentro del calabozo. A la mañana siguiente, su estado era tan grave que lo trasladaron al Hospital Pirovano, donde llegó a decirle a los médicos que lo habían golpeado los policías. Al pasar al sanatorio Mitre un conocido lo reconoció y le avisó a la familia, que lo buscaba por todos lados hacía varios días. El 26 de abril Walter murió. 

Lo que sucedió con él provocó manifestaciones callejeras que sacudieron el letargo juvenil durante el gobierno de Carlos Menem. En las multitudinarias marchas, se cantaba: “Yo sabía que a Walter lo mató la Policía”, casi como una declaración de principios ante la impunidad de la que gozaban los acusados y el laberinto judicial en el que había entrado la investigación del caso. Al principio, ningún juez quiso tomar la causa, se declararon todos incompetentes. Un año después, el comisario de la 35, Miguel Ángel Espósito fue sobreseído por la detención y la muerte de Bulacio. En 1994, la Corte Suprema ordenó reabrir y continuar la investigación, pero cuando volvió a instrucción, ningún juez quería hacerse cargo. La familia de Walter sostenía que esos retrasos generaban impunidad. Por eso, el caso fue llevado, por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial) y el CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales), en 1997, al Sistema Interamericano. En paralelo, la causa penal contra Espósito corría riesgo de prescribir.

En 2003, la Corte Interamericana lo intimó a que se generaran modificaciones normativas en todo el país para que no ocurran más detenciones arbitrarias. Para el tribunal, toda regla que habilitara a la Policía a detener personas debía surgir del Congreso Nacional, producto de la discusión democrática y no de los reglamentos de las fuerzas federales. Pedía que se establecieran los motivos y que se circunscribieran a la comisión de delitos. También esa Corte intimó a que se llegue al juzgamiento de los responsables. Recién en 2013, Espósito tuvo una condena: su pena fue de tres años de prisión en suspenso, por lo que no fue encarcelado.  

“Las detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a las torturas, nos cuesta vidas. Porque más de la mitad de las personas detenidas en las comisarías desde 1983 hasta hoy estaban allí por una contravención, para identificarlas o por una razzia. No eran detenidos por una orden judicial o por un delito flagrante. Por eso cuando denunciamos la práctica sistemática y exigimos su eliminación, no estamos simplemente exigiendo el derecho de caminar tranquilas y tranquilos por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y la de nuestros pibes”, explica la dirigente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, también abogada de la familia Bulacio.

En todos estos años, el Estado nunca avanzó de manera firme en cambiar las normas que permiten esas detenciones. En 2008, el Ministerio de Justicia inició un proceso de informes sobre las legislaciones vigentes en todas las provincias. De las 23 y CABA solo 7 respondieron y de manera incompleta. Los intercambios siguieron durante un tiempo y la iniciativa quedó interrumpida. 

Lo que sí sucedió desde entonces fueron fallos y protocolos que alimentaron la posibilidad de las detenciones arbitrarias. Como en diciembre de 2015, cuando la Corte Suprema falló en el caso de Lucas Vera, que recomponía las facultades de la Policía a detener a un joven sin documentos y que se mostrara nervioso. La decisión del máximo tribunal convalidó el accionar policial por la presunción de sospecha y posibilitó un abanico de comportamientos librados al “olfato” de los agentes. 

En 2016, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, habilitó a la Policía a llevarse detenidas a personas jóvenes en situación de calle. La sentencia decía que la fuerza policial estaba facultada para “proceder a la detención de los menores que, a su criterio, se encuentren en aparente estado de abandono, y sin mediar orden judicial ni comisión de delito alguno”. Otro territorio fértil para la discrecionalidad en esos operativos.   

Ese mismo año, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó el protocolo 275/2016, que permitía a las fuerzas federales realizar requisas y allanamientos sin orden judicial. A fines de 2018, Bullrich modificó el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego que habilitaba su uso frente a cualquier “peligro inminente”, también a criterio de las fuerzas de seguridad. En 2019, la misma ministra impulsó el programa denominado “Ofensores en trenes”, una resolución que habilitaba a pedir documentación y detener de forma arbitraria a personas en las estaciones y las formaciones. Los dos últimos protocolos fueron revocados por la actual ministra Sabina Fréderic, pero el de las requisas aún está vigente.  

Durante la pandemia, en varias provincias, crecieron las denuncias de detenciones. En este caso, por el incumplimiento de la cuarentena. Al punto que el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que impuso un régimen sancionatorio excepcional “para quienes la policía de la provincia considere” que estaban infringiendo las restricciones sanitarias. Al poco tiempo, la propia Legislatura provincial terminó revocando el decreto. En Corrientes, por dar otro ejemplo, rige aún un Código Contravencional, que proponen procedimientos de control en el que le entregan enormes potestades a su Policía provincial.  

“Pasaron 30 años pero los reclamos al Estado y el fallo de la Corte Interamericana están muy vigentes. En todo este tiempo hubo avances y retrocesos pero la situación de fondo no se resolvió. Si la Policía tiene leyes imprecisas se da lugar a detenciones arbitrarias. Son  muy importantes leyes claras y también un rol definido desde el Ejecutivo, que baje los lineamientos y las directrices”, propone Agustina Lloret, especialista en violencia institucional del CELS. 

Respecto de lo que generó la lucha para que haya justicia por la muerte de Bulacio, Verdú explica que en las nuevas generaciones perdura el legado. “El grito de que a Walter lo mató la Policía continúa hoy, tres décadas después, en las marchas antirrepresivas. Pero también en barrios, en las canchas, recitales y en las gargantas de jóvenes que no habían nacido entonces pero hoy levantan las mismas banderas porque siguen siendo víctimas de la violencia estatal. Por eso es preciso más que nunca la inmediata derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias”. 

AM

La mañana del 13 de enero, Exequiel García salió al recreo de una hora que tenía permitido en la Unidad Penal N°6 de San Cayetano en Corrientes. Había hablado por WhatsApp con su mamá un rato antes. Estaba preocupado. Creía tener síntomas de Covid-19 y pidió hisoparse. Discutió con su celador. Entre dos agentes lo esposaron y lo devolvieron a su celda. De pronto se escucharon gritos. Unos minutos más tarde, se vio corriendo a varios penitenciarios. Doce, dicen unos; ocho dicen otros. Exequiel quedó inconsciente. Tenía goles en la cabeza y fue reanimado antes de ser trasladado al Hospital Escuela “General San Martín”. A las 16.30, lo desconectaron después de declararse que no presentaba actividad cerebral. 

La familia de Exequiel asegura que lo mataron a golpes, que los mismos agentes penitenciarios lo venían persiguiendo con saña, hostigando, que le hacían la vida aún más complicada. Se filtraron mensajes a su mamá de semanas antes, donde escribía: “Me están matando”. Desde el Servicio penitenciario sostienen que esa mañana estaba eufórico, producto del consumo problemático de drogas. Dicen que con un cabezazo golpeó a su celador. Confían en que la autopsia los absuelva. Por ahora, a 15 días del hecho la única contundente certeza es la muerte. 

Héctor Exequiel García era conocido como “Manchita” en Laguna Seca, una populosa barriada correntina. Era flaquito, menudo, morocho. Tenía un lunar que le ocupaba la mitad de una mejilla y  era el fundamento de su apodo. Medía sólo 1,57. Hasta el 2019, compartía vivienda con su mamá Laura y su hermano Joan, tres años menor. Estaba tratando de terminar la escuela en el turno noche a pocas cuadras de su casa. Le gustaba ir al boliche, al centro, a veces con su hermano, a veces con su sobrina. En una de esas salidas terminó detenido. 

Fue el Día de la Primavera del 2019. Después de la gira nocturna, quedó internado en el Hospital Escuela, inconsciente y esposado. Cuando su mamá llegó, le dijeron que tuvo un accidente de tránsito junto a otro muchacho, menor de edad, y que ambos iban en una moto robada. Exequiel, bastante magullado, le juró que no se acordaba nada. Después del hospital estuvo detenido ocho días en la Comisaría Primera, luego lo llevaron a la Unidad N°6 de San Cayetano. Allí permaneció sin sentencia, sin procesamiento y con la esperanza de una salida inminente. Allí vivió la pandemia que paralizó al mundo y el tiempo alargado por la disposición del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el Gobierno nacional. Hasta el 13 de enero.  

“Lo mató una jauría”, dice Laura Silvero, su mamá a elDiarioAR. “Me lo devolvieron todo golpeado. Tenías que ver cómo estaba”, cuenta con el llanto atravesado. Llanto, angustia, pero también bronca. 

Ese día, el 13 de enero, Laura salió de trabajar como terapista ocupacional y fue hasta la Unidad Penal N°6 de Procesados que está ubicada en San Cayetano, a 20 kilómetros de la ciudad de Corrientes. Le llevó un pastel de choclo, chocolates, agua saborizada y galletitas. Los guardias los recibieron, pero Exequiel ya estaba muerto. 

Por el momento no hay información oficial. No hay imputados. No hay procesados. Por ahora, se sabe que, durante la mañana del miércoles 13 de enero hubo golpes, hubo gritos, y finalmente, silencio. La abogada Silvana Canteros, de Justicia Legítima Nordeste, en una entrevista radial no dudó en calificar el crimen contra Exequiel como “tortura seguida de muerte”, pero ni desde la querella ni desde la instrucción tienen aún una carátula precisa.

En tanto fuentes reservadas del Servicio Penitenciario relataron a este medio una reconstrucción del momento diferente. Aseguran que Exequiel estaba en un estado de euforia y que llegaron a administrarle un tranquilizante, lo cual le provocó un paro. Aseguraron que entregaron a la justicia las filmaciones de las cámaras de vigilancia que mostrarían los movimientos del personal involucrado, entre ellos autoridades de la unidad. La imagen, insistieron, se pierde en un punto ciego. 

Las versiones sobre el final de Exequiel se contraponen, pero acuerdan en que tras la muerte se desencadenó una nueva revuelta en el Penal de San Cayetano, y como en otras ocasiones, el Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias, el ETOP, ingresó a las instalaciones para reprimir la protesta. 

Las versiones sobre el final de Exequiel se contraponen, pero acuerdan en que tras la muerte hubo una nueva revuelta en el Penal de San Cayetano, y como en otras ocasiones, el Equipo Táctico de Operaciones Penitenciarias ingresó para reprimir la protesta.

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, un grupo de agentes del Servicio Penitenciario llegaba a la casa de Laguna Seca para informarle a Laura, que su hijo había muerto. No le dijeron cómo. 

Juntando retazos información, testimonios anónimos y otros elementos, la familia tiene un par de certezas. La primera es que el cuerpo de Exequiel fue entregado con golpes, muy lastimado, especialmente en la zona de la cabeza. La segunda es que armaron la escena. “Ellos quieren tapar todo. Prepararon la escena del crimen. Pusieron una denuncia de que él se resistió a la autoridad”, contó su mamá a este medio. Por ahora, no hay más que eso. El abogado de la familia explicó que continúan esperando los resultados de la autopsia.  

“Nosotros pedimos una serie de medidas para que se identifiquen las conductas que denunciamos, pero aún no tenemos novedades. No nos informaron de ninguna imputación. No pudimos identificar a los autores, ni tampoco se encuentran aún las pruebas de las cámaras de seguridad del penal. Tampoco tenemos los resultados de la autopsia, que esperemos estén dentro de quince días”, dijo a elDiarioAR. Hermindo González, abogado de la familia y conocido penalista correntino vinculado a los derechos humanos. Por el momento, aseguró, sólo tienen un certificado de defunción y la información de que Exequiel presentaba un edema cerebral y escoriaciones externas. 

Desde la querella manejan informaciones extraoficiales, confirmadas por este medio, que indican una serie de sumarios administrativos para personal del servicio penitenciario involucrado en la muerte de Exequiel. “Hay acciones que no son del todo claras. Seguramente van a tratar de evitar responder por esos hechos. No descarto que se amañen las pruebas”, comentó e indicó que están expectantes sobre el resultado de la autopsia y que no descartan un segundo procedimiento en caso de que se presentes irregularidades.  

Al ser consultados por elDiarioAR, desde el Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la provincia, a cargo de Juan José López Desimoni, prefirieron el silencio. Dicen que, como en los otros casos, esperarán las resoluciones de la Justicia.  

Represión sin motín

La muerte de Exequiel “Manchita” García tiene una espinosa similitud con el asesinato de José María “Kevin” Candia. 

El 21 de abril del 2020, un mes después de que se decretara el ASPO en todo el país y sólo tres días del primer caso positivo de Covid-19 en el sistema penitenciario de Corrientes, José María Candia, conocido como “Kevin” de 22 años fue asesinado en la Unidad Penitenciaria N°1 con balas de plomo durante una represión que nadie puede explicar adecuadamente. 

Entre el viernes 20 y el sábado 21 de abril, un grupo de personas condenadas de seis de los doce pabellones estaban en huelga de hambre al enterarse del resultado positivo de un agente penitenciario que había estado cumpliendo funciones en la unidad.

Pasadas las horas hubo principios de acuerdos. El sábado a la siesta la situación parecía destrabarse, incluso las familias de las personas detenidas que esperaban novedades en inmediaciones de la cárcel, empezaron a dispersarse. Tanto se había atenuado la tensión que en el patio del pabellón 10, los presos estaban en un recreo jugando al fútbol. Ante la mirada de los guardias, uno de los jugadores trepó para intentar destrabar la pelota que se había enganchada en la concertina. Entonces, se registraron los primeros disparos y piedrazos.

Aún hoy se desconoce el motivo que desencadenó la brutal intervención conjunta de las fuerzas de seguridad en el histórico penal de la avenida 3 de Abril. 

En el libro digital “Voces desde el encierro” , un interno hace referencia a la situación: “(…) entraron totalmente a matarnos, siendo que estábamos en short y en ojotas en el lugar y sin ningún tipo de intenciones nuestras de pelear...”

Estas palabras son avaladas por otros relatos y los videos que forman parte de la investigación judicial. En las filmaciones a las que accedió elDiarioAR se observa cómo un agente penitenciario abre una puerta de acceso al pabellón número 6, por la que van ingresando en tandas grupos de distintas fuerzas: penitenciarios, infantería y el PAR (la Policía de Alto Riesgo). Si bien no se puede establecer con exactitud la cantidad de uniformados, se estima que fueron más de 100, quienes ingresaron en formación con armas y escudos a las 15.27 del sábado 21 de abril.

En el siguiente registro, a las 15.35, se puede advertir que en el patio del pabellón 6 había sólo tres detenidos intentando cubrirse torpemente con restos de sillas y frazadas. Uno de ellos era Kevin. Se ven algunos ademanes y que luego sale caminando con dificultad hacia uno de los patios. Allí frente a otros presos, que se habían protegido de las balas, cae desplomado. 

Cuando amaina el reguero, son los mismos compañeros quien lo suben a un colchón y lo llevan hasta el portón de entrada del pabellón 6 para que sea asistido. Luego los agentes penitenciarios lo trasladan hasta el área de Sanidad, pero ya estaba muerto.       

La represión dejó como saldo 45 internos heridos y un muerto. Era Kevin cuyo cuerpo presentaba tres impactos de bala de plomo y 10 perdigones de posta de goma. Las primeras versiones oficiales hacían referencia a una pelea entre pabellones. Las autoridades provinciales, como el subsecretario de Justicia, Luis Bravo, y el ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni; lanzaron una hipótesis indicando que la muerte se dio por una herida cortopunzante en un enfrentamiento entre los propios presos. Versión que rápidamente fue desmentida por la contundencia del cuerpo fusilado. 

Luego del asesinato de Candia, el gobernador de la provincia Gustavo Valdés destituyó al entonces director del Penal 1, José Raúl Canteros y aseguró que el caso había sido remitido a la justicia con toda la información y documentación necesaria, además garantizó canales de diálogo entre las autoridades penitenciarias y los familiares de los detenidos. Sin embargo, 9 meses después del fusilamiento no hay imputados, ni procesados, ni detenidos. 

Luego del asesinato de Candia, el gobernador Gustavo Valdés destituyó al entonces director del Penal 1, José Raúl Canteros y aseguró que el caso había sido remitido a la justicia. Pero 9 meses después no hay imputados, ni procesados, ni detenidos

Andrea Quincose, docente de la Facultad de Derecho de la UNNE y abogada de la familia de Kevin, explicó a elDiarioAR que la causa aún está en etapa de instrucción y que ni siquiera cuentan con el informe final de la autopsia. “Reiteramos los pedidos de autopsia al equipo médico forense pero no tenemos respuestas”, relató. También reveló que no se pudieron identificar a los autores de los disparos que terminaron con la vida del joven de 22 años, pero que se conoce quienes ordenaron la represión disfrazada de conflicto y que cuentan con una lista de los agentes de las distintas fuerzas que ingresaron a los pabellones.

“Sabemos que el procedimiento no siguió ningún protocolo, porque no respondió a un conflicto. En ese momento no había un motín”, explicó en sintonía con otros testimonios. “Fue un ataque brutal. A matar”, graficó.  

Al margen

El fin de semana pasado, familiares y amigos de Kevin Candia y de Exequiel García pintaron un mural en paredes del barrio Laguna Seca. La imagen de sus rostros busca visibilizar el pedido de justicia que viene demorado. También marcharon por las calles de la capital correntina, golpeando las puertas de juzgados y ministerios.  

La historia de Exequiel y de Kevin tiene varios puntos en común. Ambos estaban en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. A Exequiel no se le pudo probar haber sido el autor del robo de la moto. Su mamá estaba convencida que pronto iba a salir. Su abogado le dijo a elDiarioAR que la pandemia había demorado cualquier resolución judicial respecto a la situación legal. 

Kevin tampoco debería haber estado encerrado, ese 21 de abril. Estaba condenado por el hurto de un teléfono celular, pero su madre había intentado reparar la situación: en cuotas le devolvió el dinero a la damnificada. La historia tenía varios años. En 2016, luego de ser acusado de robar, pasó 10 meses en la Unidad Penal 6, salió en libertad con la condición de realizarse un tratamiento psicoterapéutico. Dos años después fue condenado a seis años de prisión por faltar a algunas sesiones de su tratamiento. Ese 21 de abril del 2020, su mamá también estaba convencida que pronto iba a salir.  

Su vida, como la de tantos otros chicos de los sectores populares correntinos, estuvo marcada “por un permanente desentendimiento del Estado”, describió Quincose. Ni siquiera la partera que lo trajo al mundo permitió que se llamara como su mamá había elegido: “Kevin”. Le puso obligada José María, porque nació el 24 de diciembre. El detalle del nombre fue un problema menor en la crianza de este chico morocho, de pelo flecha. A los cuatro años presentaba problemas de conducta que su mamá no comprendía y desde entonces era atendido en el Hospital de Salud Mental. Lo medicaron por “hiperactividad”, pero a los 12 años el diagnóstico fue más preciso: tenía un “trastorno madurativo”. 

A duras penas terminó la escuela primaria pero no lo aceptaron en ninguna escuela secundaria. Como tantos otros gurises del nordeste se encontró muy tempranamente con las drogas. Otro punto en común con la trayectoria de Exequiel. 

En la última semana, la muerte de estos dos jóvenes, con escasa instrucción y problemas de adicciones, tuvo cierta resonancia en la prensa metropolitana volviendo a poner a las instituciones correntinas en la agenda de los derechos humanos. Las revueltas constantes, la pandemia y los abusos muestran un complejo entramado que se teje dentro de las cárceles y comisarías correntinas, que viene siendo advertido por las más diversas organizaciones sociales e incluso por el Poder Judicial. 

Pone en números esta situación un informe realizado por el Observatorio de Conflicto Social del NEA (OCSo-Nea), encuadrado en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en el cual se revela que la principal víctima mortal de la represión estatal en Corrientes entre 2008 y 2018 son las personas encerradas, “demostrando una práctica sistemática de presión y gestión de la vida (y muerte) de las personas privadas de su libertad por parte de las instituciones estatales”. 

La muerte de estos dos jóvenes puso a las instituciones correntinas en la agenda de los derechos humanos. Las revueltas constantes, la pandemia y los abusos muestran un complejo entramado que se teje dentro de las cárceles y comisarías correntinas

En diálogo con elDiarioAR, Fernando Marturet, profesor de Filosofía y docente investigador de la UNNE, sostuvo que: “Tenemos un registro de muerte del aparato represivo del Estado en Corrientes y vemos que la mitad de los casos en la última década ocurren en cárceles y comisarías”. 

Para intentar comprender estos números, el observatorio retoma el concepto “muerte por cárcel” elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria. Marturet explicó que “la muerte por cárcel incluye la acción directa de penitenciarios u otra fuerza sobre los internos, como así también hechos de negligencia y abandono de persona. Creemos que estas acciones activas y pasivas funcionan en conjunto”. “Esa acción sistemática queda clara en la muerte de ‘Mancha’, que primero es propiciada por una golpiza hasta dejarlo inconsciente y luego es abandonado, no recibiendo los primeros auxilios y demorado en llevarlo al hospital. Es un conjunto de acciones que al unificarlos permite visibilizar cómo el Estado utiliza la cárcel para ejercer su violencia más cruda sobre los internos, que en general son personas de sectores vulnerables”, consideró. 

“No se muere en la cárcel sino por la cárcel ya que no son hechos ”aislados“ o ”fortuitos“ sino el resultante de una serie de mecanismos que van desde la aplicación directa de la violencia homicida hasta acciones indirectas como el abandono -el ”dejar morir“- ante situaciones de vulnerabilidad física o psíquica de presos y presas por parte de esas instituciones y sus agentes”, indicó el documento del OCSo-Nea y Marturet agregó que en la mayoría de los casos el servicio penitenciario busca disfrazar las muertes como una respuesta a un motín, pero en ninguno de los dos casos hay indicios de estas revueltas. 

La pandemia y la cuarentena sólo agudizaron la situación. 

Encierro y Covid-19

Desde el 18 de marzo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) viene llevando un registro exhaustivo de los casos de Covid-19 declarados en los centros de detención de todo el país. Hasta el 28 de diciembre de 2020, fecha de la última publicación, se registraron 4.995 casos positivos de personas que se alojaron o alojadas en lugares de encierro y 292 fallecidos. Es importante tomar nota que los sitios que releva la CNTP incluye geriátricos, penales, instituciones mentales, de menores y comisarías. 

El informe además muestra una incidencia porcentual de contagio menor que en la población en general, pero una mayor letalidad. Específicamente en las unidades penitenciarias fueron confirmados como positivo 1.756 casos, de los cuales 1.069 se reportaron como recuperados y 62 como fallecidos. En Corrientes, el número de la CNTP es de 36 personas en el sistema penitenciario con un fallecido, a lo que se suman otras 24 personas en otras instituciones. El registro es bastante similar al de la vecina provincia de Chaco, donde – hasta diciembre – se detectaron 60 casos en comisarías y cárcel federal. 

En Corrientes, los dos brotes principales de Covid-19 tuvieron lugar en la Unidad Penal 1, donde asesinaron a Kevin Candia, y en la Unidad Penal 6, donde permanecía detenido Ezequiel García. En ambas cárceles el hacinamiento va del 40 al 30 por ciento, alojando además a la gran mayoría de quienes están privados de su libertad en la provincia, con un número que oscila las 1.500 personas divididas en condenadas, procesadas, menores de edad y mujeres. El sistema de guarda se complementa con unos 500 individuos encerrados en distintas comisarías de todo el territorio provincial y en instituciones de salud mental. 

Desde las organizaciones de Derechos Humanos insistieron a lo largo de los últimos 11 meses que los intentos por mejorar las condiciones de hacinamiento e higiene históricas fueron insuficientes y esporádicos durante la pandemia y se convirtieron en los principales disparadores de la conflictividad interna.

El primer brote ocurrido en la provincia fue en abril. Justamente el Penal 1 fue el primer foco de infección de toda la provincia. Para intentar encapsular la situación, una de las primeras medidas anunciadas por el gobierno de Gustavo Valdés fue la inauguración de un mini hospital de campaña en la Unidad 6 para los presos con Covd-19. Esos primeros meses – coinciden todas las partes - fueron duros en términos de aislamiento, pero eficaces en términos sanitarios, ya que contaban con mejores provisiones que las usuales para la higiene. No obstante, también coinciden todos, las medidas extraordinarias se fueron atenuando con el correr del tiempo. Hoy, ese hospital apenas es una sala de aislamiento. 

Algo similar ocurrió con el personal penitenciario. Tras decretarse el ASPO se reorganizó el servicio para cumplir una suerte de aislamiento entre turno y turno, con lo cual debían pasar unos 15 días lejos de sus hogares. Fue peor el remedio que la enfermedad. Casi la mitad de los agentes solicitó licencias, traslados o presentó certificados médicos para no concurrir al trabajo. La medida fue revisada y se regresó al régimen normal. Sin embargo, hasta la fecha, el personal penitenciario de Corrientes representa porcentualmente uno de los grupos de trabajadores más afectados por Covid-19. En total se contagiaron 143 agentes del servicio, lo que representa cerca de un 20 por ciento de la plantilla. 

Durante los primeros meses de la pandemia varios presos intentaron pedir su liberación para evitar el contagio, ateniéndose a las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas, pero muy pocos lo consiguieron. El encierro dentro del encierro se hizo mucho más difícil. 

En ambos penales, hasta junio, las visitas estuvieron suspendidas. Como en el resto del país, algunos presos lograron obtener autorizaciones legales para contactarse con el mundo exterior mediante telefonía celular. Otros ni eso. También se suspendieron las actividades recreativas y educativas. La carpintería, la biblioteca, el programa Fines, todo quedó en el suspenso permanente de la pandemia. 

Recién cuando las medidas de aislamiento social comenzaron a flexibilizarse en la provincia, empezaron a volver las visitas. Al principio sólo era de un familiar cada quince días. Al finalizar el año, y con el movimiento casi recuperado al 100 por ciento en todo Corrientes, el ritmo de visitas había vuelto casi a la normalidad. Pero el malestar seguía latente. 

El 9 de enero una decena de organizaciones vinculadas a los derechos humanos y referentes del área reclamaron mejores condiciones de alojamiento en el Penal 6. Como cada año, en medio de caluroso verano correntino se actualizaron las protestas por la falta de suministro de agua potable. El documento de la Red Provincial de DDHH volvía sobre el tema, pero también sobre la falta de sanitización ante el incremento de los casos de infectados por el Covid-19. 

Las personas privadas de su libertad también hicieron escuchar sus voces. A través de un libro digital llevado adelante por el colectivo intramuros Yaha Porá titulado “El encierro dentro del encierro. La pandemia contada desde la cárcel correntina”, publicaron un texto unificado en el anonimato para explayarse sobre los lazos familiares, el funcionamiento carcelario, la represión y las sensaciones del encierro. 

Sobre el corte abrupto con el exterior en marzo pasado, dicen: 

“Hoy en día me siento como estar viviendo dentro de una cárcel, pero en el calabozo. Una cosa es vivir en un pabellón, donde tenés más espacios, compañeros, actividades, charlas, mates compartidos... Y totalmente lo contrario es un calabozo, donde estás en un encierro”. 

Reincidentes

Al ser consultadas para este artículo, fuentes reservadas del Servicio Penitenciario y funcionarios del Poder Judicial hicieron referencia a la complejidad intrínseca del sistema penal correntino. Señalaron la reincidencia de la población carcelaria, el cambio social y cultural de las familias, y el enorme problema vinculado a las adicciones y la falta de recursos para atenderlas. Sin embargo, hay otra reincidencia que es difícil tener en cuenta: la reincidencia de las muertes en manos del Estado. 

La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) reveló que el año de la pandemia volvió a confirmar la regularidad histórica del archivo represivo en el ítem de las muertes en “cárcel, comisaría o bajo custodia”. Según la CORREPI a nivel nacional, hasta junio del 220, se habían registrado 272 muertes en lugares de encierro en todo el país. 

Una particularidad atrajo la atención de la entidad, por primera vez, luego de muchos años, se volvieron a registrar muertes en unidades penitenciarias causadas por disparos de arma de fuego. Es lo que en Corrientes ocurrió con Kevin Candia, pero también con Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy y con Federico Rey en Florencio Varela, todos fusilados durante los reclamos y protestas por la falta de respuesta oficial a la crítica situación en las cárceles.

La CORREPI advirtió que, luego de muchos años, se volvieron a registrar muertes en unidades penitenciarias por disparos de arma de fuego. En Corrientes Kevin Candia, Marcelo Montenegro y Dardo Yapura en Jujuy y Federico Rey en Florencio Varela

Desde la Red de Derechos Humanos de Corrientes también presentaron un informe en julio pasado, intentando identificar los puntos en común y las continuidades en las muertes de personas privadas de su libertar. Luego de que hombre apareciera ahorcado en una celda de la Comisaría de Esquina, una ciudad del interior provincial, se recapitularon los últimos casos de “suicidios sospechosos” dentro de instituciones de detención. 

“Todas las muertes de personas que están privadas de su libertad, son de responsabilidad del Estado, por acción directa o por omisión de deberes de protección y de resguardo. No es este el primer caso de ”suicidios“ en Comisaría que se archivan sin mayores investigaciones ni determinación de causas y circunstancias. La Comisaría Primera de Esquina tiene mazmorras oscuras, más que celdas, cubículos sin baño ni ventilación, de 2 m x 1m, donde comen, duermen y hacen sus necesidades más de 30 personas. Allí aparece ahorcado, con un cordón de zapatillas, este hombre, a 29 horas de su detención”, expresaba el comunicado de la Red y buscando ir más a fondo recapituló los casos del 2018 y 2019. 

Pedido de justicia

Desde antes del infausto 13 de enero de 2021, Laura Silvero, la mamá de Exequiel, tenía miedo por su hijo. Había pedido una medida de resguardo físico dentro del penal, para que se le pusiera especial atención y se lo aislara del resto de la población. “Le sacaban su celular, le sacaron un equipito de música que yo le había llevado, le sacaban todo lo que yo le llevaba”, denunció.

Cada tanto, el chico le mandaba mensajes contándole que los mismos agentes lo amenazan, que los celadores le hacían la vida imposible, que llame a su abogado urgente, que lo venían a matar. Así transcurrió sus últimos días de vida. 

A días de la muerte de “Mancha”, el abogado de su familia, Hermindo González, reiteró que “él venía sufriendo hostigamiento y apremios, y se lo contaba a su madre. Desconocemos el motivo de tanta saña”, comentó. 

Por la rotación de turnos debido a la feria judicial, la causa por la muerte de Exequiel está en manos de la jueza de Ejecución de Condenas, Teresa Zacarías. Durante toda la semana no tuvo mayores avances. Aún está en etapa de instrucción, sin imputados y sólo constituida por el informe preliminar de defunción. Desde la querella solicitaron la incorporación del listado del personal penitenciario sumariado por el hecho, creen que esto les daría una pista de los culpables. 

La causa de Kevin Candia, en manos de la jueza de Instrucción N°2, María Agostina Falcione, avanza con los relentecidos pasos de la pandemia. Si bien la querella inició sus actuaciones en junio, tres meses después del asesinato, aún no hay definiciones en la instrucción a cargo del fiscal Gustavo Robieneau. 

Ante las demoras en las investigaciones judiciales, la similitud de los casos y la intervención del estado en las muertes de sus hijos, Laura Silvero, la mamá de Exequiel, y Erika Maura, la mamá de Kevin se juntaron en la última semana para unificar el pedido de justicia. 

El testimonio de Erika a la prensa es estremecedor: “Me duele en el alma, cada mañana me despierto con la impotencia de saber que he salvado muchas vidas siendo enfermera y la de mi hijo no la pude salvar. Nadie lo ayudó. Se ve en los videos cómo los presos piden que alguien asista a mi hijo y nadie lo ayuda. Ese 21 de abril los del servicio penitenciario vinieron a mi casa y en la cara me mintieron que Kevin había muerto en un enfrentamiento de arma blanca entre internos.  No fue así, ellos lo mataron”. 

A ella se suma, el pedido de Laura por esclarecer la muerte de Exequiel. “Nunca pensé que iba a pasar. Era mi amor, era todo para mí, hacía cualquier cosa por él. Tenía miedo de que alguien lo lastime y por eso pedí el resguardo físico. Al final fue peor. Estaba segura que iba salir bien”, comentó.

Las madres comparten el dolor por sus hijos muertos, pero también el temor de que jamás sepan qué sucedió y quiénes fueron los culpables. Sospechan que el aparato represivo del Estado apuntale la impunidad de sus delitos, silencie su propia responsabilidad y anule la posibilidad de justicia, como lo viene haciendo desde antes que la pandemia sea una excusa.  

ADLR