En una calle residencial adornada con banderas unionistas, cerca de Shankill Road, en Belfast, hombres enmascarados se acercan a una casa con una ventana tapiada y una cámara de seguridad instalada en el exterior.

Mientras una mujer perteneciente a una minoría étnica observa desde una ventana del piso de arriba, algunos de los hombres se abalanzan sobre la puerta principal y la derriban. Con el aire cargado por el humo de los fuegos artificiales, atacan las ventanas de la planta baja con ladrillos.

Mientras irrumpen en la propiedad, algunos afirman estar “liberándola”. En un grafiti cercano se lee: “Viviendas locales para la gente local”. Una mujer entre la multitud le dice a su amiga: “Hay nenas chiquitas adentro”.

Cerca de allí, alguien prendió fuego a un coche. Mientras se desataba el caos, un hombre con una máscara con forma de calavera pidió a la gente que guardara los teléfonos. Los helicópteros sobrevolaban la zona y dos agentes de policía observaban desde su coche cómo el humo se elevaba hacia el cielo, pero parecían haber llegado a la conclusión de que no era seguro intervenir.

Para cuando llegaron los refuerzos de cuatro furgones policiales, los cientos de personas que conformaban la multitud ya se había dispersado, dejando tras de sí solo a unos pocos rezagados.

Las escenas violentas se produjeron después de que un solicitante de asilo sudanés fuera acusado de intento de asesinato en relación con un ataque con arma blanca grabado en un video muy explícito que se difundió ampliamente en las redes sociales el martes. Las imágenes fueron publicadas por Tommy Robinson y otras figuras de extrema derecha, lo que provocó llamamientos a la protesta como respuesta.

Elon Musk, propietario de X, compartió una publicación de Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) en la que se anunciaban los lugares de las manifestaciones, y otra del partido de extrema derecha Restore Britain que decía: “No hagan las paces con el mal. Destrúyanlo”.

La hostilidad del público de Shankill Road ante el hecho de ser filmado contrastaba radicalmente con los disturbios que estallaron en Southport en 2024, donde muchos asistentes grabaron videos de lo que sucedía en tiempo real. En este caso, sacaron a rastras a un adolescente de entre la multitud, al parecer porque había estado usando el celular. “Me estás lastimando”, gritó. “No puedo respirar”.

También hubo protestas en otras partes del Reino Unido, entre ellas en Southampton, donde la semana pasada estallaron disturbios tras la condena de un hombre por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años. El martes por la noche, se desplegaron decenas de agentes de policía para bloquear a los manifestantes cuando intentaban avanzar por Portswood Road. Cuando se los detuvo, el grupo comenzó a corear “No puedo respirar”. Eso es lo que Nowak, un estudiante de Southampton, repitió una y otra vez mientras yacía moribundo esposado tras haber sido apuñalado.

En una zona unionista del este de Belfast, unos hombres enmascarados prenden fuego a unos contenedores y los empujan contra un colectivo en Newtownards Road, lo que provoca la suspensión del servicio de colectivos. Algunos llevan pasamontañas y agitan bengalas. Se escuchan varias explosiones en cuestión de minutos.

Varios cientos de personas se quedan a mirar un autobús incendiado y al menos tres viviendas que habían sido incendiadas. “Allí vivía una familia gitana rumana”, dice una mujer, señalando una casa adosada totalmente destrozada de la que aún sale humo.

Las familias con niños pequeños se mezclaban con hombres con la cara cubierta y parejas jóvenes. Algunos desprenden un ambiente festivo, posando para las fotos y tomando cerveza. Un hombre levanta en brazos a su hijo, de unos siete años, para que pueda ver mejor otra casa en ruinas. “Fijate en eso”, le dice. “¡Guau!”, responde el niño.

Las sirenas rompen el silencio de la noche. Cerca de los restos del colectivo, un grafiti en una pared: “Que jodan al Islam”.

La BBC informó de que la casa pertenecía a un hombre de unos treinta años que llevaba diez años viviendo allí. “Incendiaron coches en la calle, lo que provocó que mi casa se quemara; unos hombres enmascarados estaban derribando las puertas”, declaró a la cadena.

En una calle paralela, un coche arde en plena calzada y el olor a plástico quemado impregna el aire. Al final de Newtownards Road, en el tramo más cercano al centro de la ciudad, hay una fila de furgones y coches de policía aparcados, listos para intervenir ante cualquier recrudecimiento de la violencia.

Al otro extremo de la calle, los restos del colectivo calcinado yacen junto a una acera llena de vidrios rotos y frente a unos contenedores de basura volcados y humeantes, mientras una bandera británica ondea suavemente en un mástil situado más arriba. Unos hombres encapuchados se detienen para posar ante las cámaras junto a los restos del colectivo mientras se alejan del lugar de los hechos.

Otros manifestantes impidien que los coches accedan a la autopista M2. También se registraron protestas en Antrim, Bangor y Ballymena. En Newtownabbey, se incendiaron dos coches.

En Lisburn, el ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, instó a los presentes a abstenerse de cometer actos violentos y de provocar disturbios. “Lo ocurrido anoche causó una verdadera conmoción”, afirmó. “Creo que conmocionó a toda la comunidad”.

“Es importante que la gente se comporte de manera pacífica para garantizar que se escuchen las cuestiones clave relacionadas con la inmigración y que no nos distraiga ningún tipo de violencia”.

“Eso solo servirá para distraer la atención. La gente debería expresar sus opiniones de forma pacífica”, dijo.

Anteriormente, miembros de la comunidad sudanesa de Belfast expresaron su inquietud ante la creciente tensión en la ciudad.

A las 16:00 horas del martes, todos los comercios de propiedad extranjera de Sandy Row habían bajado las persianas metálicas y el personal se apresuraba a volver a casa para refugiarse durante la noche, una escena que se repetía en otras partes de Belfast.

“Llevamos todo el día repitiendo lo mismo: que se vayan pronto a casa, que se queden en casa, que no salgan”, dice Mohammed Mahmoud, un empleado sudanés de una tienda de comestibles. “Nadie sabe qué va a pasar”.

Ali Adan, de 38 años, otro comerciante de Sudán que lleva 18 años viviendo en la región, afirma que las relaciones raciales se deterioraron desde 2018, y que las tensiones de Inglaterra se extendieron a Irlanda del Norte y viceversa. “Cada vez que ocurre algo, la gente señala a todos los inmigrantes”.

Las protestas contra la inmigración degeneraron en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un video muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se produjeron focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se incendiaron varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no fue identificada, se encuentra hospitalizada y perdió un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se atacaron viviendas y negocios, se quemaron coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiad. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El video mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me informaron que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Estuve en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

La Unión Europea dio luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que marcó la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, declaró Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, avisaron que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia tuvieron varias sentencias en contra, esta fórmula siempre tuvo el beneplácito de la actual Comisión Europea y consiguió el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del Partido Popular Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según publicó Politico.

Las dudas legales del modelo italiano llevaron a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación. Fuentes diplomáticas aseguran que se sondeó a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional señaló en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se debatió la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota explicaron que los responsables de las instituciones europeas acordaron que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, comentó que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas.

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, añadió la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. en enero de 2025, el Gobierno tuvo en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian analizó los registros oficiales y concluyó que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno detuvo a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) deportó cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias fueron separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS deportó a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. En promedio, la Administración Trump detuvo a unos 2.300 progenitores por mes y deportó a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud superó con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EE.UU.

Los datos a los que tuvo acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

Faisal Al-Juburi — ONG de asistencia jurídica Raíces

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé termine en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. presentó una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian analizó más de una decena de casos y entrevistó a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno detuvo a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde construyeron sus vidas y formaron familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala tuvo un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también debilitó la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, rechazó responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

E.F.A — Solicitante de asilo venezolana

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EE.UU. sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EE.UU. durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EE.UU. no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EE.UU. para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que trabajó durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs trabajó con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado pidió que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EE.UU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se convirtió en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Hace 25 años, en el Festival de Venecia, dos jovencitos mexicanos captaban todas las miradas. Se llamaban Gael García Bernal y Diego Luna, y presentaban en el certamen la película que les cambió las vidas, Y tu mamá tambien, de Alfonso Cuaron. Pasó un cuarto de siglo, y en un festival diferente, el de Cannes, se vuelven a cruzar. Su amistad se mantuvo desde entonces a prueba de balas, y siguen apoyando cualquier proyecto que emprendan. Por eso tampoco fue extraño ver entre el público del teatro Debussy a Gael García Bernal en la premiere de Ceniza en la boca, la adaptación del libro de la también mexicana Brenda Navarro que Diego Luna dirigió.

Una coproducción con parte española que muestra la migración a ese país de una familia. La madre y la hija terminarán limpiando por poco dinero las casas de los burgueses españoles, primero madrileños y luego barceloneses, mientras intentan formar una nueva vida alejada de la violencia y el terror que vivieron en México en una comunidad dominada por los narcos.

Aunque en la película la vida de la joven protagonista adquiera un poco de luz, Diego Luna deja claro que no quería marcar que Madrid fuera más hostil que Barcelona. Lo es para su personaje. “En efecto, Madrid es mucho más inhóspito para este personaje y Barcelona representa el pequeño chispazo de libertad que le toca vivir”, aclara.

Para la adaptación investigó de forma “profunda los entornos y los contextos que se retratan”. “Es muy interesante profundizar dónde están estas comunidades y sus diferentes versiones. Tú no eres latino, tú eres mexicano hasta que llegas a un lugar donde te dicen que eres latino porque hay esta necesidad de encontrar un recipiente en el que quepan todos, pero la comunidad latina tiene muchas aristas diferentes. Están los que acaban de llegar, los que nacen, los que están de paso, los que buscan su destino final…”, explica.

También subraya que aunque el lugar donde ocurre sea España, ese racismo y clasismo se encuentra en todo el mundo, aunque evidentemente las heridas del colonialismo ofrecen alguna diferencia: “Esto ocurre en todo el mundo, no es un problema solo de España, porque pasa también aquí en Francia y pasa en EE.UU. Hay una narrativa de confrontación y de conflicto entre ambos países. Para mí, la película es un intento por replantear eso. Desde el propio andamiaje de la producción buscamos eso, contar una historia que pasa en ambos países, y por eso vamos a escucharnos, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer lo que deberíamos estar haciendo más, porque compartimos muchísimas cosas que nos permiten hablar de lo mismo”.

Una forma que debería ser la que ocurriera siempre, pero que no siempre se da. “La historia debe cargar un poco la lógica y la filosofía detrás del cómo se opera la maquinaria que produce. Y aquí lo llevamos a un extremo. No hay nadie más documentado que varias personas que trabajaban en esta película porque están hablando de su propia vida. Creo que hay un reclamo de ida y vuelta que atender y que me parece que nos está haciendo mucho daño”, añade.

El problema migratorio

Para él, “el problema migratorio es más profundo” y cree que, muchas veces, la gente piensa que aquellos que llegan de Latinoamérica a España lo tendrán más fácil por hablar la misma lengua, algo que Luna rechaza. “No es cierto, simplemente llegas más rápido a las otras capas, pero la confrontación es la misma que tiene el migrante en otros países. Se enfrentan al mismo nivel de violencia y de racismo, que tiene su origen en la ignorancia y en el miedo. Y eso te lo encuentras en todos lados, va más allá de un territorio en específico”, asevera.

Por eso confía que su película sirva para algo, que haga reflexionar: “Me gustaría que la película nos haga pensar, sobre todo, en aquellos que recibimos, porque cada vez van a ser más los que se muevan. Eso parece ser que no va a cambiar. Cada vez somos más los que recibimos y ojalá seamos más los que nos replanteamos cómo recibir a estas personas”.

La normalización de la violencia

Ceniza en la boca también muestra de forma sutil uno de los motivos por los que la gente huye de México, la violencia de los narcos en ciertas comunidades, algo que Diego Luna explica que incluyó de forma “deliberada porque es algo que ha estado pasando”. “Ha pasado en comunidades del ejército donde antes resultaba inconcebible que se pudiera vivir esa violencia. Cuando íbamos a rodar, alguien puso sobre la mesa un periódico que se preguntaba cuántas veces había pasado justo lo que estábamos contando nosotros, que una comunidad militar protegida y cerrada sufriera un ataque, una extracción”, explica sobre su película.

El punto de vista elegido, el de esta joven que vuelve a México, le sirve “para hablar de la normalización que tenemos con la violencia”. “Es muy raro ver a un personaje mexicano que no entiende esa violencia, y para mí eso es ella, porque sale a los 12 años a España y cuando regresa de adulta se topa con un México que no entiende y que ella no ha normalizado. Creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro en México, y a través de su personaje quiero hacer ese comentario, porque nosotros deberíamos ser ese personaje. A nosotros nos debería incomodar ese nivel la violencia. En cambio, nosotros somos los demás en esa comunidad, los que no dicen nada, los que creen que no hay nada que se pueda hacer”, zanja.

A pesar de que “la violencia en México ha llegado a un punto donde se ha normalizado como algo que es parte de nuestro contexto”, no quiere sonar pesimista: “Espero no serlo con la violencia. La película retrata un momento concreto de esa comunidad, pero creo que hay esperanza en la tenacidad y en la resiliencia de ese personaje”.

Un refugiado casi ciego de Myanmar, que estaba desaparecido desde que fue liberado de una cárcel de Buffalo y puesto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., fue hallado muerto en una calle del centro de la ciudad de Buffalo (Nueva York), según informaron este miércoles las autoridades municipales.

Agentes de policía de la ciudad, situada al norte del estado de Nueva York, localizaron el cadáver de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam estaba desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. lo dejaron en una cafetería a kilómetros de su casa tras su puesta en libertad de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de juicio por cargos penales que dieron lugar a un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, dijo el portavoz. La presidenta de CAPAC –el caucus Asiático-Americano del Congreso–, la demócrata Grace Meng (Nueva York), y el congresista Tim Kennedy (demócrata por Nueva York) emitieron la siguiente declaración conjunta sobre la muerte de Nurul Amin Shah Alam: “Estamos indignados por la trágica muerte de Nurul Amin Shah Alam. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos abandonaron a un hombre que estaba casi ciego, no hablaba inglés y padecía graves problemas de salud a kilómetros de su hogar sin notificar a su familia. Esta decisión fue un profundo incumplimiento del deber y de la decencia humana básica que le costó la vida a un hombre. Debe haber una investigación completa y exhaustiva sobre por qué ocurrió esto”.

“Como miembros del Congreso, exigiremos respuestas y responsabilidades a la Administración Trump, incluyendo a Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, añaden.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, demócrata, dijo en un comunicado el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y que era el resultado de una decisión “inhumana” de las autoridades federales de inmigración.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se hiciera ningún intento por dejarlo en un lugar seguro”, afirmó Ryan, informa Reuters: “Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”.

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP dijo que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que había entrado en el país como refugiado y no podía ser deportado: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron llevarlo en coche, y él aceptó ir a una cafetería, que se consideró un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, estaban por debajo de cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie dijo que Shah Alam fue detenido hace un año tras un incidente que terminó con heridas leves a dos agentes de policía de Buffalo, informa Reuters.

Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la Fiscalía.

Tras la detención de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar bajo custodia a un no ciudadano tras su puesta en libertad prevista tras su detención penal.

En respuesta a esa orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del condado de Erie se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la puesta en libertad de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, dijo en un mensaje de texto que la detención de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía. Shah Alam, que no hablaba inglés, había salido a dar un paseo y había estado utilizando una barra de cortina que había comprado como bastón, dijo Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de soltar la barra de cortina, lo arrestaron, dijo su hijo. Tras su puesta en libertad la semana pasada, “nadie nos dijo a mí, a mi familia ni a mi abogado dónde habían dejado a mi padre”, dijo Faisal, quien dijo que Shah Alam no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Por su parte, el presidente electo en Chile le respondió antes de partir rumbo a la Argentina, donde se reúunirá con Javier Milei: “Me tiene sin cuidado. Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”, sostuvo Kast.

“Deje quieto a quien quieto está”, insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen “derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”.

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas “con mucho respeto” a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el “nazifascismo” pretende “imponerse otra vez” en Chile.

Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la “tibieza” con la que gobierna Gabriel Boric.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba “invitarlos a salir” del país.

En su plan denominado 'Escudo Fronterizo', con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

La respuesta de Kast: “Es un narcodictador”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de “narcodictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1% de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro “es un dictador” y que sus palabras lo “tienen sin cuidado”

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, agregó.

Kast votó sí a la continuidad de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha defendido el régimen en varias ocasiones durante su carrera política.

Su gran promesa es formar un “gobierno de emergencia” con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la “peor crisis de las últimas décadas” en la que está sumida Chile. Entre otras medidas, propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Durante su campaña llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

Tras la apabullante victoria de Kast, el Gobierno de Chile también reaccionó el lunes a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto” a los países de la antigua Gran Colombia, el Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric, que el lunes comenzó la transición con su sucesor de signo radicalmente opuesto, entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones de Petro.

Kast, exdiputado de 59 años, ganó el domingo las elecciones en las 16 regiones del país y superó por casi 17 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

EFE

La tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez —conocida como Tatiana Martínez— fue detenida este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras realizaba una retransmisión en directo a través de la red social.

Martínez compartía vídeos en su perfil alertando a la comunidad latina de las zonas que frecuentaba el ICE (“el hielo”, como le denomina, por la traducción del acrónimo). En los fragmentos difundidos sobre su violento arresto, en los que los agentes sacan a la colombiana del asiento del pasajero del coche en el que se encontraba grabando, esta implora al ICE: “No me pueden tratar así, no soy una criminal”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional celebró su detención en su perfil de X, alegando que la influencer es “una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles [California]”.

Asimismo, el DHS (por las iniciales en el idioma original) contrapone la actuación del actual presidente de Estados Unidos con la de su predecesor: “Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de Biden. Bajo la presidencia de Trump y Kristi Noem [la responsable de Seguridad Nacional], si infringes la ley, afrontarás las consecuencias”.

Según recoge la revista estadounidense Newsweek —a la que cita el organismo en la publicación de X—, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, ha asegurado que Martínez fue arrestada por una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un perfil para dar a conocer los derechos de los migrantes

La tiktoker cuenta con más de 44.200 seguidores en la citada red social y acumula más de 134.400 'me gusta' en su perfil. Entre los vídeos compartidos por Tatiana Martínez (@tatianamartinez_02) se encuentran denuncias de arrestos a trabajadores inmigrantes mientras ejercían su oficio, así como alertas de los lugares en los que se llevan a cabo redadas por parte de los agente de detención del ICE.

Estos agentes de inmigración se han convertido en una especie de milicia para la agenda de la extrema derecha de Estados Unidos, rodeados de secretismo y, muchas veces, incluso enmasacarados. Así lo explica el periodista Ben Makuch en un análisis publicado en este periódico, en el que destaca el miedo infundado por la agencia political, que ha convertido en habituales las advertencias sobre los lugares en que se producen arrestos y el aspecto de vehículos camuflados.

“Muchas personas se preguntan: ¿es legal el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE? Las respuestas a esta pregunta son variadas, y algunos aspectos se están debatiendo en los tribunales, pero, en teoría, la unión de una fuerza policial nacional con la policía local debería tener límites”, escribe Makuch.

De la reacción ante el ICE al despliegue de la Guardia Nacional

En la ciudad en que ha sido detenida Martínez, las redadas contra migrantes han sido reiteradas en los últimos meses. En junio, las protestas contra el ICE llevaron a Trump a enviar 2.000 soldados de la Guardia Nacional para aplacar las manifestaciones.

“Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, llegó a publicar el presidente de EEUU en su red social.

Estas redadas se produjeron mientras el Gobierno de Trump intensificaba su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EEUU.

Desalambre, para elDiario.es

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.

Desde su hall en una casa de campo a pocos minutos en auto del barrio de San Antonio, Jessica reconoce que su entorno familiar la educó en el rechazo a los marroquíes desde muy pequeña. “Fui educada en una familia cristiana, racista y de campo. Mi madre trabajaba en los invernaderos, tenía una cuadrilla de diez o doce marroquíes a su cargo y los odiaba solo por ser quienes eran. Le molestaba que no la entendieran, cómo se vestían, decía que olían mal. Yo crecí con esa base, rechazando todo lo que tuviera que ver con ellos”, cuenta. Su madre falleció cuando Jessica tenía 12 años, pero ese legado de prejuicio permaneció en ella durante años.

Tiempo después, conoció a su actual marido, Munir, un joven marroquí con quien ahora lleva seis años casada y con quien tiene una hija. “Al principio yo no quería saber nada de relaciones, menos aún con un marroquí, porque había tenido una experiencia muy mala con otro chico. Pero Munir fue insistente, paciente y generoso. Incluso antes de saber si estaríamos juntos, venía en bicicleta desde San Cayetano solo para ayudarme a reformar mi casa, que estaba en ruinas. Poco a poco me demostró que era una buena persona y empezamos a salir, y nos casamos”, cuenta Jessica.

Jessica defiende que la convivencia en Torre Pacheco es mucho mejor de lo que a menudo se dice, aunque reconoce que la sociedad local aún está segmentada por niveles socioeconómicos. “Aquí, los ricos van con los ricos, los pobres con los pobres, sean españoles o marroquíes. Pero eso no impide que haya buena convivencia diaria. Yo misma compro en tiendas marroquíes y españolas por igual, y jamás he tenido problemas”, asegura.

Sobre los conflictos recientes, Jessica cree que no reflejan la realidad cotidiana del municipio y denuncia que la tensión surgida responde más a la provocación de pequeños grupos ultra que al sentir general de la población. “Yo misma fui al barrio de San Antonio durante los enfrentamientos a pedir calma, y los vecinos, en su mayoría marroquíes, me protegieron y me respetaron. Lo que ha pasado estos días no representa lo que realmente somos aquí”, concluye.

Lo que el deporte une

En Torre Pacheco hay censadas 96 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas, lo que ha generado, irremediablemente, cambios en la dinámica social del municipio. Según explica José Andrés, entrenador de fútbol sala local, esta transformación demográfica ha cambiado las relaciones sociales: “Cuando yo era un crío, todo el mundo nos conocía. Ahora ya no es así, porque somos muchos más. Esto provoca cierta sensación de inseguridad, pero no por culpa de los inmigrantes, sino por el crecimiento general”.

El deporte, y especialmente el fútbol, se ha convertido en un espacio clave para la integración real entre jóvenes españoles y marroquíes. José Andrés, que tiene 21 años, lleva once temporadas vinculado al club local, primero como jugador y ahora como entrenador, y asegura que la convivencia es natural y fluida: “Aquí los chavales juegan juntos sin problemas. Es común ver amistades que nacen en el deporte y luego se trasladan fuera, a la vida cotidiana”. Los lazos generados en torno al deporte también implican directamente a las familias. Según el entrenador, no es raro ver cómo los padres de diferentes nacionalidades interactúan y conviven con normalidad: “He tenido chavales marroquíes cuyos padres se han integrado perfectamente, participando en comidas o cenas con las familias españolas. Estas relaciones permanecen en el tiempo y fortalecen la convivencia”.

José Andrés reconoce que la presencia de jugadores marroquíes ha ido aumentando progresivamente, aunque siempre sin generar conflictos específicos: “La conducta problemática de un chico no tiene nada que ver con su origen. En el club se interviene igual con cualquier chaval que cause problemas, independientemente de su procedencia”. Además, destaca que el público que asiste regularmente a los partidos también refleja la diversidad del municipio, creando un ambiente de integración visible y real que dista mucho de las narrativas de tensión que suelen difundirse.

“Para hacernos socios no nos miramos el color de piel”

Marouan y Toni se conocieron hace un par de años en el mercadillo de Los Alcázares. Toni tenía en mente montar un puesto de grifería, aprovechando que su padre formaba parte de una empresa relacionada con productos como platos de ducha y grifos. Así, decidió probar suerte en el mercadillo donde trabajaba el padre de Marouan. Fue precisamente el padre de Marouan quien se convirtió en uno de sus primeros clientes y quien rápidamente valoró la habilidad comercial de Toni.

Ambos jóvenes conectaron desde el primer momento: “Nos parecimos mucho desde el principio, somos chicos avispados, con ganas de trabajar y con la idea clara de emprender”, explica Toni. La sintonía personal pronto derivó en una sociedad empresarial. Comenzaron con una pequeña tienda piloto en Los Alcázares, de apenas 70 metros cuadrados. “Lo hicimos con miedo, porque pusimos todos nuestros ahorros. Mi padre nos ayudó algo, pero básicamente nos lanzamos por nuestra cuenta”, recuerda Toni. La apuesta funcionó mejor de lo esperado y, en solo nueve meses, trasladaron su negocio a Torre Pacheco, ampliando la superficie a 310 metros cuadrados. Hoy tienen una tienda consolidada y hasta han abierto un canal de ventas online a nivel nacional.

Marouan tiene 24 años, Toni apenas 20. El emprendimiento siendo tan jóvenes les ha llevado a madurar muy deprisa. “Hay cosas del día a día, facturas, impuestos, proveedores, que aprendes a golpes. Es muy complicado, pero estamos decididos a sacarlo adelante”, señala Toni. “Nuestros padres tenían miedo al principio”, reconoce, “pero sabíamos que si no nos lanzábamos nunca aprenderíamos. Esto te obliga a crecer rápido, a base de mucho esfuerzo”. Ahora trabajan mañana y tarde, reparten personalmente sus pedidos online y gestionan juntos cada decisión del negocio, ubicado frente a un cartel publicitario de Vox con Abascal dando un mitin en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Marouan, cuyo padre emigró a España hace treinta años, resalta el esfuerzo extra que implica emprender siendo joven y migrante: “Mi padre llegó primero y estuvo seis años trabajando duro sin vernos para traernos. Somos otro ejemplo del trabajo constante que caracteriza a la mayoría de los inmigrantes aquí”. Ambos socios se oponen con firmeza a cualquier forma de violencia y defienden la convivencia pacífica y cotidiana que, pese a todo, predomina en Torre Pacheco.

Tanto Toni como Marouan rechazan tajantemente que la localidad sea presentada como un foco de conflicto permanente. “Da pena que algunos incidentes aislados puedan poner en duda años de convivencia pacífica. Nosotros mismos somos prueba de que nunca valoramos nuestro origen al decidir ser socios”, explica Toni. Y su compañero añade: “La mayoría de los marroquíes que estamos aquí venimos a trabajar duro, igual que cualquier español. Pero cuando alguien comete un delito, automáticamente se nos señala a todos”. Considera que esto es injusto y que perjudica gravemente la imagen de todos los migrantes que, como él, solo desean sacar adelante su vida y sus proyectos.

Chilaba y mercería

El bazar de Rachid, en pleno centro de Torre Pacheco, es un hervidero discreto donde entran y salen vecinos de toda procedencia. Mientras conversa con este periódico, un par de mujeres españolas revolotean entre las estanterías, comentan en voz alta los colores de unos vestidos y se llevan varias piezas. A ratos, se escucha también algún cliente que pide un producto en árabe. La escena transcurre con absoluta normalidad, igual que en cualquier tienda de barrio.

Rachid lleva once años al frente del negocio, tras pasar otros tantos en el campo y en los mercadillos. “Aquí viene todo el mundo: españoles, colombianos, marroquíes... Nunca ha habido problemas con nadie”, asegura mientras despacha y atiende. A lo largo de la entrevista, interrumpe varias veces para guiar a clientes que le preguntan por una dirección o por dónde queda tal o cual tienda. “Si alguien me pregunta, sea quien sea, yo paro y le ayudo. Así nos llevamos aquí”, explica con naturalidad.

Durante los disturbios racistas recientes, Rachid llegó a cerrar unos días por precaución. “Esa semana sí, mejor cerrar. Pero en el pueblo nunca había pasado esto antes”, lamenta. Reivindica el papel de quienes, como él, contribuyen a la vida económica del municipio sin más ruido que el de la caja registradora. “Aquí somos como hermanos, con respeto. El que ayuda, ayuda, da igual de dónde sea”, resume mientras coloca género en los estantes.

La poca asistencia a las concentraciones, la procedencia foránea, aunque española, de buena parte de los ultras de los pogromos y el ambiente paralelo de normalidad que se respira en Torre Pacheco contrasta mucho con el relato que circula por redes hasta sublimarlo. Torre Pacheco, después de una semana de disturbios, recupera una normalidad de la que la mayoría de sus vecinos nunca se ha desapegado; el municipio del Campo de Cartagena y sus habitantes han resultado ser un pueblo que muy poco tiene que ver con la guerra que estos días se ha librado en él.

A dos meses de la promulgación de un decreto que endurece las condiciones de permanencia de extranjeros en el país, el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos tras la deportación de Juan Pedro Martínez, un trabajador migrante afrouruguayo con familia en Argentina. El hecho, que tuvo lugar cuando fue a renovar su DNI por una causa penal de hace cinco años, es señalado por organizaciones sociales y sectores de la izquierda como una acción de amedrentamiento hacia la población migrante y trabajadora.

Martínez fue detenido por efectivos policiales cuando se presentó a renovar su documento. La medida, justificada por la causa penal antigua, derivó en su expulsión a Uruguay, en el marco del Decreto 366/2025, firmado por Milei a fines de mayo. La norma modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y el acceso a la educación y la salud pública, instaurando nuevas causales de cancelación de residencia y facilitando los procesos de expulsión.

Desde el Frente de Izquierda, la dirigente Vanina Biasi denunció el caso como un “montaje para amedrentar” y convocó a una manifestación frente a la Dirección Nacional de Migraciones. “La acción fascista y racista del gobierno de Milei debe ser combatida con una lucha frontal”, escribió en sus redes sociales. Biasi, que primero afirmó que se había tratado de una contravención, señaló que “había tenido una causa penal hace 5 años, no una contravención. Es lo mismo, su causa ya siguió su trámite legal y no adeuda nada con la justicia. Lejos de estar cometiendo un delito estaba tramitando documentación que requiere migraciones. Hace 20 años que vive acá y tiene dos hijos”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció, recordando que Martínez “tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país”, y denunció su deportación como una medida “intimidatoria” hacia las familias migrantes.

Una política migratoria más restrictiva

El caso de Martínez se produce mientras el Ejecutivo avanza con una reforma migratoria aún más profunda. El presidente Javier Milei anunció recientemente nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que —aunque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial— cambiará sustancialmente el régimen migratorio vigente desde 2003.

Según informó la Casa Rosada, el decreto impondrá límites más estrictos al acceso de inmigrantes a los servicios públicos y establecerá causales más amplias de expulsión, incluso por delitos menores.

Desde su anuncio, las nuevas medidas fueron objeto de duras críticas por parte de organizaciones sociales, referentes en derechos humanos y partidos de la oposición, que advierten sobre la criminalización de la pobreza y la estigmatización de la población migrante. El CELS, además de denunciar el caso de Martínez, ya había advertido previamente sobre la gravedad del DNU, calificándolo como una reforma “xenófoba y arbitraria” .

La Argentina, país históricamente marcado por la inmigración —en especial europea—, enfrenta ahora un punto de inflexión que podría redefinir su perfil como sociedad de acogida.

CRM

“La democracia está siendo atacada ante nuestros ojos; ha llegado el momento que tanto temíamos”. Estas palabras de Gavin Newsom (San Francisco, 1967), en un video difundido el martes por la noche, siguen resonando en muchas personas defensoras del Estado de Derecho en California y el resto de EEUU: la militarización de la seguridad ciudadana y de la respuesta a las movilizaciones de protesta es algo que Donald Trump está ensayando en California, uno de los históricos bastiones demócratas, y cuyo gobernador no podrá repetir en las elecciones de noviembre de 2026 por la limitación de mandatos.

Pero sí quedaría disponible para una hipotética carrera presidencial demócrata. Ya el verano pasado, después del fiasco de Joe Biden en el cara a cara con Trump, Newsom sonó como posible relevo del ya ex presidente, pero la estructura del Partido Demócrata y el propio Newsom se inclinaron por la entonces vicepresidenta, Kamala Harris, que fue aclamada en la convención demócrata sin proceso de primarias.

Harris (Oakland, 1964), del otro lado de la Bahía de San Francisco, perdió, y está por ver qué pasos da en su carrera política: si aspira intenta repetir como candidata presidencial, como gobernadora de su Estado, ahora que quedaría huérfano con la marcha de Newsom, o si se mantiene al margen.

Newsom, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santa Clara, fue dos legislaturas alcalde de San Francisco (2003-2011), su ciudad natal, antes de dar el salto al gobierno de California, donde tiene los meses contados.

Como gobernador, participó activamente en los últimos procesos electorales apoyando las candidaturas de Biden y Harris, hasta el punto de participar en un recordado debate en la FOX, en noviembre de 2023, un año antes de las elecciones presidenciales, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aún no había abandonado las primarias republicanas: un verdadero ensayo de lo que puede ser un cara a cara presidencial entre dos modelos antagonistas de país.

En un momento dado del debate, ante la clásica retórica republicana de los últimos tiempos sobre migración, que es la que ha conducido a Trump a movilizar los marines en Los Ángeles, Newsom le decía a DeSantis: “Estás provocando a la gente y tratando de encontrar migrantes para hacer la política, para intentar conseguir noticias y atención y así superar a Trump. Por cierto, ¿cómo te está yendo, Ron? Estás 41 puntos por debajo en tu propio estado”.

Y cuando DeSantis le habló de un libro escolar que calificó de “pornográfico”, Newsom respondió: “La conclusión es que eres un censor de libros. Tu estado ha prohibido 1.406. No ofrecemos entre preescolar y hasta tercer grado, ese tipo de plan de estudios. Es una invención. Estos tipos se lo inventan. Es parte de esta purga cultural”.

Newsom apuntaba a dos ejes fundamentales de lo que está pasando en Los Ángeles estos días y que le están haciendo crecer como antagonista de Trump: los bulos, la manipulación, los inventos, el sobredimensionamiento de los problemas con fines políticos y la batalla cultural criminalizando desde la migración hasta la educación sexual.

“Ya no hay controles ni contrapesos”, alertaba este martes por la noche Newsom ante la gestión de la protesta que está haciendo Trump, equiparando la migración con los peores delitos posibles y sobredimensionando unos altercados en unas calles muy concretas de la ciudad más grande de EEUU, con un área metropolitana de 12 millones de habitantes: “El estado de derecho ha ido cediendo terreno al gobierno de Trump. Los padres fundadores no vivieron ni murieron para ver este tipo de momentos, es hora de que todos defendamos la justicia. [...] Sé que muchos sienten una profunda ansiedad, estrés y miedo, pero quiero que sepan que son el antídoto contra ese miedo y esa ansiedad”.

Newsom, a quien Donald Trump gusta llamar Newscum, haciendo un juego de palabras despectivo con el término scum –escoria–, evita entrar al barro con el presidente, pero no el enfrentamiento directo: en estos días ha dejado un momento televisivo para el recuerdo de esta crisis, cuando emplazó al zar antimigración de Trump, Tom Homan, a detenerle, después de que éste hubiera abierto la puerta a ello.

“Que me detenga”, dijo Newsom el domingo por la noche en la NBC: “Que venga a por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

La reacción de Trump fue, una vez más, echar gasolina al fuego. ¿Debería detener Homan a Newsom?, le preguntaron al presidente este lunes: “Yo lo haría si fuera Tom”, respondió Trump.

De momento, nadie se ha atrevido a detener a Newsom, quien ha seguido avanzando en su oposición a Trump por la vía judicial: mientras el presidente de EEUU juega a saltarse las leyes, buscar sus límites o incluso retorcerlas, el gobernador de California, como antes los migrantes, las universidades y los perjudicados por los aranceles, buscan el amparo del Estado de Derecho y los marcos normativos.

Así, primero denunció a la Administración Trump por abuso de poder con la apropiación de la Guardia Nacional de California, y después con la movilización de los marines, para lo cual hay una vista fijada para este jueves.

“Lo que más desea Donald Trump es su silencio, que sean cómplices en este momento. No cedan ante él”, decía en su mensaje a los californianos este martes. Y, en efecto, Newsom se está prodigando en redes, incluso para comparar a Trump con el emperador Palpatin, la personificación del lado oscuro y del mal en la Guerra de las Galaxias.

¿La militarización de California es un ensayo? La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lo lleva afirmando varios días, y este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ha desmentido las informaciones que circulan acerca de nuevos despliegues unilaterales de la Guardia Nacional en estados y ciudades demócratas, a los que la Administración Trump quiere hacer pasar como cómplices de la “invasión de migrantes delincuentes y violadores” y de las protestas de “criminales pagados”.

Eso sí, jamás la Casa Blanca muestra pruebas ni de la connivencia entre unos y otros, ni del porcentaje de migrantes delincuentes frente a los que no lo son ni, mucho menos, de dónde sacan que los alborotadores estén siendo pagados ni por quién. Pero el contexto para la Administración Trump es el de la sospecha indiscriminada y la presunción de culpabilidad.

MIentras tanto, ante la minoría de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado y la ausencia de una estructura partidaria equivalente a la que pudiera existir en otros países, el perfil de Newsom se presenta como el principal referente de la oposición y antagonista a Trump.

“Es un momento importante para Newsom, ampliamente considerado como uno de los principales candidatos presidenciales demócratas, y que se ha implicado en el conflicto de una manera que le ha situado como líder de la oposición”, afirmaba este miércoles The Wall Street Journal.

Preguntado por el WSJ por sus aspiraciones presidenciales, contestaba: “No estoy pensando en presentarme, pero es un camino que puede andarse”.

Queda mucho para noviembre de 2028, pero lo cierto es que Newsom, el hombre que logra desquiciar a Trump, se está colocando a la cabeza en la parrilla de salida demócrata.

Ahora que le pusieron freno a los aranceles de Donald Trump, que su hermoso y gran proyecto de ley fue obstaculizado, y que su multimillonario tech bro se volvió en su contra, ¿cómo demuestra su poder?

En la mañana del viernes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA) llevaron a cabo redadas en dos almacenes de Home Depot y un mayorista de ropa de Los Ángeles buscando a trabajadores extranjeros sin los papeles en regla. Aunque las estimaciones varían, aparentemente detuvieron a 121 personas.

Los manifestantes que los recibieron coreando consignas y lanzando huevos fueron dispersados por agentes de policía vestidos de antidisturbios con escudos, bastones, pistolas granadas de gas pimienta, balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras

El sábado Trump intensificó el enfrentamiento con el despliegue de al menos 2.000 agentes de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles para sofocar las protestas. Cualquier manifestación que se interpusiera en el camino de las autoridades de inmigración sería considerada una “forma de rebelión”, dijo. El número dos del gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que las protestas eran una “insurrección”.

En la noche del sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con desplegar infantes de marina: “Los violentos ataques de la turba contra el ICE y contra las Fuerzas de Seguridad Federales están diseñados para impedir la expulsión de nuestro suelo de Extranjeros Ilegales Criminales”, escribió Hegseth en X. “Una peligrosa invasión facilitada por cárteles criminales (también conocidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras) y un enorme RIESGO DE SEGURIDAD NACIONAL. Bajo el Presidente Trump NO se tolerarán la destrucción y la violencia contra los agentes federales ni las instalaciones federales”, escribió en la red social.

Estamos presenciando los primeros días del Estado policial de Trump. En los enfrentamientos producidos durante las redadas de la semana pasada en San Diego, Martha's Vineyard y los Berkshires, los transeúntes se enfrentaron airadamente a los agentes federales que estaban deteniendo a los trabajadores.

La emboscada de Trump también abarca el espacio de los tribunales federales. Por todo EEUU hay agentes del ICE movilizándose frente a salas de audiencias para detener de manera inmediata a inmigrantes con casos desestimados por la justicia.

Cuando un gobernante autoritario monta la infraestructura de un Estado policial, la historia nos enseña que esa infraestructura puede volverse contra cualquier ciudadano.

Trump y su régimen están creando esa infraestructura a toda velocidad siguiendo estos cinco pasos:

1. Declarar una emergencia sobre la base de una supuesta “rebelión”, “insurrección” o “invasión”.

2. Utilizar esa “emergencia” para justificar que vayan contra civiles dentro del país agentes federales con el monopolio del uso de la fuerza como el ICE, el FBI, la DEA y la Guardia Nacional.

3. Permitir que esos agentes militarizados hagan secuestros grupales, arrestos sin orden judicial y detenciones sin garantías procesales.

4. Crear más cárceles y campos de detención para los detenidos.

5. Finalmente, y a medida que se agrava la situación, declarar la ley marcial.

Afortunadamente, todavía no llegamos a la fase de la ley marcial, pero una vez que eso ocurra, la infraestructura de un Estado policial puede retroalimentarse: las personas que tienen autoridad sobre los diferentes aspectos de este Estado policial (como los campos de detención, las milicias internas, las redadas y la ley marcial) buscan nuevas oportunidades para ejercer su autoridad.

A medida que el control civil da paso al control militar, la nación se divide entre las personas más vulnerables frente a este Estado policial y las personas que lo apoyan. Los dictadores se atrincheran fomentando el miedo y la ira en ambos bandos.

Ahora mismo, nuestros principales baluartes contra el Estado policial de Trump son los tribunales federales y las protestas pacíficas de apoyo generalizado, como la que muchos de nosotros protagonizaremos el próximo sábado 14 de junio durante la marcha No Kings Day of Action [Día de acción contra una monarquía].

Es imperativo que sigamos siendo pacíficos, que demostremos nuestra determinación de combatir esta tiranía de forma no violenta y que alertemos al pueblo de Estados Unidos por la infraestructura emergente del Estado policial de Trump y por la importancia de resistirse a él.

Son tiempos aterradores y deprimentes. Pero no hay que perder esto de vista: para establecer un Estado policial hace falta un presidente autoritario, pero para derrocarlo y acabar con él solo hace falta el 3,5% de la población.

Traducción de Francisco de Zárate

“Está en una misión encomendada por Dios, y nadie podrá parar lo que está por venir”. El propio Donald Trump movió en Truth Social una foto suya con esa leyenda. Ya lo dijo cuando sufrió el atentado en verano: Dios lo había librado de la muerte para llevar a cabo una misión.

¿Si sos un delegado de Dios en la tierra, qué puede significar para vos un juez federal, una universidad de élite, un mexicano sin papeles o un diario? ¿Cómo podés consentir que un modesto tribunal civil de Comercio Internacional te diga que tus aranceles firmados en un pomposo Día de la Liberación son ilegales por no haber pasado por un procedimiento legislativo?

Y eso es lo que está ocurriendo en estos cuatro meses de presidencia de Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Hasta tal punto es así, hasta tal punto la Administración Trump se cree por encima del bien y del mal, que Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional, calificó de “golpe judicial sin control” el fallo del Tribunal de Comercio Internacional.

“¿De dónde salen estos tres jueces iniciales? ¿Cómo es posible que hayan causado un daño potencial tan grave a Estados Unidos? ¿Es simplemente odio hacia ‘TRUMP’? ¿Qué otra razón podría haber?”, dijo a su vez el presidente de EEUU sin ocultar su enojo.

En efecto, de repente, el matón del patio de colegio ve amenazada su principal arma tras la decisión del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York. Y por eso, corrió a llamar a la puerta del Tribunal Supremo en busca de un fallo favorable, donde cuenta con una holgada mayoría de seis jueces frente a tres.

El presidente de EEUU, que comparó su país con un gran centro comercial con libertad para fijar precios mediante aranceles caprichosos, cambiantes y sin fundamento, lleva tiempo mezclando conceptos económicos, confundiendo balanzas comerciales con impuestos y asociando la política comercial con la migración irregular, el tráfico de fentanilo o la regulación europea de las plataformas digitales estadounidenses para combatir las fake news, la desinformación y el discurso de odio.

Donald Trump tiene la capacidad de meterlo todo en la misma coctelera, agitarla y servir una bebida imposible de tragar. Además, cada semana pueden cambiar los ingredientes.

El presidente de EEUU estuvo alterando las cifras de los aranceles, elevándolas en el caso de China para rebajarlas pocos días después, mientras las volvía a disparar con Europa. Con sus vecinos, México y Canadá, logró acuerdos para reforzar las fronteras, que parece ser su principal objetivo, toda vez que una de las piezas clave de su agenda ultraconservadora consiste en deportar migrantes sin garantías judiciales a macrocárceles en El Salvador, donde se vulneran sistemáticamente los derechos civiles básicos.

El cuestionamiento judicial al llamado “Día de la Liberación” —nombre con el que Trump bautizó el 2 de abril, día en que aprobó aranceles generalizados para todo el planeta, incluidos territorios solo habitados por pingüinos— supone el mayor revés político para el presidente, ya que afecta a su principal táctica: usar el comercio como herramienta para frenar la migración, asegurar deportaciones en terceros países o castigar a las empresas europeas por sus regulaciones.

Por eso, la Casa Blanca anunció este jueves que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre el fallo de estos “jueces activistas”. De hecho, la portavoz Karoline Leavitt no escatimó ataques contra el poder judicial.

“La Administración Trump se enfrenta a otro ejemplo de extralimitación judicial”, dijo este jueves Leavitt: “Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional abusaron descaradamente de su poder para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir el mandato otorgado por el pueblo estadounidense. En última instancia, debe ser el Tribunal Supremo quien ponga fin a esta situación, por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”.

Chantaje a varias bandas

En todos los casos, el chantaje fue complementado por el Departamento de Estado. En efecto, Marco Rubio pasó las últimas horas anunciando restricciones de visado para dos bloques con los que EEUU mantiene disputas comerciales: China y la Unión Europea.

Por un lado, afirmó que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado trabajará junto con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar de manera agresiva los visados de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en sectores estratégicos”.

“Asimismo”, añadió Rubio, “se revisarán los criterios de concesión de visados para aumentar el nivel de escrutinio en todas las futuras solicitudes procedentes de la República Popular China y Hong Kong”.

Ese mismo miércoles, Rubio anunció nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que afectarían a personas implicadas en la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”. Más allá de las críticas tradicionales de Washington a China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela, la Administración Trump amplió últimamente sus reproches a países europeos, en plena negociación comercial con la UE.

En una nota difundida por el Departamento de Estado y firmada por el propio Rubio, se afirma: “En algunos casos, funcionarios extranjeros llevaron a cabo acciones de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y contra ciudadanos o residentes de EEUU, sin tener autoridad alguna para hacerlo. Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan —o amenacen con emitir— órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones realizadas en redes sociales, mientras se encuentran físicamente en territorio estadounidense. Igualmente, es inaceptable que esos funcionarios exijan a las plataformas tecnológicas estadounidenses aplicar políticas de moderación de contenidos a nivel global o que participen en actividades de censura que exceden su jurisdicción e invaden la nuestra”.

Trabas a estudiantes extranjeros

La Administración Trump quiere que Harvard rebaje a la mitad sus alumnos extranjeros, pero también quiere ejercer mayor control sobre lo que allí se enseña y sobre el comportamiento de los universitarios. En particular, lo que se refiere a las protestas contra el genocidio en Gaza.

“Pusimos en marcha una nueva política de visados que impide la entrada al país de extranjeros que vengan a sembrar odio contra nuestra comunidad judía. Estamos exigiendo responsabilidades a organizaciones internacionales y países por su retórica contra Israel, que luego reaparece en los manifiestos de asesinos como el de Yaron y Sarah”, dijo Marco Rubio.

Y todo eso en el momento en el que Trump quiere exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos que se sometan a un control de sus redes sociales, un requisito que va mucho más lejos de lo solicitado hasta ahora, según un cable diplomático al que tuvo acceso Politico.

Con vistas a aplicar este nuevo requisito, la Administración Trump está ordenando a las embajadas y secciones consulares de EEUU que congelen las entrevistas para nuevos solicitantes de este tipo de visado estudiantil, según el cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citado por Politico.

“Con efecto inmediato, y en preparación para una ampliación del control y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna agenda adicional para citas de visado de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emita una nueva instrucción por telegrama separado, lo cual anticipamos en los próximos días”, indica el cable.

Una embarcación volcó a pocos metros del muelle de La Restinga, en la isla española de El Hierro en las Canarias. Poco tiempo después del accidente fueron rescatados los cadáveres de dos mujeres. Sin embargo, la cifra de víctimas fue aumentando y hasta ahora se contabilizaron siete fallecidos. Entre las personas fallecidas hay cuatro mujeres, una nena de cinco años y dos menores de 16. Una de ellas murió en el hospital.

También hay un bebé desaparecido y dos personas jóvenes heridas, un hombre y una mujer. El vuelco se produjo cuando la embarcación estaba a punto de ponerse al costado de un barco de Salvamento Marítimo para desembarcar.

Fuentes de Salvamento Marítimo indican que desde la nave de rescate estiman que en la embarcación había unas 150 personas. ''Es una tragedia. Sabemos que ese momento es el más delicado del rescate. Normalmente se acompaña a la embarcación hasta el puerto para no hacer el traslado en alta mar'', señaló el delegado del Gobierno español, Anselmo Pestana.

''Es un momento trágico. Si habrán venido con una travesía muy dura y muy larga por el estado de la mar, llegan con un cansancio tremendo que hace que al caer al agua se hundan muy rápido si el rescate no es inmediato'', apuntó el delegado del Gobierno.

Según informaron desde el 1-1-2 Canarias, los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Cruz Roja están valorando a los supervivientes en el puerto. También se desplazó hasta allí un helicóptero medicalizado del SUC como apoyo a los servicios de emergencia.

En este momento, los sanitarios están asistiendo en el puerto de La Restinga a un niño de tres años y a una niña de cinco por un ahogamiento incompleto de carácter grave. Los dos están en estado grave y fueron trasladados en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Otros cuatro menores con disnea (dificultad respiratoria) serán trasladados al Hospital de El Hierro. Cruz Roja movilizó a un equipo de psicólogos que atenderá a los supervivientes en el muelle y en el hospital de la isla.

Caminando Fronteras confirmó que la embarcación salió el 18 de mayo de Guinea Conakry con 150 personas. Entre las nacionalidades presentes en la embarcación que salió de Guinea destacan los guineanos y los senegaleses. En la embarcación habría al menos 20 niños y adolescentes.

La ruta migratoria hacia Canarias suma así al menos siete nuevas víctimas. En 2024 perdieron la vida intentando llegar al Archipiélago 9.757 personas, una media de 28 muertes al día, según las cifras del colectivo Caminando Fronteras. El año pasado fue el más mortífero desde que hay regsitros, superando con creces las tragedias cuantificadas en 2023, cuando murieron 6.007 migrantes.

''La impotencia es grande. Mucho ánimo a los equipos sanitarios de rescate que tienen que hacer frente a esta tragedia'', lamentó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, también describió el vuelco como un suceso ''muy triste y desgarrador''.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también lamentó la tragedia. “El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor”, señaló. En esta línea, el presidente pidió “estar a la altura”.

El Gobierno anunció este miércoles un endurecimiento en la política migratoria a partir de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia por parte del presidente Javier Milei. La presentación la hizo el vocero-candidato Manuel Adorni, a solo cuatro días de las elecciones porteñas. La medida busca acelerar la deportación de los extranjeros condenados por delitos, así como arancelar la salud y educación superior para los extranjeros.

Adorni expuso en Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su tercera conferencia consecutiva en los últimos tres días, el funcionario que compite por un lugar en la Legislatura de la Ciudad profundizó la narrativa de mano dura de la expresidenta del PRO.

“Todos los condenados por cometer un delito será deportados”, lanzó Adorni, y apuntó que en los últimos 20 años ingresaron casi dos millones de “inmigrantes ilegales” al país. Las medidas que comunicó Adorni también fueron presentadas a través de un tuit de la Oficina del Presidente, donde se adelantó que Milei ya dictó un DNU para modificar el régimen migratorio, que sería publicado mañana en el Boletín Oficial.

“Hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles”, dijo Adorni. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito será deportado”, agregó.

Sobre el sistema de salud, el DNU prevé que los extranjeros residentes transitorios, temporales o irregulares pagen la atención médica. El comunicado oficial resalta que en ocho hospitales nacionales se habrían gastado $114.000.000 para atender extranjeros. La medida no señala qué harían las provincias, responsables de la salud en los distritos.

Además el Gobierno anunció que “se habilitará” a las universidades nacionales a cobrar sus servicios “si así lo desean”, aclaró Adorni. En diciembre pasado Milei ya había anticipado que queríacobrarles la universidad a los extranjeros no residentes, pese a que en el sistema universitario no hay alumnos en esa condición porque un requisito obligatorio es que sean residentes y tengan DNI argentino.

El universo de extranjeros en las universidades públicas representa estadísticamente menos del 5% del total de alumnos y la iniciativa choca con la ley que establece la gratuidad de la educación pública superior.

Noticia en desarrollo

MC

El 2024 termina con un número sin precedentes de muertes en las fronteras españolas. Del 1 de enero al 15 de diciembre de este año, 10.457 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de migrar a España, un 58% más que las contabilizadas en 2023, según el informe de la organización Caminando Fronteras elaborado a partir de su sistema de alertas de pateras en peligro a través del contacto directo con los supervivientes de las tragedias y los seres queridos de las víctimas. Cada día, 30 personas perdieron la vida en aguas fronterizas y 30 familias esperaron con angustia un mensaje que nunca llegó.

El documento analiza 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas recorridas por quienes intentan llegar a España, de las que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. De las víctimas, 1.538 eran menores y 421 eran mujeres. “Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección. Más de 10.400 personas muertas o desaparecidas en un solo año es una tragedia inadmisible. Urgimos a que se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias”, denuncia Helena Maleno, fundadora del colectivo y coordinadora de la investigación.

Por rutas migratorias, se registraron 9.757 muertes en la llamada ruta atlántica, 517 en la ruta argelina, 110 en el Estrecho y 73 en la que atraviesa el mar de Alborán. Los datos son obtenidos por la ONG después de cotejar testimonios de los supervivientes, los testigos directos de las tragedias, así como de las denuncias de familiares desesperados por localizar a sus seres queridos embarcados. El maliense T. D. es una de las personas que vio morir a sus compañeros en el mar mientras trataba de alcanzar Canarias. “La barca se quedó a la deriva, nos llevaban las olas. Todos estábamos muy cansados, y cuando veías que alguien se sentaba tranquilo y dejaba de llorar o de rezar, era que se estaba muriendo. Las vidas se iban apagando, y yo esperaba a ser el próximo, pero fue mi hermano”, describe en un testimonio recogido por Caminando Fronteras.

“Le decía a mi hermano que no bebiese agua del mar, que aguantara, pero bebía sin parar, luego vomitaba, y después se sentó y dejó de hablar. No tuve fuerzas para tirar su cuerpo, lo hicieron otros. Además de mi hermano, vi morir a una familia entera, el padre acabó tirándose al mar cuando tiró al último de sus hijos. No tuvimos fuerza para impedírselo. No sentía nada cuando por fin nos rescataron, no tenía fuerzas en mi cuerpo pero tampoco en mi alma”.

La ruta más mortífera

La gran mayoría de muertes documentadas por la ONG, como las de los compañeros de T. D., tuvieron lugar en la llamada ruta atlántica, cuyo destino son las Islas Canarias. De las tragedias documentadas sufridas por personas que viajaban en cayucos procedentes de África Occidental, el 71% corresponde a aquellos que partieron desde Mauritania, el principal punto de salida hacia el Archipiélago, aunque también parten desde Senegal, Agadir (Marruecos) y Dajla (Sáhara Occidental ocupado). “Las salidas de embarcaciones desde este país no han cesado ni en periodos donde las condiciones meteorológicas en la ruta han sido terriblemente complicadas. Los meses entre enero y abril son los más mortíferos en la ruta”, sostiene el informe. Por este camino también se ha incrementado el número de mujeres procedentes de zonas del Sahel donde tradicionalmente el viaje migratorio era realizado por hombres, dándose una “incipiente feminización” en las salidas de Mauritania. Al menos, 6.829 personas que se embarcaron de las costas mauritanas se quedaron en el mar. 67 cayucos desaparecieron sin dejar rastro.

En las embarcaciones que realizan este trayecto viajan mayoritariamente personas procedentes del Sahel, que utilizan Mauritania como un país de paso para alcanzar Europa. “Estas personas huyen de conflictos bélicos, el impacto del cambio climático y diversas formas de violencia, como explotación laboral, matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual”, recuerda la ONG.

El cruce migratorio desde la franja costera situada entre Agadir y Dajla destaca por la presencia mayoritaria de embarcaciones neumáticas similares a las que transitan por las rutas mediterráneas, según lleva detectando Caminando Fronteras desde 2019. “Las zodiacs son muy peligrosas para navegar en el Atlántico, donde las condiciones marítimas son más severas que en el Mediterráneo”, alertan desde la organización.

“Nos hundimos, una de las gomas está totalmente desinflada, hay gente ya en el agua, les sostenemos para que no se separen de la embarcación. Llevamos horas comunicando, ya tenéis la posición, ¿por qué no viene nadie? Hemos llamado a todos, dicen que viene Marruecos pero no llega, que manden aunque sea un avión, algo. No vamos a aguantar más, nos iremos todos al fondo, nadie tiene piedad de nosotros, que Alá se apiade de nosotros”, clamaba una de las personas migrantes que llamó este año desde una zodiak al sistema de alertas del colectivo. El colectivo también ha detectado “un patrón de salidas conjuntas en intervalos cortos” en este punto, lo que también incrementa el riesgo de tragedias.

Por su parte, tras la victoria electoral de Oussmane Sonko, las salidas desde Senegal y Gambia han caído desde 2023, especialmente en los primeros meses de 2024, aunque ha permanecido constante a partir del segundo trimestre, analiza el estudio. No obstante, la organización ha contabilizado en este trayecto 26 tragedias con 2.127 víctimas y ocho embarcaciones desaparecidas.

Las rutas que atraviesan el Mediterráneo, aunque menos transitadas, también han dejado cientos de víctimas este año. Si desde 2020, la mayoría de salidas desde Argelia finalizaban en las costas localizadas entre Almería y Alicante, este año Caminando Fronteras ha detectado “una mayor tendencia” hacia las Islas Baleares, la zona más peligrosa de la ruta. Aunque quienes atraviesan este camino son principalmente argelinos, se ha dado un incremento de quienes vienen del Sahel, África Occidental, África Oriental y Asia. La ONG ha identificado personas sirias, palestinas y yemeníes en esta ruta.

El trayecto del Estrecho está marcada por el alarmante porcentaje de víctimas menores, muchos de ellos después de intentar cruzar el espigón fronterizo del Tarajal con destino Ceuta. El 20% de las víctimas en esta ruta son niños, niñas y adolescentes. Según Caminando Fronteras, 110 personas han muerto en esta ruta y cinco embarcaciones desaparecieron por completo.

“El aumento de víctimas está directamente relacionado con factores como la omisión del deber de socorro por encima de la protección al derecho a la vida, la prevalencia de políticas de externalización de fronteras que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes, la falta de activación o la tardanza en los operativos de búsqueda y de rescate, incluso cuando se tenía la posición de las embarcaciones”, enumera la ONG. A las deficiencias detectadas por la organización se suman las precarias conficiones en las que viajan muchas de estas embarcaciones.

Cuando el equipo de Caminando Fronteras le preguntaba al maliense T. D. si alguien le estaba ayudando tras su llegada a España, respondió que no. “A nadie le interesa, por eso dejo todo en manos de Alá, y solo quiero continuar mi camino a Francia, trabajar y ayudar a mi familia. Bueno, quiero otra cosa, ¿sabes qué quiero? Quiero dormir sin que al cerrar los ojos vea las caras de todos los que murieron”, T.D., maliense sobreviviente de un naufragio“, contestó el superviviente de la tragedia en la que vio morir a su hermano.

Europa se va tiñendo paulatinamente de azul y, a medida que avanza la extrema derecha, la derechización del continente va dejando notar sus efectos. La marcha atrás en la agenda verde, el endurecimiento de las posiciones antiinmigración o la sustitución del debate sobre las políticas sociales por la seguridad y la defensa son algunas de las consecuencias palpables en el seno de la UE.

Más de la mitad de gobiernos están en manos del Partido Popular Europeo (14 y en algunos casos apoyados por la extrema derecha); Italia, Hungría, Países Bajos y República Checa están liderados por la ultraderecha; cinco los gobiernan los liberales, aunque uno de ellos es Emmanuel Macron, que está en horas bajas y llegó a dejar el gobierno en manos de la derecha; y solo cuatro pertenecen a la familia socialdemócrata, que está a punto de perder la cancillería en Alemania.

La agenda verde fue una de las primeras víctimas de la derechización de Europa. En buena medida por la presión electoral ante el auge de la extrema derecha, que las colocó en la diana y aprovechó el caldo del cultivo del malestar en el campo. En plenas protestas de los agricultores a lo largo y ancho del continente, tanto Bruselas como los gobiernos empezaron a revertir algunas de las principales medidas del Pacto Verde Europeo, como la ley de restauración de la naturaleza, la regulación para limitar el uso de pesticidas o, recientemente, el aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa para combatir la deforestación.

Meloni, el ejemplo a seguir para Von der Leyen

Otra de las consecuencias de la derechización es el endurecimiento de las políticas migratorias. La ultraderechista Meloni se convirtió en el adalid para la mayoría de capitales europeas e incluso para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aceleró el plan para copiar los polémicos centros de deportación a países fuera de la UE como los que Italia puso en marcha en Albania y que la justicia frenó.

Cualquier atisbo de solidaridad, como el de la crisis de refugiados sirios de 2016 o el que se puso en marcha para acoger a los ucranianos que huían de la guerra, desapareció. Ahora se habla de retornos, centros de deportación e incluso de financiar muros. Todo bajo el eufemismo de la búsqueda de “soluciones alternativas” a los movimientos migratorios que siempre existieron. La mesa en la que se sientan los líderes que defienden ese endurecimiento está cada vez más llena y en ella se sienta Von der Leyen, de quien parte la iniciativa legislativa en la UE.

Y España es de los pocos países que mantiene una posición distinta. Criticó la decisión de varios países europeos de paralizar la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios unas horas después de que cayera el régimen de Bashar al Asad. También se desmarcó (prácticamente en solitario) de la propuesta de crear centros de deportación. Y fue el único país que votó en contra de la directiva contra el tráfico de migrantes en la que el Consejo quiere eliminar la denominada 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes. “El mensaje político que se lanza puede ser preocupante”, reprochó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate con sus homólogos.

¿Qué pasa cuando la ultraderecha pilota el Consejo de la UE?

“En el debate sobre demografía y despoblación se ha centrado en las cuestiones natalistas que es lo que subyace en los países gobernados por la derecha o la extrema derecha cuando los informes de distintos organismos señalan a la inmigración como elemento para invertir la pirámide demográfica”, explica a elDiario.es el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, sobre la deriva que se impuso en el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos-.

En buena medida ese debate lo orientó el ejecutivo ultraderechista de Viktor Orbán, dado que le correspondía este semestre la presidencia rotatoria. Y, aunque no fue muy prolija en términos legislativos, en los pocos expedientes en los que trató de avanzar, se notó su impronta. España y otros ocho países bloquearon el intento de Hungría de aguar la ley contra los falsos becarios.

Las posiciones del Consejo de la UE fueron tradicionalmente más conservadoras que las del Parlamento Europeo, pero también ahora se produjo una derechización completa. A la mejora electoral del PP se suma la extrema derecha, que representa más de un 25% de los escaños. Y, además, todo pasa por el grupo que pilota Manfred Weber porque puede armar mayorías alternativas a la coalición con socialistas y liberales que 'gobierna' la UE. Ya no hay cordón sanitario.

Equidistancia con Netanyahu y Gaza desaparece del debate

Además de la foto de los 'duros' contra la inmigración, la última cita de los líderes de los 27 en 2024 volvió a evidenciar la equidistancia con Benjamin Netanyahu de la mayoría de los gobiernos. El conflicto en Medio Oriente, que es uno de los más divisivos en la UE, quedó en un segundo plano en el Consejo Europeo. El asunto se abordó, de hecho, durante la cena y la masacre de Gaza prácticamente desapareció del debate. Las conclusiones hacen una breve alusión a la matanza y vuelven a reclamar el “alto el fuego inmediato” que tardaron en exigirle a Israel meses. Y la mayor crítica a Netanyahu se limita a ser la “profunda preocupación” por la ley que prohíbe la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Precisamente en los conflictos, especialmente el Ucrania, basó la UE la primacía del debate sobre la seguridad y la defensa sobre la agenda social, que vuelve a estar en un segundo plano.

Este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. “En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.

La presencia de estudiantes de otros países en las aulas universitarias argentinas se había convertido en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el 2 de octubre, el debate se intensificó.

De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación —que depende del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello—, en 2022 (último dato disponible) 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país. 

¿Qué cantidad de estudiantes extranjeros hay en las universidades argentinas?

Según el informe oficial, en 2022 se registró un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, de los cuales 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 ofertas de posgrado.

Esta población representó el 4,1% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,3% de la matrícula en el sector estatal y el 5,5% en el sector privado.

Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%. 

El Gobierno argumenta que los estudiantes internacionales generan “una carga adicional para el sistema”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.

En esta nota, Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”. 

Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,83% proviene de países de América; un 2,87% de países de Europa; y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía.

Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes. 

¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires?

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica —según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings—, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero. 

De acuerdo con los datos publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales. En particular, la de Medicina reporta 11.393 estudiantes extranjeros frente a 39.201 argentinos, lo que representa casi el 23% de su población estudiantil.

Le sigue Odontología, con un 12,7%; e Ingeniería, con un 8,2%. Luego, Arquitectura y Diseño, con un 6,4%. Las facultades de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y Naturales, y Sociales muestran porcentajes similares, con un 5,6%, 5%, 4,8%, y 4,8, respectivamente. 

¿Cuál es la situación en las universidades de La Plata, San Luis y Rosario?

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2022 el 7% (un punto más que en 2021) de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas (24%).

En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 42 países de los 5 continentes. “La mayor cantidad de extranjeros provienen de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. Los estudiantes de Ecuador crecieron 80% respecto al 2021 y conforman la comunidad extranjera mas numerosa en la UNLP”, agrega el informe. 

En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de acuerdo con sus propios datos, en el 2021 había 20.246 estudiantes en total, de los cuales 1.088 eran extranjeros. Esto representa el 5,6%.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), según su propio anuario del año 2022, los estudiantes extranjeros eran 6.107. Esto representaba el 7% del total de 85.381 estudiantes.  

¿Cómo se compone el sistema universitario argentino?

Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 137 instituciones, 115 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 49,6% es estatal, ya sea nacional o provincial. 

En 2022, el 33,6% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales, mientras que las Ciencias Aplicadas se encontraban en el segundo lugar de las ramas de estudio más elegidas, con un 24,8% de los nuevos inscriptos.

Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 80% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal. “Esta distribución varía si el análisis se realiza teniendo en cuenta la Región CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior), siendo que en las regiones Bonaerense, Noreste y Sur la participación de las instituciones de gestión estatal es aún más alta”, indican los datos oficiales.

Esta nota es una investigación de la periodista Rosario Marina, de Chequeado.

JJD

Una tragedia golpeó a la ruta migratoria hacia Canarias de madrugada. Al menos nueve personas murieron en una barcaza intentando alcanzar la isla de El Hierro, según informó el 112 de España. También hay “decenas” de desaparecidos.

El servicio de Emergencias alertó las 00.17 horas del avistamiento de una embarcación con migrantes a cuatro millas de La Restinga. La barcaza volcó y se activó a Salvamento Marítimo y al helicóptero de rescate. Por el momento fueron rescatados 27 supervivientes y hay nueve fallecidos. Sin embargo, en la barcaza viajaban muchas más personas que siguen desaparecidas. Las primeras estimaciones sugieren que esta es la mayor tragedia migratoria ocurrida en Canarias.

Todos los ocupantes de la embarcación volcada eran hombres y uno de los cuerpos recuperados corresponde al de un adolescente de unos 12 a 15 años, según informa EFE, que cita fuentes de los servicios de emergencias de la isla, que también precisan que de las 27 personas que fueron salvadas, 25 fueron trasladadas a La Restinga y dos fueron evacuadas en helicóptero.

Asimismo, detallaron que los ocupantes de la propia barcaza fueron los que avisaron al 112 de dónde se encontraban y que el rescate se produjo sobre las 3 de la mañana.

En la embarcacion viajaban 84 hombres, varios de ellos adolescentes, que habían salido a Canarias desde Mauritania, según relató a Caminando Fronteras un familiar de uno de los ocupantes.

Esta ONG recibió anoche a la 1:30 horas una llamada de esta persona en la que contó que varios de los pasajeros estaban telefoneando a sus familias para decir que veían la costa y que se les había parado el motor. Según este familiar, en la embarcación, además de los adolescentes, viajaban al menos cuatro niños de 7 a 11 años.

En estos momentos efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo se encuentran en la zona de Las Playas buscando más cadáveres.

En total, anoche llegaron tres embarcaciones a El Hierro, entre ellas la que volcó, y se busca una cuarta embarcación que no han podido localizar por el momento. En la primero que llegó a La Restinga a media noche viajaban un total de 131 personas, entre ellas, 107 hombres y 15 mujeres, así como cinco niños y cuatro bebés, según las mismas fuentes de emergencias. La segunda se corresponde a la de los nueve muertos y 50 desaparecidos y la tercera arribó sobre las 7:30 horas con 20 personas, entre ellas, 18 hombres, una mujer y un niño.

Diez personas de las tres embarcaciones recibieron atención sanitaria en el puerto de La Restinga. También anoche fue rescatada una embarcación en Lanzarote con 57 personas, tres de ellas mujeres, que fueron trasladados a Puerto Naos.