Un refugiado casi ciego de Myanmar, que estaba desaparecido desde que fue liberado de una cárcel de Buffalo y puesto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., fue hallado muerto en una calle del centro de la ciudad de Buffalo (Nueva York), según informaron este miércoles las autoridades municipales.

Agentes de policía de la ciudad, situada al norte del estado de Nueva York, localizaron el cadáver de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam estaba desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. lo dejaron en una cafetería a kilómetros de su casa tras su puesta en libertad de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de juicio por cargos penales que dieron lugar a un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, dijo el portavoz. La presidenta de CAPAC –el caucus Asiático-Americano del Congreso–, la demócrata Grace Meng (Nueva York), y el congresista Tim Kennedy (demócrata por Nueva York) emitieron la siguiente declaración conjunta sobre la muerte de Nurul Amin Shah Alam: “Estamos indignados por la trágica muerte de Nurul Amin Shah Alam. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos abandonaron a un hombre que estaba casi ciego, no hablaba inglés y padecía graves problemas de salud a kilómetros de su hogar sin notificar a su familia. Esta decisión fue un profundo incumplimiento del deber y de la decencia humana básica que le costó la vida a un hombre. Debe haber una investigación completa y exhaustiva sobre por qué ocurrió esto”.

“Como miembros del Congreso, exigiremos respuestas y responsabilidades a la Administración Trump, incluyendo a Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, añaden.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, demócrata, dijo en un comunicado el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y que era el resultado de una decisión “inhumana” de las autoridades federales de inmigración.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se hiciera ningún intento por dejarlo en un lugar seguro”, afirmó Ryan, informa Reuters: “Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”.

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP dijo que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que había entrado en el país como refugiado y no podía ser deportado: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron llevarlo en coche, y él aceptó ir a una cafetería, que se consideró un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, estaban por debajo de cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie dijo que Shah Alam fue detenido hace un año tras un incidente que terminó con heridas leves a dos agentes de policía de Buffalo, informa Reuters.

Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la Fiscalía.

Tras la detención de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar bajo custodia a un no ciudadano tras su puesta en libertad prevista tras su detención penal.

En respuesta a esa orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del condado de Erie se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la puesta en libertad de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, dijo en un mensaje de texto que la detención de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía. Shah Alam, que no hablaba inglés, había salido a dar un paseo y había estado utilizando una barra de cortina que había comprado como bastón, dijo Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de soltar la barra de cortina, lo arrestaron, dijo su hijo. Tras su puesta en libertad la semana pasada, “nadie nos dijo a mí, a mi familia ni a mi abogado dónde habían dejado a mi padre”, dijo Faisal, quien dijo que Shah Alam no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Por su parte, el presidente electo en Chile le respondió antes de partir rumbo a la Argentina, donde se reúunirá con Javier Milei: “Me tiene sin cuidado. Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”, sostuvo Kast.

“Deje quieto a quien quieto está”, insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen “derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”.

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas “con mucho respeto” a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el “nazifascismo” pretende “imponerse otra vez” en Chile.

Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la “tibieza” con la que gobierna Gabriel Boric.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba “invitarlos a salir” del país.

En su plan denominado 'Escudo Fronterizo', con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

La respuesta de Kast: “Es un narcodictador”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de “narcodictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1% de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro “es un dictador” y que sus palabras lo “tienen sin cuidado”

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, agregó.

Kast votó sí a la continuidad de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha defendido el régimen en varias ocasiones durante su carrera política.

Su gran promesa es formar un “gobierno de emergencia” con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la “peor crisis de las últimas décadas” en la que está sumida Chile. Entre otras medidas, propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Durante su campaña llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

Tras la apabullante victoria de Kast, el Gobierno de Chile también reaccionó el lunes a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto” a los países de la antigua Gran Colombia, el Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric, que el lunes comenzó la transición con su sucesor de signo radicalmente opuesto, entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones de Petro.

Kast, exdiputado de 59 años, ganó el domingo las elecciones en las 16 regiones del país y superó por casi 17 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

EFE

La tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez —conocida como Tatiana Martínez— fue detenida este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras realizaba una retransmisión en directo a través de la red social.

Martínez compartía vídeos en su perfil alertando a la comunidad latina de las zonas que frecuentaba el ICE (“el hielo”, como le denomina, por la traducción del acrónimo). En los fragmentos difundidos sobre su violento arresto, en los que los agentes sacan a la colombiana del asiento del pasajero del coche en el que se encontraba grabando, esta implora al ICE: “No me pueden tratar así, no soy una criminal”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional celebró su detención en su perfil de X, alegando que la influencer es “una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles [California]”.

Asimismo, el DHS (por las iniciales en el idioma original) contrapone la actuación del actual presidente de Estados Unidos con la de su predecesor: “Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de Biden. Bajo la presidencia de Trump y Kristi Noem [la responsable de Seguridad Nacional], si infringes la ley, afrontarás las consecuencias”.

Según recoge la revista estadounidense Newsweek —a la que cita el organismo en la publicación de X—, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, ha asegurado que Martínez fue arrestada por una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un perfil para dar a conocer los derechos de los migrantes

La tiktoker cuenta con más de 44.200 seguidores en la citada red social y acumula más de 134.400 'me gusta' en su perfil. Entre los vídeos compartidos por Tatiana Martínez (@tatianamartinez_02) se encuentran denuncias de arrestos a trabajadores inmigrantes mientras ejercían su oficio, así como alertas de los lugares en los que se llevan a cabo redadas por parte de los agente de detención del ICE.

Estos agentes de inmigración se han convertido en una especie de milicia para la agenda de la extrema derecha de Estados Unidos, rodeados de secretismo y, muchas veces, incluso enmasacarados. Así lo explica el periodista Ben Makuch en un análisis publicado en este periódico, en el que destaca el miedo infundado por la agencia political, que ha convertido en habituales las advertencias sobre los lugares en que se producen arrestos y el aspecto de vehículos camuflados.

“Muchas personas se preguntan: ¿es legal el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE? Las respuestas a esta pregunta son variadas, y algunos aspectos se están debatiendo en los tribunales, pero, en teoría, la unión de una fuerza policial nacional con la policía local debería tener límites”, escribe Makuch.

De la reacción ante el ICE al despliegue de la Guardia Nacional

En la ciudad en que ha sido detenida Martínez, las redadas contra migrantes han sido reiteradas en los últimos meses. En junio, las protestas contra el ICE llevaron a Trump a enviar 2.000 soldados de la Guardia Nacional para aplacar las manifestaciones.

“Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, llegó a publicar el presidente de EEUU en su red social.

Estas redadas se produjeron mientras el Gobierno de Trump intensificaba su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EEUU.

Desalambre, para elDiario.es

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.

Desde su hall en una casa de campo a pocos minutos en auto del barrio de San Antonio, Jessica reconoce que su entorno familiar la educó en el rechazo a los marroquíes desde muy pequeña. “Fui educada en una familia cristiana, racista y de campo. Mi madre trabajaba en los invernaderos, tenía una cuadrilla de diez o doce marroquíes a su cargo y los odiaba solo por ser quienes eran. Le molestaba que no la entendieran, cómo se vestían, decía que olían mal. Yo crecí con esa base, rechazando todo lo que tuviera que ver con ellos”, cuenta. Su madre falleció cuando Jessica tenía 12 años, pero ese legado de prejuicio permaneció en ella durante años.

Tiempo después, conoció a su actual marido, Munir, un joven marroquí con quien ahora lleva seis años casada y con quien tiene una hija. “Al principio yo no quería saber nada de relaciones, menos aún con un marroquí, porque había tenido una experiencia muy mala con otro chico. Pero Munir fue insistente, paciente y generoso. Incluso antes de saber si estaríamos juntos, venía en bicicleta desde San Cayetano solo para ayudarme a reformar mi casa, que estaba en ruinas. Poco a poco me demostró que era una buena persona y empezamos a salir, y nos casamos”, cuenta Jessica.

Jessica defiende que la convivencia en Torre Pacheco es mucho mejor de lo que a menudo se dice, aunque reconoce que la sociedad local aún está segmentada por niveles socioeconómicos. “Aquí, los ricos van con los ricos, los pobres con los pobres, sean españoles o marroquíes. Pero eso no impide que haya buena convivencia diaria. Yo misma compro en tiendas marroquíes y españolas por igual, y jamás he tenido problemas”, asegura.

Sobre los conflictos recientes, Jessica cree que no reflejan la realidad cotidiana del municipio y denuncia que la tensión surgida responde más a la provocación de pequeños grupos ultra que al sentir general de la población. “Yo misma fui al barrio de San Antonio durante los enfrentamientos a pedir calma, y los vecinos, en su mayoría marroquíes, me protegieron y me respetaron. Lo que ha pasado estos días no representa lo que realmente somos aquí”, concluye.

Lo que el deporte une

En Torre Pacheco hay censadas 96 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas, lo que ha generado, irremediablemente, cambios en la dinámica social del municipio. Según explica José Andrés, entrenador de fútbol sala local, esta transformación demográfica ha cambiado las relaciones sociales: “Cuando yo era un crío, todo el mundo nos conocía. Ahora ya no es así, porque somos muchos más. Esto provoca cierta sensación de inseguridad, pero no por culpa de los inmigrantes, sino por el crecimiento general”.

El deporte, y especialmente el fútbol, se ha convertido en un espacio clave para la integración real entre jóvenes españoles y marroquíes. José Andrés, que tiene 21 años, lleva once temporadas vinculado al club local, primero como jugador y ahora como entrenador, y asegura que la convivencia es natural y fluida: “Aquí los chavales juegan juntos sin problemas. Es común ver amistades que nacen en el deporte y luego se trasladan fuera, a la vida cotidiana”. Los lazos generados en torno al deporte también implican directamente a las familias. Según el entrenador, no es raro ver cómo los padres de diferentes nacionalidades interactúan y conviven con normalidad: “He tenido chavales marroquíes cuyos padres se han integrado perfectamente, participando en comidas o cenas con las familias españolas. Estas relaciones permanecen en el tiempo y fortalecen la convivencia”.

José Andrés reconoce que la presencia de jugadores marroquíes ha ido aumentando progresivamente, aunque siempre sin generar conflictos específicos: “La conducta problemática de un chico no tiene nada que ver con su origen. En el club se interviene igual con cualquier chaval que cause problemas, independientemente de su procedencia”. Además, destaca que el público que asiste regularmente a los partidos también refleja la diversidad del municipio, creando un ambiente de integración visible y real que dista mucho de las narrativas de tensión que suelen difundirse.

“Para hacernos socios no nos miramos el color de piel”

Marouan y Toni se conocieron hace un par de años en el mercadillo de Los Alcázares. Toni tenía en mente montar un puesto de grifería, aprovechando que su padre formaba parte de una empresa relacionada con productos como platos de ducha y grifos. Así, decidió probar suerte en el mercadillo donde trabajaba el padre de Marouan. Fue precisamente el padre de Marouan quien se convirtió en uno de sus primeros clientes y quien rápidamente valoró la habilidad comercial de Toni.

Ambos jóvenes conectaron desde el primer momento: “Nos parecimos mucho desde el principio, somos chicos avispados, con ganas de trabajar y con la idea clara de emprender”, explica Toni. La sintonía personal pronto derivó en una sociedad empresarial. Comenzaron con una pequeña tienda piloto en Los Alcázares, de apenas 70 metros cuadrados. “Lo hicimos con miedo, porque pusimos todos nuestros ahorros. Mi padre nos ayudó algo, pero básicamente nos lanzamos por nuestra cuenta”, recuerda Toni. La apuesta funcionó mejor de lo esperado y, en solo nueve meses, trasladaron su negocio a Torre Pacheco, ampliando la superficie a 310 metros cuadrados. Hoy tienen una tienda consolidada y hasta han abierto un canal de ventas online a nivel nacional.

Marouan tiene 24 años, Toni apenas 20. El emprendimiento siendo tan jóvenes les ha llevado a madurar muy deprisa. “Hay cosas del día a día, facturas, impuestos, proveedores, que aprendes a golpes. Es muy complicado, pero estamos decididos a sacarlo adelante”, señala Toni. “Nuestros padres tenían miedo al principio”, reconoce, “pero sabíamos que si no nos lanzábamos nunca aprenderíamos. Esto te obliga a crecer rápido, a base de mucho esfuerzo”. Ahora trabajan mañana y tarde, reparten personalmente sus pedidos online y gestionan juntos cada decisión del negocio, ubicado frente a un cartel publicitario de Vox con Abascal dando un mitin en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Marouan, cuyo padre emigró a España hace treinta años, resalta el esfuerzo extra que implica emprender siendo joven y migrante: “Mi padre llegó primero y estuvo seis años trabajando duro sin vernos para traernos. Somos otro ejemplo del trabajo constante que caracteriza a la mayoría de los inmigrantes aquí”. Ambos socios se oponen con firmeza a cualquier forma de violencia y defienden la convivencia pacífica y cotidiana que, pese a todo, predomina en Torre Pacheco.

Tanto Toni como Marouan rechazan tajantemente que la localidad sea presentada como un foco de conflicto permanente. “Da pena que algunos incidentes aislados puedan poner en duda años de convivencia pacífica. Nosotros mismos somos prueba de que nunca valoramos nuestro origen al decidir ser socios”, explica Toni. Y su compañero añade: “La mayoría de los marroquíes que estamos aquí venimos a trabajar duro, igual que cualquier español. Pero cuando alguien comete un delito, automáticamente se nos señala a todos”. Considera que esto es injusto y que perjudica gravemente la imagen de todos los migrantes que, como él, solo desean sacar adelante su vida y sus proyectos.

Chilaba y mercería

El bazar de Rachid, en pleno centro de Torre Pacheco, es un hervidero discreto donde entran y salen vecinos de toda procedencia. Mientras conversa con este periódico, un par de mujeres españolas revolotean entre las estanterías, comentan en voz alta los colores de unos vestidos y se llevan varias piezas. A ratos, se escucha también algún cliente que pide un producto en árabe. La escena transcurre con absoluta normalidad, igual que en cualquier tienda de barrio.

Rachid lleva once años al frente del negocio, tras pasar otros tantos en el campo y en los mercadillos. “Aquí viene todo el mundo: españoles, colombianos, marroquíes... Nunca ha habido problemas con nadie”, asegura mientras despacha y atiende. A lo largo de la entrevista, interrumpe varias veces para guiar a clientes que le preguntan por una dirección o por dónde queda tal o cual tienda. “Si alguien me pregunta, sea quien sea, yo paro y le ayudo. Así nos llevamos aquí”, explica con naturalidad.

Durante los disturbios racistas recientes, Rachid llegó a cerrar unos días por precaución. “Esa semana sí, mejor cerrar. Pero en el pueblo nunca había pasado esto antes”, lamenta. Reivindica el papel de quienes, como él, contribuyen a la vida económica del municipio sin más ruido que el de la caja registradora. “Aquí somos como hermanos, con respeto. El que ayuda, ayuda, da igual de dónde sea”, resume mientras coloca género en los estantes.

La poca asistencia a las concentraciones, la procedencia foránea, aunque española, de buena parte de los ultras de los pogromos y el ambiente paralelo de normalidad que se respira en Torre Pacheco contrasta mucho con el relato que circula por redes hasta sublimarlo. Torre Pacheco, después de una semana de disturbios, recupera una normalidad de la que la mayoría de sus vecinos nunca se ha desapegado; el municipio del Campo de Cartagena y sus habitantes han resultado ser un pueblo que muy poco tiene que ver con la guerra que estos días se ha librado en él.

A dos meses de la promulgación de un decreto que endurece las condiciones de permanencia de extranjeros en el país, el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos tras la deportación de Juan Pedro Martínez, un trabajador migrante afrouruguayo con familia en Argentina. El hecho, que tuvo lugar cuando fue a renovar su DNI por una causa penal de hace cinco años, es señalado por organizaciones sociales y sectores de la izquierda como una acción de amedrentamiento hacia la población migrante y trabajadora.

Martínez fue detenido por efectivos policiales cuando se presentó a renovar su documento. La medida, justificada por la causa penal antigua, derivó en su expulsión a Uruguay, en el marco del Decreto 366/2025, firmado por Milei a fines de mayo. La norma modifica aspectos clave de la Ley de Migraciones, la Ley de Ciudadanía y el acceso a la educación y la salud pública, instaurando nuevas causales de cancelación de residencia y facilitando los procesos de expulsión.

Desde el Frente de Izquierda, la dirigente Vanina Biasi denunció el caso como un “montaje para amedrentar” y convocó a una manifestación frente a la Dirección Nacional de Migraciones. “La acción fascista y racista del gobierno de Milei debe ser combatida con una lucha frontal”, escribió en sus redes sociales. Biasi, que primero afirmó que se había tratado de una contravención, señaló que “había tenido una causa penal hace 5 años, no una contravención. Es lo mismo, su causa ya siguió su trámite legal y no adeuda nada con la justicia. Lejos de estar cometiendo un delito estaba tramitando documentación que requiere migraciones. Hace 20 años que vive acá y tiene dos hijos”.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se pronunció, recordando que Martínez “tiene una familia, dos hijos y una hija argentinos, y toda una vida en el país”, y denunció su deportación como una medida “intimidatoria” hacia las familias migrantes.

Una política migratoria más restrictiva

El caso de Martínez se produce mientras el Ejecutivo avanza con una reforma migratoria aún más profunda. El presidente Javier Milei anunció recientemente nuevas medidas para regular el ingreso y la permanencia de extranjeros en el país, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que —aunque todavía no fue publicado en el Boletín Oficial— cambiará sustancialmente el régimen migratorio vigente desde 2003.

Según informó la Casa Rosada, el decreto impondrá límites más estrictos al acceso de inmigrantes a los servicios públicos y establecerá causales más amplias de expulsión, incluso por delitos menores.

Desde su anuncio, las nuevas medidas fueron objeto de duras críticas por parte de organizaciones sociales, referentes en derechos humanos y partidos de la oposición, que advierten sobre la criminalización de la pobreza y la estigmatización de la población migrante. El CELS, además de denunciar el caso de Martínez, ya había advertido previamente sobre la gravedad del DNU, calificándolo como una reforma “xenófoba y arbitraria” .

La Argentina, país históricamente marcado por la inmigración —en especial europea—, enfrenta ahora un punto de inflexión que podría redefinir su perfil como sociedad de acogida.

CRM

“La democracia está siendo atacada ante nuestros ojos; ha llegado el momento que tanto temíamos”. Estas palabras de Gavin Newsom (San Francisco, 1967), en un video difundido el martes por la noche, siguen resonando en muchas personas defensoras del Estado de Derecho en California y el resto de EEUU: la militarización de la seguridad ciudadana y de la respuesta a las movilizaciones de protesta es algo que Donald Trump está ensayando en California, uno de los históricos bastiones demócratas, y cuyo gobernador no podrá repetir en las elecciones de noviembre de 2026 por la limitación de mandatos.

Pero sí quedaría disponible para una hipotética carrera presidencial demócrata. Ya el verano pasado, después del fiasco de Joe Biden en el cara a cara con Trump, Newsom sonó como posible relevo del ya ex presidente, pero la estructura del Partido Demócrata y el propio Newsom se inclinaron por la entonces vicepresidenta, Kamala Harris, que fue aclamada en la convención demócrata sin proceso de primarias.

Harris (Oakland, 1964), del otro lado de la Bahía de San Francisco, perdió, y está por ver qué pasos da en su carrera política: si aspira intenta repetir como candidata presidencial, como gobernadora de su Estado, ahora que quedaría huérfano con la marcha de Newsom, o si se mantiene al margen.

Newsom, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Santa Clara, fue dos legislaturas alcalde de San Francisco (2003-2011), su ciudad natal, antes de dar el salto al gobierno de California, donde tiene los meses contados.

Como gobernador, participó activamente en los últimos procesos electorales apoyando las candidaturas de Biden y Harris, hasta el punto de participar en un recordado debate en la FOX, en noviembre de 2023, un año antes de las elecciones presidenciales, con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien aún no había abandonado las primarias republicanas: un verdadero ensayo de lo que puede ser un cara a cara presidencial entre dos modelos antagonistas de país.

En un momento dado del debate, ante la clásica retórica republicana de los últimos tiempos sobre migración, que es la que ha conducido a Trump a movilizar los marines en Los Ángeles, Newsom le decía a DeSantis: “Estás provocando a la gente y tratando de encontrar migrantes para hacer la política, para intentar conseguir noticias y atención y así superar a Trump. Por cierto, ¿cómo te está yendo, Ron? Estás 41 puntos por debajo en tu propio estado”.

Y cuando DeSantis le habló de un libro escolar que calificó de “pornográfico”, Newsom respondió: “La conclusión es que eres un censor de libros. Tu estado ha prohibido 1.406. No ofrecemos entre preescolar y hasta tercer grado, ese tipo de plan de estudios. Es una invención. Estos tipos se lo inventan. Es parte de esta purga cultural”.

Newsom apuntaba a dos ejes fundamentales de lo que está pasando en Los Ángeles estos días y que le están haciendo crecer como antagonista de Trump: los bulos, la manipulación, los inventos, el sobredimensionamiento de los problemas con fines políticos y la batalla cultural criminalizando desde la migración hasta la educación sexual.

“Ya no hay controles ni contrapesos”, alertaba este martes por la noche Newsom ante la gestión de la protesta que está haciendo Trump, equiparando la migración con los peores delitos posibles y sobredimensionando unos altercados en unas calles muy concretas de la ciudad más grande de EEUU, con un área metropolitana de 12 millones de habitantes: “El estado de derecho ha ido cediendo terreno al gobierno de Trump. Los padres fundadores no vivieron ni murieron para ver este tipo de momentos, es hora de que todos defendamos la justicia. [...] Sé que muchos sienten una profunda ansiedad, estrés y miedo, pero quiero que sepan que son el antídoto contra ese miedo y esa ansiedad”.

Newsom, a quien Donald Trump gusta llamar Newscum, haciendo un juego de palabras despectivo con el término scum –escoria–, evita entrar al barro con el presidente, pero no el enfrentamiento directo: en estos días ha dejado un momento televisivo para el recuerdo de esta crisis, cuando emplazó al zar antimigración de Trump, Tom Homan, a detenerle, después de que éste hubiera abierto la puerta a ello.

“Que me detenga”, dijo Newsom el domingo por la noche en la NBC: “Que venga a por mí y me arreste. Que lo haga de una vez. La verdad, me da igual. Me importa mi comunidad. ¿Qué demonios están haciendo? Estos tipos tienen que madurar. Tienen que parar, y nosotros tenemos que plantarles cara”.

La reacción de Trump fue, una vez más, echar gasolina al fuego. ¿Debería detener Homan a Newsom?, le preguntaron al presidente este lunes: “Yo lo haría si fuera Tom”, respondió Trump.

De momento, nadie se ha atrevido a detener a Newsom, quien ha seguido avanzando en su oposición a Trump por la vía judicial: mientras el presidente de EEUU juega a saltarse las leyes, buscar sus límites o incluso retorcerlas, el gobernador de California, como antes los migrantes, las universidades y los perjudicados por los aranceles, buscan el amparo del Estado de Derecho y los marcos normativos.

Así, primero denunció a la Administración Trump por abuso de poder con la apropiación de la Guardia Nacional de California, y después con la movilización de los marines, para lo cual hay una vista fijada para este jueves.

“Lo que más desea Donald Trump es su silencio, que sean cómplices en este momento. No cedan ante él”, decía en su mensaje a los californianos este martes. Y, en efecto, Newsom se está prodigando en redes, incluso para comparar a Trump con el emperador Palpatin, la personificación del lado oscuro y del mal en la Guerra de las Galaxias.

¿La militarización de California es un ensayo? La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, lo lleva afirmando varios días, y este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, no ha desmentido las informaciones que circulan acerca de nuevos despliegues unilaterales de la Guardia Nacional en estados y ciudades demócratas, a los que la Administración Trump quiere hacer pasar como cómplices de la “invasión de migrantes delincuentes y violadores” y de las protestas de “criminales pagados”.

Eso sí, jamás la Casa Blanca muestra pruebas ni de la connivencia entre unos y otros, ni del porcentaje de migrantes delincuentes frente a los que no lo son ni, mucho menos, de dónde sacan que los alborotadores estén siendo pagados ni por quién. Pero el contexto para la Administración Trump es el de la sospecha indiscriminada y la presunción de culpabilidad.

MIentras tanto, ante la minoría de los demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado y la ausencia de una estructura partidaria equivalente a la que pudiera existir en otros países, el perfil de Newsom se presenta como el principal referente de la oposición y antagonista a Trump.

“Es un momento importante para Newsom, ampliamente considerado como uno de los principales candidatos presidenciales demócratas, y que se ha implicado en el conflicto de una manera que le ha situado como líder de la oposición”, afirmaba este miércoles The Wall Street Journal.

Preguntado por el WSJ por sus aspiraciones presidenciales, contestaba: “No estoy pensando en presentarme, pero es un camino que puede andarse”.

Queda mucho para noviembre de 2028, pero lo cierto es que Newsom, el hombre que logra desquiciar a Trump, se está colocando a la cabeza en la parrilla de salida demócrata.

Ahora que le pusieron freno a los aranceles de Donald Trump, que su hermoso y gran proyecto de ley fue obstaculizado, y que su multimillonario tech bro se volvió en su contra, ¿cómo demuestra su poder?

En la mañana del viernes, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del FBI y de la Administración de Control de Drogas (DEA) llevaron a cabo redadas en dos almacenes de Home Depot y un mayorista de ropa de Los Ángeles buscando a trabajadores extranjeros sin los papeles en regla. Aunque las estimaciones varían, aparentemente detuvieron a 121 personas.

Los manifestantes que los recibieron coreando consignas y lanzando huevos fueron dispersados por agentes de policía vestidos de antidisturbios con escudos, bastones, pistolas granadas de gas pimienta, balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras

El sábado Trump intensificó el enfrentamiento con el despliegue de al menos 2.000 agentes de la Guardia Nacional en el condado de Los Ángeles para sofocar las protestas. Cualquier manifestación que se interpusiera en el camino de las autoridades de inmigración sería considerada una “forma de rebelión”, dijo. El número dos del gabinete en la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo que las protestas eran una “insurrección”.

En la noche del sábado, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, amenazó con desplegar infantes de marina: “Los violentos ataques de la turba contra el ICE y contra las Fuerzas de Seguridad Federales están diseñados para impedir la expulsión de nuestro suelo de Extranjeros Ilegales Criminales”, escribió Hegseth en X. “Una peligrosa invasión facilitada por cárteles criminales (también conocidos como Organizaciones Terroristas Extranjeras) y un enorme RIESGO DE SEGURIDAD NACIONAL. Bajo el Presidente Trump NO se tolerarán la destrucción y la violencia contra los agentes federales ni las instalaciones federales”, escribió en la red social.

Estamos presenciando los primeros días del Estado policial de Trump. En los enfrentamientos producidos durante las redadas de la semana pasada en San Diego, Martha's Vineyard y los Berkshires, los transeúntes se enfrentaron airadamente a los agentes federales que estaban deteniendo a los trabajadores.

La emboscada de Trump también abarca el espacio de los tribunales federales. Por todo EEUU hay agentes del ICE movilizándose frente a salas de audiencias para detener de manera inmediata a inmigrantes con casos desestimados por la justicia.

Cuando un gobernante autoritario monta la infraestructura de un Estado policial, la historia nos enseña que esa infraestructura puede volverse contra cualquier ciudadano.

Trump y su régimen están creando esa infraestructura a toda velocidad siguiendo estos cinco pasos:

1. Declarar una emergencia sobre la base de una supuesta “rebelión”, “insurrección” o “invasión”.

2. Utilizar esa “emergencia” para justificar que vayan contra civiles dentro del país agentes federales con el monopolio del uso de la fuerza como el ICE, el FBI, la DEA y la Guardia Nacional.

3. Permitir que esos agentes militarizados hagan secuestros grupales, arrestos sin orden judicial y detenciones sin garantías procesales.

4. Crear más cárceles y campos de detención para los detenidos.

5. Finalmente, y a medida que se agrava la situación, declarar la ley marcial.

Afortunadamente, todavía no llegamos a la fase de la ley marcial, pero una vez que eso ocurra, la infraestructura de un Estado policial puede retroalimentarse: las personas que tienen autoridad sobre los diferentes aspectos de este Estado policial (como los campos de detención, las milicias internas, las redadas y la ley marcial) buscan nuevas oportunidades para ejercer su autoridad.

A medida que el control civil da paso al control militar, la nación se divide entre las personas más vulnerables frente a este Estado policial y las personas que lo apoyan. Los dictadores se atrincheran fomentando el miedo y la ira en ambos bandos.

Ahora mismo, nuestros principales baluartes contra el Estado policial de Trump son los tribunales federales y las protestas pacíficas de apoyo generalizado, como la que muchos de nosotros protagonizaremos el próximo sábado 14 de junio durante la marcha No Kings Day of Action [Día de acción contra una monarquía].

Es imperativo que sigamos siendo pacíficos, que demostremos nuestra determinación de combatir esta tiranía de forma no violenta y que alertemos al pueblo de Estados Unidos por la infraestructura emergente del Estado policial de Trump y por la importancia de resistirse a él.

Son tiempos aterradores y deprimentes. Pero no hay que perder esto de vista: para establecer un Estado policial hace falta un presidente autoritario, pero para derrocarlo y acabar con él solo hace falta el 3,5% de la población.

Traducción de Francisco de Zárate

“Está en una misión encomendada por Dios, y nadie podrá parar lo que está por venir”. El propio Donald Trump movió en Truth Social una foto suya con esa leyenda. Ya lo dijo cuando sufrió el atentado en verano: Dios lo había librado de la muerte para llevar a cabo una misión.

¿Si sos un delegado de Dios en la tierra, qué puede significar para vos un juez federal, una universidad de élite, un mexicano sin papeles o un diario? ¿Cómo podés consentir que un modesto tribunal civil de Comercio Internacional te diga que tus aranceles firmados en un pomposo Día de la Liberación son ilegales por no haber pasado por un procedimiento legislativo?

Y eso es lo que está ocurriendo en estos cuatro meses de presidencia de Donald Trump, desde su regreso a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.

Hasta tal punto es así, hasta tal punto la Administración Trump se cree por encima del bien y del mal, que Stephen Miller, Jefe Adjunto de Gabinete para Política y Asesor de Seguridad Nacional, calificó de “golpe judicial sin control” el fallo del Tribunal de Comercio Internacional.

“¿De dónde salen estos tres jueces iniciales? ¿Cómo es posible que hayan causado un daño potencial tan grave a Estados Unidos? ¿Es simplemente odio hacia ‘TRUMP’? ¿Qué otra razón podría haber?”, dijo a su vez el presidente de EEUU sin ocultar su enojo.

En efecto, de repente, el matón del patio de colegio ve amenazada su principal arma tras la decisión del Tribunal de Comercio Internacional, con sede en Nueva York. Y por eso, corrió a llamar a la puerta del Tribunal Supremo en busca de un fallo favorable, donde cuenta con una holgada mayoría de seis jueces frente a tres.

El presidente de EEUU, que comparó su país con un gran centro comercial con libertad para fijar precios mediante aranceles caprichosos, cambiantes y sin fundamento, lleva tiempo mezclando conceptos económicos, confundiendo balanzas comerciales con impuestos y asociando la política comercial con la migración irregular, el tráfico de fentanilo o la regulación europea de las plataformas digitales estadounidenses para combatir las fake news, la desinformación y el discurso de odio.

Donald Trump tiene la capacidad de meterlo todo en la misma coctelera, agitarla y servir una bebida imposible de tragar. Además, cada semana pueden cambiar los ingredientes.

El presidente de EEUU estuvo alterando las cifras de los aranceles, elevándolas en el caso de China para rebajarlas pocos días después, mientras las volvía a disparar con Europa. Con sus vecinos, México y Canadá, logró acuerdos para reforzar las fronteras, que parece ser su principal objetivo, toda vez que una de las piezas clave de su agenda ultraconservadora consiste en deportar migrantes sin garantías judiciales a macrocárceles en El Salvador, donde se vulneran sistemáticamente los derechos civiles básicos.

El cuestionamiento judicial al llamado “Día de la Liberación” —nombre con el que Trump bautizó el 2 de abril, día en que aprobó aranceles generalizados para todo el planeta, incluidos territorios solo habitados por pingüinos— supone el mayor revés político para el presidente, ya que afecta a su principal táctica: usar el comercio como herramienta para frenar la migración, asegurar deportaciones en terceros países o castigar a las empresas europeas por sus regulaciones.

Por eso, la Casa Blanca anunció este jueves que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra sobre el fallo de estos “jueces activistas”. De hecho, la portavoz Karoline Leavitt no escatimó ataques contra el poder judicial.

“La Administración Trump se enfrenta a otro ejemplo de extralimitación judicial”, dijo este jueves Leavitt: “Tres jueces del Tribunal de Comercio Internacional abusaron descaradamente de su poder para usurpar la autoridad del presidente Trump e impedirle cumplir el mandato otorgado por el pueblo estadounidense. En última instancia, debe ser el Tribunal Supremo quien ponga fin a esta situación, por el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”.

Chantaje a varias bandas

En todos los casos, el chantaje fue complementado por el Departamento de Estado. En efecto, Marco Rubio pasó las últimas horas anunciando restricciones de visado para dos bloques con los que EEUU mantiene disputas comerciales: China y la Unión Europea.

Por un lado, afirmó que, “bajo el liderazgo del presidente Trump, el Departamento de Estado trabajará junto con el Departamento de Seguridad Nacional para revocar de manera agresiva los visados de estudiantes chinos, incluidos aquellos con vínculos con el Partido Comunista Chino o que estudien en sectores estratégicos”.

“Asimismo”, añadió Rubio, “se revisarán los criterios de concesión de visados para aumentar el nivel de escrutinio en todas las futuras solicitudes procedentes de la República Popular China y Hong Kong”.

Ese mismo miércoles, Rubio anunció nuevas restricciones de entrada a Estados Unidos que afectarían a personas implicadas en la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”. Más allá de las críticas tradicionales de Washington a China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela, la Administración Trump amplió últimamente sus reproches a países europeos, en plena negociación comercial con la UE.

En una nota difundida por el Departamento de Estado y firmada por el propio Rubio, se afirma: “En algunos casos, funcionarios extranjeros llevaron a cabo acciones de censura flagrantes contra empresas tecnológicas estadounidenses y contra ciudadanos o residentes de EEUU, sin tener autoridad alguna para hacerlo. Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan —o amenacen con emitir— órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones realizadas en redes sociales, mientras se encuentran físicamente en territorio estadounidense. Igualmente, es inaceptable que esos funcionarios exijan a las plataformas tecnológicas estadounidenses aplicar políticas de moderación de contenidos a nivel global o que participen en actividades de censura que exceden su jurisdicción e invaden la nuestra”.

Trabas a estudiantes extranjeros

La Administración Trump quiere que Harvard rebaje a la mitad sus alumnos extranjeros, pero también quiere ejercer mayor control sobre lo que allí se enseña y sobre el comportamiento de los universitarios. En particular, lo que se refiere a las protestas contra el genocidio en Gaza.

“Pusimos en marcha una nueva política de visados que impide la entrada al país de extranjeros que vengan a sembrar odio contra nuestra comunidad judía. Estamos exigiendo responsabilidades a organizaciones internacionales y países por su retórica contra Israel, que luego reaparece en los manifiestos de asesinos como el de Yaron y Sarah”, dijo Marco Rubio.

Y todo eso en el momento en el que Trump quiere exigir a todos los estudiantes extranjeros que soliciten estudiar en Estados Unidos que se sometan a un control de sus redes sociales, un requisito que va mucho más lejos de lo solicitado hasta ahora, según un cable diplomático al que tuvo acceso Politico.

Con vistas a aplicar este nuevo requisito, la Administración Trump está ordenando a las embajadas y secciones consulares de EEUU que congelen las entrevistas para nuevos solicitantes de este tipo de visado estudiantil, según el cable fechado el martes y firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, citado por Politico.

“Con efecto inmediato, y en preparación para una ampliación del control y evaluación obligatoria de redes sociales, las secciones consulares no deben añadir ninguna agenda adicional para citas de visado de estudiante o visitante de intercambio (F, M y J) hasta que se emita una nueva instrucción por telegrama separado, lo cual anticipamos en los próximos días”, indica el cable.

Una embarcación volcó a pocos metros del muelle de La Restinga, en la isla española de El Hierro en las Canarias. Poco tiempo después del accidente fueron rescatados los cadáveres de dos mujeres. Sin embargo, la cifra de víctimas fue aumentando y hasta ahora se contabilizaron siete fallecidos. Entre las personas fallecidas hay cuatro mujeres, una nena de cinco años y dos menores de 16. Una de ellas murió en el hospital.

También hay un bebé desaparecido y dos personas jóvenes heridas, un hombre y una mujer. El vuelco se produjo cuando la embarcación estaba a punto de ponerse al costado de un barco de Salvamento Marítimo para desembarcar.

Fuentes de Salvamento Marítimo indican que desde la nave de rescate estiman que en la embarcación había unas 150 personas. ''Es una tragedia. Sabemos que ese momento es el más delicado del rescate. Normalmente se acompaña a la embarcación hasta el puerto para no hacer el traslado en alta mar'', señaló el delegado del Gobierno español, Anselmo Pestana.

''Es un momento trágico. Si habrán venido con una travesía muy dura y muy larga por el estado de la mar, llegan con un cansancio tremendo que hace que al caer al agua se hundan muy rápido si el rescate no es inmediato'', apuntó el delegado del Gobierno.

Según informaron desde el 1-1-2 Canarias, los efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Cruz Roja están valorando a los supervivientes en el puerto. También se desplazó hasta allí un helicóptero medicalizado del SUC como apoyo a los servicios de emergencia.

En este momento, los sanitarios están asistiendo en el puerto de La Restinga a un niño de tres años y a una niña de cinco por un ahogamiento incompleto de carácter grave. Los dos están en estado grave y fueron trasladados en el helicóptero medicalizado al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, en Tenerife. Otros cuatro menores con disnea (dificultad respiratoria) serán trasladados al Hospital de El Hierro. Cruz Roja movilizó a un equipo de psicólogos que atenderá a los supervivientes en el muelle y en el hospital de la isla.

Caminando Fronteras confirmó que la embarcación salió el 18 de mayo de Guinea Conakry con 150 personas. Entre las nacionalidades presentes en la embarcación que salió de Guinea destacan los guineanos y los senegaleses. En la embarcación habría al menos 20 niños y adolescentes.

La ruta migratoria hacia Canarias suma así al menos siete nuevas víctimas. En 2024 perdieron la vida intentando llegar al Archipiélago 9.757 personas, una media de 28 muertes al día, según las cifras del colectivo Caminando Fronteras. El año pasado fue el más mortífero desde que hay regsitros, superando con creces las tragedias cuantificadas en 2023, cuando murieron 6.007 migrantes.

''La impotencia es grande. Mucho ánimo a los equipos sanitarios de rescate que tienen que hacer frente a esta tragedia'', lamentó el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. El vicepresidente autonómico, Manuel Domínguez, también describió el vuelco como un suceso ''muy triste y desgarrador''.

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, también lamentó la tragedia. “El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor”, señaló. En esta línea, el presidente pidió “estar a la altura”.

El Gobierno anunció este miércoles un endurecimiento en la política migratoria a partir de la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia por parte del presidente Javier Milei. La presentación la hizo el vocero-candidato Manuel Adorni, a solo cuatro días de las elecciones porteñas. La medida busca acelerar la deportación de los extranjeros condenados por delitos, así como arancelar la salud y educación superior para los extranjeros.

Adorni expuso en Casa Rosada acompañado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En su tercera conferencia consecutiva en los últimos tres días, el funcionario que compite por un lugar en la Legislatura de la Ciudad profundizó la narrativa de mano dura de la expresidenta del PRO.

“Todos los condenados por cometer un delito será deportados”, lanzó Adorni, y apuntó que en los últimos 20 años ingresaron casi dos millones de “inmigrantes ilegales” al país. Las medidas que comunicó Adorni también fueron presentadas a través de un tuit de la Oficina del Presidente, donde se adelantó que Milei ya dictó un DNU para modificar el régimen migratorio, que sería publicado mañana en el Boletín Oficial.

“Hoy entra casi cualquiera sin mediar preguntas y las condiciones de deportación son muy flexibles”, dijo Adorni. “Argentina no será tierra fértil para la llegada de los delincuentes. Todos los condenados por cometer un delito será deportado”, agregó.

Sobre el sistema de salud, el DNU prevé que los extranjeros residentes transitorios, temporales o irregulares pagen la atención médica. El comunicado oficial resalta que en ocho hospitales nacionales se habrían gastado $114.000.000 para atender extranjeros. La medida no señala qué harían las provincias, responsables de la salud en los distritos.

Además el Gobierno anunció que “se habilitará” a las universidades nacionales a cobrar sus servicios “si así lo desean”, aclaró Adorni. En diciembre pasado Milei ya había anticipado que queríacobrarles la universidad a los extranjeros no residentes, pese a que en el sistema universitario no hay alumnos en esa condición porque un requisito obligatorio es que sean residentes y tengan DNI argentino.

El universo de extranjeros en las universidades públicas representa estadísticamente menos del 5% del total de alumnos y la iniciativa choca con la ley que establece la gratuidad de la educación pública superior.

Noticia en desarrollo

MC

El 2024 termina con un número sin precedentes de muertes en las fronteras españolas. Del 1 de enero al 15 de diciembre de este año, 10.457 personas fallecieron o desaparecieron en su intento de migrar a España, un 58% más que las contabilizadas en 2023, según el informe de la organización Caminando Fronteras elaborado a partir de su sistema de alertas de pateras en peligro a través del contacto directo con los supervivientes de las tragedias y los seres queridos de las víctimas. Cada día, 30 personas perdieron la vida en aguas fronterizas y 30 familias esperaron con angustia un mensaje que nunca llegó.

El documento analiza 293 tragedias ocurridas en las diferentes rutas recorridas por quienes intentan llegar a España, de las que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro. De las víctimas, 1.538 eran menores y 421 eran mujeres. “Estas cifras evidencian un fracaso profundo de los sistemas de rescate y de protección. Más de 10.400 personas muertas o desaparecidas en un solo año es una tragedia inadmisible. Urgimos a que se priorice la protección del derecho a la vida, se refuercen las operaciones de búsqueda y rescate, y se garantice la justicia para las víctimas y sus familias”, denuncia Helena Maleno, fundadora del colectivo y coordinadora de la investigación.

Por rutas migratorias, se registraron 9.757 muertes en la llamada ruta atlántica, 517 en la ruta argelina, 110 en el Estrecho y 73 en la que atraviesa el mar de Alborán. Los datos son obtenidos por la ONG después de cotejar testimonios de los supervivientes, los testigos directos de las tragedias, así como de las denuncias de familiares desesperados por localizar a sus seres queridos embarcados. El maliense T. D. es una de las personas que vio morir a sus compañeros en el mar mientras trataba de alcanzar Canarias. “La barca se quedó a la deriva, nos llevaban las olas. Todos estábamos muy cansados, y cuando veías que alguien se sentaba tranquilo y dejaba de llorar o de rezar, era que se estaba muriendo. Las vidas se iban apagando, y yo esperaba a ser el próximo, pero fue mi hermano”, describe en un testimonio recogido por Caminando Fronteras.

“Le decía a mi hermano que no bebiese agua del mar, que aguantara, pero bebía sin parar, luego vomitaba, y después se sentó y dejó de hablar. No tuve fuerzas para tirar su cuerpo, lo hicieron otros. Además de mi hermano, vi morir a una familia entera, el padre acabó tirándose al mar cuando tiró al último de sus hijos. No tuvimos fuerza para impedírselo. No sentía nada cuando por fin nos rescataron, no tenía fuerzas en mi cuerpo pero tampoco en mi alma”.

La ruta más mortífera

La gran mayoría de muertes documentadas por la ONG, como las de los compañeros de T. D., tuvieron lugar en la llamada ruta atlántica, cuyo destino son las Islas Canarias. De las tragedias documentadas sufridas por personas que viajaban en cayucos procedentes de África Occidental, el 71% corresponde a aquellos que partieron desde Mauritania, el principal punto de salida hacia el Archipiélago, aunque también parten desde Senegal, Agadir (Marruecos) y Dajla (Sáhara Occidental ocupado). “Las salidas de embarcaciones desde este país no han cesado ni en periodos donde las condiciones meteorológicas en la ruta han sido terriblemente complicadas. Los meses entre enero y abril son los más mortíferos en la ruta”, sostiene el informe. Por este camino también se ha incrementado el número de mujeres procedentes de zonas del Sahel donde tradicionalmente el viaje migratorio era realizado por hombres, dándose una “incipiente feminización” en las salidas de Mauritania. Al menos, 6.829 personas que se embarcaron de las costas mauritanas se quedaron en el mar. 67 cayucos desaparecieron sin dejar rastro.

En las embarcaciones que realizan este trayecto viajan mayoritariamente personas procedentes del Sahel, que utilizan Mauritania como un país de paso para alcanzar Europa. “Estas personas huyen de conflictos bélicos, el impacto del cambio climático y diversas formas de violencia, como explotación laboral, matrimonios forzados y trata con fines de explotación sexual”, recuerda la ONG.

El cruce migratorio desde la franja costera situada entre Agadir y Dajla destaca por la presencia mayoritaria de embarcaciones neumáticas similares a las que transitan por las rutas mediterráneas, según lleva detectando Caminando Fronteras desde 2019. “Las zodiacs son muy peligrosas para navegar en el Atlántico, donde las condiciones marítimas son más severas que en el Mediterráneo”, alertan desde la organización.

“Nos hundimos, una de las gomas está totalmente desinflada, hay gente ya en el agua, les sostenemos para que no se separen de la embarcación. Llevamos horas comunicando, ya tenéis la posición, ¿por qué no viene nadie? Hemos llamado a todos, dicen que viene Marruecos pero no llega, que manden aunque sea un avión, algo. No vamos a aguantar más, nos iremos todos al fondo, nadie tiene piedad de nosotros, que Alá se apiade de nosotros”, clamaba una de las personas migrantes que llamó este año desde una zodiak al sistema de alertas del colectivo. El colectivo también ha detectado “un patrón de salidas conjuntas en intervalos cortos” en este punto, lo que también incrementa el riesgo de tragedias.

Por su parte, tras la victoria electoral de Oussmane Sonko, las salidas desde Senegal y Gambia han caído desde 2023, especialmente en los primeros meses de 2024, aunque ha permanecido constante a partir del segundo trimestre, analiza el estudio. No obstante, la organización ha contabilizado en este trayecto 26 tragedias con 2.127 víctimas y ocho embarcaciones desaparecidas.

Las rutas que atraviesan el Mediterráneo, aunque menos transitadas, también han dejado cientos de víctimas este año. Si desde 2020, la mayoría de salidas desde Argelia finalizaban en las costas localizadas entre Almería y Alicante, este año Caminando Fronteras ha detectado “una mayor tendencia” hacia las Islas Baleares, la zona más peligrosa de la ruta. Aunque quienes atraviesan este camino son principalmente argelinos, se ha dado un incremento de quienes vienen del Sahel, África Occidental, África Oriental y Asia. La ONG ha identificado personas sirias, palestinas y yemeníes en esta ruta.

El trayecto del Estrecho está marcada por el alarmante porcentaje de víctimas menores, muchos de ellos después de intentar cruzar el espigón fronterizo del Tarajal con destino Ceuta. El 20% de las víctimas en esta ruta son niños, niñas y adolescentes. Según Caminando Fronteras, 110 personas han muerto en esta ruta y cinco embarcaciones desaparecieron por completo.

“El aumento de víctimas está directamente relacionado con factores como la omisión del deber de socorro por encima de la protección al derecho a la vida, la prevalencia de políticas de externalización de fronteras que vulneran los derechos humanos de las personas migrantes, la falta de activación o la tardanza en los operativos de búsqueda y de rescate, incluso cuando se tenía la posición de las embarcaciones”, enumera la ONG. A las deficiencias detectadas por la organización se suman las precarias conficiones en las que viajan muchas de estas embarcaciones.

Cuando el equipo de Caminando Fronteras le preguntaba al maliense T. D. si alguien le estaba ayudando tras su llegada a España, respondió que no. “A nadie le interesa, por eso dejo todo en manos de Alá, y solo quiero continuar mi camino a Francia, trabajar y ayudar a mi familia. Bueno, quiero otra cosa, ¿sabes qué quiero? Quiero dormir sin que al cerrar los ojos vea las caras de todos los que murieron”, T.D., maliense sobreviviente de un naufragio“, contestó el superviviente de la tragedia en la que vio morir a su hermano.

Europa se va tiñendo paulatinamente de azul y, a medida que avanza la extrema derecha, la derechización del continente va dejando notar sus efectos. La marcha atrás en la agenda verde, el endurecimiento de las posiciones antiinmigración o la sustitución del debate sobre las políticas sociales por la seguridad y la defensa son algunas de las consecuencias palpables en el seno de la UE.

Más de la mitad de gobiernos están en manos del Partido Popular Europeo (14 y en algunos casos apoyados por la extrema derecha); Italia, Hungría, Países Bajos y República Checa están liderados por la ultraderecha; cinco los gobiernan los liberales, aunque uno de ellos es Emmanuel Macron, que está en horas bajas y llegó a dejar el gobierno en manos de la derecha; y solo cuatro pertenecen a la familia socialdemócrata, que está a punto de perder la cancillería en Alemania.

La agenda verde fue una de las primeras víctimas de la derechización de Europa. En buena medida por la presión electoral ante el auge de la extrema derecha, que las colocó en la diana y aprovechó el caldo del cultivo del malestar en el campo. En plenas protestas de los agricultores a lo largo y ancho del continente, tanto Bruselas como los gobiernos empezaron a revertir algunas de las principales medidas del Pacto Verde Europeo, como la ley de restauración de la naturaleza, la regulación para limitar el uso de pesticidas o, recientemente, el aplazamiento de la entrada en vigor de la normativa para combatir la deforestación.

Meloni, el ejemplo a seguir para Von der Leyen

Otra de las consecuencias de la derechización es el endurecimiento de las políticas migratorias. La ultraderechista Meloni se convirtió en el adalid para la mayoría de capitales europeas e incluso para la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que aceleró el plan para copiar los polémicos centros de deportación a países fuera de la UE como los que Italia puso en marcha en Albania y que la justicia frenó.

Cualquier atisbo de solidaridad, como el de la crisis de refugiados sirios de 2016 o el que se puso en marcha para acoger a los ucranianos que huían de la guerra, desapareció. Ahora se habla de retornos, centros de deportación e incluso de financiar muros. Todo bajo el eufemismo de la búsqueda de “soluciones alternativas” a los movimientos migratorios que siempre existieron. La mesa en la que se sientan los líderes que defienden ese endurecimiento está cada vez más llena y en ella se sienta Von der Leyen, de quien parte la iniciativa legislativa en la UE.

Y España es de los pocos países que mantiene una posición distinta. Criticó la decisión de varios países europeos de paralizar la tramitación de las solicitudes de asilo de ciudadanos sirios unas horas después de que cayera el régimen de Bashar al Asad. También se desmarcó (prácticamente en solitario) de la propuesta de crear centros de deportación. Y fue el único país que votó en contra de la directiva contra el tráfico de migrantes en la que el Consejo quiere eliminar la denominada 'cláusula humanitaria' que permite no criminalizar la asistencia a los migrantes. “El mensaje político que se lanza puede ser preocupante”, reprochó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante el debate con sus homólogos.

¿Qué pasa cuando la ultraderecha pilota el Consejo de la UE?

“En el debate sobre demografía y despoblación se ha centrado en las cuestiones natalistas que es lo que subyace en los países gobernados por la derecha o la extrema derecha cuando los informes de distintos organismos señalan a la inmigración como elemento para invertir la pirámide demográfica”, explica a elDiario.es el secretario de Estado de Juventud, Rubén Pérez, sobre la deriva que se impuso en el Consejo de la UE -donde están representados los gobiernos-.

En buena medida ese debate lo orientó el ejecutivo ultraderechista de Viktor Orbán, dado que le correspondía este semestre la presidencia rotatoria. Y, aunque no fue muy prolija en términos legislativos, en los pocos expedientes en los que trató de avanzar, se notó su impronta. España y otros ocho países bloquearon el intento de Hungría de aguar la ley contra los falsos becarios.

Las posiciones del Consejo de la UE fueron tradicionalmente más conservadoras que las del Parlamento Europeo, pero también ahora se produjo una derechización completa. A la mejora electoral del PP se suma la extrema derecha, que representa más de un 25% de los escaños. Y, además, todo pasa por el grupo que pilota Manfred Weber porque puede armar mayorías alternativas a la coalición con socialistas y liberales que 'gobierna' la UE. Ya no hay cordón sanitario.

Equidistancia con Netanyahu y Gaza desaparece del debate

Además de la foto de los 'duros' contra la inmigración, la última cita de los líderes de los 27 en 2024 volvió a evidenciar la equidistancia con Benjamin Netanyahu de la mayoría de los gobiernos. El conflicto en Medio Oriente, que es uno de los más divisivos en la UE, quedó en un segundo plano en el Consejo Europeo. El asunto se abordó, de hecho, durante la cena y la masacre de Gaza prácticamente desapareció del debate. Las conclusiones hacen una breve alusión a la matanza y vuelven a reclamar el “alto el fuego inmediato” que tardaron en exigirle a Israel meses. Y la mayor crítica a Netanyahu se limita a ser la “profunda preocupación” por la ley que prohíbe la actividad de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Precisamente en los conflictos, especialmente el Ucrania, basó la UE la primacía del debate sobre la seguridad y la defensa sobre la agenda social, que vuelve a estar en un segundo plano.

Este martes el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el Gobierno nacional va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio. “En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes”, sostuvo en su habitual conferencia de prensa.

La presencia de estudiantes de otros países en las aulas universitarias argentinas se había convertido en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para el 2 de octubre, el debate se intensificó.

De acuerdo con el informe “Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022 -2023” publicado por el Departamento de Información Universitaria de la Secretaría de Educación —que depende del Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello—, en 2022 (último dato disponible) 2.720.531 estudiantes realizaban estudios de pregrado, grado o posgrado en las universidades nacionales de todo el país. 

¿Qué cantidad de estudiantes extranjeros hay en las universidades argentinas?

Según el informe oficial, en 2022 se registró un total de 122.769 estudiantes extranjeros en las universidades argentinas, de los cuales 104.998 cursaban estudios de pregrado o grado, y 17.771 ofertas de posgrado.

Esta población representó el 4,1% del total de los estudiantes de pregrado y grado, y el 9,9% de los estudiantes de posgrado. Según el tipo de gestión, su participación alcanzó el 4,3% de la matrícula en el sector estatal y el 5,5% en el sector privado.

Desde 2015, el primer año con información oficial disponible, el porcentaje de estudiantes extranjeros siempre fue menor al 5%, aunque fue aumentando año a año ya que se inició con un 2,8%. 

El Gobierno argumenta que los estudiantes internacionales generan “una carga adicional para el sistema”, según el comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano.

En esta nota, Pablo Ceriani Cernadas, director de la Especialización en Migración y Asilo de la Universidad Nacional de Lanús, señaló a Chequeado que “la cifra del 4,4% (dato de extranjeros estudiantes en 2020) es una subrepresentación de nuestra sociedad: somos 46 millones de personas y entre un 5 y un 6% son inmigrantes. Esto quiere decir que las personas extranjeras van menos a la universidad que los argentinos nativos”. 

Y agregó: “Muchas veces cuando se dan estos debates se plantea que ‘los extranjeros estudian gratis gracias a que los argentinos pagan impuestos’. Pero ellos también pagan impuestos como cualquier persona. Entonces, la financiación de las universidades públicas se da a partir de los aportes que toda la sociedad (argentinos e inmigrantes) hace a través del sistema tributario”.

¿De qué países provienen los estudiantes extranjeros?

Respecto de su procedencia, los datos oficiales muestran que el 95,83% proviene de países de América; un 2,87% de países de Europa; y el 1,3% restante de Asia, África y Oceanía.

Los principales países de origen (en pregrado y grado) son: Perú, Bolivia, Paraguay, Brasil, Chile, Colombia y Uruguay. En posgrado son Colombia, Ecuador, Brasil, Uruguay y Perú los países con mayor número de estudiantes. 

¿Cuál es la situación en la Universidad de Buenos Aires?

La Universidad de Buenos Aires (UBA), la mejor del país y la primera en Iberoamérica —según datos de la consultora británica Quacquarelli Symonds (QS) que elabora el QS World University Rankings—, muestra una diversidad significativa en la composición de su alumnado extranjero. 

De acuerdo con los datos publicados por la institución, las facultades como Medicina y Odontología se destacan por tener una alta proporción de estudiantes internacionales. En particular, la de Medicina reporta 11.393 estudiantes extranjeros frente a 39.201 argentinos, lo que representa casi el 23% de su población estudiantil.

Le sigue Odontología, con un 12,7%; e Ingeniería, con un 8,2%. Luego, Arquitectura y Diseño, con un 6,4%. Las facultades de Farmacia y Bioquímica, Ciencias Económicas y Ciencias Exactas y Naturales, y Sociales muestran porcentajes similares, con un 5,6%, 5%, 4,8%, y 4,8, respectivamente. 

¿Cuál es la situación en las universidades de La Plata, San Luis y Rosario?

Según un informe de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), en 2022 el 7% (un punto más que en 2021) de los estudiantes provenían del exterior, siendo esta proporción más alta en Ciencias Médicas (24%).

En toda la universidad en ese año estudiaban alumnos y alumnas de 42 países de los 5 continentes. “La mayor cantidad de extranjeros provienen de Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Venezuela. Los estudiantes de Ecuador crecieron 80% respecto al 2021 y conforman la comunidad extranjera mas numerosa en la UNLP”, agrega el informe. 

En la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), de acuerdo con sus propios datos, en el 2021 había 20.246 estudiantes en total, de los cuales 1.088 eran extranjeros. Esto representa el 5,6%.

En la Universidad Nacional de Rosario (UNR), según su propio anuario del año 2022, los estudiantes extranjeros eran 6.107. Esto representaba el 7% del total de 85.381 estudiantes.  

¿Cómo se compone el sistema universitario argentino?

Según los últimos datos oficiales, el sistema universitario argentino está compuesto por 137 instituciones, 115 universidades y 22 institutos universitarios. De ese total, el 49,6% es estatal, ya sea nacional o provincial. 

En 2022, el 33,6% de los nuevos inscriptos de pregrado y grado del sistema optaron por carreras de Ciencias Sociales, mientras que las Ciencias Aplicadas se encontraban en el segundo lugar de las ramas de estudio más elegidas, con un 24,8% de los nuevos inscriptos.

Con respecto a la distribución según sector de gestión, casi el 80% de los estudiantes universitarios se encuentran en instituciones de gestión estatal. “Esta distribución varía si el análisis se realiza teniendo en cuenta la Región CPRES (Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior), siendo que en las regiones Bonaerense, Noreste y Sur la participación de las instituciones de gestión estatal es aún más alta”, indican los datos oficiales.

Esta nota es una investigación de la periodista Rosario Marina, de Chequeado.

JJD

Una tragedia golpeó a la ruta migratoria hacia Canarias de madrugada. Al menos nueve personas murieron en una barcaza intentando alcanzar la isla de El Hierro, según informó el 112 de España. También hay “decenas” de desaparecidos.

El servicio de Emergencias alertó las 00.17 horas del avistamiento de una embarcación con migrantes a cuatro millas de La Restinga. La barcaza volcó y se activó a Salvamento Marítimo y al helicóptero de rescate. Por el momento fueron rescatados 27 supervivientes y hay nueve fallecidos. Sin embargo, en la barcaza viajaban muchas más personas que siguen desaparecidas. Las primeras estimaciones sugieren que esta es la mayor tragedia migratoria ocurrida en Canarias.

Todos los ocupantes de la embarcación volcada eran hombres y uno de los cuerpos recuperados corresponde al de un adolescente de unos 12 a 15 años, según informa EFE, que cita fuentes de los servicios de emergencias de la isla, que también precisan que de las 27 personas que fueron salvadas, 25 fueron trasladadas a La Restinga y dos fueron evacuadas en helicóptero.

Asimismo, detallaron que los ocupantes de la propia barcaza fueron los que avisaron al 112 de dónde se encontraban y que el rescate se produjo sobre las 3 de la mañana.

En la embarcacion viajaban 84 hombres, varios de ellos adolescentes, que habían salido a Canarias desde Mauritania, según relató a Caminando Fronteras un familiar de uno de los ocupantes.

Esta ONG recibió anoche a la 1:30 horas una llamada de esta persona en la que contó que varios de los pasajeros estaban telefoneando a sus familias para decir que veían la costa y que se les había parado el motor. Según este familiar, en la embarcación, además de los adolescentes, viajaban al menos cuatro niños de 7 a 11 años.

En estos momentos efectivos de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo se encuentran en la zona de Las Playas buscando más cadáveres.

En total, anoche llegaron tres embarcaciones a El Hierro, entre ellas la que volcó, y se busca una cuarta embarcación que no han podido localizar por el momento. En la primero que llegó a La Restinga a media noche viajaban un total de 131 personas, entre ellas, 107 hombres y 15 mujeres, así como cinco niños y cuatro bebés, según las mismas fuentes de emergencias. La segunda se corresponde a la de los nueve muertos y 50 desaparecidos y la tercera arribó sobre las 7:30 horas con 20 personas, entre ellas, 18 hombres, una mujer y un niño.

Diez personas de las tres embarcaciones recibieron atención sanitaria en el puerto de La Restinga. También anoche fue rescatada una embarcación en Lanzarote con 57 personas, tres de ellas mujeres, que fueron trasladados a Puerto Naos.

“Hay que decirlo claramente: hay quienes trabajan sistemáticamente por todos los medios para repeler a los emigrantes. ¡Para rechazar a los emigrantes! Y esto, cuando se hace con consciencia y con responsabilidad, es un pecado grave”. En plena escalada de llegadas de embarcaciones a España e Italia, el papa Francisco decidió modificar su catequesis en la audiencia pública de este miércoles para lanzar una andanada contra la “militarización de las fronteras” o las “leyes más restrictivas” contra las personas migrantes, además del engaño de las mafias. “El Señor está con los migrantes y no con quien los rechaza”, proclamó.

“No es mediante leyes más restrictivas, no es mediante la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lo conseguiremos. Por el contrario, lo conseguiremos ampliando las rutas de acceso seguras y legales para los migrantes, facilitando el refugio a quienes huyen de la guerra, la violencia, la persecución y diversas calamidades”, recalcó Francisco en su alocución, ante miles de personas, en la plaza de San Pedro.

El Papa centró su reflexión en el camino que, a través de “mares y desiertos” realizan a diario miles de personas buscando un futuro mejor. “Las rutas migratorias actuales a menudo están marcadas por travesías de mares y desiertos, que, para muchas, demasiadas personas, son mortales”, denunció, recordando que “el Mediterráneo se ha convertido en un cementerio. Y la tragedia es que muchos, la mayoría de estos muertos, podrían haberse salvado”. Ocurre lo propio en los desiertos, que “se convierten en cementerios de migrantes”.

“A menudo, tampoco aquí se trata de muertes ‘naturales’. No. A veces los llevan al desierto y los abandonan allí. En la era de los satélites y de los drones, hay hombres, mujeres y niños migrantes que nadie debe ver. Solo Dios los ve y escucha su clamor”, lamentó el pontífice.

“En esos mares y desiertos mortíferos, los migrantes de hoy no deberían estar”, admitió el Papa, quien añadió que “no es mediante leyes más restrictivas, no es mediante la militarización de las fronteras, no es mediante rechazos como lo conseguiremos”. Por el contrario, “lo conseguiremos ampliando las rutas de acceso seguras y legales para los migrantes, facilitando el refugio a quienes huyen de la guerra, la violencia, la persecución y diversas calamidades; lo conseguiremos fomentando por todos los medios una gobernanza mundial de la migración basada en la justicia, la fraternidad y la solidaridad. Y aunando esfuerzos para combatir el tráfico de seres humanos, para detener a los traficantes criminales que se aprovechan sin piedad de la miseria ajena”, finalizó.

Toda la información, en www.religiondigital.org

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU solicitó de manera urgente al Estado español que traslade a un centro de acogida a un niño de 14 años que lleva cuatro días abandonado en la calle en la Comunidad de Madrid. El menor, nacido en Gambia, llegó solo en patera a Canarias pero, a pesar de portar fotografías de su pasaporte, de su acta de nacimiento y de tener un “evidente aspecto de menor de edad”, fue tratado como un adulto hasta quedar en situación de abandono. Tras la petición enviada por la ONG Fundación Raíces, el Comité pidió a España la activación de medidas provisionales para “prevenir un daño irreparable” en el chico, según la resolución, a la que tuvo acceso elDiario.es.

Tras su llegada a Las Palmas en agosto de 2023, el menor, A. A., fue trasladado a Tenerife desde donde, posteriormente, fue derivado a Granada y Barcelona, dentro del sistema estatal de acogida -dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones- . Después, superado el tiempo máximo de estancia en la red de atención humanitaria para migrantes adultos, fue enviado a  Madrid donde quedó en situación de calle en octubre de 2023. Desde entonces fue alojado por distintas entidades en espacios ideados para personas sin hogar, que solo permiten pasar la noche, por lo que el resto del día el niño tenía que “deambular a la intemperie, comiendo en comedores sociales con horarios restringidos, etc.”, detallan desde Fundación Raíces.

La ONG, antes de acudir de urgencia a las Naciones Unidas, trató de solicitar a la Comunidad de Madrid el ingreso del menor en el sistema de protección de menores. Según detalla la organización, aunque el niño había solicitado su pasaporte en Gambia antes de migrar su expedición se retrasó hasta cuando el chico había llegado a España. A finales de 2023, el niño recibió su pasaporte original, que la Embajada de Gambia validó, concluyendo que “A.A nació el 09 de diciembre de 2009 en Fajikunda, Gambia”, según la resolución de las autoridades consulares a la que accedió elDiario.es. 

Ante la confirmación de su minoría de edad, la ONG avisó a agentes de la Policía Nacional para que el menor fuese puesto a disposición de los servicios de protección de la Comunidad de Madrid -las comunidades autónomas son las competentes de la guarda de los menores en desamparo-, por lo que esa misma noche A. A. ingresó en un centro de menores en el que no fue escolarizado en ningún momento a pesar de ser obligatorio con su edad, destacan desde la organización.

A pesar de contar con un documento que demostraba su minoría de edad, lo que debería ser suficiente para evitar las cuestionadas pruebas médicas de determinación de la edad según la jurisprudencia del Supremo, la Fiscalía propuso al menor someterse a dichos exámenes, “advirtiéndole de que su negativa a someterse a las mismas podría ser interpretado como un indicio revelador de su mayoría de edad”, sostienen desde Fundación Raíces. 

Como respuesta a la negativa del menor, el Fiscal solicitó un informe pericial a policía sobre la autenticidad del pasaporte de A.A, cuyo resultado concluyó que no existen signos de falsedad en el mismo, continúa la ONG en un comunicado. No obstante, añaden, “el Fiscal dictó Decreto de Mayoría de edad por albergar dudas de la fiabilidad de los datos consignados en el pasaporte por las autoridades gambianas”. Como resultado, la Comunidad de Madrid dictó el cese de protección del chico y, ante la falta de plazas para personas adultas sin hogar, el menor fue expulsado a la calle el pasado 12 de febrero sin ninguna alternativa habitacional. 

La Fundación Raíces recuerda que Naciones Unidas dictó 14 dictámenes a favor de 14 menores de edad, en los que el Comité de Derechos del Niño considera que “el procedimiento de determinación de la edad en España no cuenta con las garantías necesarias para proteger los derechos de los niños y niñas reconocidos en la Convención y en los que declara que España ha violado numerosos artículos al no tomar como cuestión primordial el interés superior del niño durante el procedimiento, ante la falta de consideración de los documentos de identidad oficiales y originales del niño emitidos por un país soberano, al someterlos a pruebas médicas estando documentados o al declararlos mayores de edad tan sólo por su negativa de someterse a pruebas radiológicas y no habiendo sido asistidos por ningún tutor ni representante, tal y como el niño había designado para defender sus intereses”.

“En la actualidad son miles los niños que están en Canarias a la espera de una correcta identificación para ser protegidos y cientos los que se encuentran en Madrid en centros de adultos como el de Alcalá de Henares o Carabanchel, muchos de ellos con documentación que acredita su minoría de edad, pero sin ser protegidos. Esperamos que la Fiscalía no nos obligue a acudir a los Tribunales y a las Naciones Unidas en defensa de todos ellos”, advierte Lourdes Reyzábal, presidenta de la organización. “Es alarmante que, a pesar de que el Gobierno se comprometió a modificar el procedimiento de determinación de la edad en España, obligado entre otras cosas, por los 14 Dictámenes de Naciones Unidas y las más de 15 sentencias del Tribunal Supremo que se han pronunciado en idéntico sentido, la realidad es que aún no se ha tramitado la necesaria reforma legislativa y cada día se siguen quedando abandonados en las calles de nuestras ciudades, niños y niñas convertidos en adultos, casualmente solo cuando estos niños y niñas son de África pero, además, únicamente cuando son niños y niñas que están solos”, concluye.

GS/CRM

El expresidente estadounidense Donald Trump dijo este miércoles que si es elegido nuevamente, transferiría recursos de las agencias federales y enviaría miles de tropas asentadas en el extranjero a la frontera del país con México.

En declaraciones a sus partidarios en Iowa, donde se llevará a cabo en enero la primera contienda por la nominación del Partido Republicano para las elecciones de noviembre de 2024, Trump también prometió reanudar una prohibición de ingresar a Estados Unidos sobre personas de varios países con poblaciones mayoritariamente musulmanas, aplicada durante su presidencia.

Tras calificar como una “invasión” los cruces fronterizos ilegales entre Estados Unidos y México durante el gobierno del presidente Joe Biden, Trump buscó culpar del problema a la administración actual. Biden, un demócrata, se postula para la reelección y podría tener una revancha electoral contra el favorito republicano, Trump.

“Cuando tome posesión, pondré fin inmediatamente a toda política de fronteras abiertas de la administración Biden”, dijo Trump en un mitin en Dubuque. “Dejaré claro que debemos utilizar todos los recursos necesarios para detener la invasión, incluido el traslado de miles de tropas actualmente estacionadas en el extranjero”.

Trump proporcionó pocos detalles, incluido exactamente cómo planeaba ampliar cualquier prohibición impuesta a los países de mayoría musulmana. No estaba claro si Trump enfrentaría algún obstáculo legal para implementar tales medidas.

El Gobierno de Biden defendió sus políticas fronterizas, diciendo que está utilizando las herramientas disponibles, al tiempo que pidió al Congreso que apruebe leyes para arreglar un sistema defectuoso. La mayoría de las personas que buscan cruzar la frontera sur de Estados Unidos provienen de países centroamericanos.

Los rivales de Trump intensificaron su retórica sobre la inmigración en las últimas semanas, prometiendo medidas duras en los cruces en la frontera entre Estados Unidos y México, en una señal de la importancia del tema para los votantes republicanos.

Aproximadamente uno de cada seis republicanos considera la inmigración como el problema más apremiante que enfrenta el país, convirtiéndolo en el tercer asunto más importante para ellos después de la economía y el crimen, mostró una encuesta de Reuters/Ipsos emitida este mes.

La semana pasada, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo en una entrevista con el canal CBS que si fuera elegido presidente enviaría al Ejército a la frontera y autorizaría el uso de fuerza letal contra miembros de los cárteles de drogas.

DeSantis es el principal rival de Trump, pero sigue a unos 40 puntos porcentuales detrás de él en las encuestas de opinión.

El mitin de Dubuque fue una de las dos paradas de Trump en Iowa el miércoles por la tarde. Su campaña está programando una serie de visitas al estado en las próximas semanas, mientras busca defenderse de la presión de sus principales rivales, algunos de los cuales pasaron mucho más tiempo en Iowa.

Trump fue el único aspirante importante que se saltó el banquete anual de la Coalición Fe y Libertad en Des Moines durante el fin de semana, perdiendo la oportunidad de conectarse con los evangélicos, un bloque electoral clave para el estado.

Con información de agencias.

IG

China va a flexibilizar sus normas sobre migración interna, facilitando el asentamiento de personas en ciudades pequeñas, en un intento de impulsar su alicaída economía y estimular el crecimiento, según ha anunciado el Gobierno.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) anunció planes para flexibilizar las condiciones para obtener un registro del hogar en las ciudades (el llamado hukou). Beijing quiere que los gobiernos locales anulen las restricciones sobre el hukou en las ciudades con menos de 3 millones de habitantes, y relajen las restricciones para las ciudades con entre 3 y 5 millones de habitantes, según el MSP.

También se alentará a las grandes ciudades con más de 5 millones de habitantes a flexibilizar sus cuotas de hukou, lo que permitirá a más personas obtener los preciados documentos de registro urbano.

Los planes fueron anunciados por primera vez por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, que supervisa la política económica y social, en 2019. Pero no está claro cuántas ciudades han cumplido con las reglas hasta ahora.

Las medidas son un intento de animar a los migrantes rurales a establecerse permanentemente en las ciudades y contribuir más a la economía urbana. Alrededor de 292 millones de personas —un tercio de la población activa total— son migrantes rurales que trabajan en las ciudades en expansión de China. Pero al no tener acceso a la educación pública, la sanidad u otras prestaciones sociales, muchos dejan atrás a sus familias y acaban regresando ellos mismos a las aldeas. Sin hukou urbano, los migrantes rurales tienen que pagar más por los servicios sociales y a menudo se les prohíbe comprar propiedades en la ciudad.

Además de crear un sistema de ciudadanía de dos niveles, el sistema de hukou disuade a los migrantes de gastar y establecerse en las ciudades, lo que, según los economistas, ha lastrado el crecimiento de China.

He Wenlin, subdirector del MSP, declaró que el gobierno tenía previsto aplicar las nuevas medidas a finales de mes. Pero desde la década de 1990, las políticas de hukou se han descentralizado, permitiendo a los gobiernos locales establecer sus propias normas sobre el registro de nuevos ciudadanos. Chengdu, por ejemplo, permite a los graduados universitarios solicitar un hukou mientras buscan trabajo, como incentivo para atraer talento joven.

El año pasado, Shanghai flexibilizó sus normas para que todos los graduados de las 50 mejores universidades del mundo pudieran solicitar un hukou allí, sin tener que aportar previamente a la seguridad social.

El anuncio subraya la preocupación de Beijing por la necesidad de impulsar la decaída economía china. Académicos y responsables políticos chinos llevan tiempo hablando de la necesidad de revisar el sistema para ayudar a resolver la desigualdad y la escasez de mano de obra.

Sin embargo, George Magnus, investigador asociado del China Centre de la Universidad de Oxford y autor de Red Flags: Why Xi's China is in Jeopardy (Banderas rojas: por qué la China de Xi está en peligro), afirma que el lento crecimiento económico de China se explica más por el envejecimiento de su población y la baja tasa de fertilidad. Según él, “en la medida en que haya capacidad ociosa de trabajadores en las zonas rurales a la que recurrir para ir a trabajar a las zonas urbanas, la flexibilización de los requisitos de registro puede ayudar en los márgenes (...) pero no creo que realmente vaya a aliviar los problemas de oferta de mano de obra”.

La economía china creció un 6,3% en el segundo trimestre de 2023 con respecto a 2022, por debajo de las expectativas, y sólo un 0,8% más que en los tres primeros meses del año. Parte del problema es la rápida reducción de la población activa: el número de personas de entre 16 y 59 años se redujo en más de 40 millones entre 2019 y 2022.

El anuncio del jueves incluía otras medidas destinadas a animar a los empresarios internacionales a regresar a China. El MSP dijo que introduciría visas para los viajeros de negocios y permitiría a los expatriados conservar sus pasaportes mientras solicitan permisos de residencia.

El Parlamento Británico aprobó hoy una ley sobre inmigración que restringe el asilo para los migrantes que lleguen de forma irregular al Reino Unido. La iniciativa también estipula que deberán ser rápidamente detenidos y expulsados a su país de origen o un tercer país, luego de que la proyecto original de enviarlos a Ruanda fuera frenado por la justicia europea y británica.

Se trata de una iniciativa clave para el primer ministro Rishi Sunak, líder del Partido Conservador, quien prometió limitar el arribo de migrantes desde el canal de la Mancha. El año pasado, más de 45.000 personas llegaron a las costas británicas de forma irregular en embarcaciones precarias y, en los que va del 2023, ya lo hicieron 13.000 individuos, en su mayoría afganos.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) rechazó la iniciativa y advirtió que atenta contra el derecho internacional sobre las personas refugiadas. De acuerdo con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, y el Alto Comisionado para los Refugiados, Filippo Grandi, el proyecto tendrá “profundas consecuencias para las personas que necesiten protección internacional” en tanto “crea nuevos poderes de detención muy extendidos, con un control judicial limitado”.

En la misma línea, la ONG británica Refugee Council aseguró que esta ley marca un día oscuro para el Reino Unido. “Un gobierno está en problemas y está probando el viejo método que consiste en acusar a los migrantes de sus propios fracasos”, lamentó Michael Rosen, activista de los derechos de los refugiados que protestaba este martes frente al Parlamento.

No es la primera vez que el Reino Unido busca una manera de limitar la llegada de inmigrantes. El año pasado, el país alcanzó un acuerdo con Ruanda para enviar allí a migrantes en situación irregular, pero de momento no se llevó a cabo ninguna expulsión por intervención judicial: el primer vuelo previsto para junio de 2022, fue cancelado por orden del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

Con información de agencias.