La Audiencia Nacional española abrió diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida la semana pasada. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En un auto fechado el 31 de julio, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, solicita también que identifiquen “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Una vez recibido este informe, la magistrada decidirá si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

En su denuncia, el partido señalaba hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. E iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

El auto de la jueza opta únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realice el citado informe con “carácter previo! a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

Fátima es una de las primeras en llegar al punto por donde entran todos los jóvenes que están volviendo desde Ceuta hasta Castillejos, la localidad marroquí al otro lado de la frontera. Sentada en el suelo y en busca de la sombra, mira hacia el horizonte de un mar encarcelado. Detrás de la valla que la separa del espigón, decenas de chicos marroquíes caminan sorteando las rocas, restos de ropa y chancletas que inundan este trozo de la costa mediterránea tras la entrada de decenas de miles de personas –en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores– a la ciudad autónoma el pasado jueves.

Está con su hermano mayor, Mohamed. Ambos llevan desde el viernes esperando al pequeño de los tres. Khalid tiene 26 años, estudió en Meknes y vive con sus padres. “No encuentra trabajo, pero tampoco nos avisó que iba a hacer esto”, confiesa Fátima mientras señala Ceuta, a escasos metros desde donde habla con elDiario.es.

Hadiya, una joven de 23 años, busca a su hermana pequeña, de solo 18. Se asoma en los autobuses donde suben aquellos a los que no les esperan sus familiares en este punto del país y que serán trasladados a ciudades como Tánger o Casablanca. “Hermano, estoy buscando a mi hermana pequeña. ¿Está aquí?”, pregunta con la voz entrecortada.

“¿Por qué se marchó?”, pregunta este medio. Hadiya resopla. “No lo sabemos. Lo tiene todo: escuela, casa, estudios, familia”, responde. Para Mouna, que espera a su hija de 22 años, la respuesta es la misma, aunque añade: “Seguramente lo vio en redes. Está lleno de videos de otros jóvenes que iban camino a España”, explica. “Tampoco nos avisó. Vivimos a ocho kilómetros de esta frontera”, añade a este medio.

Pasaron casi tres horas y cada vez hay más familiares y amigos que esperan tener noticias. Muchos de los jóvenes que cruzaron hacia Ceuta perdieron sus teléfonos móviles o no tienen batería o saldo para llamar a casa. Conforme van llegando, algunos se lanzan a los brazos de sus seres queridos y, entre lágrimas, solo dan gracias a Dios.

Otros, en cambio, tendrán que esperar unos cientos de kilómetros hasta reencontrarse con unas familias ahogadas en la angustia. Rabat ha roto este domingo su silencio sobre la tragedia, tras jornadas sin proporcionar información sobre el número de víctimas, heridos o desaparecidos en territorio marroquí, y ha elevado a 11 el número de víctimas contabilizadas en su lado de la frontera. “Hay muchos muertos en el mar”, dijo un agente marroquí este sábado por la noche a elDiario.es, señalando la costa. España hasta ahora informó que el número de víctimas mortales se sitúa en 72.

Fátima corre hacia esta periodista y, sonriendo, cuenta que su madre le acaba de llamar con la mejor de las noticias: el joven Khalid ha aparecido en casa. Poco después, Mouna lanza un chillido mientras habla por teléfono. Es su hija, está volviendo hacia Marruecos. La joven, que presenta heridas en la cara y en los brazos, llega media hora después. Se funden en un abrazo y corren a buscar un taxi.

Una generación sin horizontes claros

La salida de los jóvenes marroquíes de su país no se explica solamente por su cercanía con la frontera terrestre con España ni por la cantidad de videos difundidos por redes sociales, grabaciones de jóvenes avanzando hacia la frontera en grupo, cruzando por el mar o alentando el cruce irregular hacia la ciudad autónoma y a través de los cuales muchos chavales se enteraron de que la gente estaba intentando atravesar la frontera.

Este éxodo también tiene múltiples aristas sociales y económicas. Organizaciones de derechos humanos marroquíes apuntan, entre los factores estructurales que impulsan la migración irregular, al desempleo y la pobreza.

La desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma en un comunicado recogido por la Agencia EFE que lo sucedido “refleja el bloqueo del horizonte social” en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población.

La ONG cree que, lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio fronterizo es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social” y constituye “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

En Marruecos, el desempleo juvenil ha superado ampliamente la media nacional: más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 24 años no encuentra trabajo, mientras que entre los 25 y los 34 años el paro afecta a más de uno de cada cinco, según datos del Banco Central. Los que tienen estudios también encadenan años sin empleo, trabajos informales o puestos mal remunerados.

Acceso a educación y sanidad

Para muchos jóvenes –que se manifestaron activamente en las calles del país en octubre de 2025, sobre todo a través de la plataforma Generación Z 212–, la falta de oportunidades convive con macroproyectos. Con una Marruecos ‘a dos velocidades’. En las grandes ciudades, como Rabat o Casablanca, se están invirtiendo recursos en infraestructuras vinculadas al Mundial de Fútbol de 2030. Recursos que contrastan con el estado del acceso a la educación y la sanidad en el país.

Respecto a la educación, en las zonas rurales del país, algunos alumnos caminan durante horas para llegar a escuelas con aulas saturadas, falta de material y edificios en malas condiciones. Para muchos jóvenes, estudiar había dejado de representar una garantía de movilidad social y oportunidades laborales. Muchos terminan sus estudios y siguen en sus hogares, sin posibilidades económicas de independizarse. A finales de octubre de 2025, y tras las protestas de la GENZ 212, el Consejo de ministros marroquí intentó aplacar el malestar anunciando inversiones en salud y educación.

Otros jóvenes denuncian las complicaciones burocráticas para obtener visados hacia Europa. Muchas de las quejas aluden a la reventa de las citas para acceder a tramitar los visados españoles en Marruecos. Los intermediarios informales utilizan robots informáticos o acuerdos opacos para acaparar las citas disponibles y así ofrecerlas posteriormente a los solicitantes a cambio de altas sumas de dinero que muchos jóvenes no pueden pagar. A final de julio de 2026, medios marroquíes hablaron de un nuevo blindaje contra el fraude en dichas tramitaciones.

La AMDH advierte de que “la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación”, que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, “la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder”.

La asociación considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”. “La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas”, señala.

Hamid y Ahmed estaban enganchados a las pantallas de sus teléfonos celulares. Sirenas, Hraya (término utilizado en redes sociales para referirse a la migración irregular), videos de jóvenes en el mar, una madre que llora la desaparición de sus hijos y un padre que, en cambio, alza en brazos a su bebé, de escasos meses de edad, mientras se sumerge en la playa de Castillejos, la ciudad marroquí fronteriza con Ceuta.

400 kilómetros separaban a Hamid y Ahmed de su destino final. Se escapaban de la represión policial en la estación de tren de Casablanca y, después de mucho esperar, subieron al tren cuando marcaban las 17:00 de la tarde del 30 de julio. Hraya Ceuta. “No nos queda nada, solo Dios”, dice Hamid.

De camino a Castillejos, Hamid y Ahmed consiguieron subirse a un coche privado que avanzó hacia la frontera con la ciudad autónoma. Ese paso donde, desde la mañana del jueves, miles de jóvenes se habían agolpado. Una hilera de coches marchaba hacia la ciudad marroquí mientras decenas de personas como Hamid y Ahmed avanzaban, caminando, desde Tánger hasta Castillejos. 75 kilómetros. A las 00.00 horas de la noche, los pitidos de los coches y las sirenas de los furgones que intentaban llegar el cruce en España rompían el silencio propio del mar.

Conforme pasó la noche, la situación se complicó. De pronto, una montaña de fuego y humo negro se abría paso en la oscuridad de la madrugada. Era un autobús, en llamas. De fondo, Ceuta, España, donde decenas de miles de personas habían cruzado por tierra y por mar. En la madrugada se registraron entre las fuerzas de seguridad marroquíes y grupos en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta. Las autoridades marroquíes no facilitaron cifras oficiales sobre heridos, víctimas o detenidos, aunque, según algunas informaciones, decenas de personas fueron detenidas por la policía en Castillejos en las últimas horas.

Hamid había perdido la conexión y hablar con él era casi imposible. Hasta que un golpe seco tocó la espalda de esta periodista. “He conseguido llegar”, celebraba. En la estación de Casablanca, contaba que no tiene oportunidades laborales en Marruecos. “No hay leyes ni hospitales adecuados, faltan muchos servicios. Sin embargo, en el extranjero tenemos la ambición de estudiar y trabajar”, explicaba.

El Gobierno de Pedro Sánchez insistió en atribuir la situación a una supuesta “lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, en referencia a la decisión que puso fin a las devoluciones en caliente en el mar, confirmando la ilegalidad de esta práctica que ha sido sistemática y cuestionada durante años.

Pero, el jueves por la noche, en Castillejos, nadie caminaba en grupos grandes, ni siquiera con un destino final similar. Algunos solos y otros acompañados de amigos, familiares, hijos. En grupos de seis o siete personas, varios atravesaban las vallas metalizadas en el espigón, otros daban la vuelta, heridos y exhaustos mientras, otros tantos, esperaban sentados en el paseo marítimo de Castillejos o recostados en las zonas ajardinadas de la ciudad. Los que probaban suerte en el mar corrían con flotadores oscuros, aletas y anteojos de buceo. Nada más. “Solo Dios”, repetía un joven que corría solo.

El día después

Sobre las 7:00 de la mañana del viernes, Mohamed, de origen senegalés, estaba recostado en la playa con vistas a El Tarajal. Como él, decenas de jóvenes, de mayoría marroquíes, habían pasado la noche en vela entre intentos de cruce y cabezadas en los aledaños de la entrada hacia España.

A la pregunta de cómo llegó hasta aquí, ninguna de las personas consultadas mencionó la sentencia del Tribunal Supremo. Tampoco Mohamed, que camina solo y se limita a decir, sin dar más detalles, que vio una publicación en redes sociales.

Amina agarraba el celular y lloraba desconsoladamente. Estaba buscando a sus hijos. “El pequeño ha conseguido cruzar, está en Ceuta. El mayor no tiene conexión, me dijo que lo intentaría una vez, pero han pasado más de 12 horas desde entonces”, explicaba.

La mañana transcurrió con más presencia juvenil que llegó no solo desde Casablanca, sino también desde otras ciudades como Kenitra o El Jadida, y con unas fuerzas de seguridad marroquíes que apenas dispersaban a los grupos que llegan a aglomerarse frente a la valla de Ceuta.

Las vías para cruzar son diferentes. Está el camino a través del mar, donde muchos jóvenes aguardaban ante la mirada de algunos de los barcos policiales que controlan la costa. Entre los bosques de las montañas, donde conforme pasaba la mañana, los gendarmes marroquíes empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Y en primera línea de la carretera, donde, cuando marcaban las 12 del mediodía, un camión cisterna, rodeado de decenas de militares marroquíes, avanzaba con paso firme. La dispersión fue efectiva y en las siguientes horas el dispositivo policial se hace con la zona.

Cuando empezaba la tarde en Castillejos, decenas de personas volvían a la ciudad marroquí. Una joven, herida en el pie, estaba recostada en una de las rotondas de la ciudad. Había conseguido cruzar a Ceuta junto a su hermano de 12 años, pero fue una de las miles de personas que pasearon de vuelta por el camino entre ambos países.

El Gobierno español asegura que más de 48.300 migrantes retornaron ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 migrantes que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. Muchos describen las dificultades que encontraron a su llegada y denuncian que sufrieron condiciones duras tras una noche a la intemperie.

Muchos retornan, pero Castillejos estaba sumida en la incertidumbre. Aquí el mundo se detuvo. “Los servicios de taxi llevan suspendidos desde ayer por la tarde, los comercios están cerrados y no hay agua ni comida”, dijo un joven. Al menos 57 personas murieron cuando intentaban entrar a nado en el enclave español.

El Ministerio del Interior de Italia anunció la suspensión temporal del tratado Schengen de libre circulación en la Unión Europea (UE) tras la crisis de migrantes en Ceuta y que reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

Sobre esta última medida, Roma matizó que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. El Ejecutivo tuvo que salir al paso para aclarar una información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado 1 de agosto en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que “para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada”.

Poco después del anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión por ser “una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”. El político italiano escribió en un post en X que la suspensión es “una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible”. “La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros”, continuó el ministro.

Por otro lado, el ministro italiano mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países. La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

El anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español anunció que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya retornaron a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras. En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

Además de Meloni, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidieron a la UE que estudiara todas las opciones tras la llegada de migrantes a Ceuta. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Con información de la agencia EFE

Miles de personas que entraron a Ceuta en las últimas horas están empezando a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo, según pudo comprobar elDiario.es. Aunque siguieron entrando migrantes a la ciudad autónoma este viernes, la afluencia se fue reduciendo a primera hora de esta mañana.

Este viernes, cientos de jóvenes marroquíes retornaban a través de la frontera del Tarajal horas después de la entrada de decenas de miles personas migrantes en Ceuta desde el país vecino. “Estamos como animales, no hay comida, ni agua”, dice a este medio Hamza, un adolescente de apenas 17 años que vuelve hacia el punto por el que llegó apenas 20 horas antes. El Gobierno asegura que más de 25.000 migrantes ya volvieron a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. El número de cuerpos sin vida en la frontera siguió subiendo: según el presidente de Ceuta, Jesús Vivas, ya son más de 40.

Los centros de menores están llenos de la ciudad autónoma desde hace tiempo y, además, los jóvenes expresan temor a acudir a los recursos municipales por miedo a que los reingresen en su país contra su voluntad. “Uno de mis hermanos está en España y me dijo que esperara un tiempo a acudir al centro, que ahora somos muchos y nos llevan de vuelta”, apunta entre llantos Brian, de 16 años y natural de Tetuán.

Él se debate en todo caso entre la vuelta y la estoica resistencia en busca de un sueño y el retorno a casa por el hambre y la falta de agua y de perspectivas. “He dormido en la calle como un perro, moviéndome entre la playa y las aceras porque la Policía nos andaba persiguiendo”, relata en inglés el joven, que ya superó los estudios obligatorios y encaraba los exámenes de selectividad en su país el próximo año.

Sin embargo, no quiere. Tiene una familia numerosa y cree que debe aportar. “Cualquier cosa es mejor que Marruecos”, finaliza mientras escribe un mensaje de WhatsApp a su madre en busca de consejo.

No todos resisten el hecho de no tener espacio de alojamiento, comida agua y encontrarse todos los establecimientos de la ciudad cerrados, inutilizando la posesión de dinero. Cientos salieron ya esta madrugada. Según explican fuentes policiales, un gran grupo, el primero en retornar al país vecino, tuvo que esperar a que el Gobierno marroquí autorizara de nuevo su regreso.

Esta mañana el flujo ya era constante. Una larga fila se dirigía por la costa hacia el Tarajal llenando aproximadamente dos kilómetros de acera por el litoral. Una vez en el espacio limítrofe, entraban por el flanco izquierdo, el que normalmente ocupa la Guardia Civil y que ahora se destina al paso de quienes perdieron la esperanza.

Entre ellos está Hamza, que va con otros cuatro amigos. Todos son de Rincón, la siguiente localidad más próxima a Ceuta después de Castillejos. Llaman y esperan que alguien les venga a recoger al otro lado de la frontera. “Así no se puede estar, amigo”, añade el pequeño Mohamed, de solo 14 años, que cuenta que soñaba con emular al jugador de fútbol Lamine Yamal.

Las salidas de la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo alto y se espera que en las próximas horas regresen más a Marruecos. En el centro de la ciudad, algunos policías se acercaban a los grupos de chavales incitándoles a volver e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según los propios migrantes, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta a casa.

El Gobierno español calcula que 50.000 personas entraron en la ciudad española de Ceuta y que 48.300 ya regresaron a Marruecos. Mientras, la Delegación del Gobierno en Ceuta elevó la cifra de muertos a 57, por el momento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció desde Ceuta acerca de la crisis humanitaria. Calificó la entrada de decenas de miles de inmigrantes en la ciudad como una “violación de la integridad territorial de España”. También achacó a las “mafias” la entrada masiva de personas en territorio nacional cruzando las aguas territoriales españolas, y prometió que el Estado pondrá “todos los recursos” para contener las entradas y para expulsar de manera urgente a los migrantes a Marruecos.

Qué dijo Pedro Sánchez

Sánchez se mostró dispuesto este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan “de la manera más eficiente posible”, tras la entrada de miles de personas en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Además, condenó la entrada irregular de marroquíes a Ceuta, situada en el norte de África, al considerarla un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España” en una conferencia de prensa pública en esta ciudad autónoma española.

Ante esta crisis migratoria, Sánchez garantizó a los ceutíes que “toda España está con ellos” y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de “angustia” que están viviendo.

De hecho, agregó que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de los miles de migrantes llegados estos días a Ceuta, fronteriza con Marruecos.

Sánchez, que evitó cualquier crítica a Marruecos, aseguró que las autoridades marroquíes están dispuestas a cooperar para agilizar las repatriaciones de sus ciudadanos.

El jefe del Gobierno español reiteró que su Ejecutivo está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.

En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una “lectura interesada” de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

A la espera de posibles reformas legales, Sánchez aseguró que se dará una respuesta “coyuntural” ante la situación y que solicitó a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón fronterizo, en colaboración con el Ejército español y la Guardia Civil.

El objetivo, explicó, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza entre ambas naciones y que puede facilitar el cumplimiento de la ley.

Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con información de la agencia EFE

Muad llega tan exhausto como eufórico. Tan solo lleva una malla y una funda de brazo en la que guarda el celular y algo de plata. En cuanto recupera el aliento, el joven de 25 años exclama: “Gracias a Alá por todo”. Es una de las miles de personas, la mayoría hombres jóvenes, pero también mujeres y niños, que lograron acceder este jueves a la ciudad autónoma española Ceuta, en lo que es la mayor entrada irregular desde Marruecos desde la crisis diplomática con el país vecino en 2021.

Según indican a elDiario.es fuentes oficiales del Gobierno local, este jueves llegaron más de 20.000 personas. Muchas consiguieron alcanzar el espigón del Tarajal y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras se lanzaron al mar con la intención de acceder bordeando la línea fronteriza. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo recuperaron a lo largo de este jueves los cuerpos de nueve personas que supuestamente intentaban entrar a nado, lo que eleva a casi 40 el número de migrantes localizados sin vida en el litoral de la ciudad autónoma en lo que va de año.

Hasta el momento, el mensaje que transmitió el Gobierno español durante el día es de “colaboración” con Marruecos, que Interior tachó de “ejemplar”. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajarán este viernes a Ceuta. El Gobierno anunció que cierra la frontera y que desplegará al Ejército para “reforzar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

“Entramos para aprovechar la vida, para trabajar”

Natural de la vecina Castillejos, Muad cuenta que alcanzó Ceuta en una hora de trayecto a nado. Transmite ilusión tras pisar suelo español. “Ahora entramos a Ceuta para aprovechar la vida, para trabajar, para ayudar a nuestros padres. Venimos para ayudar a nuestros padres. Allí en Marruecos no hay nada”, dice el joven. Poco después entra Hassan, aún más joven. Cuenta que lo que quiere es un empleo. “No sé de qué, pero quiero trabajar… tener un buen trabajo”, dice.

Quienes buscan entrar en la ciudad autónoma española suelen iniciar la travesía a unos 500 metros de la instalación fronteriza marroquí. Para eso, bajan desde la ruta que da al paso limítrofe, por una ladera de piedra. Después nadan atravesando el doble vallado, con un espacio de playa, que aún pertenece al lado marroquí, para a continuación superar el primer espigón, cruzando a continuación la playa que la Guardia Civil tiene en sus dominios dentro de la parte española del recinto y finalmente bordeando el espigón que da a la playa del Tarajal.

Ese complejo y largo recorrido, plagado de cámaras de calor que detectan a los migrantes, suele llevar entre dos y cuatro horas. Sin embargo, durante la afluencia de este jueves, quienes se arrojaban al mar lo hacían en un punto de la ruta mucho más cercano a la frontera de lo habitual, pasando además considerablemente más pegados a la costa de lo normal, cuando no directamente caminando sobre el espigón.

Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache y me tiré al agua. No tenía nada, así espero poder mandarles dinero

Amina — 38 años

Una vez en Ceuta, Hassam cuenta que espera a “la Guardia Civil” para que le digan qué hacer: “Yo quiero ir al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”, subraya, pero el espacio de acogida, de poco más de 500 plazas, ya no daba abasto antes de la entrada de este jueves.

En los últimos diez días, se estimaban unas 1.500 llegadas a la ciudad autónoma. En la otra punta de Ceuta, mientras comenzaba la afluencia de personas, Amina descansaba en el centro de San Antonio, de la Fundación Cardjn, que acoge a jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad y también a quienes llegan con complicaciones físicas derivadas de la diabetes y de otras enfermedades crónicas comunes.

“Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache (Marruecos) y me tiré al agua”, contaba a este medio con la ayuda de una traductora la mujer de 38 años. “No tenía nada, así espero poder mandarles dinero”, relata esta mujer, que viéndose viuda, desempleada y “sin acceso a ninguna ayuda” en Marruecos, optó por dejar atrás a sus seres queridos, a quienes planea ahora ayudar en la distancia.

Muchas de las personas que entraron este jueves pasaron por la comisaría Policía Nacional, siguiente parada de los recién llegados al Tarajal, que acuden allí para ser filiados y posteriormente derivados a algún recurso de acogida, antes de un hipotético traslado a la Península, que de cumplir con el protocolo habitual, se demoraría varios meses.

De las dependencias policiales salían hacia la frontera números efectivos pasadas las 13:00. Llegados a la zona fronteriza, procedieron a cortar los accesos, rotondas y caminos que daban a las barriadas cercanas y finalmente a tratar de contener para que quienes entraban por el espigón no pudieran avanzar. Algunos agentes hicieron uso de la porra contra quienes salían del Tarajal, tal y como quedó recogido en varios videos.

Posteriormente, las entradas de migrantes continuaron al mismo ritmo pasadas las 18:00 horas. Mientras, los que caminaban por el centro de la localidad terminaron siendo hostigados por manifestantes que llegaron a lanzarles piedras y tuvieron que ser interceptados por la Policía Nacional, según presenció este medio.

El recuerdo de mayo de 2021

El único precedente de un volumen similar de entradas irregulares en la ciudad autónoma es la que se produjo en mayo de 2021 en plena crisis con Marruecos. Entonces llegaron a la localidad más de 12.000 personas, tanto marroquíes –la nacionalidad mayoritaria en esta ocasión– como de países subsaharianos y Argelia. La estampa fue similar, con el CETI lleno, los servicios de atención a menores no acompañados –de competencia municipal– también saturados, falta de alimentos y servicios sanitarios al límite. Todas estas circunstancias vuelven a repetirse, según advirtieron en diversos comunicados los sindicatos representados en el Centro de Estancia y en el Sistema Público de Salud.

La organización Sur Acoge volvió a reclamar que los recursos de acogida de la ciudad autónoma “se dimensionen” para responder con garantías a situaciones como la actual. “La Federación insiste en que el Estado y la Ciudad Autónoma deben contar con plazas suficientes para atender con dignidad a las personas que llegan, especialmente a niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares”, dice.

Ante el repunte de llegadas, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidieron medidas como una “derivación rápida” hacia la península. Pero en un escueto comunicado, Interior anunció, sin dar más detalles, que España y Marruecos “acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta”.

Las ONG especializadas son contrarias a los procedimientos acelerados, que pueden impedir, por ejemplo, la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. En 2021, España negoció con Marruecos la repatriación de sus nacionales en cuestión de dos meses. La mayoría fueron saliendo paulatinamente desde las naves industriales en las que los habían acogido. En el caso de personas de otras nacionalidades se optó por su traslado a la Península, aunque este proceso se demoró hasta octubre de aquel año.

En 2021, el pacto entre España y Marruecos también fue aplicado en agosto, meses después, a los menores de edad. Al menos 55 niños fueron llevados de vuelta al país vecino en una acción que el Tribunal Supremo consideró ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz también estimó que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, prevaricaron al saltarse el procedimiento y no hacer valer el interés superior del menor.

El fin de las devoluciones en caliente por mar

Entretanto, las autoridades habían continuado las devoluciones en caliente de los migrantes nada más ser interceptados saltando la valla, llegando a nado a las playas de la Bahía sur de la ciudad o en plena travesía marítima a través de los límites entre países. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche.

Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar inmediatamente a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores, sin atención individualizada ni asistencia letrada. Sin embargo, tanto un tribunal andaluz, como recientemente el Supremo, confirmaron la ilegalidad de las devoluciones instantáneas de quienes llegan a nado y empujó a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicar esta práctica hasta entonces sistemática.

Las organizaciones de derechos humanos rechazaron que lo sucedido este jueves responda a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, como se asegura desde algunos sectores. “La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, dijo Sur Acoge. Entre los factores que las ONG mencionaron detrás del repunte de llegadas a la ciudad autónoma en los últimos días está el periodo estival y la situación favorable del mar.

“No se les pueden brindar las necesidades mínimas”

Antes del episodio vivido este jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había calificado de “emergencia nacional” la situación que sufre la ciudad autónoma en los últimos días y había pedido “un mando único”. El Gobierno español dejó pronto claro que la activación de este mecanismo no es posible. “Forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión”, dijeron fuentes de Moncloa.

Nayat Abselam, de la Fundación Cardjn, lamentaba la misma mañana de este jueves en declaraciones a este medio la situación por la que atraviesa la ciudad y las malas condiciones en las que se encuentran los recién llegados. “En los centros de menores la saturación es total. No se les pueden brindar las necesidades mínimas que tienen”, advertía la mujer, que gestiona el centro de acogida de San Antonio, donde ahora mismo se encuentran por encima de sus capacidades, atendiendo a personas “especialmente vulnerables”. “Tenemos personas enfermas, con diabetes y con algunas lesiones”, explicaba la activista. “La solución es muy compleja”, sentenciaba.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya albergaba a 1.700 personas este miércoles, antes de la entrada de este jueves. 1.000 de ellos, según trabajadores del propio espacio, se encontraban viviendo en la calle: “No son condiciones aceptables ni para ellos ni para los trabajadores”, apuntaban, advirtiendo de que la plantilla queda “muy corta” para el contexto presente. “No hay más espacio de acogida y el problema es cuando tampoco haya comida”, agregaban responsables de la Policía Nacional consultados por este medio.

Es de esperar, según apuntan fuentes internas del Ejecutivo local, que en las próximas horas Ciudad y Delegación acuerden habilitar naves, polideportivos e incluso campos de fútbol en zonas periféricas como alojamiento temporal para las miles de personas que alcanzaron Ceuta este jueves.

España cerró la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno español en esa ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una medida que se suma a la conocida por la tarde de desplegar unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis migratoria.

Las Fuerzas Armadas “reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, anunció este jueves el Gobierno de España, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicaron desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar allí este mismo viernes.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se sumó ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno informó del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa informó que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras envió un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se incorporaron tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se desplegaron en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior destacó este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska agradeció además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que impidieron miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, añadieron desde Interior.

Cientos de personas migrantes han accedido a la ciudad española de Ceuta en torno al mediodía local este jueves desde Marruecos. Los agentes de la Policía Nacional de España se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Alrededor de 1.000 personas asomaban poco antes de la 13 (hora local) por el espigón del Tarajal. Muchos han llegado a suelo ceutí simplemente a pie, reduciendo la habitual travesía a nado de entre dos y cuatro horas a apenas media.

Decenas de personas consiguieron alcanzar el espigón y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras decenas se lanzaron al mar con la intención de acceder a Ceuta bordeando la línea fronteriza, mientras otros grupos caminaban en paralelo a la alambrada en dirección de la valla española.

Antes, cientos de personas que habían entrado a nado en las primeras horas de la mañana a la localidad desde la vecina ciudad marroquí de Castillejos a la ciudad española han salido a la carrera del recinto donde les atendía la Guardia Civil en la frontera. Los agentes atendían y organizaban a los migrantes recién llegados –una reciente sentencia del Tribunal Supremo puso fin a las polémicas devoluciones en caliente por mar, una práctica que antes era sistemática entre denuncias de las organizaciones de derechos humanos–. En algunos casos optaban por marchar rápido en dirección a las próximas barriadas del Príncipe o Juan XXIII o hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Hasta el momento, el Gobierno español ha asegurado que el país vecino “está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente para afrontar esta situación”. Fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid han trasladado a Europa Press que los recientes intentos de entrada irregular a la ciudad autónoma “no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular” y aseguran que la colaboración es “ejemplar”. En la misma línea se ha expresado el Ministerio del Interior españñol, que indica que Fernando Grande-Marlaska ha permanecido en “contacto permanente” con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Grande-Marlaska se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.

En la ciudad autónoma, cientos de flotadores abandonados en el mar dan cuenta de las llegadas: los nadadores suelen partir con neopreno, flotador y aletas, dejando a su llegada a España el equipo en el camino. La Guardia Civil trata de auxiliar a quienes llegan, pero no da abasto. Mientras, los recién llegados, en su mayoría jóvenes marroquíes, se encuentran en centros de acogida sobrepasados, tanto de menores, como de mayores de edad. Lo mismo ocurre con las dependencias de la Policía Nacional, donde se realizan las filiaciones de los migrantes para registrarlos y poder ofrecerles atención y un futuro traslado a la Península.

Hay un pedazo del planeta, de frontera no muy clara pero inmenso en el corazón, donde no se elige un posible ganador para este domingo. En ese territorio sin aduanas, el fútbol no divide; suma, multiplica. Hoy, mientras los ecos del Mundial de Qatar todavía resuenan, una comunidad de casi un millón de almas vive en un estado de expectativa. Y de epifanía. Somos los hispano-argentinos, una de las comunidades de doble nacionalidad más grandes del mundo, que asistimos con una sonrisa a las idas y vueltas de la pelota: la certeza de que, juegue quien juegue, ya ganamos. Para más alegrías, cada uno llega sacando a su máximo rival en las semis, soñado.

Si sumamos a los más de 500.000 españoles que aún hacen de la Argentina su hogar —muchos de ellos hijos y nietos de la emigración gallega y asturiana que hoy recuperan sus pasaportes gracias a la Ley de Nietos—, con los cerca de 500.000 de argentinos que residen en la península, la cifra estremece. Son entre 750.000 y 1.000.000 de personas que comparten un lazo civil indestructible. Pero detrás de la gelidez de la mera estadística del INE se esconde una verdad mucho más poética: la historia de un afecto que se transmite en el almuerzo del domingo, que vive, de ida y de vuelta, desde fines del siglo XIX con el comienzo de la emigración española hasta el día de hoy.

Este vínculo histórico y emocional se personifica, de manera casi mágica, en la generación de los chicos y chicas de parejas mixtas. En España y en Argentina, miles de hogares se gestionan con una forma bilingüista del castellano, con un habla catalana de acento tucumano, o un euskera donde resuena una entonación propia de la pampa húmeda y muy poco bilbaina. Estas formas sutiles donde conviven el “che” y el “tío”, el dulce de leche y el colacao. Niños que crecen escuchando que el asado se hace despacio pero que no cualquier arroz con “cosas” es paella; pequeños herederos y herederas de dos patrias que aprendieron a quererse mucho antes de que la diplomacia pusiera firmas sobre el papel.

Para estos pibes y pibas, la identidad no es una resta, sino una multiplicación. No se es “medio argentino” y “medio español”. Se es cien por cien de ambos lados. En sus habitaciones, es común ver camisetas de Messi conviviendo con bufandas de la selección española. Son los “hijos del abrazo”, el puente definitivo que garantiza que esta unión no sea un recuerdo nostálgico del pasado y presente migratorio, sino un proyecto de futuro vibrante.

La feliz coincidencia de que estas dos tierras ostenten simultáneamente el título de campeones del mundo dota a esta comunidad de una mística especial. Se saben poseedores de una herencia futbolística y cultural única. Por eso, cuando ven saltar a la cancha a once jugadores de un lado o del otro, el festejo ya está asegurado. Casi un millón de campeones del mundo contempla el horizonte de la próxima cita mundialista con la tranquilidad del que ya ha vencido. Solo esperan que, dentro de poco, cuarenta y tantos millones más se sumen a su mesa para compartir la gloria de ser, simplemente, hermanos.

Nicolás Cabrera es Presidente de MARES -Migrantes de Argentina Residentes en España-.

En una calle residencial adornada con banderas unionistas, cerca de Shankill Road, en Belfast, hombres enmascarados se acercan a una casa con una ventana tapiada y una cámara de seguridad instalada en el exterior.

Mientras una mujer perteneciente a una minoría étnica observa desde una ventana del piso de arriba, algunos de los hombres se abalanzan sobre la puerta principal y la derriban. Con el aire cargado por el humo de los fuegos artificiales, atacan las ventanas de la planta baja con ladrillos.

Mientras irrumpen en la propiedad, algunos afirman estar “liberándola”. En un grafiti cercano se lee: “Viviendas locales para la gente local”. Una mujer entre la multitud le dice a su amiga: “Hay nenas chiquitas adentro”.

Cerca de allí, alguien prendió fuego a un coche. Mientras se desataba el caos, un hombre con una máscara con forma de calavera pidió a la gente que guardara los teléfonos. Los helicópteros sobrevolaban la zona y dos agentes de policía observaban desde su coche cómo el humo se elevaba hacia el cielo, pero parecían haber llegado a la conclusión de que no era seguro intervenir.

Para cuando llegaron los refuerzos de cuatro furgones policiales, los cientos de personas que conformaban la multitud ya se había dispersado, dejando tras de sí solo a unos pocos rezagados.

Las escenas violentas se produjeron después de que un solicitante de asilo sudanés fuera acusado de intento de asesinato en relación con un ataque con arma blanca grabado en un video muy explícito que se difundió ampliamente en las redes sociales el martes. Las imágenes fueron publicadas por Tommy Robinson y otras figuras de extrema derecha, lo que provocó llamamientos a la protesta como respuesta.

Elon Musk, propietario de X, compartió una publicación de Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) en la que se anunciaban los lugares de las manifestaciones, y otra del partido de extrema derecha Restore Britain que decía: “No hagan las paces con el mal. Destrúyanlo”.

La hostilidad del público de Shankill Road ante el hecho de ser filmado contrastaba radicalmente con los disturbios que estallaron en Southport en 2024, donde muchos asistentes grabaron videos de lo que sucedía en tiempo real. En este caso, sacaron a rastras a un adolescente de entre la multitud, al parecer porque había estado usando el celular. “Me estás lastimando”, gritó. “No puedo respirar”.

También hubo protestas en otras partes del Reino Unido, entre ellas en Southampton, donde la semana pasada estallaron disturbios tras la condena de un hombre por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años. El martes por la noche, se desplegaron decenas de agentes de policía para bloquear a los manifestantes cuando intentaban avanzar por Portswood Road. Cuando se los detuvo, el grupo comenzó a corear “No puedo respirar”. Eso es lo que Nowak, un estudiante de Southampton, repitió una y otra vez mientras yacía moribundo esposado tras haber sido apuñalado.

En una zona unionista del este de Belfast, unos hombres enmascarados prenden fuego a unos contenedores y los empujan contra un colectivo en Newtownards Road, lo que provoca la suspensión del servicio de colectivos. Algunos llevan pasamontañas y agitan bengalas. Se escuchan varias explosiones en cuestión de minutos.

Varios cientos de personas se quedan a mirar un autobús incendiado y al menos tres viviendas que habían sido incendiadas. “Allí vivía una familia gitana rumana”, dice una mujer, señalando una casa adosada totalmente destrozada de la que aún sale humo.

Las familias con niños pequeños se mezclaban con hombres con la cara cubierta y parejas jóvenes. Algunos desprenden un ambiente festivo, posando para las fotos y tomando cerveza. Un hombre levanta en brazos a su hijo, de unos siete años, para que pueda ver mejor otra casa en ruinas. “Fijate en eso”, le dice. “¡Guau!”, responde el niño.

Las sirenas rompen el silencio de la noche. Cerca de los restos del colectivo, un grafiti en una pared: “Que jodan al Islam”.

La BBC informó de que la casa pertenecía a un hombre de unos treinta años que llevaba diez años viviendo allí. “Incendiaron coches en la calle, lo que provocó que mi casa se quemara; unos hombres enmascarados estaban derribando las puertas”, declaró a la cadena.

En una calle paralela, un coche arde en plena calzada y el olor a plástico quemado impregna el aire. Al final de Newtownards Road, en el tramo más cercano al centro de la ciudad, hay una fila de furgones y coches de policía aparcados, listos para intervenir ante cualquier recrudecimiento de la violencia.

Al otro extremo de la calle, los restos del colectivo calcinado yacen junto a una acera llena de vidrios rotos y frente a unos contenedores de basura volcados y humeantes, mientras una bandera británica ondea suavemente en un mástil situado más arriba. Unos hombres encapuchados se detienen para posar ante las cámaras junto a los restos del colectivo mientras se alejan del lugar de los hechos.

Otros manifestantes impidien que los coches accedan a la autopista M2. También se registraron protestas en Antrim, Bangor y Ballymena. En Newtownabbey, se incendiaron dos coches.

En Lisburn, el ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, instó a los presentes a abstenerse de cometer actos violentos y de provocar disturbios. “Lo ocurrido anoche causó una verdadera conmoción”, afirmó. “Creo que conmocionó a toda la comunidad”.

“Es importante que la gente se comporte de manera pacífica para garantizar que se escuchen las cuestiones clave relacionadas con la inmigración y que no nos distraiga ningún tipo de violencia”.

“Eso solo servirá para distraer la atención. La gente debería expresar sus opiniones de forma pacífica”, dijo.

Anteriormente, miembros de la comunidad sudanesa de Belfast expresaron su inquietud ante la creciente tensión en la ciudad.

A las 16:00 horas del martes, todos los comercios de propiedad extranjera de Sandy Row habían bajado las persianas metálicas y el personal se apresuraba a volver a casa para refugiarse durante la noche, una escena que se repetía en otras partes de Belfast.

“Llevamos todo el día repitiendo lo mismo: que se vayan pronto a casa, que se queden en casa, que no salgan”, dice Mohammed Mahmoud, un empleado sudanés de una tienda de comestibles. “Nadie sabe qué va a pasar”.

Ali Adan, de 38 años, otro comerciante de Sudán que lleva 18 años viviendo en la región, afirma que las relaciones raciales se deterioraron desde 2018, y que las tensiones de Inglaterra se extendieron a Irlanda del Norte y viceversa. “Cada vez que ocurre algo, la gente señala a todos los inmigrantes”.

Las protestas contra la inmigración degeneraron en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un video muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se produjeron focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se incendiaron varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no fue identificada, se encuentra hospitalizada y perdió un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se atacaron viviendas y negocios, se quemaron coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiad. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El video mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me informaron que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Estuve en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

La Unión Europea dio luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que marcó la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, declaró Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, avisaron que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia tuvieron varias sentencias en contra, esta fórmula siempre tuvo el beneplácito de la actual Comisión Europea y consiguió el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del Partido Popular Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según publicó Politico.

Las dudas legales del modelo italiano llevaron a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación. Fuentes diplomáticas aseguran que se sondeó a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional señaló en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se debatió la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota explicaron que los responsables de las instituciones europeas acordaron que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, comentó que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas.

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, añadió la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes

La haitiana L.T. llevaba tres meses en un centro de detención de inmigrantes de Dilley (Texas), a 2.400 kilómetros de su hija de 13 meses. Su bebé vomitaba de manera constante porque, entre otras intolerancias alimentarias, era alérgica a la leche de fórmula. La niña necesitaba leche materna, pero las autoridades se negaban a conceder la libertad bajo fianza a su madre, solicitante de asilo en Estados Unidos, para que le diera el pecho.

El pediatra familiar solicitó entonces que permitieran a L.T. extraerse la leche para enviarla por correo a su bebé, en Florida, pero esa solicitud también fue denegada. Desesperada, L.T. pidió que trajeran a su hija al centro de detención para estar con ella y el Gobierno volvió a denegarlo. Según L.T., porque la niña era ciudadana estadounidense y no podía permanecer en un centro de detención de inmigrantes. “Me aterra perder a mi bebé”, dice L.T.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU. en enero de 2025, el Gobierno tuvo en su punto de mira a miles de madres y padres inmigrantes para su deportación. The Guardian analizó los registros oficiales y concluyó que solo en los primeros siete meses de la presidencia de Trump, el Gobierno detuvo a los progenitores de al menos 27.000 niños. Durante este periodo de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) deportó cada mes el doble de padres comparado con 2024.

Los registros oficiales no detallan cuántos de esos niños fueron detenidos o deportados junto a sus progenitores, ni cuántas familias fueron separadas. Pero muestran la descarnada realidad del efecto que el plan de deportaciones a gran escala de Trump está teniendo en padres e hijos. En miles de casos, el DHS deportó a progenitores con una nacionalidad diferente a la de sus hijos, creando importantes obstáculos legales y logísticos para mantener unidas a las familias.

Crisis de separación familiar

Del análisis de The Guardian también se extrae lo siguiente que, durante los primeros siete meses de 2025, el Gobierno detuvo a 18.400 progenitores (3.000 madres y 15.000 padres) de entre 27.000 y 32.000 niños. Al menos 12.000 de esos niños tienen la nacionalidad estadounidense. Casi 7.500 padres y 1.000 madres de los detenidos tenían una nacionalidad diferente a la de al menos uno de sus hijos. En la mitad de estas familias, había hermanos con diferentes nacionalidades. En promedio, la Administración Trump detuvo a unos 2.300 progenitores por mes y deportó a unos 1.400 progenitores por mes. El promedio de 2024 para la Administración Biden fue de unos 700 progenitores deportados cada mes.

Según defensores de los derechos humanos, las cifras reflejan el alcance gigantesco de la nueva crisis de separación familiar provocada por el Gobierno estadounidense. Su magnitud superó con creces a la política de ‘tolerancia cero’ que caracterizó al primer mandato de Trump, cuando su Gobierno separaba de manera sistemática a los niños inmigrantes de sus padres en la frontera entre México y EE.UU.

Los datos a los que tuvo acceso The Guardian proceden de los formularios I-213 que los agentes de inmigración deben cumplimentar cada vez que detienen a una persona por vivir sin papeles en Estados Unidos. Los agentes deben recopilar la edad, la nacionalidad y los antecedentes penales de las personas detenidas. Y lo que es más importante, el número de hijos menores de edad y su nacionalidad.

Un portavoz del DHS responde que la agencia no puede “verificar la veracidad de estos datos”, obtenidos por The Guardian en virtud de la ley de transparencias y cotejados por el periódico con registros de otras fuentes gubernamentales.

Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán

Faisal Al-Juburi — ONG de asistencia jurídica Raíces

En la opinión de varios abogados y especialistas en inmigración, lo más probable es que esos datos del Gobierno infravaloren el número real de separaciones familiares: los agentes de inmigración no siempre preguntan a las personas detenidas si tienen o no hijos, y muchos inmigrantes detenidos prefieren no decir que tienen hijos para proteger a sus familias de una detención o una deportación.

Según Faisal Al-Juburi, de la ONG de asistencia jurídica Raíces, estas separaciones dejarán marcas generacionales y transnacionales. “Con este Gobierno hemos llegado ya a la fase de metástasis de la separación familiar”, dice. “Creo que como nación ni siquiera hemos empezado a enfrentar el impacto que tendrán este tipo de medidas de control de la inmigración, ni el efecto dominó que generarán”.

Secuelas en los menores

L.T. tiene 30 años y huyó de Haití por la violencia política. Según cuenta, los simpatizantes de un partido político opositor incendiaron su casa, la secuestraron y la violaron. En su huida, primero fue a las Bahamas y de allí viajó en barco a Miami (Florida) en 2019. Si la obligan a regresar a Haití podría morir, dice. Según su relato, mataron a su hermana el año pasado. También le preocupa que su hija no reciba en Haití la atención médica que necesita. Aunque pudiera, no se arriesgaría a llevar allí a su bebé.

También le preocupa cada vez más que su bebé termine en una casa de acogida. La madre de L.T. cuida de la niña, pero le resulta muy difícil compaginarlo con su trabajo a tiempo completo, especialmente por las complejas necesidades médicas del bebé. Además, L.T. presentó una denuncia por violencia de género contra el padre de la niña, al cual acusa de amenazar con matarlas a ella y a la pequeña. “Ojalá pudiera estar ahí para mi hija”, escribe L.T. en una declaración compartida con The Guardian por sus abogados. “Es mi primera hija y no puedo estar ahí para ella”.

The Guardian analizó más de una decena de casos y entrevistó a numerosos padres e hijos separados por el proceso de detención o deportación. En todos los casos, la detención o deportación repentina de uno de los progenitores alteró radicalmente la vida del niño.

A la guatemalteca K.O., con 41 años y tres hijos, la detuvieron durante una cita rutinaria del ICE. Tenía a un bebé de 19 meses esperándola en casa. “El agente dijo que, por lo que a él respectaba, mi hijo y yo nos podíamos morir”, dice.

Herminia estuvo separada durante ocho meses de su hija de nueve años y de su hijo de 16. En ese período, la salud mental de los niños comenzó a deteriorarse. Herminia contó que la niña tenía problemas para dormir toda la noche; y que su hijo, adolescente, pensó en abandonar los estudios para ponerse a trabajar y mantener a su hermana. A Marco, de 61 años, lo detuvieron en un Home Depot de Maryland y lo deportaron a El Salvador. Su hijo Mark, de 17 años, tenía la nacionalidad estadounidense y estaba en los últimos meses del instituto. Los pasó trabajando para que él y su madre pudieran pagar el alquiler.

Las familias entrevistadas cuentan cómo se vieron obligadas a buscar fondos a toda prisa tras la detención o deportación del sostén financiero del hogar. Adolescentes y jóvenes que tuvieron que dejar los estudios para cuidar de sus hermanos menores tras la deportación de los dos progenitores. Niños que se preguntaban si alguna vez verían de nuevo a sus padres, deportados a países donde enfrentaban amenazas de muerte. “Están desarraigando vidas”, dice Al-Juburi.

Récord de personas detenidas

Para satisfacer la promesa de Trump de “deportaciones a gran escala”, su Gobierno detuvo a un número récord de inmigrantes. Entre ellos, personas que llevan muchos años en Estados Unidos, donde construyeron sus vidas y formaron familias. En su mayoría, los detenidos carecen de antecedentes penales o solo tienen condenas por faltas menores, como una infracción de tráfico.

La campaña de deportaciones a gran escala tuvo un impacto nefasto en las familias. Especialmente, en las madres. Analizando los mismos registros que The Guardian, el portal de periodismo de investigación ProPublica descubrió que la Administración Trump deportaba al día cuatro veces más madres de ciudadanos estadounidenses que la Administración Biden.

El Gobierno también debilitó la protección para progenitores no estadounidenses, dando marcha atrás en el compromiso de mantener a las familias unidas. En varios casos, las autoridades de inmigración amenazan con separar a las familias con el fin aparente de coaccionar a los padres y madres para que se vayan de EEUU de forma voluntaria.

Lauren Bis, portavoz del DHS, rechazó responder a preguntas de The Guardian sobre la política oficial en separaciones familiares. La agencia niega estar separando a las familias y sostiene que “se pregunta a los padres si desean ser expulsados junto con sus hijos”. Bis asegura que estar detenido es “una elección” y que los padres inmigrantes pueden utilizar una app del Gobierno para “autodeportarse”.

No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo

E.F.A — Solicitante de asilo venezolana

Muchos de los progenitores que huyeron de situaciones peligrosas en sus países de origen no quieren arriesgarse a llevarse a sus hijos de vuelta con ellos. Y cuando los deportan de Estados Unidos sin sus hijos, la separación puede ser indefinida.

Este es el caso de la venezolana E.F.A., una mujer solicitante de asilo detenida de forma inesperada cuando acudía a una cita rutinaria del ICE en octubre. Antes de que la detuvieran, E.F.A. trabajaba en turnos de noche; y su marido, de día. De esa forma, siempre había uno de los dos en casa para atender a su hijo de dos años. Tras la detención, la congregación de su iglesia organizó un turno de cuidado de niños de forma que su marido pudiera seguir ganando el dinero necesario para mantener al hijo. Pero la situación es precaria: el marido de E.F.A. es también solicitante de asilo y teme que lo detengan, dejando al niño sin tutor. “No puedo evitar una tristeza y sensación de impotencia enormes por esta separación”, escribe E.F.A. en una declaración que sus abogados de la ONG Raíces compartieron con The Guardian.

Si E.F.A. fuera deportada a Venezuela, las cosas podrían complicarse aún más, dice. Debido a su activismo político, tanto ella como su marido siguen enfrentándose a la amenaza de la violencia. No quieren que su hijo viva allí, pero si abandona EE.UU. sin el niño, la reagrupación familiar podría resultar muchísimo más difícil. A los deportados les prohíben entrar en EE.UU. durante una década. Pero si ella y su marido decidieran llevarse a su hijo a Venezuela, se encontrarían con obstáculos logísticos y legales. En EE.UU. no hay consulados de Venezuela y el marido de E.F.A. no tiene ningún lugar en el que obtener un pasaporte nuevo para viajar. A pesar de que el Gobierno estadounidense sigue animando a los inmigrantes a “autodeportarse”, muchos venezolanos están teniendo dificultades en EE.UU. para conseguir los documentos de viaje necesarios.

E.F.A. explica que su salud y su cordura se están desmoronando en el centro de detención de Dilley, donde vive recluida. “No busqué ayuda psicológica porque no creo que nadie pueda aliviar el dolor de mi corazón, lo único que necesito es estar con mi hijo”, dice. Todas las noches llora hasta quedarse dormida.

Más perverso que en el primer mandato de Trump

Hace siete años, las separaciones familiares de la política de ‘tolerancia cero’ de Trump desató la indignación nacional después de que los medios difundieran fotos de agentes arrancando de brazos de sus padres a niños llorosos para meterlos en jaulas. Trump le puso fin oficialmente después de unas seis semanas, pero más de 5.500 niños habían sido separados ya de sus padres. Años después, cientos de padres siguen separados de sus hijos por la negligencia del Gobierno, que perdió el rastro de muchas familias a las que había obligado a separarse.

Según Kelly Kribs, abogada de la ONG por los derechos de los inmigrantes Young Center, la crisis de separaciones que se está desarrollando en la actualidad es aún más perversa. “Está provocando el mismo tipo de traumas que vimos desarrollarse allá por 2018”, dice Kribs, que trabajó durante años reagrupando a familias separadas por la política de tolerancia cero. “Pero la rapidez y magnitud de las separaciones de ahora han llegado a un nivel nunca antes visto”.

En los últimos meses, Kribs trabajó con progenitores detenidos o deportados lejos de sus hijos en Estados Unidos. Según un informe publicado a principios de 2026, el Gobierno está deportando a un número significativo de progenitores sin preguntarles antes si tienen hijos, ni darles la oportunidad de organizar su cuidado, en una aparente violación de sus propias políticas. Una vez que las familias quedan separadas, explica, por fronteras internacionales, reagruparlas puede resultar extraordinariamente difícil.

Es el caso del hondureño Oscar, de 32 años, deportado al país del que había huido después de que lo amenazara de muerte por su activismo ecologista. Pueden pasar meses o años antes de que pueda volver a estar con Ana, su esposa, y sus hijos de siete y nueve años, en Maryland. Él y su mujer habían solicitado asilo juntos, pero a él lo detuvieron durante una cita rutinaria, lo trasladaron a un centro de detención de Texas y lo deportaron. A Ana y a los niños sí se les concedió el asilo, y el abogado pidió que a Oscar se le permita la reagrupación familiar en EE.UU. Pero el trámite de estas solicitudes tiene “retrasos dramáticos”, según la ONG International Refugee Assistance Project.

En Honduras, el plan de Oscar es vivir oculto el máximo tiempo posible, evitando salir del apartamento a la calle. “Papá va a volver pronto”, les dice a los niños cuando habla con ellos. Les pide que se porten bien por el bien de su madre, que recuerden que no los abandonó por voluntad propia, y que piensen que, tal vez, todo forma parte del plan de Dios. “Vamos a superar esto, eso lo sé”, les dice. “Creo en la voluntad de Dios y sé que podré volver con vosotros”.

Las cosas se complican todavía más cuando padres e hijos no comparten la misma nacionalidad. Kribs cuenta la experiencia reciente de un venezolano deportado a México por el Gobierno de Estados Unidos (uno de los muchos casos en los que la Administración envía a los inmigrantes a un tercer país que esté dispuesto a aceptarlos). El hijo del venezolano deportado había nacido en Colombia y se quedó en Estados Unidos. Lo primero que hizo Kribs para ayudarlos fue pedir que Estados Unidos deportara al niño a México, pero México se negaba a acogerlo. El padre tuvo que encontrar la manera de llegar a Colombia, donde finalmente pudo reunirse con su hijo tras dos meses de separación.

Uno de los muchos obstáculos que Kribs tuvo que vencer en ese caso, y en muchos otros, fue cómo ayudar a un niño pequeño a cruzar fronteras sin un acompañante. Por lo general, los familiares que asumen la tutela tras la deportación de los progenitores tampoco tienen los papeles en regla y no pueden viajar con el menor. Conseguir que un no familiar acompañe a los menores requiere documentación notarial para que no haya riesgo de que el adulto sea detenido por sospecha de tráfico de menores.

La compleja y siempre cambiante política internacional también puede influir en la dificultad o facilidad con que un niño puede obtener los documentos de viaje adecuados. Las políticas de las aerolíneas sobre viajes de niños sin un acompañante no son siempre iguales. Incluso si la aerolínea lo permite, puede ser un viaje aterrador para un niño pequeño. “¿Cómo se puede esperar que un niño de seis años pase por aduanas y por inmigración por su cuenta?”, pregunta Kribs.

Según Kribs, se cuentan por cientos las familias que enfrentan obstáculos de este tipo para la reagrupación, trabas mundanas y gigantescas a la vez. Son cientos las madres y padres que no saben cuándo volverán a abrazar a sus hijos. “Creo que en parte por eso a la gente le resulta más difícil comprender este problema: la separación de las familias es algo que está pasando todos los días alrededor nuestro por todo el país, y eso hace difícil considerarla una crisis puntual”, dice Kribs. “Se convirtió en nuestra realidad cotidiana”.

Traducción de Francisco de Zárate.

Hace 25 años, en el Festival de Venecia, dos jovencitos mexicanos captaban todas las miradas. Se llamaban Gael García Bernal y Diego Luna, y presentaban en el certamen la película que les cambió las vidas, Y tu mamá tambien, de Alfonso Cuaron. Pasó un cuarto de siglo, y en un festival diferente, el de Cannes, se vuelven a cruzar. Su amistad se mantuvo desde entonces a prueba de balas, y siguen apoyando cualquier proyecto que emprendan. Por eso tampoco fue extraño ver entre el público del teatro Debussy a Gael García Bernal en la premiere de Ceniza en la boca, la adaptación del libro de la también mexicana Brenda Navarro que Diego Luna dirigió.

Una coproducción con parte española que muestra la migración a ese país de una familia. La madre y la hija terminarán limpiando por poco dinero las casas de los burgueses españoles, primero madrileños y luego barceloneses, mientras intentan formar una nueva vida alejada de la violencia y el terror que vivieron en México en una comunidad dominada por los narcos.

Aunque en la película la vida de la joven protagonista adquiera un poco de luz, Diego Luna deja claro que no quería marcar que Madrid fuera más hostil que Barcelona. Lo es para su personaje. “En efecto, Madrid es mucho más inhóspito para este personaje y Barcelona representa el pequeño chispazo de libertad que le toca vivir”, aclara.

Para la adaptación investigó de forma “profunda los entornos y los contextos que se retratan”. “Es muy interesante profundizar dónde están estas comunidades y sus diferentes versiones. Tú no eres latino, tú eres mexicano hasta que llegas a un lugar donde te dicen que eres latino porque hay esta necesidad de encontrar un recipiente en el que quepan todos, pero la comunidad latina tiene muchas aristas diferentes. Están los que acaban de llegar, los que nacen, los que están de paso, los que buscan su destino final…”, explica.

También subraya que aunque el lugar donde ocurre sea España, ese racismo y clasismo se encuentra en todo el mundo, aunque evidentemente las heridas del colonialismo ofrecen alguna diferencia: “Esto ocurre en todo el mundo, no es un problema solo de España, porque pasa también aquí en Francia y pasa en EE.UU. Hay una narrativa de confrontación y de conflicto entre ambos países. Para mí, la película es un intento por replantear eso. Desde el propio andamiaje de la producción buscamos eso, contar una historia que pasa en ambos países, y por eso vamos a escucharnos, vamos a trabajar juntos, vamos a hacer lo que deberíamos estar haciendo más, porque compartimos muchísimas cosas que nos permiten hablar de lo mismo”.

Una forma que debería ser la que ocurriera siempre, pero que no siempre se da. “La historia debe cargar un poco la lógica y la filosofía detrás del cómo se opera la maquinaria que produce. Y aquí lo llevamos a un extremo. No hay nadie más documentado que varias personas que trabajaban en esta película porque están hablando de su propia vida. Creo que hay un reclamo de ida y vuelta que atender y que me parece que nos está haciendo mucho daño”, añade.

El problema migratorio

Para él, “el problema migratorio es más profundo” y cree que, muchas veces, la gente piensa que aquellos que llegan de Latinoamérica a España lo tendrán más fácil por hablar la misma lengua, algo que Luna rechaza. “No es cierto, simplemente llegas más rápido a las otras capas, pero la confrontación es la misma que tiene el migrante en otros países. Se enfrentan al mismo nivel de violencia y de racismo, que tiene su origen en la ignorancia y en el miedo. Y eso te lo encuentras en todos lados, va más allá de un territorio en específico”, asevera.

Por eso confía que su película sirva para algo, que haga reflexionar: “Me gustaría que la película nos haga pensar, sobre todo, en aquellos que recibimos, porque cada vez van a ser más los que se muevan. Eso parece ser que no va a cambiar. Cada vez somos más los que recibimos y ojalá seamos más los que nos replanteamos cómo recibir a estas personas”.

La normalización de la violencia

Ceniza en la boca también muestra de forma sutil uno de los motivos por los que la gente huye de México, la violencia de los narcos en ciertas comunidades, algo que Diego Luna explica que incluyó de forma “deliberada porque es algo que ha estado pasando”. “Ha pasado en comunidades del ejército donde antes resultaba inconcebible que se pudiera vivir esa violencia. Cuando íbamos a rodar, alguien puso sobre la mesa un periódico que se preguntaba cuántas veces había pasado justo lo que estábamos contando nosotros, que una comunidad militar protegida y cerrada sufriera un ataque, una extracción”, explica sobre su película.

El punto de vista elegido, el de esta joven que vuelve a México, le sirve “para hablar de la normalización que tenemos con la violencia”. “Es muy raro ver a un personaje mexicano que no entiende esa violencia, y para mí eso es ella, porque sale a los 12 años a España y cuando regresa de adulta se topa con un México que no entiende y que ella no ha normalizado. Creo que estamos perdiendo la capacidad de asombro en México, y a través de su personaje quiero hacer ese comentario, porque nosotros deberíamos ser ese personaje. A nosotros nos debería incomodar ese nivel la violencia. En cambio, nosotros somos los demás en esa comunidad, los que no dicen nada, los que creen que no hay nada que se pueda hacer”, zanja.

A pesar de que “la violencia en México ha llegado a un punto donde se ha normalizado como algo que es parte de nuestro contexto”, no quiere sonar pesimista: “Espero no serlo con la violencia. La película retrata un momento concreto de esa comunidad, pero creo que hay esperanza en la tenacidad y en la resiliencia de ese personaje”.

Un refugiado casi ciego de Myanmar, que estaba desaparecido desde que fue liberado de una cárcel de Buffalo y puesto bajo la custodia de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., fue hallado muerto en una calle del centro de la ciudad de Buffalo (Nueva York), según informaron este miércoles las autoridades municipales.

Agentes de policía de la ciudad, situada al norte del estado de Nueva York, localizaron el cadáver de Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, el martes por la noche, según informó un portavoz del Departamento de Policía de Buffalo.

Shah Alam estaba desaparecido desde el 19 de febrero, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. lo dejaron en una cafetería a kilómetros de su casa tras su puesta en libertad de una cárcel del condado, donde había pasado gran parte del último año a la espera de juicio por cargos penales que dieron lugar a un acuerdo de declaración de culpabilidad por un delito menor.

Los detectives de homicidios están investigando las circunstancias de la muerte de Shah Alam, dijo el portavoz. La presidenta de CAPAC –el caucus Asiático-Americano del Congreso–, la demócrata Grace Meng (Nueva York), y el congresista Tim Kennedy (demócrata por Nueva York) emitieron la siguiente declaración conjunta sobre la muerte de Nurul Amin Shah Alam: “Estamos indignados por la trágica muerte de Nurul Amin Shah Alam. Los agentes de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos abandonaron a un hombre que estaba casi ciego, no hablaba inglés y padecía graves problemas de salud a kilómetros de su hogar sin notificar a su familia. Esta decisión fue un profundo incumplimiento del deber y de la decencia humana básica que le costó la vida a un hombre. Debe haber una investigación completa y exhaustiva sobre por qué ocurrió esto”.

“Como miembros del Congreso, exigiremos respuestas y responsabilidades a la Administración Trump, incluyendo a Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos”, añaden.

El alcalde de Buffalo, Sean Ryan, demócrata, dijo en un comunicado el miércoles que la muerte de Shah Alam era evitable y que era el resultado de una decisión “inhumana” de las autoridades federales de inmigración.

“Un hombre vulnerable, casi ciego e incapaz de hablar inglés, fue abandonado solo en una fría noche de invierno sin que se hiciera ningún intento por dejarlo en un lugar seguro”, afirmó Ryan, informa Reuters: “Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana”.

En una declaración a Investigative Post, un medio de comunicación con sede en Buffalo, un portavoz de la CBP dijo que los agentes dejaron a Shah Alam en una cafetería después de determinar que había entrado en el país como refugiado y no podía ser deportado: “Los agentes de la Patrulla Fronteriza le ofrecieron llevarlo en coche, y él aceptó ir a una cafetería, que se consideró un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de ser liberado directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. No mostró signos de angustia, problemas de movilidad o discapacidades que requirieran asistencia especial”.

Las temperaturas en Buffalo, una ciudad cerca de la frontera con Canadá, estaban por debajo de cero el fin de semana pasado.

La Fiscalía del Condado de Erie dijo que Shah Alam fue detenido hace un año tras un incidente que terminó con heridas leves a dos agentes de policía de Buffalo, informa Reuters.

Shah Alam fue puesto en libertad bajo fianza este mes después de aceptar un acuerdo con la fiscalía, según informó la Fiscalía.

Tras la detención de Shah Alam, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos emitió una orden de detención migratoria, una solicitud formal para tomar bajo custodia a un no ciudadano tras su puesta en libertad prevista tras su detención penal.

En respuesta a esa orden de detención migratoria, la Oficina del Sheriff del condado de Erie se puso en contacto con la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos antes de la puesta en libertad de Shah Alam, según informó un portavoz de la oficina del sheriff.

Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, dijo en un mensaje de texto que la detención de su padre hace un año se debió a un malentendido con los agentes de policía. Shah Alam, que no hablaba inglés, había salido a dar un paseo y había estado utilizando una barra de cortina que había comprado como bastón, dijo Faisal.

Shah Alam se perdió y entró en la propiedad de un residente de Buffalo que llamó a la policía, dijo Faisal. Cuando Shah Alam no entendió las órdenes de la policía de soltar la barra de cortina, lo arrestaron, dijo su hijo. Tras su puesta en libertad la semana pasada, “nadie nos dijo a mí, a mi familia ni a mi abogado dónde habían dejado a mi padre”, dijo Faisal, quien dijo que Shah Alam no sabía leer, escribir ni utilizar dispositivos electrónicos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, advirtió este lunes al mandatario electo de Chile, José Antonio Kast, que evite meterse con los migrantes venezolanos en ese país, en medio de los señalamientos que, asegura, está haciendo contra sus compatriotas.

“Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan. ¡Cuidadito! Escúcheme bien, oyó, que el que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, dijo el gobernante en su programa de televisión 'Con Maduro+', transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Por su parte, el presidente electo en Chile le respondió antes de partir rumbo a la Argentina, donde se reúunirá con Javier Milei: “Me tiene sin cuidado. Es un narcodictador que está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos”, sostuvo Kast.

“Deje quieto a quien quieto está”, insistió Maduro al criticar el discurso del ultraderechista sobre los migrantes, quienes, dijo, tienen “derechos y la constitución chilena se los debe garantizar”.

En ese contexto, Maduro invitó a sus compatriotas “con mucho respeto” a volver al país y anunció un plan especial de apoyo para los venezolanos en Chile que quieran regresar a través del programa gubernamental Vuelta a la Patria, que estará coordinado por la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y la presidenta de ese plan, Camilla Fabri.

“Si yo pudiera enviar 100 aviones para traérmelos en boletos gratis a toditos lo haría mañana, como nos estamos trayendo a todos los migrantes de Estados Unidos, liberándolos y rescatándolos del presidio (...) todo el que se quiera regresar tendrá nuestro apoyo decidido”, añadió.

Previamente, Maduro aseguró que el “nazifascismo” pretende “imponerse otra vez” en Chile.

Además, el considerado número dos del chavismo, Diosdado Cabello, dijo en esta jornada que el triunfo de Kast de Chile se dio por la “tibieza” con la que gobierna Gabriel Boric.

Ultraliberal en lo económico, Kast se convertirá en marzo en el primer pinochetista en llegar al poder tras el fin de la dictadura hace 35 años luego de imponerse en las 16 regiones del país y cerrar la segunda victoria en segunda vuelta más amplia desde el retorno a la democracia (la primera fue la de Michelle Bachelet contra Evelyn Matthei en 2013).

Uno de los ejes centrales de Kast es el tema migratorio. Centró su discurso en la expulsión de inmigrantes en situación irregular, aunque durante la campaña fue moderando el tono y llegó a plantear que buscaba “invitarlos a salir” del país.

En su plan denominado 'Escudo Fronterizo', con claras similitudes a la política de Trump, llevada a cabo por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), defiende la instalación de muros de más de 5 metros de altura, zanjas, drones con reconocimiento facial y radares térmicos.

También defiende el uso de la fuerza del Estado en los casos necesarios en la frontera. Asimismo, se comprometió a sancionar a los empleadores que contraten inmigrantes irregulares y prohibirá alquilar viviendas a este tipo de inmigrante.

La respuesta de Kast: “Es un narcodictador”

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, tildó este martes de “narcodictador” al presidente venezolano, Nicolás Maduro, en respuesta a su advertencia de que en su futuro Gobierno evite meterse con los migrantes venezolanos.

Kast, que ganó las elecciones presidenciales con un 58,1% de los votos y se convertirá en el primer presidente de ultraderecha en llegar al Gobierno desde la democracia, dijo que Maduro “es un dictador” y que sus palabras lo “tienen sin cuidado”

“Es un dictador, un narcodictador, que hoy está pasando momentos difíciles por la presión que está ejerciendo Estados Unidos, y seguramente luego quizás otros países, porque la exportación de la droga no es aceptable”, apuntó desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago, minutos antes de volar hacia Argentina para reunirse con el presidente Javier Milei.

A diferencia de otros presidentes de izquierda de la región, Maduro no felicitó a Kast por su triunfo y recordó su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990): “Usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito si le toca un pelo a un venezolano, los venezolanos se respetan”, dijo el gobernante en su programa de televisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

“El que se mete con Venezuela se seca y usted se puede secar aceleradamente, señor Kast”, agregó.

Kast votó sí a la continuidad de la dictadura de Pinochet en el plebiscito de 1988 y ha defendido el régimen en varias ocasiones durante su carrera política.

Su gran promesa es formar un “gobierno de emergencia” con el que aplicar mano dura contra la delincuencia y la migración irregular y solucionar la “peor crisis de las últimas décadas” en la que está sumida Chile. Entre otras medidas, propone expulsiones masivas de migrantes, mayor despliegue policial, blindaje de la frontera norte con vallas y zanjas y tipificar la migración irregular como un delito.

Durante su campaña llevó una cuenta atrás con los días que les quedan a los cerca de 340.000 migrantes irregulares que viven en Chile para abandonar voluntariamente el país antes de que asuma el poder.

Tras la apabullante victoria de Kast, el Gobierno de Chile también reaccionó el lunes a las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” e hizo un llamado a “resistir con la espada de Bolívar en alto” a los países de la antigua Gran Colombia, el Estado que existió entre 1819 y 1831 y del cual formaron parte lo que hoy son Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá.

El Gobierno del progresista Gabriel Boric, que el lunes comenzó la transición con su sucesor de signo radicalmente opuesto, entregó una carta de protesta al embajador de Colombia en el país suramericano por las “inaceptables” declaraciones de Petro.

Kast, exdiputado de 59 años, ganó el domingo las elecciones en las 16 regiones del país y superó por casi 17 puntos a la izquierdista Jeannette Jara, que obtuvo el 41,83%.

EFE

La tiktoker colombiana Leidy Tatiana Mafla-Martínez —conocida como Tatiana Martínez— fue detenida este lunes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) mientras realizaba una retransmisión en directo a través de la red social.

Martínez compartía vídeos en su perfil alertando a la comunidad latina de las zonas que frecuentaba el ICE (“el hielo”, como le denomina, por la traducción del acrónimo). En los fragmentos difundidos sobre su violento arresto, en los que los agentes sacan a la colombiana del asiento del pasajero del coche en el que se encontraba grabando, esta implora al ICE: “No me pueden tratar así, no soy una criminal”.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional celebró su detención en su perfil de X, alegando que la influencer es “una extranjera indocumentada de origen colombiano que fue condenada por conducir bajo la influencia del alcohol en Los Ángeles [California]”.

Asimismo, el DHS (por las iniciales en el idioma original) contrapone la actuación del actual presidente de Estados Unidos con la de su predecesor: “Martínez ingresó al país en 2022 y fue liberada por el gobierno de Biden. Bajo la presidencia de Trump y Kristi Noem [la responsable de Seguridad Nacional], si infringes la ley, afrontarás las consecuencias”.

Según recoge la revista estadounidense Newsweek —a la que cita el organismo en la publicación de X—, la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, ha asegurado que Martínez fue arrestada por una condena previa por conducir bajo los efectos del alcohol.

Un perfil para dar a conocer los derechos de los migrantes

La tiktoker cuenta con más de 44.200 seguidores en la citada red social y acumula más de 134.400 'me gusta' en su perfil. Entre los vídeos compartidos por Tatiana Martínez (@tatianamartinez_02) se encuentran denuncias de arrestos a trabajadores inmigrantes mientras ejercían su oficio, así como alertas de los lugares en los que se llevan a cabo redadas por parte de los agente de detención del ICE.

Estos agentes de inmigración se han convertido en una especie de milicia para la agenda de la extrema derecha de Estados Unidos, rodeados de secretismo y, muchas veces, incluso enmasacarados. Así lo explica el periodista Ben Makuch en un análisis publicado en este periódico, en el que destaca el miedo infundado por la agencia political, que ha convertido en habituales las advertencias sobre los lugares en que se producen arrestos y el aspecto de vehículos camuflados.

“Muchas personas se preguntan: ¿es legal el mandato del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE? Las respuestas a esta pregunta son variadas, y algunos aspectos se están debatiendo en los tribunales, pero, en teoría, la unión de una fuerza policial nacional con la policía local debería tener límites”, escribe Makuch.

De la reacción ante el ICE al despliegue de la Guardia Nacional

En la ciudad en que ha sido detenida Martínez, las redadas contra migrantes han sido reiteradas en los últimos meses. En junio, las protestas contra el ICE llevaron a Trump a enviar 2.000 soldados de la Guardia Nacional para aplacar las manifestaciones.

“Si el gobernador de California, Gavin Newscum [juego de palabras peyorativo que mezcla el apellido real ‘Newsom’ con scum (escoria)], y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no pueden hacer su trabajo —y todo el mundo sabe que no pueden—, el Gobierno federal intervendrá y resolverá el problema de los disturbios y los saqueadores como debe resolverse”, llegó a publicar el presidente de EEUU en su red social.

Estas redadas se produjeron mientras el Gobierno de Trump intensificaba su promesa de llevar a cabo deportaciones masivas en todo el país. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, calificó las operaciones como un intento de “sembrar el terror” en la segunda ciudad más grande de EEUU.

Desalambre, para elDiario.es

La dirección del PP de Alberto Núñez Feijóo dejó sola a Isabel Díaz Ayuso en su intento de boicotear el reparto de un millar de menores migrantes que se encuentran en Canarias y que este lunes el Gobierno empezó a distribuir por centros pertenecientes al Estado ubicados en distintas comunidades autónomas. Génova 13 utiliza la decisión del Tribunal Supremo de ordenar al Gobierno central a hacerse cargo de esos niños y jóvenes como un elemento más de su permanente campaña de desprestigio, descrédito y ataque al Ejecutivo progresista, pero no para oponerse a su reparto por centros estatales como hizo Ayuso, maniobrando con el único objetivo de que ninguno de ellos llegue a Madrid.

A finales de julio, uno de los feudos más importantes del PP de Ayuso, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid), ordenó el cierre del centro de refugiados de la ciudad precisamente por el rechazo del equipo de la presidenta de la Comunidad a la posibilidad de que dichas instalaciones pudieran ser el destino de algunos de los menores solicitantes de asilo tras la orden del Supremo al Gobierno central. Se trata de un centro de dependencia estatal pero el consistorio alegó que no dispone de licencia de uso residencial pese a que allí viven desde hace años casi 500 personas, la mayoría ucranianas, pero también latinoamericanas, acogidas por el Estado.

Ayuso y sus colegas de partido en Madrid no opusieron resistencia a que el mencionado centro acogiera a esas personas ucranianas, pero sí rechazan la llegada de los menores que ahora se encuentran en Canarias, que son de origen africano y que huyen de los conflictos bélicos y económicos en sus respectivos países.

En una actuación coordinada, además, el Ayuntamiento de la capital, también en manos del PP, busca seguir los pasos de Pozuelo respecto a otro centro de acogida estatal situado en el distrito de Carabanchel de Madrid. Y en Alcalá de Henares el ayuntamiento de PP y Vox aprobó en julio una iniciativa para tratar de cerrar otro centro de acogida estatal que desde hace meses lleva siendo el objetivo de ataque de grupos neonazis y de extrema derecha, todo ello con el apoyo de la propia Ayuso, que ha llegado a acusar al Gobierno de “castigar” a Madrid por atender a niños y jóvenes migrantes en centros situados en la Comunidad.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha insistido en las últimas semanas que el centro de Pozuelo que el PP madrileño quiere cerrar es un edificio de la Seguridad Social que se cedió a Migraciones en 2022 “para atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania”. “Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional y nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”, sostiene el equipo de Elma Saiz.

El PP gobierna en coalición en Canarias

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, considera que la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro de acogida de la ciudad cuando estaban a punto de llegar esos jóvenes africanos es un ejercicio de “racismo preventivo”. “Nosotros pensamos en los individuos, en cómo solucionar los problemas de las personas”, le respondió Fátima Matute, la consejera de Sanidad del Gobierno de Ayuso, que defendió su intento por cerrar los centros de Pozuelo, Carabanchel o Alcalá al considerar que “no tienen las condiciones adecuadas para que habiten personas” aunque son residencias para migrantes desde hace años.

Aunque Feijóo, en su comparecencia de balance del curso político, sí apoyó la competencia del Ayuntamiento de Pozuelo para cerrar el mencionado centro, tanto él como su equipo se han distanciado del Gobierno de Ayuso sobre la acogida de niños y jóvenes migrantes en sus comunidades autónomas y defienden que esas administraciones en sus manos reciban a menores provenientes de Canarias en centros estatales, en cumplimiento del mandato del Supremo. Se da la circunstancia de que uno de los principales interesados en que se produzca ese reparto es el Gobierno de Canarias que preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, que gobierna precisamente en coalición con el PP.

“Yo no tengo toda la información, pero lo que he leído es que quien ha decidido no autorizar ese centro por incumplimiento de la legislación urbanística es el Ayuntamiento de Pozuelo, no la señora Ayuso. Por lo tanto, cada gobierno tendrá sus responsabilidades. Un alcalde, un concejal de urbanismo que acepte que se utilice un centro para una actividad que no está habilitado urbanísticamente, tiene que actuar. Lo que es sorprendente es que un gobierno quiera utilizar un centro que no cumple la normativa urbanística para hacer una actividad que está prohibida. Eso es lo que es sorprendente”, aseguró Feijóo, ciñéndose a considerar el cierre del centro de Pozuelo como un acto administrativo y sin tener en cuenta que esas mismas instalaciones acogen a migrantes ucranianos desde hace años.

A renglón seguido, en cambio, Feijóo pedía al Gobierno que iniciara el reparto en otros centros. “Cumplir la ley es lo correcto. Incumplirla desde el gobierno es absolutamente sorprendente”, aseguró. “El Gobierno tiene desde hace semanas una sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a tutelar a los menores que han pedido asilo, que son más de 1.000. Y el Gobierno sigue incumpliendo las sentencias del Tribunal Supremo”, afirmó, antes de matizar: “Lo que no podemos es tutelar a menores cuando no tenemos ni herramientas, ni medios, ni capacidades para cumplir la ley del menor”.

Este lunes, el vicesecretario económico del PP, Juan Bravo, se limitaba a criticar al Ejecutivo porque, según él, “parece que habla de paquetes cuando habla del reparto”. “Son personas y en este caso menores. Yo creo que debería tener una sensibilidad especial”, añadía. “El Gobierno ni tiene política migratoria ni tiene política de respuesta”, apuntaba, antes de matizar que el Ejecutivo “tiene que dar respuesta a lo que ha dicho el Tribunal Supremo”, sin referirse a la postura de Ayuso.

La semana pasada, el secretario general del PP, Miguel Tellado, recordó que “ha sido el Tribunal Supremo el que le ha dicho al Gobierno de España que se tiene que hacer cargo con sus propios medios de la atención de estos menores”. “Esa es la prioridad en estos momentos: comprobar que efectivamente el Gobierno de España, el Gobierno de Sánchez, atiende a sus propias responsabilidades y a sus propias competencias”, apuntó, defendiendo el reparto ordenado por el alto tribunal.

“Tenemos un Gobierno incompetente, muy dado a la demagogia, pero que desde luego está fuera de toda realidad y, por lo tanto, nosotros lamentamos la falta de información por parte del Gobierno que no le ha explicado a nadie cómo pretende resolver estos traslados de menores, que es la prioridad en estos momentos”, añadió, limitándose a pedir más información al Ejecutivo, pero sin oponerse al reparto de los menores, como hace el Gobierno de Ayuso.

“Nosotros tenemos una posición tremendamente clara con respecto a esta cuestión. Estamos a favor de la inmigración legal y estamos en contra de la ilegal. Lamentablemente en España tenemos un Gobierno que carece de política migratoria y esta posición es la más inhumana que pueda adoptar cualquier gobierno fuera de los consensos comunitarios, fuera de los consensos internacionales. Tenemos un gobierno irresponsable y se puede encontrar más responsabilidad en la oposición que en sí mismos”, agregó Tellado, defendiendo a sus propias administraciones.

El Gobierno de Ayuso habla de “macrocampamentos”

En cambio, el Gobierno de Ayuso se ha desmarcado de ese cumplimiento por el resto de las administraciones del PP. En su última comparecencia pública, el portavoz de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, pedía el “cierre inmediato” de los que denominaba como “tres macrocampamentos”, en alusión a los ya citados centros de acogida de Alcalá de Henares, Carabanchel y Pozuelo. El portavoz de Ayuso criticó que “la única medida de política migratoria que ponga en marcha” el Ejecutivo central sea “repartir en las distintas comunidades autónomas a personas”. “Lo único que saben es echar balones fuera y tratar de criticar y de cuestionar las decisiones que toman otras administraciones públicas”, remarcó.

Ayuso y su equipo no han escatimado en palabras en las últimas semanas para tratar de vincular a migrantes con delincuencia, en una estrategia idéntica a la extrema derecha de Vox y de otros partidos ultras del resto del mundo. En julio, la propia presidenta dijo que la llegada de “migrantes” es un “problema” que ha sido “provocado y está perfectamente medido por el Gobierno para crear problemas de convivencia, saturar los servicios públicos y reventar el país”. Y en los últimos meses ella ha llegado a equiparar los problemas de la heroína en los años 80 con la llegada de menores migrantes.

Su gobierno mantiene además sendos recursos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 658/2025 con el que el Gobierno reguló el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas en casos de saturación de los territorios habituales de acogida, como Canarias, Ceuta o Melilla. Este rechazo sí es compartido por la dirección del PP y por otras comunidades autónomas, que también han presentado sus propios recursos.

Con todo, el Gobierno inició este lunes el traslado de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Por el momento se ha desplazado tan solo a diez y Migraciones ha explicado que esos traslados se irán sucediendo de forma semanal y prioritariamente a recursos pequeños, de titularidad estatal, a lo largo de todo el territorio, aunque ante lo ocurrido con el cierre del centro de Pozuelo el Ejecutivo no tiene previsto incluir a Madrid en este primer reparto.

El Ejecutivo recuerda que los menores solicitantes de asilo presentan un perfil “altamente vulnerable”, ya que muchos de ellos se encuentran solos huyendo de guerras y que casi el 90% de las personas que están entrando en este procedimiento son malienses.

Desde su hall en una casa de campo a pocos minutos en auto del barrio de San Antonio, Jessica reconoce que su entorno familiar la educó en el rechazo a los marroquíes desde muy pequeña. “Fui educada en una familia cristiana, racista y de campo. Mi madre trabajaba en los invernaderos, tenía una cuadrilla de diez o doce marroquíes a su cargo y los odiaba solo por ser quienes eran. Le molestaba que no la entendieran, cómo se vestían, decía que olían mal. Yo crecí con esa base, rechazando todo lo que tuviera que ver con ellos”, cuenta. Su madre falleció cuando Jessica tenía 12 años, pero ese legado de prejuicio permaneció en ella durante años.

Tiempo después, conoció a su actual marido, Munir, un joven marroquí con quien ahora lleva seis años casada y con quien tiene una hija. “Al principio yo no quería saber nada de relaciones, menos aún con un marroquí, porque había tenido una experiencia muy mala con otro chico. Pero Munir fue insistente, paciente y generoso. Incluso antes de saber si estaríamos juntos, venía en bicicleta desde San Cayetano solo para ayudarme a reformar mi casa, que estaba en ruinas. Poco a poco me demostró que era una buena persona y empezamos a salir, y nos casamos”, cuenta Jessica.

Jessica defiende que la convivencia en Torre Pacheco es mucho mejor de lo que a menudo se dice, aunque reconoce que la sociedad local aún está segmentada por niveles socioeconómicos. “Aquí, los ricos van con los ricos, los pobres con los pobres, sean españoles o marroquíes. Pero eso no impide que haya buena convivencia diaria. Yo misma compro en tiendas marroquíes y españolas por igual, y jamás he tenido problemas”, asegura.

Sobre los conflictos recientes, Jessica cree que no reflejan la realidad cotidiana del municipio y denuncia que la tensión surgida responde más a la provocación de pequeños grupos ultra que al sentir general de la población. “Yo misma fui al barrio de San Antonio durante los enfrentamientos a pedir calma, y los vecinos, en su mayoría marroquíes, me protegieron y me respetaron. Lo que ha pasado estos días no representa lo que realmente somos aquí”, concluye.

Lo que el deporte une

En Torre Pacheco hay censadas 96 nacionalidades diferentes. En los últimos años, su población ha crecido significativamente hasta alcanzar las 40.000 personas, lo que ha generado, irremediablemente, cambios en la dinámica social del municipio. Según explica José Andrés, entrenador de fútbol sala local, esta transformación demográfica ha cambiado las relaciones sociales: “Cuando yo era un crío, todo el mundo nos conocía. Ahora ya no es así, porque somos muchos más. Esto provoca cierta sensación de inseguridad, pero no por culpa de los inmigrantes, sino por el crecimiento general”.

El deporte, y especialmente el fútbol, se ha convertido en un espacio clave para la integración real entre jóvenes españoles y marroquíes. José Andrés, que tiene 21 años, lleva once temporadas vinculado al club local, primero como jugador y ahora como entrenador, y asegura que la convivencia es natural y fluida: “Aquí los chavales juegan juntos sin problemas. Es común ver amistades que nacen en el deporte y luego se trasladan fuera, a la vida cotidiana”. Los lazos generados en torno al deporte también implican directamente a las familias. Según el entrenador, no es raro ver cómo los padres de diferentes nacionalidades interactúan y conviven con normalidad: “He tenido chavales marroquíes cuyos padres se han integrado perfectamente, participando en comidas o cenas con las familias españolas. Estas relaciones permanecen en el tiempo y fortalecen la convivencia”.

José Andrés reconoce que la presencia de jugadores marroquíes ha ido aumentando progresivamente, aunque siempre sin generar conflictos específicos: “La conducta problemática de un chico no tiene nada que ver con su origen. En el club se interviene igual con cualquier chaval que cause problemas, independientemente de su procedencia”. Además, destaca que el público que asiste regularmente a los partidos también refleja la diversidad del municipio, creando un ambiente de integración visible y real que dista mucho de las narrativas de tensión que suelen difundirse.

“Para hacernos socios no nos miramos el color de piel”

Marouan y Toni se conocieron hace un par de años en el mercadillo de Los Alcázares. Toni tenía en mente montar un puesto de grifería, aprovechando que su padre formaba parte de una empresa relacionada con productos como platos de ducha y grifos. Así, decidió probar suerte en el mercadillo donde trabajaba el padre de Marouan. Fue precisamente el padre de Marouan quien se convirtió en uno de sus primeros clientes y quien rápidamente valoró la habilidad comercial de Toni.

Ambos jóvenes conectaron desde el primer momento: “Nos parecimos mucho desde el principio, somos chicos avispados, con ganas de trabajar y con la idea clara de emprender”, explica Toni. La sintonía personal pronto derivó en una sociedad empresarial. Comenzaron con una pequeña tienda piloto en Los Alcázares, de apenas 70 metros cuadrados. “Lo hicimos con miedo, porque pusimos todos nuestros ahorros. Mi padre nos ayudó algo, pero básicamente nos lanzamos por nuestra cuenta”, recuerda Toni. La apuesta funcionó mejor de lo esperado y, en solo nueve meses, trasladaron su negocio a Torre Pacheco, ampliando la superficie a 310 metros cuadrados. Hoy tienen una tienda consolidada y hasta han abierto un canal de ventas online a nivel nacional.

Marouan tiene 24 años, Toni apenas 20. El emprendimiento siendo tan jóvenes les ha llevado a madurar muy deprisa. “Hay cosas del día a día, facturas, impuestos, proveedores, que aprendes a golpes. Es muy complicado, pero estamos decididos a sacarlo adelante”, señala Toni. “Nuestros padres tenían miedo al principio”, reconoce, “pero sabíamos que si no nos lanzábamos nunca aprenderíamos. Esto te obliga a crecer rápido, a base de mucho esfuerzo”. Ahora trabajan mañana y tarde, reparten personalmente sus pedidos online y gestionan juntos cada decisión del negocio, ubicado frente a un cartel publicitario de Vox con Abascal dando un mitin en la plaza del Cardenal Belluga de Murcia.

Marouan, cuyo padre emigró a España hace treinta años, resalta el esfuerzo extra que implica emprender siendo joven y migrante: “Mi padre llegó primero y estuvo seis años trabajando duro sin vernos para traernos. Somos otro ejemplo del trabajo constante que caracteriza a la mayoría de los inmigrantes aquí”. Ambos socios se oponen con firmeza a cualquier forma de violencia y defienden la convivencia pacífica y cotidiana que, pese a todo, predomina en Torre Pacheco.

Tanto Toni como Marouan rechazan tajantemente que la localidad sea presentada como un foco de conflicto permanente. “Da pena que algunos incidentes aislados puedan poner en duda años de convivencia pacífica. Nosotros mismos somos prueba de que nunca valoramos nuestro origen al decidir ser socios”, explica Toni. Y su compañero añade: “La mayoría de los marroquíes que estamos aquí venimos a trabajar duro, igual que cualquier español. Pero cuando alguien comete un delito, automáticamente se nos señala a todos”. Considera que esto es injusto y que perjudica gravemente la imagen de todos los migrantes que, como él, solo desean sacar adelante su vida y sus proyectos.

Chilaba y mercería

El bazar de Rachid, en pleno centro de Torre Pacheco, es un hervidero discreto donde entran y salen vecinos de toda procedencia. Mientras conversa con este periódico, un par de mujeres españolas revolotean entre las estanterías, comentan en voz alta los colores de unos vestidos y se llevan varias piezas. A ratos, se escucha también algún cliente que pide un producto en árabe. La escena transcurre con absoluta normalidad, igual que en cualquier tienda de barrio.

Rachid lleva once años al frente del negocio, tras pasar otros tantos en el campo y en los mercadillos. “Aquí viene todo el mundo: españoles, colombianos, marroquíes... Nunca ha habido problemas con nadie”, asegura mientras despacha y atiende. A lo largo de la entrevista, interrumpe varias veces para guiar a clientes que le preguntan por una dirección o por dónde queda tal o cual tienda. “Si alguien me pregunta, sea quien sea, yo paro y le ayudo. Así nos llevamos aquí”, explica con naturalidad.

Durante los disturbios racistas recientes, Rachid llegó a cerrar unos días por precaución. “Esa semana sí, mejor cerrar. Pero en el pueblo nunca había pasado esto antes”, lamenta. Reivindica el papel de quienes, como él, contribuyen a la vida económica del municipio sin más ruido que el de la caja registradora. “Aquí somos como hermanos, con respeto. El que ayuda, ayuda, da igual de dónde sea”, resume mientras coloca género en los estantes.

La poca asistencia a las concentraciones, la procedencia foránea, aunque española, de buena parte de los ultras de los pogromos y el ambiente paralelo de normalidad que se respira en Torre Pacheco contrasta mucho con el relato que circula por redes hasta sublimarlo. Torre Pacheco, después de una semana de disturbios, recupera una normalidad de la que la mayoría de sus vecinos nunca se ha desapegado; el municipio del Campo de Cartagena y sus habitantes han resultado ser un pueblo que muy poco tiene que ver con la guerra que estos días se ha librado en él.