Los detenidos viajaban esposados a bordo del avión de deportación estadounidense y nadie les decía adónde los llevaban. Cuentan que los agentes que los custodiaban se burlaban de ellos cuando preguntaban. Los 18 migrantes no descubrieron su destino hasta que las pantallas de los asientos mostraron por fin un mapa. Su destino era la República Centroafricana, un país del que pocos de ellos habían oído hablar.

Nika, una iraní de 32 años, recuerda cómo las esposas se le clavaban en las muñecas. Suplicó a los agentes que se las aflojaran, pero no lo hicieron. Otros pasajeros lo pasaron peor. Ella cuenta que a algunos hombres los inmovilizaron con correas negras y amarillas que les envolvían el cuerpo, como si estuvieran momificados, después de que se resistieran a subir al avión.

Nika, que había huido de Irán 18 meses antes después de protestar contra el régimen, había imaginado Estados Unidos como un refugio. Cuando se fue, Irán ya era uno de los países más represivos del mundo, y desde entonces la situación no había hecho más que empeorar: este año, las fuerzas de seguridad mataron a tiros a miles de manifestantes y, después, la Administración Trump lanzó una guerra contra el país.

Tras más de un año recluida en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, Nika —nombre ficticio que The Guardian utiliza para proteger a su familia en Irán— obtuvo protección legal y quedó en libertad por orden judicial. Menos de dos semanas después, el Departamento de Seguridad Nacional volvió a detenerla. Días más tarde, viajaba en un avión rumbo a un destino situado a más de 11.000 kilómetros al este.

“Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, explicó a The Guardian: “África me es completamente desconocida”.

El Departamento de Estado de Estados Unidos desaconseja a sus ciudadanos viajar a la República Centroafricana por motivos de seguridad. Nika pasa la mayor parte del tiempo recluida por miedo, sin atreverse a salir de su pequeña habitación. Espera una respuesta a la pregunta de la que depende su vida: ¿la devolverán a Irán, donde el régimen podría matarla?

Deportaciones a otros países

Nika es una de las más de 25.000 personas deportadas por la Administración Trump a países que no son los suyos. De ellas, unas 20.000 fueron trasladadas en bus a México, según un recuento de Refugees International y Human Rights First. A estas se suman más de 5.000 personas enviadas en avión a países de África, América Latina, el Caribe y Asia Central con los que no tienen ningún vínculo. Muchas veces, desde esos países las devuelven a sus lugares de origen, pese a que jueces de inmigración estadounidenses determinaron que su vida o su libertad corrían peligro si regresan.

Los abogados de derechos humanos consideran que estos acuerdos de deportación a terceros países forman parte de una “demostración de fuerza” con la que Estados Unidos busca disuadir a migrantes y solicitantes de asilo de entrar en el país. Personas de Perú y Colombia fueron enviadas a la República Democrática del Congo. El 20 de agosto, cuatro cubanos, un brasileño y un camerunés se negaron a bajar del avión en Liberia y terminaron siendo enviados a Guinea Ecuatorial.

La investigación

Para reconstruir con el mayor detalle posible una política aplicada en gran medida a puerta cerrada, The Guardian se unió a otros 23 medios en el Proyecto Deportación, una investigación conjunta coordinada por Forbidden Stories, una red internacional de periodismo de investigación con sede en París. El consorcio entrevistó a más de 100 personas afectadas por los esfuerzos de Estados Unidos para terminar con la llegada de migrantes sin autorización y examinó documentos sobre los acuerdos alcanzados por la Administración Trump con gobiernos de todo el mundo.

La investigación rastreó más de 100 vuelos que trasladaron a migrantes y solicitantes de asilo a 28 países distintos. La cifra real probablemente sea mayor: la investigación solo contabiliza los vuelos que el consorcio pudo verificar de forma independiente.

También se pudo constatar que el ritmo de los vuelos se acelera. Tras una primera oleada al principio del segundo mandato de Trump, las deportaciones volvieron a dispararse en agosto: según Human Rights First, se registró un máximo de 16 vuelos con destino a 13 países distintos de los de origen de las personas deportadas.

La batalla legal

Un tribunal federal de apelación de Estados Unidos dictaminó en septiembre que las deportaciones a terceros países son ilegales porque vulneran el derecho al debido proceso: las personas afectadas no reciben la notificación con tiempo suficiente para recurrir la decisión de enviarlas a otro país. Pero el Gobierno recurrió la sentencia y el Tribunal Supremo permitió unos días después la reanudación de estos vuelos mientras analiza el fondo del asunto.

Un portavoz del Departamento de Estado afirma que aplicar las políticas migratorias de la Administración Trump es una “prioridad máxima” y asegura: “Mantenemos firme nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y masiva y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos”. Y añade: “El Gobierno estadounidense utilizará todos los medios legales para expulsar a quienes no tengan derecho a permanecer en nuestro país”.

La Administración Trump sostiene que las personas a las que deporta son delincuentes. Sin embargo, documentos obtenidos por The Washington Post para esta investigación muestran que la mayoría de los 35 países que firmaron acuerdos con Estados Unidos se niegan a aceptar a personas con antecedentes por delitos violentos.

Entre las personas obligadas a subir a esos aviones hay quienes pasaron casi toda su vida en Estados Unidos, madres y padres detenidos mientras llevaban a sus hijos al colegio y personas adultas que cuidaban de sus padres mayores.

Muchas habían demostrado ante un juez de inmigración que corrían peligro si regresaban a su país de origen, por lo que se había prohibido deportarlas. A Nika se le concedió la “suspensión de la expulsión”; una protección para quienes pueden sufrir daños graves en su país, pero no reúnen los requisitos para obtener asilo. El 28 de mayo quedó en libertad tras pasar por un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Podía buscar trabajo, trabajar y permanecer en el país.

El golpe de efecto

La abogada de Nika, Sahar Jalili, también es iraní y estudió en Teherán, como su clienta. Asumió el caso mientras estaba embarazada y muchas veces trabajaba hasta quedar exhausta. “Podría haberme pasado a mí”, dice sobre lo que le ocurrió a Nika.

Al revisar el expediente, Jalili se quedó consternada al descubrir que el ICE había decidido enviar a Nika a Bangui, la capital de la República Centroafricana, apenas ocho días antes de que un juez ordenara su puesta en libertad. La familia de su tío le había preparado una habitación en Los Ángeles. Nika tardó dos días en llegar a la ciudad y pasó una semana con ellos, recuperándose tras 18 meses de infierno.

Según Jalili, la nueva detención de Nika el 8 de junio, durante una cita que los agentes del ICE habían presentado como un trámite rutinario, fue un acto de crueldad gratuita. Nika cuenta que ya había terminado la cita y se había ido cuando un agente llamó a su tío y le pidió que la llevara de vuelta para retirar unos documentos.

Esta vez le hicieron otras preguntas. Según cuenta Jalili, un hombre tomó las huellas dactilares a su clienta y la fotografió. “Después volvió acompañado de una agente del ICE y le dijeron que levantara las manos por encima de la cabeza”. Jalili relata que detuvieron a Nika, la esposaron y la llevaron al sótano. Nika cuenta que se sentía aturdida cuando la sacaron del centro de detención aquella noche. Al pasar por una de las protestas contra el ICE que ya eran habituales en Los Ángeles, los manifestantes golpearon con las palmas los laterales de la furgoneta en la que viajaba.

Para Jalili, los dos días anteriores ya habían sido una vorágine, ya que ella y otros abogados intentaron por todos los medios evitar que otras dos mujeres iraníes fueran subidas al mismo avión con destino a Bangui. Los abogados lograron sacar a las otras dos mujeres del avión, pero no a Nika. La única diferencia entre ellas era que Nika fue detenida en último lugar, por lo que, para cuando una red de abogados especializados en inmigración se enteró de su caso, ya no quedaba tiempo suficiente antes de que despegara el vuelo.

Jalili cuenta que suplicó a todos los agentes del ICE: “Denme dos días. Solo dos días”. “Me dijeron que habían respetado la orden del juez de ponerla en libertad. Pero nunca habían prometido no enviarla a un tercer país”, recuerda.

La enfermera

Cuando Rabbiatu Kuyateh, de 58 años, supo que Ghana, el país al que la habían enviado, iba a deportarla a Sierra Leona, donde había pasado su infancia, el miedo la paralizó. Hizo falta que varias personas la forzaran a subir a la camioneta que la esperaba.

De hecho, un video captó el momento, el pasado noviembre, en el que la arrastraban, descalza y angustiada, tirándole del pelo. Todavía recuerda el golpe que se dio en la cabeza contra los escalones de piedra mientras suplicaba que no la devolvieran a Sierra Leona. “No pienso ir”, gritaba.

Kuyateh es enfermera. Tras huir de Sierra Leona, pasó la mayor parte de su vida en Estados Unidos junto a sus padres. Durante la pandemia atendió a pacientes con coronavirus y, en los años posteriores, cuidó a adultos y niños con discapacidad.

Kuyateh cuenta que le costó mucho construir la vida que tenía en Estados Unidos. Crio sola a su hijo, Mohamed, y juntos compraron una casa. Cuando Trump ganó las elecciones de 2024, sus padres ya eran muy grandes y necesitaban ayuda: cada día pasaba a ver cómo estaban antes de ir a trabajar y volvía al terminar su turno para ayudarles a prepararse para dormir.

Con el objetivo de acelerar la expulsión de personas como Kuyateh, la Administración Trump reformó precisamente aquellas instituciones que en su día se crearon para proteger a los migrantes que huían de la persecución.

Lugares de “tránsito”

“Esta es la manera en que la Administración Trump intenta socavar el derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas”, dice Alma David, una de las principales abogadas de inmigración que sigue de cerca esta política. “Estados Unidos sabe que no puede deportarlas legalmente a sus países de origen, pero sí puede enviarlas a un tercer país que actúa como lugar de tránsito”.

Al frente de esta política está Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete de la Casa Blanca y quien no ocultó su deseo de poner fin a la mayor parte de la migración hacia Estados Unidos. En entrevistas con The Washington Post para el Proyecto Deportación, altos cargos estadounidenses en activo y jubilados explican que Miller impulsó nombramientos clave en el Departamento de Estado. Esos nombramientos le permitieron anteponer sus objetivos a otras prioridades de la política exterior estadounidense.

Entre las personas nombradas figura Christian Ehrhardt, funcionario de carrera del Departamento de Estado y director de la recién creada Oficina de Remigración. El nombre de esta oficina incorpora un término adoptado por la extrema derecha para referirse a la expulsión forzosa de migrantes de minorías étnicas. Tras recorrer África en varias misiones diplomáticas, Ehrhardt contribuyó a cerrar al menos 13 acuerdos para deportar personas a terceros países del continente.

Acuerdos con países africanos

Los documentos internos examinados por The Washington Post muestran que la Administración Trump se comprometió a aportar al menos 410 millones de dólares para cerrar acuerdos de deportación con 35 países, casi un tercio de ellos africanos.

Según esos documentos, Estados Unidos reservó 30 millones de dólares para apoyar las operaciones de la ONU en Camerún a cambio de que el país aceptara a 1.000 migrantes. Hasta ahora, solo le envió 44. A la República Democrática del Congo le prometió 75 millones de dólares para las operaciones de la ONU a cambio de acoger a 2.000 migrantes. Solo recibió a 15 y los vuelos a Kinsasa están suspendidos por un brote de ébola.

Los acuerdos varían de un país a otro. Unos pocos países, entre ellos Esuatini, aceptaron acoger a personas con antecedentes de delitos violentos. Sin embargo, muchos declararon que no recibirán a nadie con antecedentes de violencia u otros tipos de delitos graves. El Departamento de Estado no respondió a las preguntas sobre los detalles de estos acuerdos.

Ghana solo acepta a personas procedentes de África Occidental. La República Centroafricana, en cambio, no estableció restricciones por nacionalidad: entre los pasajeros del avión de Nika había personas de Afganistán, Irak y Kirguistán. La mayoría no tenía ningún vínculo con África, cuenta Nika. 

El 1 de julio de 2025, Mohamed acompañó a su madre, Kuyateh, a una cita rutinaria con el ICE a la que debía acudir por su situación migratoria. Recuerda que ella estaba inquieta: temía que las esposas que un agente llevaba en el cinturón fueran para ella. “No creo”, le dijo Mohamed. Pero cuando llamaron a Kuyateh para que entrara en una sala de interrogatorios, a él le pidieron que esperara fuera.

“Fue la última vez que la vi”, cuenta.

Durante los cuatro meses que Kuyateh pasó detenida por el ICE, Mohamed habló con ella a menudo. Pero aquel día de noviembre no había sabido nada de su madre cuando, según cuenta, lo llamó otra persona detenida para decirle que la habían trasladado a Texas. No entendía por qué la llevaban a Texas. Dos días después, Kuyateh lo llamó llorando. Estaba en Ghana, a punto de ser enviada a Sierra Leona.

El video en el que se ve cómo arrastran a Kuyateh hasta un bus para deportarla de Ghana pareció enfurecer a las autoridades del país cuando se difundió en las redes sociales, según Malick, el senegalés también deportado de Estados Unidos que lo grabó y que The Guardian identifica con un seudónimo para protegerlo. “Se enojaron”, cuenta Malick. “Vinieron por la noche con dos camiones llenos de soldados”.

Malick cuenta que los soldados llevaron al grupo a un campamento militar apartado, donde la electricidad fallaba y apenas tenían contacto con el exterior. El Gobierno de Ghana no respondió a las preguntas de The Guardian.

Una mujer trasladada al campamento cuenta que temía tanto lo que pudiera ocurrirle si la devolvían a Senegal, su país de origen, que intentó suicidarse bebiendo lavandina. La atendieron en un hospital, pero aun así la deportaron a Senegal. “Bebí lavandina porque quería morir”, explica. “Querían obligarme a regresar a mi país”.

Malaria

En el vuelo de Nika, el 11 de junio, la pantalla del avión mostraba Ghana como primer destino, así que los pasajeros pensaron que se quedarían en ese país. Pero la escala en Accra fue breve. Los 18 pasajeros aterrizaron después en Bangui a las 21.45, según los registros de seguimiento del vuelo. Los agentes que los custodiaban les quitaron las esposas, pero no bajaron del avión.

Durante varias horas, el grupo no encontró a nadie que hablara inglés. “Nos indicaban con gestos que subiéramos a un bus y nos hicieron subir. Después nos llevaron a vacunarnos, pero yo no sabía qué iban a inyectarme”, cuenta Nika. La vacuna era contra la fiebre amarilla.

La alojaron en una habitación de un edificio de viviendas y le dijeron que podía quedarse tres meses. Nika no podía imaginarse regresando a Irán.

Organizaciones iraníes de derechos humanos con sede en Estados Unidos afirman que no pudieron averiguar qué fue de cientos de compatriotas deportados a Irán durante la guerra de Estados Unidos e Israel contra ese país. Una demanda reciente contra el ICE sostiene que la Administración Trump compartió los expedientes de solicitantes de asilo iraníes con el régimen del que habían huido, lo que agrava el peligro para quienes son deportados.

Cuando un dolor de cabeza empezó a nublarle la mente, Nika pensó que tenía migraña. Sentía náuseas y le dolía todo el cuerpo. Los mosquitos la habían picado tantas veces que parecía tener la piel llena de moratones, cuenta. Un informe médico consultado por The Guardian confirmó que tenía malaria. “Ni siquiera sabía qué era”, explica Nika por teléfono.

Desde Los Ángeles, Jalili esperaba con angustia noticias de Nika. Su clienta recibía inyecciones cada 12 horas para eliminar los parásitos de la sangre. Las malas noticias continuaron incluso después de que Nika se recuperara lo suficiente para volver a su alojamiento. Jalili descubrió consternada que la habían deportado de Estados Unidos sin pasaporte. Nika no tenía documentos de identidad ni visado y, cuando iba al hospital o al mercado, los policías aprovechaban que carecía de papeles para amenazarla.

El Gobierno de la República Centroafricana no respondió a las preguntas sobre esta situación.

Según Nika, la segunda vez que la detuvieron, el agente de policía simuló con gestos que le ponía las esposas. El mensaje, según ella, era: “Puedo detenerte, a menos que nos pagues”.

Apoyo de la ONU

Mientras la Administración Trump acelera las deportaciones a terceros países, la República Centroafricana figura entre los 13 países receptores donde la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), una agencia de la ONU, presta apoyo a las personas deportadas. A su llegada, les proporciona comida, alojamiento y atención psicológica.

La Administración Trump anunció fuertes recortes de la financiación destinada a las agencias de la ONU, pero parece hacer excepciones cuando los fondos sirven para sostener este programa de deportaciones.

En marzo de 2025, el Departamento de Estado explicó el criterio que seguiría: la financiación humanitaria se utilizaría para “reducir la inmigración masiva e ilegal, por ejemplo, financiando el retorno voluntario de personas en situación irregular, incentivando a los gobiernos para que apliquen acuerdos de tercer país seguro y reforzando la capacidad de otros países para gestionar la migración”.

Según una base de datos federal sobre el gasto público, más del 60 % de los fondos concedidos por Estados Unidos a la OIM durante el segundo mandato de Trump se destinaron a programas en países que reciben a personas deportadas. En la República Centroafricana, la asignación fue de 85 millones de dólares. Según la misma base de datos, la mayor aportación estadounidense a la OIM en ese país durante el mandato de Biden fue de 14 millones de dólares.

Nika afirma que la han tratado bien. “El personal hace todo lo que puede”, dice. El alojamiento es seguro y le facilitan transporte cuando lo necesita. “Pero esto no es vivir. Respiro, sigo viva, pero no puedo salir de casa sin que me lleve un conductor de la agencia. No encuentro trabajo. No hablo el idioma”.

La OIM se enfrentó al riesgo de que su participación en el programa se perciba de forma negativa. Una evaluación interna de riesgos de un programa de apoyo a ciudadanos de terceros países enviados desde Estados Unidos a un país africano, a la que tuvo acceso The Guardian, advierte de que podría llevar a que la agencia fuera “percibida como cómplice”.

En un comunicado, un portavoz de la OIM explica que estas evaluaciones sirven para determinar si los países receptores pueden comprometerse a proteger a los migrantes. Y añade: “Somos plenamente conscientes de que los Estados utilizan la ayuda financiera para promover sus prioridades nacionales. Sin embargo, nuestras decisiones de aceptar financiación, prestar asistencia tras la llegada o apoyar el retorno voluntario asistido se rigen por el mandato y los principios de la OIM. Dependen de una sola pregunta: ¿mejorará nuestra intervención la vida de los migrantes afectados? En estos casos, estamos firmemente convencidos de que sí”.

A muchas personas del ámbito de los derechos humanos les incomoda que la ONU esté facilitando el proceso a los gobiernos que aceptan cooperar con la administración Trump.

“Resulta muy chocante que la OIM sea la organización encargada de estas personas”, afirma Alma David. “No son migrantes en el sentido habitual de la palabra. No eligieron migrar. En la práctica, fueron secuestradas”.

Una vida en las sombras

Quienes fueron devueltos desde terceros países a sus países de origen describen una vida en la clandestinidad. Kuyateh abandonó Sierra Leona pocos días después de que la deportaran. The Guardian no revela dónde se encuentra. “No duermo por las noches”, cuenta. “A veces me despierto y me quedo sentada pensando: ”¿Qué hago en este lugar? ¿Por qué he acabado aquí?“.

Llama a su familia todos los días. A veces, cuenta, se siente demasiado triste como para activar la videollamada y ver sus caras. Es capaz de hablar con su madre sin llorar, explica, pero cada vez que habla con su padre, se pone a llorar. Piensa muchas veces en ellos y cuenta el dolor que siente. No está segura de qué le da más miedo: la idea de morir sola en un país extranjero o saber que sus padres podrían morir y no estar a su lado.

Terror al volver a Ghana

Annan, un hombre gay que huyó de Ghana después de que miembros de su familia revelaran su orientación sexual y lo persiguieran, explica que se sintió aterrorizado al volver a aterrizar en Accra. Se había negado a desembarcar durante su primera deportación de Estados Unidos a Sierra Leona y tuvieron que sacarlo a la fuerza del avión. Explica que suplicó a las autoridades que no lo devolvieran, pero ignoraron sus peticiones. 

En un comunicado, el Gobierno de Sierra Leona asegura que otorga la máxima importancia a “sus obligaciones internacionales”, pero sostiene que corresponde a Estados Unidos responder por las medidas de protección migratoria concedidas por sus tribunales.

También afirma que, hasta la fecha, ninguna de las personas trasladadas a Sierra Leona en virtud del acuerdo sobre nacionales de terceros países (TCNA) solicitó permanecer en Sierra Leona ni pidió que no se la envíe al país de su elección, dentro o fuera de África Occidental.

La madre de Annan había gastado sus ahorros para pagar la huida de su hijo a Estados Unidos. Quedó desolada cuando él la llamó para decirle que había regresado. “Mi madre sabía que no podía protegerme”, cuenta Annan.

Annan compartió imágenes del lugar donde vivía: un edificio abandonado, sin electricidad ni agua corriente, en un país vecino. Explicó que durante el día permanecía escondido y, al anochecer, caminaba casi una hora para conseguir comida. Dormía sobre una manta extendida en el suelo, aunque apenas lograba conciliar el sueño por miedo a contraer alguna enfermedad transmitida por los insectos que se arrastraban o zumbaban a su alrededor. La soledad le resultaba insoportable.

En las últimas semanas, alguien le había enviado un mensaje de texto de forma anónima, diciéndole que su supervivencia, como hombre gay, no sería tolerada. El mensaje le hizo sentir desesperanza: podía huir, pero no podría esconderse para siempre.

Agotamiento

En Los Ángeles, Jalili está recibiendo más llamadas sobre clientes que van a ser embarcados en vuelos de deportación. En junio, a una mujer iraní de 30 años con un trastorno sanguíneo que la debilitaba tanto que necesitaba un andador le comunicaron que sería enviada a Esuatini, en el sur de África.

La abogada cuenta que otra clienta está superada por las circunstancias: “Cada semana le proponen un nuevo país”.

Los abogados especializados en inmigración afirman que, aunque su trabajo siempre ha sido difícil, los intentos de obstaculizar a quienes se oponen a la campaña de la Administración Trump para acabar con cualquier forma de migración irregular tienen una magnitud sin precedentes.

Cuando detienen a uno de sus clientes, los abogados apenas encuentran vías para denunciar abusos y exigir responsabilidades. Entre las instancias que han dejado de funcionar figura la oficina del defensor independiente de las personas detenidas por motivos migratorios, encargada de investigar abusos y conductas indebidas.

En los tribunales, los abogados pueden encontrarse con jueces hostiles a su causa, ya que Trump ha destituido a algunos magistrados por considerarlos insuficientemente leales a su política de deportaciones. Además, el coste de presentar una demanda ha aumentado considerablemente a raíz de una ley aprobada por el Congreso en julio del año pasado.

Incomunicación del ICE

Jalili, como muchos otros abogados, dedicó buena parte del primer mandato de Trump a recurrir ante los tribunales la política de separación de niños y niñas de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México. En vísperas de las últimas elecciones presidenciales, ante la posibilidad de que la situación empeorara si Trump volvía a ganar, decidió abrir su propio despacho.

Muchas veces la despertaban de noche las llamadas de familiares desesperados de personas que acababan de ser detenidas por el ICE.

Uno de los mayores obstáculos es conseguir comunicarse con los agentes del ICE, explica Erica Reilly, abogada de inmigración en la ciudad de Washington.

“Enviás todos esos correos electrónicos a los agentes de deportación y les decís algo así como: ”Hola, solo quiero hacer un seguimiento del correo que te envié la semana pasada, y la semana anterior, y la anterior a esa, y la anterior a esa, al que no respondiste“, explica: ”Y ellos saben que no tienen por qué darte ninguna explicación porque no hay rendición de cuentas“.

Explica que lo peor es la sensación de impotencia. Con el tiempo, llegó a la conclusión de que la crueldad y las trabas para acceder a los agentes forman parte de una estrategia.

“Creo que el Gobierno de Trump está haciendo todo lo posible para que suficientes personas piensen: ”Quedarme da demasiado miedo. No sé qué va a pasar y puede ser peor. Mejor me voy por mi cuenta“.

Reilly explica que, para sobrellevar cada jornada, tuvo que aprender a valorar los pequeños avances: “Que un agente encargado de las deportaciones te devuelva la llamada no debería considerarse una victoria, pero, en estas circunstancias, lo es”.

Jalili cuenta que procura centrarse en las batallas que puede ganar. Cuando supo que el avión en el que viajaba Nika había despegado rumbo a Bangui, se dejó caer al suelo, llamó a su madre y rompió a llorar. “En una situación así, no basta con decirse que hice todo lo que pude”.

Nika había perdido la vida que conocía en Irán. Estados Unidos apenas le ofreció algo mejor. Jalili enumera todo lo que su clienta ha tenido que soportar:

“Diecisiete meses detenida. Diez días de libertad por orden de un juez federal. Que la separaran de su tío, la metieran en un coche y después en un avión, encadenada. Veinticuatro horas sentada durante el vuelo. Ha tenido que sentir una soledad inmensa”.

Información adicional de Alice Speri

Traducción de Emma Reverter

The Deportation Project ha sido coordinado por Forbidden Stories. Han participado estos medios y equipos de investigación:

Estados Unidos y Reino Unido: The Guardian, The Washington Post, FRONTLINE y Human Rights Center Investigations Lab, de la Universidad de California en Berkeley. 

Europa: France 24, Radio France Internationale (RFI), La Croix, Paper Trail Media, Die Zeit, Der Spiegel, ZDF y Der Standard. 

América Latina: Divergentes, Revista Factum, Plaza Pública, Contracorriente y Proceso. 

África y otros equipos: Inhlase, The Fourth Estate, Opinion-info.cd, Number One Citizen Daily, CCIJ y Evident Media.

Son las nueve de la mañana en el asentamiento informal levantado en el barrio de El Príncipe, en Ceuta. Centenares de jóvenes, mayores y menores de edad, amanecen poco a poco. Ahmed Enfed-dal, presidente de la asociación de vecinos del barrio, lleva desde finales de julio de 2026 trabajando para proteger a quienes cruzaron desde Marruecos a España. “Hemos dividido este campamento [que está dentro de un polideportivo] entre las jóvenes mayores y las menores. Hay una madre con su bebé”, cuenta mientras avanza por la zona.

Bajo las sombras de las telas que esconden el sol y protegen del calor, las menores están tumbadas sobre colchones, mantas o, directamente, el suelo. En grupos o solas, llevan desde el pasado 31 de julio sin un espacio digno donde vivir. “Decidimos levantar este espacio por su seguridad. Si salen al aseo o a ducharse, intentamos que vayan acompañadas, nunca solas”, explica Enfed-dal.

A pesar de que es una mañana cualquiera en este enclave de la ciudad ceutí, un puñado de rotuladores, lápices de colores y unos folios cambian un despertar rutinario. “¿A quién le apetece escribir o dibujar?”. A lo largo de la mañana, 29 menores participan en la actividad: algunas se tumban sobre el suelo, otras dibujan sobre sus colchones o apoyando el folio en sus propias piernas mientras agarran, buscan y comparten el material. Algunas terminan rápido. Otras se toman su tiempo. Ante las prisas de sus compañeras, una de ellas responde: “Lo necesitaba. Estoy desahogándome”, cuenta. Estos son 12 de esos testimonios.

Ahlam (17) es de Tetuán y en el futuro quiere ser “la mejor jugadora de fútbol”, escribe.

Salma (17) es de la vecina ciudad marroquí, Castillejos, y sueña con convertirse en chef. “Me encanta cocinar dulces y tartas”, explica. “Quiero cambiar la vida mía. Me gusta mucho España”, escribe en su dibujo

Khawza (17) dibuja varias veces su dibujo. En el tercer papel, junto con dibujos de personas levantando pesas, deja claro qué quiere ser de mayor. “Mi sueño es ser entrenadora deportiva en un gimnasio”, escribe.

Basma (17) cuenta que caminó diez kilómetros desde Mdiq hasta Ceuta junto a su padre y su hermana. “La entrada fue muy difícil. En el espigón me estaba ahogando”, relata tanto en su dibujo como en su testimonio oral. La joven describe el viaje con dos palabras: “mar” y “miedo”. Lleva dos semanas en Ceuta junto a su hermana. Su padre decidió volver a Marruecos.

Yousra cumplió 17 años en los campamentos informales de El Príncipe. “Mi cumpleaños fue el 22 de agosto”, cuenta. La joven es de Fez, a 296 kilómetros de Ceuta. En su móvil enseña fotografías suyas debajo del mar. “Disfruto practicando buceo y sueño con convertirme en capitana de barco en España”, escribe.

Salma (17) está hablando con su madre por videollamada. “Es lo más importante de mi vida”, cuenta. “Estoy aquí por ti, mamá, y lucharé hasta mi último aliento”, escribe. A la joven de Tetuán le gusta jugar al fútbol, como a muchas de las jóvenes que están con ella estos días en Ceuta. Aun así, sabe que su vida profesional en el fútbol es limitada y por eso estudia y sueña con ser policía. “Te echo de menos, mamá”, escribe con su rotulador verde.

Una joven que prefiere mantener el anonimato esboza primero una silueta marrón con el corazón. “Esta soy yo”, cuenta. Mientras avanza, dibuja figuras, similares a la suya, pero de color negro. “Me siento rodeada de estos sentimientos”, relata. La joven suelta el rotulador negro y entrega el dibujo: “Gracias”.

Nada (16), que en árabe se traduce como ‘generosidad’ significa frescura y pureza. La joven es de Larache, ciudad situada a más de 150 kilómetros de Ceuta. La menor quiere utilizar todos los colores. En el centro, un círculo, pintado de verde, representa su corazón, color esperanza. Alrededor, el cuerpo está dividido por muchas trazas lineales que simbolizan la rotura. El dolor. “Así es como me siento”, cuenta al terminar el dibujo.

Kawtar quiere dedicarse a los cuidados sanitarios. En el campamento, donde la asistencia médica es escasa y muchas jóvenes no paran de toser, escribe: “Mi sueño es ser asistente médico”.

Ihsan (17) conoce las alineaciones de fútbol de equipos como el Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona y otros equipos internacionales como el galo Paris Saint-Germain. Su folio está coloreado por las dos caras. En una de ellas, Ihsan dibuja un campo de fútbol donde rueda el balón con otras amigas y compañeras de afición. “Quiero buscar un futuro como futbolista en España”, cuenta.

En el otro lado del folio, Ihsan relata las escenas que vivió durante el cruce el pasado 30 de julio desde Marruecos a España. En aguas marroquíes, tacha el rostro de las figuras que nadan en el mar. “Esta es la gente que murió”, dice la joven mientras señala con el rotulador. La misma historia que se repite en las rocas del espigón. Corazones rotos en Marruecos que lloran la ausencia de sus hijas. Amor, amistad y fútbol en España. Siempre fútbol para Ihsan.

Fatima (16) es de Castillejos. Camisetas, pantalones y otras prendas llenan su folio y representan lo que desea hacer en el futuro: “Quiero ser diseñadora de moda”, escribe.

El Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego puso sobre la mesa la semana pasada la posibilidad de que 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio puedan ser trasladadas a la Península. Se trata de un colectivo considerado de especial vulnerabilidad por parte de los servicios sociales y que estuvo expuesto incluso a agresiones sexuales que fueron denunciadas a la policía. La medida, defiende Infancia, no solo permitiría una situación humanitaria más digna a esas niñas, sino que aliviaría la presión sobre los recursos de una ciudad de Ceuta completamente desbordada.

Sin embargo, la medida es rechaza de plano por el Partido Popular. “Ni mayores, ni menores. Regresarán todos. Deben volver bien de manera voluntaria o mediante expulsión. Pero todos. Y cuando digo todos, son todos. En ningún caso puede crearse un precedente perverso de otorgar derechos a quien participó en una invasión ilegal”, dijo Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Jesús Vivas. El presidente de Ceuta no se mostró tan tajante, aunque también incidió en su deseo de que todas las personas que entraron el día 30 de julio salgan de territorio español, sean mayores o menores de edad.

La opinión de Vivas y del gobierno local resulta trascendental al respecto porque, de facto, es la ciudad autónoma la que ostenta la custodia legal de todos los menores de edad. La propuesta del Ministerio contempla que las 500 niñas sean acogidas de forma temporal en la Península con recursos del Estado gestionados por organizaciones dedicadas a la protección de la infancia. Es decir, sin implicar en esa gestión a las comunidades autónomas que deberían acogerlas y que, gobernadas en su mayoría por PP en solitario o en coalición con Vox, se niegan a ello.

Con información de José Enrique Monrosi

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado volvieron a desplegarse a primera hora de este viernes en la playa del Trampolín para desalojar a los más de mil migrantes que se encontraban nuevamente concentrados en esa zona tras haber sido desalojados este jueves.

Por ahora no se comunicó oficialmente el destino de las personas que permanecen este viernes en El Trampolín ni si serán trasladadas a alguno de los dos recursos temporales de acogida que comenzaron a funcionar este jueves, en Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar.

Se siguen acondicionando zonas de acogida

El Gobierno central y la Ciudad Autónoma de Ceuta continúan trabajando en la ampliación de la capacidad de acogida con la preparación y acondicionamiento de otros tres emplazamientos: el campo de fútbol de Montesa número 3, la explanada de la antigua fábrica de guano y las instalaciones de la Hípica.

Estos espacios forman parte del dispositivo diseñado para hacer frente a la situación generada tras la entrada masiva de migrantes registrada los pasados 30 y 31 de julio.

Fuentes policiales apuntan que buena parte de las personas que este viernes volvieron a concentrarse en El Trampolín podrían proceder de grupos de migrantes que se encontraban desperdigados por distintos puntos de la ciudad.

Según estas fuentes, algunos habrían interpretado que permanecer en la playa puede constituir un paso previo para acceder posteriormente a alguno de los recursos temporales de acogida habilitados por las administraciones.

La situación evidencia las dificultades para mantener desalojado el asentamiento después de que ayer más de 1.200 migrantes fueran trasladados desde El Trampolín hacia Loma Margarita y el Embolsamiento de Loma Colmenar, ya que horas después decenas de ellos regresaron a la playa, aparentemente para recuperar pertenencias, lo que obligó a paralizar temporalmente los trabajos de limpieza por falta de presencia policial que garantizase la seguridad de los operarios.

La Ciudad Autónoma mantiene ahora desplegado un importante dispositivo de limpieza con el propósito de recuperar completamente el espacio litoral y devolverlo a las condiciones previas a la instalación del asentamiento.

EFE

Iliana Lick, la niñera argentina que permaneció casi un mes detenida en Estados Unidos por una infracción migratoria, fue liberada en las últimas horas, según confirmó su novio, Steven Melchiorre, a través de un comunicado publicado en la plataforma GoFundMe.

La joven, de 30 años, había sido detenida el pasado 11 de julio cuando se encontraba en el aeropuerto de Filadelfia, antes de abordar un vuelo con destino a Kansas para asistir al partido de la Selección Argentina contra Suiza por el Mundial 2026.

“Una noticia importante sobre Iliana”, comenzó el comunicado publicado por Melchiorre, quien durante las últimas semanas había impulsado una campaña para recaudar fondos destinados a cubrir la fianza fijada por la Justicia estadounidense.

“Tras casi un mes bajo custodia, innumerables llamadas telefónicas, trámites legales y varios traslados entre distintos estados, este es el momento que tanto habíamos esperado y por el que tanto habíamos rezado”, expresó el joven.

Según explicó, Lick se encuentra actualmente alojada en un hotel de El Paso, Texas, y tiene previsto viajar a Filadelfia.

La campaña para pagar la fianza

La liberación de la joven fue posible luego de que la campaña solidaria impulsada por su pareja permitiera reunir el dinero necesario para afrontar la fianza, establecida en 10.000 dólares.

A través de GoFundMe, más de 220 personas realizaron donaciones y se logró recaudar más de 18.820 dólares. De ese modo, la familia y allegados pudieron reunir el monto requerido para que Lick recuperara su libertad.

Melchiorre agradeció especialmente a quienes colaboraron durante las semanas en las que la joven permaneció detenida.

“Quiero agradecer a todos los que nos han acompañado a lo largo de este camino. Sus oraciones, mensajes, generosidad y apoyo nos han ayudado a superar días increíblemente difíciles”, manifestó.

La situación de Lick también había generado preocupación entre las familias de los niños a los que cuidaba, quienes se sumaron al pedido para que pudiera recuperar su libertad.

Por qué había sido detenida

El caso comenzó el 11 de julio, cuando Lick se despidió de su pareja en el aeropuerto de Filadelfia para viajar a Kansas y asistir al encuentro de la Selección Argentina durante el Mundial.

Antes de abordar el avión, la joven fue detenida por las autoridades estadounidenses. Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señalaron que la medida estaba relacionada con su situación migratoria.

Según explicaron las autoridades, Lick había ingresado legalmente a Estados Unidos el 17 de marzo de 2023, pero el plazo de vigencia de su visa se encontraba vencido.

La argentina había explicado que su ingreso al país había sido legal y que se encontraba realizando un trámite para regularizar su permanencia en Estados Unidos. Sin embargo, desde las autoridades migratorias sostuvieron que ese proceso no impedía que fuera detenida por su situación migratoria.

Tras permanecer casi un mes bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y atravesar distintos traslados entre estados, finalmente Lick recuperó la libertad y podrá regresar a Filadelfia.

Con información de la agencia NA

El Ministerio de Salud de la Nación reglamentó el cobro de la atención sanitaria a extranjeros no residentes en los hospitales que administra el Estado nacional. La medida se formalizó a través de la Resolución 1066/2026, firmada por el ministro Mario Lugones y publicada este martes en el Boletín Oficial, que aprobó el “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”. La norma reglamenta los cambios que el DNU 366/2025 había introducido en el artículo 8° de la Ley de Migraciones y entrará en vigencia a partir de este miércoles.

La resolución alcanza en concreto a los cinco hospitales que desde julio de 2025 están bajo la órbita de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), organismo creado por el Decreto 459/2025 dentro del Ministerio de Salud: el Hospital Nacional “Profesor Alejandro Posadas”, el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer”, el Hospital Nacional y Comunidad “Dr. Ramón Carrillo”, el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur “Doctor Juan Otimio Tesone” (INAREPS) y el Hospital Nacional en Red Especializado en Salud Mental y Adicciones “Licenciada Laura Bonaparte”. La norma no aclara sobre otros hospitales de alta complejidad —como el Garrahan— que funcionan como entes descentralizados con conducción compartida entre Nación y otras jurisdicciones.

Según el procedimiento aprobado, los extranjeros con residencia permanente seguirán accediendo al sistema público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos, acreditando esa condición con el DNI para extranjeros vigente. Quienes no acrediten residencia permanente, en cambio, deberán presentar un seguro de salud válido que cubra la prestación o abonar el arancel correspondiente antes de recibir atención sanitaria habitual. La norma distingue dos circuitos administrativos para el cobro: cuando el paciente cuenta con cobertura, el hospital notificará el ingreso a la aseguradora dentro de las primeras 24 horas y emitirá una factura electrónica de exportación de servicios, con un plazo de 45 días para el pago antes de iniciar acciones judiciales; cuando no tiene seguro, deberá abonar por adelantado el cien por ciento del valor presupuestado para acceder a consultas, estudios o intervenciones programadas.

La resolución mantiene sin cambios la garantía de atención inmediata ante emergencias para cualquier extranjero, sin importar su condición migratoria. El anexo enumera de manera extensa los cuadros considerados de riesgo cierto e inminente para la vida:

La medida establece que, ante cualquier duda sobre la condición clínica del paciente, deberá prevalecer el criterio de brindar atención inmediata hasta que el profesional responsable determine lo contrario. Una vez estabilizado el paciente, los gastos generados desde el cese de la emergencia hasta el alta clínica se consolidarán y se notificarán al paciente o a su apoderado legal, que tendrá una instancia de pago inmediata en el propio hospital.

La reglamentación se dicta en un contexto de ajuste sostenido sobre el sistema de salud público. El presupuesto del Ministerio de Salud para 2026 asciendió a $3,1 billones en términos nominales, pero un análisis de la Fundación Éforo determinó que, ajustado por inflación acumulada desde 2023, la cartera afrontaba este año con 30% menos recursos reales que los que tenía bajo la gestión anterior. A ese cuadro se sumó, en mayo pasado, un recorte adicional de $63.000 millones dispuesto por la decisión administrativa 20/2026, que redujo el presupuesto vigente de Salud de $7,4 billones a $6,66 billones. Según datos oficiales de Presupuesto Abierto, hacia mediados de mayo el Ministerio había ejecutado apenas el 31,5% de esos recursos.

Ese mismo recorte de mayo golpeó directamente a la ANES, el organismo que administra los cinco hospitales alcanzados por la resolución de este martes: perdió $3.195 millones de su presupuesto. Un análisis de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) muestra el impacto en dos de esos establecimientos: el Hospital Ramón Carrillo cuenta en 2026 con un presupuesto 38% menor en términos reales que en 2023, y el Bonaparte, un 51% menor; ambos, además, tienen disponibles menos recursos que los efectivamente ejecutados en 2025 (20,2% y 17,6% menos, respectivamente). Hacia fines de junio, ninguno de los dos había ejecutado siquiera el 38% de su presupuesto anual.

Sobre el capó de un coche estacionado delante de la iglesia católica de la barriada del Príncipe, en Ceuta, el pequeño Mohamed de 14 años escribe en un trozo de papel rectangular los nombres y edades de él y los dos amigos que le acompañan, Hicham y Fahmi. Se conocieron en Ceuta, tras cruzar desde la vecina localidad marroquí de Castillejos el pasado jueves, el día en el que entraron en la ciudad autónoma decenas de miles de migrantes. Ahora comparten también la esperanza de que ese registro extraoficial que lleva la asociación de vecinos del barrio pueda servir para que las autoridades locales —quienes tienen las competencias en materia de acogida de menores migrantes no acompañados— les ofrezcan algo de sustento y un lugar seguro donde dormir.

Así lo expresa en declaraciones a elDiario.es el presidente del colectivo vecinal, Ahmed Enfed-dal, que espera que los alrededor de 3.100 menores de edad que anotaron desde el martes (no es un documento oficial que garantice que todos los registrados sean menores) sean debidamente atendidos “de acuerdo con la normativa internacional”.

Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

“Solo ayer apuntamos a 2.672 y hoy llevaremos unos 500”, detalla el representante civil, que en todo caso explica que solo están pidiendo documentación “a los que dicen tener 17”. Aunque la mayoría no dispone de ella, señala.

Uno de ellos es Fahmi, el nuevo amigo del pequeño Mohamed. Se conocieron en la misma barriada del Príncipe horas después de conseguir cruzar bordeando el espigón del Tarajal. El más joven, de 14 años, es de Tetuán; su colega, ya al borde de la mayoría de edad, de Sidi Kacem, cerca de la capital, Rabat, y de Kenitra. Aun con orígenes distintos relatan una situación similar: “Nuestras familias no se podían hacer cargo de nosotros. No les llega”, cuenta Fahmi, mientras Mohamed asiente, añadiendo después que él, siendo hijo único, tiene “padres jóvenes y sin empleo”.

Ceuta atiende a fecha de este miércoles a un total de 1.017 menores extranjeros no acompañados, según informaron las autoridades de la ciudad autónoma. “La evolución registrada en las últimas semanas pone de manifiesto la magnitud de esta situación. El pasado 15 de julio la ciudad atendía a 213 menores, cifra que ascendió a 718 el día 28 de julio y que alcanza hoy los 1.017 menores”, señaló el Gobierno local en un comunicado. “Del total de menores atendidos, aproximadamente 750 ya habían accedido a Ceuta con anterioridad a las jornadas críticas del 30 y 31 de julio, lo que evidencia que el reciente incremento se produce sobre una situación que ya había desbordado ampliamente la capacidad ordinaria del sistema de acogida”.

En la jornada y media que la Asociación de Vecinos lleva apuntando a los jóvenes, sus representantes han escuchado todo tipo de relatos. “Me cuesta mucho hablar de esto, me pongo a llorar”, dice notablemente afectado el presidente del colectivo, Ahmed Enfed-dal, que consigue con cierta dificultad esbozar la historia de una de las muchas jóvenes que han decidido cruzar a Ceuta huyendo de situaciones familiares complicadas: “Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta”.

Tras llegar a la localidad, la mayoría de estos jóvenes de los que habla Enfed-dal tuvieron que dormir en la calle y buscar comida en un contexto de cierre total de los negocios locales. “Están durmiendo a la intemperie, salvo algunos a los que les han podido ofrecer casa los vecinos, al menos un patio o un pequeño espacio donde estar”, agrega el representante vecinal. La propia asociación está intentando repartir alimentos, igual que el colectivo Luna Blanca, que en la tarde del miércoles habilitó una carpa con víveres en la barriada de Sidi Embarek.

Mientras tanto, la ciudad autónoma atiende, según explicó el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, a unos 1.000 menores. Lo hace con sus capacidades completamente sobrepasadas, pues solo cuenta con 29 plazas para los jóvenes. Con los centros llenos, el Ejecutivo local pretende habilitar de manera inmediata dos nuevas instalaciones, una en Loma Margarita y otra en el entorno portuario.

Por su parte, el Ministerio de Infancia —cuya titular, Sira Rego, visitará Ceuta el viernes para coordinar la acogida de niños y adolescentes— anunció este martes la adaptación y apertura de dos colegios de la localidad para ubicar allí a parte de los chicos y chicas. Sin embargo, para Enfed-dal, los recursos aún resultan insuficientes. “En esos colegios pueden caber 150 personas”, estima él, insistiendo en la responsabilidad de la ciudad autónoma: “Tienen que atender en condiciones. No vale que abran una nave y los hacinen sin nada. Tiene que ser una acogida con todas las garantías. Queremos que se respeten sus derechos”, zanja el presidente del colectivo vecinal.

Una chiquilla nos contó que su padre es alcohólico, su madre padece una enfermedad mental y que la llevaron a una casa de una señora para servirle y vivir allí con ella, pero la maltrataban y por eso huyó a Ceuta

Ahmed Enfed-dal — presidente de la asociación de vecinos

Con él coinciden las organizaciones humanitarias. Varias entidades de infancia y derechos humanos trasladaron al Gobierno su preocupación por la situación de los niños y adolescentes llegados a Ceuta desde Marruecos y reclamaron que todas las decisiones que les afecten se adopten atendiendo a su interés superior. En una carta dirigida a varios miembros del Ejecutivo y al delegado del Gobierno en Ceuta, piden garantizar su identificación, alojamiento seguro, alimentación y atención sanitaria, además de una evaluación individual de las circunstancias de cada menor para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad.

Las organizaciones recuerdan que la protección debe garantizarse con independencia de la nacionalidad, la situación administrativa o la forma de entrada en España, y reclaman que se respete la presunción de minoría de edad cuando existan dudas. También advierten de que no pueden realizarse repatriaciones automáticas y que cualquier retorno debe contar con las garantías legales, incluida la escucha del menor, la asistencia jurídica y la valoración de sus circunstancias personales y familiares. En el caso de quienes soliciten protección internacional, subrayan que deben poder acceder al procedimiento de asilo y no ser repatriados mientras su situación no haya sido evaluada.

Ante la magnitud de la llegada de menores, las entidades reclaman habilitar todos los espacios necesarios y reforzar la coordinación entre administraciones, incluida la cooperación entre comunidades autónomas para facilitar traslados. También muestran especial preocupación por quienes continúan en las inmediaciones del CETI y en las playas, donde podría haber menores todavía sin identificar y otras personas especialmente vulnerables, y piden que reciban de inmediato agua, alimentos, asistencia sanitaria y protección.

Las organizaciones, entre las que se encuentran Save the Children, Fundación Raíces, Plataforma de Infancia y Asociación Elín, también trasladan sus condolencias por las más de 140 personas fallecidas durante la crisis —sumando los cuerpos aparecidos en aguas españolas y marroquíes— y recuerdan que la protección de la infancia no puede quedar condicionada por el contexto migratorio.

La casa de Faten Ben Omar El Azizi está repleta de mujeres: primas, tías, amigas y Jamilla, una madre con unos ojos cargados de dolor. No hay ni una esquina de este hogar en la ciudad de Tetuán, a menos de 35 kilómetros de Castillejos, que no recuerde a la joven.

Algunos lo hacen desde la alegría, como su primo pequeño, que sonríe mientras muestra la última fotografía de la joven de 26 años. “Jugaban juntos al fútbol”, explica la madre de Faten. Sus vecinas, que aguardan en una esquina del living de su casa, tienen un rostro apagado. La joven, que jugaba al fútbol en el club Maghreb Atlético Tetuán, perdió la vida el pasado jueves cuando intentaba alcanzar a nado la costa de Ceuta en busca de un futuro mejor, en una tragedia que se cobró cerca de 90 vidas, según las autoridades españolas.

Enfrente del living, hay una pequeña habitación vacía: no hay cama, escritorio ni siquiera objetos personales. El silencio emana de esas cuatro paredes, que también son un recuerdo. “Esta iba a ser su habitación. Nos pidió que ya quería dormir sola, sin sus dos hermanos. La estábamos preparando y hasta entonces, ella prefería dormir aquí”, cuenta, mientras señala el sofá sobre el que ocurre esta entrevista.

Faten creció en Tetuán. Admiraba a todos los grandes futbolistas, tanto marroquíes como internacionales. Jamilla cuenta que era una chica alegre, que tenía buenas amigas y a una madre que la quería por encima de todas las cosas. “Lo juro por Dios”, sentencia.

“Yo sabía que mi hija quería ir a Europa, lo estaba intentando a través de su pasión, el fútbol. Jugaba desde los siete años”, lamenta. “Tiene que quedar claro: no envié a mi hija a cruzar la frontera. ¿Creés que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición mandaron a sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga”.

“Soñaba con seguir entrenando”

Jamilla trabajó muchos años como porteadora en la aduana entre Ceuta y Castillejos. Su única fuente de ingresos se truncó cuando en 2020 las autoridades marroquíes cerraron el paso de mercancías por el Tarajal para reducir el comercio informal y la situación de vulnerabilidad de mujeres como Jamilla. “No teníamos nada y Faten soñaba con seguir entrenando y formándose en su deporte, pero no nos lo podíamos permitir. En Marruecos, si no tenés dinero, no te podés dedicar profesionalmente nunca al fútbol”, explica. “A ella solo le pagaban algo cuando ganaban algún partido. Si perdían, nada. La ponía muy triste”, añade.

Tiene que quedar claro: no envié a mi hija a cruzar la frontera. ¿Creés que todas las madres que lloramos su pérdida o desaparición mandaron a sus hijas a morir? Faten no solo era mi hija, también era mi amiga

Jamilla — Madre de Faten

Todo eso cambió el mismo día que Faten murió en el mar. Su madre cuenta que desconocía que la joven estaba tramitando el visado para España desde el consulado de Tánger y recibió una llamada por la mañana. “¿Es usted Faten Ben Omar El Azizi?”, preguntaban al otro lado de la línea telefónica. “No, soy su madre”, contestó Jamilla. “A su hija le han concedido el visado”, contestó. “Tiene que venir a Tánger con su documento de identidad”. Jamilla desconoce exactamente cómo tramitó el visado.

La búsqueda fue angustiosa. “Nadie me ayudó a encontrar ni traer el cuerpo de mi hija. Vino un chico a casa preguntando si Faten llevaba un pantalón deportivo y me dijo que se había golpeado la cabeza intentando cruzar a Ceuta, pero yo ya sabía que había muerto. Lo sentía”, explica. Después de la noticia, el joven les explicó que tenían que ir a Rincón. Nada. En Tetuán tampoco había noticias sobre su hija. Desde las 22:00 de la noche del jueves hasta las 08:00 de la mañana del viernes no dejaron de buscarla ni un momento, según su testimonio.

“En Castillejos, mi hermana pidió que abrieran las puertas para comprobar si estaba allí. Entonces les preguntaron si mi hija llevaba una cadena con corazones. Yo no quise entrar. No quería grabar esa imagen en mi memoria”, cuenta. “Fue mi hermana la que entró. Ahí encontró a la amada de mi corazón, a mi niña Faten”, añade la madre. Explica que presentaba golpes en el rostro y que murió ahogada.

La historia migratoria de la familia no se reduce a la joven Faten. “Todos los hermanos se han ido a Ceuta. El mayor de los tres sí que pudo hablar conmigo por teléfono. Él cruzó caminando por la frontera. De la pequeña no sabemos nada, pero sabía nadar. Tiene 14 años”, explica mientras enseña una fotografía de la menor, que cuelga con un marco en una de las paredes de la casa.

“Mi marido falleció cuando Faten tenía 12 años y ahora estoy sola sin mis hijos”, apunta. En ese momento, la casa está abarrotada, pero Jamilla a lo que teme es al futuro. “No puedo vivir sin ellos”, añade. Baja la cabeza y desbloquea su teléfono celular. Una foto de Faten jugando al futbol, otra de la joven comiendo con sus amigas y una tercera sentada en las escaleras que suben desde la calle hasta la primera planta de su casa.

“Una buena compañera”

La muerte de la joven circuló en redes sociales y en la prensa cuando el Maghreb Atlético Tetuán, su club, la confirmó. Oumar, el entrenador, está sentado en el cordón de la vereda rodeado de una decena de jóvenes, de entre 15 y 26 años. Son las compañeras del equipo de fútbol donde jugó Faten en la liga regional hasta que falleció.

Una de ellas está sentada en el banquillo mientras que el resto comienzan el entrenamiento. Tiene 16 años y, aunque se llevaba diez años de diferencia con Faten, compartían risas y pases de fútbol. “Entrenamos dos días a la semana, los martes y los jueves. A veces aquí y, otras veces, en la playa”, cuenta, mientras señala el campo fútbol rodeado de vallas.

Oumar recuerda a Faten como “una buena compañera con un marcado espíritu futbolístico”. Explica que siempre mantuvo una actitud positiva dentro del grupo y que la querían mucho en el equipo. Cuando mira a las chicas, dice: “Lo están pasando mal. Muchas no pudieron venir a entrenar porque vieron el cuerpo de Faten durante el entierro y están afectadas”.

Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. La pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella

Malika — Amiga de Faten

Dos de las jóvenes del equipo también cruzaron a Ceuta, aunque ambas volvieron a una cancha de fútbol donde hoy, y hasta dentro de mucho tiempo, ruedan la pelota en memoria de Faten.

Rayhan en memoria de Faten

Además de jugar al fútbol, la joven llevaba desde los 14 años trabajando para llevar dinero a casa. Al salir del portal del edificio de su vivienda, el cementerio más antiguo de Tetuán se extiende por las faldas del monte Dersa. Entre las tumbas, dos jóvenes, Malika y Youssef cargan, en una mano con bidones de plástico repletas de agua y, con la otra, un puñado de rayhan o hierbas aromáticas que representan la bendición en contextos religiosos musulmanes. Faten trabajó con los dos limpiando tumbas y vendiendo ramilletes.

Durante los cuatro años que trabajaron juntos, compartieron la vida en medio de la muerte. Malika es una joven de Ouarzazate que es huérfana de ambos padres y decidió trasladarse a Tetuán para buscar trabajo. La joven rompe a llorar al hablar de Faten. “Éramos como hermanas, lo compartíamos todo, hasta la comida y el dinero. Ella venía a trabajar con nosotros cuatro días a la semana. La pasábamos bien y siempre me hablaba del fútbol. Era muy importante para ella”, explica entre lágrimas.

La tumba de Faten yace en este enclave de la ciudad y, aunque el color blanco de la misma todavía brilla, Malika decide volver a tirar agua sobre la superficie. Recoge un trozo de tela del suelo y la extiende por las baldosas. En el centro, sembraron rayhan, el mismo que ella vendía. También las riega, para seguir honrando su memoria. “La siento cerca, me la imagino subiendo la colina hacia aquí”, dice.

La Audiencia Nacional española abrió diligencias previas sobre la entrada a nado de decenas de miles de personas en Ceuta desde Marruecos ocurrida la semana pasada. En el marco de esas pesquisas previas, el tribunal especial solicitó a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional que realice un informe para averiguar si se trató de “una acción concertada o dirigida por alguna organización o grupo criminal”.

En un auto fechado el 31 de julio, la titular del Juzgado Central de Instrucción 3, María Tardón, solicita también que identifiquen “a quienes hubieran podido participar en tales acciones”. Una vez recibido este informe, la magistrada decidirá si es competente para asumir la investigación penal tras una denuncia del partido político Iustitia Europa.

En su denuncia, el partido señalaba hechos que podrían ser constitutivos de delitos contra la Seguridad del Estado, contra la Nación, de favorecimiento de la inmigración ilegal y tráfico de personas, de organización criminal y de omisión del deber de perseguir delitos. E iba dirigida “contra las personas físicas, integrantes de organizaciones criminales, funcionarios, autoridades, agentes, estructuras estatales o paraestatales extranjeras y autoridades de Marruecos o Españolas que resulten identificados”.

La denuncia pedía librar oficios al Ministerio del Interior, al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Departamento de Seguridad Nacional y Ministerio de Defensa para obtener informes de entradas, análisis de redes sociales y posibles injerencias extranjeras; así como requerir a la Guardia Civil las grabaciones de cámaras térmicas y radares de la frontera del Tarajal.

El auto de la jueza opta únicamente por reclamar a la Comisaría General de Extranjería y Fronteras para que realice el citado informe con “carácter previo! a resolver sobre la competencia penal de la Audiencia Nacional sobre los hechos denunciados.

Fátima es una de las primeras en llegar al punto por donde entran todos los jóvenes que están volviendo desde Ceuta hasta Castillejos, la localidad marroquí al otro lado de la frontera. Sentada en el suelo y en busca de la sombra, mira hacia el horizonte de un mar encarcelado. Detrás de la valla que la separa del espigón, decenas de chicos marroquíes caminan sorteando las rocas, restos de ropa y chancletas que inundan este trozo de la costa mediterránea tras la entrada de decenas de miles de personas –en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores– a la ciudad autónoma el pasado jueves.

Está con su hermano mayor, Mohamed. Ambos llevan desde el viernes esperando al pequeño de los tres. Khalid tiene 26 años, estudió en Meknes y vive con sus padres. “No encuentra trabajo, pero tampoco nos avisó que iba a hacer esto”, confiesa Fátima mientras señala Ceuta, a escasos metros desde donde habla con elDiario.es.

Hadiya, una joven de 23 años, busca a su hermana pequeña, de solo 18. Se asoma en los autobuses donde suben aquellos a los que no les esperan sus familiares en este punto del país y que serán trasladados a ciudades como Tánger o Casablanca. “Hermano, estoy buscando a mi hermana pequeña. ¿Está aquí?”, pregunta con la voz entrecortada.

“¿Por qué se marchó?”, pregunta este medio. Hadiya resopla. “No lo sabemos. Lo tiene todo: escuela, casa, estudios, familia”, responde. Para Mouna, que espera a su hija de 22 años, la respuesta es la misma, aunque añade: “Seguramente lo vio en redes. Está lleno de videos de otros jóvenes que iban camino a España”, explica. “Tampoco nos avisó. Vivimos a ocho kilómetros de esta frontera”, añade a este medio.

Pasaron casi tres horas y cada vez hay más familiares y amigos que esperan tener noticias. Muchos de los jóvenes que cruzaron hacia Ceuta perdieron sus teléfonos móviles o no tienen batería o saldo para llamar a casa. Conforme van llegando, algunos se lanzan a los brazos de sus seres queridos y, entre lágrimas, solo dan gracias a Dios.

Otros, en cambio, tendrán que esperar unos cientos de kilómetros hasta reencontrarse con unas familias ahogadas en la angustia. Rabat ha roto este domingo su silencio sobre la tragedia, tras jornadas sin proporcionar información sobre el número de víctimas, heridos o desaparecidos en territorio marroquí, y ha elevado a 11 el número de víctimas contabilizadas en su lado de la frontera. “Hay muchos muertos en el mar”, dijo un agente marroquí este sábado por la noche a elDiario.es, señalando la costa. España hasta ahora informó que el número de víctimas mortales se sitúa en 72.

Fátima corre hacia esta periodista y, sonriendo, cuenta que su madre le acaba de llamar con la mejor de las noticias: el joven Khalid ha aparecido en casa. Poco después, Mouna lanza un chillido mientras habla por teléfono. Es su hija, está volviendo hacia Marruecos. La joven, que presenta heridas en la cara y en los brazos, llega media hora después. Se funden en un abrazo y corren a buscar un taxi.

Una generación sin horizontes claros

La salida de los jóvenes marroquíes de su país no se explica solamente por su cercanía con la frontera terrestre con España ni por la cantidad de videos difundidos por redes sociales, grabaciones de jóvenes avanzando hacia la frontera en grupo, cruzando por el mar o alentando el cruce irregular hacia la ciudad autónoma y a través de los cuales muchos chavales se enteraron de que la gente estaba intentando atravesar la frontera.

Este éxodo también tiene múltiples aristas sociales y económicas. Organizaciones de derechos humanos marroquíes apuntan, entre los factores estructurales que impulsan la migración irregular, al desempleo y la pobreza.

La desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos

La Asociación Marroquí de Derechos Humanos afirma en un comunicado recogido por la Agencia EFE que lo sucedido “refleja el bloqueo del horizonte social” en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población.

La ONG cree que, lejos de tratarse de un hecho aislado, el episodio fronterizo es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social” y constituye “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

En Marruecos, el desempleo juvenil ha superado ampliamente la media nacional: más de un tercio de los jóvenes de entre 18 y 24 años no encuentra trabajo, mientras que entre los 25 y los 34 años el paro afecta a más de uno de cada cinco, según datos del Banco Central. Los que tienen estudios también encadenan años sin empleo, trabajos informales o puestos mal remunerados.

Acceso a educación y sanidad

Para muchos jóvenes –que se manifestaron activamente en las calles del país en octubre de 2025, sobre todo a través de la plataforma Generación Z 212–, la falta de oportunidades convive con macroproyectos. Con una Marruecos ‘a dos velocidades’. En las grandes ciudades, como Rabat o Casablanca, se están invirtiendo recursos en infraestructuras vinculadas al Mundial de Fútbol de 2030. Recursos que contrastan con el estado del acceso a la educación y la sanidad en el país.

Respecto a la educación, en las zonas rurales del país, algunos alumnos caminan durante horas para llegar a escuelas con aulas saturadas, falta de material y edificios en malas condiciones. Para muchos jóvenes, estudiar había dejado de representar una garantía de movilidad social y oportunidades laborales. Muchos terminan sus estudios y siguen en sus hogares, sin posibilidades económicas de independizarse. A finales de octubre de 2025, y tras las protestas de la GENZ 212, el Consejo de ministros marroquí intentó aplacar el malestar anunciando inversiones en salud y educación.

Otros jóvenes denuncian las complicaciones burocráticas para obtener visados hacia Europa. Muchas de las quejas aluden a la reventa de las citas para acceder a tramitar los visados españoles en Marruecos. Los intermediarios informales utilizan robots informáticos o acuerdos opacos para acaparar las citas disponibles y así ofrecerlas posteriormente a los solicitantes a cambio de altas sumas de dinero que muchos jóvenes no pueden pagar. A final de julio de 2026, medios marroquíes hablaron de un nuevo blindaje contra el fraude en dichas tramitaciones.

La AMDH advierte de que “la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación”, que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, “la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder”.

La asociación considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”. “La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas”, señala.

Hamid y Ahmed estaban enganchados a las pantallas de sus teléfonos celulares. Sirenas, Hraya (término utilizado en redes sociales para referirse a la migración irregular), videos de jóvenes en el mar, una madre que llora la desaparición de sus hijos y un padre que, en cambio, alza en brazos a su bebé, de escasos meses de edad, mientras se sumerge en la playa de Castillejos, la ciudad marroquí fronteriza con Ceuta.

400 kilómetros separaban a Hamid y Ahmed de su destino final. Se escapaban de la represión policial en la estación de tren de Casablanca y, después de mucho esperar, subieron al tren cuando marcaban las 17:00 de la tarde del 30 de julio. Hraya Ceuta. “No nos queda nada, solo Dios”, dice Hamid.

De camino a Castillejos, Hamid y Ahmed consiguieron subirse a un coche privado que avanzó hacia la frontera con la ciudad autónoma. Ese paso donde, desde la mañana del jueves, miles de jóvenes se habían agolpado. Una hilera de coches marchaba hacia la ciudad marroquí mientras decenas de personas como Hamid y Ahmed avanzaban, caminando, desde Tánger hasta Castillejos. 75 kilómetros. A las 00.00 horas de la noche, los pitidos de los coches y las sirenas de los furgones que intentaban llegar el cruce en España rompían el silencio propio del mar.

Conforme pasó la noche, la situación se complicó. De pronto, una montaña de fuego y humo negro se abría paso en la oscuridad de la madrugada. Era un autobús, en llamas. De fondo, Ceuta, España, donde decenas de miles de personas habían cruzado por tierra y por mar. En la madrugada se registraron entre las fuerzas de seguridad marroquíes y grupos en las colinas próximas al paso fronterizo con Ceuta. Las autoridades marroquíes no facilitaron cifras oficiales sobre heridos, víctimas o detenidos, aunque, según algunas informaciones, decenas de personas fueron detenidas por la policía en Castillejos en las últimas horas.

Hamid había perdido la conexión y hablar con él era casi imposible. Hasta que un golpe seco tocó la espalda de esta periodista. “He conseguido llegar”, celebraba. En la estación de Casablanca, contaba que no tiene oportunidades laborales en Marruecos. “No hay leyes ni hospitales adecuados, faltan muchos servicios. Sin embargo, en el extranjero tenemos la ambición de estudiar y trabajar”, explicaba.

El Gobierno de Pedro Sánchez insistió en atribuir la situación a una supuesta “lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tribunal Supremo”, en referencia a la decisión que puso fin a las devoluciones en caliente en el mar, confirmando la ilegalidad de esta práctica que ha sido sistemática y cuestionada durante años.

Pero, el jueves por la noche, en Castillejos, nadie caminaba en grupos grandes, ni siquiera con un destino final similar. Algunos solos y otros acompañados de amigos, familiares, hijos. En grupos de seis o siete personas, varios atravesaban las vallas metalizadas en el espigón, otros daban la vuelta, heridos y exhaustos mientras, otros tantos, esperaban sentados en el paseo marítimo de Castillejos o recostados en las zonas ajardinadas de la ciudad. Los que probaban suerte en el mar corrían con flotadores oscuros, aletas y anteojos de buceo. Nada más. “Solo Dios”, repetía un joven que corría solo.

El día después

Sobre las 7:00 de la mañana del viernes, Mohamed, de origen senegalés, estaba recostado en la playa con vistas a El Tarajal. Como él, decenas de jóvenes, de mayoría marroquíes, habían pasado la noche en vela entre intentos de cruce y cabezadas en los aledaños de la entrada hacia España.

A la pregunta de cómo llegó hasta aquí, ninguna de las personas consultadas mencionó la sentencia del Tribunal Supremo. Tampoco Mohamed, que camina solo y se limita a decir, sin dar más detalles, que vio una publicación en redes sociales.

Amina agarraba el celular y lloraba desconsoladamente. Estaba buscando a sus hijos. “El pequeño ha conseguido cruzar, está en Ceuta. El mayor no tiene conexión, me dijo que lo intentaría una vez, pero han pasado más de 12 horas desde entonces”, explicaba.

La mañana transcurrió con más presencia juvenil que llegó no solo desde Casablanca, sino también desde otras ciudades como Kenitra o El Jadida, y con unas fuerzas de seguridad marroquíes que apenas dispersaban a los grupos que llegan a aglomerarse frente a la valla de Ceuta.

Las vías para cruzar son diferentes. Está el camino a través del mar, donde muchos jóvenes aguardaban ante la mirada de algunos de los barcos policiales que controlan la costa. Entre los bosques de las montañas, donde conforme pasaba la mañana, los gendarmes marroquíes empezaron a lanzar gases lacrimógenos. Y en primera línea de la carretera, donde, cuando marcaban las 12 del mediodía, un camión cisterna, rodeado de decenas de militares marroquíes, avanzaba con paso firme. La dispersión fue efectiva y en las siguientes horas el dispositivo policial se hace con la zona.

Cuando empezaba la tarde en Castillejos, decenas de personas volvían a la ciudad marroquí. Una joven, herida en el pie, estaba recostada en una de las rotondas de la ciudad. Había conseguido cruzar a Ceuta junto a su hermano de 12 años, pero fue una de las miles de personas que pasearon de vuelta por el camino entre ambos países.

El Gobierno español asegura que más de 48.300 migrantes retornaron ya a Marruecos de los aproximadamente 50.000 migrantes que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. Muchos describen las dificultades que encontraron a su llegada y denuncian que sufrieron condiciones duras tras una noche a la intemperie.

Muchos retornan, pero Castillejos estaba sumida en la incertidumbre. Aquí el mundo se detuvo. “Los servicios de taxi llevan suspendidos desde ayer por la tarde, los comercios están cerrados y no hay agua ni comida”, dijo un joven. Al menos 57 personas murieron cuando intentaban entrar a nado en el enclave español.

El Ministerio del Interior de Italia anunció la suspensión temporal del tratado Schengen de libre circulación en la Unión Europea (UE) tras la crisis de migrantes en Ceuta y que reintroduce controles en puertos y aeropuertos con España.

Sobre esta última medida, Roma matizó que los controles serán aleatorios y solo afectarán a ciudadanos que no pertenezcan a la UE. El Ejecutivo tuvo que salir al paso para aclarar una información de Interior, que llegó incluso a anunciar en un comunicado (corregido poco después) un “cierre de fronteras marítimas y aéreas con España”.

La medida entrará en vigor a partir de este sábado 1 de agosto en plena campaña de vacaciones y con la consiguiente llegada de turistas internacionales a Italia. El comunicado del Gobierno presidido por Giorgia Meloni termina aclarando que “para quien desde Italia vaya a viajar a España no cambia nada”.

Poco después del anuncio, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, defendió la decisión por ser “una elección necesaria para proteger la seguridad de nuestros ciudadanos y defender las fronteras europeas”. El político italiano escribió en un post en X que la suspensión es “una medida prevista por los tratados y que hoy se vuelve ineludible”. “La crisis de los migrantes en Ceuta nos recuerda que la gestión de las fronteras de la Unión es una responsabilidad común de nuestros países, unos hacia los otros”, continuó el ministro.

Por otro lado, el ministro italiano mantuvo una conversación telefónica con su homólogo francés, Laurent Nuñez, para acordar el reforzamiento de los controles en las fronteras terrestres entre ambos países. La decisión italiana se produce a raíz de la llegada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma española de Ceuta.

El anuncio se produce cuando el Ministerio del Interior español anunció que prácticamente todos los migrantes que entraron en el enclave español en África ya retornaron a Marruecos, unas 48.300 personas de las 50.000 que se calcula que cruzaron las fronteras. En el pasado Italia introdujo controles temporales en su frontera con Eslovenia, para tratar de contener las llegadas de inmigrantes por la ruta balcánica.

Además de Meloni, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen y la ministra de Interior de Finlandia, Mari Rantanen, pidieron a la UE que estudiara todas las opciones tras la llegada de migrantes a Ceuta. “Es evidente que la UE debe dar de forma inmediata todos los pasos necesarios y considerar todas las posibilidades, incluida la suspensión de la cooperación de Schengen”, señaló la mandataria socialdemócrata en un comunicado enviado a la agencia danesa Ritzau.

Con información de la agencia EFE

Miles de personas que entraron a Ceuta en las últimas horas están empezando a regresar a Marruecos por el espigón fronterizo, según pudo comprobar elDiario.es. Aunque siguieron entrando migrantes a la ciudad autónoma este viernes, la afluencia se fue reduciendo a primera hora de esta mañana.

Este viernes, cientos de jóvenes marroquíes retornaban a través de la frontera del Tarajal horas después de la entrada de decenas de miles personas migrantes en Ceuta desde el país vecino. “Estamos como animales, no hay comida, ni agua”, dice a este medio Hamza, un adolescente de apenas 17 años que vuelve hacia el punto por el que llegó apenas 20 horas antes. El Gobierno asegura que más de 25.000 migrantes ya volvieron a Marruecos de los aproximadamente 50.000 que calcula que entraron de forma irregular a la ciudad autónoma. El número de cuerpos sin vida en la frontera siguió subiendo: según el presidente de Ceuta, Jesús Vivas, ya son más de 40.

Los centros de menores están llenos de la ciudad autónoma desde hace tiempo y, además, los jóvenes expresan temor a acudir a los recursos municipales por miedo a que los reingresen en su país contra su voluntad. “Uno de mis hermanos está en España y me dijo que esperara un tiempo a acudir al centro, que ahora somos muchos y nos llevan de vuelta”, apunta entre llantos Brian, de 16 años y natural de Tetuán.

Él se debate en todo caso entre la vuelta y la estoica resistencia en busca de un sueño y el retorno a casa por el hambre y la falta de agua y de perspectivas. “He dormido en la calle como un perro, moviéndome entre la playa y las aceras porque la Policía nos andaba persiguiendo”, relata en inglés el joven, que ya superó los estudios obligatorios y encaraba los exámenes de selectividad en su país el próximo año.

Sin embargo, no quiere. Tiene una familia numerosa y cree que debe aportar. “Cualquier cosa es mejor que Marruecos”, finaliza mientras escribe un mensaje de WhatsApp a su madre en busca de consejo.

No todos resisten el hecho de no tener espacio de alojamiento, comida agua y encontrarse todos los establecimientos de la ciudad cerrados, inutilizando la posesión de dinero. Cientos salieron ya esta madrugada. Según explican fuentes policiales, un gran grupo, el primero en retornar al país vecino, tuvo que esperar a que el Gobierno marroquí autorizara de nuevo su regreso.

Esta mañana el flujo ya era constante. Una larga fila se dirigía por la costa hacia el Tarajal llenando aproximadamente dos kilómetros de acera por el litoral. Una vez en el espacio limítrofe, entraban por el flanco izquierdo, el que normalmente ocupa la Guardia Civil y que ahora se destina al paso de quienes perdieron la esperanza.

Entre ellos está Hamza, que va con otros cuatro amigos. Todos son de Rincón, la siguiente localidad más próxima a Ceuta después de Castillejos. Llaman y esperan que alguien les venga a recoger al otro lado de la frontera. “Así no se puede estar, amigo”, añade el pequeño Mohamed, de solo 14 años, que cuenta que soñaba con emular al jugador de fútbol Lamine Yamal.

Las salidas de la ciudad autónoma se están produciendo a un ritmo alto y se espera que en las próximas horas regresen más a Marruecos. En el centro de la ciudad, algunos policías se acercaban a los grupos de chavales incitándoles a volver e indicándoles la dirección de la frontera, un factor que, según los propios migrantes, también les ha llevado a recorrer el camino de vuelta a casa.

El Gobierno español calcula que 50.000 personas entraron en la ciudad española de Ceuta y que 48.300 ya regresaron a Marruecos. Mientras, la Delegación del Gobierno en Ceuta elevó la cifra de muertos a 57, por el momento.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció desde Ceuta acerca de la crisis humanitaria. Calificó la entrada de decenas de miles de inmigrantes en la ciudad como una “violación de la integridad territorial de España”. También achacó a las “mafias” la entrada masiva de personas en territorio nacional cruzando las aguas territoriales españolas, y prometió que el Estado pondrá “todos los recursos” para contener las entradas y para expulsar de manera urgente a los migrantes a Marruecos.

Qué dijo Pedro Sánchez

Sánchez se mostró dispuesto este viernes a estudiar una posible reforma de la ley de extranjería para garantizar que las repatriaciones en frontera se hagan “de la manera más eficiente posible”, tras la entrada de miles de personas en la ciudad española de Ceuta desde Marruecos.

Además, condenó la entrada irregular de marroquíes a Ceuta, situada en el norte de África, al considerarla un “ataque” y “una violación de la integridad territorial de España” en una conferencia de prensa pública en esta ciudad autónoma española.

Ante esta crisis migratoria, Sánchez garantizó a los ceutíes que “toda España está con ellos” y afirmó que el Gobierno que preside se hace cargo del estado emocional y la situación de “angustia” que están viviendo.

De hecho, agregó que ya se están agilizando los expedientes de expulsión de los miles de migrantes llegados estos días a Ceuta, fronteriza con Marruecos.

Sánchez, que evitó cualquier crítica a Marruecos, aseguró que las autoridades marroquíes están dispuestas a cooperar para agilizar las repatriaciones de sus ciudadanos.

El jefe del Gobierno español reiteró que su Ejecutivo está utilizando todos los resortes y recursos del Estado para garantizar la seguridad y la convivencia en Ceuta.

En su opinión, lo sucedido es consecuencia de la propagación en redes sociales por parte de las mafias que trafican con personas, de una “lectura interesada” de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo español que impedía las devoluciones de personas que entran en el país por mar.

A la espera de posibles reformas legales, Sánchez aseguró que se dará una respuesta “coyuntural” ante la situación y que solicitó a la empresa Sasemar, encargada de salvamento marítimo, que despliegue boyas en el espigón fronterizo, en colaboración con el Ejército español y la Guardia Civil.

El objetivo, explicó, es crear una barrera de contención visible que marcaría la línea fronteriza entre ambas naciones y que puede facilitar el cumplimiento de la ley.

Las estimaciones iniciales elevan a 49.000 personas -a falta de confirmación oficial- las que entraron de forma irregular a la ciudad norteafricana española de Ceuta, que tiene una población censada de 83.595 habitantes, según datos de 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con información de la agencia EFE

Muad llega tan exhausto como eufórico. Tan solo lleva una malla y una funda de brazo en la que guarda el celular y algo de plata. En cuanto recupera el aliento, el joven de 25 años exclama: “Gracias a Alá por todo”. Es una de las miles de personas, la mayoría hombres jóvenes, pero también mujeres y niños, que lograron acceder este jueves a la ciudad autónoma española Ceuta, en lo que es la mayor entrada irregular desde Marruecos desde la crisis diplomática con el país vecino en 2021.

Según indican a elDiario.es fuentes oficiales del Gobierno local, este jueves llegaron más de 20.000 personas. Muchas consiguieron alcanzar el espigón del Tarajal y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras se lanzaron al mar con la intención de acceder bordeando la línea fronteriza. La Guardia Civil y Salvamento Marítimo recuperaron a lo largo de este jueves los cuerpos de nueve personas que supuestamente intentaban entrar a nado, lo que eleva a casi 40 el número de migrantes localizados sin vida en el litoral de la ciudad autónoma en lo que va de año.

Hasta el momento, el mensaje que transmitió el Gobierno español durante el día es de “colaboración” con Marruecos, que Interior tachó de “ejemplar”. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajarán este viernes a Ceuta. El Gobierno anunció que cierra la frontera y que desplegará al Ejército para “reforzar a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”.

“Entramos para aprovechar la vida, para trabajar”

Natural de la vecina Castillejos, Muad cuenta que alcanzó Ceuta en una hora de trayecto a nado. Transmite ilusión tras pisar suelo español. “Ahora entramos a Ceuta para aprovechar la vida, para trabajar, para ayudar a nuestros padres. Venimos para ayudar a nuestros padres. Allí en Marruecos no hay nada”, dice el joven. Poco después entra Hassan, aún más joven. Cuenta que lo que quiere es un empleo. “No sé de qué, pero quiero trabajar… tener un buen trabajo”, dice.

Quienes buscan entrar en la ciudad autónoma española suelen iniciar la travesía a unos 500 metros de la instalación fronteriza marroquí. Para eso, bajan desde la ruta que da al paso limítrofe, por una ladera de piedra. Después nadan atravesando el doble vallado, con un espacio de playa, que aún pertenece al lado marroquí, para a continuación superar el primer espigón, cruzando a continuación la playa que la Guardia Civil tiene en sus dominios dentro de la parte española del recinto y finalmente bordeando el espigón que da a la playa del Tarajal.

Ese complejo y largo recorrido, plagado de cámaras de calor que detectan a los migrantes, suele llevar entre dos y cuatro horas. Sin embargo, durante la afluencia de este jueves, quienes se arrojaban al mar lo hacían en un punto de la ruta mucho más cercano a la frontera de lo habitual, pasando además considerablemente más pegados a la costa de lo normal, cuando no directamente caminando sobre el espigón.

Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache y me tiré al agua. No tenía nada, así espero poder mandarles dinero

Amina — 38 años

Una vez en Ceuta, Hassam cuenta que espera a “la Guardia Civil” para que le digan qué hacer: “Yo quiero ir al CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes)”, subraya, pero el espacio de acogida, de poco más de 500 plazas, ya no daba abasto antes de la entrada de este jueves.

En los últimos diez días, se estimaban unas 1.500 llegadas a la ciudad autónoma. En la otra punta de Ceuta, mientras comenzaba la afluencia de personas, Amina descansaba en el centro de San Antonio, de la Fundación Cardjn, que acoge a jóvenes que acaban de cumplir la mayoría de edad y también a quienes llegan con complicaciones físicas derivadas de la diabetes y de otras enfermedades crónicas comunes.

“Dejé a mis dos hijos con mi madre en Larache (Marruecos) y me tiré al agua”, contaba a este medio con la ayuda de una traductora la mujer de 38 años. “No tenía nada, así espero poder mandarles dinero”, relata esta mujer, que viéndose viuda, desempleada y “sin acceso a ninguna ayuda” en Marruecos, optó por dejar atrás a sus seres queridos, a quienes planea ahora ayudar en la distancia.

Muchas de las personas que entraron este jueves pasaron por la comisaría Policía Nacional, siguiente parada de los recién llegados al Tarajal, que acuden allí para ser filiados y posteriormente derivados a algún recurso de acogida, antes de un hipotético traslado a la Península, que de cumplir con el protocolo habitual, se demoraría varios meses.

De las dependencias policiales salían hacia la frontera números efectivos pasadas las 13:00. Llegados a la zona fronteriza, procedieron a cortar los accesos, rotondas y caminos que daban a las barriadas cercanas y finalmente a tratar de contener para que quienes entraban por el espigón no pudieran avanzar. Algunos agentes hicieron uso de la porra contra quienes salían del Tarajal, tal y como quedó recogido en varios videos.

Posteriormente, las entradas de migrantes continuaron al mismo ritmo pasadas las 18:00 horas. Mientras, los que caminaban por el centro de la localidad terminaron siendo hostigados por manifestantes que llegaron a lanzarles piedras y tuvieron que ser interceptados por la Policía Nacional, según presenció este medio.

El recuerdo de mayo de 2021

El único precedente de un volumen similar de entradas irregulares en la ciudad autónoma es la que se produjo en mayo de 2021 en plena crisis con Marruecos. Entonces llegaron a la localidad más de 12.000 personas, tanto marroquíes –la nacionalidad mayoritaria en esta ocasión– como de países subsaharianos y Argelia. La estampa fue similar, con el CETI lleno, los servicios de atención a menores no acompañados –de competencia municipal– también saturados, falta de alimentos y servicios sanitarios al límite. Todas estas circunstancias vuelven a repetirse, según advirtieron en diversos comunicados los sindicatos representados en el Centro de Estancia y en el Sistema Público de Salud.

La organización Sur Acoge volvió a reclamar que los recursos de acogida de la ciudad autónoma “se dimensionen” para responder con garantías a situaciones como la actual. “La Federación insiste en que el Estado y la Ciudad Autónoma deben contar con plazas suficientes para atender con dignidad a las personas que llegan, especialmente a niños, niñas y adolescentes sin referentes familiares”, dice.

Ante el repunte de llegadas, organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) pidieron medidas como una “derivación rápida” hacia la península. Pero en un escueto comunicado, Interior anunció, sin dar más detalles, que España y Marruecos “acordaron reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se comprometieron a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta”.

Las ONG especializadas son contrarias a los procedimientos acelerados, que pueden impedir, por ejemplo, la detección adecuada de personas en situación de vulnerabilidad o que necesiten protección internacional. En 2021, España negoció con Marruecos la repatriación de sus nacionales en cuestión de dos meses. La mayoría fueron saliendo paulatinamente desde las naves industriales en las que los habían acogido. En el caso de personas de otras nacionalidades se optó por su traslado a la Península, aunque este proceso se demoró hasta octubre de aquel año.

En 2021, el pacto entre España y Marruecos también fue aplicado en agosto, meses después, a los menores de edad. Al menos 55 niños fueron llevados de vuelta al país vecino en una acción que el Tribunal Supremo consideró ilegal. La Audiencia Provincial de Cádiz también estimó que la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, y la vicepresidenta ceutí, Mabel Deu, prevaricaron al saltarse el procedimiento y no hacer valer el interés superior del menor.

El fin de las devoluciones en caliente por mar

Entretanto, las autoridades habían continuado las devoluciones en caliente de los migrantes nada más ser interceptados saltando la valla, llegando a nado a las playas de la Bahía sur de la ciudad o en plena travesía marítima a través de los límites entre países. La Guardia Civil y la Policía realizaban estas devoluciones sin ocultarlas, tanto de día como de noche.

Según reconocían los agentes y la Delegación del Gobierno local, la orden consistía en expulsar inmediatamente a todas las personas interceptadas, salvo aquellas que aparentaban ser menores, sin atención individualizada ni asistencia letrada. Sin embargo, tanto un tribunal andaluz, como recientemente el Supremo, confirmaron la ilegalidad de las devoluciones instantáneas de quienes llegan a nado y empujó a las fuerzas de seguridad a dejar de aplicar esta práctica hasta entonces sistemática.

Las organizaciones de derechos humanos rechazaron que lo sucedido este jueves responda a un supuesto 'efecto llamada' provocado por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, como se asegura desde algunos sectores. “La evolución de los acontecimientos, con intentos de acceso tanto por vía marítima como terrestre, apunta a una realidad mucho más compleja”, dijo Sur Acoge. Entre los factores que las ONG mencionaron detrás del repunte de llegadas a la ciudad autónoma en los últimos días está el periodo estival y la situación favorable del mar.

“No se les pueden brindar las necesidades mínimas”

Antes del episodio vivido este jueves, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había calificado de “emergencia nacional” la situación que sufre la ciudad autónoma en los últimos días y había pedido “un mando único”. El Gobierno español dejó pronto claro que la activación de este mecanismo no es posible. “Forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo del Sistema Nacional de Protección Civil ni establece planes especiales, directrices básicas o instrumentos específicos de protección civil para su gestión”, dijeron fuentes de Moncloa.

Nayat Abselam, de la Fundación Cardjn, lamentaba la misma mañana de este jueves en declaraciones a este medio la situación por la que atraviesa la ciudad y las malas condiciones en las que se encuentran los recién llegados. “En los centros de menores la saturación es total. No se les pueden brindar las necesidades mínimas que tienen”, advertía la mujer, que gestiona el centro de acogida de San Antonio, donde ahora mismo se encuentran por encima de sus capacidades, atendiendo a personas “especialmente vulnerables”. “Tenemos personas enfermas, con diabetes y con algunas lesiones”, explicaba la activista. “La solución es muy compleja”, sentenciaba.

El Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) ya albergaba a 1.700 personas este miércoles, antes de la entrada de este jueves. 1.000 de ellos, según trabajadores del propio espacio, se encontraban viviendo en la calle: “No son condiciones aceptables ni para ellos ni para los trabajadores”, apuntaban, advirtiendo de que la plantilla queda “muy corta” para el contexto presente. “No hay más espacio de acogida y el problema es cuando tampoco haya comida”, agregaban responsables de la Policía Nacional consultados por este medio.

Es de esperar, según apuntan fuentes internas del Ejecutivo local, que en las próximas horas Ciudad y Delegación acuerden habilitar naves, polideportivos e incluso campos de fútbol en zonas periféricas como alojamiento temporal para las miles de personas que alcanzaron Ceuta este jueves.

España cerró la frontera de Beni Enzar, la única operativa entre Melilla y Marruecos, según informó la delegación del Gobierno español en esa ciudad autónoma, que pidió a la ciudadanía que no se desplace al perímetro fronterizo para no dificultar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Una medida que se suma a la conocida por la tarde de desplegar unidades del Ejército en Ceuta para apoyar a la Guardia Civil en la gestión de la crisis migratoria.

Las Fuerzas Armadas “reforzarán a la Guardia Civil en el ejercicio de sus competencias y aquellas que puedan resultar necesarias para mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta”, anunció este jueves el Gobierno de España, ante la entrada de miles de personas desde Marruecos a la ciudad autónoma. Según explicaron desde el Ejecutivo, “los efectivos movilizados estarán coordinados por el mando de operaciones y darán apoyo a la Guardia Civil”. Además, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto viajar allí este mismo viernes.

Respecto a la Guardia Civil, a los 60 efectivos de la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS) destinados permanentemente en vigilancia fronteriza, se sumó ya un pelotón adicional (20 efectivos) y en las próximas horas se incorporarán dos pelotones más, con 40 efectivos. Además, la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta se refuerza con 30 guardias civiles procedentes de diferentes unidades de Andalucía. Asimismo, el Gobierno informó del envío de dos grupos de buceadores (ocho efectivos) del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía.

A las embarcaciones del Servicio Marítimo destinadas en Ceuta (dos embarcaciones medias y cuatro embarcaciones tipo zodiac), se unirán el buque Duque de Ahumada, que llegará a Ceuta en la madrugada del 31 de julio. Además, en los próximos días se incorporarán al Servicio Marítimo cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones y el servicio aéreo se reforzará con un helicóptero.

Respecto a los efectivos de la Policía Nacional, Moncloa informó que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras envió un equipo de extranjería, compuesto por seis personas, “para apoyar las labores de reseña y documentación”. En Seguridad Ciudadana, el grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y los efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de Ceuta doblarán turnos, mediante la dotación de jornadas extraordinarias.

Asimismo, este jueves se incorporaron tres equipos de UIP desde Sevilla, a los que se añaden en los próximos días los equipos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 200 efectivos de UIP y UPR, que estarán desplegados específicamente en tareas de seguridad ciudadana en Ceuta.

“Ejemplar colaboración”, según Interior

Los agentes de antidisturbios de la Policía Nacional se desplegaron en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Ante lo ocurrido, el Ministerio del Interior destacó este jueves “la ejemplar colaboración de España con Marruecos en todos los ámbitos, incluido en materia migratoria”. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska agradeció además a las autoridades marroquíes “los esfuerzos realizados” en los últimos días por sus fuerzas de seguridad, “que impidieron miles de intentos de migración irregular”.

“Ambos países han acordado reforzar la coordinación y los esfuerzos para hacer frente a estos flujos y se han comprometido a revisar e implementar medidas para la entrega, lo antes posible, de todas las personas que han entrado ilegalmente en Ceuta”, añadieron desde Interior.

Cientos de personas migrantes han accedido a la ciudad española de Ceuta en torno al mediodía local este jueves desde Marruecos. Los agentes de la Policía Nacional de España se han desplegado en la frontera del Tarajal para contener la entrada, que se produce después de la llegada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días.

Alrededor de 1.000 personas asomaban poco antes de la 13 (hora local) por el espigón del Tarajal. Muchos han llegado a suelo ceutí simplemente a pie, reduciendo la habitual travesía a nado de entre dos y cuatro horas a apenas media.

Decenas de personas consiguieron alcanzar el espigón y la alambrada sin que se apreciara un dispositivo policial que impidiera su avance. Al mismo tiempo, otras decenas se lanzaron al mar con la intención de acceder a Ceuta bordeando la línea fronteriza, mientras otros grupos caminaban en paralelo a la alambrada en dirección de la valla española.

Antes, cientos de personas que habían entrado a nado en las primeras horas de la mañana a la localidad desde la vecina ciudad marroquí de Castillejos a la ciudad española han salido a la carrera del recinto donde les atendía la Guardia Civil en la frontera. Los agentes atendían y organizaban a los migrantes recién llegados –una reciente sentencia del Tribunal Supremo puso fin a las polémicas devoluciones en caliente por mar, una práctica que antes era sistemática entre denuncias de las organizaciones de derechos humanos–. En algunos casos optaban por marchar rápido en dirección a las próximas barriadas del Príncipe o Juan XXIII o hacia el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes.

Hasta el momento, el Gobierno español ha asegurado que el país vecino “está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente para afrontar esta situación”. Fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid han trasladado a Europa Press que los recientes intentos de entrada irregular a la ciudad autónoma “no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular” y aseguran que la colaboración es “ejemplar”. En la misma línea se ha expresado el Ministerio del Interior españñol, que indica que Fernando Grande-Marlaska ha permanecido en “contacto permanente” con su homólogo marroquí, Abdelouafi Laftit. Grande-Marlaska se desplazará a Ceuta mañana, a primera hora, para seguir la evolución de la situación.

En la ciudad autónoma, cientos de flotadores abandonados en el mar dan cuenta de las llegadas: los nadadores suelen partir con neopreno, flotador y aletas, dejando a su llegada a España el equipo en el camino. La Guardia Civil trata de auxiliar a quienes llegan, pero no da abasto. Mientras, los recién llegados, en su mayoría jóvenes marroquíes, se encuentran en centros de acogida sobrepasados, tanto de menores, como de mayores de edad. Lo mismo ocurre con las dependencias de la Policía Nacional, donde se realizan las filiaciones de los migrantes para registrarlos y poder ofrecerles atención y un futuro traslado a la Península.

Hay un pedazo del planeta, de frontera no muy clara pero inmenso en el corazón, donde no se elige un posible ganador para este domingo. En ese territorio sin aduanas, el fútbol no divide; suma, multiplica. Hoy, mientras los ecos del Mundial de Qatar todavía resuenan, una comunidad de casi un millón de almas vive en un estado de expectativa. Y de epifanía. Somos los hispano-argentinos, una de las comunidades de doble nacionalidad más grandes del mundo, que asistimos con una sonrisa a las idas y vueltas de la pelota: la certeza de que, juegue quien juegue, ya ganamos. Para más alegrías, cada uno llega sacando a su máximo rival en las semis, soñado.

Si sumamos a los más de 500.000 españoles que aún hacen de la Argentina su hogar —muchos de ellos hijos y nietos de la emigración gallega y asturiana que hoy recuperan sus pasaportes gracias a la Ley de Nietos—, con los cerca de 500.000 de argentinos que residen en la península, la cifra estremece. Son entre 750.000 y 1.000.000 de personas que comparten un lazo civil indestructible. Pero detrás de la gelidez de la mera estadística del INE se esconde una verdad mucho más poética: la historia de un afecto que se transmite en el almuerzo del domingo, que vive, de ida y de vuelta, desde fines del siglo XIX con el comienzo de la emigración española hasta el día de hoy.

Este vínculo histórico y emocional se personifica, de manera casi mágica, en la generación de los chicos y chicas de parejas mixtas. En España y en Argentina, miles de hogares se gestionan con una forma bilingüista del castellano, con un habla catalana de acento tucumano, o un euskera donde resuena una entonación propia de la pampa húmeda y muy poco bilbaina. Estas formas sutiles donde conviven el “che” y el “tío”, el dulce de leche y el colacao. Niños que crecen escuchando que el asado se hace despacio pero que no cualquier arroz con “cosas” es paella; pequeños herederos y herederas de dos patrias que aprendieron a quererse mucho antes de que la diplomacia pusiera firmas sobre el papel.

Para estos pibes y pibas, la identidad no es una resta, sino una multiplicación. No se es “medio argentino” y “medio español”. Se es cien por cien de ambos lados. En sus habitaciones, es común ver camisetas de Messi conviviendo con bufandas de la selección española. Son los “hijos del abrazo”, el puente definitivo que garantiza que esta unión no sea un recuerdo nostálgico del pasado y presente migratorio, sino un proyecto de futuro vibrante.

La feliz coincidencia de que estas dos tierras ostenten simultáneamente el título de campeones del mundo dota a esta comunidad de una mística especial. Se saben poseedores de una herencia futbolística y cultural única. Por eso, cuando ven saltar a la cancha a once jugadores de un lado o del otro, el festejo ya está asegurado. Casi un millón de campeones del mundo contempla el horizonte de la próxima cita mundialista con la tranquilidad del que ya ha vencido. Solo esperan que, dentro de poco, cuarenta y tantos millones más se sumen a su mesa para compartir la gloria de ser, simplemente, hermanos.

Nicolás Cabrera es Presidente de MARES -Migrantes de Argentina Residentes en España-.

En una calle residencial adornada con banderas unionistas, cerca de Shankill Road, en Belfast, hombres enmascarados se acercan a una casa con una ventana tapiada y una cámara de seguridad instalada en el exterior.

Mientras una mujer perteneciente a una minoría étnica observa desde una ventana del piso de arriba, algunos de los hombres se abalanzan sobre la puerta principal y la derriban. Con el aire cargado por el humo de los fuegos artificiales, atacan las ventanas de la planta baja con ladrillos.

Mientras irrumpen en la propiedad, algunos afirman estar “liberándola”. En un grafiti cercano se lee: “Viviendas locales para la gente local”. Una mujer entre la multitud le dice a su amiga: “Hay nenas chiquitas adentro”.

Cerca de allí, alguien prendió fuego a un coche. Mientras se desataba el caos, un hombre con una máscara con forma de calavera pidió a la gente que guardara los teléfonos. Los helicópteros sobrevolaban la zona y dos agentes de policía observaban desde su coche cómo el humo se elevaba hacia el cielo, pero parecían haber llegado a la conclusión de que no era seguro intervenir.

Para cuando llegaron los refuerzos de cuatro furgones policiales, los cientos de personas que conformaban la multitud ya se había dispersado, dejando tras de sí solo a unos pocos rezagados.

Las escenas violentas se produjeron después de que un solicitante de asilo sudanés fuera acusado de intento de asesinato en relación con un ataque con arma blanca grabado en un video muy explícito que se difundió ampliamente en las redes sociales el martes. Las imágenes fueron publicadas por Tommy Robinson y otras figuras de extrema derecha, lo que provocó llamamientos a la protesta como respuesta.

Elon Musk, propietario de X, compartió una publicación de Robinson (cuyo nombre real es Stephen Yaxley-Lennon) en la que se anunciaban los lugares de las manifestaciones, y otra del partido de extrema derecha Restore Britain que decía: “No hagan las paces con el mal. Destrúyanlo”.

La hostilidad del público de Shankill Road ante el hecho de ser filmado contrastaba radicalmente con los disturbios que estallaron en Southport en 2024, donde muchos asistentes grabaron videos de lo que sucedía en tiempo real. En este caso, sacaron a rastras a un adolescente de entre la multitud, al parecer porque había estado usando el celular. “Me estás lastimando”, gritó. “No puedo respirar”.

También hubo protestas en otras partes del Reino Unido, entre ellas en Southampton, donde la semana pasada estallaron disturbios tras la condena de un hombre por el asesinato de Henry Nowak, de 18 años. El martes por la noche, se desplegaron decenas de agentes de policía para bloquear a los manifestantes cuando intentaban avanzar por Portswood Road. Cuando se los detuvo, el grupo comenzó a corear “No puedo respirar”. Eso es lo que Nowak, un estudiante de Southampton, repitió una y otra vez mientras yacía moribundo esposado tras haber sido apuñalado.

En una zona unionista del este de Belfast, unos hombres enmascarados prenden fuego a unos contenedores y los empujan contra un colectivo en Newtownards Road, lo que provoca la suspensión del servicio de colectivos. Algunos llevan pasamontañas y agitan bengalas. Se escuchan varias explosiones en cuestión de minutos.

Varios cientos de personas se quedan a mirar un autobús incendiado y al menos tres viviendas que habían sido incendiadas. “Allí vivía una familia gitana rumana”, dice una mujer, señalando una casa adosada totalmente destrozada de la que aún sale humo.

Las familias con niños pequeños se mezclaban con hombres con la cara cubierta y parejas jóvenes. Algunos desprenden un ambiente festivo, posando para las fotos y tomando cerveza. Un hombre levanta en brazos a su hijo, de unos siete años, para que pueda ver mejor otra casa en ruinas. “Fijate en eso”, le dice. “¡Guau!”, responde el niño.

Las sirenas rompen el silencio de la noche. Cerca de los restos del colectivo, un grafiti en una pared: “Que jodan al Islam”.

La BBC informó de que la casa pertenecía a un hombre de unos treinta años que llevaba diez años viviendo allí. “Incendiaron coches en la calle, lo que provocó que mi casa se quemara; unos hombres enmascarados estaban derribando las puertas”, declaró a la cadena.

En una calle paralela, un coche arde en plena calzada y el olor a plástico quemado impregna el aire. Al final de Newtownards Road, en el tramo más cercano al centro de la ciudad, hay una fila de furgones y coches de policía aparcados, listos para intervenir ante cualquier recrudecimiento de la violencia.

Al otro extremo de la calle, los restos del colectivo calcinado yacen junto a una acera llena de vidrios rotos y frente a unos contenedores de basura volcados y humeantes, mientras una bandera británica ondea suavemente en un mástil situado más arriba. Unos hombres encapuchados se detienen para posar ante las cámaras junto a los restos del colectivo mientras se alejan del lugar de los hechos.

Otros manifestantes impidien que los coches accedan a la autopista M2. También se registraron protestas en Antrim, Bangor y Ballymena. En Newtownabbey, se incendiaron dos coches.

En Lisburn, el ministro de Educación de Irlanda del Norte, Paul Givan, instó a los presentes a abstenerse de cometer actos violentos y de provocar disturbios. “Lo ocurrido anoche causó una verdadera conmoción”, afirmó. “Creo que conmocionó a toda la comunidad”.

“Es importante que la gente se comporte de manera pacífica para garantizar que se escuchen las cuestiones clave relacionadas con la inmigración y que no nos distraiga ningún tipo de violencia”.

“Eso solo servirá para distraer la atención. La gente debería expresar sus opiniones de forma pacífica”, dijo.

Anteriormente, miembros de la comunidad sudanesa de Belfast expresaron su inquietud ante la creciente tensión en la ciudad.

A las 16:00 horas del martes, todos los comercios de propiedad extranjera de Sandy Row habían bajado las persianas metálicas y el personal se apresuraba a volver a casa para refugiarse durante la noche, una escena que se repetía en otras partes de Belfast.

“Llevamos todo el día repitiendo lo mismo: que se vayan pronto a casa, que se queden en casa, que no salgan”, dice Mohammed Mahmoud, un empleado sudanés de una tienda de comestibles. “Nadie sabe qué va a pasar”.

Ali Adan, de 38 años, otro comerciante de Sudán que lleva 18 años viviendo en la región, afirma que las relaciones raciales se deterioraron desde 2018, y que las tensiones de Inglaterra se extendieron a Irlanda del Norte y viceversa. “Cada vez que ocurre algo, la gente señala a todos los inmigrantes”.

Las protestas contra la inmigración degeneraron en actos violentos en Irlanda del Norte después de que activistas de extrema derecha convocaran manifestaciones en respuesta a un ataque con arma blanca que quedó grabado en un video muy explícito.

Grupos multitudinarios, entre los que se encontraban hombres enmascarados, incendiaron vehículos y viviendas y bloquearon carreteras en Belfast y sus alrededores el martes por la noche, horas después de que Elon Musk, el agitador ultraderechista Tommy Robinson, muy activo en redes, y otros instaran a la gente a salir a la calle.

Los manifestantes secuestraron e incendiaron un autobús en el este de Belfast y prendieron fuego a coches mientras sonaban las sirenas y un helicóptero de la policía sobrevolaba la zona.

Los disturbios estallaron horas después de que la policía acusara a un solicitante de asilo sudanés de 30 años de intento de asesinato en relación con un ataque ocurrido el lunes por la noche en el norte de Belfast, que dejó a un hombre gravemente herido y provocó consternación y una condena generalizada. Estaba previsto que el atacante compareciese ante el tribunal de primera instancia de Belfast el miércoles.

Ryan Henderson, jefe de policía adjunto, hizo un llamamiento a la calma: “Esta tarde se produjeron focos esporádicos de disturbios en varios lugares de Irlanda del Norte, incluidos incidentes en los que se incendiaron varios vehículos. Instamos a todos a mantener la calma, actuar con responsabilidad y evitar cualquier actividad que pueda poner en peligro su propia seguridad o la de los demás”.

La familia de la víctima del ataque también llamó este miércoles a la calma. “Queremos dejar completamente claro que rechazamos los disturbios de esta noche, y que la protesta pacífica es el único camino”, dijo un portavoz, en un comunicado difundido a través de un diputado unionista. “Tenemos muchos migrantes que aportan mucho valor a nuestro país, incluyendo a nuestro sistema de salud y al sector de la restauración, y dependemos de ellos para hacer que nuestro país funcione. No queremos que esta terrible tragedia sea utilizada para dividir a las personas y alimentar la hostilidad”.

La víctima, que no fue identificada, se encuentra hospitalizada y perdió un ojo por el ataque, según el último parte médico. Los familiares agradecen a las personas que intercedieron en su ayuda durante el acuchillamiento y piden que se respete su privacidad.

Calmar las aguas

La policía pidió a todas las personas influyentes de las comunidades locales que fomentaran la protesta pacífica y desalentaran la violencia y los disturbios.

Políticos de Irlanda del Norte y de todo el Reino Unido también hicieron un llamamiento a la calma.

La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, condenó la violencia y advirtió de “peligrosos intentos de explotar” el ataque. “[Los] grupos de hombres enmascarados que queman las casas de familias no muestran más que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es puro y simple vandalismo”, escribió en redes.

O’Neill había instado previamente al público a no dejarse persuadir por cuentas de redes sociales para empezar a provocar disturbios. “Todas aquellas personas que están avivando las tensiones en las redes sociales, que se alegran de aumentar la tensión, no nos representan. Somos buena gente y no quiero ver a nadie viviendo con miedo”, expresó.

John Finucane, diputado del Sinn Féin por Belfast Norte, calificó las escenas que se estaban desarrollando de “vergonzosas” y añadió: “No hay lugar para esto en nuestras calles. Se atacaron viviendas y negocios, se quemaron coches y autobuses, y partes de nuestra comunidad están en llamas. Nadie tiene derecho a sembrar el miedo, a aterrorizar a familias inocentes o a provocar el caos y la anarquía en nuestras calles”.

La ministra de Justicia de la Alianza de Irlanda del Norte, Naomi Long, afirmó que los manifestantes estaban “empeñados en causar destrucción precisamente en las comunidades que dicen estar tratando de proteger”.

Los ultras allanan viviendas de migrantes

Esas intervenciones se produjeron cuando grupos de hombres, algunos con pasamontañas u otros tipos de ocultación facial, incendiaron contenedores, autobuses y viviendas. En un brote de violencia cerca de Shankill Road, en Belfast, un grupo irrumpió en una vivienda que parecía estar ocupada por una familia de origen étnico minoritario, alegando que la estaban “liberando”.

Más tarde, dos tiendas de teléfonos fueron saqueadas y una tienda africana fue incendiad. El humo se extendía por la calle mientras unos cuantos rezagados veían bajo la lluvia a los bomberos que combatían las llamas.

Hubo protestas más moderadas en Antrim, Bangor y Ballymena, y se incendiaron dos coches en Newtownabbey. En Londres, un grupo de unos 60 manifestantes se reunió en Parliament Square, tachó a la policía de “traidores” e intentó provocar a los agentes.

Algunos gritaban consignas contra los inmigrantes y coreaban consignas sobre el asesinato de Henry Nowak, así como sobre el ataque con arma blanca en Belfast. La mayor parte del grupo protestó pacíficamente.

Políticos y líderes comunitarios acusaron a la extrema derecha de intentar fomentar el malestar en Irlanda del Norte y en todo el Reino Unido.

Stephen Yaxley-Lennon, un agitador de extrema derecha que se hace llamar Tommy Robinson, compartió el vídeo del ataque de Belfast y publicó una convocatoria para manifestarse en el centro de Londres y en otras partes del Reino Unido.

Un ataque sin motivo terrorista aparente

El apuñalamiento tuvo lugar alrededor de las 22:30 horas del lunes frente a un bloque de pisos en el norte de Belfast. Un video compartido en las redes sociales mostraba a un hombre montado a horcajadas sobre otro hombre en el suelo y golpeándole en la cabeza y el cuello. Se recuperó un cuchillo de cocina del lugar de los hechos. La policía informó de que la víctima, de unos 40 años, presentaba heridas graves en los ojos, la cara y la espalda.

El video mostraba a varias personas interviniendo para detener la agresión, y a un hombre, posteriormente identificado como Maitiu Mag Tighearnan, golpeando al agresor varias veces con un palo de hurling (un deporte tradicional de Irlanda, parecido al hockey).

Además de intento de asesinato, el sospechoso fue acusado de posesión de un arma blanca en un lugar público y de amenazas de muerte.

El jefe de la policía de Irlanda del Norte, Jon Boutcher, declaró en una rueda de prensa que creía que al sospechoso se le había concedido permiso para permanecer en el Reino Unido el 28 de septiembre de 2023. “Me informaron que viajó desde Sudán a París en fecha desconocida, y desde París voló a Dublín en una fecha aún por determinar”.

El sospechoso viajó de Dublín a Belfast en autobús el 10 de febrero de 2023 y solicitó asilo, según Boutcher. “No hay rastro de este sospechoso en ninguna de nuestras bases de datos de seguridad nacional, y no era conocido por el Servicio de Policía de Irlanda del Norte. Estuve en contacto directo con el jefe de la unidad antiterrorista del Reino Unido. En este momento, no tenemos información que sugiera que se trate de un acto relacionado con el terrorismo”.

El jefe de policía pidió a los manifestantes que no se dejaran incitar a los disturbios: “La gente está siendo incitada por personas anónimas que no saben nada de este lugar brillante y vibrante. No se dejen engañar ni manipular por gente en Internet”.

Miedo en las comunidades

Las comunidades de inmigrantes expresaron su temor a convertirse en blanco de ataques. Los comerciantes sudaneses de Sandy Row, una zona unionista del centro de Belfast, cerraron sus tiendas con persianas de acero a las 16 horas y dijeron que tenían previsto quedarse en casa esa noche.

El Centro Islámico de Belfast canceló las oraciones vespertinas. “Estamos diciendo a nuestra congregación que se vaya a casa, que no salga, que cuide de sus hijos, que no difunda rumores y que escuche a las autoridades”, dijo Ameer Ibrahim, un director de proyectos que habló a título personal.

El primer ministro británico, Keir Starmer, calificó el ataque del lunes por la noche de repugnante. “No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas de violencia tan abominables como esta en nuestras calles. Mis pensamientos están, ante todo, con la víctima, y agradezco a los primeros en responder, incluidos los ciudadanos que intervinieron”.

Este miércoles, Starmer también condenó los disturbios y anunció que cualquier intento de incitar el odio también en redes será castigado. El primer ministro apuntó a “los capitalistas de las redes sociales como Elon Musk y sus divisivos algoritmos”.

Comentaristas de derecha de Inglaterra y Estados Unidos, entre ellos el diputado Rupert Lowe y el multimillonario propietario de X, Elon Musk, publicaron comentarios sobre el ataque. Musk compartió una lista de posibles zonas de protesta en el Reino Unido y escribió: “¡Solo protestando REPETIDAMENTE y EN VOZ ALTA habrá algún cambio!!”

El portavoz de Interior de Reform UK, Zia Yusuf, dijo: “El horror de lo que se ha visto en Belfast es consecuencia directa de la traicionera política de inmigración de los conservadores y los laboristas. Reform ya ha anunciado la prohibición total de visados para cualquier persona procedente de Sudán. Ya basta”.

La Unión Europea dio luz verde finalmente a los centros de deportación de emigrantes en terceros países. Tras varias semanas de retraso, el reglamento del Pacto de Emigración y Asilo fue acordado este lunes entre el Consejo Europeo, la Comisión y los legisladores del Parlamento. Europa sigue la estela que marcó la ultraderecha en su ataque a las personas migrantes tratando de dificultar el acceso a permisos por razones humanitarias, familiares o laborales. La nueva normativa abre la puerta a que los Estados miembros puedan establecer centros de deportación en países situados fuera de la UE, incluso en instalaciones para familias con menores.

Según la presidencia de turno de la UE, que ostenta Chipre, “estos centros podrán funcionar tanto como destino final de las personas expulsadas como centros de tránsito destinados a facilitar su posterior retorno al país de origen o a otro tercer país. Por el momento, el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno seguirá siendo voluntario y será reevaluado dos años después de la entrada en aplicación del reglamento”.

“El nuevo reglamento acelerará el proceso de retorno y aumentará las expulsiones de las personas que no tienen derecho legal a permanecer en la Unión Europea. La migración es una prioridad fundamental para la Presidencia chipriota y este acuerdo histórico refuerza la credibilidad de la política migratoria de la UE y complementa el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, siempre en cumplimiento de los derechos humanos”, declaró Nicholas A. Ioannides, viceministro de Migración y Protección Internacional de la República de Chipre.

Sin embargo, la medida no está exenta de polémica por sus numerosas dudas legales. Las ONG que defienden los derechos de los inmigrantes, como Picum, avisaron que se pueden dar problemas de rendición de cuentas y supervisión de los derechos humanos, riesgos de deportaciones en cadena hacia países inseguros, detenciones arbitrarias y numerosas otras vulneraciones de los derechos humanos y del derecho internacional.

Aunque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya tumbó en 2025 el modelo de deportaciones del Ejecutivo italiano de Giorgia Meloni a través de Albania por la designación de “países seguros” para el retorno de los inmigrantes y en Italia tuvieron varias sentencias en contra, esta fórmula siempre tuvo el beneplácito de la actual Comisión Europea y consiguió el respaldo de la mayoría del Eurocámara, tras el seguidismo del Partido Popular Europeo a las imposiciones de la ultraderecha en políticas migratorias. Italia volvió a apelar al TJUE por su normativa, que está a la espera de sentencia.

Los conservadores alemanes están jugando un claro papel endureciendo sus posiciones frente a la inmigración ante el miedo de perder votos por el auge de los ultras del AfD. Alemania estaría al frente de un grupo de países (Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia) que estarían realizando gestiones con terceros países para establecer en ellos centros de retorno y de tramitación de solicitudes de asilo fuera de la UE a cambio de recibir ayuda al desarrollo o un mayor número de visados para sus nacionales, según publicó Politico.

Las dudas legales del modelo italiano llevaron a los países a no identificar qué países podrían albergar los centros de deportación. Fuentes diplomáticas aseguran que se sondeó a Uzbekistán y Kazajistán, pese a que Amnistía Internacional señaló en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos fundamentales en ambos países.

Durante este lunes se debatió la entrada en vigor de las medidas. Fuentes de la presidencia chipriota explicaron que los responsables de las instituciones europeas acordaron que “el reglamento comenzará a aplicarse inmediatamente después de su entrada en vigor (es decir, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial)”.

Ahora bien, como muchas de las disposiciones del reglamento requerirán medidas de implementación a nivel nacional, se permitirá a los estados miembros que estén adaptadas 12 meses más tarde. De esta manera, “se concede a los Estados miembros tiempo suficiente para preparar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios, garantizar la adaptación de los sistemas informáticos cuando sea preciso y formar adecuadamente al personal encargado de su ejecución”.

El Gobierno de Pedro Sánchez ya anunció que no pondría en marcha ningún centro de deportación de migrantes fuera del territorio de la Unión Europea.

Otras medidas contra la inmigración

A esta medida ya controvertida se uniría la introducción de “mecanismos de emergencia” que permitan a los Estados miembros ignorar garantías durante la detención, como limitar la revisión judicial de las decisiones de internamiento —incluidas las que afectan a familias y menores— cuando exista un número “excepcionalmente elevado” de personas pendientes de deportación, sin tener en cuenta las condiciones ni la saturación en la que se encuentren los centros de detención y deportación.

Silvia Carta, responsable de incidencia política de Picum, comentó que “este reglamento va a crear una maquinaria draconiana de detención y deportación. En la última ronda de negociaciones, los legisladores de la UE redoblaron su apuesta por la represión y el castigo, y acordaron un texto que expondrá a cientos de miles de personas al daño y la violencia: desde encerrar a personas en centros de detención migratoria durante hasta 30 meses hasta separar familias y enviar a personas a países que ni siquiera conocen”.

Además de los centros de deportación en países fuera de la UE, la nueva normativa amplía la duración de la detención por motivos migratorios hasta 30 meses, si las autoridades consideran que existe “una posibilidad razonable de expulsión” o de riesgo de fuga, incluso en el caso de menores. También se anima a los Estados miembros a aplicar nuevas “medidas de investigación” que otorgan una amplia Convertir los retornos forzosos (deportaciones) en la opción predeterminada para las personas que se encuentren en situación administrativa irregular, a pesar del mayor riesgo de violencia y vulneraciones de derechos fundamentales, restringiendo aún más la capacidad de decisión y las alternativas disponibles para estas personas.

Por otro lado, la nueva norma exige a los Estados miembros que impongan restricciones geográficas u obligaciones de comparecencia a todas las personas sometidas a procedimientos de retorno. También se deja a decisión de los países miembros el tiempo de prohibición, que podrían llegar a ser permanentes por seguridad, o reducción de las ayudas financieras destinadas a reconstruir una vida tras la deportación e incluso sanciones penales para quienes no colaboren con su propia expulsión. En definitiva, se proponen excepciones específicas a los derechos fundamentales para las personas migrantes consideradas un riesgo para la seguridad nacional o el orden público.

“Al otro lado del Atlántico estamos viendo la violencia y el miedo generados por las brutales prácticas de control migratorio del ICE. Europa debería aprender de los daños causados por ese modelo, no construir su propia versión del mismo”, añadió la responsable de la ONG en defensa de los derechos de los migrantes