Mientras el Gobierno elige estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de presiones cada vez más enérgicas de sectores internos para que lo tiren por la borda, la oposición busca acortar el margen de superviviencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo.

La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.

“No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron en diálogo con este medio que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.

En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el Gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.

La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete. 

El descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno. 

Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.

Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.

El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una “sesión urgente” en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de “siete días” para abordar la moción de censura.

“En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto”, advirtieron los senadores peronistas en un comunicado.

La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentan que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.

Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos.

Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.

Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo.

Todo este recorrido que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones insumiría no menos de un mes.

Para entonces, el Gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.

Desde Unión por la Patria señalaron que pese a los embates opositores para forzar la salida de Adorni, en realidad el escenario más favorable sería la permanencia del jefe de Gabinete, ya que la sola continuidad del tema en la agenda pública opera como factor de desgaste diario para el presidente Javier Milei. 

Con información de NA.

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM

En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, que se hace dueña y señora de la agenda en el Senado y consolida un perfil autónomo que genera fastidio en la Casa Rosada, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 hs será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

La idea es volver a reunir los plenarios el miércoles de la semana que viene para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto, con llave en mano, para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio, en conjunto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

Esa fue la fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó el martes de la semana pasada a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas, para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby

Con la iniciativa para regular el “lobby”, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Súper RIGI

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

Están invitados a exponer en la jornada de este miércoles el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, y el Asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI “tiene un plazo más largo de 5 y 1” (cinco años y uno extra de prórroga).

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.

Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Con información de NA.

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de súper acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.

Ley de Lobby

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Super Rigi

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. 

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

AR/MG

La Cámara de Diputados aprobó hoy con media sanción el proyecto de ley del Gobierno que busca reducir el alcance geográfico del régimen de Zona Fría, y de esa manera recortar el sistema de subsidios al consumo de gas.

Tras más de 11 horas de sesión, la iniciativa recogió 132 votos afirmativos, 105 negativos y cuatro abstenciones, y fue girada al Senado donde el Gobierno espera su sanción definitiva.

La sesión se inició luego de que el oficialismo consiguiera ajustadamente el quórum, lo que le permitió cumplir con el otro objetivo que se había propuesto que era pisar y dejar sin efecto la convocatoria para una hora más tarde que había solicitado la oposición con un temario que giraba en torno a los escándalos judiciales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Noticia en desarrollo...

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto de Ley Hojarasca, impulsado por el Gobierno nacional para derogar más de 70 normas consideradas obsoletas dentro del digesto jurídico argentino. La iniciativa, promovida por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que conduce Federico Sturzenegger, obtuvo 138 votos afirmativos, 96 negativos y nueve abstenciones, y ahora deberá ser tratada en el Senado.

Durante el debate, los diputados de La Libertad Avanza defendieron la propuesta como parte de una política de desregulación orientada a reducir la burocracia estatal y limitar la intervención del Estado. El encargado de abrir la discusión fue Bertie Benegas Lynch, presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, quien cuestionó la “acumulación infinita de regulaciones” y sostuvo que muchas normas vigentes “hacen imposible la vida del ciudadano argentino de bien”.

El legislador libertario afirmó que la legislación debe tener como objetivo proteger “la vida, la propiedad y el derecho”, y criticó lo que definió como una tendencia de la política tradicional a legislar de manera excesiva. En ese sentido, consideró que la Ley Hojarasca busca terminar con un “laberinto regulatorio” que afecta a trabajadores y contribuyentes.

Por su parte, el diputado Nicolás Mayoraz explicó que el proyecto apunta a eliminar leyes que fueron superadas por avances tecnológicos, que regulan organismos inexistentes o que establecen trámites considerados innecesarios. Entre los ejemplos mencionó la derogación de normas vinculadas a la microfilmación, la denominada “ley de azotes” y regulaciones sobre mochileros. También cuestionó leyes “declamatorias”, como la referida a laboratorios públicos, que según sostuvo nunca tuvieron aplicación concreta.

Desde la oposición rechazaron la iniciativa y acusaron al oficialismo de avanzar en un desmantelamiento del Estado. El diputado de Unión por la Patria Nicolás Trotta consideró que el proyecto funciona como una “cortina de humo” para profundizar el ajuste estatal, mientras que Myriam Bregman, del Frente de Izquierda, cuestionó con dureza el tratamiento de la norma y aseguró que pocos legisladores conocen realmente el contenido de la ley.

En la misma sesión, la Cámara baja también tiene previsto debatir un proyecto para modificar el alcance geográfico del régimen de subsidios al gas por “zona fría”, además de tratar convenios internacionales y homenajear a veteranos de Malvinas con la entrega de una medalla de honor.

Con información de la agencia NA

Este miércoles el Gobierno sesionará en la Cámara de Diputados para modificar el régimen de zonas frías sin estar seguro de si tendrá el número para el quórum, primero, y para aprobar la ley, después. La iniciativa, que plantea una limitación en el esquema de subsidios al gas en la Patagonia y varios municipios del centro del país, se enfrenta a la resistencia de varios gobernadores aliados. Los mandatarios de Salta, Mendoza, Jujuy, San Luis y Santa Fe se encuentran acorralados entre la prueba de lealtad que les exige Martín Menem y el costo político de una iniciativa impopular a semanas de la llegada del invierno. Para seducirlos, el Gobierno analiza cambios de último momento. 

Los llamados telefónicos comenzaron a multiplicarse a partir del mediodía. El oficialismo convocó una sesión para el miércoles a las 10 con el objetivo de desactivar la sesión que la oposición había convocado para ese mismo día una hora después. La jugada tenía dos objetivos: proteger a Manuel Adorni del intento de interpelación de la oposición y, a su vez, reactivar la Cámara de Diputados tras dos meses y medio de parálisis. El Gobierno buscaba dar una demostración de fuerza, retomar la iniciativa y dominar la agenda con un tema que no fuera ni la eterna interna libertaria ni el escándalo patrimonial del jefe de Gabinete.

El plato fuerte de la sesión oficialista es la modificación del régimen de “zonas frías” que establece una tarifa diferencial para el consumo de gas en varias provincias del país. La iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, modifica la ampliación del régimen que impulsó Máximo Kirchner en 2021, que extendió el subsidio del 30% a nuevos municipios del centro y norte del país. El proyecto modifica el criterio de la adjudicación del subsidio, que dejará de ser geográfico y pasará a ser en base a los ingresos de los hogares. 

El proyecto del oficialismo establece que se beneficiarán del subsidio solo aquellos hogares que perciban un ingreso menor a tres Canastas Básicas Totales (que son $4,3 millones). Un cambio de criterio que afectará a 3,5 millones de hogares de zonas del interior de la Provincia Buenos Aires, el sur de Santa Fe y Córdoba, y gran parte de San Luis. También en varios municipios de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan.

Los gobernadores de estas provincias –muchos de los cuales apoyaron la iniciativa de Kirchner en 2021, como el mendocino Alfredo Cornejo– manifestaron su rechazo ante una iniciativa que, de aprobarse, generará mayor tensión en sus poblaciones. Algunos aliados fieles, como el salteño Gustavo Sáenz o el cordobés Martín Llaryora, cuestionaron la decisión y cruzaron al Gobierno. 

“Salta fue durante décadas una provincia que le dio gas a la Argentina. Desde nuestra tierra salió energía para abastecer y hacer crecer al país. Por eso no podemos aceptar que hoy el norte vuelva a vivir, como todos los inviernos, la misma incertidumbre con el abastecimiento”, denunció Sáenz, que es el gobernador peronista que dijo que le gustaría cantar con Milei en el Movistar Arena, a través de un video publicado en sus redes sociales. 

Se le sumaba, además, otro dato incómodo: el proyecto del Ejecutivo incluía una condonación de las deudas de las empresas privadas con Cammesa, que es la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Según informó la Jefatura de Gabinete al Congreso, las distribuidoras eléctricas privadas acumulan una deuda total de US$1.842 millones. Una deuda que, en su gran mayoría, la concentran Edenor y Edesur. Es decir que, el proyecto que venía a eliminar los beneficios tarifarios de las familias que viven en provincias afectadas por temperaturas extremas sostenía, a su vez, la condonación de deudas millonarias a empresas privadas. 

Los mandatarios le hicieron saber al Gobierno que, así como estaba, la iniciativa no sería aprobada. El jefe de la bancada libertaria, Gabriel Bornoroni, contaba a su favor con los votos del PRO y la UCR mileísta, los misioneros que responden a Carlos Rovira, los sanjuaninos de Marcelo Orrego y los satélites paraoficialistas del MID y otros monobloques. Era una buena base, pero no terminaba de garantizarse los 129 para el quórum. 

El oficialismo necesitaba convencer a Sáenz, tranquilizar a Osvaldo Jaldo (Tucumán) y amortiguar los reclamos de los patagónicos, que denunciaban que la modificación del régimen de zonas frías también los afectaba a ellos (ya que el subsidio pasaría a cubrir solo el costo del gas en origen). Por lo que, a último momento, empezó a repartir cambios. 

El más importante fue la ampliación del criterio de adjudicación del subsidio. Gozarán del beneficio no solo quienes perciban menos de 3 CBT, sino también aquellos hogares que posean un Certificado de Vivienda Familiar (ReNaBaP), un Certificado Único de Discapacidad, o que cuenten con un veterano de la Guerra de Malvinas. 

A su vez, el oficialismo lanzó una zanahoria para los mandatarios norteños. Les prometió que, más adelante, establecería un régimen diferencial para las tarifas de electricidad en aquellas zonas cálidas del Norte. Un reclamo histórico de los mandatarios del NEA y NOA que, hasta ahora, nunca había logrado prosperar. 

La estrategia opositora

“Se hacen los difíciles para subirse el precio y después siempre terminan acordando”, se lamentó, irritada, una importante diputada peronista cuando le empezaron a llegar los comentarios de sus ex compañeros de bancada de Salta y Tucumán, que amagaban con no dar quórum. Horas después, cuando el oficialismo anticipó los cambios al proyecto de zonas frías, en la oposición dieron la batalla por perdida: el Gobierno había vuelto a cerrar con los gobernadores y se había quedado con el quórum.

El desafío de la oposición, por estas horas, es encontrar una manera de suspender la sesión para poder avanzar con la propia, que está convocada para las 11. La sesión incluye varios proyectos para interpelar a Adorni, pero también para restablecer el Plan Remediar, ampliar las licencias por paternidad y establecer un alivio financiero a las personas endeudadas con la tarjeta de crédito. 

El peronismo, junto a la Coalición Cívica y los díscolos de Provincias Unidas, trabajan en juntar una mayoría simple que les permita convocar a un cuarto intermedio y convocar, ahí, su propia sesión. Dependerán, una vez más, de los gobernadores.

MCM/MG

Tarde a la noche, cuando los votos no aparecían y se buscaban alternativas para no dejarle servido en bandeja un triunfo político al Gobierno, la oposición anunció que suspendía la sesión para interpelar a Manuel Adorni en la Cámara de Diputados. A través de una carta a Martín Menem, los estrategas de la oposición tuvieron que reconocer la derrota: los gobernadores no les darían quórum para enfrentar a Javier Milei, así que convenía reagruparse y postergar el pedido de sesión para la semana que viene. La nueva fecha será el 20 de mayo e incluirá, tal como venía reclamando el peronismo, otras iniciativas sociales y económicas. 

Después de dos meses de parálisis legislativa, el Gobierno tendrá la oportunidad de festejar el primer triunfo político desde que comenzó el escándalo patrimonial de Adorni. Por partida doble. Por un lado, la Cámara de Diputados no será escenario de una embestida opositora para interpelar a Adorni: una demostración de fuerza del Gobierno, que todavía sostiene su red de alianzas, en un momento de gran debilidad política. Y, por el otro, el Senado volverá a abrir las puertas del recinto para aprobar, sin dolores de cabeza, el pliego del juez Carlos “Coco” Mahiques y el pago a dos fondos buitre. 

Crónica de una derrota opositora en Diputados

En los bloques de la oposición de la Cámara de Diputados predomina la resignación desde temprano a la mañana. Pese a la contundencia de la marcha federal en defensa de las universidades públicas, pese a la debilidad política de Javier Milei por el Adornigate, pese al nuevo recorte presupuestario anunciado vía decreto. Pese a todos estos motivos, los gobernadores y aliados del Gobierno –PRO y radicales– no estaban dispuestos a dar quórum para la sesión opositora del jueves. 

La sesión había sido orquestada por un sector del bloque Provincias Unidas, que viene manteniendo una fuerte disputa interna entre el ala más dura –los socialistas, como Esteban Paulón, o los radicales díscolos, como Pablo Juliano– y el ala más blanda, comandada por la presidenta del bloque, Gisela Scaglia. Una interna que gira en torno al posicionamiento del bloque frente al Gobierno –Scaglia, que responde a Maximiliano Pullaro, se resiste a enemistarse abiertamente con Milei, como los cordobeses de Martín Llaryora– que llevó a que los lilitos de la Coalición Cívica rompieran con el espacio. 

“Nosotros no podemos estar pintados mirando el techo y con Patricia marcando la cancha con Adorni. Podemos perder, pero al menos podemos demostrar que queremos hacer algo”, explicó uno de los impulsores de la sesión que reconocía, desde temprano, que sería difícil conseguir el mágico número de 129 para abrir el recinto el jueves a las 11. Una debilidad que fue advertida, puertas adentro, por el propio jefe del bloque peronista, Germán Martínez, que era partidario de esperar una semana más para convocar. 

El problema, por un lado, son los gobernadores. Ni Pullaro, Llaryora, Raúl Jalil (Catamarca) o Marcelo Orrego (San Juan) quieren abrir un conflicto con el Gobierno, pese a que la sesión no buscaba aprobar la interpelación en sí. Sino que buscaba emplazar a las comisiones para que traten los proyectos de interpelación a Adorni: un mecanismo con el que la oposición busca compensar su minoría en las comisiones y que fue necesario durante todo el año pasado para aprobar las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. 

El PRO, por otro lado, tampoco daría quórum para avanzar con la interpelación a Adorni. Tal como anticipó eldiarioAR, Mauricio Macri le marcó la cancha al Gobierno pero no bajó línea para colaborar con la sesión opositora. Luego de publicar un “manifiesto” cuestionando a los que “frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer”, Macri continuó mandando mensajes envenenados al Gobierno. Pero, atento a que podría generar una rebelión interna en el bloque, no mandó a sus emisarios a dar quórum en la sesión. 

Frente a este escenario, la oposición hizo cálculos y decidió postergar la sesión. A través de una carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, los diputados solicitaron convocar a una nueva sesión el 20 de mayo con un temario más extenso. No solo se incluirían los proyectos de interpelación a Adorni, sino también una batería de iniciativas sociales, como la ampliación de licencias por paternidad, la creación del Programa Remediar, y el establecimiento de la gratuidad de los medicamentos para jubilados. 

Cinco años para Mahiques

Del otro lado de Pasos Perdidos, el oficialismo buscará sesionar el jueves con el objetivo de salir de la parálisis legislativa que atraviesa al Gobierno desde que estalló el caso Adorni. 

Una de las iniciativas a tratar será el pliego de Carlos “Coco” Mahiques, juez de la Cámara de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Mahiques (padre) está por cumplir los 75 años que lo obligan a tener que jubilarse, por lo que Mahiques (hijo) envió el pliego para que pudiera continuar como juez durante cinco años más poco después de haber asumido como ministro. 

El juez de Casación Penal fue uno de los participantes del viaje a Lago Escondido que organizó el Grupo Clarín en 2022. Durante la audiencia en la comisión de Acuerdos, Mahiques intentó justificar el viaje a la estancia del empresario europeo Joe Lewis –en el que participaron también otros jueces, como Julián Ercolini, y el entonces ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro– alegando que había sido “un viaje de distracción con amigos”. Su explicación no logró convencer a los senadores del kirchnerismo, que le cuestionaron que ponía en duda su independencia, pero no generó problemas a la hora de conseguir las firmas para el dictamen. 

El oficialismo se muestra confiado de que el pliego de Mahiques tendrá votos de sobra para ser aprobado. Calcula, incluso, que habrá varios votos peronistas de Unión por la Patria. “Ningún senador quiere enemistarse con el juez de Casación Penal”, suspiró, resignado, un senador cristinista. 

Además del pliego de Mahiques, en la sesión se tratará un acuerdo con los fondos buitre por U$D 171 millones. La iniciativa implica un desembolso a las firmas Attestor Value Master Fund LP y Bainbridge Ltd, que mantenían judicializada la deuda soberana nacional cuando el país entró en default en 2001. También tendrá los votos para ser aprobado. 

Por último, se aprobará la prórroga del programa de entrega de armas coordinado por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), un mecanismo que cuenta con el apoyo en todos los bloques.

MCM/MG

Sin firmas de Unión por la Patria, que no quiso sumarse a la ofensiva, diputados nacionales de la oposición presentaron este jueves un pedido de sesión especial para el próximo jueves a las 11 con el objetivo de tratar la interpelación y pedidos de informes al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y para impulsar una moción de censura a raíz de las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito del funcionario.

El pedido de sesión especial es encabezado por el socialista Esteban Paulón y acompañan con la firma otros diputados de Provincias Unidas, del Frente de Izquierda, de Encuentro Federal, de la Coalición Cívica y monobloques opositores.

Esta iniciativa ocurre luego de que las autoridades del bloque de Unión por la Patria rechazaran las presiones de sus compañeros de ruta para convocar a una sesión, al considerar que en el contexto actual no podían permitirse dar un salto al vacío sin tener la garantía mínima del número para el quórum y los votos para aprobar los proyectos.

En el peronismo se mostraron sorprendidos y disgustados por esta convocatoria unilateral e inconsulta, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de altas fuentes parlamentarias de Unión por la Patria.

“No firmamos porque no charlaron con nosotros y no nos convocaron a firmar. Nosotros éramos de la idea de tener un temario más amplio, con Adorni y temas económicos y sociales que venimos trabajando. Pero bueno, avanzaron sin dialogar con nosotros”, explicaron con decepción desde el principal bloque opositor.

Más allá de que el peronismo no haya querido encabezar esta arremetida opositora (de la cual no estaba al tanto), se espera que en el recinto ayude a alcanzar al quórum.

“Difícil no estar. Fuimos el primer bloque que presentó pedido de interpelación. Pero recién nos enteramos y somos un bloque grande. Seguramente trataremos de ampliar temario”, respondieron desde Unión por la Patria.

Este escenario no es el que hubiera elegido el peronismo kirchnerista, pero ante la inevitabilidad de una convocatoria que consideran desacertada por la alta probabilidad de un fracaso, no le queda más remedio que adecuarse y rediscutir los términos de la sesión.

A sabiendas de que la espalda más ancha de la oposición la tiene su bloque, al ser el más numeroso, Germán Martínez exigirá que se abra el temario para dar lugar a los proyectos vinculados a la emergencia de pymes, familias sobre endeudadas y licencias parentales.

De los proyectos incluidos en el temario en relación a Manuel Adorni, el más revulsivo el que presentó el Frente de Izquierda planteando la moción de censura del jefe de Gabinete, que es un instrumento que si llegase a sus últimas consecuencias provocaría la remoción del cargo.

No obstante, Provincias Unidas (el bloque impulsor de la sesión) son conscientes de que ninguno de los expedientes del temario tiene dictamen de comisiones, por lo que se requeriría de una mayoría imposible para avanzar con los pedidos de informes, la interpelación o la moción de censura a Adorni.

El verdadero propósito de la sesión -y el más realista- es el emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para que se traten los proyectos a la mayor brevedad posible. 

“El próximo jueves no se resuelve la suerte de Adorni. Sería apenas un primer paso”, aclararon las fuentes de Provincias Unidas.

Desde este sector recuerdan como antecedente positivo que la oposición estuvo a pocos votos de voltear la aprobación de la reforma pro minera a la Ley de Glaciares.

Por otra parte, en la última sesión ordinaria especial en la Cámara de Diputados, la oposición se había ido con buenas sensaciones: ganó todas las votaciones de apartamiento de reglamento, incluida la de la interpelación a Manuel Adorni, con entre 121 y 125 votos.

Claramente estuvo lejos de los tres cuartos de votos necesarios para forzar el tratamiento de los proyectos en dicha sesión, pero sentó un precedente que prendió algunas señales de alerta en el oficialismo, ya que quedó muy próximo a la marca mágica de los 129.

Cautos, desde Unión por la Patria no se precipitan en lecturas sobregiradas de exitismo por el resultado de aquellas votaciones, que no eran para aprobar o rechazar proyectos por mayoría simple.

“Esas votaciones eran gratuitas. Hay que ver si algunos de los que nos acompañaron votarían igual si fuera para aprobar un expediente”, se preguntaron.

El pedido de sesión especial lleva las firmas de Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Mónica Frade, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Romina del Plá, Myriam Bregman, Néstor Pitrola, María Inés Zigarán, Mariela Coletta, Pablo Farías, Nicolás Massot y Natalia de la Sota.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

La Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente al secretario de Minería, Luis Lucero, por presunta incompatibilidad en el ejercicio de su cargo, al considerar que intervino en la modificación de la Ley de Glaciares pese a sus vínculos previos con empresas del sector.

La acusación fue presentada en una audiencia judicial en la que, además, la organización ratificó y amplió una denuncia previa contra la senadora por Salta Flavia Royón. Sin embargo, el foco de la nueva presentación está puesto en el rol de Lucero dentro del proceso de reforma normativa.

El planteo se dio en paralelo a una fuerte controversia en el Congreso. Este martes, durante un plenario de comisiones en Diputados que analizaba la reforma de la Ley de Glaciares, legisladores de la oposición pidieron que Lucero no participe de la discusión. El reclamo fue impulsado por Maximiliano Ferraro y acompañado por Romina del Pla y Sabrina Selva, quienes cuestionaron su intervención por haber sido abogado de empresas mineras.

En ese contexto, Ferraro sostuvo que el funcionario no debería formar parte del expediente “como lo hizo en 2025”, justamente por sus antecedentes profesionales en el sector. Lucero figuraba en la lista de oradores de la reunión informativa por la Ley de Glaciares.

Según los abogados denunciantes, el funcionario había sido formalmente excusado mediante una resolución oficial por su relación con proyectos mineros como El Pachón y Agua Rica–Alumbrera (MARA). No obstante, aseguran que esa excusación “no fue efectiva”, ya que habría participado activamente en iniciativas que tienden a flexibilizar la Ley de Glaciares y ampliar las áreas habilitadas para la actividad minera.

La presentación sostiene que Lucero cuenta con antecedentes en el sector privado, donde se desempeñó en el estudio jurídico Marval O’Farrell Mairal asesorando a compañías mineras internacionales y participando en operaciones vinculadas a activos del rubro. Para la organización, esos antecedentes configuran un conflicto de intereses al momento de intervenir en decisiones públicas que podrían favorecer a esas mismas empresas.

En ese marco, advierten sobre un posible “entramado de intereses” que vincula a funcionarios, consultores, estudios jurídicos y empresas mineras en el impulso de cambios regulatorios. Según plantean, se trataría de una dinámica de “puertas giratorias” entre el sector público y privado que pone en riesgo el cumplimiento de la normativa ambiental.

La denuncia apunta específicamente a la modificación de la Ley de Glaciares, una norma que establece restricciones a la actividad en zonas sensibles de la cordillera y protege reservas estratégicas de agua. De acuerdo con los abogados ambientalistas, los cambios en discusión podrían reducir esos controles y habilitar proyectos en áreas previamente restringidas.

Además de la denuncia contra Lucero, la organización incorporó nuevos elementos en la causa contra Royón, vinculados a su situación patrimonial, y solicitó medidas de prueba para avanzar en la investigación. También pidió ser aceptada como querellante.

“Lo que se discute no es solo la responsabilidad penal individual, sino el uso del Estado para favorecer intereses privados”, señalaron desde la entidad, al tiempo que advirtieron sobre las posibles consecuencias ambientales de una eventual flexibilización de la ley.

CRM

La Cámara de Diputados completó este jueves la segunda jornada de audiencias públicas, de forma remota, sobre la reforma a la Ley de Glaciares, y todavía no hay una fecha certera para la firma de los dictámenes y eventual sesión en el recinto.

Es probable que antes de dar un paso en firme se impulse una nueva reunión informativa con los gobernadores de la Mesa del Cobre, que motorizan los intereses de las corporaciones mineras, y también dirigentes propuestos por la oposición contrarios al avance de la reforma.

Una de las alternativas que se barajan es que ese plenario de comisiones se efectué en la primera quincena de abril.

Al igual que en la jornada del miércoles, que fue presencial, fueron abundantes las críticas a la limitación en la cantidad de oradores participantes y hubo advertencias sobre posibles impugnaciones judiciales que podrían anular los efectos de la ley, en el hipotético caso de que se sancione en Diputados.

El proyecto de ley, que busca quitar las prohibiciones que rigen actualmente para la explotación minera e hidrocarburífera en determinadas zonas periglaciales, y darles a las provincias la potestad de designar qué áreas proteger y cuáles no, ya había recibido media sanción del Senado sobre el final del período de sesiones extraordinarias de febrero.

Audiencia

Uno de los principales oradores de este jueves fue el presidente del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), Pablo Villagra, quien rechazó la reforma aprobada por el Senado y destacó el inventario de los glaciares que realiza ese organismo.

“La ley aprobada por el Senado no representa una mejora respecto de la ley vigente porque tiene áreas con hielo sin proteger. No elimina las ambigüedades planteadas; por el contrario, genera nuevas ambigüedades y desdibuja el rol científico y tecnológico, subordinándolo a decisiones políticas de las autoridades competentes de cada provincia”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el Inventario Nacional de Glaciares se encuentra plenamente operativo tras su publicación oficial en 2018. 

Esta herramienta es considerada una pieza clave para el ordenamiento territorial y la protección de los recursos hídricos en las cordilleras.

El presidente del IANIGLA precisó que se “detectaron 16.078 glaciares en el área continental y casi 17.000 en las islas. Incluyendo las islas es solamente el 0,8% de la superficie de la cordillera. No del país, de la cordillera”, enfatizó. 

El geólogo Marcelo Placet, por su parte, respaldó la reforma a la ley votada por el Senado y al respecto señaló que “son falsedades” los argumentos que indican que “la modificación propuesta pone en riesgo las fuentes de agua y que nuestros acuíferos son codiciados por potencias extranjeras”.

A su turno, la representante del Colectivo Defensoras del Agua de Famatina, María Pia Silva, afirmó que la reforma es “inconstitucional” porque vulnera el artículo 41 de la Constitución “y el principio de no regresividad”.

Agregó que “la adecuación de las normas jurídicas a las exigencias del sector cooperativo transnacional no es un hecho nuevo” y dijo que esta ley “responde a la urgencia y presión de las empresas mineras transnacionales”.

La ex diputada nacional Graciela Camaño se mostró hoy en contra de la reforma a la Ley de Glaciares y aseguró que la norma aprobada en 2010 “es el piso mínimo” y “no puede reducirse”.

La ex legisladora remarcó que el Acuerdo de Escazú, al que Argentina adhirió, “tiene jerarquía superior a las leyes” y “consagra parámetros de participación pública que, lejos de haber sido observados, han sido soslayados o contravenidos plenamente porque no se verificó participación del público en las etapas iniciales”. 

“Retroceder en materia ambiental no es gobernar, es renunciar al futuro”, apuntó la bonaerense, que fue diputada nacional entre 1989 y 1993, entre 1997 y 2002 y entre 2003 y 2023.

Además denunció que “se obvió proporcionar al público la información necesaria en forma efectiva”, y agregó que “los plazos no son en absoluto razonables”.

“Claramente la no realización de la audiencia obligatoria conforme a las pautas constitucionales determina la nulidad absoluta del acto que se emita en estas condiciones”, consideró.

“Este proyecto cuyo objeto no es la minería sino el ambiente, claramente viola el artículo 41 de la Constitución Nacional”, alertó. 

Al respecto, Camaño advirtió que se “pretende transformar una ley que tiene características científicas de protección mínima uniforme para todo el territorio de los reservorios de agua dulce en una ley de carácter político donde cada provincia va a definir qué ambiente periglacial va a proteger o no, conforme a su explotación minera”.

Con más de 100 mil inscriptos, Libertad Avanza (LLA) diseñó un esquema mixto de participación presencial y virtual, por el cual el miércoles expusieron alrededor de 180 y otros 200 lo harán este jueves, mientras el resto deberá hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video.

El geólogo mendocino Eddy Lavandaio sostuvo, por su parte, la Ley de Glaciares había sido impulsada por “los enemigos del desarrollo minero argentino” y “sancionada por legisladores que no entendieron cuáles eran las necesidades de las familias argentina”.

El profesional científico sostuvo que la reforma no deja de lado la protección ambiental y tiene el noble objeto de promover las inversiones en pos del desarrollo socioeconómico e integral de la región cordillerana del país“.

“He leído el proyecto y no veo ningún párrafo que imponga la eliminación de los glaciares ni tampoco dejar a los ríos sin agua y menos aún la destrucción de ecosistemas. Todo eso solamente está en la mentalidad de los enemigos de los mineros y de las familias de los mineros. Son en realidad enemigos del desarrollo del país”, insistió.

La abogada cordobesa Ananda Lavayén, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables, afirmó que este proyecto supone “un retroceso” y que pone en jaque el “principio de progresividad ambiental”.

Además aclaró que la ley de presupuestos mínimos vigente desde el 2010 protege ecosistema vitales vinculados a los glaciares, que “no sólo son formaciones de hielo sino reservas fundamentales de agua dulce que regulan los ciclos hídricos, sostienen la biodiversidad y garantizan condiciones de vida digna para millones de personas”.

“Por eso su protección no es una cuestión ambiental sino una cuestión de Derechos Humanos”, continuó.

Guillermo Pensado, de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, respaldó la reforma a la Ley de Glaciares y que la ley actual “abunda en imprecisiones técnicas y vacíos conceptuales que conspiran contra el objetivo declamado que es la preservación de las reservas hídricas”. 

Pese a los pedidos de la oposición de ampliar la cantidad de días de las reuniones públicas, el oficialismo mantuvo las fechas que se definieron en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales.

Con información de NA.

Afuera del Congreso, las fuerzas de seguridad federales se acomodaban a lo largo de la calle Rivadavia para amedrentar, como todos los miércoles, a los jubilados que se manifiestan por la caída de las prestaciones. Adentro, mientras tanto, un paquete de Mercado Libre pasaba por el escáner de seguridad del Anexo de la Cámara de Diputados. Sonó una alarma y los trabajadores de Seguridad miraron sorprendidos: era un rifle de aire comprimido.

El desconcierto no terminó ahí. El destinatario del paquete, cuyo nombre aparecía en el membrete, era el diputado nacional del PRO, Javier Sánchez Wrba. El personal de Seguridad impidió el ingreso y avisó a su oficina, que no tardó en reconocer que no había error, que era para el diputado.

El legislador de la Provincia de Buenos Aires explicó, luego, que había comprado el rifle de aire comprimido para su casa, pero que en Mercado Libre tenía guardada la dirección de la oficina y que, por error, se la mandaron al Congreso. “El diputado trabaja en el campo”, argumentaron en su entorno. 

El tema no escaló a mayores. Poco después de recibir el rifle, Sánchez Wrba fue al estacionamiento del Anexo y dejó el rifle en el baúl.

MCM/CRM

Un total de 17 diputados no pronunciaron ninguna palabra durante todo 2025 en el recinto, ni siquiera para aclarar el sentido de su voto. El dato surge de un relevamiento elaborado a partir de las versiones taquigráficas del Congreso, utilizado para el Índice de Calidad Legislativa que analiza cada año la actividad parlamentaria.

Entre quienes cerraron el año sin intervenciones aparecen legisladores de distintos bloques. Por el oficialismo figuran Pablo Ansaloni, Rocío Bonacci, Facundo Correa Llano, Nicolás Emma, Florencia Klipauka Lewtak, Lorena Macyszyn, Guillermo Montenegro y Carolina Píparo.

También aparecen diputados de Unión por la Patria: Tanya Bertoldi, Celia Campitelli, Gabriela Estévez, José Gómez, Magalí Mastaler, Marcela Passo, Julio Pereyra y Brenda Vargas Matyi. Completa el grupo Nancy Ballejos, del PRO.

En algunos casos el silencio se extendió durante todo el mandato. El informe señala que Julio Pereyra terminó sus cuatro años como diputado sin intervenir nunca en el recinto. También se destaca el caso de Rocío Bonacci, que completó su segundo año en la Cámara sin tomar la palabra.

Silencio en un año de alta actividad

El contraste se vuelve más evidente si se observa el volumen de actividad parlamentaria. Durante 2025 el recinto acumuló 1.149.895 palabras pronunciadas, una cifra elevada para un año electoral, cuando la actividad legislativa suele reducirse.

El segundo año de gestión de Javier Milei estuvo marcado por una agenda intensa en la Cámara baja. A lo largo del año se realizaron una decena de sesiones especiales, dos sesiones en minoría, tres reuniones informativas, una sesión de homenaje y una preparatoria, además de sesiones extraordinarias en febrero y diciembre.

Dentro de ese volumen de intervenciones también se contabilizan las presentaciones del entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos. El funcionario expuso tres veces ante los diputados y pronunció 41.556 palabras, una de esas ocasiones durante la interpelación vinculada al caso $LIBRA.

Diputados con intervenciones mínimas

Debajo del grupo que quedó en cero aparece otro conjunto de legisladores con una participación oral muy baja. Son quienes no alcanzaron las 100 palabras pronunciadas durante todo el año.

Entre ellos figuran María Sotolano, del PRO, con 62 palabras; Daniel Vancsik y Yamila Ruiz, de Innovación Federal, con 25 y 24 respectivamente; y Jorge Ávila, de Encuentro Federal, con 22.

Otros registros responden a intervenciones puntuales. La diputada tucumana Elia Marina Fernández, por ejemplo, registró 13 palabras al prestar juramento en diciembre. En el mismo grupo aparece Ricardo Daives, de Unión por la Patria, también con 13 palabras.

Más abajo figuran Gabriel Chumpitaz, con 11 palabras; Ignacio García Aresca, con 10; y Marcela Antola, Emilio Monzó y Juan Carlos Polini, con 9 cada uno. Con 8 palabras aparecen Gabriela Besana y Sofía Brambilla.

Otros legisladores quedaron aún más abajo en el registro: Jorge Antonio Romero y Aníbal Tortoriello, con 7 palabras; Romina Diez y Estela Mary Neder, con 6; y Luis Basterra, Luciano Laspina, Florencio Randazzo y María Luisa Montoto, con 4.

En el nivel más bajo del registro aparecen intervenciones casi simbólicas. Hilda Aguirre y Ramiro Fernández Patri dijeron apenas dos palabras en todo el año. Y Héctor Baldassi, Emmanuel Bianchetti, Jorge Chica, Dante López Rodríguez, Gisela Marziotta, María Graciela Parola, José Federico Tournier y Martín Yeza quedaron anotados con una sola palabra durante 2025.

Hablar solo para votar

En varios de esos casos las intervenciones registradas no correspondieron a discursos. Se trató simplemente de respuestas obligadas para informar el sentido del voto cuando el sistema electrónico no había computado la votación.

Por esa razón otros 43 diputados no pronunciaron discursos durante el año, aunque figuran con una o algunas palabras en las versiones taquigráficas.

La diferencia es técnica: algunos legisladores no hablaron en absoluto; otros solo dijeron “afirmativo” o “negativo” al momento de votar.

El contraste con los más activos

En el extremo opuesto del ranking aparecen los legisladores con mayor presencia en los debates. El listado lo encabezó el presidente de la Cámara, Martín Menem, con 84.977 palabras pronunciadas durante el año.

Su posición se explica en parte por su rol institucional al dirigir las sesiones y conceder la palabra a los legisladores. Entre quienes más intervinieron también se ubicaron el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, con 33.991 palabras, y el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo, con 33.932.

Detrás aparecen otros legisladores con alta participación, como Nicolás Massot, Silvana Giudici, Juan Manuel López, Pablo Juliano, Nicolás del Caño, Miguel Ángel Pichetto y Victoria Tolosa Paz.

El informe refleja así un contraste marcado dentro del mismo cuerpo legislativo. Mientras algunos diputados concentraron miles de intervenciones en el recinto, otros atravesaron todo el año sin participar de los debates o con intervenciones tan breves que apenas quedaron registradas en las versiones taquigráficas.

Las audiencias sobre la reforma de la ley de Glaciares convocadas para la próxima semana ya tienen más de 27 mil inscriptos y ahora la duda es cómo se instrumentarán esas reuniones públicas con esa cantidad de oradores que quieren opinar sobre los cambios para permitir la explotación minera en aquellas zonas que no está permitida esa actividad.

Las audiencias publicas fueron convocadas en la reunión de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Recursos Naturales que presiden los libertarios Nicolás Mayoraz y José Peluc, y que se realizó el pasado miércoles.

Las audiencias públicas fueron convocadas para el miércoles 25 en forma presencial y para el jueves 26 en forma virtual, pero la duda que circulaba en el Congreso es cómo se materializará la realización de esas reuniones para que todos puedan exponer sobre la reforma, que busca redefinir el alcance de las zonas protegidas para permitir tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciares.

Fuentes parlamentarias señalaron que se buscará la metodología para realizar las audiencias públicas y no se descarta que la mayoría tenga que hacerlo por escrito, aunque eso desatará una fuerte protesta. Otra opción que podría plantear La Libertad Avanza es que cada bloque aporte una cantidad de oradores para que lo hagan en forma presencial.

Los diputados opositores de Provincias Unidas Maximiliano Ferraro y María Ines Zigarán, y la peronista Sabrina Selva, enviaron carta al presidente de la Cámara de diputados Martín Menem, y a Mayoraz y Peluc, para extender las audiencias públicas.

“Ya es público el registro en la página web de la Cámara de Diputados. Ahora falta que nos digan cómo se van a extender los días de audiencias para garantizar que todos los que se anotaron tengan voz. Hay inscriptos de todas las provincias”, expresó Selva.

Ferraro expresó: “27.837 inscriptos en la Audiencia Pública por la Ley de Glaciares. Dato: en el debate por la IVE (ley del aborto) hubo 15 días de audiencias y 738 inscriptos”.

La ley de Glaciares fue aprobada el pasado 26 de febrero por el Senado con 40 votos afirmativos, en tanto que recibió 31 rechazos, incluidos dos votos del bloque peronista: los ex gobernadores de San Juan Sergio Uñac y de Catamarca Lucía Corpacci.

La aprobación del proyecto era un compromiso asumido por el Gobierno con los gobernadores de provincias cordilleranas que buscan una legislación más dinámica y menos rígida para destrabar y multiplicar las inversiones en minería e hidrocarburos.

Con información de la agencia NA

El debate ambiental volvió a tomar la agenda, luego de que el Senado dio media sanción el jueves pasado a una reforma de la Ley de Glaciares. La modificación a la norma es impulsada por el Gobierno de Javier Milei y busca flexibilizar la protección del ambiente periglacial para potenciar la minería y otras actividades extractivas en estos cuerpos de hielo, según legisladores de oposición, expertos y el propio oficialismo.

La reforma a la Ley de Glaciares genera un fuerte rechazo en un sector social, que sostiene que pone en riesgo las principales reservas de agua argentinas y amenaza a ecosistemas críticos de ese país. En medio del debate parlamentario, que ahora ingresó a la Cámara de Diputados para continuar con su tratamiento, organizaciones ambientalistas exigen una audiencia pública a los diputados, que serán los encargados de aprobar o no la reforma.

El 26 de febrero fue una jornada de duro debate en el Senado. En esa cámara legislativa se aprobó la modificación de la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares y del Ambiente Periglacial, como pretendía el Ejecutivo. Esta iniciativa redefine el alcance de las zonas protegidas para habilitar actividades productivas en determinadas áreas periglaciares que la ley actual protege. La reforma fue aprobada con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención.

Agostina Rossi, bióloga e integrante de Greenpeace Argentina, cuestionó la iniciativa que es impulsada por la administración de Milei. La experta explicó a Mongabay Latam que la norma actual que quieren modificar fija un piso obligatorio de protección en todo el territorio argentino pero que la modificación debilita ese piso o lo vuelve dependiente de decisiones de los gobiernos provinciales, que en la zona cordillerana, especialmente rica en minerales, son prominería y buscar explotar las zonas periglaciares. Así, dejaría de existir una garantía uniforme y se fragmentaría la tutela ambiental.

“En la práctica, eso significa que zonas que hoy están protegidas por una prohibición clara podrían quedar sujetas a autorizaciones locales [de explotación minera]. En regiones donde el agua es escasa y depende del aporte glaciar y periglaciar, esa flexibilización no es abstracta: implica mayor riesgo de intervención en reservas estratégicas de agua dulce y menor previsibilidad en su conservación frente a actividades extractivas”, detalló Rossi.

La experta añadió que la Ley de Glaciares –sin ningún tipo de reforma- no regula toda la actividad productiva ni prohíbe una actividad en particular en todo el país, pero lo que hace es fijar un estándar nacional para proteger glaciares y ambiente periglacial por su función hídrica y climática. “Cuando se propone modificarla, lo que está en discusión es si esos ecosistemas deben seguir teniendo una protección uniforme en todo el territorio o si ese estándar puede flexibilizarse”, dijo Rossi, quien aseguró que ahora la discusión “no es sobre una actividad en abstracto, sino sobre el nivel de protección que el país decide mantener sobre sus reservas estratégicas de agua”.

Por qué los glaciares y periglaciares son fundamentales para proteger las fuentes de agua

Organizaciones ambientales y de la sociedad civil denuncian que la iniciativa del Gobierno, apoyada por varios gobernadores de las provincias mineras, es una “regresión ambiental inconstitucional” porque vulnera el Acuerdo de Escazú, al cual Argentina adhirió. Estos sectores advierten que avanzar con esta reforma constituye un grave retroceso en materia de protección del agua.

Uno de los ejes centrales de la reforma es el traspaso de facultades desde el ámbito nacional hacia las provincias. La nueva redacción permite que cada distrito determine qué sectores del ambiente periglacial considera estratégicos para la conservación del recurso hídrico y en cuáles podrían habilitar actividades extractivas. De este modo, se relativiza la protección integral que hasta ahora ofrecía la normativa vigente.

Expertos calculan que la reforma pondrían en riesgo las fuentes de agua de más de siete millones de personas que viven en zonas cercanas a la Cordillera de los Andes.

El caso tiene alcance internacional. Relatores especiales de Naciones Unidas e integrantes del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas manifestaron su preocupación por el posible impacto que tendrá la reforma de la Ley de Glaciares en el cumplimiento del derecho al acceso al agua, al acceso a la información y participación, y a un ambiente limpio, saludable y sostenible.

Sobre la ley actual que buscan modificar, los relatores dijeron: “Pondría en riesgo los ecosistemas acuáticos, incluyendo el agua subterránea, afectando la calidad del agua y por tanto la accesibilidad al agua potable”, indicaron en una carta.

Hernán Casañas, director de la organización Aves Argentinas, explicó que el 36 % de la superficie continental argentina se encuentra dentro de cuencas alimentadas por deshielo glaciar, abarcando 20 provincias y más de 7.5 millones de habitantes. El experto detalló, con datos del Inventario Nacional de Glaciares, que existen 16 968 cuerpos glaciares en el país, con una superficie estimada de 8484 kilómetros cuadrados distribuidos en 12 provincias.

Casañas remarcó que si se modifica la norma se debilitará este ecosistema, a sus habitantes y a la fauna y flora que habita estas zonas. “Pretender flexibilizar esta ley, desde mi punto de vista, no va necesariamente a atraer inversión. Pretender flexibilizar esta ley es no conocer cómo funciona el mundo de hoy”, afirmó el experto, quien dijo que en diciembre de 2025 expuso a los senadores sus observaciones sobre las reformas a la Ley de Glaciares.

“¿Ustedes piensan que lo que haga la provincia de Formosa con el bosque chaqueño no va a incidir en la provincia de Chaco o no va a incidir en las cuencas hídricas bajas? ¿Ustedes piensan que lo que pasa en el Mato Grosso no incide en Argentina? No, no es así. Los procesos ecológicos son extremadamente más complejos. Esto es algo que tenemos que repensar. La fauna no reconoce fronteras políticas. El yaguareté [jaguar] que está en la provincia de Formosa hoy, mañana pasa a la provincia de Chaco”, les dijo Casañas en esa ocasión. El experto apuntaba a que lo que suceda con los glaciares y zonas periglaciares en la Cordillera de los Andes y otras zonas mineras terminará afectando la provisión de agua en las ciudades y pueblos de Argentina.

Tras lo ocurrido en el Senado, el proyecto debe ser debatido en la Cámara de Diputados, donde se anticipa una discusión igualmente intensa. Esteban Paulón, del bloque Unidos, anticipó su rechazo a los cambios a la Ley de Glaciares porque las reservas de agua se verán afectadas por las explotaciones mineras que estarían autorizadas por las provincias, como dice la reforma.

“La minería degrada los glaciares como reservas de agua dulce afectando no solo la función ambiental, sino también la función que cumplen las áreas periglaciares en el suministro de agua dulce para asentamientos humanos o actividades productivas. Así, la ley actual no tiene ningún sentido de ser modificada. De hecho, no impidió el desarrollo de la actividad minera, que en nuestro país se cuadruplicó desde que existe la Ley de Glaciares”, afirmó Paulón a Mongabay Latam.

Los glaciares constituyen una de las reservas de agua dulce apta para el consumo humano más importante de Argentina, ya que alimentan las cuencas hidrográficas del territorio. Tanto los glaciares como el ambiente periglaciar cumplen un rol estratégico para la conservación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas en todo el país, resaltó Paulón.

En línea y en contra de la idea de Milei

En el Senado argentino uno de los que votó a favor de la reforma de esta norma fue el senador Agustín Coto. El legislador, que representa a la provincia de Tierra del Fuego y es parte de La Libertad Avanza (LLA), bloque que responde a Milei, explicó que la reforma a esta norma apunta a “devolver a las provincias” su derecho constitucional a administrar sus recursos naturales, “corrigiendo” un esquema que limitó inversiones productivas y “frenó” el desarrollo regional.

“La media sanción [que se aprobó en el Senado] significa más empleo, más inversión y más desarrollo. La modificación busca compatibilizar el cuidado ambiental con un marco regulatorio razonable y moderno, que brinde previsibilidad jurídica y permita poner en marcha proyectos productivos responsables en todo el país”, resaltó Coto en contacto con Mongabay Latam.

El senador añadió que la reforma está en línea con la política que impulsa el presidente argentino y que como estaba la ley –vigente desde 2010- había “deficiencias técnicas”, por lo que ahora existe “claridad y seguridad jurídica” con la modificación de la norma: “Sin reglas claras no hay desarrollo”, dijo.

La senadora Juliana Di Tullio, del Partido Justicialista (PJ), fue una de las 31 voces en contra de la reforma de la norma y denunció la forma en cómo se votó la modificación de esta iniciativa. La legisladora afirmó que en la sesión ni siquiera se leyeron las modificaciones de último momento y que el contenido definitivo de la reforma no circuló de manera completa y consolidada con la antelación suficiente entre todos los legisladores.

“En menos de 24 horas se firmó un dictamen que al comienzo del debate fue puesto sobre nuestras bancas. Era un papelito sin membrete. La población necesita saber qué se negoció con esta reforma, cómo se negoció. Así, la norma aprobada no dará seguridad jurídica para las inversiones que se quieren traer”, dijo Di Tullio a Mongabay Latam.

Antes del comienzo del debate en el Senado, 12 activistas de Greenpeace Argentina fueron detenidos mientras protestaban contra el proyecto, luego de traspasar las rejas del edificio para levantar pancartas en las escalinatas de acceso. Luego de varios minutos, la policía intervino, arrebató los carteles y los detuvo, según medios locales. La Policía Federal utilizó gas pimienta para dispersar la manifestación. Los manifestantes fueron liberados más tarde.

La Oficina del Presidente celebró la media sanción mediante su cuenta en la red social X y afirmó que el proyecto “clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes”. Así, el Gobierno de Milei dijo que la reforma busca “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Dura afectación a la fauna

Según un informe elaborado por las organizaciones Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre Argentina, WCS Argentina y Fundación Humedales/Wetlands International, el 56 % de las especies evaluadas en el país habita en regiones alimentadas por agua de glaciares. Esta dependencia asciende al 86 % en mamíferos, 78 % en reptiles y 69 % en anfibios. Además, en estas áreas se concentra la mayoría de las especies amenazadas: el 83 % de los anfibios, el 70 % de los mamíferos, el 56 % de los reptiles y el 53 % de los peces de agua dulce categorizados como Vulnerables o En Peligro a nivel global por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además, el informe subraya que alrededor del 35 % de las áreas protegidas argentinas se encuentran en cuencas que dependen de aportes hídricos de los glaciares, lo que evidencia la interconexión entre las zonas clasificadas como protegidas y los sistemas de drenaje alimentados por deshielo.

Marcelo Giraud, geógrafo, investigador y militante de la Asamblea del Agua Pura, expresó su preocupación por la modificación de la Ley de Glaciares. El experto, advirtió en contacto con Mongabay Latam que, aunque se mantiene formalmente las definiciones centrales de la norma, se introduce cambios que habilitarán el avance de actividades extractivas sobre zonas protegidas.

“Hace tiempo veníamos preocupados imaginándonos qué podría venir con el famoso proyecto de Ley de Glaciares”, cuestionó el experto, quien apuntó a gobernadores de regiones mineras por impulsar la reforma. “Hay proyectos muy grandes de cobre que están justamente donde los inversores están queriendo tener la seguridad jurídica para ellos e inseguridad para la población sanjuanina, por ejemplo”, dijo.

Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) exigen a los miembros de la Cámara de Diputados que, antes de continuar con el tratamiento legislativo, se convoque a un “proceso participativo amplio, con alcance federal y con mecanismos que garanticen la participación efectiva de la ciudadanía y organizaciones de todas las provincias del país, a fin de asegurar el debate democrático en torno a una norma considerada pionera en el derecho ambiental”.

La Comisión de Recursos Naturales y la de Asuntos Constitucionales, ambas de la Cámara de Diputados, convocó para este 4 de marzo a las 10 de la mañana a una reunión plenaria de sus miembros para elaborar un plan de trabajo para el tratamiento de la Ley de Glaciares. Se estima que el martes 10 de marzo se realizará una audiencia pública con organizaciones ambientales. Esa idea también fue impulsada por el bloque Unidos. Un día después se firmará un dictamen para que la norma sea abordada en el pleno de Diputados, por ahora sin fecha.

La Cámara de Diputados convocó para los días 25 y 26 de marzo de 2026 a una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares.

El aviso fue publicado este viernes en el Boletín Oficial y el formato de la audiencia prevé que habrá doble modalidad de participación, ya que será presencial y virtual, por lo que, quienes estén inscriptos podrán exponer presencialmente el 25 de marzo en la sala 2 del segundo piso del anexo C de la Cámara de Diputados en la Avenida Rivadavia 1841, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En tanto, la dinámica se llevará a cabo de manera virtual el 26 de marzo y, según establecieron las comisiones organizadoras, la audiencia conservará el mismo horario, es decir, se realizará en la franja de 10:00 a 19:00.

La Cámara de Diputados había oficializado el jueves la citación a una audiencia pública para los citados días de marzo para escuchar la voz de especialistas y representantes sectoriales interesados en las implicancias del proyecto de reforma a la Ley de Glaciares, que ya tiene media sanción del Senado.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, y de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, José Peluc, hicieron llegar la convocatoria con la firma del secretario parlamentario de la Cámara baja, Adrián Pagán.

Los participantes tienen tiempo para inscribirse hasta el viernes 20 de marzo a las 16:00, y lo podrán hacer de forma presencial en la oficina de la comisión de Recursos Naturales y Conservación (Av. Rivadavia 1841, CABA, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00) o a través de un formulario virtual que se publicará en la página web de la Cámara de Diputados.

También está habilitada la opción de realizar presentaciones por escrito, con una extensión máxima de diez carillas, ya sea de manera presencial o por correo electrónico a la dirección de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano (crnaturales@hcdn.gob.ar) hasta el 20 de marzo.

¿Qué puede cambiar con la nueva ley de glaciares que impulsa el Gobierno?

La Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares N° 26.639, promulgada el 30 de septiembre de 2010, enumera los presupuestos y medidas mínimos para el cuidado de los glaciares y las zonas circundantes. Pero el Gobierno nacional intenta dar marcha atrás esa ley y envió al Congreso un proyecto para reformarla (que ya tiene media sanción del Senado y aguarda su turno para ser tratada en Diputados), aprovechando la nueva conformación que logró tras las elecciones de octubre y luego del éxito con la reforma laboral, analiza Ruby Grisin en un artículo publicado el 21 de febrero por elDiarioAR. 

Los cambios propuestos modificarían la ley de glaciares y permitirían la actividad industrial, como la minería y la exploración petrolera en zonas periglaciales —que se caracterizan por sus climas fríos, no glaciares, el permafrost y los ciclos de congelación-descongelación—, otorgando el poder de decisión a los gobiernos provinciales y dejando más flexibilidad para el posible desarrollo económico.

Según el Gobierno, los cambios tienen como objetivo “ordenar el marco normativo vigente, poner fin a interpretaciones arbitrarias y consolidar un esquema de federalismo ambiental plenamente compatible con la Constitución Nacional”.

Hay dos bandos en esta controversia: uno defiende la importancia de preservar estos recursos naturales desde el Estado por diversas razones, entre ellas la vitalidad humana y la prevención del cambio climático. El otro da prioridad a los beneficios económicos de la minería y otras actividades en las reservas de agua dulce andinas, buscando más claridad y sintiendo insatisfecho con la ley actual.

La posibilidad de derogar la Ley 26.639 podría cambiar por completo la forma en que se utilizan legalmente estas reservas de agua, ya que hasta ahora se han considerado bienes públicos. La ley original tenía como objetivo preservar los glaciares como reservas estratégicas de agua para el consumo humano y otros fines, desde la agricultura hasta la protección de la biodiversidad. 

Si se modifica, el Congreso también podría eliminar el Inventario Nacional de Glaciares, que recopila datos sobre todos los glaciares y geoformas periglaciales del país, y eliminar ciertas protecciones de las que actualmente gozan estas formaciones geológicas. Según la ley actual, cualquier actividad que se realice en zonas glaciares debe someterse a una evaluación de impacto ambiental, salvo en casos de rescate, determinadas investigaciones científicas o deportes no motorizados. El incumplimiento de la ley actual podría dar lugar a multas, que finalmente se utilizan para proteger y recuperar los paisajes afectados.

La Fundación Ambiente y Recursos Naturales destacó la capacidad de los gobiernos provinciales para “favorecer intereses mineros y vulnerar el principio de presupuestos mínimos ambientales consagrado en el artículo 41 de la Constitución Nacional” en caso de que la ley actual sea revocada. También podría dar lugar a inconsistencias en la aplicación de la ley, con menos regulaciones a nivel estatal.

Los grupos ambientales consideran que este retroceso es una política medioambiental regresiva en un momento en el que se intensifican las tensiones climáticas, que se manifiestan en desastres naturales como los incendios forestales de la Patagonia. El presidente Javier Milei, quien dijo que no cree en el cambio climático, recortó los fondos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y al mismo tiempo ha estado abogando por la derogación de la ley sobre glaciares.

Según las Naciones Unidas, “los glaciares son esenciales para proporcionar agua dulce a más de 2000 millones de personas en todo el mundo”. 

Además, un informe de febrero de varias organizaciones ecologistas señaló que más de la mitad de las especies vertebradas de Argentina viven en regiones de aguas glaciales, y que una proporción aún mayor de especies amenazadas depende de estos mismos sistemas.

Pero algunas fuentes afirman que la flexibilización de las restricciones podría dar lugar a mejores resultados en la extracción de cobre, lo que impulsaría la ya inestable economía argentina. En este contexto, la inminente decisión del Congreso no solo definirá el alcance de una norma técnica, sino el rumbo de la política ambiental y económica argentina en los próximos años. 

La Cámara de Diputados introdujo modificaciones al proyecto de modernización laboral que la semana pasada aprobó el Senado, por lo que debe volver a ese cuerpo para ser sancionado de forma definitiva.

El cambio principal fue la eliminación del artículo 44, referido a las licencias por enfermedad.

De mantenerse ese punto, los empleados que se enfermaran o sufrieran un accidente de trabajo ajeno al ámbito laboral solo cobrarían el 50 por ciento de sus haberes.

Fue uno de los puntos más cuestionados, ya que tampoco se contemplaban enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser mas extensas.

El Gobierno debió eliminar ese artículo para asegurarse una sanción en Diputados, algo que logró con 135 respaldos este viernes por la madrugada.

Ahora, para aprobar la ley, el texto debe regresar al Senado, ya que lo que votó la Cámara baja no es igual a lo avalado en la Cámara alta.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la idea del oficialismo es avanzar este viernes con el dictamen y volver al recinto una semana después, el 27 de febrero.

Qué decía el artículo 44

El artículo 44 de la ley sancionada en el Senado fijaba que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señalaba que se pagará el 50 por ciento del sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se elevaba al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no serían considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.

Con información de NA.

El proyecto de reforma laboral consiguió en la Cámara de Diputados 135 votos a favor y 115 rechazos en la votación en general, lo que permite desmenuzar qué sectores políticos ayudaron al Gobierno y quiénes se opusieron.

Según pudo reconstruir la Agencia Noticias Argentinas, la iniciativa fue aprobada con el voto favorable de La Libertad Avanza, Fuerzas del Cambio (UCR, MID, y PRO), Innovación Fedeeral, Producción y Trabajo, Independencia, un sector minoritario de Provincias Unidas, el MID y algunos diputados sueltos monobloquistas.

En cambio votaron en contra la totalidad de los diputados de Unión por la Patria, la gran mayoría de los diputados de Provincias Unidas, los cuatro integrantes del Frente de Izquierda, los tres miembros de Elijo Catamarca (que habían dado quórum) y los monobloques de Marcela Pagano, la cordobesa Natalia de la Sota y el puntano peronista Jorge Fernández.

Más allá de este mapeo general, hubo casos llamativos que merecen posar la lupa, principalmente en el bloque de Provincias Unidas, que se dividió en el voto.

Seis integrantes de esta variopinta bancada prestaron colaboración al Gobierno, empezando por la jefa del bloque, la santafesina ex PRO Gisela Scaglia.

También se desmarcaron de la postura mayoritaria otros ex PRO como el rionegrino Sergio Capozzi y el santafesino José Núñez, además del radical jujeño Jorge “Colo” Rizzotti, los cordobeses peronistas Carlos Gutiérrez y Carolina Basualdo.

La división de Provincias Unidas

Párrafo aparte merece la columna de los ausentes a la hora de votar, que es un recurso habitual que suele utilizarse para ayudar al sector que va ganando la votación, sin comprometerse de lleno.

Es el caso de los cordobeses Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres de Provincias Unidas (los otros dos representantes de esa provincia votaron en contra), como también el tucumano Javier Noguera de Independencia, quien en la previa había recibido presiones.

De Unión por la Patria estuvieron ausentes el riojano Sergio Casas y el fueguino Paulo Tita.

Sebastián Hadida / NA