Recién comenzada este mediodía en la Cámara de Diputados la reunión del bloque peronista con los excombatientes del CECIM, la iniciativa tomó vuelo rápidamente: convocar a una sesión especial para intentar voltear el DNU 70/23 que firmó Javier Milei apenas asumió y que derogó la Ley de Tierras. En paralelo, en grupos WhatsApp de autonconvocados ya circulaba la invitación a una asamblea popular en Parque Lezama para este viernes, con el objetivo de armar una protesta contra la Corte Suprema. La idea prendió también en la UTEP, los gremios de la economía popular: habrá una reunión también pasado mañana con el horizonte de marchar a Tribunales el próximo martes 6 de octubre.

Esos movimientos entre el Palacio y la calle se aceleraron en las últimas horas desde que el máximo tribunal derogó a través de un polémico fallo la Ley de Tierras, luego de rechazar un reclamo de los excombatientes del CECIM de La Plata. Los cuestionamientos opositores comenzaron este miércoles a tomar forma en acciones concretas: desde la ofensiva parlamentaria a la callejera. Todo, mientras el Gobierno está acéfalo: Javier Milei aterrizaba a las 13 a París, Victoria Villarruel está en España y el senador puntano Bartolomé Abdala está a cargo del Ejecutivo.

“No necesitamos la legitimación de ningún trío de privilegiados. Nosotros estamos legitimados por la historia y por nuestro pueblo”, apuntaron desde el CECIM en la reunión con los diputados de Unión por la Patria en un salón de la Cámara baja. “El fallo es una tragedia. Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pusieron el cartel de venta a la Argentina de una manera muy cobarde”, planteó a elDiarioAR el abogado de los excombatientes Jerónimo Guerrero Iraola antes de entrar al Congreso.

El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, fue quien confirmó que pedirán una sesión especial en Diputados para completar el rechazo al DNU 70, que ya fue rechazado en el Senado. El peronismo ahora buscará blindar el apoyo del resto de la oposición dura al Gobierno, desde las distintas bancadas provinciales a la izquierda. La fecha de la sesión aún está en el aire, pero la marcha que se estudia para el martes próximo podría definir el calendario parlamentario.

En el peronismo hubo incluso propuestas más temerarias. El diputado Juan Marino adelantó que presentará un pedido de juicio político al Máximo Tribunal. Ese proceso tiene su propio derrotero parlamentario con una dificultad para la oposición: el oficialismo domina la lapicera en la comisión de Juicio Político en la Cámara de Diputados.

La marcha popular

Entre las organizaciones sociales ya hay una conversación intensa por estas horas. La UTEP tiene previsto reunirse este viernes y convocar al resto de las agrupaciones que están fuera, supo elDiarioAR. “Se ha ido construyendo una agenda de pelea para los próximos días”, dijo un dirigente que anticipó como fecha estimativa el 6 de octubre en Tribunales.

Allí confluiría el amplio abanico de movimientos populares para repudiar a la Corte Suprema en su sede. La bandera principal es el reclamo contra la “Extranjerizacion de la Tierra”, pero las organizaciones también reclaman desde hace tiempo la restitución del plan Volver al Trabajo.

Este viernes se terminaría de confirmar la convocatoria, a la que podrían plegarse banderas sindicales, políticas y de autoconvocados. De hecho, desde la coordinación de la Marcha de la Bronca -que tuvo como punta de lanza a Myriam Bregman-, con más de 300 organizaciones politicas, sindicales, de derechos humanos, feministas y diversidades, de la cultura, entre otras, ya confirmaron a elDiarioAR una asamblea popular este viernes en Parque Lezama a las 17.

“Preparamos una gran movilización para la semana que viene contra el nefasto fallo de la Corte que habilita la extranjerización total de las tierras que busca echar tierra a lo logrado por todxs el 6 de agosto, y por la anulación del DNU 70/23”, recogió este medio.

A ese plan de movilizar el 6 de octubre le sumarían otras acciones que están en carpeta para los siguientes días: la CGT estudia una marcha por la industria el jueves, y del 10 al 12 de octubre está convocado el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersex y No Binaries que se realizará en la ciudad de Córdoba. En el horizonte aparece además la quinta Marcha Federal Universitaria, convocada para el 15 de octubre, que también tendrá como epicentro la sede de la Corte Suprema. Todo, a un mes de la llegada del papa León XIV al país.

MC

Con la libertad de mercado como bandera, el oficialismo se anotó un triunfo a medias en la Cámara de Diputados: emitió dictamen de mayoría por el tema de endeudamiento familiar, pero sabe que no tiene los votos para imponerse en el recinto. Arrinconado por la fecha límite que le impuso la oposición, La Libertad Avanza se vio obligada a presentar una propuesta propia, que hace hincapié en la transparencia crediticia y la educación financiera. Con el apoyo del PRO y la UCR, se hizo con la mayoría de las firmas del plenario de comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor, pero no con el de los aliados provinciales. La oposición quiere ir al recinto en dos semanas. 

La propuesta del Gobierno, que ha calificado el aumento de la morosidad como un problema “entre privados”, parte de la premisa de que el sobreendeudamiento es resultado de una falta de información sobre el acceso al crédito. Sostiene que los bancos y billeteras virtuales están obligados a mostrar el costo real de los créditos, así como garantizar el acceso al propio perfil crediticio y una liquidación completa de la deuda (capital original, refinanciaciones, intereses, comisiones). Exige una doble validación para los préstamos que se toman de manera online y un control parental mínimo para los casos de endeudamiento de menores de edad (se comprometen a notificarlos). 

El dictamen fue trabajado por la bullrichista Silvana Giudici y consiguió el apoyo del radicalismo y del PRO, pero fracasó en sumar las firmas de los aliados provinciales, como si había logrado con el despacho de la ley de discapacidad. La mayoría de las iniciativas opositoras exigían, de mínima, un plan de reestructuración de las deudas, algo a lo que el oficialismo se opuso con énfasis. 

“¿Qué país nos va a creer si otra vez aplicamos las recetas del pasado? Hablan de condonaciones y baja de tasas obligatorias como si fueran recetas mágicas. Nos retrotraen a la Ley de Alquileres: ¿no aprendieron que poner topes ficticios lo que hace es quebrar el mercado y la esperanza de futuro?”, azuzó Giudici, la voz cantante del oficialismo en el debate de comisiones. El objetivo era disputarle a la oposición el discurso sobre la crisis de morosidad. “Era de ustedes la ley”, le recordó, entre risas, Myriam Bregman, aludiendo a que uno de los impulsores de la Ley de Alquileres fue Daniel Lipovetsky (PRO).

La oposición, que fue la que forzó el debate sobre la crisis de 6 millones de morosos y más de 20 millones de personas endeudadas, presentó otra propuesta. Luego de tres semanas de debate, el peronismo, el radicalismo y la Coalición Cívica acordaron unificar los más de 70 proyectos presentados y dictaminaron una iniciativa que crea un régimen especial de desendeudamiento y alivio financiero. 

La propuesta crea un régimen para refinanciar las deudas de todas aquellas personas que están en situación de mora de créditos al consumo hace más de 60 días o que, aun estando al día, destinen más del 30% de los ingresos familiares al pago de esas obligaciones. El tope para ingresar estará fijado en dos Canasta Básicas Totales –unos $3,2 millones– para el monto total del capital adeudado en créditos. 

El régimen de reestructuración pone un tope a las tasas de interés, que en algunas billeteras virtuales llegó a superar el 1000%. El límite a la tasa se fijará en base al TAMAR (Tasa Mayorista de la Argentina) de bancos privados, que hoy está al 26%, a lo que se sumará otro 25% adicional. Se habilita un plan de hasta 12 cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona deudora. 

Si bien la propuesta no incluye una condonación de las deudas –resultado de un duro debate interno de la oposición que, pese a la resistencia de la izquierda, acordó no incluir quitas para evitar que la propuesta tuviera costo fiscal–, sí propone eliminar todos los intereses punitorios. Suspende, a su vez, todas las ejecuciones, embargos y cobranzas extrajudiciales. 

“Ustedes saben que esto es algo razonable. Impulsemos algo que no sea tomada de pelo para la gente y que pueda aliviar la realidad de las familias. Esto es un parche para tratar de aliviar a la gente hasta que podamos hacer un cambio de modelo económico. Pero incluso para los que no lo vean así: piénsenlo como manto de racionalidad para cuidar a las familias bajando el nivel de mora” defendió la iniciativa Itai Hagman, de Patria Grande. 

La propuesta de los bloque opositores consiguió 27 firmas y la del oficialismo 32. Pero pese al control que LLA tiene sobre las comisiones de la Cámara de Diputados esa mayoría no se expresa automáticamente en el recinto. En el peronismo hacen cuentas y confían en que podrán tener unas 130 voluntades para sesionar dentro de dos semanas. Dependen, como siempre, de la voluntad de los gobernadores del Norte. 

MCM

El oficialismo y dos sectores de la oposición se preparan para firmar este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sendos dictámenes que apuntan a abordar la problemática de la morosidad familiar, y que difieren sustancialmente en cuanto a características y alcance.

En el marco de la reunión conjunta, La Libertad Avanza junto a sus socios del PRO y la UCR firmarán un dictamen (presumiblemente de mayoría) que hace foco en la prevención, a través de un sistema de advertencias y educación financiera, sin dar una solución económica real y concreta a las personas que están endeudadas con mora con bancos y proveedores financieros no bancarios.

“Te mandan a estudiar”, se quejó -en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas- un diputado opositor sobre el proyecto del oficialismo que articulan la diputada nacional de LLA Silvana Giudici y el presidente de la comisión de Finanzas, Santiago Pauli.

En efecto, no se plantea una intervención económica en el mercado a través de límites a las tasas elevadas que cobran bancos y billeteras electrónicas, o planes de reestructuración compulsiva de deudas.

En cambio, la iniciativa que suscribirán Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica sí hace eje en resolver la situación crítica de los más de 6 millones de personas morosas con instrumentos activos.

El proyecto de la oposición consiste en una ley de emergencia por 180 días (prorrogable por otro período igual) que pone un tope a la tasa de interés nominal que cobran tarjetas y billeteras, topes a los gastos y a las comisiones, y planes de refinanciación de hasta 36 meses de acuerdo a los montos.

No menos importante: se eliminan el 100% de los intereses punitorios, respetándose el capital y los intereses compensatorios.

Sobre la disparidad de tasas que cobran las billeteras de acuerdo al scoring del cliente, se le dará competencia a Defensa del Consumidor para exigir la apertura del algoritmo, de manera tal de transparentar esas prácticas irregulares.

Argentina Federal, a través de Oscar Herrera Ahuad y Yolanda Vega, irá con un dictamen propio que se asemeja mucho al dictamen de la oposición dura.

El dictamen se basa en el proyecto presentado por el ex gobernador misionero y actual jefe de bloque de AF, que crea el “Programa Nacional de Desendeudamiento Familiar y Personal”.

Este instrumento permite unificar deudas en una sola operación y ofrecer cuotas a tasa de interés fija de un máximo del 35%.

Los ingresos fijos del beneficiario no podrán superar los 10 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Por otra parte, el proyecto de Herrera Ahuad prohíbe a las emisoras de tarjetas de crédito y entidades financieras no bancarias ofrecer una Tasa Nominal Anual (TNA) superior a 1,5 veces la TNA aplicada a plazos fijos a 30 días para personas humanas.

Eufórico ante el impacto político generado tras la cadena nacional por Malvinas, el Gobierno pretende estirar el efecto lo más posible. O al menos hasta este miércoles, que es cuando la oposición buscará sesionar para tratar unos 50 proyectos vinculados al endeudamiento de las familias. Mientras baraja la posibilidad de presentar el proyecto sobre “soberanía” ese mismo día, de modo de eclipsar la avanzada opositora, el Gobierno comenzó a operar sobre los gobernadores de Santa Fe, Salta y Tucumán para voltear la sesión por endeudamiento.

“No creo que aprueben la ley, y si la aprueban no van a poder sostener nunca un veto”, se desentendió un operador libertario mientras, en la Cámara de Diputados, los jefes de la oposición habían comenzado a sondear las voluntades para el quórum de la sesión de mañana. Frente a la problemática del endeudamiento familiar, los voceros de La Libertad Avanza repiten la línea trazada por Javier Milei: es un problema entre privados sobre el que el Estado sólo puede intervenir de manera indirecta, dándole “credibilidad” al modelo económico y apostando a la baja de la inflación.

En conversaciones con aliados, sin embargo, funcionarios del Gobierno comenzaron a prometer medidas. Si no para los endeudados, que superan los 20,9 millones y ya arrastran casi 6 millones que no están pudiendo pagar las deudas, al menos para atender la emergencia en discapacidad. La ley que la oposición le impuso a Milei el año pasado, superando el veto presidencial e instalando la actualizaciones de los nomencladores de las prestaciones, vence a fin de año, y la oposición está buscando prorrogarla un año más.

En las provincias advierten que, cuando la Nación no se hace cargo, los reclamos políticos recaen sobre los gobiernos locales, que arrastran desde hace dos años las consecuencias de la caída de la recaudación. Un reclamo que apunta fundamentalmente a la presión sobre los hospitales y clínicas provinciales, pero también sobre al incremento de la morosidad: muchos de los gobernadores que hoy se resisten a las iniciativas opositoras para reestructurar las deudas vienen impulsando, hace algunas semanas, respuestas locales a los problemas de morosidad familiar.

Es el caso, por ejemplo, del mendocino Alfredo Cornejo, que presentó ayer una ley de alivio financiero en la Legislatura provincial. Pero también del chubutense Nacho Torres o del cordobés Martín Llaryora.

En la oposición observan con alarma los movimientos de los gobernadores que, hace dos semanas, comprometieron su apoyo en la última sesión de Diputados. Es el caso de Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), quienes acompañaron la avanzada opositora de hace un par de semanas, durante la sesión que aprobó la reforma de la carta orgánica del Banco Central, y que ahora están en duda. “El Gobierno está presionando”, advierten en las filas opositoras.

En el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados, buscando desactivar una sesión que echaría por tierra la centralidad conseguida tras la cadena nacional de Milei por la causa Malvinas. Para afuera, en cambio, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para la sesión del miércoles, solo logrará avanzar con el emplazamiento de las comisiones. De ahí a la aprobación de las leyes hay un largo trecho y, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, el Gobierno tiene el número para sostener cualquier veto presidencial.

Un problema, diferentes universos

La oposición enfrenta dos desafíos. Por un lado, evitar el boicot del Gobierno y convencer a los gobernadores aliados a Milei de alinearse detrás de la nueva bandera opositora: la de la crisis del endeudamiento familiar. Pero más allá de las negociaciones políticas y de un juego de mayorías que amenaza con chocarse con un veto infranqueable, la oposición primero necesita definir prioridades. El diagnóstico es el mismo –la caída de los ingresos y la eliminación de los controles en la asignación de créditos duplicaron la mora en dos años–, pero las propuestas de alivio financiero varían según el universo al que se quiere beneficiar.

En total, hay unos 50 proyectos de ley presentados por la oposición. Algunos dialogan con los 20 millones de endeudados y plantean marcos regulatorios que pongan límites a las prácticas abusivas y a las tasas liberadas. Otros apuntan específicamente al universo de 6 millones de morosos, fijando regímenes de reestructuración de las deudas y la eliminación de intereses punitorios. Otros, mientras tanto, buscan mecanismos de intermediación con los acreedores informales, que ya no son ni bancos ni fintech, sino prestamistas de última instancia.

La mayoría de las iniciativas establecen diferentes mecanismos de reestructuración de las deudas. Algunos, como el de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– podrían ingresar obligatoriamente a un régimen de regularización que establece condonaciones del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y la suspensión de los embargos hasta que se cumpla el plan.

Otros, como uno presentado por Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), proponen crear un fondo que compre y reorganice las deudas de personas con ingresos que no superen los seis salarios mínimos ($2,3 millones) ni tengan un vehículo o propiedad a su nombre. La iniciativa establece que se fijará un plan de pagos con cuotas que no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona adeudada.

Otros proyectos apuntan fundamentalmente a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. En el caso de las billeteras virtuales y fintech, que ofrecieron créditos a tasas que duplicaron los créditos bancarios, los proyectos apuntan a fijar límites y regulaciones. En el caso del proyecto del radical Pablo Juliano, se exigen evaluaciones previas sobre la capacidad real de pago del usuario y obliga a las aplicaciones a precisar de manera clara cuáles serán las comisiones y el costo financiero total del préstamo otorgado.

La mayoría de las iniciativas coinciden, además, en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento abusivo a los deudores.

En un mar de propuestas, que afecta a universos distintos, la oposición tendrá por delante el desafío de presentar una propuesta unificada que no genere costo fiscal. El objetivo es evitar que Milei pueda acusarlos de “degenerados fiscales” y dificultarle, así, la posibilidad de justificar un eventual veto presidencial.

MCM

Los distintos bloques de la oposición en la Cámara de Diputados presentaron en las últimas horas formalmente el pedido de sesión para el 9 de septiembre al mediodía con decenas de proyectos vinculados a la prórroga de la emergencia en Discapacidad y la situación de las familias sobreendeudadas con bancos y billeteras virtuales, con el objetivo de forzar el tratamiento en comisión de los proyectos.

La convocatoria lleva las firmas de Germán Martínez (Unión por la Patria), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal).

También acompañan el pedido de sesión para el miércoles 9 de septiembre a las 12 hs Ernesto “Pipi” Ali (UxP), Carlos Castagneto (UxP), Cecilia Moreau (UxP), Martín Lousteau (PU), María Inés Zigarán (PU), Nicolás Massot (EF) y Fernada Ávila (EC).

El miércoles pasado, estos mismos sectores lograron juntar 133 votos en el recinto y, si bien no alcanzó para ampliar el temario de esa sesión, dejó una señal política clara de que existe un piso de voluntades suficiente para doblegar al oficialismo en torno a estos temas sociales tan acuciantes.

Después dieron otra muestra de carácter durante una conferencia de prensa en el Salón de Pasos Perdidos de Diputados con representantes de cada uno de los bloques, en una foto que dio que hablar, alimentando especulaciones sobre un “frente anti Milei” en el Congreso.

El problema que enfrenta el nuevo conglomerado de cara a la citación del 9 de septiembre es que, dentro de la batería de 50 expedientes incorporados en el pedido de sesión sobre el asunto de la morosidad, cada uno tiene giros de comisión diferentes, lo que puede complicar la logística para el pedido de emplazamientos.

El reclamo apunta a una problemática que atraviesa a cerca de 20 millones de personas endeudadas y 6 millones en situación de mora, y que la oposición busca convertir en uno de los ejes de la discusión parlamentaria: familias que acumulan deudas con tarjetas bancarias, billeteras virtuales y tarjetas no bancarias y que, en muchos casos, ya se encuentran en situación de mora.

La inclusión de la totalidad de proyectos sobre el tema, sin dejar afuera a ninguno, responde a la necesidad de contener a todas las fuerzas políticas unidas en esta causa y no herir la susceptibilidad de ninguna, ya que en el recinto cada voto vale y la oposición no puede darse el lujo de sufrir ausencias.

Sin embargo, la multiplicidad de proyectos genera una dificultad técnica, ya que habrá que calibrar bien qué comisiones emplazar.

Los giros que más se repiten en los proyectos presentados sobre endeudamiento familiar son las de Finanzas y la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia.

Ésta última está presidida por el opositor Hugo Yasky (UxP) y su vicepresidenta es Mariela Coletta (Provincias Unidas), por lo que ni siquiera haría falta un emplazamiento para la convocatoria.

Distinto es el caso de la comisión de Finanzas, que es encabezada por el oficialista Santiago Pauli, y no se activará hasta tanto no esté aprobado el emplazamiento en el recinto.

Tras la ocurrente protesta de activistas disfrazados de magos “Gandalf” frente a la mansión donde vive Peter Thiel en Barrio Parque, un grupo de diputados nacionales de Unión por la Patria y especialistas invitados analizarn este viernes en el Congreso las motivaciones e intereses económicos detrás de la presencia del magnate tecnológico en el país, los riesgos ambientales que supondría la instalación de data centers de inteligencia artificial y la utilización del territorio argentino y sus recursos naturales como campo de operaciones del “tecnofascismo”.

La cita comenzó este viernes desde las 10 en la Cámara baja, tiene un número importante de invitados confirmados que aportarán su mirada particular sobre un tema que está acaparando cada vez más la atención de la opinión pública.

A lo largo de la actividad expondrán expertos en inteligencia artificial, periodistas de investigación, teólogos, organizaciones de derechos humanos y defensores del medio ambiente.

La organización de la audiencia está liderada por el diputado nacional Juan Marino y también participan sus pares del principal bloque opositor Hugo Yasky, Kelly Olmos, Sabrina Selva, Juan Carlos Molina, José Glinski y Carlos Castagneto.

Además de la convocatoria de especialistas, se cursaron invitaciones formales a los funcionarios del Gobierno nacional que se reunieron con Thiel y al propio fundador de Palantir.

Según se supo, durante su estancia en el país el multimillonario del mundo fintech mantuvo reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

Como los pedidos de informes a estos funcionarios no han sido contestados, se han cursado invitaciones formales para que puedan asistir a la audiencia, pero tampoco se obtuvo respuesta.

Quién es Peter Thiel

Tras el escrache sufrido en la vereda de su mansión por parte de un grupo de manifestantes vestidos de magos Gandalf (personaje central de la saga El Señor de los Anillos), Thiel canceló su participación en la cumbre “Vientos de Cambio”, donde tenía previsto compartir escenario con el presidente Javier Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el titular de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger.

Fanático de la saga de Tolkien, Thiel —que bautizó a una de sus empresas “Palantir”, una esfera de cristal con poderes especiales representada en El Señor de los Anillos— se instaló temporalmente en Buenos Aires a comienzos de abril de 2026, atraído por las ideas del gobierno de Milei, y compró una mansión valuada en unos 12 millones de dólares en Palermo Chico.

El multimillonario tiene detractores en todo el mundo y en Argentina en particular por la inserción que tienen sus negocios en la industria de la guerra y los efectos en términos humanitarios y ambientales.

Los invitados a la audiencia

Para desmenuzar los motivos de la llegada de Thiel a la Argentina fueron invitados los periodistas especializados Fernando Krakowiak, Juan Luis González, Valeria Di Croce, Juan Alonso, Nicolás Lantos, Giselle Leclerq y Emilse Garzón.

Otro panel, titulado “Poder Tecnológico, Datos Personales y Vigilancia”, tendrá como animadores a la politóloga y periodista Natalia Zuazo, a la abogada Paola García Rey (Amnistía Internacional Argentina), al periodista y docente Esteban Magnani y al becario doctoral Mariano Caputo.

Para hablar sobre regulación de la inteligencia artificial fue convocado el doctor en Ciencias de la Computación e investigador del Conicet Diego Fernández Slezak.

En tanto, a los efectos de evaluar la dimensión filosófica, histórica y política del “tecnofascismo” fueron invitados el historiador Elías José Palti, el sociólogo Ariel Goldstein y los periodistas Gil Durán y Julián Varsavsky.

Los referentes de Jóvenes por el Clima Mercedes Pombo y Luna Rey Cano harán foco en los impactos ambientales, territoriales y comunitarios de la infraestructura tecnológica.

El abogado Pablo Serdán aportará una dimensión jurídica sobre la Ley General de Sociedades, mientras que el analista chileno Juan Pablo Sanhueza Tortella ofrecerá su mirada sobre la visita de Thiel al país trasandino.

Con información de NA.

En una jornada exitosa para el Gobierno, y producto del apoyo de aliados y dialoguistas, el oficialismo logró aprobar con comodidad las leyes de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la nueva ley de Inocencia Fiscal y la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes.

La iniciativa que defiende la “emisión cero”, pisando el financiamiento al Tesoro, cosechó 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones.

Al poner la lupa en esta votación, el dato más llamativo que emerge es la abstención de los tres diputados de Elijo Catamarca, que suelen votar casi siempre en sintonía con La Libertad Avanza por instrucción de su gobernador, Raúl Jalil.

También sorprendió el voto a favor del diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien se despegó de la decisión de su compañera de bancada, Mónica Frade, quien se abstuvo.

El resto de los legisladores respondió a la lógica: apoyaron el PRO, la UCR, Argentina Federal, el grueso de Provincias Unidas y otros bloques menores habitualmente aliados; en tanto que rechazaron la iniciativa el peronismo, la izquierda, los dos socialistas santafesinos, Encuentro Federal y algunos monobloquistas.

Luego de avanzar con la aprobación de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el Gobierno se alzó con la segunda victoria consecutiva al alcanzar la media sanción de la actualización de la ley de Inocencia Fiscal, con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones.

A La Libertad Avanza lo ayudaron sus habituales aliados del PRO, la UCR, Argentina Federal, Elijo Catamarca, Independencia, el MID y Producción y Trabajo, mientras que en contra votaron Unión por la Patria, la izquierda, el grueso de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y Encuentro Federal.

En la votación del tratado en materia de Patentes (PCT) el apoyo al Gobierno fue aún más contundente (147 afirmativos contra 93 negativos), ya que Unión por la Patria y el Frente de Izquierda se quedaron solos en la postura del rechazo.

En cambio, acompañaron la sanción no solamente el PRO, la UCR, Argentina Federal, el MID y otros socios frecuentes del Gobierno sino además la mayoría de los legisladores de Provincias Unidas.

Pero lo que más llamó la atención fue la cantidad de ausentes a la hora de votar: se trataba de diputados opositores que no querían dejar registrado un apoyo hacia el Gobierno.

En esa lista de ausentes aparecen nombres como Mónica Frade, Miguel Pichetto, Esteban Paulón, Martín Lousteau, Pablo Juliano y Marcela Pagano, y también diputados de Unión por la Patria como Agustina Propato y Guillermo Michel.

Con información de NA.

El oficialismo consiguió este miércoles una amplia mayoría en la Cámara de Diputados que le permitió aprobar, por un lado, el proyecto de ley de “Inocencia Fiscal II” –con el que el Gobierno espera blanquear US$170 mil millones que están fuera del sistema financiero–, y por el otro, para avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el presidente Javier Milei definió como una de las medidas legislativas más importantes de esta etapa de su Gobierno.

Con 139 votos a favor, 110 en contra y dos abstenciones, el Gobierno se garantizó la media sanción del proyecto que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal y extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta ley permite que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio. Pero hoy solo pueden adherirse quienes tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

Fue gracias a esta ley que el ex vocero presidencial, Manuel Adorni, pudo adherirse al régimen simplificado de Ganancias. Fue por este antecedente que el Gobierno tuvo que terminar aceptando el reclamo de los aliados de establecer límites para los funcionarios.

El proyecto también establece que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria, y se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

La reforma del Central

El proyecto fue aprobado con 144 votos afirmativos, 102 negativos y nueve abstenciones, y ahora será girado al Senado para continuar con su tratamiento.

La propuesta apunta a consolidar el principio de emisión monetaria cero y establece una serie de restricciones sobre las operaciones del Banco Central con el Tesoro nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo planteado por el oficialismo es reforzar la independencia de la autoridad monetaria y concentrar su mandato en la preservación del valor de la moneda.

Los argumentos del oficialismo

El debate comenzó con la exposición del presidente de la Comisión de Finanzas, Santiago Pauli, quien defendió la reforma y sostuvo que busca evitar que el Banco Central vuelva a ser utilizado como una herramienta política. “Esta reforma busca que el Banco Central no sea saqueado, no se convierta en una herramienta de hacer política”, afirmó Pauli durante el debate.

El legislador sostuvo además que el objetivo es recuperar la fortaleza de la moneda y permitir que los argentinos puedan “ahorrar, progresar, planificar a largo plazo y vivir la vida que tienen”. Pauli cuestionó el uso que se hizo históricamente de la autoridad monetaria y afirmó que el Banco Central “pasó a convertirse en una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno”.

Entre los principales cambios, destacó la eliminación de los adelantos transitorios al Tesoro, la prohibición de préstamos al Gobierno nacional, a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, además de la prohibición de comprar títulos del Estado nacional en el mercado primario.

En la misma línea, el diputado radical Guillermo Agüero defendió la iniciativa y afirmó que busca “dotar al Banco Central de independencia” y establecer un mandato único. Según sostuvo, la reforma también pretende impedir mecanismos de financiamiento al Tesoro mediante adelantos transitorios o transferencias de utilidades que no respondan a ganancias reales de la entidad.

Agüero cuestionó el esquema de objetivos múltiples que tuvo el Banco Central y consideró que cuando a la autoridad monetaria se le exige simultáneamente preservar el valor de la moneda, cuidar el empleo, financiar al Tesoro y dirigir el crédito, “no termina cumpliendo absolutamente ninguna de las funciones en su cabal dimensión”.

Las críticas de la oposición

Desde la oposición cuestionaron tanto el contenido del proyecto como el criterio de autonomía que plantea para el Banco Central. El diputado de Unión por la Patria Itai Hagman sostuvo que la reforma busca “blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba” y cuestionó las consecuencias que podría tener sobre el acceso al crédito.

Hagman señaló que alrededor de seis millones de personas atraviesan problemas vinculados con el endeudamiento y la mora, mientras que existe otro grupo de millones de personas que, aunque todavía no se encuentran en mora, enfrentan dificultades para afrontar sus obligaciones. “Deberíamos estar discutiendo cómo aliviar a esas familias”, sostuvo el legislador, quien también planteó que el Congreso debería concentrarse en medidas destinadas a evitar el cierre de empresas.

Por su parte, Miguel Ángel Pichetto rechazó el criterio de rigidez que plantea la iniciativa y defendió una concepción del Banco Central subordinada al interés general y al rumbo económico definido por el Poder Ejecutivo. “Nunca estuve de acuerdo con un criterio de rigidez porque pienso que, en primer lugar, antes que la economía, está la política”, afirmó Pichetto.

El diputado también cuestionó la independencia del organismo y apuntó contra la relación entre el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y el ministro de Economía, Luis Caputo. “¿De qué autonomía me hablan?”, planteó Pichetto durante su intervención, al cuestionar que el proyecto busque reforzar la independencia de una entidad cuyo titular mantiene una relación profesional previa con el jefe del Palacio de Hacienda.

Qué cambia con la reforma

El proyecto aprobado por Diputados establece modificaciones centrales sobre el funcionamiento y las atribuciones del Banco Central.

Entre los principales puntos se encuentran:

La iniciativa deberá ahora ser analizada por el Senado. De conseguir allí el respaldo necesario, el Gobierno avanzará con uno de los cambios estructurales que considera centrales para su programa económico: limitar la capacidad del Banco Central de financiar al Estado y concentrar su función en la defensa del valor de la moneda.

Con información de la agencia NA

Luego de dos meses sin sesión, el recinto de la Cámara de Diputados volverá a levantar el telón este miércoles para tratar un temario amplio de proyectos de ley, tres de los cuales son de sumo interés para los objetivos del Gobierno nacional.

Se trata de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal “bis” (una actualización de la ley original) y la muy demorada adhesión argentina al tratado de cooperación internacional de patentes.

Los otros proyectos incluidos en el temario son producto de concesiones a fuerzas dialoguistas, a saber: la reducción del IVA a la fécula de mandioca del 21% al 10,5% (un guiño a Misiones), la declaración simbólica de capitales nacionales en distintos rubros a una serie de ciudades y provincias del país, y la “Ley Joaquín” que establece medidas de seguridad en espacios deportivos y recreativos.

Completan el menú la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar el principio de la emisión cero, por considerar que impacta directamente sobre la inflación.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con un temario amplio y ambicioso, el oficialismo alista sus armas con optimismo de cara a la maratónica sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados, mientras la oposición prepara una contraofensiva.

Tras el duro revés en el Senado como consecuencia de la rebelión de gobernadores cercanos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se movió rápido y bien: compró a precio de remate los servicios de aliados al incluir en el temario proyectos de segundo orden de importancia, muchos de ellos de carácter meramente simbólico.

De esa forma, el oficialismo logró blindar el quórum para aprobar los proyectos de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación internacional de Patentes (PCT, según sus siglas en inglés). La sesión comenzó al mediodía y se espera que se extienda hasta la madrugada.

En realidad, los votos para aprobar esas leyes ya estaban de antemano, pero algunos gobernadores van a poder decir en sus provincias que lograron arrancarle al Gobierno leyes que benefician a sus comunidades locales.

La última incorporación al temario, a pedido del macrista Fernando de Andreis, es el proyecto de “Ley Joaquín”, una iniciativa de la diputada kirchnerista Luciana Potenza que recibió el acompañamiento transversal de todos los bloques.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, quien este miércoles anunciaba la integración de su espacio a un nuevo bloque (“Argentina Federal”, una reversión del extinto Innovación Federal) despojado de cualquier resabio del poder de Jorge Rovira, fue retribuido con la inclusión de un proyecto que rebaja el IVA a la fécula de la mandioca del 21 al 11,5%.

La medida tendrá un impacto fuerte en la economía provincial, que concentra el 80% de la producción de ese cultivo por las características de su clima y su suelo.

El resto de los proyectos de ley, en cambio, apenas tienen relevancia simbólica, como la declaración de capitales nacionales de distintas ciudades y provincias del país.

Allí emerge, por ejemplo, la declaración de la provincia de Tucumán como capital nacional de ecoturismo, de Santa Cruz como capital nacional de natación en aguas frías, de San Juan como capital nacional de la Educación, de un pueblo de Corrientes como la capital nacional de la ganadería de búfalos y de una localidad de Salta como capital nacional del cerdo negro.

Completan el rompecabezas la declaración del “Camino de Brochero”, en Córdoba, como patrimonio inmaterial de la República Argentina, la convalidación del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y Singapur, y el reordenamiento y creación de salas de apelaciones en tribunales federales.

La oposición más dura, ajena a este reparto de favores, madura una estrategia para golpear al oficialismo en su punto más débil: llevará al recinto la problemática del sobreendeudamiento de las familias y las magras pensiones por discapacidad.

Se trata de recrear narrativas que ya demostraron que le hacen mella al presidente Javier Milei, quien durante su incursión en la Bolsa de Comercio de Rosario recurrió a un fuerte tono discursivo para minimizar la morosidad.

El formato elegido por Unión por la Patria y sus aliados coyunturales para contragolpear al oficialismo será el pedido de apartamiento de reglamento para votar el emplazamiento de comisiones.

En ese sentido, se prevé una inconducente discusión reglamentaria sobre la mayoría necesaria para incluir sobre tablas la moción de apartamiento y luego su aprobación.

Más allá de esas cuentas estériles, la oposición no estaría en condiciones de alcanzar el número, pero sí le bastará para visibilizar problemas que incomodan y mucho al Gobierno.

La Cámara de Diputados confirmó la convocatoria a sesión especial para el próximo miércoles al mediodía a fin de tratar una serie de proyectos, entre los que sobresalen la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la actualización de la Ley de Inocencia Fiscal y la adhesión argentina al Tratado de Cooperación Internacional en materia de Patentes (PCT).

La sesión fue pedida a través de una nota enviada a la Presidencia de la Cámara baja con las firmas del presidente del bloque de La Libertad Avanza, Gabriel Bornoroni, y referentes de todos los bloques dialoguistas, lo que da a entender que los temas a abordar en el recinto tienen acuerdo previo y no habría contratiempos para su aprobación con media sanción.

Firman el pedido de sesión Javier Sánchez Wrba y Alejandro Finocchiaro del PRO, Pamela Verasay (UCR), Gisela Scaglia (Provincias Unidas), Alberto Arrúa y Oscar Herrera Ahuad (Innovación Federal), Gladys Medina (Independencia - Tucumán), Nancy Picón Martínez (Producción y Trabajo - San Juan), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Karina Maureira (La Neuquinidad) y Karina Banfi (Adelante Buenos Aires).

De esta lista sorprende acaso la firma de Scaglia, quien en lo personal mantiene buen vínculo con el oficialismo pero conduce un bloque cuya mayoría suele ser esquiva a la estrategia del Gobierno nacional.

La rúbrica de la diputada santafesina contrasta con la ausencia de la firma de Sebastián Nóblega, el presidente del bloque Elijo Catamarca, fuerza política alineada al gobernador Raúl Jalil que en los últimos tiempos empezó a diferenciarse de La Libertad Avanza.

Tampoco el pedido de sesión lleva la firma de Eduardo Falcone del MID, quien quedó molesto por una serie de decisiones y destratos recientes del oficialismo.

En la sesión de la Cámara baja, además de los tres proyectos impulsados por la Casa Rosada, se tratará la reducción del IVA a la fécula de mandioca a pedido de la provincia de Misiones, y también una serie de expedientes de carácter simbólico vinculados a la declaración de capitales nacionales en distintos rubros de diferentes ciudades y provincias del país.

La reforma del Banco Central

La iniciativa, definida por el propio Milei como “la más importante” de esta etapa de su gobierno, busca consolidar a nivel normativo lo que considera una batalla cultural ganada: que está mal imprimir moneda sin respaldo y que la emisión cero es un principio innegociable.

En este marco, se prohíben los adelantos transitorios al Tesoro, los préstamos a las provincias, el uso de letras intransferibles y se limita la transferencia de utilidades a ganancias reales obtenidas por la entidad.

El proyecto elimina la multiplicidad de propósitos que se adjudicaba el Banco Central a través de su Carta Orgánica y mantiene como único mandato el de preservación del valor de la moneda, prohibiendo el financiamiento del Tesoro.

“Volver al mandato único implica principalmente reconocer la naturaleza monetaria de la inflación. La inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario generado por un exceso de oferta que conlleva una pérdida del poder adquisitivo del dinero. No debiera ser tarea del Banco Central ocuparse de otros objetivos”, se indica.

“De esta forma se remueven del elenco de atribuciones del Directorio las funciones de orientación del crédito hacia destinos determinados y las políticas crediticias diferenciadas, propias de la banca de fomento y ajenas a la misión de una autoridad monetaria, cuya persecución por la vía de la emisión o de la regulación distorsiva ha demostrado ser ineficaz para sus fines declarados y lesiva para la preservación del valor de la moneda”, explica el proyecto.

Por otra parte, se busca fortalecer la independencia del Banco Central, por ejemplo endureciendo los requisitos para remover al presidente y a los directores del organismo, exigiendo una mayoría de dos tercios en ambas cámaras del Congreso nacional para blindarlos de los cambios en los gobiernos.

Nueva ley de Inocencia Fiscal

El proyecto, que modifica aspectos de la ley 27.799 de Inocencia Fiscal, amplía el universo de contribuyentes que podrán adherir al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, al permitir que todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país puedan optar por esa modalidad, sin topes de ningún tipo en cuanto a ingresos y patrimonio.

En la actualidad podían solo adherirse los que tengan un ingreso anual de $1.000 millones y un patrimonio de hasta $10.000 millones.

La nueva iniciativa también extiende el plazo para acceder a los beneficios hasta el 31 de diciembre de 2027.

Otro punto clave es que se mantienen las facultades de fiscalización de ARCA sobre los contribuyentes de mayor capacidad económica o relevancia recaudatoria.

En ese contexto, se redefine el concepto de “discrepancia significativa”, que es el criterio que habilita a ARCA a impugnar una declaración jurada simplificada y revisar las declaraciones del Impuesto a las Ganancias.

Esa discrepancia se configurará cuando la impugnación arroje un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos no inferior al 15 % respecto de lo declarado por el contribuyente.

En tanto, se establece que los contribuyentes que adhieran a este régimen simplificado deberán realizar sus operaciones a través del sistema financiero formal, utilizando medios autorizados por el Banco Central (BCRA) o la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En cuanto a los últimos cambios aplicados en el dictamen, se acordó reducir un 25% las multas por infracciones formales a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).

Ley de adhesión al tratado de patentes

El PCT (Patent Cooperation Treaty) es un sistema internacional -al cual ya adhirieron 158 países del mundo- que permite simplificar el registro de patentes a través de un formulario de solicitud unificado.

Se trata de una suerte de mercado común de patentes que presenta oportunidades para investigadores y empresas argentinas para acceder más fácilmente a otros países y comercializar sus desarrollos y productos.

Sin embargo, también contrae riesgos insoslayables, porque la adhesión argentina al tratado de cooperación internacional también permitirá que multinacionales extranjeras puedan patentar con mayor facilidad y de esa manera perjudicar a la competencia local, encareciendo los costos para el sistema de salud.

El patentamiento de medicamentos estadounidenses podría perjudicar o retrasar la producción de genéricos de laboratorios nacionales, que comercializan drogas a valores considerablemente más bajos.

Esa situación podría eventualmente trasladar parte de esos costos al sistema de salud y encarecer el acceso a medicamentos para la población en general.

Finalmente, el Gobierno resolvió dejar en reserva el capítulo II del tratado, de manera tal que Argentina adherirá al sistema internacional de patentes, pero mantendrá el control local sobre ciertos instrumentos de evaluación técnica y patentamiento de medicamentos.

Con información de NA.

Un grupo de diputados presentó un proyecto de resolución para citar a interpelación al ministro de Economía, Luis Caputo, con el objetivo de que concurra a la Cámara de Diputados y brinde explicaciones sobre el destino y la utilización de los recursos del Sistema Vial Integrado (SISVIAL).

La iniciativa fue impulsada por los peronistas Marina Salzmann, Cecilia Moreau, Germán Martínez, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz, Martín Aveiro, Jorge “Koky” Araujo y Caren Tepp, quienes solicitaron que el funcionario presente información “detallada, circunstanciada y documentada” sobre los fondos destinados al sistema vial desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la fecha de la sesión informativa.

El pedido se realiza en el marco del artículo 71 de la Constitución Nacional y de los artículos 204, 205 y 206 del Reglamento de la Cámara de Diputados, que establecen los mecanismos para convocar a los ministros del Poder Ejecutivo a brindar explicaciones ante el Congreso.

Entre los principales puntos planteados, los legisladores reclaman conocer el total de recursos que ingresaron al SISVIAL desde diciembre de 2023, discriminados mes a mes. También solicitan que se detalle cuánto dinero fue efectivamente transferido y utilizado para la construcción, conservación, mantenimiento, rehabilitación y mejora de la Red Vial Nacional.

En este último caso, el proyecto pide que la información sea presentada de manera desagregada por ejercicio presupuestario, provincia, corredor, ruta, tramo y tipo de intervención.

Otro de los interrogantes está relacionado con los fondos que no hayan sido utilizados. Los diputados pretenden conocer los saldos acumulados del SISVIAL que no fueron destinados a obras, conservación o mantenimiento vial, además de su ubicación contable y financiera y su evolución mensual.

El proyecto también busca determinar si los recursos del sistema fueron colocados en instrumentos financieros. En caso de que así haya ocurrido, los legisladores reclaman que el Gobierno informe los montos involucrados, los instrumentos utilizados, las fechas de colocación y vencimiento, los rendimientos obtenidos y el destino que tuvieron esas ganancias.

Uno de los puntos centrales del pedido de interpelación apunta a establecer si fondos cuya afectación corresponde al SISVIAL fueron utilizados, computados, retenidos o administrados con el objetivo de contribuir al resultado financiero, al superávit o al equilibrio fiscal de la Administración Nacional.

En ese caso, los diputados solicitan que se explique cuál fue el fundamento jurídico, presupuestario y administrativo de la decisión y que se identifique a las autoridades y funcionarios que participaron en su adopción, instrumentación y ejecución.

El proyecto también reclama información sobre el porcentaje anual de ejecución de los recursos del SISVIAL durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026. Los legisladores quieren conocer las causas de las diferencias entre los fondos disponibles y aquellos que finalmente fueron destinados a obras y tareas de mantenimiento vial.

El último punto de la interpelación está vinculado con la seguridad vial. Los diputados preguntan si el Gobierno realizó evaluaciones sobre el impacto que la reducción de la inversión vial o la subejecución de los recursos destinados al SISVIAL podría tener sobre los niveles de siniestralidad, mortalidad y lesiones graves en las rutas nacionales.

Además de Caputo, los legisladores solicitaron que concurran a la Cámara el administrador general de la Dirección Nacional de Vialidad, Marcelo Jorge Campoy, y el secretario de Transporte, Mariano Plencovich.

Según el proyecto, la presencia de ambos funcionarios tendría como objetivo complementar con información técnica las explicaciones solicitadas al ministro de Economía, especialmente en lo referido a la ejecución de las obras y a la administración operativa del SISVIAL.

La iniciativa plantea así una serie de interrogantes sobre el manejo de los recursos destinados al sistema vial y busca que el Poder Ejecutivo precise cuánto dinero ingresó, cuánto fue ejecutado y cuál fue el destino de los fondos que permanecieron sin aplicación en obras o tareas de mantenimiento.

El proyecto deberá avanzar ahora en el ámbito de la Cámara de Diputados para determinar si la solicitud de interpelación a Caputo obtiene el respaldo necesario para concretarse.

El Gobierno está decidido a dar vuelta la derrota del jueves en el Senado con una victoria en la Cámara de Diputados. Tras el fracaso de la batalla por la extranjerización de la tierra, que sigue acumulando pases de factura, el oficialismo busca reflotar un conjunto de proyectos de perfil más técnico, vinculados a la batalla cultural que realmente le importa a Javier Milei: la económica. El objetivo es poner a prueba la lealtad de los aliados y convocar a una sesión dentro de dos semanas para aprobar la nueva ley de Inocencia Fiscal y la reforma de la carta orgánica del Banco Central.

“Acá todo es más fácil, el problema es el Senado. El problema es Patricia”, se queja un diputado libertario, buscando matizar los dolores de cabeza que generó el derrumbe de la mitad del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Lo dice mientras, en la oficina de al lado, la bullrichista Laura Rodríguez Machado recorre la comisión de Presupuesto en busca de las firmas que le faltan para dictaminar los cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

Es el nuevo desafío de La Libertad Avanza, que está buscando la manera de volver a la ofensiva tras la movilización opositora del jueves. Primero necesita recuperar el vínculo con los gobernadores, que por la mañana se reunieron con el jefe de Gabinete, Diego Santilli con un pliego de reclamos. Y después necesita consolidar la alianza con proyectos de ley que, advierten, ya arrastran cierto consenso social. O al menos no generan grandes campañas ciudadanas en su contra.

La Ley de Inocencia Fiscal, que terminó consiguiendo dictamen con el apoyo de los gobernadores de Mendoza, Misiones, Tucumán y Salta, es el primer paso. Como gesto de buena voluntad, Martín Menem aceptó introducir algunos cambios al texto original para que los funcionarios de los tres poderes del Estado no puedan adherir al blanqueo. La versión original, que el ministro de Economía, Luis Caputo, mandó a modificar con la fantasía de así conseguir exteriorizar más dólares sin declarar, permitía que los funcionarios pudieran adherir. El caso paradigmático fue el de Manuel Adorni, quien se adhirió al régimen para justificar sus ingresos no declarados en los días previos a la caída en desgracia que lo obligó a renunciar.

Según la nueva versión, ningún funcionario público podrá adherirse a los beneficios y a la presunción de inocencia fiscal. Se aplica a ministros, secretarios, jueces, diputados y senadores, y a cualquier otro funcionario que haya ocupado un cargo público en los últimos cinco años previos a la fecha de la adhesión. Es decir, los funcionarios podrán adherir al trámite –es decir, la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias–, pero no a la reducción de las multas y a la presunción de inocencia.

El proyecto, además, amplía el universo de contribuyentes y elimina los topes de ingresos para poder acceder. A cambio, el nuevo proyecto exige revestir la condición de residente fiscal durante la totalidad del período por el que se presenta la declaración jurada simplificada.

“¿Quién nos va a contar cuáles son los fundamentos que los han llevado a modificar este punto tan importante?”, preguntó la peronista Victoria Tolosa Paz, durante el debate. El presidente de la comisión, “Bertie” Benegas Lynch le respondió que no le iba a dar ninguna explicación. “Le hizo mal el implante”, masculló, enojada, Cecilia Moreau, por fuera del micrófono.

¿Las negras juegan?

Además del proyecto de Inocencia Fiscal, Menem buscará avanzar con la aprobación de la reforma de la carta orgánica del Banco Central. El objetivo es sesionar el miércoles 26 con una sesión de bajo perfil que permita avanzar con las reformas estructurales que viene impulsando personalmente el Presidente. El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, en cambio, quedará para más adelante: nadie en LLA tiene interés en darle prioridad al proyecto de Federico Sturzenegger después de lo que pasó en el Senado.

Más lejos quedó la reforma electoral, que depende de los acuerdos electorales con los gobernadores y que, según advierten en el propio Gobierno, viene más lentos de lo deseado. “No están tirando ni una para las provincias, a este ritmo tenemos PASO el año que viene”, masculla un armador libertario, que está a cargo de las negociaciones en una de las provincias cuyanas. Los gobernadores exigen mejores condiciones que en la negociación de 2025, cuando Karina Milei se quedó con la boleta violeta y gran parte de los lugares de los legisladores. Quieren que les garanticen que podrán mantener el control del territorio y, a su vez, que tendrán más legisladores nacionales con los cuales aumentar su poder de negociación en la próxima gestión.

En paralelo, la oposición busca maneras de aprovechar la ola de rechazo social generada por la Ley de Tierras. Hay varias iniciativas en carpeta, la mayoría orientadas a resolver la crisis del endeudamiento de 6 millones de familias, pero en el peronismo no terminan de decidirse a actuar. En la Cámara de Diputados predomina un clima derrotista, generado por las desventaja numérica de la oposición, que los tiene envueltos en una inmovilidad hace varios meses.

MCM/MG

El Gobierno pondrá en marcha una ofensiva legislativa en el Congreso Nacional para intentar aprobar antes de octubre un paquete de proyectos considerados clave para apuntalar el rumbo económico.

Se trata de los proyectos de reforma del Banco Central e Inocencia Fiscal enviados a la Cámara de Diputados y los de propiedad privada y Súper RIGI que están en el Senado.

La estrategia apunta a aprovechar una ventana política que, según admiten en el oficialismo, comenzará a cerrarse a medida que los gobernadores y los bloques dialoguistas se concentren en la disputa por las elecciones presidenciales de 2027.

La estrategia del oficialismo se terminará de armar en la mesa política del Gobierno, que conduce la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, e integran el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el subsecretario de gestión institucional, Eduardo “Lule” Menem, Martín Menem, y la jefa del bloque del Senado, Patricia Bullrich.

Por ese motivo, esta semana apura las negociaciones con sus aliados para sancionar el jueves la ley de propiedad privada y avanzar con la discusión del Séper RIGI en el Senado; en Diputados comenzará con el armado de acuerdos para tratar la reforma del Banco Central y de Inocencia Fiscal.

La agenda en el Senado

El Senado reanudará este jueves la sesión que pasó a cuarto intermedio el pasado 16 de julio, dado que no tenía los acuerdos para aprobar el proyecto de propiedad privada, que tiene como eje central la eliminación de restricciones para que los empresarios extranjeros puedan adquirir tierras.

Si bien el oficialismo confía en tener los votos para aprobar esta polémica reforma ya que se debió postergar su debate en el pleno del cuerpo en cuatro oportunidades, mantendrá negociaciones un día antes de la sesión para asegurarse que tiene los respaldos necesarios. En las últimas horas, cobró fuerza la opción de, en lugar de eliminar todas las restricciones, la prohibición de adquirir tierras a manos de extranjeros sube el límite actual del 15% al 25%, lejos de quitar toda restricción, que es lo buscaba el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, de acuerdo a lo que adelantaron este lunes en el programa radial Buenas Tardes China.

La jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, se reunirá el miércoles a la tarde con los bloques dialoguistas de la UCR, PRO, Encuentro Misionero, Primero los Salteños, la Neuquinidad y Provincias Unidas.

Allí hará el último poroteo para saber si tiene los votos necesarios para sancionar este proyecto que permite vender tierras a extranjeros sin las actuales restricciones, promover desalojos exprés, limitar las expropiaciones, y cambiar la ley del Manejo del Fuego.

Hasta ahora tiene garantizados los 21 votos de la LLA, 3 del PRO, entre 7 y 8 de la UCR, 1 de Primero los Salteños, 1 de la Neuquinidad, 1 de Provincias Unidas, y espera sumar 2 de Encuentro Misionero, y 1 de Independencia.

Además en esta sesión no estará la vicepresidenta Victoria Villarruel que rechaza de plano el proyecto sobre propiedad privada, lo cual es una tranquilidad para Bullrich por si se produce un empate en la votación ya que lo deberá hacer el libertario Bartolomé Abdala.

Asimismo, esta semana, la LLA buscará avanzar en el dictamen del proyecto de Super Rigi que se tratará este miércoles a las 15, en el plenario de las comisiones de Economía e Inversión, Presupuesto y Hacienda, y Legislación General.

También este mes buscará votar a favor de los pliegos de Pablo Bertuzzi, y Pablo Yadarola, candidatos a ocupar la estratégica Sala I de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, que deberá revisar la causa $LIBRA, donde están investigados el presidente Javier Milei y su hermana Karina.

El panorama en Diputados

Libertad Avanza abrirá esta semana las negociaciones en la Cámara de Diputados con los bloques aliados para reunir los apoyos necesarios que permitan aprobar en agosto la reforma del Banco Central, una iniciativa considerada estratégica por el Gobierno.

El proyecto girado por el Gobierno el jueves a la noche y que anunció el presidente Javier Milei por cadena nacional prohíbe la emisión monetaria para cubrir el déficit fiscal del Tesoro y de las provincias.

La Libertad Avanza apostará en la Cámara de Diputados a aprobar en agosto los proyectos de Banco Central e Inocencia Fiscal ya que en septiembre deberá tener que abocarse al Presupuesto 2027 que ingresará el 15 del otro mes.

Las negociaciones

Por ese motivo, el presidente de la Cámara, Martín Menem, comenzará las negociaciones con el radicalismo, el PRO, y los bloques provnciales, previo al tratamiento de la iniciativa en comisión como ha realizado cuando se trataron otras claves para el Gobierno.

Pero para poder avanzar con esta iniciativa, el oficialismo necesita construir mayorias con sus habituales aliados ya que tiene 95 legisladores y requiere de 129 para abrir el recinto y aprobar esta iniciativa en este mes.

El oficialismo necesita el respaldo de los 22 miembros del interbloque de Fuerzas del Cambio que integran 12 del PRO, 6 radicales, 2 del MID,1 de Santa Cruz, y otra de la UCR de Adelante Buenos Aires, 11 de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo y sumar un sector de Provincias Unidas.

En el caso de Provincias, las miradas están puesta en los diputados ex PRO como Gisella Scaglia, Sergio Capozzo, José Nuñez, y la ex libertaria Lourdes Arrieta.

Comisiones

La iniciativa del Banco Central tomará estado parlamentario este lunes y será girada a las comisiones de Finanzas y Presupuesto, mientras que la reforma de Inocencia Fiscal ya fue girada a Presupuesto y Legislación Penal.

Todos estos organismos asesores claves para emitir los dictámenes que luego se discuten en el recinto de sesiones son conducidas por libertarios, pero la LLA solo puede tener mayoría con sus aliados.

Con información de NA.

Mientras el Gobierno elige estirar la agonía del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de presiones cada vez más enérgicas de sectores internos para que lo tiren por la borda, la oposición busca acortar el margen de superviviencia del funcionario a través del impulso de sesiones en ambas cámaras del Congreso que incluyen mociones de censura, el mecanismo constitucional para destituirlo.

La novedad es que ahora el PRO salió a pedir explícitamente la cabeza del ministro coordinador, y amenaza con dar quórum en la Cámara de Diputados en la sesión pedida por la oposición para el 23 de junio, en torno a un temario de seis expedientes que abarca desde informes básicos, pasando por pedidos de interpelación y hasta mociones de censura.

“No hay postura definida. Estamos instando a que el Gobierno lo corra a Adorni. Tiene ocho días”, contestaron desde el bloque que preside Cristian Ritondo a una consulta de la Agencia Noticias Argentinas.

Desde la UCR bajaron un poco el tono del desafío abierto por el PRO y señalaron en diálogo con este medio que habrá una reunión del interbloque Fuerzas del Cambio (que incluye también al MID y a Karina Banfi) para definir una postura común entre el martes y el miércoles de esta semana.

En la fallida sesión del 13 de mayo pasado, que la propia oposición solicitó su suspensión por falta de apoyos, el PRO, la UCR y el sector más colaboracionista de Provincias Unidas habían decidido no dar quórum para no levantar olas con el Gobierno nacional, pero mucha agua corrió debajo del puente desde entonces.

La presentación de la declaración jurada de Adorni y sus extravagantes justificaciones patrimoniales en televisión, sumado a los reparos previos expresados por la jefa de senadores del oficialismo, Patricia Bullrich, desataron una tormenta perfecta que amenaza su continuidad como jefe de Gabinete. 

El descontento no solo unificó al peronismo y a los bloques de izquierda, sino que fracturó el blindaje aliado del Gobierno. 

Espacios dialoguistas, gobernadores provinciales e incluso la vicepresidenta Victoria Villarruel se sumaron a los reclamos para exigir que el ministro rinda cuentas de manera inmediata, al considerar que las explicaciones vertidas en televisión habían hecho agua y hasta podrían constituir una confesión de parte del delito de omisión maliciosa por esconderle al fisco ahorros millonarios durante años.

Al pedido de sesión en Diputados, que lleva las firmas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, Provincias Unidas y monobloques se sumó el viernes pasado un proyecto de resolución presentado por el peronismo del Senado para interpelar y tratar una moción de censura contra Adorni.

El interbloque Popular presidido por José Mayans solicitó la convocatoria a una “sesión urgente” en la que se trate esta resolución que, de ser aprobada, obligue al ministro coordinador a comparecer a la Cámara alta en un plazo máximo de “siete días” para abordar la moción de censura.

“En caso de su incomparencia, la Cámara quede habilitada en forma directa para tratar la mencionada medida en la misma sesión especial convocada a tal efecto”, advirtieron los senadores peronistas en un comunicado.

La bancada opositora ampara su reclamo en el artículo 101 de la Constitución Nacional, y argumentan que existen “irregularidades, ocultamientos, omisiones y rectificaciones” en las presentaciones que Adorni realizó ante la Oficina Anticorrupción (OA) y la Agencia de Regulación y Control Aduanero (ARCA).

Para poder aprobar los pedidos de interpelación y las mociones de censura contra Adorni, la oposición precisa reglamentariamente, tanto en Diputados como en el Senado, una mayoría especial de dos tercios, ya que los expedientes llegarán al recinto sin dictamen.

Se trata de mayorías actualmente inalcanzables para la oposición, por lo que la expectativa real de cara a esas sesiones es primero reunir el quórum y luego aprobar el emplazamiento de las comisiones respectivas para destrabar el tratamiento efectivo de los proyectos.

Esto obligaría al oficialismo a abrir el debate en los cuerpos de trabajo que hoy mantiene bloqueados, prolongando la exposición pública del escándalo.

Sin aprobar ese recurso en el recinto, la oposición no podría jamás tener oportunidad de abordar los proyectos en las comisiones, ya que éstas están conducidas por representantes del oficialismo.

Todo este recorrido que implicaría aprobar los emplazamientos y luego dictaminar los proyectos en las comisiones insumiría no menos de un mes.

Para entonces, el Gobierno podría ya haber sentenciado la suerte de Adorni, quien cada día que pasa complica aún más su situación en medio del escándalo por inconsistencias y omisiones en sus declaraciones juradas, en el marco del sospechoso incremento patrimonial que experimentó desde que es funcionario público.

Desde Unión por la Patria señalaron que pese a los embates opositores para forzar la salida de Adorni, en realidad el escenario más favorable sería la permanencia del jefe de Gabinete, ya que la sola continuidad del tema en la agenda pública opera como factor de desgaste diario para el presidente Javier Milei. 

Con información de NA.

El Gobierno no tiene los votos todavía, pero está convencido de que podrá conseguirlos en los próximos días con la ayuda de los gobernadores. Javier Milei quiere avanzar con la sanción del “Super RIGI”, el nuevo régimen de incentivo a grandes inversiones destinado a actividades tech (datacenters, en su mayoría), y está dispuesto a incluir cambios. El objetivo es poder mostrar, antes de que termine el Mundial y comience la cuenta regresiva electoral, una victoria legislativa sobre uno de los temas que obsesiona al Gobierno: conseguir nuevas inversiones extranjeras, aún a costa de grandes exenciones impositivas y beneficios fiscales. 

El debate comenzó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados hace un par de semanas, con la participación de funcionarios nacionales y de diversos expositores vinculados a la minería. El objetivo del oficialismo es mostrar que, si el RIGI fue beneficioso para algunas actividades productivas (fundamentalmente la de hidrocarburos), también lo será el Super RIGI. Por más que el nuevo régimen refiera a actividades distintas –el Super RIGI solo sería para nuevas industrias referidas a inteligencia artificial e infraestructura digital– e incluya otras exenciones impositivas. 

Fue por este motivo que, el miércoles, el presidente de la comisión de Presupuesto, “Bertie” Benegas Lynch, convocó a un conjunto de representantes de cámaras mineras y de hidrocarburos. Es decir: los grandes beneficiarios del RIGI, sancionado al comienzo del gobierno libertario, y la reforma de la Ley de Glaciares, sancionada hace un par de meses. “Este tipo de normas bajan los riesgos y permiten que muchos proyectos que estaban en la cola se adelanten y que muchos otros que probablemente nunca hubieran llegado porque las condiciones no estaban dadas”, celebró el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea. 

Ninguno de los expositores invitados habló del Super RIGI, pero no importaba. El objetivo de la convocatoria era otro: ganar tiempo para negociar cambios con los aliados y allanar el camino para que, el 24 de junio, Milei pudiera celebrar la media sanción del proyecto en el medio del Mundial de Fútbol.

Toma y daca

“El Super RIGI no tiene ningún beneficio para nuestra provincia, ¿pero si nos ofrecen recursos que vamos a hacer?”, admite, hastiado, un dirigente del círculo chico del gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. Es la lógica de negociación que impera entre los gobernadores desde que asumió Milei: resistirse para negociar y, finalmente, conseguir la promesa de nuevos recursos para poder cerrar las cuentas fiscales de la provincia a fin de mes. A veces es solo eso, una promesa. Otras, Luis Caputo habilita los Aportes del Tesoro Nacional. 

El Gobierno confía en que, a través de este mecanismo, logrará alinear a los gobernadores peronistas del Norte, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Jalil. Con los otros aliados de la UCR, el MID y algún que otro PRO díscolo buscará, en cambio, negociar cambios en el proyecto de ley. 

El Super RIGI incluye un conjunto de beneficios impositivos, fiscales y aduaneros –como la reducción al 15% del impuesto a las Ganancias o la exención total de los derechos de importación y exportación para los bienes de capital–, así como también una flexibilización cambiaria y la prohibición de paros, durante 30 años. No solo eso, sino que fija el compromiso del Estado nacional de garantizar la estabilidad de lo acordado por más que asuma un gobierno de distinto color político. ¿Cómo? Establece que cualquier litigio por incumplimiento del contrato se pueda resolver en un tribunal extranjero. 

A diferencia del RIGI, el “Super RIGI” no incluye un piso de contratación de proveedores locales, sino que le permite a las empresas traer toda su cadena de valor armada desde el exterior, lo que reduce las posibilidades de generar trabajo local. Este es uno de los principales puntos de conflicto con los aliados, que están reclamando que se incluyan modificaciones para establecer una cláusula de “Compre argentino” similar a la del proyecto del RIGI.

Este es el punto que está negociando Eduardo Falcone (MID), junto a los radicales mileístas e, incluso, un sector del PRO. El MID, además, está presionando para condicionar la baja del impuesto a las Ganancias a que las empresas hagan una inversión en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+i) celebrados con universidades nacionales públicas. 

Se está conversando, a su vez, sobre la posibilidad de limitar la estabilidad del régimen de 30 a 25 años y matizar algunas de las exigencias que el “Super RIGI” les hace a las provincias. Es decir: el proyecto original obliga a las provincias a comprometerse a eliminar el impuesto a los sellos y les pone un tope a lo que las provincias pueden cobrar por ingresos brutos, un punto que genera rispideces con algunos gobernadores, que advierten que sus cuentas fiscales ya están lo suficientemente ahogadas. 

Frente a este escenario, el oficialismo analiza la posibilidad de incluir una cláusula que, de manera más sutil, plantee que cada provincia “generará incentivos locales”. Una zanahoria para las provincias que, puertas adentro, reconocen que no esperan que lleguen grandes inversiones en datacenters a sus provincias. Pero que prefieren llevarse bien con Milei.

MCM

En medio de la interna abierta con Patricia Bullrich, que se hace dueña y señora de la agenda en el Senado y consolida un perfil autónomo que genera fastidio en la Casa Rosada, el Gobierno nacional busca retomar la iniciativa en la Cámara de Diputados, donde avanzará en el tratamiento de las leyes de “Súper RIGI” y de “lobby”.

A las 11 se reunirá el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General para tratar el “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”, mientras que a las 14 hs será el turno de la reunión conjunta de Presupuesto, Industrias y Ciencia para abordar el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (Super RIGI) en industrias “de frontera” tecnológica.

La idea es volver a reunir los plenarios el miércoles de la semana que viene para dictaminar los proyectos y dejarlos a punto, con llave en mano, para ser votados en la sesión prevista para el 24 de junio, en conjunto con el proyecto que autoriza un plan de pago de deuda a dos fondos buitre.

Esa fue la fecha que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, le comunicó el martes de la semana pasada a los jefes parlamentarios de las principales fuerzas políticas, para que estuvieran al tanto de la hoja de ruta y el cronograma de trabajo.

Ley de lobby

Con la iniciativa para regular el “lobby”, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma propuesta crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige también obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Súper RIGI

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

Están invitados a exponer en la jornada de este miércoles el Presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, Roberto Cacciola, el presidente de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos, Carlos Ormachea, y el Asesor Legal de la Cámara Argentina de la Energía, Esteban Gramblicka.

La iniciativa otorga cuantiosos beneficios fiscales y se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con la industrialización de minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos.

Para ingresar a los beneficios de este esquema se requiere un umbral mínimo de inversiones mínimas de 1.000 millones de dólares, superando ampliamente los 200 millones del RIGI original.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

A diferencia del RIGI, que tenía una duración de dos años con una prórroga por un año adicional (opción que se hizo efectiva), el Super RIGI “tiene un plazo más largo de 5 y 1” (cinco años y uno extra de prórroga).

Es un régimen bastante más restrictivo que el RIGI y excluye los proyectos de recursos naturales y de infraestructura.

Además, no pueden aplicar al Súper RIGI proyectos existentes ampliables como sí en el RIGI.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años de adhesión.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los tres años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

Con información de NA.

Con el arranque del Mundial de Fútbol en la cuenta regresiva, la Cámara de Diputados tendrá un miércoles de súper acción, con plenarios de comisiones para debatir la ley de lobby y el proyecto de “Super RIGI”.

Ley de Lobby

El primer plato será a las 14, cuando las comisiones de Asuntos Constitucionales (presidida por Nicolás Mayoraz) y Legislación General (encabezada por Santiago Santurio) se reúnan en un trabajo conjunto para avanzar en el tratamiento del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que crea un “Régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses”.

Con esta iniciativa, que imita el modelo americano, el Gobierno busca darle un marco de transparencia a las gestiones legítimas que realizan empresas o intermediarios ante los funcionarios y legisladores para promover intereses sectoriales e influir en la toma de decisiones del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.

La norma crea un Registro Público de Gestiones e Intereses donde se deberán inscribir lobistas, y exige declaraciones juradas sobre intereses representados, clientes o beneficiarios de las gestiones.

Además, los Registros Públicos de Gestión de Intereses deberán contener fecha, hora y modalidad del contacto, dependencia donde se realizó la gestión, el beneficiario o cliente de la gestión, y una síntesis de los asuntos abordados.

Los gestores de intereses que incurran en infracciones serán sancionados con multas desde 500 salarios mínimos hasta la inhabilitación definitiva para ejercer actividades como lobistas

Por representación clandestina de intereses extranjeros será reprimido con prisión de seis meses a tres años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.

La iniciativa también exige obligaciones para los funcionarios públicos, tanto del Gobierno como del Congreso, que deberán dar publicidad de cada audiencia que tengan con lobistas y rendir cuentas de esos vínculos.

En principio, el oficialismo no debería tener problema es darle media sanción a este proyecto: existe un núcleo de coincidencias filosóficas con otras bancadas de la oposición dialoguista sobre la necesidad de terminar con la opacidad que caracteriza el lobby en Argentina desde hace décadas. 

Super Rigi

Tampoco deberían presentarse demasiados obstáculos para la aprobación del régimen de incentivo para grandes inversiones en nuevas industrias (“Súper Rigi”), teniendo en cuenta que en un escenario más adverso en el Congreso como fue el 2024, logró los consensos suficientes para el Rigi original contenido en la Ley Bases.

A las 15, se reunirá un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda (preside Bertie Benegas Lynch), Industria (José Luis Garrido) y Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (Martín Yeza) para abordar este proyecto del Poder Ejecutivo.

Para este debate, se esperan las presencias de dos altos funcionarios del Ministerio de Economía: el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.

La iniciativa se orienta a captar inversiones de gran escala en sectores que estaban excluidos en el RIGI original, y que tienen que ver con minerales críticos como litio y uranio, producción de baterías y energías renovables como hidrógeno verde, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y paneles solares, reactores nucleares pequeños y medianos, semiconductores, inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. 

Para ingresar a los beneficios de este esquema se exigen inversiones mínimas por 1.000 millones de dólares.

A estas industrias de “frontera” tecnológica se les ofrece un horizonte de estabilidad fiscal, aduanera y cambiaria por un período de 30 años.

En lo concreto, el régimen propone una reducción del impuesto a las Ganancias al 15 por ciento, una amortización acelerada de inversiones del 60% en el primer año (y 20% en los siguientes dos años), certificados de crédito fiscal para cancelar IVA, y contribuciones patronales con alícuota única del 10%.

Por otra parte, los quebrantos podrán deducirse sin límite temporal, en tanto que los dividendos tributarán 7%, una alícuota que bajará al 3,5% luego de cuatro años.

Como si fuera poco, el Súper RIGI ofrece exención de derechos de importación, eliminación de derechos de exportación, y supresión de restricciones y cupos para operar.

En tanto, se propone la disponibilidad progresiva de divisas de exportación: a los 3 años los inversores del régimen podrán disponer del 100% de los dólares exportados.

El plan es copar la agenda, inundarla con iniciativas de alto y bajo perfil que imposibiliten cualquier avanzada opositora y esperar llegar entero al Mundial de Fútbol. El Gobierno tiene dos prioridades reales en el mar de anuncios destinados a simular el internismo: el Super RIGI y la reforma electoral. El resto son ensayos, reformas cuyo principal objetivo es sostener la narrativa de que Javier Milei, pese al descontrol interno, todavía conserva el poder para torcerle la mano a los gobernadores y mantener el control del Congreso. Al menos hasta el Mundial. 

El “Super RIGI”, que es como el Gobierno denominó al nuevo régimen de inversiones destinado a proyectos de más de US$ 1.000 millones en actividades vinculadas a la inteligencia artificial e infraestructura digital, comenzará a debatirse la semana que viene en la Cámara de Diputados. El debate comenzará en las comisiones de Presupuesto y de Industria y, pese al interés del Gobierno en aprobar la iniciativa mientras Peter Thiel todavía está en el país, las autoridades del oficialismo advierten que no habrá media sanción antes de que Argentina juegue su primer partido en el Mundial. 

La fecha no es una ironía: el inicio del Mundial de Fútbol representa uno de los dos momentos claves para la gestión libertaria de este año. El primero es el comienzo de la fiebre mundialista, un hito que el Gobierno espera que le represente un respiro frente al teleobjetivo político y mediático sobre los escándalos patrimoniales de Manuel Adorni o las internas del Gobierno. El segundo es la elección de medio término en Estados Unidos, cuyo resultado definirá la muñeca política –y financiera– que Milei tendrá para encarar la campaña electoral. 

El Gobierno pretende liquidar todo el paquete de reformas que quiere aprobar este año antes de que lleguen esas dos fechas. Porque después, advierten en el oficialismo, será cada vez más difícil acordar con los aliados. Especialmente con los gobernadores que apunten a reelegir en 2027 y desdoblen las elecciones locales para tomar distancia de la influencia de las nacionales. Varios mandatarios, incluso, están conversando para coordinar una misma fecha de comicios en varias provincias, de modo de organizar un “super domingo electoral” que impida que Milei pueda concentrar su atención en una sola provincia. 

Es por este motivo que el Gobierno buscará apurar una media sanción del nuevo “Super RIGI” antes del 12 de junio. En la Cámara de Diputados, sin embargo, son poco optimistas. Si bien no anticipan, todavía, que participarán funcionarios del debate, sí sospechan que no será un debate express. Recién la semana próxima podrá comenzar el debate en comisiones y, aún con el apoyo de los gobernadores –que ratificaron su alianza con Milei la sesión de la semana pasada, cuando aprobaron los cambios del régimen de zonas frías aún cuando los perjudicaba directamente–, habrá que abrir una negociación que llevará tiempo. 

La Ley de Lobby, mientras tanto, tendrá otro derrotero. La iniciativa busca crear un registro público de “gestores de intereses” que deberán dar cuenta de cuándo representantes de algunas empresas o colectivos se reúnen con legisladores, funcionarios o asesores del Poder Ejecutivo. Basada en la legislación norteamericana, la Ley de Lobby comenzará a debatirse en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General. También la semana que viene, aunque con menos apuro. 

Sin los 129 votos garantizados, Menem no se arriesgará a abrir el recinto. El riojano prefiere, antes de tratar el “Super RIGI”, someter a votación proyectos que vienen siendo debatidos hace más tiempo. Es el caso del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) con Estados Unidos, que el oficialismo analiza tratar en las dos semanas que le quedan antes de que comience el Mundial. 

La reforma electoral

El verdadero dolor de cabeza del Gobierno es la eliminación de las PASO, una negociación fallida que quedó en stand by luego de la escalada de la interna entre Karina Milei y Patricia Bullrich. La jefa del oficialismo en el Senado había comenzado a negociar introducir modificaciones al proyecto de reforma electoral del Ejecutivo pero la hermana presidencial se negó: era la eliminación de las PASO o nada. Con el correr del tiempo, sin embargo, Karina tuvo que aceptar que no podría eliminarlas, así que le exigió negociar una suspensión. O que al menos las Primarias dejasen de ser Abiertas, Simultáneas y Obligatorias. 

Hay un principio de acuerdo respecto a eliminar la obligatoriedad, una propuesta del PRO, que se resiste a acompañar al Gobierno con esta iniciativa. El resto de los reclamos, mientras tanto, continúan siendo objeto de debate. Pero no hay mucho tiempo: Bullrich necesita apurarse porque los tiempos corren especialmente para ella, ya que la reforma electoral necesita ser aprobada antes de que termine 2026. 

Y más de un senador sospecha que, una vez que comience el Mundial, habrá varios legisladores que decidan viajar al norte a participar del espectáculo deportivo.

MCM/MG

No sólo el diputado libertario jujeño Manuel Quintar, el que fue al Congreso en su Tesla, tienen origen empresario en las bancadas de La Libertad Avanza (LLA) en el Congreso. Claro que no son grandes empresarios devenidos legisladores, como en su momento fue el caso de Roberto Urquía, dueño de Aceitera General Deheza (AGD), la de las marcas Natura y Mazola, que fue senador peronista por Córdoba. Algunos son importantes en su provincia, otros de medio pelo y unos han creado pymes o emprendimientos en paralelo con sus carreras laborales. En total, un cuarto de los diputados de LLA, 25 sobre 91, y un tercio de los senadores, siete sobre 21, tienen empresas, incluidos los que se dedican a la producción agropecuaria o al menos saca provecho de ella por compañías de su familia. Es decir que del total de 112 legisladores nacionales, 32 son empresarios.

No hay ningún problema con que haya empresarios metidos en política, como los hay sindicalistas. Quintar diría que se pagó el Tesla con la suya, no con dinero amasado en la función pública. Los debates giran en torno a si consiguieron su fortuna pagando todos los impuestos, sin sobornar funcionarios y respetando los derechos de sus empleados y el medio ambiente. También en cómo accedieron a ser candidatos: si se compraban las candidaturas en LLA, como denunció en 2023 quien entonces se alejaba del partido, Carlos Maslatón, o si los aportes que debería haber sido en blanco de US$5.000 a 50.000 eran para financiar sólo las propias postulaciones, fin que esgrimió Javier Milei en esa oportunidad. Por último, la duda es si la población al elegir a este tipo de representantes escogió personas que defenderán intereses particulares o el bien común.

“El riesgo de incorporar con tanta preeminencia a tantas personas que provienen del mundo empresarial a la función pública tiene que ver con los riesgos de captura de la decisión pública, o sea, darle una excesiva preeminencia a los intereses y a la visión del mundo que tiene una fracción para el conjunto y hacer perder de vista la defensa del interés general por sobre el interés particular”, señala Ana Castellani, socióloga e investigador del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet). “Las cuestiones de lobby, que son tan habituales, se introyectan en el funcionamiento del organismo y eso es lo que hay que contrarrestar”, opina Castellani.

En el caso de las campañas de LLA, diversas fuentes que participaron de esos procesos cuentan que, por un lado, en 2023 la fuerza política apenas naciente buscaba personas que aportaran dinero y sellos partidarios para participar, pero admitían que la recaudación estaba centralizada en torno de la figura de Karina Milei, quien sería después secretaria general de la Presidencia. En 2025 ya no necesitaban más alianzas con otros partidos porque habían constituido LLA al nivel nacional, pero siguieron necesitando de fondos y además querían deliberadamente armar las listas de candidatos con lo que ellos llaman “emprendedores”, modelos de éxito para la ideología libertaria.

El caso de Quintar llamó la atención. Êl defendió su actuar con el argumento de que llevaba adelante una batalla cultural para que ser rico dejara de ser algo malo para la sociedad. Con sus clínicas de la empresa Servicios Sociales de Salud ha hecho fortuna, con pacientes particulares pero también de obras sociales, es decir, con los aportes de los empleadores y trabajadores a la Seguridad Social. Sus empleados más de una vez han protestado por los salarios que cobran.

Veamos aquí los negocios particulares que tienen cada uno de los diputados de LLA:

En el Senado, estos son los libertarios y empresarios:

AR/MG