El juicio oral y público contra el empresario Lázaro Báez y otros 26 imputados por el presunto lavado de unos US$50 millones y su encubrimiento se aproxima al final. Fuentes de la defensa y la acusación de éste y otros procesos coinciden en que el veredicto impactará más allá del destino del contratista y de nombres de resonancia mediática en los últimos años, para quienes el fiscal pidió penas de hasta 12 años de cárcel y multas millonarias. El veredicto también apuntará indicios sobre el futuro judicial de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner -quien no es juzgada por este expediente- y el esquema de arrepentidos en casos de presunta corrupción y lavado de activos, como Leonardo Fariña.

El veredicto está programada para el próximo miércoles 10 de febrero, pero podría retrasarse, confiaron fuentes del juicio, ya que restan las últimas palabras de algunos de los imputados antes del final del juicio, un derecho de los acusados. Los jueces Néstor Guillermo Costabel, María Gabriela López Iñiguez y Adriana Palliotti ya trabajan en el fallo de un proceso que comenzó en octubre de 2018, confío una fuente del tribunal. 

Elizabeth Gasaro, abogada de Lázaro y Martín Báez, reiteró a elDiarioAR que sus defendidos son inocentes de los cargos. A excepción de Fariña, quien declaró como imputado colaborador y admitió su rol en la maniobra investigada, el resto de los imputados también niega las acusaciones en su contra.

Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña.

Además de una posible condena contra Báez, un exsocio de los Kirchner, la decisión del tribunal será clave para el tratamiento en juicio a los acuerdos de arrepentidos en casos de supuesta corrupción que se pactaron durante la instrucción de las causas a partir de 2016, y dejará un antecedente para el juicio de los cuadernos de la corrupción y para futuros acuerdos con imputados colaboradores en otros expedientes, confiaron las distintas fuentes consultadas. 

La acusación incluyó no sólo a Báez sino también a sus cuatro hijos (Martín, Leandro, Sabrina y Melina), beneficiarios finales de “un entramado societario offshore que controlaba cuentas bancarias en Suiza”, y a través de las cuales se habrían canalizado alrededor de US$50 millones entre finales de 2010 y principios del año 2013, según la acusación en el juicio.

La operación, según el procesamiento, comenzó a gestarse a finales de 2010, cuando Báez empezó a migrar millones de dólares al exterior a través de financieras del microcentro porteño. El origen de esa fortuna, sostuvo el juzgado de Casanello, se erige del “extendido esquema de corrupción institucional investigado” entonces por el juez federal Julián Ercolini en la causa conocida como Vialidad o “corrupción en la obra pública” vial de Santa Cruz, un segundo juicio que atraviesan Baéz; la vicepresidenta Fernández; y el exministro Julio De Vido, entre otros.

“Yo lo armé”

En abril de 2013, el programa Periodismo Para Todos (PPT), de Canal 13, emitió el informe que destapó el caso titulado “la ruta del dinero K”. La emisión incluyó una cámara oculta a Fariña, quien definió a Báez como “el jefe” y dijo que había armado la estructura societaria que explicaba la “red de lavado del Estado” y del dinero del empresario patagónico. “Yo lo armé”, dijo Fariña, y contó que Báez lo desplazó de su función tras su casamiento con la modelo Karina Jellinek y su exposición mediática, incompatible con el bajo perfil que cultivaba el dueño de Austral Construcciones. Báez lo sustituyó por el contador Daniel Pérez Gadin, dijo Fariña, señalado luego como el cerebro financiero de la maniobra. 

Tras la emisión del programa, Fariña quedó imputado. Tres años más tarde, en abril de 2016, declaró como arrepentido ante el fiscal Guillermo Marijuan en la instrucción de la causa y firmó un acuerdo como imputado colaborador, el primero en un caso de corrupción, incluso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley de octubre de 2016. Antes de esa fecha, sólo se admitían colaboradores para casos de narcotráfico, pero la declaración de Fariña fue avalada por el juzgado de Casanello porque el caso Báez quedó asociado a una supuesta usina de facturas apócrifas vinculada a un sospechoso de tráfico de drogas en Bahía Blanca. 

Sin embargo, durante el juicio, según sostuvieron fuentes judiciales y abogados defensores, Fariña no pudo corroborar al menos uno de los cuatro puntos de su colaboración con Marijuan. elDiarioAR se comunicó con Fariña pero el acusado se excusó de hacer declaraciones hasta que se conozca la sentencia.

Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011.

Para Fariña, el fiscal del juicio pidió una pena de ocho años pero debido a su colaboración en la investigación accedió a reducirla a cinco años. Si el tribunal evalúa que no puede dar como válida la colaboración de Fariña en el caso, su acuerdo podría caer, explicó una fuente judicial. Si la sentencia en su contra se acerca a la pena solicitada por el fiscal, el veredicto, además, podría costarle su libertad. Fariña estuvo unos dos años preso por una causa de evasión impositiva, pero tras declarar como arrepentido, salió de la cárcel.

El fiscal Córdoba reconoce su aporte a la investigación, aunque en el entorno del magistrado explican que, si bien Fariña permitió individualizar bienes y hechos clave de la maniobra, no pudo aportar pruebas sobre la supuesta conexión directa entre la corrupción y el dinero enviado a cuentas suizas. “Cuando se lo interrogó en el juicio sobre esta cuestión, respondió que había hecho su propia investigación y se lo habían explicado otros empresarios, pero no los pudo individualizar para que fueran citados a declarar”, resumió una fuente. 

Los abogados de los principales imputados están a la espera del destino de Fariña, quien catapultó a los Báez y sus principales colaboradores hacia el juicio oral y público durante el gobierno de Mauricio Macri. “Después de esta sentencia, podría haber consecuencias para Fariña”, dijo Gasaro a este medio. José Manuel Ubeira, abogado de Federico Elaskar, exdueño de la financiera SGI, afirmó ante este medio que el caso “puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos”.

La Justicia no pudo dar con pruebas que documentaran la fuga del dinero hasta que Fariña declaró como arrepentido e identificó a las financieras de la city porteña que habrían participado de la maniobra. Sus dichos se corroboraron con la documentación obtenida de los allanamientos a las “cuevas”. “El dinero nunca viajó físicamente al exterior, hasta donde se pudo determinar. Se realizaban transferencias de cables a través de estas cuevas. El efectivo quedaba en las financieras y se compensaba con movimientos entre cuentas de otros clientes hacia las cuentas de Báez”, recordó una fuente que analizó la documentación secuestrada en los operativos en la city.  

El delito precedente

Otro punto central del juicio es si los jueces harán un análisis sobre el origen del dinero presuntamente banqueado y contemplarán la presunta corrupción en la obra pública como uno de los delitos que originó la fortuna de los Báez en Suiza, además de la repercusión que la sentencia tendrá en el juicio contra la vicepresidenta por el caso conocido como Vialidad y en futuros procesos como el de Hotesur y Los Sauces. 

Actualmente, Fernández de Kirchner es juzgada junto a Báez y otros imputados por presuntas irregularidades, sobreprecios y direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz. La vicepresidenta tiene pendiente otro juicio por supuestas maniobras de lavado de activos de la corrupción a través de sus negocios hoteleros (Hotesur) e inmobiliarios (Los Sauces), también junto a Báez. Fernández de Kirchner niega todos los cargos en su contra y denuncia el armado de causas en el marco de lo que denomina lawfare, o guerra jurídica. En el caso Báez, la Cámara Federal porteña ordenó al juez Casanello que indagara a Fernández de Kirchner a pesar de que el juez sostenía que no había pruebas de su participación en la maniobra de lavado. El juez obedeció y luego le concedió la falta de mérito en el expediente.

Fuentes directas de las defensas de los imputados y de los acusadores sostienen que durante el juicio quedó en evidencia una supuesta divergencia de criterios entre los jueces del tribunal sobre el delito precedente del lavado que se imputa a Báez. Aún así, los acusadores confían en una sentencia condenatoria de Báez. Además de la fiscalía, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Oficina Anticorrupción (OA), los tres organismos del Ejecutivo, integraron el grupo de querellantes en el juicio y pidieron penas para los acusados.

Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero,

El fiscal Abel Córdoba solicitó 12 años de prisión para Báez; nueve años para su hijo mayor, Martín; y ocho años para los principales colaboradores de la supuesta maniobra, el contador Pérez Gadin y el abogado Jorge Chueco. Solicitó además multas para la mayoría de los acusados de $2.121 millones (para cada uno) y el decomiso de todos los bienes de los Báez.

La fiscalía también pidió condenar a Federico Elaskar, uno de los imputados clave en el caso, por la maniobra principal de lavado pero solicitó absolverlo por algunos hechos menores. Elaskar dio en 2013 una entrevista al periodista Jorge Lanata corroborando parte de la versión de Fariña. Entonces denunció haber sido despojado de su financiera SGI por parte de los colaboradores de Báez. Luego quedó imputado pero niega haber sido partícipe del lavado.

Báez, quien se encuentra con detención domiciliaria desde septiembre de 2020, lleva casi cinco años con prisión preventiva. Una condena cercana a los siete años le permitiría acercarse a los dos tercios de la pena y solicitar la libertad condicional. Gasaro sostuvo en diálogo con este medio que las empresas de Báez eran proveedoras del Estado y por tanto tenían bancarizados todos sus movimientos de dinero, por lo que afirma que no podría haberse llevado adelante una maniobra de lavado de activos. 

Gasaro criticó que se haya homologado el acuerdo con Fariña, que las defensas consideran “guionado” por el Ministerio de Justicia de Germán Garavano; sostuvo que se le negó la incorporación de prueba a favor de sus defendidos; y dijo que la acusación se basa en algo que no están probado: que el dinero que aparece en las cuentas suizas de sus clientes sean producto de la corrupción en la obra pública o de la evasión de impuestos. Fuentes de la gestión de Garavano sostienen que el exministro sólo se reunió con Fariña previo a su incorporación al programa oficial de testigos protegidos y que su declaración no fue guionada.

Puede ser un gran precedente para el juicio de los cuadernos.

Otro aspecto de discusión entre las defensas y los acusadores es si los imputados pueden ser juzgados por la nueva ley de lavado de activos sancionada en 2011, algo que los jueces del tribunal también deberán poner sobre la mesa. Tanto Casanello como el fiscal Córdoba han sostenido que en el caso de Báez se debe aplicar la nueva ley, que permite juzgar el lavado como delito autónomo. Eso implica que no es necesario probar el delito precedente al lavado: sólo bastan presunciones o indicios de un origen ilícito del dinero para avanzar en una condena por lavado de activo, explicaron fuentes judiciales que intervinieron en el caso. Es el mismo criterio que sostiene el Ministerio Público Fiscal y distintos tribunales en casos similares, según distintos fallos publicados. 

Las jurisdicciones elegidas para crear sociedades y cuentas incluyeron no sólo a Suiza sino también a Panamá, Belice, Uruguay, España y Estados Unidos, según el procesamiento firmado por Casanello en agosto de 2017. “Esta red controlada por Helvetic Service Group se ideó para evitar la trazabilidad del dinero”, afirmó una fuente judicial con acceso directo al expediente.

La defensa de Báez resalta que algunos de los hechos que se les imputan a los acusados datan de finales de 2010 y otras fechas del primer semestre de 2011, anteriores a la entrada de vigencia de la norma modificada, que entró en vigencia el 29 de junio de 2011.

En sus escritos, Casanello sostuvo que la presunta conducta delictiva se extendió durante el tiempo hasta al menos 2013. Si bien Báez habría adquirido SGI a Elaskar en enero de 2011 a través de Fariña, el juez afirmó que fue con posterioridad que desde esa financiera se dirigieron las operaciones de lavado, la formación de las sociedad offshore y de apertura de las cuentas bancarias en el extranjero para albergar el dinero.

Luego, en 2015, incluso, siguieron habiendo movimiento en el banco suizo, que complicaron la situación judicial de algunos de los hijos de Báez, en particular de sus hijas, cuya participación quedó en evidencia por los trámites bancarios que realizaron ese año, según el expediente. 

El Ministerio Público Fiscal sostiene en distintos expedientes y juicios que aunque un bien (sea una financiera, un campo o un vehículo) se haya adquirido antes de la entrada en vigencia de la nueva ley (29 de junio de 2011), la conducta que debe juzgarse abarca mucho más que la compra-venta e implica también su administración en el tiempo. Así lo plantean distintos fallos, según las consultas a distintos fiscales especializados en casos de lavado. “Se debe juzgar al sospechoso por la responsabilidad en esa administración, a partir del 29 de junio de 2011”, explicó uno de los magistrados consultados.

Suiza

El expediente de instrucción demuestra que, a medida que avanzó la investigación judicial, la hipótesis que convenció a Suiza para entregar la documentación bancaria fue que el origen del dinero era un presunto fraude fiscal, montado a través de la supuesta elaboración de usinas de facturas apócrifas para justificar gastos en las obras públicas. 

La información comenzó a solicitarse en 2013, pero llegó a la Justicia argentina a partir de 2016 y a cuentagotas, cuando Fernández de Kirchner ya no estaba en el poder, según explicó uno de los investigadores. 

Uno de los los dos exejecutivos del banco suizo Lombard Odier que manejaron una de las cuentas investigadas en la que se movieron unos US$21 millones sostuvo en su declaración indagatoria que “no había indicios” de que el dinero pudiera tener un origen delictivo.

De aquella suma multimillonaria, hoy los Baéz tienen alrededor de US$800 mil congelados en Suiza a la espera del veredicto, dijo una fuente de la causa.

*Esta nota fue modificada el 24 de febrero para corregir la información sobre cantidad de imputados, la acusación contra Elaskar y el pedido de pena del fiscal.

ED