El instructor canino Marcos Herrero, quien participó en el marco de los rastrillajes en la investigación por la muerte y desaparición de Facundo Astudillo Castro, en plena pandemia por el coronavirus, fue condenado a la pena de siete años de prisión acusado de adulterar pruebas.

Astudillo Castro había desaparecido en abril del 2020 luego de un control policial y su cadáver fue encontrado tres meses y medio después en un sector ubicado en una zona de cangrejales de la localidad de General Daniel Cerri, en el partido de Bahía Blanca.

Herrero fue condenado hoy por el Tribunal Oral Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado en forma unipersonal por el juez Ernesto Sebastián, tras un juicio oral que se llevó a cabo a través de videoconferencia.

El magistrado condenó al perito canino de 49 años, que es oriundo de Viedma, Río Negro, a la pena de 7 años de prisión por el delito de “falso testimonio reiterado agravado” por un total de siete hechos como así también la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena.

También en la parte dispositiva del fallo, el magistrado ordenó que se unifique la presente condena con otra que había sido impuesta el 21 de marzo del 2023 por un Tribunal Penal N°2 del poder Judicial de Mendoza por el delito de “encubrimiento simple”.

Voceros judiciales indicaron que el juez del Tribunal Oral Federal impuso entonces que se aplique una pena única de 7 años y 8 meses de prisión al perito canino quien en la actualidad cumple en Viedma con arresto domiciliario.

Según se señaló, Herrero continuará con dicho beneficio hasta que el fallo quede firme y en el que además deberá cumplir con ciertas reglas de conducta como fijar y mantener domicilio, prohibición de salida del país y que en un plazo de cinco días entregue su respectivo pasaporte en caso que lo posea.

En tanto que las audiencias de lectura por los fundamentos del fallo dictado por el juez serán dados a conocer el 29 de abril a las 13.30.

Por su parte, el propio Herrero antes que se conociera el fallo señaló ante el juez y las respectivas partes señaló que “he sido una persona profesional, porque me he capacitado”.

También detalló su trabajo por la policía de la provincia de Río Negro como así también otras instituciones en el que reafirmó que “trato de ser profesional, con errores y aciertos”.

Según la causa que fue investigada por el fiscal Santiago Ulpiano Martínez el adiestrador “procuró incorporar a la causa conclusiones mendaces y pruebas plantadas, con el claro objeto de incriminar a los miembros de las fuerzas policiales en la desaparición de Astudillo”.

En ese sentido, el fiscal había señalado en la elevación a juicio que el perito “inducía a sus perros a que adoptaran determinados comportamientos para luego impartirle una interpretación incriminante, manifestando que habían hallado olores de Astudillo”.

Además, se había indicado que entre otros Herrero había colocado elementos de prueba en escenas rastrilladas como un amuleto en forma de sandía y dos piedras turmalinas.

Facundo Astudillo Castro desapareció el 30 de abril de 2020 hasta que su cuerpo apareció esqueletizado en el cangrejal del estuario de Bahía Blanca el 15 de agosto.

En el marco del expediente la autopsia fue llevada a cabo por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) quienes determinaron que había muerto como consecuencia de una “asfixia por sumersión”.

MM con información de la agencia NA.

Facundo Astudillo Castro desapareció en abril de 2020 luego de un control policial en el marco del aislamiento, social, preventivo y obligatorio (ASPO) por la pandemia de coronavirus y su cuerpo fue hallado tres meses y medio más tarde en un cangrejal de General Daniel Cerri. A tres años del hecho, su madre, Cristina Castro, denuncia que la causa por la muerte del joven está paralizada para encubrir a cuatro agentes de la policía que podrían quedar imputados por el caso.

“La causa está absolutamente paralizada. Si la fiscalía no avanza nosotros vamos a continuar las imputaciones desde la querella. Queremos que esto quede expuesto y que, a pesar de todas las pruebas, es una decisión del Estado abandonar la causa”, explicó el abogado de la mujer, Luciano Peretto, en un encuentro con periodistas en las oficinas de Amnistía Internacional, en el barrio porteño de Colegiales.

Según se indicó en la conferencia ─ el abogado Leandro Aparicio, y la letrada Margarita Jarque de la Comisión Provincial de la Memoria (CPM) que actúa como querellante institucional─ “existen elementos contundentes” para imputar a cuatro efectivos. Se trata de los policías Alberto González, Gabriel Sosa, Siomara Flores y Jana Curruhinca, a quienes se acusa de haber participado de la desaparición forzada de Astudillo.

“No tener detenidos e imputados a esta altura parece una tomada de pelo de la Justicia. Vemos que, en otras causas, con muchísimas menos pruebas, hubo personas detenidas o imputadas”, expresó la madre de la víctima.

En este sentido, Peretto también destacó que, en realidad, “debería haber más de cuatro imputados” dado que “hubo un entramado complejo de acciones” que causaron la muerte de Astudillo Castro y contribuyeron a que el caso quedara impune todos estos años. En este marco, apuntó contra funcionarios judiciales, periodistas y políticos.

“¿El estado va a mirar para el costado y no va a imputar a quienes sobradamente está probado que tienen responsabilidad en el hecho? A lo largo del proceso, la señora (María Gabriela) Marrón actuó como si fuese la abogada de los policías” agregó Peretto en relación a la jueza federal 2 de Bahía Blanca que fue apartada de la investigación por “la parcialidad demostrada en su actuación”.

En la misma línea, Jarque apuntó contra la jueza Marrón y el primer fiscal federal que tuvo a cargo la causa, Santiago Ulpiano Martínez y ratificó que “hay muchas condiciones para avanzar en una imputación” de los cuatro oficiales.

“Nuestra intervención en la causa tiene que ver con nuestro rol de mecanismo de prevención a la tortura, visibilizar y ponderar aquellas conductas que tienen las agencias policiales y en la Justicia. Trabajamos con muchas víctimas y su dolor no se repara nunca. Pero un poco ese sufrimiento se detiene con la verdad y la justicia”, agregó.

Por su lado, Aparicio, el otro abogado de Cristina Castro, sostuvo que, hasta el momento, “el encubrimiento de la policía ha sido exitoso” y que, a su criterio, no hay dudas de que “la desaparición de Facundo fue llevada a cabo por la policía de la provincia de Buenos Aires”.

Con información de agencias.

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió este lunes el apartamiento de la jueza que tenía a su cargo la investigación por la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro, el joven de 19 años cuyo cadáver fue hallado en un estuario de la localidad bonaerense de General Cerri en agosto del año pasado.

Fuentes judiciales informaron que la decisión fue adoptada por la sala I de Casación, que resolvió aceptar el pedido de los fiscales Horacio Azzolin, Iara Silvestre y Andrés Heim y de los abogados que representan a la madre de Facundo, quienes habían recusado a la jueza federal 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, por “la parcialidad demostrada en su actuación”.

Con esta decisión, el expediente por la desaparición y muerte de Facundo deberá ser remitido a un nuevo magistrado, por lo que es probable que quien quede a cargo de la investigación sea el otro juez federal de Bahía Blanca, Walter Ezequiel López Da Silva.

“Sacamos a la maldita jueza y vamos por Justicia. Hoy mis lágrimas son de esperanza y de Justicia”, expresó Cristina Castro, la madre de Facundo, en su estado de WhatsApp, donde además publicó una foto de su hijo sonriendo y tocando un redoblante.

En un fallo de 45 fojas, los camaristas Daniel Antonio Petrone, Ana María Figueroa y Diego G. Barroetaveña resolvieron apartar a la jueza Marrón, quien era duramente cuestionada por los fiscales y por la querella, representada por los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio.

Al momento de fundamentar su pedido, los fiscales habían asegurado que mantener al frente del expediente a la jueza Marrón “era una sentencia definitiva dado que su continuidad sellará el futuro de la presente instrucción en razón de la parcialidad demostrada en su actuación; circunstancia que […] resulta un gravamen de imposible, insuficiente, inconveniente y tardía reparación ulterior”.

El pedido de los fiscales había tenido un dictamen favorable por parte del fiscal general ante la Cámara de Casación Javier De Luca, quien también había considerado que la magistrada “no practicó ninguna medida conducente” e incorporó a la causa “elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”.

La recusación había sido rechazada en marzo pasado por la Cámara Federal y en abril la Cámara de Apelaciones denegó la apelación presentada por los representantes del Ministerio Público Fiscal frente a esa decisión.

A raíz de ello, Azzolin y Heim interpusieron un recurso de queja ante la Sala I del Tribunal de Alzada, y en ese marco intervino De Luca, fiscal general y titular de la fiscalía 4 ante la Cámara de Casación Penal.

“La descripción de las circunstancias del caso en estudio no deja lugar a dudas respecto de que la jueza de la causa ya tiene una posición tomada (un prejuicio) sobre cómo se sucedieron los acontecimientos que derivaron en la muerte del joven Astudillo, lo cual es totalmente incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar cualquier magistrado en la etapa de investigación o averiguación de un posible crimen”, manifestó en su dictamen el fiscal De Luca.

En ese sentido, el fiscal señaló que la magistrada “no practicó ninguna medida conducente, denegó las propuestas por la fiscalía, hizo perder un tiempo precioso a la pesquisa (´el tiempo que pasa es la verdad que huye´) e incorporó elementos que en lugar de esclarecer, entorpecen la búsqueda de la verdad real”.

Luego, agregó que “sus decisiones terminaron produciendo obstáculos y desvíos de la investigación hacia un único rumbo, el de su hipótesis”.

Facundo Astudillo Castro (20) fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado cuando salió de su casa de la ciudad bonaerense de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su novia.

Tras ser interceptado por la Policía por violar el aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO), nada más se supo de él hasta el 15 de agosto del 2020, cuando sus restos fueron hallados en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri.

La autopsia realizada por expertos del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) determinó que el joven murió como consecuencia de una “asfixia por sumersión”.

Desde un primer momento, la madre de Facundo mantiene sus sospechas de que la policía bonaerense tiene responsabilidad en la desaparición y muerte de su hijo, y hasta pidieron en reiteradas oportunidades -sin éxito- la detención de cuatro efectivos que fueron quienes lo retuvieron en la ruta mientras el joven caminaba hacia Bahía Blanca.

En tanto, en septiembre pasado un peritaje realizado por expertos en rastros de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) determinó que la ropa hallada en la mochila de Facundo estaba dañada “con algún elemento químico” y presentaba “cortes y puntazos”.

FS con información de Télam

Hasta el 30 de abril de 2020 Facundo Astudillo Castro era uno de los jóvenes de Pedro Luro, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires, a 800 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los que hacen de sus calles el patio de su casa. Nacido el 23 de agosto de 1997, fue un chico inquieto y alegre. Amigo incondicional y solidario, creció cobijado por su mamá Cristina, sus hermanos Alejandro (mayor) y Lautaro (menor) y sus abuelos maternos.

El semillero

“Kufa”, como le decían, empezó a llevarse mal con el estudio y dejó la secundaria. Se puso a hacer changas de albañilería, atendió un lavadero y hasta se anotó en “los galpones” para trabajar en la temporada de la cebolla de exportación. Junto a otros pibes, todos de no más de 15 años, conoció el Semillero Cultural que funcionaba en las instalaciones de la vieja estación ferroviaria. Era un espacio gestionado por una ONG de militantes de La Cámpora, que convocaron a gente sin filiación política para dar talleres y capacitaciones. Cada tarde, cuando Mercedes “Mechi” Hollmann llegaba para abrir el local, Facundo ya estaba esperándola en la puerta para arrancar con el mate. Mechi era del sector “no militante” de Semillero, había armado la biblioteca y, a poco de ponerla en pie, los pibes ya se habían apropiado del lugar. Mechi recuerda que eran “chicos buenísimos, que han sufrido mucho rechazo social, Facundo iba al taller de murga y batucada, se sentía como en su casa; yo estaba en la biblioteca casi seis horas por día. Era un refugio para ellos”. ¿Refugio de qué? Del rechazo social. Y de la policía. “A veces estábamos tomando mate a la tardecita y se metía el patrullero en el andén, agarraban a ‘los pibes de la estación’, los ponían contra la pared, los empezaban a empujar, a revisar, una vez les pisaron la huerta que habían plantado”, dice. Por eso, cuando Facundo empezó a participar del programa Jóvenes y Memoria –organizado por la Comisión Provincial por la Memoria–, no paró de informarse de todo lo que la Bonaerense había hecho en el pasado y seguía haciendo. En 2013 un grupo de chicas y chicos hicieron una movida para dar a conocer lo que hacían y para invitar al pueblo a visitar Semillero Cultural. Incluso fueron a radios del pueblo. En una de esas charlas al aire, Facundo tomó el micrófono: “Cuando recién empezaba a ir al Semillero muchos me decían ‘no tenés que ir ahí porque ellos se drogan, ellos son chorros’. Y yo me animé a ir, para ver si era cierto. Y me di cuenta que todo lo que está diciendo la sociedad, no tiene nada que ver. Es más, yo también me sentía muy excluido por la sociedad, por mi forma de ser, porque soy rapero. Hago rap y me visto como una persona que hace rap”. Mechi describe que “el pueblo está dividido por las vías, y la mirada del pueblo era que los chicos de la estación iban a drogarse. Tratábamos de mostrar lo que producíamos, pero era un rechazo constante. Cuando el actual intendente cerró el espacio nadie salió a apoyarnos. En los pueblos cuando no tenés un apellido fuerte de una familia ‘de bien’, es muy difícil”. En 2016, cuando asumieron las nuevas autoridades en el municipio de Villarino, de un partido vinculado al Frente Renovador de Sergio Massa, las pibas y los pibes se quedaron sin Semillero, pero siguieron conectados con las luchas por Memoria, Verdad y Justicia.

La Turmalina

En febrero de 2020 Facundo volvió a Pedro Luro tras dos años de convivencia con Daiana González, en Bahía Blanca. Buscó olvidarse de ella y encaró nuevos proyectos. La propuesta de su amigo Juan Cardona para que se sumara a la cervecería que estaba por inaugurar le vino muy bien, en lo anímico y en lo económico. El 22 de febrero finalmente Turmalina abrió sus puertas y Facundo estaba feliz. La espuma del exitoso arranque de Turmalina bajaría abruptamente antes de cumplir un mes, la noche del jueves 19 de marzo. Con el covid-19 declarado pandemia por la ONU y los primeros casos registrados en Argentina, esa noche Alberto Fernández habló por cadena nacional y anunció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en todo el país.

Era en abril

Aunque su caso se instaló en la agenda pública a principios de julio, Facundo fue uno de los primeros en sufrir las consecuencias mortales del proceder de los uniformados en la pandemia. Como la Bonaerense no pudo inventar un robo o un enfrentamiento en la ruta, la acción coordinada de la jerarquía de la fuerza y del ministro de Seguridad Sergio Berni convirtió al caso en un decálogo de encubrimiento. Durante marzo y abril, con la cervecería cerrada, Facundo se había quedado casi a vivir en la casa de Juan. De vez en cuando iba a su casa por ropa o a tomar unos mates con la familia. El 27 de abril Juan se vio obligado a decirle que necesitaba el espacio porque debía alojar a su hermana. Él entendió. Al mismo tiempo iba madurando en su cabeza la idea de volver a Bahía para intentar recomponer la relación con Daiana. El miércoles 29 fue a la casa de su amigo Daniel Gaite, quien con su madre Virginia Góngora lo invitaron a cenar. Esa tarde Facundo pasó por su casa, conversó con su hermano Lautaro, cargó el teléfono y metió algo de ropa en la mochila. En la cena les dijo a Daniel y Virginia que al otro día se iría a dedo a Bahía. El jueves, cuando Daniel y Virginia se despertaron, Facundo ya se había ido. Durante horas Daniel intentó hablar con él por teléfono, sin éxito. Al notar que Kufa no recibía los mensajes, Gaite empezó a preguntar a los más cercanos y también al grupo de WhatsApp de la cervecería si sabían algo. Nada. Virginia se preocupó y llamó a la comisaría de Pedro Luro, quizás lo habían detenido al violar la cuarentena. Tampoco sabían nada. Llamó a Cristina, quien le contó que minutos antes, a las 10.30, la había contactado un policía de Mayor Buratovich para corroborar el domicilio, porque en la ruta le habían labrado un acta a Facundo. Cristina confirmó la dirección y dijo que podrían ir a su casa para verificarlo cuando regresara del trabajo. Esa llamada policial y la de Virginia la hicieron enojar. Intentó comunicarse varias veces con su hijo, pero no pudo. Al anochecer la policía tocó el timbre de la casa para hacerle firmar la certificación del domicilio. Ahí se convenció de que Facundo había decidido seguir viaje a Bahía Blanca. La investigación judicial fue reconstruyendo sus pasos. Alrededor de las 5 de la mañana Facundo salió de la casa de su amigo y se fue a hacer dedo a la ruta 3. Probablemente no consiguió quien lo levantara y emprendió viaje a pie. Cuando Nancy Moncada, vecina de la localidad de Hilario Ascasubi, se ofreció a llevarlo en su auto hasta Mayor Buratovich ya eran casi las 9 y estaban a más de 20 kilómetros de Pedro Luro. Moncada aseguró en sede judicial que el joven le dijo que debía llegar a Bahía Blanca “urgente”, que estaba sin trabajo y le quedaban apenas 50 pesos en el bolsillo. Facundo se bajó en el ingreso a Buratovich y volvió a hacer dedo. En el kilómetro 779 de la ruta 3, en el cruce con la calle San José Obrero, fue abordado por Mario Sosa y Jana Curuhinca, oficiales de la Bonaerense que estaban de servicio, que se comunicaron con la subcomisaría del pueblo para pedir directivas. El oficial subayudante Andrés Gerbatin les dijo que le enviaran los datos completos y una foto de Facundo, y les sugirió que “si se hacía el pajero lo bajaran”, según la jerga policial significaba que lo llevaran a la comisaría. Curuhinca fotografió el DNI de Facundo, del derecho y del revés, y le sacó una foto en la que aparece de espaldas, junto a Sosa, con la manos por delante (no se ve si estaba esposado) y de frente al patrullero registrado con el número 23 360. Al momento de la publicación de este libro no se había determinado si en ese momento Facundo fue “bajado” a la sede policial o bien siguió viaje hacia su destino. Sí está comprobado, a través del seguimiento de la georreferenciación del patrullero, que ese móvil fue hasta la sede policial. Sosa y Curuhinca aseguraron que, tras labrarle el acta de infracción, le dijeron que volviera a su casa. Ni ellos, ni Gerbatin, ni nadie de la subcomisaría se comunicó con el juzgado federal de turno para informar de la infracción aplicada. La sospecha es que no lo dejaron ir tan rápido. A las 13.33, tras recibir varias llamadas perdidas de su madre, Facundo llamó a Cristina desde Buratovich. La conversación no fue en los mejores términos, ella de entrada le transmitió su enojo. “Mamá, vos no tenés una idea de dónde estoy”, le respondió Facundo. Ella lo siguió retando, asegurándole que si lo seguían parando le iban a poner un montón de multas. “Mamá, no me vas a ver más”, agregó Facundo. Cristina no salía del enojo. La comunicación terminó abruptamente, como si el celular de Facundo se hubiera caído o alguien se lo hubiera sacado. Tiempo después Cristina interpretó que en ese llamado su hijo le pedía ayuda. “Me estaba diciendo ‘mamá’ y él nunca me decía ‘mamá’, él siempre me decía ‘bruja’... con ese ‘mamá’ quizás me estaba pidiendo auxilio y yo no me di cuenta”, reflexionaba mientras lo buscaba intensamente. Según registros de la empresa Claro, la antena que activó el teléfono al momento de la llamada está en Buratovich.

Testigos y ¿testigos? 

Tampoco fue determinado qué pasó con Facundo entre esa llamada y las 15 horas, cuando dos personas aseguran haberlo visto “recostado” al costado de la ruta 3, ya no en Buratovich sino en Teniente Origone, a unos 24 kilómetros. Dijeron que pasaban con su auto y, al verlo tan menudo físicamente, creyeron que era un niño. Llamaron a un amigo de la zona, quien a su vez llamó al puesto de vigilancia de Origone. Media hora después el teniente primero Alberto González arribó al lugar a bordo del patrullero 27 788. Según declaró González, al encontrarlo le hizo las preguntas de rigor y le pidió el DNI, a lo que Facundo le habría respondido que no lo tenía, lo que contrasta con las fotos captadas por Curuhinca cinco horas antes. Siempre según el relato de González, le tomó una foto al carnet de conducir y llamó a la comisaría de Médanos, sede regional de Villarino, para preguntar qué hacer. El jefe Juan Carlos Reynoso le dijo que lo dejara seguir. González dijo que lo vio subirse a una camioneta Renault Duster u Oroch, en dirección a Bahía Blanca. El mismo teniente anotó la secuencia en una libreta que guardó hasta octubre, cuando le fue secuestrada por orden judicial. Al igual que la Bonaerense de Buratovich, ni González ni su jefe Reynoso se comunicaron con el juzgado federal de Bahía Blanca para informar del encuentro con Facundo. La versión de González choca con varias pruebas y testimonios que obran en la causa judicial. Y, además, en algunos aspectos, resulta incoherente y contradictoria. El 19 de junio –cuando en el fuero provincial ya estaba abierta una causa por averiguación de paradero, en medio de un rastrillaje en Mayor Buratovich–, González se presentó ante Cristina y le dijo que, tras dejar seguir a su hijo en la ruta, lo vio alejarse caminando, sin subirse a ningún vehículo. Es decir que le mintió a Cristina o mintió en sede judicial. Pero González queda más expuesto aún ante los testimonios de otras tres personas, que declararon espontáneamente y tras vencer la resistencia de la Bonaerense y de funcionarios de la Ayudantía Fiscal de Médanos. Se trata de una pareja y el hermano de uno de ellos, los tres de Pedro Luro, que el jueves 30 salieron en su auto hacia Bahía Blanca por una mudanza. Alrededor de las 15 cargaron combustible en la Shell y emprendieron viaje, tal como se pudo verificar por mensajes que están en sus teléfonos. Cerca de las 15.30, apenas pasaron Buratovich, vieron que “un nene de unos 13 años” (así lo creyeron) era abordado por dos policías mientras caminaba casi pegado al alambrado (“hacia abajo de la banquina, no haciendo dedo”). Al ver al patrullero frenar delante suyo bajaron la velocidad. Entonces vieron a los efectivos llamar al joven mientras abrían la puerta trasera derecha del móvil. Apenas pasaron frente al patrullero, comenzaron a acelerar mientras uno de ellos se dio vuelta. “Lo último que vi, antes de que agarremos la curva, fue que el chico estaba por subirse a la Toyota Hilux”, relató. Los tres coinciden en que el hecho se produjo aún lejos de Teniente Origone. A fines de junio, luego de que la policía ignorara su intención de denunciar lo que habían visto, los tres testigos se contactaron con Cristina y su abogado y al declarar judicialmente corroboraron que el conductor del patrullero era el oficial Sosa. Si bien los testimonios más serios (cuentan con la credibilidad de la fiscalía a pesar de la operación mediática de encubrimiento que busca ensuciarlos) volcados en el expediente llegan hasta ese momento y lugar, hay otros dos testigos aportados por la policía que buscaron “trasladar” a Facundo casi hasta Bahía Blanca, alejándolo de la zona que él no habría traspasado nunca. El primero de esos testimonios es el de Siomara Flores, quien apareció “espontáneamente” a mediados de junio a declarar en la causa por averiguación de paradero. Dijo que al ver a Facundo haciendo dedo en Buratovich le ofreció llevarlo hasta Origone, donde lo dejó a las 13.00 aproximadamente. Lo que no dijo Flores es que ella es oficial de la Bonaerense, hermana de Jana Curuhinca y pareja del oficial Sosa. Los dichos de Flores se caen ante dos evidencias. La llamada de Facundo a Cristina desde Buratovich fue a las 13.33, media hora después de que Flores asegura haber dejado a Facundo en Origone, en un sitio donde no hay señal para el celular. A su vez, el 8 de mayo, cuando Facundo llevaba una semana desaparecido, Flores desinstaló su aplicación de WhatsApp, pero al volverla a instalar en otro teléfono decidió no recuperar su historial de chats. Borró para siempre mensajes, fotos y videos. Para Cristina, sus abogados y los fiscales de la causa, Flores no es una “testigo” cualquiera, sino parte central del plan de encubrimiento. La segunda testigo aportada por la Bonaerense no es policía, sino una longeva productora agropecuaria de Villarino. Como se encuentra amparada bajo la figura de testigo de identidad reservada, se la conoce como testigo “H” o “E.H.R.” (por sus iniciales). Ella nunca había declarado en la causa del fuero provincial. Recién el 13 de julio, ya con la investigación en el fuero federal bajo la carátula de desaparición forzada, fue “metida” en la causa nada menos que por los policías Sosa y Flores. A las 18.40 de ese día la pareja fue a la subestación de Mayor Buratovich 338 para “avisar” que un hombre se acercó a la casa de Sosa y dijo conocer a alguien del pueblo que “habría llevado a Facundo a Bahía Blanca” y no se habría presentado a declarar antes “por temor”. Cuando el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez la llamó a declarar el martes 14 de julio, H aseguró que “una tarde de fines de abril” viajaba en su Honda HRV a Bahía Blanca y, a la altura de Origone, levantó a un chico que hacía dedo. Aseguró que “se trataba de Facundo” y dijo que el joven le pidió dejarlo en el primer cruce ferroviario antes de Bahía, a la altura de General Cerri, porque pasaría a visitar a un amigo que vive allí. Además, le habría dicho que quería evitar el paso por el control fitosanitario del kilómetro 714, así que seguiría desviándose por las vías que cruzan la ruta y se meten en la zona del estuario de Villarino Viejo. Detrás de la presentación de la testigo estuvieron la Bonaerense y su jefe político Sergio Berni, ayudados por La Brújula y La Nueva (Provincia) de Bahía Blanca más algunos medios porteños, así como un par de funcionarios del Gobierno nacional, porque fueron ellos quienes difundieron sus dichos. 

Está sentada en su cocina de Pedro Luro. No frena nunca pero tuvo que frenar a la fuerza. La operaron de dos hernias en el abdomen y, como se acercaba una fecha sensible, le recomendaron que se moviera poco. Cristina Castro hace más de un mes que no trabaja en la estación de servicio. Dice que está rara. Un año atrás su hijo se fue de esa misma cocina y no lo vio más con vida. Desde entonces, su mundo pequeño, el que ocurría allí, “cambió para siempre”. “Me doy cuenta de su ausencia en cosas chicas. El mazo de cartas de truco quedó apiladito en un rincón. Facu era mi pareja de truco, nos reíamos a carcajadas. Creo que no jugamos más porque nos cuesta reírnos de nuevo así y porque no quiero otra pareja que no sea él”.  

El 30 de abril del año pasado, a algo más de un mes del comienzo de la cuarentena, Facundo Astudillo Castro salió de su casa de Pedro Luro, en el sur de la Provincia, para ir a ver a su novia en Bahía Blanca. Tenía que recorrer 121 kilómetros. Cristina le dijo que no fuera, pero él igual salió a la ruta a hacer dedo. “Siempre pienso en ese momento, en volver el tiempo atrás. En volver a decirle que no vaya, que todas la peleas entre novios son pasajeras, que va a estar bien”, explica Cristina sobre el último encuentro con su hijo. “Cuando lo pienso mucho, la rabia y el dolor me superan. Me guardo, me apago, pero al otro día sé que tengo que salir. Me pongo el poncho de mamá y salgo a pelearla de nuevo. Ahí me digo a mi misma: ‘A ese chico lo parí yo, lo cuidé y lo vi crecer, no se las voy a hacer fácil’. Y ahí me vuelven las fuerzas para seguir”.  

¿Cómo te sentís estos días?

Dolorida, pero no solo de las heridas de la cirugía. Pasó de todo en este mes. El día anterior a que operaran desapareció el testigo de identidad reservada que habíamos presentado. Al chico lo amenazaron. Eso estaba sucediendo cuando me estaban por meter al quirófano. Por suerte apareció. Acá estamos muy solos y pasan esas cosas.

Cuando decís que están solos, ¿a qué te referís?

Estamos en un territorio en el que solo tenés policías bonaerenses. Para encontrar un puesto de Gendarmería tenés que recorrer más de 100 kilómetros. A eso me refiero.  

Ese día que Facundo salió a la ruta fue detenido por distintos miembros de la Policía de la Provincia. Las sospechas de Cristina y los fiscales que ahora investigan el caso apuntan hacia ellos. Durante este año, para defender su posición, Cristina se enfrentó con el Ministro de Seguridad, Sergio Berni, con el primer fiscal del caso y con la jueza Gabriela Marrón, que lleva la causa. “Por ahí es difícil de transmitir cómo nos sentimos acá. Pero las cosas que pasaron en los últimos meses son graves y creo que no se toma dimensión. Primero, lo de la amenaza al testigo, luego les peritaron los teléfonos a una de las policías acusadas y tenía fotos mías y de mis nietas como si me estuviera siguiendo”, detalla. 

Toda la charla se van a mezclar recuerdos de su hijo con muchos momentos de indignación por lo que sucede con los policías acusados, que nunca fueron imputados por la jueza federal de Bahía, María Gabriela Marrón. Los abogados de Cristina y los fiscales comparten su mirada sobre la magistrada: no comparten que siguiera como única hipótesis que la causa de la muerte fue producto de un accidente. Los fiscales y la familia recusaron a Marrón pero la solicitud fue rechazada y actualmente la fiscalía prepara un pedido para que la Cámara de Casación Federal admita el tratamiento del caso. “El primer obstáculo que sorteamos fue Ulpiano Martinez (el fiscal inicial, que se alejó de la causa) y luego Marrón. Yo creo que a ella también la vamos a sortear”, señaló. Cristina Castro recusó sin suerte al fiscal, con quien tuvo diferencias desde el comienzo respecto del rol de los policías. Luego fueron sumados a la investigación el titular de la Unidad Fiscal de Ciberdelincuencia, Horacio Azzolin, y el fiscal a cargo de la Procuraduría de Violencia Institucional, Héctor Andrés Heim. Con ellos Cristina mantuvo reuniones y compartió la mirada sobre el caso. “Ulpiano no quería trabajar a la par de ellos. Los otros dos seguían dándole, le ponían el cuerpo y el alma. Gracias a Dios decidió retirarse él solo”, agregó. 

“Parece que pasó una vida, no un año. Cuando arrancamos con Luciano Peretto (su abogado). Empezamos a vivir el día a día y parecía una película. De repente quedamos peleando contra gigantes. Tuvimos que empaparnos de lo que eran este tipo de casos, de desapariciones forzadas de gente. Son luchas que llevan mucho tiempo, mucho desgaste. Necesitas que te ayuden, que te contengan. Yo me recuesto en la mamá de Luciano Arruga  o el hermano de Santiago Maldonado, que vivieron antes experiencias duras como la mía. Nos escribimos para ver cómo estamos”. 

El día que Facundo salió de su casa para ver a su novia fue detenido por dos policías, en las localidades de Mayor Buratovich, donde le sacaron fotos. Otra agente declaró que luego ella lo levantó allí y lo llevó hasta Origone, el siguiente pueblo. Un cuarto policía lo paró más adelante, en la ruta 3. De ahí en adelante, según el relato de una productora agropecuaria, Facundo se fue con ella en su camioneta, hasta Cerri, donde lo dejó cerca de unas vías. Ese relato fue cuestionado por la madre de Facundo, que sostiene que es un testimonio armado. “Lo que dijo esa mujer es completamente mentira, ella fue puesta en las listas de testigos. El día anterior no estaba y luego apareció mágicamente. La plantaron”, sostiene sin dudar. Si el relato de la mujer fuera cierto y el chico llegó hasta allí, debilitaría la versión que incrimina a los policías anteriores.

¿Pensás que en algún momento te vas a sentir un poco más aliviada? 

No lo sé, pero no creo que vuelva a ser la misma persona. Mis compañeros de trabajo me dicen que también extrañan a esa persona alegre. Mis hijos (NdeR:además tiene otros dos varones) también me dicen que me río muy poco. La carcasa es la misma pero mi mundo ha cambiado. Salvo cuando me traen mis nietas. Con ellas me desconecto de esta vida. 

Mañana, amigos de Facundo, organizaron un festival virtual. Como no puede haber encuentros masivos por las restricciones de la pandemia, se filmarán y subirán a una plataforma lo que suceda en Pedro Luro, Carmen de Patagones y Bahía. Participarán músicos, se leerá poesía y se retocarán los murales que Facundo ayudó a pintar. Hoy habrá una caravana de bocinazos en autos. “Es la manera más alegre que se nos ocurrió de recordarlo. Con actividades de la cultura, como él querría y haciendo un poco de ruido. Nos cuidaremos en estos días difíciles pero no interrumpiremos nuestro reclamo. Porque este es un pueblo chico pero la indignación es grande”.

AM

Un testigo protegido en el marco de la causa por la muerte de Facundo Astudillo Castro, cuyo cadáver fue hallado en agosto del 2020 en un cangrejal de la localidad bonaerense de General Cerri, fue encontrado sano y salvo este martes tras permanecer desaparecido más de 12 horas luego de haber recibido amenazas de muerte, informaron fuentes judiciales.

Ante esta situación, los fiscales a cargo de la pesquisa Horacio Azzolín y Héctor Andrés Heim solicitaron que el testigo, su esposa (que también es protegida en el marco de la causa) y su hijo (de una pareja anterior que vive en otra casa) tengan custodia que llevará a cabo personal de Gendarmería Nacional, y aguardan para las próximas horas que la víctima de la supuesta amenaza pueda declarar.

En tanto, Luciano Peretto, uno de los abogados de Cristina Castro, madre de Facundo, aseguró a Télam que el testigo, de quien se preserva su identidad para protegerlo, “teme por su vida y por la de su hijo” y que está “bien físicamente pero muy golpeado desde lo psicológico”.

Según las fuentes judiciales, todo comenzó ayer por la mañana, cuando el hombre le dijo a su esposa que había sufrido amenazas, por lo que decidió irse de su casa con el objetivo de protegerla a ella y al hijo de ambos.

Con el paso de las horas, y al no tener noticias de su marido, la mujer denunció la desaparición ante la Justicia, por lo que se activó el protocolo de protección de testigos que lleva adelante personal de Gendarmería Nacional.

Según las fuentes, los gendarmes se dirigieron al domicilio del testigo y al de su hijo y tomó intervención la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) del Ministerio Público Fiscal.

Los investigadores judiciales aseguraron a Télam que recién por la noche el hombre volvió a comunicarse con su pareja mediante un mensaje de WhatsApp y finalmente regresó pasada la medianoche.

“No tenía golpes pero se lo notaba muy nervioso”, dijo uno de los pesquisas con acceso al expediente.

La situación del testigo se conoció en la tarde de ayer a partir de un audio y de un posteo en las redes sociales efectuado por Cristina Castro.

“Este mensaje es para denunciar que ha desaparecido uno de los testigos protegidos de la causa de Facu que venía siendo hostigado, venía siendo amenazado desde el día viernes”, había señalado la mujer en la víspera.

En ese contexto, Castro agregó en el audio que “han amenazado de muerte a su hijo, a su familia y lo citaron en un lugar de Pedro Luro o que se entregara él”.

“Es testigo protegido, nadie lo protegió, nadie nos protegió. Seguimos estando a merced de la bonaerense”, había indicado la mujer, al expresar que “este chico tiene que aparecer con vida”.

Fuentes judiciales aseguraron que aguardan para las próximas horas que los expertos de la DOVIC puedan entrevistarse con el testigo para que aporte información sobre la supuesta amenaza.

El hecho ocurrió casi en simultáneo con la realización de un peritaje en el que el perro adiestrado que aportó la querella en la causa por la muerte de Facundo marcara rastros de la víctima en dos patrulleros de la Policía de la provincia de Buenos Aires.

Es que para la familia de Facundo, la desaparición y muerte del joven está relacionada a un caso de violencia institucional por parte de personal de la policía bonaerense y ya pidieron en varias oportunidades la detención de cuatro efectivos, pero siempre fueron rechazadas por la Justicia.

Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, cuando en plena cuarentena salió de su casa de Pedro Luro para ir a ver a su novia a Bahía Blanca, y el 15 de agosto su cuerpo fue hallado en un cangrejal de la localidad de General Daniel Cerri.

Una autopsia realizada por expertos de distintas especialidades y supervisada por el Equipo Argentino de Antropología Forense, determinó que Facundo sufrió una muerte por asfixia por sumersión.

Con información de Agencia Télam.

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Prendas de vestir rotas y con marcas de quemadas; el pantalón de jean doblado dentro de la mochila; el enigma del documento de identidad y las dos líneas telefónicas que alguien pretendió obtener tras el hallazgo del cadáver, son algunas de las incógnitas que mantienen los investigadores del caso por la muerte de Facundo Astudillo Castro, que logró un impulso en las últimas horas tras un allanamiento en una dependencia policial.

A casi 10 meses del día que Facundo salió de su casa de Pedro Luro en plena cuarentena por la pandemia del coronavirus, los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín aguardan una serie de resultados de peritajes claves para avanzar en la hipótesis de la “desaparición forzada seguida de muerte” del joven de 22 años.

El hallazgo de más de 30 rastros que fueron levantados en un allanamiento en el destacamento policial de Teniente Origone el jueves último, entre ellos restos de una suela de zapatillas y una piedra que podría ser “turmalina”, dio un nuevo impulso a la causa, que ahora pareciera apuntar definitivamente a la pista de una presunta participación de efectivos de la bonaerense en el hecho.

Por eso, los fiscales esperan con ansiedad respuestas científicas respecto a distintos elementos secuestrados en el marco de la investigación.

Uno de ellos apunta a precisar qué ocurrió con la mochila que pertenecía a Facundo y que fue hallada en el mismo cangrejal en el que fue encontrado su cadáver, pero unos días después y a 3 kilómetros de distancia, dentro de la cual se encontraron algunas prendas de vestir del joven que estaban rotas y con marcas de quemadas con algún tipo de ácido.

Esa ropa en mal estado está siendo sometida a una técnica especial a cargo del Cuerpo de Investigadores Judiciales (CIJ) del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, dentro de la mochila fue encontrado el pantalón de jean que llevaba puesto Facundo cuando fue fotografiado por los policías Gabriel Sosa y Jana Curruhinca el mismo día de su desaparición.

“Estaba doblado y guardado. ¿Cuándo se lo sacó? ¿Por qué?”, se preguntó el investigador consultado, quien dijo que también “fue llamativo” que “dentro de la mochila estuviera la gorra, cuando Facundo era un joven que siempre iba con su gorra puesta”.

Según la web institucional fiscales.gob.ar, “en el interior de la mochila había otras prendas de vestir de la víctima (nunca fue hallada su campera ni el cuello polar que siempre utilizaba), cuyos daños están siendo analizados por la Gendarmería Nacional Argentina”.

También se hallaban los dos teléfonos celulares que pertenecían a Facundo, sus auriculares y su cargador, como así también la licencia de conducir y una tarjeta de crédito, entre otras pertenencias.

Sin embargo, no fue encontrado el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Facundo, que sí tenía cuando fue detenido por los policías Sosa y Curruhinca en la ruta 3 a la altura de Mayor Buratovich y hasta fue fotografiado por ellos.

Para los investigadores, la desaparición del DNI es un enigma aún no resuelto, a lo que se agrega que apenas unas horas después del hallazgo del cadáver de Facundo, alguien utilizó los datos de su documento para habilitar dos líneas de teléfono a su nombre.

Otro de los peritajes cuyos resultados aguardan los investigadores está relacionado a los dos teléfonos celulares de Facundo que se hallaban en el bolsillo delantero de su mochila.

Ese peritaje fue encargado a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público, cuyos expertos confían en que podrán extraer información de importancia para la causa, pese a que ambos aparatos estaban en muy malas condiciones ya que habían sufrido el efecto del agua durante casi tres meses meses.

Los fiscales también dispusieron una serie de diligencias sobre la zona del estuario de Bahía Blanca en el que fue hallado el cadáver de Facundo, como la medición de sus mareas, la obtención de partes meteorológicos de la zona, relevamientos con drones, fotos satelitales de alta definición y un recorrido por el lugar.

Estas medidas corren de manera paralela a las que fueron realizadas el último jueves con el allanamiento dispuesto en el destacamento policial de Teniente Origone, donde se levantaron más de 30 rastros que ahora deberán ser analizados científicamente.

Los investigadores intentan determinar si allí fue alojado en algún momento Facundo, antes de morir.

En la causa, los cuatro policías mencionados por la querella como sospechosos de la “desaparición forzada seguida de muerte” de Facundo (Sosa, Curruhuinca, Siomara Flores y Alberto González) entregaron en las últimas horas sus teléfonos celulares, tal como le había exigido la semana pasada la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, y designaron un abogado defensor, algo que hasta ahora habían evitado.

Si bien existe una imputación sobre ellos y un pedido de indagatoria del anterior fiscal del caso Santiago Ulpiano Martínez (que fue rechazado por la jueza Marrón en septiembre del año pasado), ninguno de los policías declaró en el marco de la investigación, algo que podría modificarse si la Justicia obtiene resultados de peritajes que los involucre en los próximos días.

Con información de agencias.

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Pasaron nueve meses pero la instrucción no se acerca al final. Las tensiones entre las partes parecen irreconciliables e impactan en las medidas de prueba que restan. Donde uno ve una línea posible por donde ir, del otro lado entienden que el pedido es improcedente. A la inversa ocurre parecido. Interpretan la prueba cada uno según su propia hipótesis. Desde que la causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro pasó al fuero federal, la investigación para determinar los detalles de su muerte avanzó con ese contexto que ralentiza todos sus procesos. De hecho, los dos últimos grandes movimientos del caso fueron el rechazo de la recusación de la jueza -pedida por los los abogados de la madre- y una presentación de los fiscales ante la Cámara Federal de Bahía Blanca, para que les autoricen nuevas medidas que la propia magistrada les negó. En el fondo, todas las rispideces surgen por una diferencia de origen: para la familia la Policía es responsable de lo que sucedió y en el juzgado piensan que no hay pruebas que  sostengan eso.

Apenas dos días antes de la feria judicial, el 29 de diciembre, la Cámara denegó el desplazamiento de María Gabriela Marrón, que había sido señalada por las querellas de favorecer a los agentes apuntados. La jueza se había negado a allanar de nuevo un puesto de vigilancia de la localidad de Teniente Origone, donde se había encontrado un amuleto que supuestamente pertenecía a Facundo y el secuestro de unos 50 celulares de comisarios, subcomisarios y oficiales vinculados con los policías que tuvieron contacto con él el día de su desaparición. Este pedido de medidas lo habían hecho los fiscales, que luego de la negativa fueron a la Cámara con un recurso de queja. Hasta el momento no recibieron respuesta. 

“Para saber el nivel de encubrimiento que pudiera haber es imprescindible ver las comunicaciones de esos policías”, sostienen desde las querellas. “Es una vulneración total de derechos. Hay policías en Bahía que no tienen vínculo alguno. Es un abuso”, responden desde el juzgado para explicar por qué se negaron a ejecutarlas. La discusión sobre el pedido de un nuevo allanamiento al puesto de Origone corre por el mismo carril. Para los primeros es fundamental ir ahí de nuevo con perros para ver si los animales pueden rastrear aún el recorrido y los segundos cuestionan, incluso con bibliografía pericial, sobre el tiempo que los perros pueden reconocer los olores. También relativizan el hallazgo del amuleto y dicen que dos amigos y la novia no lo reconocieron. En este paso a paso lo que más avanza es la desconfianza mutua.

“No puedo entender cómo la jueza Marrón no ve las pruebas que le estamos presentando. Tenemos prueba de que mintieron, de que encubrieron. En noviembre un policía me vino a apretar a mi trabajo y me dijo: ”Quedate tranquila que la jueza cierra la causa y después te la vas a tener que ver conmigo“. Más que el apriete, que denunciamos, lo que me daba miedo era que tuviera razón”, le cuenta a elDiarioAR la madre de Facundo, Cristina Castro. 

Por fuera de esta pelea de fondo, hay una serie de pericias sobre las que todavía no se entregaron los resultados. Aún faltan los informes de la mochila de Facundo, encontrada en los estuarios de Villarino, cerca de donde habían sido hallados los restos del joven, con dos celulares y su licencia de conducir y una prenda de ropa.También faltan unos informes de celulares, de cámaras de seguridad, de registro de patentes de automóviles. Otro de los estudios que en estos días estarían llegando al juzgado son los del Instituto Argentino de Oceanografía (IADO), con sede en Bahía. Este trabajo debería entregar precisiones de los movimientos marítimos en la zona del hallazgo, para determinar hasta donde pudo haber subido el agua y cómo pudo haber influido en el arrastre del cuerpo. 

Pero de nuevo, para la jueza ahora la clave está en lo que sucedió en la zona del hallazgo, en los bañados y las vías. En cambio, la familia busca detalles en lo que pasó desde que Facundo salió de la casa hasta que supuestamente bajó del auto de una mujer en General Cerri, a 8 km del hallazgo y a 15 de Bahía Blanca. Por eso unos esperan las pericias de los objetos encontrados en Villarino y el estudio de mareas, y los otros presionan para que les dejen peritar celulares y dependencias policiales.

Uno de los momentos clave en la investigación es el 8 de mayo, nueve días después de la desaparición. Esa fecha una Toyota Etios de la Policía estuvo a 800 metros del cangrejal donde se encontraron los restos. También ese mismo día, la policía Siomara Flores, que declaró haber llevado en auto a Facundo, eliminó el WhatsApp de su celular. La presencia del vehículo está confirmada por un informe de geolocalización, pero detalla “saltos” en la señal durante el recorrido hasta allí. Para la querella es concluyente, allí estuvo la camioneta. En cambio, para la valoración del juzgado, esos cortes y la distancia al lugar del hallazgo le bajan el precio. “Además, todos borramos aplicaciones de celular, esa acción por sí misma no te puede incriminar”, agregan.  

En esta grieta, los fiscales ahora intentan aparecer como una tercera posición. Son una tríada dispar integrada por el fiscal original, Santiago Ulpiano Martínez, al que luego de que la familia lo quisiera recusar dos veces, se le sumaron Horacio Azzolin y Andrés Heim. Azzolin es titular de la Unidad Especializada en Ciberdelito y subroga la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Bahía. Heim tiene a cargo la Procuraduría de Violencia Institucional. Ambos fueron designados el 28 de agosto por el procurador de la Nación, Eduardo Casal, para intervenir en forma conjunta o alternada con Martínez. En ese momento, la madre de Facundo le apuntaba a Martínez y la llegada de los otros dos fiscales balanceó las posiciones y tranquilizó a la familia. 

“Ellos tienen una tarea compleja.Tienen que estar cerca de la madre, en muchas cosas le dan la razón y en otra le dicen que no. Tratan de no quedar atrapados entre las dos hipótesis de cada lado y siguen produciendo prueba, que a veces sirve para una hipótesis y, a veces para otra”, explica una fuentes cercana a los fiscales. Según cuenta, para ellos hay muchas inconsistencias en las dos hipótesis y, por esa razón, evitan ser concluyentes. “Todo el tiempo surgen datos que alimentan tanto la posibilidad de desaparición forzada como la de un accidente”, comenta y explica que, por ejemplo, hace poco, mientras estaban viendo lo que sucedió con el DNI de Facundo -la primera vez que lo paran lo tiene y en la segundo entrega su licencia- se encontraron que alguien compró un chip de un celular con el documento de Facundo.     

“La jueza dejó todo en manos de Ulpiano Martínez, convencida de que él no iba a hacer nada. Pero hicimos nuestra investigación. Recorrimos la zona, cada desagüe, cada baldío. No nos frenó la pandemia. Y a pesar de él fuimos llegando a la verdad. Por suerte ahora los otros dos fiscales están comprometidos con la causa”, destaca la madre.

Los chispazos en la causa no son todos recientes y solo entre la jueza y la familia. A pesar de la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que, por su imagen libre de sospechas, la autopsia también tuvo tensiones. En esos encuentros entre forenses, la perito de parte, Virginia Creimer marcó sus disidencias con el informe interdisciplinario. El trabajo sostenía que el joven había muerto producto de una asfixia por sumersión, un ahogamiento sin registro de presencia de terceros. Pero Creimer se opuso al formato de ateneo en el que se desarrolló el debate y también firmó en disidencia el apartado respecto a un fenómeno (la coloración rosada de los dientes) que ella sostenía que era un efecto premortem y que el resto de los peritos no lo consideraban así de terminante. Esa vez todos los peritos entendían que estaban dadas las condiciones para un informe apoyado de manera unánime y la decisión de la perito los sorprendió. 

El 30 de abril del año pasado, Facundo salió de su casa de Pedro Luro rumbo a Bahía Blanca para ver a su ex novia. El joven fue detenido ese día a las 10 de la mañana cuando caminaba por la ruta, a pesar del aislamiento impuesto por la pandemia. En el trayecto, a la altura de Mayor Buratovich, los policías Mario Gabriel Sosa y Jana Curuhinca lo detuvieron y fotografiaron. Otra agente, Siomara Flores, declaró que luego ella levantó a Facundo con el auto de su padre y lo llevó desde Buratovich hasta Origone, el siguiente pueblo. Un cuarto policía, Alberto González, paró a Facundo en el kilómetro 750 de la ruta 3. El fue quien le pidió el DNI, pero el joven le dijo que no lo tenía y le dio la licencia de conducir. De ahí en adelante, según el relato de una productora agropecuaria, Facundo se fue con ella en su camioneta Honda CRV, hasta Cerri, donde lo dejó cerca de las vías. Este relato fue cuestionado por la defensa. Si fuera cierto y el chico llegó hasta allí, eso debilita la versión que incrimina a los policías anteriores. Esa versión tampoco le cierra a Cristina Castro: “Es completamente mentira el relato de esta mujer, ella fue puesta en las listas de testigos. El día anterior no estaba y luego apareció mágicamente. Lo plantaron”, sostiene sin dudas.