El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una medida que marca un cambio en el acceso a los servicios públicos: a partir de ahora, los residentes porteños tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, cupos o vacantes en la administración local. La decisión fue formalizada mediante el decreto N°142-26, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La iniciativa amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, una política que había comenzado a implementarse en marzo de 2025 dentro del sistema de salud pública. En esta nueva etapa, el criterio se extiende a la totalidad de los servicios que presta el Estado porteño, consolidando un esquema de atención que prioriza a quienes residen y tributan en la Ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca ordenar la demanda y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restricción de acceso, sino de un mecanismo administrativo que establece un orden de atención basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Jorge Macri fue enfático al justificar la decisión. Sostuvo que durante años los porteños asumieron costos derivados de falencias de otras jurisdicciones y aseguró que la medida pone fin a esa situación. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, afirmó el mandatario.

No obstante, el decreto establece límites claros para evitar situaciones de desprotección. En casos de urgencias o emergencias sanitarias, la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción de domicilio, garantizando el acceso universal en situaciones críticas.

El sistema de salud pública porteño es uno de los ejes centrales de la discusión. Según datos oficiales, durante 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas. Además, el área quirúrgica registró más de 12.000 intervenciones adicionales, reflejando una creciente demanda sobre el sistema.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad apunta a los denominados “tours sanitarios”, es decir, personas que residen fuera de la Ciudad pero utilizan sus servicios de manera habitual. Desde la administración consideran que esta práctica genera una sobrecarga que termina siendo financiada por los contribuyentes porteños.

La implementación de la medida estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que deberá coordinar con las distintas áreas de Gobierno la adecuación de los procedimientos internos. Sin embargo, algunas áreas, como la seguridad pública, quedarán excluidas de este esquema de priorización.

En paralelo, el Gobierno porteño elevó un reclamo a la provincia de Buenos Aires. Exigió al gobernador Axel Kicillof que asuma el costo de la atención de personas en situación de calle provenientes de su jurisdicción. Según indicaron, esta responsabilidad está contemplada en normativa nacional, aunque aseguran que no se cumple de manera efectiva.

La medida, que ya genera debate político y social, abre un nuevo capítulo en la relación entre la Ciudad y la Provincia, al tiempo que plantea interrogantes sobre el alcance y las consecuencias de priorizar el acceso a servicios públicos en función del lugar de residencia.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales difundidos por la administración porteña, el sistema local cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral durante las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tendrían domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos asociados a su asistencia.

El Gobierno de la Ciudad fundamenta su pedido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la responsabilidad de atender a esta población recae en cada jurisdicción. En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia incumple con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia integral.

A través de sus redes sociales, Macri endureció el tono del reclamo y apuntó directamente contra Kicillof: aseguró que “es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno” y le exigió que asuma la responsabilidad de brindar alojamiento y contención a las personas en situación de calle con domicilio en la Provincia.

En paralelo, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, enviaron una nota formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron la “inmediata transferencia de los recursos necesarios” para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros del sistema.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Ciudad, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

Mraida reforzó la postura oficial al señalar que “la ley no deja lugar a dudas” respecto de las responsabilidades de cada distrito. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, afirmó. Y concluyó: “Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”.

El planteo reaviva la disputa política entre la Ciudad y la Provincia en torno a la gestión de políticas sociales y la distribución de recursos, en un contexto de creciente demanda de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en una conferencia de prensa créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad de Buenos Aires y expresó que “tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó y, además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, sostuvo Macri.

La conferencia se llevó a cabo en la sede del gobierno porteño, Uspallata 3160, en el barrio de Parque Patricios y estuvieron presentes el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.

Según explicó el jefe de Gobierno, estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler: “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a los barrios de emergencia van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos y se detalló que, mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs, lo que quiere decir que el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos.

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri.

A su vez, sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad, que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

Las autoridades destacaron que el crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones, deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Laje, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.

Con información de NA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad “del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de la 29º apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Delante de todo el Cuerpo Parlamentario, el mandatario anunció cuál es el rumbo de su gestión y de qué manera van a lograr cumplir con cada uno de esos objetivos vinculados con mejorar la situación de vivienda y hábitat, la salud, la educación y la seguridad.

“La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños, que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia. Esto lo tengo claro desde el primer día que asumí y por eso elegí defender a esa mayoría silenciosa, respetuosa de la ley, que se sentía impotente viendo la 9 de julio todos los días cortadas”, comenzó Macri.

En la misma línea, señaló que los manteros, los acampes, las ranchadas y las casas tomadas ya no son parte de la Ciudad gracias a su conducción, a pesar de que eso “incomode y genere la resistencia de quienes prefieren que nada cambie”.

Asimismo, remarcó que desde que asumió “se recuperaron los principios básicos de convivencia”, y la propiedad privada “se respeta”: “No nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar, sin eufemismos ni romanticismos”, agregó.

“En estos dos años intercambié más de 15.000 mensajes personales con vecinos, con llamadas y tuvimos con el equipo de gobierno más de 350 reuniones en cada barrio de la ciudad. Escuchamos a todos sus críticas, propuestas, ideas, porque parte de gobernar es eso, escuchar, revisar y mejorar. Y cuando los vecinos plantean un problema concreto, actuamos. Señores legisladores, hoy les traigo algunas de esas demandas que no son de un Gobierno, sino de miles, millones de vecinos y que requieren de un trabajo conjunto entre la legislatura, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de nuestras diferencias, nos debería unir el mismo objetivo, trabajar por y para los vecinos de la ciudad más linda del mundo. Esa voluntad quedó reflejada en la aprobación del presupuesto 2026”, manifestó el jefe de Gobierno.

Por otro lado, se refrió al acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de propio fuero laboral de la Ciudad, que señaló como “un paso más para consolidar nuestra autonomía”.

También informó que están avanzando con la implementación de un sistema para que los porteños puedan resolver “los conflictos laborales de manera moderna y ágil” y le agradeció a toda la Legislatura por dicha aprobación.

En otro orden, se refirió a la importancia de “generar las condiciones para que el privado crezca e invierta”, con el objetivo de que pueda “competir, agregar valor y generar empleo” y destacó que con más inversión privada la Ciudad “seguirá creciendo”. 

Por otra parte, nombró la importancia de las leyes de salud mental y destacó el trabajo que realizan, desde su gestión, con la asistencia de las personas en situación de calle, a las que también ayudan ante el consumo problemático y adicciones. En ese mismo plano, le pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cumpla su parte porque “hay una ley la obliga a tener paradores”, debido a que 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. 

Para finalizar, recordó que el Gobierno Nacional debe cumplir con el pago de la coparticipación de una deuda generada “por el gobierno kirchnerista” y que aún se mantiene con los porteños; asimismo, expresó que su gestión “apoyó y apoya” a Javier Milei “en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas”, sin embargo, ese acompañamiento “nunca les hizo retroceder en el planteo por los fondos que pertenecen a los porteños”.

“Debo decir que el trabajo con el Gobierno Nacional hoy en día es constante y estamos encontrando soluciones mes a mes a los recursos que deben ser pagados a la ciudad. Pero para ponerlo en perspectiva, para hablar de la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos por ejemplo con ese dinero hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambús, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales si se saca de la Ciudad, comprar 500 patrulleros más, 60 formaciones de subte nuevas y aún así podríamos seguir bajando impuestos y aliviar el bolsillo de los porteños. Esa es la magnitud de la deuda que todavía tenemos. Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir y eso es lo que hicimos para cambiar la vida de la Ciudad”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de activos vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. La decisión, adoptada por mayoría, dejó sin efecto el cierre del expediente -que había sido confirmado en tres instancias- y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo fallo atendiendo los planteos de la fiscalía.

La causa se originó a partir de la adquisición de un inmueble en el edificio Icon, en Brickell Avenue, por US$402.963,62, a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la operación. Según consta en el expediente, los fondos utilizados para la compra provinieron de dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank por US$219.000 y otro por US$184.000 de la sociedad uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a Macri al considerar acreditada la existencia y documentación de los préstamos y descartar relevancia penal en los hechos. Esa decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que entendió que los agravios del Ministerio Público Fiscal eran meras discrepancias sin sustento suficiente para reabrir la investigación.

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que el caso no había sido investigado en profundidad y que existían elementos que ameritaban continuar con las medidas de prueba. En particular, cuestionó la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al señalar que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se habría acreditado adecuadamente su cancelación. También mencionó la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría de la Corte -integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez- consideró que el fallo de Casación no dio respuesta suficiente a los argumentos del fiscal y que algunos planteos habían sido “dogmáticamente soslayados”. En ese marco, resolvió descalificar la sentencia apelada y reenviar el caso para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En su voto, el tribunal sostuvo que si bien no corresponde en principio a la Corte revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, sí puede intervenir cuando se verifica arbitrariedad o afectación de garantías constitucionales, como la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma suficiente y que las instancias previas habían analizado de manera razonada la prueba documental y pericial. Recordó que tres tribunales coincidieron en descartar la hipótesis delictiva y que se acreditó la procedencia regular de los fondos, así como su declaración ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con la decisión del máximo tribunal, el sobreseimiento pierde por ahora efecto y la Cámara de Casación deberá dictar un nuevo fallo, esta vez abordando específicamente los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño señalaron que respetan la resolución de la Corte y reiteraron que las pruebas ya incorporadas acreditan la inexistencia de delito. También indicaron que, aun si se profundiza la investigación, el resultado será el mismo.

La causa, iniciada hace más de una década a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), vuelve así a escena y reabre el debate judicial sobre el alcance de la investigación y la suficiencia de la prueba en casos de presunto lavado que involucran a funcionarios públicos.

CRM/MC

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió un edificio recuperado y aseguró que la Ciudad reforzará su política contra la ocupación ilegal de propiedades.

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano; acá no”, resaltó Macri en un video difundido este jueves durante una recorrida por un edificio del CONICET que había sido recuperado tras ser usurpado por cuatro décadas, según denunció el gobierno capitalino.

En el lugar, el mandatario porteño mostró carteles, banderas y material partidario —vinculados a sectores del kirchnerismo— que fueron hallados tras el desalojo.

El edificio en cuestión

De acuerdo a la Administración Macri, el edificio fue recuperado tras permanecer usurpado hace cuatro décadas en el barrio porteño de San Nicolás.

El inmueble se ubica sobre la calle Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, cuyos vecinos radicaron denuncias por ruidos molestos y hechos de inseguridad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y la Guardia de Auxilio llevaron a cabo el operativo por el riesgo de derrumbe, al tiempo que, tras la inspección, se concretó la clausura.

Dentro del edificio, propiedad del CONICET, se hallaron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, motivo por el que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló respecto al desalojo 568: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.

Se trata de una estructura diseñada por Arturo Prins, el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

La política de “tolerancia cero” a las usurpaciones

Con esta frase, Macri buscó marcar un contraste directo entre la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, a quien ha criticado reiteradamente por lo que considera una “postura complaciente” ante la toma de tierras.

El jefe de Gobierno insistió en que “en la Ciudad la ley se cumple” y que no se permitirá que propiedades privadas o estatales permanezcan bajo dominio de intrusos bajo ninguna justificación social.

Según cifras oficiales, la propiedad del CONICET representa el inmueble número 555 recuperado por el Gobierno de la Ciudad en lo que va de su gestión, sumándose a otros operativos de alto impacto como el del predio de Parque Avellaneda gestionado por cooperativas del MTE.

Con información de NA.

La Corte Suprema de Justicia podría definir este año si el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, debe o no ser investigado por el presunto delito de lavado de dinero, según publicó La Nación y ratificaron fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR.

Macri ya pasó por tres instancias judiciales que ratificaron su sobreseimiento en la acusación, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en cada uno de los tribunales sosteniendo que el caso no se había investigado lo suficiente como para dictar un sobreseimiento al funcionario.

La causa tiene casi 15 años en los tribunales federales. El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando era intendente de Vicente López.

La denuncia sostenía la “hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue, en Miami, por US$402.963,62 en abril de 2011”.

Según la Procelac, la adquisición se habría realizado a través de una sociedad denominada IconUnit 1704, constituida un mes antes de la compra en el estado de Florida. La compañía fue creada por Macri y su exesposa, Florencia De Nardi. Los fondos para adquirir el departamento provenían de dos préstamos: uno, de la sociedad uruguaya Fawsley SA, de la hermana de Macri, por US$184.000; y el segundo, del banco Bac Florida Bank por US$219.000, de acuerdo con la denuncia.

La hipótesis de la Procelac era que el departamento de Miami se había comprado con “autopréstamos” y que se había buscado dar carácter de legalidad a los fondos. La investigación detectó la cesión parcial de uno de esos créditos a la empresa Cometas Company Inc., supuestamente relacionada con la hermana de Macri. 

Sin embargo, en un fallo de primera instancia, el juzgado federal número 1 de San Isidro sobreseyó en mayo de 2019 al entonces intendente de Vicente López, al descartar la hipótesis delictiva y dar por probada la existencia real y documentada de esos préstamos.

Consultado por elDiarioAR, en el entorno del equipo legal de Macri, encabezado por Ignacio Irurzun, sostuvieron que la jueza Sandra Arroyo Salgado “sostuvo que las pericias contables y la prueba reunida descartaron la hipótesis delictiva, los hechos no revestían relevancia penal y la investigación estaba agotada, sin diligencias útiles pendientes”. Macri nunca fue citado a declarar como imputado en la causa. La fiscalía apeló el fallo de la magistrada. 

Luego, en diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el sobreseimiento apelado por la fiscalía. El tribunal de apelaciones “dejó constancia de la capacidad económica exteriorizada de Macri mediante AFIP y el Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260)”, respondieron en el entorno del equipo jurídico de Macri. “La Cámara sostuvo que no correspondía profundizar la investigación y que no existía motivo para revertir el sobreseimiento”, dijeron cerca de los abogados defensores.

Para los jueces, los fondos que se utilizaron para comprar la propiedad inmueble eran de procedencia legal. Pero la fiscalía insistió ante otra instancia, reclamando que se profundizara la investigación.

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, volvió a confirmar la decisión de sobreseer a Macri y su exesposa. Declaró inadmisible el recurso de casación de los fiscales y dejó firme el sobreseimiento.

“Los jueces afirmaron que la sentencia estaba razonablemente fundada, no existía arbitrariedad, y que la Fiscalía solo expresó juicios discrepantes, sin nuevos elementos”, dijeron cerca de los abogados de Macri.

El fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema para evitar el cierre definitivo de la causa. Ahora, la decisión está en manos de los jueces del máximo tribunal.

El cruce de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich por la intervención norteamericana en Venezuela fue un globo de ensayo. La senadora libertaria se burló de su comunicado por la detención de Nicolás Maduro y Larreta, su ex competidor en el PRO, aprovechó para responderle con una foto de cuando la ex ministra militaba en Montoneros. Una chicana, cuidadosamente trackeada por el equipo de comunicación larretista, con la que testear un nuevo perfil –el Larreta “combativo”– que le permita volver a gobernar la Ciudad en 2027. Para el ex alcalde porteño la campaña nunca terminó. 

La disputa por el control de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó y tiene como protagonistas a los tres herederos fallidos de Mauricio Macri. Larreta, por un lado, viene trabajando hace un año para recuperar el control de la Ciudad y está decidido a retomar –continuar– la campaña durante 2026. Tras haber sido electo legislador porteño con el 8% de los votos, el jefe de Gobierno porteño decidió retomar las recorridas por los barrios porteños. 

Junto a su equipo de leales –como Emanuel Ferrario, Álvaro González o Guadalupe Tagliaferri–, Larreta se reúne semanalmente con vecinos que lo ayudan a confirmar, cíclicamente, su hipótesis. Es decir: que la Ciudad tiene un problema de gestión, de la cual Jorge Macri es responsable, y que el voto libertario es más una expresión de ese déficit administrativo que de un giro a la derecha del electorado. “Siguen diciendo que hay olor a pis”, asegura uno de los dirigentes que lo acompaña, aludiendo al slogan de campaña de Larreta en la elección de 2025.

Larreta, a su vez, apuesta a reconstruir su carrera política desde la Legislatura. Tras el fracaso del proyecto presidencial en 2023, el objetivo es “hacerse de abajo” desde una banca legislativa. Preside un bloque de siete legisladores, que creó junto a Oscar Zago y la “Hormiguita” Graciela Ocaña, y pretende erguirse como fiel de la balanza de la gobernabilidad macrista. El ex alcalde no pierde el tiempo y, en su apuro, obliga a sus contrincantes a acelerar los tiempos. Incluso cuando muchos de ellos preferirían poder esperar un año para comenzar a posicionarse. 

El dilema de Bullrich

La ex ministra de Javier Milei se mueve con comodidad en su nuevo hábitat, el Senado. Su atención está centrada en aprobar la reforma laboral en febrero, pero también mira 2027. Fantasea con ser jefa de Gobierno porteño, pero no depende de ella, sino de Karina Milei.

En el bullrichismo aseguran que, esta vez, pese a su camaleónica mala fama, Patricia será orgánica a lo que decidan los hermanos Milei. “Va a ser leal, lo demostró en los últimos dos años. No tiene a donde ir y sabe que, en 2031, va a tener 75 años”, grafica uno de sus dirigentes de confianza. La ex ministra, asegura, irá a donde le digan: fue candidata a senadora nacional cuando le pidieron que fuera candidata y, si le piden que le deje el lugar en la Ciudad a Manuel Adorni, se lo dejará.

El juego de Bullrich es doble. Por un lado, buscará posicionarse como la mejor candidata para ocupar la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta a su favor con haber sacado más del 50% de los votos en la elección legislativa de 2025 y sabe que, si LLA observa que puede perder la Ciudad, la llevará a ella para asegurarse la victoria. 

En paralelo, sin embargo, juega a la otra alternativa: la de ser la candidata a vice de Javier Milei en 2027. En el Gobierno descuentan, casi desde que asumió Milei, que Victoria Villarruel no volverá a ocupar la boleta de LLA, y la búsqueda de una sucesora es fuente inagotable de negociaciones. Y Bullrich, que viene de competir contra Milei en la elección presidencial de 2023, es una de las que juega con ventaja.

“Desaprovechar la imagen de Patricia a nivel nacional es un pecado capital”, admite un bullrichista devenido en libertario que considera, en privado, que los Milei optarán por ofrecerle la vicepresidencia. Y que Bullrich, hasta entonces, apostará a acumular la mayor cantidad de poder interno.

La debilidad de Jorge

Quien mira con especial atención las negociaciones internas de LLA es Jorge Macri, cuya lucha por reelegir como jefe de Gobierno porteño representa, a su vez, la lucha por la supervivencia del PRO. Peleado con su primo Mauricio, que fue quien lo ubicó en la línea de sucesión porteña, Jorge está a la caza de aliados. Pese a su enojo con Larreta o Karina Milei, no descarta ninguna alianza. Las PASO abren las puertas a todo tipo de alquimias.

El contenido de la interna será, a su vez, el cariz que Macri le querrá dar a la campaña. Si es con Larreta, será una interna PRO que buscará resucitar la identidad amarilla en la Ciudad que los vio nacer. Es la línea que defiende María Eugenia Vidal, que es la única que sostiene, dentro del PRO, la necesidad de tener un candidato presidencial propio en 2027. Pero si es con LLA, como ocurrió durante las elecciones nacionales, será una pelea distinta, orientada a ver quién cataliza más el voto anti peronista. 

Macri, como Bullrich, se prepara para todos los escenarios. Tras el fracaso de la elección porteña, en la que el PRO, con Silvia Lospennato a la cabeza, sacó el 16% de los votos, Jorge empezó a hacer algunos ajustes en la gestión. La decisión más importante, sin embargo, fue dejar el control político de la Ciudad a otra persona: Jorge “el Tano” Angelici. 

El histórico operador judicial del radicalismo, ex presidente de Boca y ex vicepresidente de la AFA, es quien lleva las riendas, hoy, del gobierno porteño. Controla la Legislatura, propone funcionarios, centraliza las negociaciones políticas con LLA y media, fundamentalmente, entre los primos Macri. Jorge, que deposita sus esperanzas para reelegir en Angelici, le cedió gran parte de la responsabilidad política de la Ciudad. 

Hasta la caja de vinos navideña, que muchos funcionarios, jueces y legisladores recibieron del gobierno porteño por las Fiestas, llevaba la firma del operador judicial. En la tarjeta de felicidades firmada por Jorge Macri y su esposa, María Belen Ludueña, aparecía, al final, otro nombre: “Familia Angelici”. Los vinos eran de Cupra, la bodega de Angelici en el Valle de Uco.

MCM/MF

Juan Gabriel González tenía 45 años, trabajaba en la construcción y hacía poco había comprado una camioneta para llevar a los jóvenes que estaban con él en las obras. No querían que por cualquier excusa faltasen: su ideal era alejar a los pibes de Villa Lugano de los consumos problemáticos. “Lo daba todo por el hijo. Los llevaba a los sobrinos para sacarlos de la droga. Les daba laburo a muchos”, se lee en WhatsApp sobre él. Pero sus buenas intenciones se truncaron en plena Navidad: murió este jueves pasadas las 13 durante un operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires en plena calle del barrio y ante los ojos de todos los vecinos. 

“Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, contó el vecino de la casa donde Gabriel cayó ante la avanzada policial. El hombre intentó reanimarlo pero fue en vano: “Le tuve que asistir ahí con una almohadita, después vino mi hermana, que es enfermera, y quisimos hacerle RCP pero los efectivos policiales no nos dejaron”. Luego habría llegado una ambulancia del SAME y en el Hospital Piñeiro constataron su fallecimiento por una herida en el tórax. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.

En el video casero grabado desde uno de los costados del cruce de las calles Chilavert y Araujo, a Gabriel se lo ve con el torso desnudo, un short negro y descalzo. Trata de defenderse de la policía a los puñetazos. Recibe varios bastonazos y esquiva otros. Hasta que se escuchan dos disparos de armas y cae de espaldas en una vereda. Varios de los efectivos de la Ciudad aparecen con armas largas y otros continúan bajando de una camioneta negra de la policía. 

Pareció un operativo desmedido para el hecho que lo generó: una supuesta pelea vecinal. “Disturbios en la zona”, fue la explicación extraoficial ante la actuación de la División Unidad Táctica de Pacificación.

“Fue asesinado a quemarropa”, aseguró Oscar Villaverde, profesor de la escuela técnica 13 Ingeniero Jose Luis Delpini. Contó que los disparos ocurrieron luego de que Gabriel discutiera con los policías. “Mi hermano, estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos, la policía vino a matar”, denunció Daniel, unos de los hermanos de Gabriel, al sitio ANRed.

Mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano, para este viernes a las 16, en el círculo de Gabriel hay miedo de represalias. “Las cosas están muy difíciles. La policía está haciendo cosas terribles”, comentó una fuente en contacto con el barrio. Hubo denuncias de la izquierda, de agrupaciones que luchan contra la violencia policial como la CORREPI y de organismos de derechos humanos.

Además de Gabriel, Nelly Portillo, su esposa de 42 años, fue herida de bala. “Está detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson por ‘resistencia a la autoridad’”, denunció el CELS. Dos hombres, de 21 y 32 años, también fueron detenidos, aunque luego liberados, según fuentes policiales.

Sin un comunicado oficial de la Policía de Jorge Macri, a 24 horas del episodio una fuente en off señaló a elDiarioAR que el personal policial “no utilizó armas de fuego sino material antidisturbios”. La misma versión indica que los efectivos “comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas”. Tres efectivos resultaron con lesiones

La policía habría entregado celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, que ahora lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 en apoyo de la Policía Federal. “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades”, indicó la fuente extraoficial consultada. Aunque en la Policía de la Ciudad se niega un caso de gatillo fácil, interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

MC

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta La Rural “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este 25 de diciembre en Villa Lugano terminó con un hombre muerto y vecinos denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. Este viernes por la tarde hay una manifestación para exigir justicia.

Imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios alternativos muestran el momento en que efectivos policiales avanzan sobre un grupo de personas desarmadas y, tras una serie de detonaciones, un hombre identificado como Gabriel González cae herido de gravedad. Familiares y vecinos señalan que el hombre no portaba armas y que la intervención de la fuerza fue desmedida.

Organizaciones de derechos humanos como CORREPI denunciaron que se trató de un gatillo fácil policial, y convocaron a una movilización en el cruce de avenidas Cruz y Escalada para este viernes a las 16 horas, con el objetivo de exigir verdad y justicia por lo ocurrido.

Desde la Policía de la Ciudad no respondieron a elDiarioAR las consultas al respecto. Fuentes judiciales consultadas por otros medios indican que la causa está siendo investigada y que aún no hay una versión única sobre las circunstancias de la muerte. Según una de las líneas de investigación, el hecho se habría producido durante un operativo policial tras un llamado por un supuesto incidente menor en la zona.

La agencia NA consignó que la víctima podría haber sufrido una herida con arma blanca o un golpe de bastón policial antes de fallecer. En el video difundido se ve a González caer de espaladas frente a varios efectivos. Organizaciones sociales y vecinos sostienen que la intervención policial fue desproporcionada, y que González fue baleado aun cuando no representaba una amenaza.

La muerte de González se suma a reclamos de larga data de sectores de la sociedad civil contra prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños. Las organizaciones convocantes denuncian patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y impunidad.

Los familiares de la víctima y grupos comunitarios convocaron a una concentración este viernes por la tarde para exigir que la causa avance sin dilaciones.

MC

Diego Santilli finalmente recibió este mediodía a Jorge Macri en la Casa Rosada. Era uno de los mandatarios con el que aún le faltaba reunirse desde que asumió en el Ministerio del Interior. El jefe de Gobierno porteño llegó minutos antes de las 12, atravesó el Salón de los Bustos y fue al despacho del funcionario acompañado por su mano derecha, Gabriel Sánchez Zinny, y el titular de Hacienda local, Gustavo Arengo. En la mesa lo esperaban también Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la referente porteña de La Libertad Avanza, cuya presencia terminó de confirmar el carácter político del encuentro. Al retirarse por el Patio de las Palmeras, Macri lo definió como una “buena reunión”.

El temario estuvo atravesado por dos discusiones sensibles: el respaldo al Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará aprobar en extraordinarias desde el 10 de diciembre, y la demorada transferencia de los fondos coparticipables que Nación adeuda a la Ciudad. La administración porteña volvió a insistir en la restitución del porcentaje histórico y en un mecanismo de pagos semanales que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones ya habían retomado el diálogo el martes, sin avances concretos, tras la foto entre Macri y Luis Caputo por la deuda que CABA calcula en unos $274.000 millones.

En paralelo, el jefe de Gobierno dejó planteadas otras demandas de autonomía: autorización para créditos internacionales, traspaso de competencias judiciales, control del puerto y transferencia de bienes. Santilli encara el desafío de equilibrar los reclamos del PRO con las restricciones fiscales que impone Economía, mientras la Casa Rosada acelera la búsqueda de votos para la “ley de leyes” y las reformas de “segunda generación”, como la laboral y la fiscal.

El diálogo con Macri llega en un momento de tensión entre la administración porteña y La Libertad Avanza, después de que un grupo de diputados referenciados en Cristian Ritondo saltara hacia el oficialismo y le permitiera a Martín Menem asegurarse la primera minoría en Diputados. En el PRO respondieron con el armado de un interbloque propio con la UCR y el MID, y remarcan que mantendrán una bancada “ordenada y sin sobresaltos”, destinada a defender el modelo amarillo frente al avance libertario.

En ese clima, el encuentro de este mediodía funcionó como un gesto político mutuo: Santilli completa su ronda con un socio central del ecosistema opositor aliado. Macri, en tanto, preserva canales abiertos en un momento de disputa por influencia legislativa y de negociación por recursos que considera impostergables.

PL/MC

Jorge Macri decidió avanzar en una ronda de negociaciones con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de destrabar el tratamiento del Presupuesto porteño 2026, una pulseada que expone la fragilidad del bloque amarillo en la Legislatura.

La tensión en la negociación quedó expuesto porque este jueves la “Labor Parlamentaria” prevista inicialmente para las 9.30 se reprogramó para el mediodía, en un gesto de “última chance” para acordar los términos impositivos que exige LLA. Con un consenso logrado a regañadientes, la sesión para aprobar la ley de leyes local se habilitó para esta tarde desde las 14.

Fuentes de la Legislatura aseguraron a elDiarioAR que el macrismo tendría finalmente los votos tras un acuerdo con LLA y el radicalismo de Martín Lousteau.

Lo que piden los libertarios

El bloque violeta exige una reducción más agresiva de impuestos clave: reclaman una merma sustancial de Ingresos Brutos y Sellos, e incluso la eliminación del gravamen para el sistema financiero, con el argumento de que “la gente pague menos en los intereses” de los créditos. También demandan la ampliación de exenciones para personas jurídicas. Además, insisten en incluir en la agenda local pendientes estructurales como la discusión de la llamada “Ley Bases porteña”.

En paralelo, los libertarios aspiran a negociar cargos clave de autoridades y comisiones para el período que arrancará en diciembre, lo que convertiría su apoyo en moneda de cambio política de alto valor.

Jorge Macri depende de la voluntad de la karinista Pilar Ramírez, con quien está enfrentado hace dos años.

Una Legislatura en crisis para Macri

El escenario deja en evidencia que Jorge Macri ya no sólo debe negociar con aliados débiles: también enfrenta una crisis interna en su propio bloque. Tal como anticipó elDiarioAR, la fractura entre los primos Macri —él y Mauricio Macri— sumada a la falta de consenso interno debilita su capacidad de maniobra.

En ese contexto, los libertarios de LLA se comportan “como oposición”: exigen más concesiones y, hasta ahora, no dan signos de respaldo firme. Uno de los legisladores de LLA —cercano a la conducción del bloque— admitió que están “exprimiendo” al PRO con la excusa de “bajar impuestos”, en referencia al Presupuesto.

Más allá del Presupuesto: el 2027

El conflicto por el Presupuesto porteño no es un episodio aislado: revela una sangría estructural del macrismo en CABA. El ala encabezada por Horacio Rodríguez Larreta ya se posiciona como tercera fuerza en la Legislatura, con ambiciones de volver a disputar la gobernación de la Ciudad en 2027.

Los libertarios, por su parte, ganan protagonismo: sus exigencias fiscales, su respaldo condicionado y su control de votos clave los convierten en árbitros de facto del destino legislativo de la Ciudad. Pero con ello también tensionan aún más la gobernabilidad dentro del oficialismo porteño.

MC

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó como “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con su distrito.

Luego del encuentro, informaron fuentes de la Ciudad que “seguirán trabajando para encontrar un acercamiento” respecto a la coparticipación y el financiamiento.

Macri solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

En el encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

El Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional”, que redujo “arbitrariamente” la Coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, reivindica “la restitución del 3,5%” mediante transferencia diaria del Banco Nación.

Con información de la agencia NA

Encadenados y en huelga de hambre, los cartoneros cumplen hoy su tercer día de acampe frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño por los recortes de Jorge Macri al sistema de transporte de quienes viajan desde el conurbano a la Ciudad. Este miércoles habrá una conferencia de prensa y alertan con una movilización para los próximos días, ya que está en riesgo el sustento de más de 3.500 familias.

“Nos encadenamos a la indiferencia de un gobierno que se niega a dar la cara. Es una medida extrema ante un silencio extremo”, denunció Sergio Sánchez, presidente de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR), quien junto a otros trabajadores del reciclado se encadenó este martes por la noche . Afirma que hasta ahora no tuvieron ningún contacto con el titular de la cartera, Ignacio Baistrocchi. “No pedimos privilegios, pedimos que no destruyan una política pública que funciona hace casi dos décadas y garantiza el pan de miles de familias”, agregó.

El reclamo no sólo tiene respaldo gremial: también recibió en los últimos días un dictamen favorable del Ministerio Público Fiscal en el marco de una acción de amparo impulsada por la FACCyR. El documento reconoce la esencialidad del sistema de transporte para garantizar la inclusión de los recuperadores urbanos en el circuito formal del reciclaje.

El trasfondo del conflicto

La decisión de la Ciudad de eliminar el financiamiento del traslado diario de cartoneros desde el conurbano desató el conflicto con las cooperativas. “Estamos desarmando un sistema que, lejos de dar soluciones, se volvió parte del problema”, justificó el propio Macri al anunciar la medida. Según la administración porteña, la eliminación del servicio implica un ahorro de 6.000 millones de pesos anuales, que —según dijeron— será reinvertido en “mejoras concretas” del sistema de reciclado, como obras en los Centros Verdes y refuerzo de rutas de recolección.

El ministro Baistrocchi fue más explícito: “Vamos a dejar de pagarle el traslado a los recolectores, ahora van a ir al trabajo por su cuenta”. La Ciudad argumentó que el sistema beneficiaba “a un grupo reducido de cooperativas vinculadas a Juan Grabois”, líder del Frente Patria Grande, a quien Macri apunta con insistencia como parte de su estrategia de confrontación con los movimientos sociales.

Sin embargo, para los cartoneros y cartoneras organizados, lo que el Gobierno define como “privilegios” son derechos laborales conquistados con años de lucha: “Somos esenciales cuando hay pandemia, pero descartables cuando hay ajuste”, ironizó uno de los manifestantes que participa del acampe.

La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sistema de reciclado con inclusión social integrado por más de 6.000 recuperadores urbanos, organizados en 12 cooperativas. Alrededor de la mitad de ellos —unos 3.100— vive en distintas localidades del conurbano bonaerense y se trasladaba a diario en micros contratados por la Ciudad. El recorte de ese servicio afecta directamente su posibilidad de seguir trabajando.

“La decisión del gobierno porteño rompe un eslabón clave del sistema”, señalan desde la FACCyR. “Si no se garantizan las condiciones mínimas para que los trabajadores puedan llegar a sus puntos de recolección, se cae el sistema. No hay reciclado sin cartoneros”, remarcan.

Desde la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que acompaña el acampe, denuncian además un proceso sistemático de vaciamiento: al recorte del transporte se suma la eliminación de la intermediación de pagos —anunciada a fines de 2024— y el control biométrico de asistencia implementado en los Centros Verdes. “Todo eso bajo el discurso de la eficiencia, pero con un objetivo claro: disciplinar y desarticular las cooperativas”, advierten.

La FACCyR convocó a una conferencia de prensa para este miércoles desde las 10 en la puerta del ministerio, en Av. Martín García 346, donde se anunciarán nuevas medidas. Mientras tanto, el acampe continúa con huelga de hambre, fogones, y decenas de recuperadores urbanos que rotan en turnos para sostener la vigilia. Si no hay respuesta oficial antes del viernes, anticiparon que la protesta se trasladará a las calles con una movilización masiva.

MC

“El PRO está muerto”, sentenció un dirigente amarillo línea fundadora minutos después de que el PRO publicó el comunicado que oficializaba la alianza electoral con La Libertad Avanza en la Ciudad. Era la rendición final: Mauricio Macri había aceptado los términos de Karina Milei y, a cambio de dos lugares en la lista, selló la fusión con LLA en su nave nodriza, la Ciudad de Buenos Aires. No hubo foto en Casa Rosada, Macri no quiso, pero sí estuvo la firma de su primo Jorge, quien hasta último momento intentó negociar un relanzamiento de Juntos por el Cambio y se quedó, al final, con su territorio intervenido por las huestes violetas.

El acuerdo se terminó de sellar el miércoles a la noche, mientras el Gobierno sufría, impotente, las embestidas opositoras en el Congreso. Lo negociaron, personalmente, Mauricio Macri y Karina, quien intentó forzar una foto para rubricar el acuerdo. No sucedió, el ex presidente se negó, reacio a acompañar con una sonrisa la foto de defunción del partido que creó hace 20 años. Puertas adentro, en el PRO porteño, el malhumor por el acto de sumisión imposibilitaba cualquier otro gesto: se pimponeó el comunicado entre ambos sectores y se lo publicó al día siguiente. Eso fue todo.

Hubo sí, en cambio, otra foto cruzando la General Paz. Embutidos en buzos violetas que decían “La Libertad Avanza”, Cristian Ritondo y Guillermo Montenegro posaron junto a Javier Milei y la hermana presidencial en un terreno baldío de La Matanza con un cartel que rezaba “Kirchnerismo Nunca Más”. “Parece un buzo de fiesta de egresados”, ironizaba un dirigente PRO que, por lo bajo, recordaba los tiempos de Marcos Peña y fotos de campaña con camperas Uniqlo y confesaba: “Hicieron bien, mataron a la competencia y ahora van por el kirchnerismo. Nosotros hacíamos lo mismo”.

La foto de campaña en La Matanza era la contracara de la no foto en CABA: el contraste de dos estrategias diametralmente opuestas ejercitadas por el mismo partido. En Provincia de Buenos Aires, Ritondo y su círculo de acuerdistas bonaerenses habían comenzado a charlar con Karina y Santiago Caputo el año pasado. Un proceso lento, resistido originalmente por el macrismo, que había derivado en hasta 10 candidatos entrables en la elección bonaerense. Y, de cara a la elección nacional, una negociación abierta para colocar tres nombres propios para la Cámara de Diputados: Diego Santilli, Florencia de Sensi y Alejandro Finocchiaro.

En CABA, en cambio, el acuerdo se había firmado al filo del cierre de listas nacionales y con la resistencia del presidente del PRO porteño, Jorge Macri. El jefe de Gobierno intentó armar, hasta el lunes, cuando los rumores de la confirmación del acuerdo ya circulaban en todos los chats dirigenciales, un Juntos por el Cambio 2.0. Estaba todavía charlando con Ricardo López Murphy y la Coalición Cívica y Confianza Pública (Graciela Ocaña) cuando comenzó la reunión del PRO el lunes y se acordó cerrar una alianza.

“Qué triste ver como algunos dirigentes del Pro le dieron la espalda a sus votantes para asegurarse sus lugares en las listas. Qué olor a casta, ¿les suena?”, denunció el “bulldog” en el comunicado en el que anunció su lanzamiento como candidato. No sería la única chicana que le lanzaría a los Macri: también festejó, en Twitter, el meme que subió María Eugenia Vidal apenas se publicó el comunicado del PRO.

Vidal es, dentro del PRO, quien encabezaba la resistencia a la fusión con LLA (junto a otras dirigentas, como Silvia Lospennato). En la reunión encabezada por Macri el lunes, la ex gobernadora bonaerense defendió la necesidad de defender la “identidad” del PRO, cuestionó la decisión de cerrar un acuerdo con LLA y adelantó que, de llegar al recinto los vetos de Milei al aumento de jubilados y a la emergencia en discapacidad, ella no ayudaría a blindarlos. Se abstendría.

“No creo que el acuerdo electoral del PRO y La Libertad Avanza sea lo mejor. Ni para el PRO ni para la Argentina”, afirmó en un video que publicó en sus redes sociales el martes por la noche, poco después de mantener una reunión con Ritondo y varios diputados del PRO. La crítica, así como su decisión de no participar de la campaña, no cayó bien en el bloque amarillo. “En un partido, cuando perdés, o acompañás o te vas”, mascullaba un referente del PRO que ya comenzó el proceso de pintarse de violeta.

Las condiciones del acuerdo

El comunicado del PRO comienza con dos premisas: que ambos espacios, PRO y LLA, trabajarán para avanzar en la agenda de reformas de Milei y que se comprometen a “evitar que prospere el irresponsable plan legislativo de aquellos que condujeron a nuestro país a la catástrofe económica y a la pobreza”. Es decir, un compromiso de Macri a acompañar, sin decir ni pío, todo lo que Milei mande al Congreso. Se habían acabado los tiempos de la “oposición racional”: el PRO firmaba su sumisión a LLA.

Esta decisión tendrá coletazos en el futuro del bloque PRO, actualmente partido y de difícil control. En la votación del proyecto de emergencia pediátrica del Hospital Garrahan, por ejemplo, hubo 4 diputados del PRO que votaron a favor y 2 que se abstuvieron. Entre ellos, Vidal. “No vamos a estar todos juntos a partir del año que viene”, desliza un importante diputado amarillo, que pronostica que la nueva etapa del PRO con LLA avanzará con varias pérdidas en el camino. No hay lugar para todos.

Algunos amarillos reticientes al acuerdo observan con atención el lanzamiento del frente electoral “Grito federal” que engloba a varios gobernadores y que coquetea con presentar una alternativa presidencial a Milei en 2027 (a pesar de que, en las sesiones opositoras, suelen plegarse a los intereses del Gobierno). El gobernador chubutense, Ignacio Torres, es uno de los fundadores y competirá en las elecciones de octubre con LLA. La vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, del PRO y que responde a Maximiliano Pullaro encabezará, a su vez, la lista oficialista cambiemita. Allá tampoco hubo, como en Mendoza, un acuerdo con LLA.

El mapa político electoral del PRO es heterogéneo, fragmentado de acuerdo a una sola necesidad: la supervivencia política. En algunas provincias, como PBA o Entre Ríos, el acuerdo con LLA fluyó de manera natural. En otras, como Santiago del Estero o Salta, resultó más complejo. Pero en todas predominó la máxima impartida por Macri hace un mes cuando, en una reunión del consejo nacional del PRO, firmó la libertad de acción: “Hagan la mejor elección posible”, afirmó, y después agregó: “Con dignidad”.

La discusión sobre si en CABA ese acuerdo fue “con dignidad” es motivo de discusión interna. Luego de varios días de negociaciones, Macri aceptó quedarse con el quinto y sexto lugar de la lista de diputados y que el frente se llamara “La Libertad Avanza”. La boleta sería violeta y el PRO no aparecería por ningún lado. A cambio, colaría a dos dirigentes de su círculo íntimo en las listas, de modo de tener cierta influencia en el Congreso. Uno es Fernando de Andreis y la otra es Jimena de La Torre.

“Macri está en fuga. Ya está, el PRO desapareció”, se despidió un ex macrista.

MC/MG

Al mejor estilo “sheriff” que lleva adelante Guillermo Montenegro en Mar del Plata, Jorge Macri endureció los controles callejeros en la Ciudad de Buenos Aires contras las personas que revueven la basura para subsistir. El jefe de Gobierno ordenó al Ministerio de Seguridad y a la Policía que accionen contra quienes remueven contenedores de residuos y pidió que se les apliquen sanciones.

“Di la orden al Ministerio de Seguridad y a la Policía de la Ciudad que, si encuentran a alguna persona o grupo de personas removiendo basura de los contenedores y ensuciando nuestra ciudad, les exijan que limpien y ordenen todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”, sostuvo Macri a través de una publicación en la red social X.

La publicación de Macri muestra a dos agentes de la policía accionando contra dos personas a las que no se identifica pero que responden que viven en Fiorito. Tampoco se sabe dónde fue grabado el video y no están identificados los policías. Los efectivos hacen un cacheo y luego le ordenan que vuelvan a meter en los contenedores la basura que removieron. Nada dice el tuit sobre porqué esas personas están en esa situación. La vocera porteña, Laura Alonso, también sumó polémica en su mensaje en redes: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad”.

El alcalde recordó que el Código Contravencional de la Ciudad, en su artículo 94 referido a “Ensuciar bienes”, prevé que: “Quien mancha o ensucia por cualquier medio bienes de propiedad pública o privada, es sancionado/a con uno a quince días de trabajos de utilidad pública o 81 a 1.217 unidades fijas de multa”.

“La sanción se eleva al doble cuando la acción se realiza desde un vehículo motorizado o cuando se efectúa sobre estatuas, monumentos, templos religiosos, establecimientos educativos y hospitalarios, edificios o lugares públicos, estaciones y vagones de subterráneos o de trenes”, añade la norma.

Además, “en caso de que se trate de bienes de propiedad privada, la acción es dependiente de instancia privada, excepto en el caso de templos religiosos ”. En la Ciudad hay 33.045 contenedores: 28.456 son negros y grises, y 4.589 son verdes.

El gobierno porteño informó que ya completó la instalación de 7.000 nuevo contenedores “antivandálicos”, que suman una tapa con resorte que permite que las bolsas de residuos caigan directamente adentro sin que puedan ser retiradas. Según datos oficiales, en el primer semestre del año fueron “vandalizados” 25.546 contenedores, un promedio de más de 4.200 por mes.

El perfil de mano dura reforzado por Jorge Macri se emparenta al de Guillermo Montenegro, quien dias atrás, a pocas horas de haberse confirmado como primer candidato a senador provincial por la lista de unidad entre La Libertad Avanza y el PRO en la Quinta Sección electoral, agitó en las redes un nuevo mensaje contra los cuidacoches. Publicó un nuevo video de la Patrulla Municipal en acción, en el que se observa a un agente increpando a un “trapito” por presunta extorsión a vecinos.

elDiarioAR ya publicó un informe de cómo Montenegro hizo del desprecio a los personas en situación de calle en Mar del Plata el eje de su gestión. “Fisuras”, “forasteros” y “zombies” son algunos de los calificativos con los que se refiere a ellos en los videos que sube a sus redes sociales.

La estrategia le dio rédito político a Montenegro: terminó siendo candidato de LLA para las próximas elecciones bonaerenses. Jorge Macri, mientras tanto, aún disputa con Karina Milei la posibilidad de una alianza porteña de cara a las elecciones nacionales, luego de que los libertarios le ganaran al PRO en los comicios porteños de mayo pasado.

MC

No hay orden ni proyecto, solo la voluntad de sobrevivir. A una semana de que venza el plazo para formalizar las alianzas de cara a las elecciones de octubre, el PRO se encuentra en estado asambleario. Dividido entre estrategias regionales dispares que lo llevan, a veces, a aliarse con La Libertad Avanza y, en otras, a posicionarse como oposición al Gobierno, el PRO revisa su mapa de acuerdos bajo una sola máxima: hacer la mejor elección “posible” en un contexto de atomización y crisis de identidad.

Fue el propio Mauricio Macri quien firmó la libertad de acción el mes pasado, cuando en una reunión del consejo nacional del PRO habló de “hacer la mejor elección posible” y cerrar acuerdos “con dignidad”. El mensaje estaba dirigido, entonces, a Cristian Ritondo y a los acuerdistas bonaerenses que pujaban por cerrar una alianza con Karina Milei en Provincia de Buenos Aires. Un mes después, con el acuerdo firmado y la duda acuciante de si sucederá lo mismo en CABA, Macri volvió a defender la misma postura.

Fue durante un zoom que se llevó a cabo el jueves por la mañana, en el que participaron casi todos los jefes partidarios provinciales. Presidida por Macri, la reunión giró en torno al mapa de alianzas de todo el país. Algunas, como Santa Fe o Chubut, formarán parte de una versión ampliada de Juntos por el Cambio: horas antes, el gobernador chubutense, Ignacio Torres, había sido el anfitrión del lanzamiento de un nuevo espacio federal junto al cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro. Lo mismo se espera que suceda en Mendoza, en donde el PRO quedó por fuera del acuerdo que LLA cerró con el gobernador radical Alfredo Cornejo la semana pasada.

En otras provincias, como PBA, el PRO definió ir en alianza con LLA. Ritondo no participó del encuentro, pero más de un dirigente porteño presiona para que intervenga también en la negociación de la Ciudad: “El tema es correrlo a Jorge (Macri) de la mesa. En Provincia se logró cerrar un muy buen acuerdo, y en CABA se puede evitar una nueva humillación”, señala un acuerdista porteño que observa que, pese a los chispazos entre el jefe de Gobierno porteño y Karina, ambos espacios llegarán a la conclusión de que todos -LLA y el PRO-ganarán si firman una alianza electoral.

Otra de las provincias en las cuales el PRO busca cerrar un acuerdo con LLA es en Córdoba: la provincia en donde Macri ha sido más exitoso electoralmente, después de CABA. Allí la bullrichista Laura Rodríguez Machado reelige la banca y, al igual de lo que sucede con el radical Rodrigo de Loredo, los excambiemitas pretenden formalizar una alianza que le permita ganarle al peronismo cordobesista que lidera, ahora, Llaryora.

El PRO cordobés, sin embargo, se encuentra atravesado por una larga batalla judicial y, a pocos días de que venza el plazo para presentar las alianzas, existe la posibilidad de que Macri no pueda hacerse con el control del partido a tiempo. El presidente del partido, hoy, es el diputado Oscar Agost Carreño, una de los principales armadores del pichettismo en el Congreso. Agost Carreño abandonó el bloque PRO y funciona, hace más de un año, como una de las espadas de la oposición a Javier Milei.

Macri intentó hacerse con el control del partido en diciembre, pero un fallo de la Justicia Electoral declaró inválida la intervención dispuesta por el PRO Nacional. El expresidente apeló el fallo y, a modo de presión, volvió a definir la intervención del partido en la reunión del consejo nacional del jueves. En este caso, se definió como interventor al diputado Martín Yeza, exintendente de Pinamar.

No fue el único caso en el que el Consejo Nacional tuvo que intervenir. Además de Córdoba, el Consejo definió intervenir el partido en La Rioja y Santa Cruz.

La incógnita porteña

Por la tarde, horas después del zoom nacional, los principales dirigentes porteños del PRO volvieron a verse las caras en un encuentro en la sede partidaria sobre la calle Balcarce. El objetivo oficial era designar a las autoridades partidarias que tendrán la firma para sellar cualquier acuerdo. Se definió que fueran Jorge Macri y el jefe de asesores de CABA, que ya tiene un canal de diálogo abierto con el equipo de Karina, Ezequiel Sabor. El motivo de fondo, sin embargo, era otro: definir si, el 7 de agosto, el PRO tenía que hacer lo posible para cerrar una alianza con LLA o no.

A diferencia de lo que ocurrió en PBA, en la Ciudad, al otro lado de la General Paz, el PRO se resiste a fusionarse con las fuerzas del cielo. La cabeza de esa resistencia es María Eugenia Vidal, quien no olvida que el objetivo de LLA es barrer al PRO de la Ciudad. La exgobernadora bonaerense ya adelantó que, de cerrarse un acuerdo con Milei, ella no participará de las elecciones.

Vidal es una de las impulsoras, junto a Jorge Macri, de resucitar Juntos por el Cambio y de utilizarlo como vehículo para evitar salir terceros, una vez más, en octubre. El jefe de Gobierno porteño designó a Daniel “Tano” Angelici, el histórico operador judicial del radicalismo, como interlocutor para negociar con los huérfanos del dinamitado JxC. Ya sostuvo conversaciones con la UCR, la Coalición Cívica, Confianza Pública y el partido que preside Ricardo López Murphy. El objetivo es sellar una alianza lo suficientemente amplia que les permita ser más competitivos contra Milei, por un lado, y contra el peronismo, por el otro.

Este armado, sin embargo, es el Plan B. El objetivo principal que tiene Mauricio Macri en CABA es cerrar un acuerdo similar al que se logró cerrar en la Provincia. Puertas adentro, el expresidente ya dio señales de que prefería acordar con Milei, a pesar de la resistencia de su primo (que tiene una relación muy tensa con los hermanos Milei, que no lo pueden ni ver). El objetivo es sobrevivir y evitar una nueva derrota humillante en el bastión en el que vio nacer su carrera política.

En el macrismo están a la espera de una señal de Karina Milei, quien todavía trabaja en el pliego de condiciones que le exigirá a los Macri para sellar un acuerdo. Quienes conocen a la secretaria general de la Presidencia deslizan que buscará la “rendición total” del PRO. Es decir: boleta violeta -en un distrito que el partido amarillo gobierna-, ningún candidato a senador nacional y un máximo de dos candidatos entables en la lista de diputados nacionales.

“Jorge no va a estar entusiasmado, pero si logra alivianarle la gobernabilidad no se va a quejar. Y Karina lo mismo: se le puede alivianar la tensión en Congreso y potenciar los esfuerzos en las provincias”, desliza un macrista bonaerense que sospecha que, al final del día, ambos sectores querrán acordar. Y, si todo sale mal, siempre habrá un Plan B.

MC/JJD

Mauricio Macri está en una encrucijada. Corrido de la mesa de negociaciones con La Libertad Avanza, el líder del PRO tiene una semana para definir una estrategia de supervivencia que le permita evitar una nueva humillación en la Ciudad. El expresidente no ve con malos ojos la posibilidad de cerrar una alianza con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, pero enfrenta dos problemas: la resistencia de los propios, por un lado, y la indiferencia de Karina Milei, por el otro. El expresidente de la Nación y autoridad máxima del partido amarillo necesita un gesto de la hermana presidencial para ordenar a la tropa, pero Karina, hasta ahora, prefiere alimentar el suspenso.

Este jueves a la mañana, los dirigentes del PRO se reunirán para discutir una estrategia de cara a los cierres nacionales. Será por Zoom, ya que muchos de ellos se encuentran fuera del país, y contará con la presencia de referentes de todas las provincias: en algunas, el PRO irá en una boleta violeta que diga “La Libertad Avanza”, como en Provincia de Buenos Aires o Entre Ríos. En otras, se amalgamará con el radicalismo y la Coalición Cívica, en una suerte de revival de Juntos por el Cambio, como Jujuy o Santa Fe.

La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, es una incógnita. La patria madre del PRO se presenta como un híbrido que no termina de decidirse a fusionarse con las fuerzas del cielo o, por el contrario, dinamitar los puentes y presentarse como una alternativa a Javier Milei junto a los exaliados cambiemitas. Un no lugar de indefiniciones que arrastra el trauma de la elección porteña y no logra replicar el acuerdo que logró tejer Cristian Ritondo en Provincia de Buenos Aires.

El problema, explican en el PRO libertario, es que en CABA no hay un Ritondo. Es decir: un interlocutor válido que tenga la confianza de Macri y, a su vez, de la propia Karina. El presidente del PRO en CABA es el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien está enemistado con los hermanos Milei desde que decidió desdoblar la elección porteña. La logística de la organización de la exposición en La Rural, en la que se obligó al jefe de Gobierno a ingresar al predio por un sector distinto al de Milei para no cruzarlo, da cuenta de que el Presidente y su hermana lo quieren bien lejos de la mesa de negociaciones.

“No hay tábula rasa para Jorge”, explican en la Casa Rosada, donde replican la misma consigna para Silvia Lospennato y María Eugenia Vidal: las dos espadas macristas, junto al propio Jorge, que resisten en soledad a la fusión con LLA.

Plan B: resucitar JxC

En la reunión del consejo del PRO, que se realizará a la mañana, habrá dos voces que se opondrán a cerrar una alianza con LLA: Vidal y Jorge Macri. El primo Jorge, ya había sido una de las voces más críticas al acuerdo bonaerense, así como su sucesora en Vicente López, Soledad Martínez. Martínez, sin embargo, terminó negociando uno de los acuerdos más beneficiosos para el PRO en todo el distrito: no solo logró hacerse con el 70% de la lista de concejales, sino que anotó a una dirigenta del jorgemacrismo, María Sotolano, como segunda candidata en la Tercera sección electoral.

Este logro habilitó que Jorge Macri fantaseara con la posibilidad de hacer borrón y cuenta nueva, y llegar a un entendimiento con Karina en CABA. Lo deslizó, incluso, en varias entrevistas. Pero la negativa del karinismo, con Pilar Ramírez a la cabeza, de sentarse a negociar con él, así como el desplante en La Rural, hicieron que Jorge reactivara las conversaciones para rearmar la coalición que llevó a su primo a la Presidencia.

El interlocutor designado para estos acercamientos es Daniel “Tano” Angelici, el histórico operador judicial del radicalismo que tiene, hace meses, un protagonismo creciente en el gabinete porteño. El objetivo es reeditar JxC como una suerte de “avenida del medio” —similar a la que se creó en PBA con el frente “Somos Buenos Aires”— con la UCR de Emiliano Yacobitti y Martín Lousteau, la Coalición Cívica de Elisa Carrió y, a su vez, con Ricardo López Murphy y Graciela Ocaña.

Otro de los objetivos es seducir a Horacio Rodríguez Larreta, quien jugó por afuera en la elección porteña, dividió el voto PRO y terminó sacando 8 puntos (un poco más de la mitad de lo que sacaría Lospennato). El jorgemacrismo viene haciendo intentos de acercarse al ex jefe de Gobierno porteño —a quien antes borró del mapa de Uspallata apenas lo reemplazó en la Jefatura de Gobierno— pero Larreta no perdona, y se resiste. El ex precandidato presidencial prefiere mantener su autonomía y comenzar a construirse como alternativa local de cara a 2027.

Las conversaciones con el resto de los partidos, mientras tanto, son incipientes. Los exintegrantes de JxC desconfían del PRO, que atraviesa una crisis de identidad profunda y, en el caso de jugar por separado de LLA, tendrá que explicar por qué en PBA juega con Milei y en CABA, en cambio, juega como oposición. “Yo creo que el PRO terminará con LLA, pero el problema es la resistencia de Vidal y Jorge”, desliza un lilito que forma parte de las conversaciones.

La indiferencia de Karina

Mientras el PRO bucea por alternativas, Mauricio Macri aguarda, impaciente, una señal de Karina. Dirigentes de su entorno deslizan que Macri está dispuesto a cerrar en CABA el mismo acuerdo que Ritondo cerró en PBA. “Que sea con dignidad”, fue la única exigencia que planteó el expresidente antes de tomarse un avión y partir a Europa. El problema, insisten, es que Karina no da señales de querer acordar con los Macri.

Puertas afuera, el karinismo trasmite que no hay motivo para cerrar con el PRO. Pero quienes conocen a la secretaria general de la Presidencia deslizan, por lo bajo, que al final del día querrá cerrar un acuerdo para “arrasar” en la Ciudad. Será, admiten, un acuerdo que implique la “rendición total” del PRO, pero que le ahorrará a Macri la “humillación” de salir nuevamente tercero en su ciudad. “Le ofrecés el segundo lugar y el séptimo, entran dos diputados nacionales y listo, se evita la humillación”, desliza un exdirigente del PRO que abandonó el partido para sumarse a las fuerzas del cielo.

Existe, sin embargo, otro factor que traba la posibilidad de cerrar un acuerdo con el PRO: la desconfianza de los libertarios porteños a la candidatura de Patricia Bullrich. La ex ministra de Seguridad será la candidata a senadora nacional en CABA haya o no acuerdo con el PRO. Es una de las que mejor mide en el ecosistema libertario y Karina quiere a una persona de confianza en el Senado que monitoree a Victoria Villarruel. El problema es el empoderamiento que podría tener Bullrich en el caso de ir en una lista con el PRO y sacar, como prometen en el bullrichismo, más de 50 puntos: en LLA temen un escenario que podría fortalecer de sobremanera a la ministra, quien tiene pretensiones de gobernar la Ciudad.

Pese a los resquemores, quienes conocen a Karina sostienen que alargará el momento de definición hasta último momento. La hermana presidencial estará atenta a lo que se discuta el jueves en la reunión del PRO, sabedora de que hay dirigentes, como Vidal, que ya amenazaron con no competir en el caso de cerrar una alianza con LLA.

Algunos dirigentes del PRO presionan para que Ritondo se haga cargo de las negociaciones en CABA, al igual que ya hizo en PBA. Pero el jefe del bloque PRO se hace el distraído: prefiere esperar, como todos, a que Karina mueva primero.

MC/JJD

Jorge Macri comenzó a pavimentar el camino hacia un posible acuerdo con La Libertad Avanza en Ciudad de Buenos Aires. Lo blanqueó poco después de que Cristian Ritondo firmara la alianza con Karina Milei en Provincia de Buenos Aires: una rendición que, en el PRO, tuvo un sabor agridulce. Detrás de la insinuación hay varios factores, desde la satisfacción por el alianza bonaerense hasta el terror a repetir un tercer lugar en la elección nacional. La decisión, sin embargo, está en manos de Karina, y a la hermana presidencial la envuelve el desprecio de los vencedores.

En el PRO están dispuestos a hacer borrón y cuenta nueva. Si bien en el jorgemacrismo todavía no tiene una hoja de ruta y coquetea con la posibilidad de avanzar en un Juntos por el Cambio 2.0, el cierre de listas bonaerenses abrió un capítulo nuevo para varios en el partido amarillo. Ritondo, Diego Santilli y Guillermo Montenegro habían logrado inscribir seis nombres “entrables” en las listas a la Legislatura bonaerense –el intendente de Mar del Plata, incluso, encabezará la Quinta sección– y hasta las voces más reactivas al acuerdo admitían, por lo bajo, que no había sido un mal acuerdo. “Es lo que habían prometido”, admite una espada amarilla que se resiste, hace meses, a la fusión con LLA.

La derrota en la elección del 18 de mayo fue aleccionadora, y en Uspallata observan con terror la posibilidad de volver a salir terceros. Ni el jefe de Gobierno porteño ni María Eugenia Vidal o Silvia Lospennato le perdonan al Gobierno su intento por hacer desaparecer al PRO de su histórico bastión. Le recriminan el video fake de Mauricio Macri anunciando que Lospennato se retiraba de la elección y el triunfalismo belicoso con el que celebraron haber barrido al PRO de la Ciudad. Pero también son realistas: el PRO no puede volver a sacar 15 puntos en CABA, su supervivencia política depende de ello.

Hay, además, otro factor: el PRO ya no tendrá dominio sobre la Legislatura y necesitará de la ayuda de LLA si desea mantener control sobre su gestión. “Jorge todavía tiene que gobernar dos años la Ciudad. Ojo con el juicio político”, advierte un dirigente porteño del PRO que ya se pasó a las fuerzas del cielo, y agrega: “Jorge no quiere la unidad. Pero no es lo que él quiere, sino lo que puede”.

En plena crisis de identidad, el PRO se debate entre resucitar las esquirlas de JxC o sellar una alianza con Milei. Hasta hace unas semanas, parecía viable solo lo primero, ya que la tirria entre el jefe de Gobierno porteño y la hermana presidencial viene acumulándose hace tiempo. El PRO necesitaba una excusa para saltar el cerco. Y esa excusa apareció con la elección bonaerense y, fundamentalmente, de la mano de la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien terminó cerrando un acuerdo muy beneficioso con LLA, pese a ser la mano derecha de Jorge Macri.

Martínez, a pesar de su animadversión con LLA, no siguió los pasos de Pablo Petrecca (Junín), María José Gentile (9 de Julio) o Nicolás Passaglia (San Nicolás), que se terminaron sumando a la avenida del medio llamada “Somos Buenos Aires”. La intendenta de Vicente López terminó negociando, por su cuenta, con Sebastián Pareja y no solo se quedó con el 70% de los lugares en la lista de concejales, sino que logró meter, incluso, a María Sotolano en el segundo lugar de la lista de la Tercera.

En el PRO porteño observan que, si Soledad Martínez logró cerrar un acuerdo “digno” con LLA, entonces ellos también lo pueden hacer. Hay tiempo hasta el 7 de agosto, que es la fecha de presentación de las alianzas electorales nacionales.

Mensaje en una botella

“Los acuerdos electorales los tiene que hacer Mauricio Macri, tenemos un buen antecedente en la Provincia. Veremos, yo no descarto ningún acuerdo con la LLA para que lleguen buenos diputados y senadores”, adelantó el jefe de Gobierno en diálogo con Radio Mitre y, luego, lo volvió a repetir en A24. El mensaje había sido lanzado al mar, pero ahora era cuestión de que Karina lo recogiese.

“Todo depende de ella, está claro que es quien toma el 100% de las decisiones políticas”, admite una dirigenta macrista de CABA, que observa con atención cuál será la respuesta de LLA. No abreva a la hipótesis de los acuerdistas del PRO, que fantasean con convertirse en la Ucedé de Carlos Menem y nutrir de dirigentes “con experiencia” al armado del líder carismático de turno. Donde los acuerdistas, como Ritondo, Santilli o Alejandro Finnochiaro, observan su futuro y la supervivencia política del partido, los macristas, en cambio, observan su certificado de defunción. Pero, en el fondo, la mayoría es bilardista, y ninguno, por más rechazo que le genere LLA, quiere desaparecer del mapa político.

La decisión, sin embargo, depende de la hermana presidencial, y en el macrismo sospechan que no les tendrá mucha consideración.

En efecto, puertas adentro, los laderos de la secretaria General de la Presidencia ya anticiparon que no ven motivos para cerrar un acuerdo con el PRO en CABA. ¿Por qué lo harían? Ya los duplicaron en votos en la elección porteña: el PRO, provocan, no tiene mucho que ofrecer a esta altura. Karina, además, desconfía de Jorge y no lo quiere en una mesa de negociación. No le perdona haber contratado al consultor catalán Antoni Gutiérrez Rubí, a quien acusa de haber impulsado una “campaña sucia” contra el Presidente.

Pese a la animadversión del karinismo con el jefe de Gobierno porteño, hay otros operadores de Casa Rosada que no descartan la posibilidad de un acuerdo. Sospechan que Macri buscará subirse el precio amenazando con rearmar JxC, y se anticipan: si Jorge quiere un acuerdo tendrá que aceptar su situación de desventaja. Y eso significa que el PRO no tendrá candidatos a senadores y que, como mucho, conseguirá 2 de los 7 candidatos entrables. El resto serán de LLA, así como el nombre y el color de la boleta.

Es decir, “rendición total”, tal como grafica, con entusiasmo, un interlocutor libertario.

MC/MG