Son las ocho de la noche del 14 de mayo. En Villa Fátima, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, una treintena de efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpen por uno de los accesos al barrio. En La Carbonilla, en La Paternal, una topadora avanza escoltada por uniformados y móviles. En la 21-24, los agentes recorren los pasillos exigiendo documentos, requisando motos y fotografiando comedores comunitarios. Escenas idénticas se multiplican en simultáneo en Zavaleta, la 31, Ciudad Oculta, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Fraga, Barrio Mitre, Ramón Carrillo y Cildañez. Durante tres horas, más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y topadoras desembarcan sobre algunos de los barrios más poblados de la Ciudad. En apenas el 2% de la superficie porteña vive el 6,3% de la población. 

El Gobierno porteño busca construir una postal donde aparece la topadora como trofeo de gestión. Una topadora que hoy aparece en las calles de la Ciudad en carteles gigantes pegados en las paredes. Pero en esa postal no aparecen las trabajadoras que salen de madrugada, las infancias que juegan en los pasillos ni las redes que sostienen la vida cotidiana. Tampoco las demandas históricas de urbanización, infraestructura y servicios básicos. Lo que se exhibe es una ciudad partida entre quienes merecen ser protegidos y quienes deben ser controlados. 

Las luces azules de los patrulleros se reflejan sobre las chapas y los ladrillos a la vista. En cuestión de minutos, el miedo empieza a circular por los grupos de WhatsApp que tienen los vecinos de los barrios. El miedo circula más rápido que cualquier comunicado oficial. 

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, declara Jorge Macri ante los micrófonos. El operativo quedó registrada en las redes sociales. Lo que ocurre después, en cambio, sucede lejos de los flashes. Un mes después, ¿qué queda en los barrios cuando se apagan las sirenas?

La Carbonilla: un refugio arrasado

Hace más de dos semanas que no sale el sol en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad de las paredes y la que brota del suelo se mezclan con el desagüe de una manguera sobre la vereda angosta y elevada de la calle Perú, en el tercer sector de La Carbonilla, uno de los 50 barrios populares de la Capital Federal relevados por el ReNaBaP. El barrio es una tira que bordea el viaducto del tren San Martín en La Paternal y que creció hacia arriba, pegado a las vías, buscando alcanzar la altura de un tren que se escucha pasar con frecuencia constante durante todo el día. Entrando por Espinosa, antes de doblar por Perú las paredes dicen: “Los delincuentes no están en las villas: están en Puerto Madero”.

En esa callecita angosta solían estacionar carros cartoneros, armarse puestos de venta ambulante y, frente a la casa de Mari, sostenerse un techo y un cartel: “Comedor y merendero Patria Grande”. Mari es la coordinadora del espacio. De la puerta de su casa salen corriendo dos niñas, sus nietas, que esperan en la vereda a los profes que vienen a ayudarles con la tarea. En este hogar la cocina no descansa; la casa crece en vertical buscando el sol, como casi todas las del barrio, donde viven unas cuatro mil personas según el último censo, aunque los vecinos aseguran que son muchas más. Esta tarde hay mate cocido, chocolatada y facturas. El comedor cumple seis años; nació en el aislamiento de la pandemia por una necesidad colectiva que Mari supo escuchar.

“En el grupo de WhatsApp leía que la gente tenía hambre. No podía seguir viendo eso. Con mi familia empezamos a cocinar. Como no podíamos salir, subíamos o bajábamos la comida en un balde con una soga. Era caricaturesco, pero fue la forma que encontramos para sobrevivir”, se ríe Mari al contarlo.

Mari es salteña, pero construyó su vida en la Ciudad de Buenos Aires. No recuerda con precisión las fechas, pero calcula que llegó hace diecisiete años, cuando la mayor de sus nietas, era apenas una bebé. Hasta hace un mes, las personas que llegaban a buscar la vianda o los niños que asistían al apoyo escolar esperaban todos bajo un techo que la comunidad había armado enfrente. Era una instalación precaria pero vital para que los días de lluvia la olla no se llenase de agua y los chicos estuvieran resguardados de la intemperie. Sin embargo, las topadoras del operativo “Tormenta Negra” se llevaron puesto el refugio. “Los que nos gobiernan no nos quieren. A los que vivimos en las villas, a los que son extranjeros, a quienes venimos de otras provincias. Nos desprecian”, dice Mari. 

La noche del 14 de mayo, al mismo grupo de WhatsApp vecinal, que en la pandemia fue una contención, comenzaron a llegar los mensajes desesperados de la irrupción de la Policía porteña al barrio. Mari recuerda: “Fue desesperante. En los audios las vecinas gritaban que se estaban llevando todo, deteniendo gente, tirando mercadería. Preguntaban:¿qué buscan?, ¿qué buscan?”.

—Buscan plantar miedo—responde hoy Mari.

El operativo en números

Al día siguiente de la “Tormenta Negra”, un silencio denso cubrió las villas. En las escuelas públicas del sur y de Retiro, las aulas quedaron semi vacías. Muchas madres decidieron no mandar a sus hijos a clases. El rumor de nuevas razzias, el sonido de los helicópteros de la noche anterior aún presente, y el temor infundado pero inoculado a las deportaciones calaron hondo.

Mientras tanto, las casillas de correo electrónico de los ciudadanos porteños recibieron un boletín oficial titulado de manera pomposa: “El operativo más grande de la historia en las villas de la Ciudad”. El mail celebraba los números de la saturación policial como un triunfo de guerra: “Llevamos adelante ‘Tormenta Negra’, el operativo de control y seguridad más grande de la historia en todas las villas de la Ciudad, con más de 1.500 policías desplegados en simultáneo. Hubo 27 detenidos, 5 búnkers de droga cerrados, 25 comercios clausurados, 113 motos y 64 autos secuestrados”. El texto advertía: “se terminó la Ciudad dividida entre lugares donde cumplir la ley es opcional. Ningún porteño de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes”.

No desbarataron ninguna organización delictiva. Fue una puesta en escena para la televisión

Moni — Vecina del Barrio 31

“No desbarataron ninguna organización delictiva,—sostiene Moni desde su puesto en el paseo de compras de la Villa 31, en Retiro— Fue una puesta en escena para la televisión”. Moni cría y mantiene a sus hijos sola, sin un empleo formal ni un ingreso fijo que le garantice llegar a fin de mes. Sostiene el hogar mientras los más grandes todavía estudian. En su puesto vende lo que puede y lo que va consiguiendo: un día accesorios, otro día collares para perros u ojotas. Su economía, como la de tantas en el barrio, es de subsistencia diaria. “Nuestra bronca tiene que ver con que manejamos capitales mínimos. Lo poco que podemos poner sobre una mesa. La vecina de al lado vende ajos: no trae un camión, trae cinco bolsas, los pela, los vende para seguir adelante y vienen y se lo sacan”, dice.

Para ella y sus vecinas, el operativo “Tormenta Negra” empezó mucho antes de que llegaran las topadoras: los días previos, los rumores de allanamientos corrían por los pasillos. Por eso, ese 14 de mayo, Moni decidió levantar su puesto al mediodía. El temor a que le confiscaran la mercadería la obligó a refugiarse en su casa, pegada a la ventana y al teléfono. Según Moni, están viviendo bajo una persecución psicológica constante:

—A veces te piden el DNI para entrar a tu propio barrio. 

Villa Fátima: no te dejan vivir, no te dejan trabajar

El discurso oficial del Gobierno de la Ciudad parece un eslogan de ordenamiento urbano. Las palabras elegidas no son nuevas: orden, limpieza, recuperación del espacio público. Sin embargo en el merendero de La Carbonilla, en los comedores del Bajo Flores, las feriantes de la 31, en la Junta Vecinal de Villa Fátima escuchan otra cosa. “Este Gobierno nos quiere hacer creer, y les quiere hacer pensar a los sectores medios, que nosotras somos el problema de todo lo que no se hace en la Ciudad”, sostiene Nadia Aguilera, presidenta de la Junta Vecinal de Villa Fátima.

Para ella este ensañamiento tiene que ver con la campaña electoral y un odio de clase histórico: “No pueden entender que somos todos clase trabajadora: el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a una PyME, el que labura en un restaurante, el que junta cartón o las compañeras que sostienen los comedores. El negocio de ellos es que no te dejan vivir porque no te dejan trabajar”. 

No pueden entender que somos todos clase trabajadora: el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a una PyME, el que labura en un restaurante, el que junta cartón o las compañeras que sostienen los comedores. El negocio de ellos es que no te dejan vivir porque no te dejan trabajar

Nadia Aguilera — Presidenta de la Junta Vecinal de Villa Fátima.

En Villa Soldati, dentro de la Comuna 8, se emplaza Villa Fátima. Ahí vive Nadia hace cuarenta años. Llegó de la mano de su familia cuando tenía apenas cinco, desde Lanús, en una época en la que el barrio era un trazado de calles de tierra, ranchos y chapas. Hoy es psicóloga social, militante política, parte de la Junta Vecinal y lleva su origen como bandera: “Tengo mi identidad villera, soy villera y no lo voy a negar”, dice orgullosa. 

Como presidenta de la Junta Vecinal del barrio Nadia describe otra realidad, asegura que con la gestión de Jorge Macri y las políticas nacionales, la economía de subsistencia se encuentra “totalmente aplastada”. La persecución ya no es solo discursiva, sino material: el Ministerio de Espacio Público confisca mercaderías constantemente, tira la comida de las mujeres que salen a buscar el mango a la esquina. “Es de una crueldad total. ¿Cómo podés tirar comida acá?”, sintetiza.

Esa asfixia se transformó en violencia policial la noche del 14 de mayo. Mientras el operativo avanzaba por los accesos, Mónica —vecina de Fátima, pastelera y trabajadora de la cooperativa gastronómica Che que Rico— estaba conectada a una reunión de la Mesa Nacional de Barrios Populares discutiendo, paradójicamente, la urbanización y la necesidad de una presencia productiva del Estado. Los golpes insistentes en la puerta interrumpieron la pantalla: su compañero subió corriendo a buscar los papeles de la cooperativa porque los estaban allanando.

Al bajar, Mónica se topó con una comitiva de inspectores y policías que pretendían entrar por la fuerza. Cuando les exigió la orden judicial, los agentes se retractaron sobre la marcha alegando que se trataba de una “inspección”. En un barrio densamente poblado, fueron directo a buscar el espacio que gestionan las compañeras de La Poderosa. Mónica dice que “el sinsentido era total”, los mismos efectivos que montaban el despliegue, patrullan la zona a diario, les compran comida o les piden agua caliente para el mate. Saben que hacen funcionar una olla popular tres veces por semana y talleres deportivos para veinte niñes en una de las canchitas del barrio. 

El sinsentido era total”, dice Moni. Los mismos efectivos que montaban el despliegue, patrullan la zona a diario, les compran a los vecinos comida o les piden agua caliente para el mate

Sin embargo entraron igual: armas largas, escudos, palos, cascos y pasamontañas. “Verlos de frente y tan cerca causó espanto y una sensación total de desamparo”, repasa Mónica verborrágica. La requisa se topó con la legalidad: los libros contables estaban en regla, las facturas de las maquinarias al día y el local contaba con certificados de desinfección vigentes e infraestructura de higiene industrial que, irónicamente, se había financiado y rendido años atrás a través de programas públicos de promoción del trabajo. Al no encontrar irregularidades, los agentes se limitaron a marcar tres sugerencias menores de mejora y colocaron una faja de clausura preventiva. Antes de irse, y de manera burlona felicitaron a las trabajadoras por la limpieza del lugar: “Te apuntan con armas y pasamontañas y después te felicitan”. 

El impacto del operativo generó miedo, pero también potenció la bronca y la necesidad de organizarse:

—¡Algo tenemos que hacer!—arenga Nadia. 

La frase se repite en cada asamblea barrial tras el operativo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?

Para quienes habitan las villas porteñas, la palabra seguridad tiene otra semántica: implica la certeza de tener luz en invierno para no congelarse, la garantía de que una ambulancia pueda ingresar ante una emergencia, poder acceder a conexión de internet, contar con presupuesto en los Centros de Salud Comunitaria, tener a acceso al agua potable y vacantes escolares en el propio distrito que eviten que los niños crucen plazas desoladas a oscuras al regresar de la escuela. 

—Cuando pedimos seguridad, pedimos eso; no pedimos que nos amedrenten, nos peguen un palazo y nos manden para adentro de la casa— sostiene Nadia Aguilera.

Para los chicos de las villas porteñas, la discusión excede la seguridad: se trata también de quién tiene derecho a permanecer en una ciudad cada vez más cara y excluyente. 

La ofensiva sobre los barrios populares ocurre en un momento en que los procesos de urbanización se encuentran estancados por el desmantelamiento de la política nacional de integración socio-urbana. La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares de todo el país, dejó proyectos frenados y recursos paralizados.

En este escenario, la desprotección también se profundiza por la eliminación de políticas públicas de género a nivel nacional y local. Sin embargo, donde el Estado se retira, las redes feministas comunitarias se cargan la vida al hombro. En La Carbonilla, Mari, como muchas otras mujeres, combina sus jornadas laborales fragmentadas —limpiando casas particulares en otros barrios de la Ciudad o en el conurbano— con el cuidado de toda la comunidad. En los comedores no solo se atajan las ollas: se gestionan trámites online, se median problemas de infraestructura con la Defensoría del Pueblo y se contienen las situaciones de violencia machista que el andamiaje institucional decidió ignorar.

Ese laburo de cuidado cotidiano hoy también sufre el acoso de la sospecha burocrática. El Gobierno de la Ciudad impuso controles estrictos sobre los comedores, obligando a las cocineras a utilizar aplicaciones digitales para registrar los datos de cada vecino que retira una vianda, bajo la premisa oficial de que las raciones son falsas. Nadia cuenta que en el comedor de Villa Fátima, donde asisten a más de 200 personas diarias pero solo reciben insumos para 140, las mujeres deben sumarle la carga de la vigilancia digital a la tarea comunitaria para justificar la existencia del hambre.

Nadia cuenta que en el comedor de Villa Fátima, donde asisten a más de 200 personas diarias pero solo reciben insumos para 140, las mujeres deben sumarle la carga de la vigilancia digital a la tarea comunitaria para justificar la existencia del hambre

Las historias de Mari, Nadia, Moni y Mónica no son aisladas. Son algunas de las voces que permiten ponerle cuerpo a una realidad que también aparece en las estadísticas. En marzo de 2026, el séptimo informe de La cocina de los cuidados, un espacio de monitoreo integrado por el CELS, la UTEP y colectivos territoriales, reveló que el 56% de los hogares debió hacer ajustes en la cantidad o calidad de sus alimentos por falta de recursos. Lejos de la supuesta “normalización” económica que publicita el Gobierno, el tejido de subsistencia se está rompiendo en su eslabón más sensible: los comedores comunitarios. Según el informe, el subgrupo de personas que asiste a comedores o recibe mercadería creció significativamente, pero el 60% de ellas denuncia que hay menos disponibilidad de alimentos que antes. 

Las requisas del operativo “Tormenta negra” y las fajas de clausura, como la que recibió la cooperativa Che que Rico o el hostigamiento al merendero de La Carbonilla, ocurren en un contexto donde seis de cada diez personas debieron recurrir al desahorro, al crédito formal o familiar o incluso a un trabajo extra para llegar a fin de mes. 

—Nosotros somos parte de la ciudad, aunque les pese a todos. Movemos la economía, somos fuerza de trabajo y esto tendría que ser valorado; sobre todo el trabajo de las mujeres— sostiene Nadia.

MC/MG

La autora intentó consultar a distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad para conocer su posición sobre los operativos y sus consecuencias en los barrios populares. La respuesta fue que no estaban realizando entrevistas.

Este artículo fue publicado por Latfem y es reproducido por elDiarioAR a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves, por mayoría con 36 votos positivos, una reforma clave al Código Contravencional propuesta por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tiene como fin seguir estableciendo el orden público en las calles de Buenos Aires con fuertes penas; una de ellas es que establece días de detención de manera efectiva contra los trapitos (cuidacoches) y limpiavidrios.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, posteó en redes sociales el alcalde porteño junto a un video.

La nueva norma (6961) también prevé sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad.

Acordada con legisladores de otras fuerzas políticas, desde esta modificación se amplía la capacidad de los controles del Gobierno de la Ciudad y se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos; además, se le brinda facultad a la policía porteña para detener a los trapitos que se apropian del espacio público y extorsionan a vecinos y turistas.

Además, se aprobaron leyes de financiamiento de la Línea F de Subte; el Programa de Desendeudamiento Familiar que establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado; la desregulación de la VTV, que incluye talleres mecánicos privados y concesionarias para hacer el control vehicular y modifica los plazos para hacerlo; y la regulación del vapeo y productos emergentes de tabaco y/o nicotina, entre otras normativas.

Una promesa de campaña: “Los trapitos son una mafia”

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde el día de su asunción al cargo instruyó a la Policía de la Ciudad con el objetivo de intensificar los operativos contra trapitos tanto en los espectáculos como en los eventos deportivos.

Al respecto, Macri dijo: “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”. Y agregó: “Ya no hay más advertencia, te meto preso”.

En este contexto, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la Ciudad realizó un total de 13.149 contravenciones, pero fueron insuficientes. En tal sentido, Macri agregó luego de presentar el proyecto que la Legislatura convirtió hoy en ley: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.

Por eso, lo que hasta ahora era cuidar coches o limpiar parabrisas de manera ilegal y que se penaba con multas que resultaban incobrables, desde ahora, con estos cambios, si bien seguirá siendo una contravención, tendrá penas más severas.

¿Qué dice la Ley “Anti Trapitos” sobre las sanciones?

Respecto de las sanciones, estas varían según el contexto y el nivel de organización. Por eso, tanto trapitos como limpiavidrios serán detenidos en el marco de eventos masivos o bien cuando se los encuentre en las calles de la Ciudad en lugares como, por ejemplo:

En eventos masivos

Cuidacoches en las calles

Jefes, organizadores o promotores

Contra los aprietes

Trabajo comunitario y multas

Quita de planes sociales

¿Cómo será el control sobre los eventos masivos?

Serán más rigurosos y tendrán estas características:

Alcance

Radio extendido

Mayor cobertura horaria

Sanciones para clubes e instituciones

Se duplican las multas

Clausuras prolongadas

La Ciudad puso en marcha este jueves un mega despliegue relámpago, simultáneo y masivo, denominado “Operación Muro”, con el objetivo de blindar sus accesos a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Asimismo, incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

La “Operación Muro” se suma a los ejes de acción estratégicos del Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri para atacar al delito y consolidar la histórica caída de las tasas de criminalidad lograda durante la actual gestión en la Ciudad.

El despliegue sorpresa de este jueves demandó una masiva movilización de recursos por parte de la Policía de la Ciudad, tanto a nivel de efectivos como de cuerpos motorizados -fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros-.

Y también contó con la participación de la división K9 (canes), Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal, entre otras áreas.

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró Jorge Macri en el Anillo Digital Sur de la avenida 27 de Febrero y General Paz.

Desde las 19:00 de este jueves se hicieron múltiples controles vehiculares, verificación de documentación de personas y acciones de interceptación vehicular sorpresiva focalizada en motos con dos ocupantes, transportes públicos, de carga ligera y rodados con vidrios polarizados sin habilitación, entre otras tareas.

“Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre, como hacemos con los desalojos. Queremos que haya ley y orden y que los buenos puedan vivir con tranquilidad. Si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, sostuvo Macri, quien supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La “Operación Muro” complementa las acciones de saturación que hace diariamente la fuerza porteña y se apoya en la infraestructura tecnológica de control como el Anillo Digital.

Este sistema cuenta actualmente con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y supervisa en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

El jefe de Gobierno porteño agregó: “Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes”.

Las acciones simultáneas del blindaje de este jueves se multiplicaron en puentes y accesos peatonales y en puntos estratégicos de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio.

Para simplificar y cumplir la tarea de manera eficiente, el megaoperativo fue organizado a partir de un esquema que dividió la jurisdicción porteña en distintos cuadrantes por área (norte y sur).

Uno de los principales cuadrantes se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta la avenida Constituyentes, y otro abarcó desde Constituyentes hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces vecinales y puentes de conexión barrial.

También se fijaron cuadrantes en áreas mixtas de tránsito pesado y accesos alternativos que conectan el suroeste del Conurbano con la Ciudad, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires-La Plata.

El orden público y la seguridad de los porteños son prioridades para la actual gestión: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad.

Además, se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.

También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, se hacen operativos de saturación en estaciones de subtes, grandes centros de trasbordo y distintos barrios porteños, como la “Operación Tormenta Negra” del mes pasado: un despliegue masivo y simultáneo con más de 1.500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados.

Un abusador con pedido de captura detenido

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó este jueves por la noche que la Policía de la Ciudad detuvo a “un abusador con pedido de captura queriendo ingresar” a la Capital Federal, en el marco de la denominada “Operación Muro”.

“Detenido. Reitero por si no quedó claro: no pienso pedir perdón por cuidar a los porteños”, escribió Macri en su cuenta de X (ex Twitter).

Con información de agencias.

El Gobierno nacional y la gestión de Jorge Macri llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal.

El entendimiento fue alcanzado tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la Nación transferirá al distrito porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos adeudados.

La disputa se originó luego de que, a mediados del año pasado, comenzaran a registrarse demoras en las transferencias vinculadas al coeficiente del 1,55% reconocido cautelarmente por la Corte Suprema en favor de la Ciudad.

Ese esquema había sido acordado en septiembre de 2024 entre ambas administraciones, luego de que la Justicia avalara que el Gobierno nacional enviara a la Ciudad los fondos correspondientes al porcentaje fijado por el máximo tribunal.

Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con relativa normalidad, aunque a partir de julio comenzaron las demoras que derivaron en la acumulación de deuda ahora saldada.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el acuerdo alcanzado “no incluye” la deuda histórica reclamada por la Ciudad correspondiente a la reducción de recursos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández.

“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo, logramos avanzar en una solución concreta”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado difundido este lunes.

El jefe de Gobierno también remarcó que la Ciudad continuará reclamando el pago de unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene la administración porteña, se generaron tras la quita de fondos coparticipables dispuesta en 2020.

El conflicto entre Nación y Ciudad comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, la Ley 27.606 volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente básico del 1,40%, además de un monto específico destinado a financiar el traspaso de la Policía.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente restituir a la Ciudad un coeficiente del 2,95%, aunque la administración nacional de entonces nunca cumplió plenamente con esa resolución judicial.

Ya durante la gestión de Javier Milei, ambas partes habían acordado un mecanismo transitorio de transferencias semanales desde el Tesoro nacional, en reemplazo del esquema diario previsto originalmente por la cautelar de la Corte.

Con el nuevo entendimiento, tanto la Nación como la Ciudad buscan dar por regularizada la deuda generada durante el último año y estabilizar el flujo de recursos fiscales entre ambas jurisdicciones.

Con información de la agencia NA

Mientras el gobierno de Jorge Macri presentaba el megaoperativo “Tormenta negra” desplegado en las últimas horas en quince villas y barrios populares porteños como una acción de seguridad, del otro lado de los allanamientos, las organizaciones territoriales cuestionaron la criminalización de trabajadores y vecinos en lugar de garantizar seguridad real.

“Un ejército de más de 1.500 fuerzas represivas, bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco nos persiguen, nos hostigan y nos criminalizan”, plantearon en un comunicado más de veinte redes, asambleas y espacios comunitarios de las comunas 4 y 8, agrupados bajo el nombre Interredes Villeras.

El documento, difundido mientras el operativo todavía estaba en curso, califica la acción como un “show represivo” y la enmarca en una disputa política entre el macrismo y el mileísmo: “Lo único que se está buscando con este megaoperativo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha”.

Desde la villa 31, una de las más afectadas, el Padre “Toto” De Vedia —referente histórico del trabajo pastoral en barrios populares porteños— sumó su voz: “Es más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia en ordenar”, dijo en Urbana Play. Y describió una escena concreta: “Va acompañado de venir con armas largas y sacarle la comida a gente que está vendiendo. Se crea un clima de denigración a los villeros”. El sacerdote aclaró que no se opone a la seguridad en sí: “Nosotros apoyaríamos acciones concretas y reales”.

Los números del operativo —27 detenidos, 113 motos y 64 autos secuestrados, 25 comercios clausurados— también fueron puestos en perspectiva desde la política. El diputado Itai Hagman señaló una desproporción: 1.500 efectivos para 27 arrestos, de los cuales, según precisó, 13 correspondían a detenciones por causas penales. “Destruyeron casas y se robaron la mercadería de muchos laburantes”, escribió en redes sociales.

El comunicado de las Interredes cierra con una convocatoria a la organización y un pedido de intervención a organismos de derechos humanos, defensorías del pueblo, legisladores y medios: “Para detener esta arremetida, revertir esta campaña mediática estigmatizante y garantizar la no repetición de los hechos”.

Al menos 27 personas fueron arrestadas esta noche, en el marco de un megaoperativo especial que desplegó el gobierno de la Ciudad en diferentes villas porteñas con el fin de reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público.

La mayoría de los detenidos durante los allanamientos tenían pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro. Además se cerraron cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y 31, donde fueron detenidos un ciudadano de nacionalidad peruana y otro con pasaporte chileno, por lo que gobierno porteño pidió su expulsión del país.

Además, se clausuraron 25 comercios, en su mayoría de venta de celulares presuntamente robados, o salitas médicas ilegales, entre otros. 

Por infracciones de tránsito se secuestraron 113 motos y 64 autos que fueron enviados a depósito. Y se levantaron de las calles 35 autos abandonados. 

Se suma también contravenciones a siete personas por “uso de arma impropia” (cuchillos, facas, entre otras). 

La operación, denominada “Tormenta Negra” se desplegó simultáneamente en quince villas y barrios populares de la Ciudad: 31; 1-11-14; 21-24 y Zavaleta; Ciudad Oculta, 20; Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

Participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y Agentes de Tránsito.

“Nunca antes hubo un operativo como este, y tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, subrayó Jorge Macri, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Sobre la Operación “Tormenta Negra”, el Jefe de Gobierno agregó: “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”.

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, sostuvo Macri. 

Y completó: “Hay varios detenidos en las distintas villas. Queremos cuidar a la gente buena que vive en cada uno de esos barrios y atrapar a los delincuentes que se esconden ahí, porque está claro que muchas veces el delito busca su oportunidad y no vamos a permitir que se hagan dueños de estos barrios”.

Con información de agencias.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una medida que marca un cambio en el acceso a los servicios públicos: a partir de ahora, los residentes porteños tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, cupos o vacantes en la administración local. La decisión fue formalizada mediante el decreto N°142-26, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La iniciativa amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, una política que había comenzado a implementarse en marzo de 2025 dentro del sistema de salud pública. En esta nueva etapa, el criterio se extiende a la totalidad de los servicios que presta el Estado porteño, consolidando un esquema de atención que prioriza a quienes residen y tributan en la Ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca ordenar la demanda y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restricción de acceso, sino de un mecanismo administrativo que establece un orden de atención basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Jorge Macri fue enfático al justificar la decisión. Sostuvo que durante años los porteños asumieron costos derivados de falencias de otras jurisdicciones y aseguró que la medida pone fin a esa situación. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, afirmó el mandatario.

No obstante, el decreto establece límites claros para evitar situaciones de desprotección. En casos de urgencias o emergencias sanitarias, la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción de domicilio, garantizando el acceso universal en situaciones críticas.

El sistema de salud pública porteño es uno de los ejes centrales de la discusión. Según datos oficiales, durante 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas. Además, el área quirúrgica registró más de 12.000 intervenciones adicionales, reflejando una creciente demanda sobre el sistema.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad apunta a los denominados “tours sanitarios”, es decir, personas que residen fuera de la Ciudad pero utilizan sus servicios de manera habitual. Desde la administración consideran que esta práctica genera una sobrecarga que termina siendo financiada por los contribuyentes porteños.

La implementación de la medida estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que deberá coordinar con las distintas áreas de Gobierno la adecuación de los procedimientos internos. Sin embargo, algunas áreas, como la seguridad pública, quedarán excluidas de este esquema de priorización.

En paralelo, el Gobierno porteño elevó un reclamo a la provincia de Buenos Aires. Exigió al gobernador Axel Kicillof que asuma el costo de la atención de personas en situación de calle provenientes de su jurisdicción. Según indicaron, esta responsabilidad está contemplada en normativa nacional, aunque aseguran que no se cumple de manera efectiva.

La medida, que ya genera debate político y social, abre un nuevo capítulo en la relación entre la Ciudad y la Provincia, al tiempo que plantea interrogantes sobre el alcance y las consecuencias de priorizar el acceso a servicios públicos en función del lugar de residencia.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales difundidos por la administración porteña, el sistema local cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral durante las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tendrían domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos asociados a su asistencia.

El Gobierno de la Ciudad fundamenta su pedido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la responsabilidad de atender a esta población recae en cada jurisdicción. En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia incumple con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia integral.

A través de sus redes sociales, Macri endureció el tono del reclamo y apuntó directamente contra Kicillof: aseguró que “es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno” y le exigió que asuma la responsabilidad de brindar alojamiento y contención a las personas en situación de calle con domicilio en la Provincia.

En paralelo, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, enviaron una nota formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron la “inmediata transferencia de los recursos necesarios” para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros del sistema.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Ciudad, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

Mraida reforzó la postura oficial al señalar que “la ley no deja lugar a dudas” respecto de las responsabilidades de cada distrito. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, afirmó. Y concluyó: “Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”.

El planteo reaviva la disputa política entre la Ciudad y la Provincia en torno a la gestión de políticas sociales y la distribución de recursos, en un contexto de creciente demanda de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad.

Con información de la agencia NA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció en una conferencia de prensa créditos hipotecarios para la primera vivienda de la clase media con una tasa de interés subvencionada por la Ciudad de Buenos Aires y expresó que “tener la casa propia, ese sueño que se fue postergando, va a dejar de ser una aspiración para convertirse en una realidad”.

“Durante mucho tiempo, los recursos del Instituto de Vivienda de la Ciudad se concentraron casi exclusivamente en villas y asentamientos. Esa política fracasó y, además, generó una profunda injusticia. Porque mientras a unos pocos se les regalaron casas, miles de familias, parejas, jóvenes y personas que viven de su trabajo, mes a mes, priorizan el alquiler por sobre muchas otras cosas. Nosotros queremos terminar con esa injusticia”, sostuvo Macri.

La conferencia se llevó a cabo en la sede del gobierno porteño, Uspallata 3160, en el barrio de Parque Patricios y estuvieron presentes el presidente del Banco Ciudad, Guillermo Laje; el ministro de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo; y la legisladora Rocío Figueroa.

Según explicó el jefe de Gobierno, estos créditos ponen el foco en los sectores que necesitan financiamiento más accesible y de largo plazo, con cuotas similares o por debajo de las de un alquiler: “Antes, la subvención se utilizaba para regalar viviendas en las villas. Ahora, para que más porteños puedan acceder a un crédito. Así, reparamos esa deuda histórica con esa clase media porteña que es el motor de esta Ciudad. Que no pide privilegios, que cumple las reglas, paga sus impuestos y nunca deja de empujar para salir adelante. Hoy le quiero decir a esa clase media que el esfuerzo y el trabajo vuelven a tener recompensa”.

A partir de ahora los fondos del Instituto de Vivienda que eran destinados a los barrios de emergencia van a dirigirse exclusivamente a financiar los créditos y se detalló que, mientras hoy en el mercado la tasa está alrededor del 9,5%, en la Ciudad será 7,5% + UVAs, lo que quiere decir que el Gobierno porteño subvenciona 2 puntos.

“Al mismo tiempo, vamos a concesionar nuestros medios públicos de comunicación y redirigir esos recursos con el mismo objetivo”, agregó Macri.

A su vez, sumó que otra fuente de financiamiento serán los dividendos del Banco Ciudad, que, por la buena administración, hoy se reinvierten para fortalecer los créditos.

Las autoridades destacaron que el crédito permite financiar hasta el 75% del valor de venta de la vivienda y hasta un monto máximo de $100 millones y está destinado a unidades de hasta 80 metros cuadrados cubiertos: el valor del metro cuadrado no debe superar los US$2.800.

La cuota de entrada al crédito no va a superar el 25% de los ingresos del hogar, para que sea una oportunidad de progreso y no una carga insostenible.

Como ejemplo, por cada $10 millones solicitados a un plazo de 20 años, la cuota inicial será de $80.600, requiriendo ingresos familiares mensuales desde los $322.000. Aquellos que busquen alcanzar el monto máximo de $100 millones, deberán acreditar ingresos desde $3.222.000, con una cuota inicial de $806.600.

Con esta medida, la gestión de Jorge Macri pone el foco en que el esfuerzo de la administración pública se convierta en la llave para que miles de familias de clase media alcancen, finalmente, su primera vivienda.

También cambia la forma de calificar: ahora los solicitantes pueden presentar hasta un garante para sumar capacidad crediticia. La línea está abierta tanto para empleados en relación de dependencia que cobren o migren su cuenta sueldo al Banco Ciudad, como para monotributistas y autónomos que contraten el Paquete Crecer de la entidad.

El Banco Ciudad sigue consolidándose como el referente hipotecario del país, afirmó Laje, y agregó: “Nuestro objetivo junto al Gobierno de la Ciudad es colaborar con los numerosos proyectos de desarrollo familiar y personal en materia de acceso a la primera vivienda propia en la Ciudad, ofreciendo herramientas de financiamiento competitivas”.

A esta nueva línea se suman las opciones vigentes para la zona sur y el microcentro (con tasas del 8,5%) y para el resto de la Ciudad (al 9,5%), además de financiamiento directo para desarrolladores y compras desde el pozo.

“Queremos que muchos de los que hoy alquilan, tengan el orgullo de decir en algún momento: esto es mío, esta es mi casa. Y que cada porteño vuelva a sentir que su esfuerzo de todos los días vuelve a valer la pena y sirve para salir adelante y progresar”, cerró el Jefe de Gobierno.

Con información de NA.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que la Ciudad “del caos, el desorden y el vale todo se terminó”. Así lo expresó en su discurso de la 29º apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura.

Delante de todo el Cuerpo Parlamentario, el mandatario anunció cuál es el rumbo de su gestión y de qué manera van a lograr cumplir con cada uno de esos objetivos vinculados con mejorar la situación de vivienda y hábitat, la salud, la educación y la seguridad.

“La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden. Voy a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños, que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano. No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia. Esto lo tengo claro desde el primer día que asumí y por eso elegí defender a esa mayoría silenciosa, respetuosa de la ley, que se sentía impotente viendo la 9 de julio todos los días cortadas”, comenzó Macri.

En la misma línea, señaló que los manteros, los acampes, las ranchadas y las casas tomadas ya no son parte de la Ciudad gracias a su conducción, a pesar de que eso “incomode y genere la resistencia de quienes prefieren que nada cambie”.

Asimismo, remarcó que desde que asumió “se recuperaron los principios básicos de convivencia”, y la propiedad privada “se respeta”: “No nos exime de otras discusiones difíciles que estamos dispuestos a dar, sin eufemismos ni romanticismos”, agregó.

“En estos dos años intercambié más de 15.000 mensajes personales con vecinos, con llamadas y tuvimos con el equipo de gobierno más de 350 reuniones en cada barrio de la ciudad. Escuchamos a todos sus críticas, propuestas, ideas, porque parte de gobernar es eso, escuchar, revisar y mejorar. Y cuando los vecinos plantean un problema concreto, actuamos. Señores legisladores, hoy les traigo algunas de esas demandas que no son de un Gobierno, sino de miles, millones de vecinos y que requieren de un trabajo conjunto entre la legislatura, el Poder Ejecutivo y también el Poder Judicial. A pesar de nuestras diferencias, nos debería unir el mismo objetivo, trabajar por y para los vecinos de la ciudad más linda del mundo. Esa voluntad quedó reflejada en la aprobación del presupuesto 2026”, manifestó el jefe de Gobierno.

Por otro lado, se refrió al acuerdo con el Gobierno Nacional para la transferencia de competencias laborales y la puesta en funcionamiento de propio fuero laboral de la Ciudad, que señaló como “un paso más para consolidar nuestra autonomía”.

También informó que están avanzando con la implementación de un sistema para que los porteños puedan resolver “los conflictos laborales de manera moderna y ágil” y le agradeció a toda la Legislatura por dicha aprobación.

En otro orden, se refirió a la importancia de “generar las condiciones para que el privado crezca e invierta”, con el objetivo de que pueda “competir, agregar valor y generar empleo” y destacó que con más inversión privada la Ciudad “seguirá creciendo”. 

Por otra parte, nombró la importancia de las leyes de salud mental y destacó el trabajo que realizan, desde su gestión, con la asistencia de las personas en situación de calle, a las que también ayudan ante el consumo problemático y adicciones. En ese mismo plano, le pidió al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cumpla su parte porque “hay una ley la obliga a tener paradores”, debido a que 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. 

Para finalizar, recordó que el Gobierno Nacional debe cumplir con el pago de la coparticipación de una deuda generada “por el gobierno kirchnerista” y que aún se mantiene con los porteños; asimismo, expresó que su gestión “apoyó y apoya” a Javier Milei “en su objetivo de ordenar la macroeconomía y las cuentas públicas”, sin embargo, ese acompañamiento “nunca les hizo retroceder en el planteo por los fondos que pertenecen a los porteños”.

“Debo decir que el trabajo con el Gobierno Nacional hoy en día es constante y estamos encontrando soluciones mes a mes a los recursos que deben ser pagados a la ciudad. Pero para ponerlo en perspectiva, para hablar de la deuda que dejó Alberto Fernández, podríamos por ejemplo con ese dinero hacer tres líneas de subte, cuatro más de trambús, la refacción integral de 800 escuelas, seguir actualizando el equipamiento de todos los hospitales si se saca de la Ciudad, comprar 500 patrulleros más, 60 formaciones de subte nuevas y aún así podríamos seguir bajando impuestos y aliviar el bolsillo de los porteños. Esa es la magnitud de la deuda que todavía tenemos. Vine a dar discusiones incómodas porque gobernar es decidir y eso es lo que hicimos para cambiar la vida de la Ciudad”, concluyó.

Con información de NA.

IG

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó el sobreseimiento del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en una causa por presunto lavado de activos vinculada a la compra de un departamento en Miami en 2011. La decisión, adoptada por mayoría, dejó sin efecto el cierre del expediente -que había sido confirmado en tres instancias- y ordenó que la Cámara Federal de Casación Penal dicte un nuevo fallo atendiendo los planteos de la fiscalía.

La causa se originó a partir de la adquisición de un inmueble en el edificio Icon, en Brickell Avenue, por US$402.963,62, a través de la sociedad ICON UNIT 1704 LLC, constituida en Florida un mes antes de la operación. Según consta en el expediente, los fondos utilizados para la compra provinieron de dos préstamos: uno otorgado por el BAC Florida Bank por US$219.000 y otro por US$184.000 de la sociedad uruguaya Fawsley S.A.

En primera instancia, el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, sobreseyó a Macri al considerar acreditada la existencia y documentación de los préstamos y descartar relevancia penal en los hechos. Esa decisión fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de San Martín y luego por la Cámara Federal de Casación Penal, que entendió que los agravios del Ministerio Público Fiscal eran meras discrepancias sin sustento suficiente para reabrir la investigación.

Sin embargo, el fiscal ante Casación, Mario Villar, recurrió a la Corte al sostener que el caso no había sido investigado en profundidad y que existían elementos que ameritaban continuar con las medidas de prueba. En particular, cuestionó la naturaleza del préstamo proveniente de la sociedad uruguaya, al señalar que podría tratarse de una maniobra simulada y que no se habría acreditado adecuadamente su cancelación. También mencionó la cesión parcial del crédito a una firma panameña vinculada a un familiar del funcionario.

La mayoría de la Corte -integrada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Pablo Candisano Mera y Abel Guillermo Sánchez- consideró que el fallo de Casación no dio respuesta suficiente a los argumentos del fiscal y que algunos planteos habían sido “dogmáticamente soslayados”. En ese marco, resolvió descalificar la sentencia apelada y reenviar el caso para que se dicte un nuevo pronunciamiento.

En su voto, el tribunal sostuvo que si bien no corresponde en principio a la Corte revisar cuestiones de hecho y prueba en un recurso extraordinario, sí puede intervenir cuando se verifica arbitrariedad o afectación de garantías constitucionales, como la debida fundamentación de las resoluciones judiciales.

El juez Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. Sostuvo que el recurso del fiscal carecía de fundamentación autónoma suficiente y que las instancias previas habían analizado de manera razonada la prueba documental y pericial. Recordó que tres tribunales coincidieron en descartar la hipótesis delictiva y que se acreditó la procedencia regular de los fondos, así como su declaración ante la AFIP y en el marco del sinceramiento fiscal previsto por la Ley 27.260.

Con la decisión del máximo tribunal, el sobreseimiento pierde por ahora efecto y la Cámara de Casación deberá dictar un nuevo fallo, esta vez abordando específicamente los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

Desde el entorno del jefe de Gobierno porteño señalaron que respetan la resolución de la Corte y reiteraron que las pruebas ya incorporadas acreditan la inexistencia de delito. También indicaron que, aun si se profundiza la investigación, el resultado será el mismo.

La causa, iniciada hace más de una década a partir de una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), vuelve así a escena y reabre el debate judicial sobre el alcance de la investigación y la suficiencia de la prueba en casos de presunto lavado que involucran a funcionarios públicos.

CRM/MC

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recorrió un edificio recuperado y aseguró que la Ciudad reforzará su política contra la ocupación ilegal de propiedades.

“Si quieren okupar, vayan al Conurbano; acá no”, resaltó Macri en un video difundido este jueves durante una recorrida por un edificio del CONICET que había sido recuperado tras ser usurpado por cuatro décadas, según denunció el gobierno capitalino.

En el lugar, el mandatario porteño mostró carteles, banderas y material partidario —vinculados a sectores del kirchnerismo— que fueron hallados tras el desalojo.

El edificio en cuestión

De acuerdo a la Administración Macri, el edificio fue recuperado tras permanecer usurpado hace cuatro décadas en el barrio porteño de San Nicolás.

El inmueble se ubica sobre la calle Tucumán 1727, a metros de la avenida Callao, cuyos vecinos radicaron denuncias por ruidos molestos y hechos de inseguridad.

Efectivos de la Policía de la Ciudad, personal de la Red de Atención y la Guardia de Auxilio llevaron a cabo el operativo por el riesgo de derrumbe, al tiempo que, tras la inspección, se concretó la clausura.

Dentro del edificio, propiedad del CONICET, se hallaron banderas y estandartes de agrupaciones políticas, motivo por el que el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló respecto al desalojo 568: “En la Ciudad no hay lugar para la tibieza ni para el verso garantista que protege a los que viven del delito”.

Se trata de una estructura diseñada por Arturo Prins, el destacado ingeniero civil y arquitecto argentino recordado principalmente por haber ideado el imponente edificio neogótico de la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la avenida Las Heras a metros de Pueyrredón.

La política de “tolerancia cero” a las usurpaciones

Con esta frase, Macri buscó marcar un contraste directo entre la gestión de la Ciudad de Buenos Aires y la de la Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, a quien ha criticado reiteradamente por lo que considera una “postura complaciente” ante la toma de tierras.

El jefe de Gobierno insistió en que “en la Ciudad la ley se cumple” y que no se permitirá que propiedades privadas o estatales permanezcan bajo dominio de intrusos bajo ninguna justificación social.

Según cifras oficiales, la propiedad del CONICET representa el inmueble número 555 recuperado por el Gobierno de la Ciudad en lo que va de su gestión, sumándose a otros operativos de alto impacto como el del predio de Parque Avellaneda gestionado por cooperativas del MTE.

Con información de NA.

La Corte Suprema de Justicia podría definir este año si el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, debe o no ser investigado por el presunto delito de lavado de dinero, según publicó La Nación y ratificaron fuentes del máximo tribunal a elDiarioAR.

Macri ya pasó por tres instancias judiciales que ratificaron su sobreseimiento en la acusación, pero el Ministerio Público Fiscal insistió en cada uno de los tribunales sosteniendo que el caso no se había investigado lo suficiente como para dictar un sobreseimiento al funcionario.

La causa tiene casi 15 años en los tribunales federales. El jefe de Gobierno porteño fue denunciado por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) cuando era intendente de Vicente López.

La denuncia sostenía la “hipotética canalización de fondos provenientes de actividades delictivas a través de la adquisición del inmueble en el edificio Icon de Brickell Avenue, en Miami, por US$402.963,62 en abril de 2011”.

Según la Procelac, la adquisición se habría realizado a través de una sociedad denominada IconUnit 1704, constituida un mes antes de la compra en el estado de Florida. La compañía fue creada por Macri y su exesposa, Florencia De Nardi. Los fondos para adquirir el departamento provenían de dos préstamos: uno, de la sociedad uruguaya Fawsley SA, de la hermana de Macri, por US$184.000; y el segundo, del banco Bac Florida Bank por US$219.000, de acuerdo con la denuncia.

La hipótesis de la Procelac era que el departamento de Miami se había comprado con “autopréstamos” y que se había buscado dar carácter de legalidad a los fondos. La investigación detectó la cesión parcial de uno de esos créditos a la empresa Cometas Company Inc., supuestamente relacionada con la hermana de Macri. 

Sin embargo, en un fallo de primera instancia, el juzgado federal número 1 de San Isidro sobreseyó en mayo de 2019 al entonces intendente de Vicente López, al descartar la hipótesis delictiva y dar por probada la existencia real y documentada de esos préstamos.

Consultado por elDiarioAR, en el entorno del equipo legal de Macri, encabezado por Ignacio Irurzun, sostuvieron que la jueza Sandra Arroyo Salgado “sostuvo que las pericias contables y la prueba reunida descartaron la hipótesis delictiva, los hechos no revestían relevancia penal y la investigación estaba agotada, sin diligencias útiles pendientes”. Macri nunca fue citado a declarar como imputado en la causa. La fiscalía apeló el fallo de la magistrada. 

Luego, en diciembre de 2019, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín ratificó el sobreseimiento apelado por la fiscalía. El tribunal de apelaciones “dejó constancia de la capacidad económica exteriorizada de Macri mediante AFIP y el Sinceramiento Fiscal (Ley 27.260)”, respondieron en el entorno del equipo jurídico de Macri. “La Cámara sostuvo que no correspondía profundizar la investigación y que no existía motivo para revertir el sobreseimiento”, dijeron cerca de los abogados defensores.

Para los jueces, los fondos que se utilizaron para comprar la propiedad inmueble eran de procedencia legal. Pero la fiscalía insistió ante otra instancia, reclamando que se profundizara la investigación.

Dos años más tarde, en diciembre de 2021, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, volvió a confirmar la decisión de sobreseer a Macri y su exesposa. Declaró inadmisible el recurso de casación de los fiscales y dejó firme el sobreseimiento.

“Los jueces afirmaron que la sentencia estaba razonablemente fundada, no existía arbitrariedad, y que la Fiscalía solo expresó juicios discrepantes, sin nuevos elementos”, dijeron cerca de los abogados de Macri.

El fiscal Mario Villar recurrió ante la Corte Suprema para evitar el cierre definitivo de la causa. Ahora, la decisión está en manos de los jueces del máximo tribunal.

El cruce de Horacio Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich por la intervención norteamericana en Venezuela fue un globo de ensayo. La senadora libertaria se burló de su comunicado por la detención de Nicolás Maduro y Larreta, su ex competidor en el PRO, aprovechó para responderle con una foto de cuando la ex ministra militaba en Montoneros. Una chicana, cuidadosamente trackeada por el equipo de comunicación larretista, con la que testear un nuevo perfil –el Larreta “combativo”– que le permita volver a gobernar la Ciudad en 2027. Para el ex alcalde porteño la campaña nunca terminó. 

La disputa por el control de la Ciudad de Buenos Aires ya comenzó y tiene como protagonistas a los tres herederos fallidos de Mauricio Macri. Larreta, por un lado, viene trabajando hace un año para recuperar el control de la Ciudad y está decidido a retomar –continuar– la campaña durante 2026. Tras haber sido electo legislador porteño con el 8% de los votos, el jefe de Gobierno porteño decidió retomar las recorridas por los barrios porteños. 

Junto a su equipo de leales –como Emanuel Ferrario, Álvaro González o Guadalupe Tagliaferri–, Larreta se reúne semanalmente con vecinos que lo ayudan a confirmar, cíclicamente, su hipótesis. Es decir: que la Ciudad tiene un problema de gestión, de la cual Jorge Macri es responsable, y que el voto libertario es más una expresión de ese déficit administrativo que de un giro a la derecha del electorado. “Siguen diciendo que hay olor a pis”, asegura uno de los dirigentes que lo acompaña, aludiendo al slogan de campaña de Larreta en la elección de 2025.

Larreta, a su vez, apuesta a reconstruir su carrera política desde la Legislatura. Tras el fracaso del proyecto presidencial en 2023, el objetivo es “hacerse de abajo” desde una banca legislativa. Preside un bloque de siete legisladores, que creó junto a Oscar Zago y la “Hormiguita” Graciela Ocaña, y pretende erguirse como fiel de la balanza de la gobernabilidad macrista. El ex alcalde no pierde el tiempo y, en su apuro, obliga a sus contrincantes a acelerar los tiempos. Incluso cuando muchos de ellos preferirían poder esperar un año para comenzar a posicionarse. 

El dilema de Bullrich

La ex ministra de Javier Milei se mueve con comodidad en su nuevo hábitat, el Senado. Su atención está centrada en aprobar la reforma laboral en febrero, pero también mira 2027. Fantasea con ser jefa de Gobierno porteño, pero no depende de ella, sino de Karina Milei.

En el bullrichismo aseguran que, esta vez, pese a su camaleónica mala fama, Patricia será orgánica a lo que decidan los hermanos Milei. “Va a ser leal, lo demostró en los últimos dos años. No tiene a donde ir y sabe que, en 2031, va a tener 75 años”, grafica uno de sus dirigentes de confianza. La ex ministra, asegura, irá a donde le digan: fue candidata a senadora nacional cuando le pidieron que fuera candidata y, si le piden que le deje el lugar en la Ciudad a Manuel Adorni, se lo dejará.

El juego de Bullrich es doble. Por un lado, buscará posicionarse como la mejor candidata para ocupar la Jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Cuenta a su favor con haber sacado más del 50% de los votos en la elección legislativa de 2025 y sabe que, si LLA observa que puede perder la Ciudad, la llevará a ella para asegurarse la victoria. 

En paralelo, sin embargo, juega a la otra alternativa: la de ser la candidata a vice de Javier Milei en 2027. En el Gobierno descuentan, casi desde que asumió Milei, que Victoria Villarruel no volverá a ocupar la boleta de LLA, y la búsqueda de una sucesora es fuente inagotable de negociaciones. Y Bullrich, que viene de competir contra Milei en la elección presidencial de 2023, es una de las que juega con ventaja.

“Desaprovechar la imagen de Patricia a nivel nacional es un pecado capital”, admite un bullrichista devenido en libertario que considera, en privado, que los Milei optarán por ofrecerle la vicepresidencia. Y que Bullrich, hasta entonces, apostará a acumular la mayor cantidad de poder interno.

La debilidad de Jorge

Quien mira con especial atención las negociaciones internas de LLA es Jorge Macri, cuya lucha por reelegir como jefe de Gobierno porteño representa, a su vez, la lucha por la supervivencia del PRO. Peleado con su primo Mauricio, que fue quien lo ubicó en la línea de sucesión porteña, Jorge está a la caza de aliados. Pese a su enojo con Larreta o Karina Milei, no descarta ninguna alianza. Las PASO abren las puertas a todo tipo de alquimias.

El contenido de la interna será, a su vez, el cariz que Macri le querrá dar a la campaña. Si es con Larreta, será una interna PRO que buscará resucitar la identidad amarilla en la Ciudad que los vio nacer. Es la línea que defiende María Eugenia Vidal, que es la única que sostiene, dentro del PRO, la necesidad de tener un candidato presidencial propio en 2027. Pero si es con LLA, como ocurrió durante las elecciones nacionales, será una pelea distinta, orientada a ver quién cataliza más el voto anti peronista. 

Macri, como Bullrich, se prepara para todos los escenarios. Tras el fracaso de la elección porteña, en la que el PRO, con Silvia Lospennato a la cabeza, sacó el 16% de los votos, Jorge empezó a hacer algunos ajustes en la gestión. La decisión más importante, sin embargo, fue dejar el control político de la Ciudad a otra persona: Jorge “el Tano” Angelici. 

El histórico operador judicial del radicalismo, ex presidente de Boca y ex vicepresidente de la AFA, es quien lleva las riendas, hoy, del gobierno porteño. Controla la Legislatura, propone funcionarios, centraliza las negociaciones políticas con LLA y media, fundamentalmente, entre los primos Macri. Jorge, que deposita sus esperanzas para reelegir en Angelici, le cedió gran parte de la responsabilidad política de la Ciudad. 

Hasta la caja de vinos navideña, que muchos funcionarios, jueces y legisladores recibieron del gobierno porteño por las Fiestas, llevaba la firma del operador judicial. En la tarjeta de felicidades firmada por Jorge Macri y su esposa, María Belen Ludueña, aparecía, al final, otro nombre: “Familia Angelici”. Los vinos eran de Cupra, la bodega de Angelici en el Valle de Uco.

MCM/MF

Juan Gabriel González tenía 45 años, trabajaba en la construcción y hacía poco había comprado una camioneta para llevar a los jóvenes que estaban con él en las obras. No querían que por cualquier excusa faltasen: su ideal era alejar a los pibes de Villa Lugano de los consumos problemáticos. “Lo daba todo por el hijo. Los llevaba a los sobrinos para sacarlos de la droga. Les daba laburo a muchos”, se lee en WhatsApp sobre él. Pero sus buenas intenciones se truncaron en plena Navidad: murió este jueves pasadas las 13 durante un operativo policial de la Ciudad de Buenos Aires en plena calle del barrio y ante los ojos de todos los vecinos. 

“Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, contó el vecino de la casa donde Gabriel cayó ante la avanzada policial. El hombre intentó reanimarlo pero fue en vano: “Le tuve que asistir ahí con una almohadita, después vino mi hermana, que es enfermera, y quisimos hacerle RCP pero los efectivos policiales no nos dejaron”. Luego habría llegado una ambulancia del SAME y en el Hospital Piñeiro constataron su fallecimiento por una herida en el tórax. Aún se aguardan los resultados de la autopsia.

En el video casero grabado desde uno de los costados del cruce de las calles Chilavert y Araujo, a Gabriel se lo ve con el torso desnudo, un short negro y descalzo. Trata de defenderse de la policía a los puñetazos. Recibe varios bastonazos y esquiva otros. Hasta que se escuchan dos disparos de armas y cae de espaldas en una vereda. Varios de los efectivos de la Ciudad aparecen con armas largas y otros continúan bajando de una camioneta negra de la policía. 

Pareció un operativo desmedido para el hecho que lo generó: una supuesta pelea vecinal. “Disturbios en la zona”, fue la explicación extraoficial ante la actuación de la División Unidad Táctica de Pacificación.

“Fue asesinado a quemarropa”, aseguró Oscar Villaverde, profesor de la escuela técnica 13 Ingeniero Jose Luis Delpini. Contó que los disparos ocurrieron luego de que Gabriel discutiera con los policías. “Mi hermano, estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos, la policía vino a matar”, denunció Daniel, unos de los hermanos de Gabriel, al sitio ANRed.

Mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada, en Lugano, para este viernes a las 16, en el círculo de Gabriel hay miedo de represalias. “Las cosas están muy difíciles. La policía está haciendo cosas terribles”, comentó una fuente en contacto con el barrio. Hubo denuncias de la izquierda, de agrupaciones que luchan contra la violencia policial como la CORREPI y de organismos de derechos humanos.

Además de Gabriel, Nelly Portillo, su esposa de 42 años, fue herida de bala. “Está detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson por ‘resistencia a la autoridad’”, denunció el CELS. Dos hombres, de 21 y 32 años, también fueron detenidos, aunque luego liberados, según fuentes policiales.

Sin un comunicado oficial de la Policía de Jorge Macri, a 24 horas del episodio una fuente en off señaló a elDiarioAR que el personal policial “no utilizó armas de fuego sino material antidisturbios”. La misma versión indica que los efectivos “comenzaron a ser agredidos físicamente y recibieron golpes de piedras y botellas”. Tres efectivos resultaron con lesiones

La policía habría entregado celulares, cámaras y los elementos antidisturbios utilizados para aportar a la investigación, que ahora lleva adelante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20 en apoyo de la Policía Federal. “Se inició un sumario interno para determinar responsabilidades”, indicó la fuente extraoficial consultada. Aunque en la Policía de la Ciudad se niega un caso de gatillo fácil, interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos de la Policía de la Ciudad.

MC

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires adjudicó la concesión del predio de Costa Salguero a una unión de empresas vinculadas a los grupos Clarín y La Nación, en una decisión que reavivó tensiones políticas y empresariales y abrió interrogantes sobre los criterios utilizados para seleccionar la propuesta ganadora.

La concesión, por diez años y con un plan de inversiones que supera los $13.200 millones, quedó en manos de Exponenciar S.A., integrada por Arte Gráfico Editorial Argentino (AGEA), del Grupo Clarín, y Publirevistas S.A., asociada al Grupo La Nación. El proyecto prevé transformar el predio en un nuevo polo de exposiciones y actividades culturales bajo la marca “Buenos Aires Ferial”, con obras que incluyen ampliación del centro de convenciones, espacios gastronómicos y áreas verdes de uso público.

Una oferta más alta, descartada

La decisión del Ejecutivo porteño generó controversia porque la empresa competidora, La Rural S.A. —vinculada al grupo IRSA de Eduardo Elsztain— había presentado una oferta económica superior: un canon mensual de $310 millones frente a los $240 millones propuestos por el consorcio ganador.

Pese a esa diferencia, la administración de Jorge Macri rechazó la impugnación presentada por La Rural y ratificó la adjudicación a Clarín y La Nación. Según la resolución oficial, la oferta La Rural “no superaba el estándar de razonabilidad” debido a dudas sobre su “viabilidad económico-financiera” para sostener el canon ofertado.

La explicación no conformó al grupo empresario, que evalúa escalar el caso a la Justicia. Voceros de IRSA señalaron que la decisión fue “irregular” y que su propuesta “era la mejor”, mientras analizan posibles acciones legales para revertir el resultado del proceso licitatorio.

Un negocio millonario y una interna que escala

La adjudicación se produce en un contexto de tensiones dentro del ecosistema político y empresarial que rodea al PRO y a La Libertad Avanza. La decisión de favorecer al consorcio ligado a Clarín y La Nación, pese a la oferta más alta de IRSA, profundizó una disputa que ya venía escalando entre ambos conglomerados, históricamente cercanos al macrismo.

El negocio no es menor: la explotación del predio, ubicado en uno de los puntos más codiciados de la Costanera Norte, representa ingresos estimados en más de $65.000 millones durante la próxima década.

El plan de Exponenciar incluye la construcción de un nuevo pabellón con terraza verde, paneles solares y sistemas de recuperación de agua de lluvia, además de la incorporación de locales comerciales, espacios culturales, senderos para bicicletas y áreas gastronómicas frente al río.

Mientras avancen las obras, el predio permanecerá abierto durante 2026 con una agenda activa de ferias y eventos.

Debate abierto: uso del espacio público y transparencia

La adjudicación vuelve a poner en discusión el destino de la Costanera Norte, un territorio históricamente atravesado por disputas entre desarrolladores privados, organizaciones ambientales y gobiernos de distinto signo. También reaviva el debate sobre la transparencia en los procesos de concesión de bienes públicos estratégicos.

Aunque el Gobierno porteño defendió la decisión como “ajustada a la ley”, la controversia promete escalar en los tribunales y en la arena política.

Voces en contra

Desde el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, sostienen que la adjudicación de Costa Salguero a manos de empresas de Clarín y La Nación “no solo reconfigura el mapa de negocios de la ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales”.

En un informe publicado por María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, se sostiene que lo sucedido “enciende las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad”. Y argumentan: “Costa Salguero trascendió su función de centro de convenciones para convertirse en un ícono de la identidad política del PRO (Propuesta Republicana). Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y posteriormente a la Presidencia, el complejo funcionó como el 'búnker' oficial del partido para las noches electorales. Allí se celebraron los triunfos de 2015 y 2017, y se procesaron las derrotas. Esta simbiosis espacial generó una percepción pública de Costa Salguero como un territorio ”propio“ del oficialismo porteño, difuminando la línea entre un espacio público concesionado y una sede partidaria de facto”.

Según el Observatorio, la propuesta inicial de los gobernantes del PRO, de la mano de la última etapa de Horacio Rodríguez Larreta como alcalde porteño, fue impulsar “una rezonificación agresiva de la Costanera Norte bajo el paraguas del ”Distrito Joven“. La pieza central de este plan era la Ley N° 6.289, aprobada en diciembre de 2019, que autorizaba la disposición (venta) de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco”.

“El objetivo era desarrollar un barrio náutico de lujo, con edificios residenciales de hasta 10 pisos, comercios y oficinas, transformando un espacio de uso transitorio en propiedad privada perpetua. El argumento oficial sostenía que la venta financiaría obras de infraestructura y permitiría integrar la ciudad al río mediante parques públicos en los espacios remanentes”, explican en su informe, aunque la propuesta “desató una movilización ciudadana sin precedentes en la historia reciente de la planificación urbana porteña” y generó que las audiencias públicas convocadas por la Legislatura para tratar la rezonificación “rompieron récords de participación, con más de 2.000 oradores inscritos y un rechazo casi unánime (98%) al proyecto de torres”.

Koutsovitis y Baldiviezo detallan en su informe que en julio de 2024, Jorge Macri “anunció oficialmente que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. 'En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones', declaró, calificando la idea de vender los terrenos para vivienda como 'un error'. Y estructuró el proceso administrativo ”como una Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de uso y explotación del Sector 5“. El contrato ahora estipulaba ”la concesión por un plazo de diez años.

El objeto es amplio: “Diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial”, lo que implica que el concesionario “no solo administra lo existente, sino que tiene la potestad (y la obligación) de modernizar la infraestructura, que data de los años 90”. La nueva propuesta “permite la explotación para ferias, congresos, eventos corporativos, espectáculos culturales y deportivos. A cambio, el concesionario debe mantener los espacios verdes circundantes y garantizar cierta integración con el parque público adyacente, aunque el núcleo del negocio sigue siendo el recinto cerrado”.

De acuerdo al informe, “la licitación atrajo a dos pesos pesados del establishment argentino, representando una colisión de intereses entre el capital inmobiliario/agrario y el capital mediático”.

Por un lado, La Rural S.A., “una alianza estratégica al 50% entre la Sociedad Rural Argentina (SRA), dueña histórica del predio de Palermo, y Ogden, un vehículo de inversión controlado mayoritariamente por IRSA (de Eduardo Elsztain, la mayor desarrolladora inmobiliaria del país y dueña de los principales shoppings) y minoritariamente por DF Entertainment (Diego Finkelstein)”.

Por el otro, “la Unión Transitoria de Empresas formada por Publirevistas S.A.U. (subsidiaria 100% de S.A. La Nación) y Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. (subsidiaria clave del Grupo Clarín)”, los gigantes multimedios, “socios históricos en negocios estructurales como Papel Prensa y, más recientemente, en Exponenciar S.A., la empresa que organiza Expoagro”.

Según los analistas, “esta concesión opera como un mecanismo de compensación o alianza estratégica. En un contexto donde la pauta oficial (publicidad estatal) está bajo escrutinio y recorte a nivel nacional por el gobierno de Javier Milei, los gobiernos locales buscan otras formas de mantener relaciones fluidas con las empresas periodísticas”. Y sostienen: “Entregar un negocio estructural y rentable a largo plazo (10 años) es una forma más sofisticada y menos visible de transferir recursos que la pauta publicitaria directa. Convierte a los medios en 'socios' del desarrollo urbano, alineando sus intereses corporativos con el éxito de la gestión de la ciudad. Además, ”la hipótesis del 'blindaje' sugiere que, al otorgar este negocio, Jorge Macri asegura un tratamiento editorial benévolo o al menos no hostil por parte de las dos redacciones más potentes del país (Clarín y La Nación) en un momento político delicado, donde su gestión busca diferenciarse y consolidarse“.

Como conclusión, para el Observatiorio del Derecho a la Ciudad, “la preadjudicación de Costa Salguero a la UTE Clarín-La Nación es mucho más que un trámite administrativo; es una radiografía del poder en la Buenos Aires de 2025. En el plano administrativo, sienta un precedente polémico sobre la capacidad del Estado para rechazar ingresos garantizados basándose en proyecciones técnicas discutibles sobre la rentabilidad ajena. En el plano urbano, consolida un modelo de ciudad donde los mejores espacios ribereños son gestionados por privados para el disfrute de un sector con capacidad de consumo, postergando la visión de una costanera pública y abierta. Y en el plano político, sella una alianza de hierro entre el macrismo porteño y el sistema de medios tradicional, construyendo un refugio mutuo ante la incertidumbre de la era Milei”.

“El futuro inmediato deparará batallas legales por parte de La Rural y escrutinio legislativo por parte de la oposición. Pero si la adjudicación se confirma, Clarín y La Nación pasarán de ser los narradores de la realidad argentina a ser los anfitriones físicos de sus eventos más importantes, operando desde uno de los terrenos más valiosos de la capital. La Ciudad, por su parte, habrá asegurado un socio potente, sacrificando caja inmediata a cambio de capital político y estabilidad estratégica”, concluyeron.

Con información de agencias y el Observatiorio del Derecho a la Ciudad.

Un operativo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires este 25 de diciembre en Villa Lugano terminó con un hombre muerto y vecinos denuncian que se trató de un caso de gatillo fácil. Este viernes por la tarde hay una manifestación para exigir justicia.

Imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por medios alternativos muestran el momento en que efectivos policiales avanzan sobre un grupo de personas desarmadas y, tras una serie de detonaciones, un hombre identificado como Gabriel González cae herido de gravedad. Familiares y vecinos señalan que el hombre no portaba armas y que la intervención de la fuerza fue desmedida.

Organizaciones de derechos humanos como CORREPI denunciaron que se trató de un gatillo fácil policial, y convocaron a una movilización en el cruce de avenidas Cruz y Escalada para este viernes a las 16 horas, con el objetivo de exigir verdad y justicia por lo ocurrido.

Desde la Policía de la Ciudad no respondieron a elDiarioAR las consultas al respecto. Fuentes judiciales consultadas por otros medios indican que la causa está siendo investigada y que aún no hay una versión única sobre las circunstancias de la muerte. Según una de las líneas de investigación, el hecho se habría producido durante un operativo policial tras un llamado por un supuesto incidente menor en la zona.

La agencia NA consignó que la víctima podría haber sufrido una herida con arma blanca o un golpe de bastón policial antes de fallecer. En el video difundido se ve a González caer de espaladas frente a varios efectivos. Organizaciones sociales y vecinos sostienen que la intervención policial fue desproporcionada, y que González fue baleado aun cuando no representaba una amenaza.

La muerte de González se suma a reclamos de larga data de sectores de la sociedad civil contra prácticas de violencia institucional por parte de la Policía de la Ciudad en barrios populares porteños. Las organizaciones convocantes denuncian patrones repetidos de uso excesivo de la fuerza y impunidad.

Los familiares de la víctima y grupos comunitarios convocaron a una concentración este viernes por la tarde para exigir que la causa avance sin dilaciones.

MC

Diego Santilli finalmente recibió este mediodía a Jorge Macri en la Casa Rosada. Era uno de los mandatarios con el que aún le faltaba reunirse desde que asumió en el Ministerio del Interior. El jefe de Gobierno porteño llegó minutos antes de las 12, atravesó el Salón de los Bustos y fue al despacho del funcionario acompañado por su mano derecha, Gabriel Sánchez Zinny, y el titular de Hacienda local, Gustavo Arengo. En la mesa lo esperaban también Manuel Adorni y Pilar Ramírez, la referente porteña de La Libertad Avanza, cuya presencia terminó de confirmar el carácter político del encuentro. Al retirarse por el Patio de las Palmeras, Macri lo definió como una “buena reunión”.

El temario estuvo atravesado por dos discusiones sensibles: el respaldo al Presupuesto 2026, que el Gobierno buscará aprobar en extraordinarias desde el 10 de diciembre, y la demorada transferencia de los fondos coparticipables que Nación adeuda a la Ciudad. La administración porteña volvió a insistir en la restitución del porcentaje histórico y en un mecanismo de pagos semanales que cumpla con el fallo de la Corte Suprema. Los equipos técnicos de ambas jurisdicciones ya habían retomado el diálogo el martes, sin avances concretos, tras la foto entre Macri y Luis Caputo por la deuda que CABA calcula en unos $274.000 millones.

En paralelo, el jefe de Gobierno dejó planteadas otras demandas de autonomía: autorización para créditos internacionales, traspaso de competencias judiciales, control del puerto y transferencia de bienes. Santilli encara el desafío de equilibrar los reclamos del PRO con las restricciones fiscales que impone Economía, mientras la Casa Rosada acelera la búsqueda de votos para la “ley de leyes” y las reformas de “segunda generación”, como la laboral y la fiscal.

El diálogo con Macri llega en un momento de tensión entre la administración porteña y La Libertad Avanza, después de que un grupo de diputados referenciados en Cristian Ritondo saltara hacia el oficialismo y le permitiera a Martín Menem asegurarse la primera minoría en Diputados. En el PRO respondieron con el armado de un interbloque propio con la UCR y el MID, y remarcan que mantendrán una bancada “ordenada y sin sobresaltos”, destinada a defender el modelo amarillo frente al avance libertario.

En ese clima, el encuentro de este mediodía funcionó como un gesto político mutuo: Santilli completa su ronda con un socio central del ecosistema opositor aliado. Macri, en tanto, preserva canales abiertos en un momento de disputa por influencia legislativa y de negociación por recursos que considera impostergables.

PL/MC

Jorge Macri decidió avanzar en una ronda de negociaciones con los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) con el objetivo de destrabar el tratamiento del Presupuesto porteño 2026, una pulseada que expone la fragilidad del bloque amarillo en la Legislatura.

La tensión en la negociación quedó expuesto porque este jueves la “Labor Parlamentaria” prevista inicialmente para las 9.30 se reprogramó para el mediodía, en un gesto de “última chance” para acordar los términos impositivos que exige LLA. Con un consenso logrado a regañadientes, la sesión para aprobar la ley de leyes local se habilitó para esta tarde desde las 14.

Fuentes de la Legislatura aseguraron a elDiarioAR que el macrismo tendría finalmente los votos tras un acuerdo con LLA y el radicalismo de Martín Lousteau.

Lo que piden los libertarios

El bloque violeta exige una reducción más agresiva de impuestos clave: reclaman una merma sustancial de Ingresos Brutos y Sellos, e incluso la eliminación del gravamen para el sistema financiero, con el argumento de que “la gente pague menos en los intereses” de los créditos. También demandan la ampliación de exenciones para personas jurídicas. Además, insisten en incluir en la agenda local pendientes estructurales como la discusión de la llamada “Ley Bases porteña”.

En paralelo, los libertarios aspiran a negociar cargos clave de autoridades y comisiones para el período que arrancará en diciembre, lo que convertiría su apoyo en moneda de cambio política de alto valor.

Jorge Macri depende de la voluntad de la karinista Pilar Ramírez, con quien está enfrentado hace dos años.

Una Legislatura en crisis para Macri

El escenario deja en evidencia que Jorge Macri ya no sólo debe negociar con aliados débiles: también enfrenta una crisis interna en su propio bloque. Tal como anticipó elDiarioAR, la fractura entre los primos Macri —él y Mauricio Macri— sumada a la falta de consenso interno debilita su capacidad de maniobra.

En ese contexto, los libertarios de LLA se comportan “como oposición”: exigen más concesiones y, hasta ahora, no dan signos de respaldo firme. Uno de los legisladores de LLA —cercano a la conducción del bloque— admitió que están “exprimiendo” al PRO con la excusa de “bajar impuestos”, en referencia al Presupuesto.

Más allá del Presupuesto: el 2027

El conflicto por el Presupuesto porteño no es un episodio aislado: revela una sangría estructural del macrismo en CABA. El ala encabezada por Horacio Rodríguez Larreta ya se posiciona como tercera fuerza en la Legislatura, con ambiciones de volver a disputar la gobernación de la Ciudad en 2027.

Los libertarios, por su parte, ganan protagonismo: sus exigencias fiscales, su respaldo condicionado y su control de votos clave los convierten en árbitros de facto del destino legislativo de la Ciudad. Pero con ello también tensionan aún más la gobernabilidad dentro del oficialismo porteño.

MC

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, calificó como “positiva” la reunión que mantuvo con el ministro de Economía, Luis Caputo, en la que dialogaron sobre la coparticipación y un posible acuerdo por la deuda que aún tiene el Gobierno nacional con su distrito.

Luego del encuentro, informaron fuentes de la Ciudad que “seguirán trabajando para encontrar un acercamiento” respecto a la coparticipación y el financiamiento.

Macri solicitó al Ejecutivo nacional que “normalice los pagos, salde la deuda atrasada e incluya la partida correspondiente en el Presupuesto 2026” debido a que, desde agosto, adeuda $274.000 millones por las transferencias semanales del 1,55% de la Coparticipación acordadas tras un fallo de la Corte Suprema.

En la misma línea, pidió incluir la cifra adeudada en el proyecto del Presupuesto del año próximo para “asegurar su continuidad” y que se cumpla con lo dispuesto por el máximo tribunal.

En el encuentro llevado a cabo en el Palacio de Hacienda, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Justicia, Gabino Tapia; el ministro de Hacienda porteño, Gustavo Arengo; el secretario de Hacienda de Nación, Carlos Guberman; y la subsecretaria de Coordinación Fiscal, Valeria Sánchez.

El Gobierno de la Ciudad mantiene el reclamo judicial de fondo por el reintegro de 6.000 millones de dólares, en concepto de la deuda originada “por la quita inconstitucional”, que redujo “arbitrariamente” la Coparticipación del 3,5% al 1,4% en 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. Paralelamente, reivindica “la restitución del 3,5%” mediante transferencia diaria del Banco Nación.

Con información de la agencia NA