El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, protagonizó este martes un llamativo furcio durante un homenaje a Jorge Luis Borges en Madrid, España. Mientras leía su discurso en el Instituto Cervantes, el funcionario confundió en dos oportunidades el nombre del escritor argentino y lo llamó “José Luis Borges”, ante la presencia de autoridades culturales y familiares de María Kodama.

El episodio ocurrió durante una ceremonia en la que se incorporaron objetos personales de Borges y de su esposa, María Kodama, a la Caja de las Letras, el espacio del Instituto Cervantes destinado a preservar el legado de destacadas figuras de la cultura.

El primer error se produjo cuando Macri agradeció la presencia de María Victoria y Mariana Kodama, sobrinas de la viuda del escritor, y mencionó a la “Fundación Internacional José Luis Borges”.

Sin advertir la equivocación, volvió a repetirla instantes después, cuando destacó el vínculo del autor de Ficciones y El Aleph con la ciudad de Buenos Aires.

“José Luis Borges pertenece a Buenos Aires por nacimiento, a Argentina por identidad, pero al mundo por la dimensión universal de su literatura”, afirmó el mandatario porteño.

El doble furcio quedó registrado en video y rápidamente comenzó a circular por las redes sociales. Según relató el diario La Nación, el director del Instituto Cervantes, el escritor español Luis García Montero, inclinó la cabeza para disimular una sonrisa, mientras que ninguno de los asistentes corrigió al funcionario.

El homenaje contó también con la participación de la ministra de Cultura porteña, Gabriela Ricardes, y otras autoridades. Durante su intervención, Macri elogió la iniciativa del Instituto Cervantes de conservar objetos de valor histórico y literario y planteó la posibilidad de desarrollar una experiencia similar en Buenos Aires.

“A ver si me llevo esta idea maravillosa para Buenos Aires, si nos permiten copiarles la idea”, expresó.

El jefe de Gobierno se encuentra en Madrid para participar del II Encuentro de Ciudades Iberoamericanas, en su carácter de copresidente de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI).

Un error con antecedentes

La confusión entre Jorge Luis y José Luis Borges no es nueva entre los dirigentes políticos. En 1955, durante el nombramiento del escritor como director de la Biblioteca Nacional, el entonces subsecretario de Instrucción Pública, José Manuel Saravia, también lo llamó “José Luis”, según quedó registrado en los diarios de Adolfo Bioy Casares.

El expresidente Mauricio Macri, primo del actual jefe de Gobierno porteño, cometió el mismo error en una intervención pública. Incluso el rey Felipe VI de España incurrió alguna vez en ese furcio.

Otros dirigentes protagonizaron equivocaciones al referirse a la obra del escritor. Carlos Menem y Alberto Fernández, por ejemplo, hablaron de las novelas de Borges, aunque el autor nunca publicó una novela.

El episodio de este martes sumó así un nuevo capítulo a una extensa serie de confusiones públicas en torno a uno de los nombres más reconocidos de la literatura argentina.

El gobierno porteño volvió a desatar un operativo de criminalización de barrios populares. Este jueves se repitió “Tormenta Negra”, el megadespliegue de más de 1.500 policías y agentes de control en 15 villas en la Ciudad. Es la segunda vez en cuatro meses que Jorge Macri recurre a esta puesta en escena: la primera fue el 14 de mayo, con el mismo número de efectivos y casi la misma lista de barrios.

El operativo comenzó pasadas las 18 y alcanzó a la Villa 31, la 21-24, La Carbonilla, Fraga, Rodrigo Bueno, el Barrio Mitre, Ciudad Oculta, la Villa 20, INTA, Bermejo, Padre Mugica, la 1-11-14, Cildañez, Los Piletones y Fátima. Participaron la Policía de la Ciudad, la Agencia Gubernamental de Control, Tránsito, Espacio Público, Bomberos, el SAME y la PROCOM. Otros 1.100 efectivos se apostaron además en accesos y centros de trasbordo del Metrobús. “AHORA. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de esta ciudad. No hay excepciones”, lanzó Macri en redes sociales a las 20 de este jueves para anunciar el operativo.

El balance oficial que trascendió fue de 17 detenidos: 11 por comercialización de estupefacientes, 3 por tenencia, 2 por tentativa de robo (uno de ellos un adolescente de 17 años) y uno con pedido de captura vigente. Se secuestraron 192 vehículos, se inspeccionaron 30 comercios y se clausuraron 12, entre kioscos, almacenes, metalúrgicas, locales de celulares y peluquerías. En la Villa 31 se cerraron seis corralones y se recuperaron 335 dosis de cocaína y crack.

Macri eligió un tono épico para presentarlo. “Delincuentes, autos y celulares robados, construcciones ilegales, basura en la calle: en nuestra Ciudad eso no va más”, afirmó, y agregó: “Yo fui muy claro cuando me votaron: dije que voy a recuperar el orden y lo estamos haciendo”.

Con 1.500 efectivos y 17 detenidos, la relación es de alrededor de 88 agentes por cada arresto, y solo 11 de esos detenidos están vinculados con la venta de drogas. En mayo el saldo había sido de 27 detenidos, 113 motos y 64 autos secuestrados, 25 comercios clausurados y cuatro búnkers cerrados. Entonces, el propio Macri había dicho que “nunca antes hubo un operativo como este”.

“El acoso de Macri a los vecinos de las Villas de la Ciudad es un acto de prepotencia y una escenificación con la que cree que podrá tapar sus fracasos. Es una verguenza total. Amedrenta a familias trabajadoras, hace sufrir y asusta a niños, persigue por el color de piel o por el lugar de nacimiento”, cuestionó el operativo la legisladora porteña Vanina Biasi.

También hubo fuertes críticas desde el peronismo porteño. “Se desplegaron una cantidad exorbitante de recursos y efectivos policiales para alcanzar resultados casi nulos”, denunció el bloque Fuerza Buenos Aires de la Legislatura de la Ciudad. “La verdadera tormenta negra es la que enfrentan todos los días miles de trabajadores y trabajadoras de nuestra Ciudad”, señalaron los legisladores en un comunicado, que aseguraron que en los operativos policiales “se golpea a quienes trabajan, se atemoriza a las familias y hasta se lesiona con balas de goma a mujeres que van a la iglesia”.

El anterior operativo también había sido duramente criticado. El padre José María “Toto” de Vedia, referente de la Villa 31, lo describió como “más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia”. El diputado nacional Itai Hagman puso el foco en la desproporción y en el impacto sobre los vecinos: “Destruyeron casas y se robaron la mercadería de muchos laburantes”.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, cuestionó el fallo de la jueza Laura Beatriz De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3, que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil y anunció que pedirá su juicio político.

“Estos jueces garantistas defensores de delincuentes tienen que quedar en evidencia. Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, afirmó Macri.

El jefe de Gobierno porteño usó sus redes sociales para citar a La Nación con la noticia sobre la resolución de la jueza Laura De Marinis, quien declaró la inconstitucionalidad del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un menor de 14 años acusado por un robo en grado de tentativa.

El mandatario porteño sostuvo además que “la gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito”.

“No voy a pedir perdón por defender a los porteños de bien”, agregó Macri al cuestionar la resolución judicial.

Para Macri, el fallo es “una barbaridad, una aberración”

Más tarde, en declaraciones a TN, Macri remarcó: “A mí me van a ver del lado de cuidar a la gente bien. Yo no voy a pedir disculpas ni perdón por defender a los porteños de bien. Y si eso requiere la discusión política con la Justicia, lo voy a hacer, porque la inmensa mayoría de la sociedad quiere vivir en paz”.

“Y esta lógica de justificar al delincuente es una lógica que no tiene más espacio, de lo que nos estamos olvidando es de la víctima. La jueza se lava las manos, es Pilato: no le importa la víctima ni el delincuente. Ella decidió no cuidar a nadie”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño consideró que el fallo es “una barbaridad, una aberración” y sostuvo que “la jueza se extralimita”.

“Desgraciadamente, estamos acostumbrados a estos jueces que en lugar de respetar y hacer cumplir la ley, la quieren reinterpretar. Si quieren escribir leyes, tienen que ir al Congreso, tienen que ser diputados, senadores. Una vez que el marco legal está establecido, tienen que aplicar la ley”, afirmó.

Asimismo, indicó: “La jueza tiene contradicciones permanentes. Ella habla de que este delincuente está en una situación de indefensión, de riesgo, y lo vuelve a dejar en esa situación. Cuando la ley que se aprobó, justamente, permite que haya medidas de cuidado para el chico, podría ser desde tareas comunitarias, hasta medidas de cuidado y de tratamiento. No es que si ella lo declara culpable, sí o sí tiene que ir detenido”. 

“Esta ley tiene herramientas que le dan a esta jueza, si realmente le importa al chico, la posibilidad de protegerlo. La jueza deja a la sociedad en indefensión, porque acaba de dejar a un delincuente en libertad y deja a ese chico en la indefensión en la que ella misma describe: no hay racionalidad alguna. Nadie dice que a este chico haya que mandarlo a Guantánamo, pero el mensaje de no tener consecuencias frente a lo que hacés... yo no entiendo en qué parte ella está actuando como adulta”, señaló el mandatario porteño.

Jorge Macri anticipó que pedirá “un juicio político” contra la magistrada porque se trata de “un listado de barbaridades”, al tiempo que reveló que instruyó en ese sentido “al ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia”.

“La jueza dice, ´Acá hay una ley, pero yo no la voy a aplicar´. Por eso vamos a pedir el juicio político porque la jueza no está cumpliendo con la ley. Veremos quién levanta la mano y quién no para el juicio político. Lo bueno de esto es poner en blanco sobre negro y saber quién se para del lado de los delincuentes y quién se para del lado de los porteños de bien. Además, vamos a apelar. Y es una gran oportunidad para discutir qué tipo de jueces queremos”, remarcó.

Para el jefe de Gobierno, “parece que buscan notoriedad en la defensa de un garantismo, quedar bien, tratar de jugar para su propia tribuna”.

“Acá hay una clara intencionalidad y un sesgo político que pone siempre al delincuente como víctima. Viven en el reino del revés”, añadió.

Por último, afirmó que “si es como ella dice, que un chico tiene una adicción, que por eso comete delito, que no tiene más remedio, entre comillas, como ella trata de citar, que cometer delito para sostener esa adicción, que es un problema de salud mental, con más razón debería tomar una medida de cuidado”.

“Si ella sabe que ese chico está en riesgo, es una locura que lo deje en libertad para que siga cometiendo delitos. Y, de nuevo, ojo, que este chico puede volver a salir, puede no haber un policía justo en la esquina, puede robar y, efectivamente, terminar cometiendo ese delito. Este caso se impidió porque había un policía cerca, pero este chico puede llegar a lastimar, dañar a alguien. La jueza se olvida justamente de la víctima, dice que apenas sufrió un estrés y el delito no llegó a ocurrir. ¿Por qué no llegó a ocurrir? Porque el señor corrió y porque vio un policía cerca, o sea, que haya policía se transforma en un problema”, concluyó.

El ministro de Justicia de la Ciudad promoverá el juicio político contra la jueza De Marinis “a título personal”

El ministro de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Gabino Tapia, dijo que presentará a título personal un pedido de juicio político contra la jueza Laura Beatriz de Marinis, a la vez que mostró su indignación por el fallo de la magistrada que declaró la inconstitucionalidad del Régimen Penal Juvenil.

“Estamos indignados porque este tipo de fallos ponen en crisis todo un trabajo que se viene haciendo, que se hizo en el Congreso Nacional, que bajó la edad de imputabilidad para que aquel que no cumple la ley tenga sus consecuencias”, aseveró el funcionario porteño en declaraciones radiales.

Además, Tapia manifestó que “los jueces no están para interpretar la ley, porque para eso están los legisladores” y dijo que va a estar “presentando a título personal el pedido de jury a esta jueza para que el Consejo de la Magistratura de la Ciudad analice e interprete” alegando que “ese es el tipo de procedimiento, si esta jueza cumplió o no con su tarea”.

En tanto, el ministro de Justicia de la Ciudad dijo que el pronunciamiento de De Marinis “ningunea un debate que se dio en el Congreso”, a la vez que remarcó: “Así como trabajamos para que el delincuente o aquel que incumpla la norma tenga sus consecuencias, también, si hay algún juez que no está cumpliendo o aplicando la norma y se dedica a interpretarla, vamos a trabajar para que tenga sus consecuencias”.

“Es un fallo de primera instancia que se aplica primero y principal a este único caso, es decir, que la ley está vigente en la Ciudad”, expresó en diálogo con radio Mitre al indicar que la decisión judicial no suspendió la vigencia de la Ley Penal Juvenil en el territorio porteño.

La identificación días atrás del comisario Gustavo Antonio Gauna, director general de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, como uno de los efectivos que disparó vestido de civil durante la represión del 6 de agosto frente al Congreso reabrió una pregunta que se repite desde el 10 de diciembre de 2023, cuando entró en vigencia el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: quién da la orden, quién la ejecuta y quién responde por ella cuando un operativo termina con manifestantes heridos.

La reconstrucción de esa cadena de mando avanza de manera desigual. No existen identificaciones nominales oficiales de la primera etapa del protocolo y hay que apelar al trabajo de organizaciones civiles para hallar a las caras detrás de cada acción represiva, una reconstrucción que se aceleró de manera colectiva a partir del ataque a Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025.

Ese día, un disparo de gas lacrimógeno del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero hirió gravemente al fotógrafo, que perdió parte de la masa encefálica. Guerrero fue identificado días después y hoy está procesado por lesiones gravísimas, con juicio oral pendiente, y transita sus días cumpliendo funciones en Santiago del Estero, según supo elDiarioAR.

Pero la causa no terminó en él: la querella de la familia Grillo pidió investigar también a los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que estuvieron junto a Guerrero cuando disparó en un ángulo prohibido y no lo frenaron –en los videos se ve a Kozak señalarle hacia dónde tirar y darle una palmada de aprobación después–; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, y al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, que llegó a la zona después del ataque y, según la querella, no ordenó bajar la represión.

En ese mismo operativo aparece por primera vez, de manera documentada, un nombre que se repite en casi todos los casos relevados: el comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, jefe del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía Federal, con sede en Cavia. Perillo Scampini llegó al cordón de gendarmes minutos antes del disparo de Guerrero y actuó dando órdenes en el terreno, con el deber de controlar a los efectivos a su cargo.

La lupa en Perillo Scampini

No es la primera vez que su nombre queda ligado a un operativo cuestionado: en septiembre de 2024, un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño y otros) ya pedía su destitución –junto a la entonces ministra Bullrich, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle– por el operativo represivo del 11 de septiembre de ese año, en el que un agente roció con gas pimienta a una niña de 10 años frente al Congreso. Es decir: la identificación pública de Perillo Scampini como responsable operativo en el terreno es anterior al caso Grillo, aunque haya sido este último el que instaló el patrón de reconstrucción de imágenes que usa hoy el Mapa de la Policía.

El legajo personal de Perillo Scampini, al que accedió elDiarioAR, muestra una carrera hecha casi por completo en infantería y control de manifestaciones: ingresó como cadete en 1992, pasó por el Cuerpo Guardia de Infantería desde 2002, fue nombrado jefe de sección de ese cuerpo en 2015 y 2017, y llegó a jefe del Departamento en noviembre de 2022. Su último ascenso, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2022, fue formalizado por el decreto 75/2023, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández y refrendado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, en base a un pedido elevado por la jefatura de la Policía Federal.

El legajo también registra una carrera con roces disciplinarios, aunque de otro tipo: no hay sanciones por violencia contra manifestantes, sino una seguidilla de faltas administrativas –de entre dos y ocho días– por llegadas tarde y negligencia en la confección de expedientes, que en 1998 le valieron una calificación de “apto para el servicio con observación” con severa exhortación por reiteración de faltas. El antecedente más serio data de 2014: como jefe de servicios de un grupo operativo del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención, no dejó constancia de la desafectación de personal policial que era enviado a eventos deportivos por servicio adicional, lo que derivó en una causa por presunta defraudación contra la administración pública.

La Justicia penal lo sobreseyó en octubre de 2015, pero la fuerza igual lo sancionó administrativamente con cinco días de arresto en 2016. En paralelo, acumuló distinciones: al menos cuatro diplomas “al mérito” entre 2010 y 2021, y una condecoración por su “compromiso con la seguridad de los ciudadanos” en septiembre de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei. Un mes después, en el acto por el 203° aniversario de la Policía Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo distinguió en persona, en un acto encabezado por el Presidente, por su desempeño “en los servicios donde habitualmente se desarrollan manifestaciones de gran magnitud y complejidad”.

Gauna, el tirador de civil

El tirador de civil Gauna, en cambio, es comisario inspector y está al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales, un área que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales –hoy a cargo del comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal– y que, según el Estatuto de la PFA, tiene la misión de investigar delitos federales y organizaciones criminales complejas en articulación con juzgados, fuerzas provinciales y agencias de narcotráfico: un puesto pensado para el trabajo de inteligencia, no para el control de manifestaciones.

Según pudo reconstruir el colectivo de identificación Áncora, que releva sistemáticamente estos casos, Gauna fue promovido de subinspector a inspector en marzo de 2003 y de inspector a principal en abril de 2009, ambos ascensos publicados en el Boletín Oficial. Entre 2010 y 2023 fue jefe de la División Homicidios y después pasó a estar a cargo del área de Trata de Personas, dos destinos que lo mantuvieron lejos, al menos en el organigrama, de las tareas de infantería y contención de manifestaciones que sí forman parte de la función de Perillo Scampini.

Su perfil público lo muestra, además, con exposición mediática y cercanía a la conducción política de la fuerza: en 2024 apareció junto a la entonces ministra Bullrich al frente de la mesa de investigaciones unificadas por el caso Loan, opinó como “experto” en Infobae sobre el asesinato de Lucas González, jugador de Barracas Central, y participó de una capacitación conjunta con la ANMAT. Según el relevamiento de Áncora, también fue fotografiado en la represión del 19 de febrero contra la reforma laboral con un arma del mismo calibre que la usada el 6 de agosto –aunque en esa ocasión con una identificación visible colgada del cuello– y estuvo presente en el operativo de detención de Juan Grabois en el Instituto Perón, donde figura entre los efectivos atendidos por heridas en el hospital Churruca, junto a su jefe directo, De Cristóbal. Ese historial es lo que llevó a Áncora a preguntarse por qué el jueves apareció con una posición más protagónica que la de Perillo Scampini, el jefe de calle habitual de estos operativos.

Otros federales identificados

A la lista de agentes identificados en la represión del 12 de marzo de 2025 se suman, además de Guerrero, el prefecto Sebastián Martínez, de la Agrupación Guardacostas, que disparó e hirió en un ojo a Jonathan Navarro y fue citado a indagatoria en agosto de ese año, y Nicolás Emanuel Céspedez, procesado por el golpe a la jubilada Beatriz Blanco. El Mapa de la Policía también identificó a un agente de la Federal que hirió al manifestante Rodrigo Troncoso ese mismo día con un disparo en el ojo. Sin lograr revelar su placa, la organización civil lo identificó en un video de reconstrucción como “Tirador PFA B”. Sí lograron identificar a un segundo agente que dispara balas de goma, coon el brazalete L. L. Núñez (no se conoce su nombre completo). Ambos reaparecieron en la represión del 6 de agosto pasado por la Ley de Propiedad Privada.

De otros operativos aún se busca la identidad de un agente del Departamento de Operaciones Urbanas de la Policía de la Ciudad que fracturó el tobillo de la fotoperiodista Cintia Castellanos en junio de 2025.

El modus operandi Federal-Ciudad

Según Maximiliano Ledesma, sociólogo e integrante de la organización Mapa de la Policía, el reparto de tareas entre fuerzas federales y porteñas sigue un patrón en cada operativo: las tres fuerzas nacionales –Policía Federal, Gendarmería y Prefectura– despejan primero la plaza del Congreso, y recién después la Policía de la Ciudad “terceriza” el control del resto del perímetro del microcentro, desde Sáenz Peña y avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, y desde Mitre hacia avenida Corrientes.

Ese reparto quedó a la vista el 6 de agosto pasado, cuando un hidrante porteño circuló en contramano por Avenida de Mayo. En la Ciudad, ese operativo recae en buena medida sobre las comisarías de la zona: la Comisaría Comunal 1 Sur, con sede en Perú 1050 y a cargo del comisario inspector Raúl Damián Antonio Niz, y la Comisaría Vecinal 1A, en Suipacha 1156, a cargo del comisario Daniel Enrique Ferreyra, además de la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención de la Superintendencia de Orden Urbano, que conduce el comisario inspector Hugo Gabriel Infante.

Sobre el número de efectivos movilizados no hay una cifra única. Para las marchas de jubilados de marzo de 2025 se habló de hasta 1.500 efectivos federales; en la protesta por la reforma laboral, en febrero de este año, distintos medios contaron cerca de 2.000 agentes entre fuerzas nacionales y porteñas combinadas, y en operativos puntuales se documentó un esquema de aproximadamente 720 de la Policía Federal y 400 entre Gendarmería y Prefectura, a los que la Ciudad sumó 900 uniformados y 600 agentes de tránsito.

El CELS documentó de forma sistemática cada operativo. Según un informe publicado en julio pasado, el Ministerio de Seguridad destinó más de $2.000 millones a los operativos de las protestas de jubilados frente al Congreso. Las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre del año pasado, con un promedio de 915 efectivos por jornada. Cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento, aunque el CELS sostuvo que el monto informado no refleja el costo total de los despliegues: “Esta cifra es conservadora”.

La cadena de mando

Hoy, la cadena de mando comienza con Alejandra Monteoliva como reemplazante de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad en diciembre pasado. Luis Rolle sigue como jefe de la Policía Federal pese a haber estado a un paso de la renuncia en 2024, cuando se supo que fue él quien filtró un video adulterado para desligar a la fuerza del ataque con gas pimienta a la nena de 10 años; Claudio Brilloni continúa al frente de la Gendarmería Nacional y Guillermo Giménez Pérez de la Prefectura Naval. La Policía Federal es la fuerza a cargo del comando unificado, con Perillo Scampini al mando en el terreno.

En la Ciudad, bajo la jefatura de gobierno de Jorge Macri, el ministro de Seguridad porteño es Horacio Giménez, el secretario de Seguridad es Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad es Diego Ariel Casaló. Son, en definitiva, los nombres que están detrás de cada decisión operativa que termina, con demasiada frecuencia, con manifestantes heridos frente al Congreso.

El contraste salarial es uno de los datos menos difundidos de estos operativos. El sueldo de gendarmes y prefectos cayó un 31% en términos reales desde que asumió Milei, sin ningún aumento en lo que va de 2026 pese a una inflación acumulada de al menos 9% solo en el primer trimestre. La bronca escaló a un hecho inédito: en abril las cinco fuerzas de seguridad federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario– convocaron por primera vez de manera conjunta a una protesta con un abrazo simbólico al edificio Centinela de Retiro, sede de Gendarmería. A la par, la obra social de las fuerzas de seguridad –separada este año de la de las Fuerzas Armadas tras el vaciamiento de Iosfa– arrastra un colapso que golpea también al Hospital Churruca, el centro de referencia médica policial.

En la Ciudad el cuadro es distinto: el sueldo de un oficial recién egresado de la Policía porteña ronda el millón y medio de pesos netos, muy por encima del de sus pares federales, algo que el propio Jorge Macri exhibe como argumento para captar postulantes. Es, en definitiva, la otra cara de la saturación de agentes en cada movilización: policías de a pie que reprimen reclamos salariales y jubilatorios ajenos mientras los suyos cayeron por debajo de la línea de pobreza.

MC

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, calificó como “delincuentes anarquistas” a los manifestantes que este jueves provocaron disturbios en las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores trataban el proyecto de Propiedad Privada.

“Son enemigos de nuestro estilo de vida”, añadió Macri, quien una vez más recurrió a la red social X para expresarse sobre lo sucedido a lo largo de toda la jornada y justificó el accionar de la policía al decir que los agentes “tienen la orden clara: hacer cumplir la ley y defender a esta ciudad de los violentos que pretenden destruirla”.

“Quemaron contenedores, rompieron veredas, destrozaron patrulleros y atacaron a la policía. El debate se da dentro del Congreso o se manifiesta de manera pacífica. Quienes alteran el orden de manera violenta y agreden son delincuentes anarquistas. Son enemigos de nuestro estilo de vida”, agregó en su mensaje.

El saldo de los enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad dejó una docena de detenidos, algunos de los cuales habían arrojado todo tipo de proyectiles y causaron destrozos en los alrededores del Congreso.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo con 820 oficiales por las manifestaciones de diversas organizaciones en contra del proyecto que se debatía en el Senado.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó este jueves que su administración va a continuar con los operativos de seguridad “en las villas y en cualquier barrio” donde el mapa del delito indique que se concentra la delincuencia. También aseguró que “no hay que descartar” un acuerdo electoral entre el PRO y La Libertad Avanza hacia 2027. Las declaraciones profundizan una serie de gestos y definiciones de las últimas semanas que lo muestra cada vez más alineado al discurso ultra de Javier Milei.

Macri afirmó este jueves que “las relaciones con La Libertad Avanza son buenas” y que “no hay que descartar” un acuerdo electoral de cara a 2027, en declaraciones a Radio Rivadavia. El jefe de Gobierno porteño enmarcó esa posibilidad en lo que definió como una amenaza común: “No hay que descartarlo porque el gran desafío es no volver al pasado, no volver al kirchnerismo y al populismo, que nos dejó un país devastado con niveles de emisión e inflación descontrolados”. Agregó que la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete nacional “también ayuda” a esa cercanía y que “hay muchos puntos de vista en común” entre el PRO y La Libertad Avanza, aunque “puede haber algunas diferencias”.

También salió a desmentir versiones sobre un distanciamiento con su primo, el expresidente Mauricio Macri: “Con Mauricio estamos muy bien, siempre me ayuda a pensar, y tiene un rol muy importante en el PRO”.

En el mismo reportaje, Macri redobló un discurso que estigmatiza al conurbano bonaerense como fuente de los problemas porteños. “El estilo de vida del porteño se ve afectado por una forma de vida del Conurbano, de desorden y abandono, que quiere avanzar sobre la Ciudad para que no sea el espejo en el que no se quieren mirar, porque la Ciudad pone la vara muy alta”, sostuvo. Y remató: “No lo vamos a permitir, como no permitimos las casas ocupadas ni manteros que hoy se habían naturalizado, y hoy no están más”.

Sobre seguridad, ratificó que los operativos continuarán “en las villas y en cualquier barrio” donde el mapa del delito señale concentración de delincuencia: “Vamos a defender el estilo de vida de la Ciudad, en paz y con orden. Sabemos dónde se esconde el delito”. Mencionó un operativo de este miércoles en la villa 1-11-14 y aclaró que los despliegues también alcanzan a barrios como Balvanera, Constitución, el Bajo Flores o Liniers. La frase que cerró el bloque de seguridad fue la más directa: “No vamos a permitir que lo peor del Conurbano se instale en la ciudad”.

En salud, Macri explicó que la atención ante una urgencia o emergencia será igual para cualquier paciente, pero que los turnos programados seguirán bajo el esquema de “prioridad al porteño”. La definición llegó como respuesta a un cuestionamiento de Horacio Rodríguez Larreta, quien había señalado que durante su gestión “no se dejó de atender a ningún niño con fiebre porque no fuera de la Ciudad”. Macri calificó esa comparación de “chicana” y de no comprender “cómo funciona el sistema”: “Nosotros le vamos a dar prioridad al porteño en un sistema inteligente que priorice su atención, y esto no tiene que ver ni con el SAME ni cuando hay emergencias. Además estamos aumentando la oferta de turnos, hemos roto con el concepto de que el hospital está solo abierto de mañana, ahora funciona también a la tarde y estamos haciendo inversiones récord en el sistema de salud”.

Clara Muzzio respondió con un extenso posteo en X a la ola de críticas que generaron sus declaraciones de la semana pasada, cuando calificó a la Educación Sexual Integral (ESI) como “una trampa mortal” y al aborto como “la cultura de la muerte”. En el texto, la funcionaria denunció haber recibido, junto a su familia, mensajes que le “deseaban la muerte”, y sostuvo que la reacción en su contra estuvo protagonizada por “periodistas, legisladores y usuarios de redes sociales”.

Según su relato, la frase que desató la controversia —“hay dos sexos, masculino y femenino”— no debería haber generado semejante nivel de hostilidad si se tratara solo de una afirmación biológica. Para Muzzio, la magnitud de las respuestas confirma que esa definición tiene, para quienes la cuestionan, “un enorme significado político” que no están dispuestos a discutir. Interpretó las críticas no solo como un ataque personal sino como la búsqueda de “una sanción ejemplar” que funcione de advertencia para desalentar cualquier cuestionamiento futuro a las políticas de identidad de género.

La vicejefa insistió en que su postura no implica juzgar la orientación sexual de nadie ni contradice la igualdad ante la ley, pero remarcó que adoptar la definición biológica del sexo sí pone un límite al paradigma identitario que disocia la identidad de género del sexo biológico. En esa línea, calificó a las políticas de identidad de género como un “dogma” que se pretende imponer como verdad incuestionable pese a definirse a sí mismo como una construcción social, y que, por lo tanto, según su razonamiento, podría debatirse o modificarse.

Sobre la ESI, Muzzio matizó parte de su crítica original. Reconoció que el programa tuvo “efectos positivos” en la detección y denuncia de casos de abuso sexual contra menores, un dato que definió como “de enorme valor”, y dijo estar convencida de que ese rol de detección temprana debe profundizarse. Sin embargo, sostuvo que sería posible diseñar contenidos específicos para esa función sin necesidad de mantener lo que llamó el “adoctrinamiento ideológico” de los programas actuales, y volvió a citar el aumento de sífilis, gonorrea, clamidia y VIH como evidencia de que la ESI no logró mejorar la prevención de infecciones de transmisión sexual.

En el tramo dedicado a las políticas públicas, la funcionaria reivindicó dos medidas impulsadas durante la gestión libertaria y del PRO porteño: el decreto presidencial que puso fin a los tratamientos de hormonización y a las cirugías de reasignación en adolescentes que hasta entonces se realizaban en hospitales públicos sin autorización obligatoria de los padres, y la decisión del gobierno de la Ciudad de terminar en 2025 con el cambio de sexo en el DNI para mayores de 16 años sin aval familiar, una disposición vigente desde 2021.

Muzzio cerró su descargo rechazando las críticas que la señalan como “conservadora”, un término que dijo no representarla porque, según su definición, vive “un tiempo vertiginoso” de cambio de ideas. Reivindicó el derecho a cuestionar dogmas, revisar los contenidos de la ESI, reclamar el fin del aborto y sostener que la crianza de los hijos es un derecho de las familias y no del Estado.

La respuesta de la vicejefa llega después de que la polémica escalara de la Legislatura porteña al Congreso: el diputado Esteban Paulón le envió una carta documento intimándola a retractarse, mientras que su par Maximiliano Ferraro citó datos oficiales —como los relevados por el Ministerio Público Tutelar porteño— que muestran el rol de la ESI en la detección de abusos contra menores. El propio gobierno de Jorge Macri había buscado despegarse de las declaraciones originales de Muzzio, al aclarar que no representaban una posición oficial.

MC

“Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra”. Clara Muzzio tiene el versículo 1:28 del Génesis como encabezado en sus cuentas personales en X y LinkedIn. La vicejefa de Jorge Macri, que dijo esta semana que la Educación Sexual Integral (ESI) “es una trampa mortal” y calificó al aborto como “la cultura de la muerte”, es una ferviente católica.

Muzzio generó una tirria interna en el gobierno porteño en los últimos días. El jefe de Gabinete de Macri, Gabriel Sánchez Zinny, en plena presentación de informe de gestión en la Legislatura no pudo esquivar las cuestionables declaraciones de la vicejefa: la oposición insistió en cada pregunta para que el funcionario diera un posicionamiento oficial al respecto. “La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia”, dijo Zinny. Y completó: “Ahora bien, ello no impide, como muchos legisladores manifestaron, la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas”. Buscó una salida intermedia. Detrás suyo, sentada en el estrado principal, estaba Muzzio con cara seria.

La hermana del santo

Muzzio es la cuarta hija de Carlos Muzzio y Carola María Diehl Schindler, que luego de ella tuvieron dos hijos más. Nació en 1981, cuando entonces la familia ya vivía en Bella Vista, San Miguel, luego de un paso por San Isidro. Se recibió de abogada en la UBA (2006) y completó un máster en Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (2011). En 2010 se casó con Marcelo José Naveira, de quien se divorció en 2015 después de tener dos hijos.

A su segundo marido lo conoció tras las PASO de 2019: se trata de Jorge Aguado, un ingeniero que fue secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva durante el gobierno de Cambiemos. Su padre fue vicepresidente de Socma –la empresa de Macri– y titular del Correo Argentino. La pareja tiene un hijo que nació con síndrome de Down, lo que llevó a Muzzio a presentarlo en público el 3 de diciembre de 2022, por motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad: “Hay que mirar más allá de los ojos achinados”, dijo en aquella oportunidad.

Aquel diciembre Muzzio era ministra de Horacio Rodríguez Larreta. Fue su cargo anterior al actual de vicejefa de Gobierno porteño. Su trayectoria revela que se hizo en el mundo estatal desde abajo. Fue asesora legal en la Legislatura porteña entre 2008 y 2010, y luego saltó al Poder Ejecutivo local cuando Mauricio Macri terminaba su primer mandato. En nueve años pasó de custodiar cómo debían usar los espacios públicos los kioscos de diarios, los bares y restaurantes (su primer cargo fue directora operativa de Permisos de Publicidad y de Usos en la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público) a ministra.

Fue la vidriera en la cartera urbanística la que le permitió llegar a ser la compañera de fórmula de Macri primo en las elecciones 2023. “Empezó como pasante y fue creciendo gracias a su esfuerzo y compromiso. Fue directora, subsecretaria y, desde 2019 de la mano de Horacio, ministra. Representa lo mejor de los valores del PRO en la Ciudad”, la elogió entonces el actual jefe de Gobierno. Fue la elegida entre otras mujeres que el oficialismo amarillo había pensado para ubicar al lado de Macri: Soledad Acuña, entonces ministra de Educación; Carmen Polledo, secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales, y Gladys González, senadora nacional del PRO larretista.

En la foto de presentación Muzzio se mostró con una sonrisa y un saco verde, un color que le habrá costado usar por su conocido posicionamiento como “pañuelo celeste”. El vínculo de Muzzio con la Iglesia viene de familia. Su hermano Guillermo fue seminarista de la Diócesis de San Miguel y murió en 2002, a los 30 años, tras un diagnóstico de una enfermedad terminal y un trasplante de médula. El legado que dejó en el ambiente religioso llevó a la diócesis a comenzar en 2016 “a hablar de la posibilidad de comenzar el proceso de beatificación y canonización”, según una web oficial sobre la trayectoria del seminarista.

La propia Muzzio le pidió al papa León XIV que impulse la canonización de su hermano. En mayo pasado visitó El Vaticano, oportunidad en la que aprovechó para posicionarse internacionalmente en contra del aborto: “Quiero agradecer al Santo Padre que me recibiera en la audiencia en el Vaticano y que haya escuchado con atención la historia de mi hermano Guillermo y los avances de su causa de santidad. También agradezco haber podido hablar sobre el aborto en nuestro país y en el mundo, incluyendo el exterminio de niños con síndrome de Down antes de nacer. Esta es una lucha que quienes defendemos la dignidad y el valor de cada vida humana no podemos abandonar”, tuiteó el 26 de mayo. Desde la sanción de la Ley N° 27.610 –hace cinco años– en los centros de salud y hospitales públicos de la Ciudad existen equipos de salud sexual que brindan información y asesoramiento sobre interrupción del embarazo y garantizan su realización.

Conservadurismo desbocado

El posicionamiento ultraconservador de Muzzio ya le generó más que un dolor de cabeza a Jorge Macri, quien en más de una oportunidad tuvo que llamar a personas ofendidas por sus dichos para aclararle que el posicionamiento de la vicejefa “no expresan la opinión del gobierno”. elDiarioAR intentó en reiteradas oportunidades comunicarse con la vocería de Muzzio pero las consultas no fueron respondidas al cierre de esta nota.

Esa cosmovisión personal, sin embargo, convivió durante años con una gestión pública de signo aparentemente distinto. Al frente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño, Muzzio firmó disposiciones que visibilizaron la agenda de diversidad sexual en la Ciudad. El 15 de julio de 2020 ordenó iluminar los principales monumentos porteños para conmemorar los diez años de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario. Menos de un año después, el 18 de mayo de 2021, intervino tras el vandalismo sufrido por la bandera del colectivo LGBT que flameaba en el mástil del Obelisco –retirada por un grupo de derecha– y dispuso su reposición. El 20 de agosto de ese mismo año volvió a ordenar el encendido especial de los monumentos porteños, esta vez por el aniversario 25 de la muerte de Carlos Jáuregui, referente histórico del activismo LGBT en la Argentina, coincidente con el Día del Activismo por la Diversidad Sexual.

La coordinación con la agenda de diversidad no se limitó a los monumentos. Desde su ministerio se articuló con la Dirección General de Tránsito porteña la incorporación de los colores de la bandera del orgullo y la leyenda “Orgullo BA” en la cartelería vial de la Ciudad en distintas fechas conmemorativas. También dispuso la iluminación en rojo de los monumentos porteños por el Día Internacional de Lucha contra el VIH/Sida, una práctica que se sostuvo mientras estuvo al frente de la cartera. “Clarita, la que no es nada clara, ¿o sí?”, opinó a partir de sus dichos de esta semana un dirigente que la conoce en persona.

Muzzio parece haber destapado su verdadera personalidad al calor de la batalla cultural mileísta. El cambio se refleja en sus publicaciones en redes: en agosto de 2024 cuestionó el “día de las infancias” por considerarlo “una manipulación política del lenguaje” del kirchnerismo en 2020. En enero de 2025 publicó en sus redes una frase de Donald Trump que reforzaba el binomio sexo-género. En julio de 2025 difundió como “cuidado desde el momento en que comienza la vida humana” un protocolo que aplica la Ciudad a embarazadas durante los primeros mil días de vida. En mayo pasado se reunió con Eugenia Roccella, ministra de Familia y Natalidad del gobierno de Giorgia Meloni, y coincidió con ella en que la baja natalidad se debe a la llamada “ideología de género”.

La presión sobre Muzzio escaló de la Legislatura al Congreso. El diputado socialista Esteban Paulón, referente de la comunidad LGBT+, le envió una carta documento intimándola a retractarse públicamente de sus dichos sobre la ESI y el aborto. Y su colega Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) recordó datos oficiales que contradicen a la vicejefa. Por ejemplo: el Ministerio Público Tutelar porteño, que depende de la Justicia documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años atendidos en su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar situaciones de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI.

Lejos de bajar el tono, Muzzio redobló la apuesta con un extenso posteo en X en el que defendió un “enfoque biológico” de la educación sexual y citó el aumento de casos de sífilis entre jóvenes como prueba de que la ESI “no es una vacuna” contra las infecciones de transmisión sexual. Ese repunte de sífilis, en cambio, coincide con el desfinanciamiento del propio programa: el presupuesto para ESI en 2026 es de apenas $30 millones –el 2% de lo ejecutado en 2023–, los docentes capacitados cayeron de 65.000 a 900 entre 2023 y 2024, y la distribución estatal de preservativos se derrumbó 64% en el mismo lapso.

La discusión tiene, además, un dato que la despoja de grieta: el Plan ENIA nació en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. La propia funcionaria del Ministerio Público Tutelar que relevó el impacto de la ESI en la detección de abuso había coordinado ese mismo programa en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, también del PRO. Ese antecedente vuelve más incómoda la pregunta que el gobierno porteño todavía no respondió: si Muzzio expresa una convicción personal que puede sostener en soledad, o si su embestida contra la ESI empieza a correr el límite de lo que el oficialismo porteño está dispuesto a discutir como política de Estado.

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Mientras la vicejefa de Gobierno porteña, Clara Muzzio, sostiene que la Educación Sexual Integral (ESI) es “una trampa mortal” que “no redujo las enfermedades de transmisión sexual” ni los embarazos adolescentes, las estadísticas oficiales y los informes de organismos con validez institucional —judiciales, académicos y de organizaciones internacionales— muestran un panorama distinto: la ESI está asociada a una caída sostenida del embarazo adolescente y a una mejor detección de abuso infantil, y el reciente repunte de infecciones de transmisión sexual coincide, en todo caso, con el desfinanciamiento del propio programa, no con su implementación.

El dato más contundente es el del Ministerio de Salud de la Nación: los embarazos en menores de 20 años cayeron 67% entre 2005 y 2024, de 107.109 a 35.292 casos, en el período que coincide con la sanción de la Ley 26.150 (2006) y la implementación del Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA). En las provincias donde el ENIA tuvo mayor despliegue —Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes— los partos adolescentes bajaron entre 30% y 60% según los últimos relevamientos disponibles. La socióloga Silvina Ramos, investigadora del CEDES y coordinadora del diseño del Plan ENIA, señala además que entre las adolescentes que participaron de actividades de ESI hubo un 20% más de adhesión a métodos anticonceptivos, el dato que originalmente justificó diseñar el programa.

En materia de protección infantil, el propio Ministerio Público Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires —que depende del Poder Judicial porteño, no del Ejecutivo que integra Muzzio— documentó que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI. La actualización de ese informe en 2024 sumó otro dato: uno de cada cuatro chicos elige hoy el entorno escolar para develar voluntariamente una situación traumática, lo que sitúa a la ESI como una de las pocas herramientas sistemáticas de detección temprana de abuso sexual infantil con las que cuenta el Estado.

El argumento con el que Muzzio intentó sostener su postura —el aumento de casos de sífilis entre jóvenes— es real, pero la causalidad que propone es, como mínimo, discutible. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa de sífilis pasó de 56,1 casos cada 100.000 habitantes en 2019 a 93 cada 100.000 en 2024, y en 2025 se notificaron 55.183 casos, un 49% más que en 2024 y un 64% por encima de la mediana 2020-2024. Ese repunte es contemporáneo, no de la ESI, sino de su desfinanciamiento: el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, y la cantidad de docentes capacitados cayó de 65.000 en 2023 a 900 en 2024, mientras que las provincias asistidas por el programa pasaron de 24 a 6.

A eso se suma el derrumbe en la distribución estatal de preservativos: cayó 64% entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo período de 2024 según un análisis de Chequeado sobre datos del Presupuesto abierto, y para 2025 la caída fue total —en el tercer trimestre de ese año se distribuyeron apenas 832 unidades en todo el país, según relevó El Auditor—. Especialistas de Fundación Huésped y de Amnistía Internacional Argentina coinciden en que atribuirle a la ESI el aumento de una enfermedad que crece justo cuando se recortan la educación sexual y el acceso a preservativos invierte la relación causal más plausible.

A nivel internacional, la evidencia respalda el mismo sentido. Las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad de UNESCO, elaboradas con UNFPA, ONU Mujeres, UNICEF y la OMS, sistematizan estudios de múltiples países y concluyen que los programas de educación sexual integral retrasan el inicio de la actividad sexual, aumentan el uso de anticonceptivos y preservativos, y no incrementan la frecuencia de relaciones sexuales, tal como sostienen quienes se oponen a estos programas. Un ensayo controlado aleatorizado en el Reino Unido con más de 8.000 estudiantes de 66 escuelas, el programa “If I Were Jack”, mostró un aumento significativo del uso de anticonceptivos tanto en varones como en mujeres tras cursar el programa.

Un último dato contextualiza la discusión: la ESI y el Plan ENIA no nacieron ni se sostuvieron bajo un solo signo político. El diseño del ENIA arrancó en 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri, con participación de los ministerios de Salud y Educación, CIPPEC, CEDES y agencias de la ONU, y se profundizó bajo el gobierno de Alberto Fernández. La propia funcionaria del Ministerio Público Tutelar que documentó el impacto de la ESI en la detección de abuso, Pilar Molina, coordinó ese mismo programa en la provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal, del PRO. Es, en los términos de la propia Molina, una política “que no refleja un posicionamiento ideológico” sino que atravesó gestiones de distinto color político hasta el recorte actual.

El gobierno de Jorge Macri en la Ciudad no pudo esquivar las críticas que despertaron los dichos sobre la Educación Sexual Integral (ESI) por parte de Clara Muzzio, la vicejefa porteña. Este miércoles tuvo que enfrentar las críticas el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, al dar su informe de gestión semestrar en la Legislatura. Se refirió al tema con una explicación escueta y sin entrar de lleno en la polémica. En las últimas horas, a los pedidos de disculpas y a los rechazos de organizaciones de la sociedad civil que recibió por decir que la ESI “es una trampa mortal” y calificar al aborto como parte de “la cultura de la muerte”, se sumaron cartas documento que le reclaman formalmente una retractación pública.

El informe de gestión que protagonizó Sánchez Zinny tuvo un condimento particular: quien la presidió fue la propia Muzzio, que es por función titular del cuerpo legislativo porteño. Fue entonces cuando varios legisladores opositores aprovecharon para exigir explicaciones directas sobre si Jorge Macri comparte la posición de su vicejefa.

Emmanuel Ferrario, del bloque porteño de Horacio Rodríguez Larreta, fue directo: “Me encantaría saber si el Ministro de Salud y la Ministra de Educación del GCBA piensan igual” que Muzzio, dijo, y calificó sus dichos de “muy peligrosos” y que “atrasan”. Le exigió a Sánchez Zinny y a Macri que aclararan “si la posición de Muzzio es compartida por el resto del Gobierno” y anunció que su bloque presentó un pedido de informes para que los ministros de Educación y Salud den precisiones sobre el tema.

También Leandro Santoro, del peronismo, le exigió una disculpa pública: “Con respeto, le voy a pedir que reflexione porque la vicejefa de gobierno debe pedir disculpas por sus declaraciones a las personas que ofendió”. Santoro vinculó además los dichos de Muzzio con otras declaraciones de Jorge Macri sobre el rol de las iglesias católicas en la asistencia a sectores pobres, y resumió: “Llegó el malismo a la CABA”.

La respuesta abierta de Sánchez Zinny

Acorralado por las preguntas, Sánchez Zinny no repitió ninguna de las frases más duras de Muzzio, pero tampoco la desautorizó de manera explícita. Optó por una respuesta abierta, que no lo comprometía con ninguno de los dos bandos. Dijo sobre la ESI: “Su implementación alcanza todos los niveles de educación en la Ciudad de Buenos Aires. Sus contenidos se encuentran incorporados de manera transversal, formando parte tanto en las instancias de educación como en la formación docente. La Ciudad sostiene una posición concreta: cumplir con la normativa vigente, garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes, respetar las creencias, la ciencia, el valor de la familia; y asegurar que las enseñanzas se desarrollen con criterio pedagógico acorde a cada etapa evolutiva”.

Al final de su respuesta, Sánchez Zinny dejó abierta la disposición oficial del gobierno porteño de revisar los contenidos, algo que ya se alentó el año pasado: “Ahora bien, ello no impide, como muchos legisladores manifestaron, la disposición de revisar y fortalecer las políticas implementadas.” El jefe de Gabinete administró la polémica sin resolverla: ni ratificó el discurso de Muzzio ni garantizó que la ESI se mantendrá intacta.

Carta documento

Pero el rechazo a los dichos de Muzzio dejó de ser sólo discursivo. Legisladores opositores, con el diputado nacional Esteban Paulón —referente de la comunidad LGBT+— a la cabeza, le enviaron a Muzzio cartas documento intimándola a retractarse públicamente de sus declaraciones sobre la ESI y el aborto.

Lejos de bajar el tono ante estas críticas, Muzzio redobló la apuesta este miércoles con un extenso posteo en X en el que intentó justificar sus dichos con una sobreexplicación cargada de estadísticas: defendió un “enfoque biológico” de la educación sexual, citó el aumento de casos de sífilis entre jóvenes de 20 a 29 años y sostuvo que la ESI “no es una vacuna” contra las enfermedades de transmisión sexual y que, de serlo, “nadie dudaría en retirarla”. También afirmó que “hoy, luego de casi 20 años de ESI, muchos jóvenes y adolescentes no usan preservativos” y calificó la situación de “una calamidad”. Esa segunda intervención fue la que estaba fresca cuando Sánchez Zinny subió al estrado de la Legislatura, horas más tarde.

Los datos oficiales distan del diagnóstico de Muzzio: según el Ministerio de Salud de la Nación, los embarazos en menores de 20 años cayeron 67% entre 2005 y 2024 (de 107.109 a 35.292), en el período que coincide con la implementación de la ESI y el Programa ENIA. Y el propio Ministerio Público Tutelar porteño —que depende de la Justicia, no del Ejecutivo— confirma que entre el 70% y el 80% de los chicos y chicas de 12 a 14 años que pasaron por su Sala de Entrevistas Especializada pudieron reconocer y relatar que habían sido víctimas de abuso gracias a lo aprendido en clases de ESI.

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La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, desató una gran polémica luego de sus fuertes críticas al Programa Nacional de Educación Sexual Integral (ESI) que se imparte por ley en todas las escuelas del país. “Es una trampa mortal”, dijo y argumentó que introdujo ideas en los niños con “una fuerte destrucción de la información real”.

“La ESI fue otra trampa mortal. Creo que terminó metiéndonos ideas y sobre todo a los chicos en edad muy temprana, con una fuerte ideología de género, con una fuerte destrucción de real información”, dijo la funcionaria en diálogo con MDZ.

“Estoy convencida de que los niños tienen que tener información biológica y no ideologizada respecto de su cuerpo, de lo que ellos pueden hacer, de lo que no se les puede hacer a su cuerpo, pero todo basado en biología. Claramente, esta ideología que se fue poniendo en la cabeza de muchos de los chicos es lo que hoy hace que tengan poca información, que estén como completamente perdidos en algún punto respecto de cuáles son estas cuestiones que terminan siendo relevantes, ya sea para formar una familia o conocimiento de cuándo una mujer queda embarazada”, sostuvo la funcionaria.

Muzzio aseguró que la ESI transmite “ideas monstruosas” a los niños, a través de una “ideología siniestra”. “La ESI se da hoy desde el nivel inicial por ley. Creo que los argentinos nos debemos una revisión de esa normativa que en algún momento se aprobó pensando que era de vanguardia y progresista en términos de progreso, pero terminó siendo progresista en términos de que le destruyó la cabeza con este progresismo más woke. Le terminó destruyendo la cabeza a los niños”, sentenció la vicejefa del gobierno.

“Un niño que juega en sala de cinco con una muñeca, entonces una institución ya le dice al niño que tal vez él nació en un cuerpo equivocado. Estas cosas las empezamos a ver en los materiales, por ejemplo, que se dan en la ESI, en donde empieza a existir esta multidiversidad de géneros”, añadió.

“Yo sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso, y que además, dentro de lo femenino y lo masculino, puede haber un montón de diversidad. A mí cuando me dicen todas las mujeres queremos una cosa, no todas las mujeres queremos lo mismo y cada uno es único en su ser. Me parece que ahí hay mucho que tenemos que revisar”, concluyó en el medio mendocino.

La funcionaria analizó también la caída de la tasa de natalidad en Argentina y explicó que en los últimos 20 años disminuyó abruptamente, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, sostuvo que la influencia de corrientes “feministas radicales” y la implementación de ESI afectó negativamente la percepción de la maternidad entre las mujeres jóvenes.

“El proyecto de formar una familia, de tener hijos, ya no es un proyecto de vida, ya no existe. Empezó a desaparecer en la cabeza de muchísimos de los jóvenes”, dijo Muzzio, quien lo adjudicó, entre varios motivos, “a la última ola del feminismo radical”.

“Muchas cuestiones se fueron asociando; la implementación del aborto en los países, que se fueron asociando al tema de la caída de la natalidad, que no podemos dejar de mirar en el momento de dar estas discusiones, que no sólo con plata es que se va a solucionar o que se va a revertir el tema de que no nazcan más niños”, añadió.

Finalmente, Muzzio criticó también al aborto y dijo que Argentina “optó por la cultura de la muerte”.

“Me parece muy triste un país que al final termina valorizando la cultura de la muerte. Pero también me parece muy cínico escuchar personas que militaron y que además hoy sostienen seguir estando a favor del aborto, que se escandalicen por encontrar un bebé descuartizado, porque eso es el aborto”, dijo.

“No es ni más ni menos que niños que son asesinados. Y después también muchos que militaron el aborto hoy los escucho hablar muy livianamente de qué catástrofe es la caída de la natalidad. Claramente esta cultura que nosotros llevamos a hacerle creer a mujeres que estar embarazada, tener un hijo está mal, porque básicamente es eso, ¿no?”, sentenció.

Cada lunes, martes y jueves, de 18 a 20, una calle interna de La Carbonilla –en La Paternal– que es, en simultáneo, un estacionamiento, se convierte en cancha de fútbol. Pese a los obstáculos, La Carbo Fútbol Club, que no puede jugar de local, lleva ganando tres campeonatos consecutivos en la Ciudad. Durante las prácticas, los arcos se arman sobre el asfalto. Los padres se plantan en los costados como vallas humanas para evitar tragedias, frente a autos que no dejan de circular. Siempre hay algún vehículo estacionado en el medio del espacio. Y es habitual que se generen peleas o irrumpan operativos policiales, como ocurrió el pasado 14 de mayo.

Ese jueves se desplegaron más de 1.500 agentes en las 15 principales villas de la Ciudad, en el marco del Operativo Tormenta Negra. En La Carbonilla unos 150 efectivos armados, con escudos y en motos, atravesaron entre niños la cancha en pleno entrenamiento. Muchos chicos corrieron, otros se quedaron paralizados. “Fue muy traumático ver semejante despliegue de patrulleros, los chicos tienen mucho miedo y no se lo merecen”, narra Jesús Antonio, referente de las familias del barrio, padre de uno de los 70 niños que compiten en La Carbo FC.

La Carbo FC nació hace una década, con la primera escuelita deportiva en el barrio. En 2021, Tejiendo el Barrio se sumó al proyecto y lo fortaleció con equipamiento, gastos y estructura institucional. Desde entonces, son tricampeones. Ahora, tras el último operativo, esta asociación civil, que se ocupa de mejorar el desarrollo de barrios populares, dio a conocer una demanda que tienen hace tiempo: consiguieron el financiamiento para construir una cancha reglamentaria bajo el viaducto del San Martín pero, según denuncian, el Gobierno de la Ciudad no inicia el trámite burocrático que no le costaría dinero al Estado.

“El año pasado perdimos US$35.000 de una marca deportiva internacional que quería construir la cancha, y perdimos esa oportunidad porque se demoró el trámite”, lamenta Rodrigo Karasik, presidente de Tejiendo el Barrio. “Ahora tenemos comprometidos alrededor de US$50.000 de empresas privadas. Lo único que necesitamos es el terreno, que no tiene valor comercial porque está debajo del viaducto San Martín, que sólo se tiene acceso a través de la villa. No tienen que gastar un peso, nosotros nos encargamos de todo. Lo único que nos dicen es que 'no están dadas las condiciones políticas' para esto”, explica el referente de la ONG que ya ha hecho obras en otros barrios.

elDiarioAR consultó al Gobierno de la Ciudad por el estado del pedido, pero hasta el momento no hubo respuesta.

El mismo viaducto, otra ciudad

El terreno que reclaman no es una excepción dentro de la Ciudad. Es la parte que sobró. El viaducto del San Martín, inaugurado en 2019, elevó las vías a lo largo de cinco kilómetros entre Palermo y La Paternal y generó, debajo, más de 48.000 metros cuadrados de espacios nuevos. En diciembre de ese año, un día antes del recambio presidencial, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) concesionó por 30 años los tramos mejor ubicados: la firma Directos Pacífico S.A. pagó $768 millones por los sectores Corrientes-Córdoba y Playa Ferroviaria Palermo, y Espacios Estrella S.A., 144 millones por el tramo de Warnes, según los registros del Observatorio Metropolitano del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo. Hoy, bajo esos arcos funcionan bares, restaurantes y locales comerciales.

El tramo que bordea La Carbonilla, en cambio, quedó vacante ya que nadie ofertó por un espacio al que solo se accede caminando por la villa. Mientras del lado de Palermo el bajo viaducto se llenó de mesas y pizarras con menús, del lado de La Paternal crecen pastizales y circulan roedores. Ese es el lugar donde Tejiendo el Barrio quiere construir la cancha con vestuarios y baños, con fondos que ya están comprometidos. Lo único que falta, insisten, es que la Ciudad abra el expediente para pedirle la cesión del terreno a Nación.

“Nos parece un despropósito que se pierdan inversiones privadas destinadas a generar infraestructura social por cuestiones burocráticas”, resume Karasik.

Más operativos, menos urbanización

Karasik cuenta que la propuesta concreta se presentó durante la administración actual, que las primeras reuniones fueron positivas y que siempre les dijeron que el proyecto era interesante. El paso siguiente, iniciar el trámite, nunca llegó. “Nuestra percepción es que hubo un cambio de enfoque hacia los barrios populares. La gestión considera que las políticas anteriores fueron equivocadas y adoptó una mirada mucho más centrada en la seguridad”, señala.

Tormenta Negra fue el primer operativo simultáneo en las 15 principales villas porteñas e incluyó drones, perros K9, dos helicópteros y el vehículo blindado “Fénix”. Jorge Macri lo supervisó desde el Centro de Monitoreo Urbano y dijo que el objetivo es “proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires”. Esa misma noche, entrevistado en LN+, el jefe de Gobierno resumió su política de hábitat para las villas: “En la Ciudad no se puede construir más. Si vemos construcciones las demolemos”.

Deudas que se cobran con el techo

La Carbonilla nació con la crisis de 2001, cuando unas 40 familias se asentaron en terrenos ferroviarios junto a la estación La Paternal. Hoy viven unas 4.000 personas en un barrio inscripto en el Registro Nacional de Barrios Populares, donde casi todos los adultos económicamente activos trabajan, en la economía formal o en la informal.

Karasik describe tres problemas que se potencian entre sí. El primero es el retroceso de los procesos de urbanización. El segundo, la caída de los ingresos: muchas actividades informales que permitían subsistir a las familias están siendo perseguidas. El tercero es el endeudamiento con prestamistas vinculados a organizaciones criminales. Cuando las familias no pueden pagar, aparecen mecanismos de presión violentos y muchas terminan entregando el “espacio aéreo” de sus viviendas, es decir, la posibilidad de construir hacia arriba, que esas organizaciones aprovechan para desarrollar negocios inmobiliarios dentro del barrio.

“Hay una sensación de abandono muy fuerte”, agrega el presidente de Tejiendo el Barrio. “Los mismos servicios funcionan de una manera en los barrios formales y de otra muy distinta en los barrios populares. Esa diferencia es percibida por los vecinos todos los días.”

“Para ellos sería cumplir un sueño”

Jesús Antonio, Tony, vive en La Carbonilla desde hace 20 años y cada entrenamiento tiene que avisar a los vecinos que retiren los autos, revisar los carteles con los horarios que él mismo colocó, pararse frente a una moto para que baje la velocidad. “Permanentemente existe el riesgo de que algún vehículo lastime a un chico”, dice. Más de una vez tuvo que detener el juego para que la gente pudiera cruzar por el medio de la cancha.

Su pelea por el club convive con su propia urgencia, ya que trabajó diez años en el Correo Argentino hasta que en 2024 lo echaron. Desde entonces se reinventó como vendedor ambulante en ferias bonaerenses. En varias oportunidades le advirtieron que no puede subir al tren con el carro que usa para transportar la mercadería y, antes que arriesgarse a perderlo, ha vuelto a su casa sin el plato de comida para sus hijos.

La escuelita reúne de manera permanente a unos 70 u 80 chicos. Los lunes hay básquet, los jueves fútbol y los martes la cancha es exclusiva del fútbol femenino. Los que compiten reciben botines, pecheras y equipamiento completo, financiados por las empresas que acompañan a la ONG. Pero el espacio no tiene medidas reglamentarias. El club queda afuera de algunos torneos y está condenado a jugar siempre de visitante.

“Es una lástima porque el club genera mucha identidad barrial. Cada vez que salen campeones organizamos una vuelta olímpica por el barrio y participa muchísima gente”, cuenta Karasik. “Que no puedan jugar de local es una pérdida para toda la comunidad”.

LM/MG

Son las ocho de la noche del 14 de mayo. En Villa Fátima, al sur de la Ciudad de Buenos Aires, una treintena de efectivos de la Policía de la Ciudad irrumpen por uno de los accesos al barrio. En La Carbonilla, en La Paternal, una topadora avanza escoltada por uniformados y móviles. En la 21-24, los agentes recorren los pasillos exigiendo documentos, requisando motos y fotografiando comedores comunitarios. Escenas idénticas se multiplican en simultáneo en Zavaleta, la 31, Ciudad Oculta, Los Piletones, Rodrigo Bueno, Fraga, Barrio Mitre, Ramón Carrillo y Cildañez. Durante tres horas, más de 1.500 efectivos, drones, helicópteros y topadoras desembarcan sobre algunos de los barrios más poblados de la Ciudad. En apenas el 2% de la superficie porteña vive el 6,3% de la población. 

El Gobierno porteño busca construir una postal donde aparece la topadora como trofeo de gestión. Una topadora que hoy aparece en las calles de la Ciudad en carteles gigantes pegados en las paredes. Pero en esa postal no aparecen las trabajadoras que salen de madrugada, las infancias que juegan en los pasillos ni las redes que sostienen la vida cotidiana. Tampoco las demandas históricas de urbanización, infraestructura y servicios básicos. Lo que se exhibe es una ciudad partida entre quienes merecen ser protegidos y quienes deben ser controlados. 

Las luces azules de los patrulleros se reflejan sobre las chapas y los ladrillos a la vista. En cuestión de minutos, el miedo empieza a circular por los grupos de WhatsApp que tienen los vecinos de los barrios. El miedo circula más rápido que cualquier comunicado oficial. 

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero, que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, declara Jorge Macri ante los micrófonos. El operativo quedó registrada en las redes sociales. Lo que ocurre después, en cambio, sucede lejos de los flashes. Un mes después, ¿qué queda en los barrios cuando se apagan las sirenas?

La Carbonilla: un refugio arrasado

Hace más de dos semanas que no sale el sol en la Ciudad de Buenos Aires. La humedad de las paredes y la que brota del suelo se mezclan con el desagüe de una manguera sobre la vereda angosta y elevada de la calle Perú, en el tercer sector de La Carbonilla, uno de los 50 barrios populares de la Capital Federal relevados por el ReNaBaP. El barrio es una tira que bordea el viaducto del tren San Martín en La Paternal y que creció hacia arriba, pegado a las vías, buscando alcanzar la altura de un tren que se escucha pasar con frecuencia constante durante todo el día. Entrando por Espinosa, antes de doblar por Perú las paredes dicen: “Los delincuentes no están en las villas: están en Puerto Madero”.

En esa callecita angosta solían estacionar carros cartoneros, armarse puestos de venta ambulante y, frente a la casa de Mari, sostenerse un techo y un cartel: “Comedor y merendero Patria Grande”. Mari es la coordinadora del espacio. De la puerta de su casa salen corriendo dos niñas, sus nietas, que esperan en la vereda a los profes que vienen a ayudarles con la tarea. En este hogar la cocina no descansa; la casa crece en vertical buscando el sol, como casi todas las del barrio, donde viven unas cuatro mil personas según el último censo, aunque los vecinos aseguran que son muchas más. Esta tarde hay mate cocido, chocolatada y facturas. El comedor cumple seis años; nació en el aislamiento de la pandemia por una necesidad colectiva que Mari supo escuchar.

“En el grupo de WhatsApp leía que la gente tenía hambre. No podía seguir viendo eso. Con mi familia empezamos a cocinar. Como no podíamos salir, subíamos o bajábamos la comida en un balde con una soga. Era caricaturesco, pero fue la forma que encontramos para sobrevivir”, se ríe Mari al contarlo.

Mari es salteña, pero construyó su vida en la Ciudad de Buenos Aires. No recuerda con precisión las fechas, pero calcula que llegó hace diecisiete años, cuando la mayor de sus nietas, era apenas una bebé. Hasta hace un mes, las personas que llegaban a buscar la vianda o los niños que asistían al apoyo escolar esperaban todos bajo un techo que la comunidad había armado enfrente. Era una instalación precaria pero vital para que los días de lluvia la olla no se llenase de agua y los chicos estuvieran resguardados de la intemperie. Sin embargo, las topadoras del operativo “Tormenta Negra” se llevaron puesto el refugio. “Los que nos gobiernan no nos quieren. A los que vivimos en las villas, a los que son extranjeros, a quienes venimos de otras provincias. Nos desprecian”, dice Mari. 

La noche del 14 de mayo, al mismo grupo de WhatsApp vecinal, que en la pandemia fue una contención, comenzaron a llegar los mensajes desesperados de la irrupción de la Policía porteña al barrio. Mari recuerda: “Fue desesperante. En los audios las vecinas gritaban que se estaban llevando todo, deteniendo gente, tirando mercadería. Preguntaban:¿qué buscan?, ¿qué buscan?”.

—Buscan plantar miedo—responde hoy Mari.

El operativo en números

Al día siguiente de la “Tormenta Negra”, un silencio denso cubrió las villas. En las escuelas públicas del sur y de Retiro, las aulas quedaron semi vacías. Muchas madres decidieron no mandar a sus hijos a clases. El rumor de nuevas razzias, el sonido de los helicópteros de la noche anterior aún presente, y el temor infundado pero inoculado a las deportaciones calaron hondo.

Mientras tanto, las casillas de correo electrónico de los ciudadanos porteños recibieron un boletín oficial titulado de manera pomposa: “El operativo más grande de la historia en las villas de la Ciudad”. El mail celebraba los números de la saturación policial como un triunfo de guerra: “Llevamos adelante ‘Tormenta Negra’, el operativo de control y seguridad más grande de la historia en todas las villas de la Ciudad, con más de 1.500 policías desplegados en simultáneo. Hubo 27 detenidos, 5 búnkers de droga cerrados, 25 comercios clausurados, 113 motos y 64 autos secuestrados”. El texto advertía: “se terminó la Ciudad dividida entre lugares donde cumplir la ley es opcional. Ningún porteño de bien tiene por qué vivir con miedo. Los únicos que tienen que tener miedo son los delincuentes”.

No desbarataron ninguna organización delictiva. Fue una puesta en escena para la televisión

Moni — Vecina del Barrio 31

“No desbarataron ninguna organización delictiva,—sostiene Moni desde su puesto en el paseo de compras de la Villa 31, en Retiro— Fue una puesta en escena para la televisión”. Moni cría y mantiene a sus hijos sola, sin un empleo formal ni un ingreso fijo que le garantice llegar a fin de mes. Sostiene el hogar mientras los más grandes todavía estudian. En su puesto vende lo que puede y lo que va consiguiendo: un día accesorios, otro día collares para perros u ojotas. Su economía, como la de tantas en el barrio, es de subsistencia diaria. “Nuestra bronca tiene que ver con que manejamos capitales mínimos. Lo poco que podemos poner sobre una mesa. La vecina de al lado vende ajos: no trae un camión, trae cinco bolsas, los pela, los vende para seguir adelante y vienen y se lo sacan”, dice.

Para ella y sus vecinas, el operativo “Tormenta Negra” empezó mucho antes de que llegaran las topadoras: los días previos, los rumores de allanamientos corrían por los pasillos. Por eso, ese 14 de mayo, Moni decidió levantar su puesto al mediodía. El temor a que le confiscaran la mercadería la obligó a refugiarse en su casa, pegada a la ventana y al teléfono. Según Moni, están viviendo bajo una persecución psicológica constante:

—A veces te piden el DNI para entrar a tu propio barrio. 

Villa Fátima: no te dejan vivir, no te dejan trabajar

El discurso oficial del Gobierno de la Ciudad parece un eslogan de ordenamiento urbano. Las palabras elegidas no son nuevas: orden, limpieza, recuperación del espacio público. Sin embargo en el merendero de La Carbonilla, en los comedores del Bajo Flores, las feriantes de la 31, en la Junta Vecinal de Villa Fátima escuchan otra cosa. “Este Gobierno nos quiere hacer creer, y les quiere hacer pensar a los sectores medios, que nosotras somos el problema de todo lo que no se hace en la Ciudad”, sostiene Nadia Aguilera, presidenta de la Junta Vecinal de Villa Fátima.

Para ella este ensañamiento tiene que ver con la campaña electoral y un odio de clase histórico: “No pueden entender que somos todos clase trabajadora: el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a una PyME, el que labura en un restaurante, el que junta cartón o las compañeras que sostienen los comedores. El negocio de ellos es que no te dejan vivir porque no te dejan trabajar”. 

No pueden entender que somos todos clase trabajadora: el que se levanta a las cinco de la mañana para ir a una PyME, el que labura en un restaurante, el que junta cartón o las compañeras que sostienen los comedores. El negocio de ellos es que no te dejan vivir porque no te dejan trabajar

Nadia Aguilera — Presidenta de la Junta Vecinal de Villa Fátima.

En Villa Soldati, dentro de la Comuna 8, se emplaza Villa Fátima. Ahí vive Nadia hace cuarenta años. Llegó de la mano de su familia cuando tenía apenas cinco, desde Lanús, en una época en la que el barrio era un trazado de calles de tierra, ranchos y chapas. Hoy es psicóloga social, militante política, parte de la Junta Vecinal y lleva su origen como bandera: “Tengo mi identidad villera, soy villera y no lo voy a negar”, dice orgullosa. 

Como presidenta de la Junta Vecinal del barrio Nadia describe otra realidad, asegura que con la gestión de Jorge Macri y las políticas nacionales, la economía de subsistencia se encuentra “totalmente aplastada”. La persecución ya no es solo discursiva, sino material: el Ministerio de Espacio Público confisca mercaderías constantemente, tira la comida de las mujeres que salen a buscar el mango a la esquina. “Es de una crueldad total. ¿Cómo podés tirar comida acá?”, sintetiza.

Esa asfixia se transformó en violencia policial la noche del 14 de mayo. Mientras el operativo avanzaba por los accesos, Mónica —vecina de Fátima, pastelera y trabajadora de la cooperativa gastronómica Che que Rico— estaba conectada a una reunión de la Mesa Nacional de Barrios Populares discutiendo, paradójicamente, la urbanización y la necesidad de una presencia productiva del Estado. Los golpes insistentes en la puerta interrumpieron la pantalla: su compañero subió corriendo a buscar los papeles de la cooperativa porque los estaban allanando.

Al bajar, Mónica se topó con una comitiva de inspectores y policías que pretendían entrar por la fuerza. Cuando les exigió la orden judicial, los agentes se retractaron sobre la marcha alegando que se trataba de una “inspección”. En un barrio densamente poblado, fueron directo a buscar el espacio que gestionan las compañeras de La Poderosa. Mónica dice que “el sinsentido era total”, los mismos efectivos que montaban el despliegue, patrullan la zona a diario, les compran comida o les piden agua caliente para el mate. Saben que hacen funcionar una olla popular tres veces por semana y talleres deportivos para veinte niñes en una de las canchitas del barrio. 

El sinsentido era total”, dice Moni. Los mismos efectivos que montaban el despliegue, patrullan la zona a diario, les compran a los vecinos comida o les piden agua caliente para el mate

Sin embargo entraron igual: armas largas, escudos, palos, cascos y pasamontañas. “Verlos de frente y tan cerca causó espanto y una sensación total de desamparo”, repasa Mónica verborrágica. La requisa se topó con la legalidad: los libros contables estaban en regla, las facturas de las maquinarias al día y el local contaba con certificados de desinfección vigentes e infraestructura de higiene industrial que, irónicamente, se había financiado y rendido años atrás a través de programas públicos de promoción del trabajo. Al no encontrar irregularidades, los agentes se limitaron a marcar tres sugerencias menores de mejora y colocaron una faja de clausura preventiva. Antes de irse, y de manera burlona felicitaron a las trabajadoras por la limpieza del lugar: “Te apuntan con armas y pasamontañas y después te felicitan”. 

El impacto del operativo generó miedo, pero también potenció la bronca y la necesidad de organizarse:

—¡Algo tenemos que hacer!—arenga Nadia. 

La frase se repite en cada asamblea barrial tras el operativo.

¿De qué hablamos cuando hablamos de inseguridad?

Para quienes habitan las villas porteñas, la palabra seguridad tiene otra semántica: implica la certeza de tener luz en invierno para no congelarse, la garantía de que una ambulancia pueda ingresar ante una emergencia, poder acceder a conexión de internet, contar con presupuesto en los Centros de Salud Comunitaria, tener a acceso al agua potable y vacantes escolares en el propio distrito que eviten que los niños crucen plazas desoladas a oscuras al regresar de la escuela. 

—Cuando pedimos seguridad, pedimos eso; no pedimos que nos amedrenten, nos peguen un palazo y nos manden para adentro de la casa— sostiene Nadia Aguilera.

Para los chicos de las villas porteñas, la discusión excede la seguridad: se trata también de quién tiene derecho a permanecer en una ciudad cada vez más cara y excluyente. 

La ofensiva sobre los barrios populares ocurre en un momento en que los procesos de urbanización se encuentran estancados por el desmantelamiento de la política nacional de integración socio-urbana. La eliminación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que financiaba obras de infraestructura en barrios populares de todo el país, dejó proyectos frenados y recursos paralizados.

En este escenario, la desprotección también se profundiza por la eliminación de políticas públicas de género a nivel nacional y local. Sin embargo, donde el Estado se retira, las redes feministas comunitarias se cargan la vida al hombro. En La Carbonilla, Mari, como muchas otras mujeres, combina sus jornadas laborales fragmentadas —limpiando casas particulares en otros barrios de la Ciudad o en el conurbano— con el cuidado de toda la comunidad. En los comedores no solo se atajan las ollas: se gestionan trámites online, se median problemas de infraestructura con la Defensoría del Pueblo y se contienen las situaciones de violencia machista que el andamiaje institucional decidió ignorar.

Ese laburo de cuidado cotidiano hoy también sufre el acoso de la sospecha burocrática. El Gobierno de la Ciudad impuso controles estrictos sobre los comedores, obligando a las cocineras a utilizar aplicaciones digitales para registrar los datos de cada vecino que retira una vianda, bajo la premisa oficial de que las raciones son falsas. Nadia cuenta que en el comedor de Villa Fátima, donde asisten a más de 200 personas diarias pero solo reciben insumos para 140, las mujeres deben sumarle la carga de la vigilancia digital a la tarea comunitaria para justificar la existencia del hambre.

Nadia cuenta que en el comedor de Villa Fátima, donde asisten a más de 200 personas diarias pero solo reciben insumos para 140, las mujeres deben sumarle la carga de la vigilancia digital a la tarea comunitaria para justificar la existencia del hambre

Las historias de Mari, Nadia, Moni y Mónica no son aisladas. Son algunas de las voces que permiten ponerle cuerpo a una realidad que también aparece en las estadísticas. En marzo de 2026, el séptimo informe de La cocina de los cuidados, un espacio de monitoreo integrado por el CELS, la UTEP y colectivos territoriales, reveló que el 56% de los hogares debió hacer ajustes en la cantidad o calidad de sus alimentos por falta de recursos. Lejos de la supuesta “normalización” económica que publicita el Gobierno, el tejido de subsistencia se está rompiendo en su eslabón más sensible: los comedores comunitarios. Según el informe, el subgrupo de personas que asiste a comedores o recibe mercadería creció significativamente, pero el 60% de ellas denuncia que hay menos disponibilidad de alimentos que antes. 

Las requisas del operativo “Tormenta negra” y las fajas de clausura, como la que recibió la cooperativa Che que Rico o el hostigamiento al merendero de La Carbonilla, ocurren en un contexto donde seis de cada diez personas debieron recurrir al desahorro, al crédito formal o familiar o incluso a un trabajo extra para llegar a fin de mes. 

—Nosotros somos parte de la ciudad, aunque les pese a todos. Movemos la economía, somos fuerza de trabajo y esto tendría que ser valorado; sobre todo el trabajo de las mujeres— sostiene Nadia.

MC/MG

La autora intentó consultar a distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad para conocer su posición sobre los operativos y sus consecuencias en los barrios populares. La respuesta fue que no estaban realizando entrevistas.

Este artículo fue publicado por Latfem y es reproducido por elDiarioAR a partir de un convenio de publicación para difundir periodismo especializado y de calidad.

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves, por mayoría con 36 votos positivos, una reforma clave al Código Contravencional propuesta por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, que tiene como fin seguir estableciendo el orden público en las calles de Buenos Aires con fuertes penas; una de ellas es que establece días de detención de manera efectiva contra los trapitos (cuidacoches) y limpiavidrios.

“Si sos trapito, te meto preso. Aprobamos una ley para meter presos a estos delincuentes que se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a la gente de bien. Ley y orden”, posteó en redes sociales el alcalde porteño junto a un video.

La nueva norma (6961) también prevé sanciones para los clubes u organizaciones que promuevan o participen de esta actividad.

Acordada con legisladores de otras fuerzas políticas, desde esta modificación se amplía la capacidad de los controles del Gobierno de la Ciudad y se extienden los horarios de prohibición en eventos masivos; además, se le brinda facultad a la policía porteña para detener a los trapitos que se apropian del espacio público y extorsionan a vecinos y turistas.

Además, se aprobaron leyes de financiamiento de la Línea F de Subte; el Programa de Desendeudamiento Familiar que establece una línea exclusiva de créditos a través del Banco Ciudad, orientada a la cancelación y refinanciación de deudas personales previas, bajo condiciones más favorables que las vigentes en el mercado; la desregulación de la VTV, que incluye talleres mecánicos privados y concesionarias para hacer el control vehicular y modifica los plazos para hacerlo; y la regulación del vapeo y productos emergentes de tabaco y/o nicotina, entre otras normativas.

Una promesa de campaña: “Los trapitos son una mafia”

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, desde el día de su asunción al cargo instruyó a la Policía de la Ciudad con el objetivo de intensificar los operativos contra trapitos tanto en los espectáculos como en los eventos deportivos.

Al respecto, Macri dijo: “Lo dije desde el primer día: los trapitos son una mafia, se creen dueños de la calle y viven de extorsionar a los porteños. Ahora los metemos presos. Con los delincuentes, tolerancia cero”. Y agregó: “Ya no hay más advertencia, te meto preso”.

En este contexto, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 la Ciudad realizó un total de 13.149 contravenciones, pero fueron insuficientes. En tal sentido, Macri agregó luego de presentar el proyecto que la Legislatura convirtió hoy en ley: “¿Cuánto le importa una multa a un trapito? Se le ríen en la cara a la Policía”.

Por eso, lo que hasta ahora era cuidar coches o limpiar parabrisas de manera ilegal y que se penaba con multas que resultaban incobrables, desde ahora, con estos cambios, si bien seguirá siendo una contravención, tendrá penas más severas.

¿Qué dice la Ley “Anti Trapitos” sobre las sanciones?

Respecto de las sanciones, estas varían según el contexto y el nivel de organización. Por eso, tanto trapitos como limpiavidrios serán detenidos en el marco de eventos masivos o bien cuando se los encuentre en las calles de la Ciudad en lugares como, por ejemplo:

En eventos masivos

Cuidacoches en las calles

Jefes, organizadores o promotores

Contra los aprietes

Trabajo comunitario y multas

Quita de planes sociales

¿Cómo será el control sobre los eventos masivos?

Serán más rigurosos y tendrán estas características:

Alcance

Radio extendido

Mayor cobertura horaria

Sanciones para clubes e instituciones

Se duplican las multas

Clausuras prolongadas

La Ciudad puso en marcha este jueves un mega despliegue relámpago, simultáneo y masivo, denominado “Operación Muro”, con el objetivo de blindar sus accesos a lo largo de todo el límite territorial con la provincia de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento abarcó 24 kilómetros de accesos y puentes distribuidos sobre la avenida General Paz y la frontera natural del Riachuelo. Asimismo, incluyó 27 pasos peatonales y 48 vehiculares, además de 16 puntos estratégicos.

La “Operación Muro” se suma a los ejes de acción estratégicos del Gobierno porteño que encabeza Jorge Macri para atacar al delito y consolidar la histórica caída de las tasas de criminalidad lograda durante la actual gestión en la Ciudad.

El despliegue sorpresa de este jueves demandó una masiva movilización de recursos por parte de la Policía de la Ciudad, tanto a nivel de efectivos como de cuerpos motorizados -fuerzas especiales, patrulleros, motos, drones y helicópteros-.

Y también contó con la participación de la división K9 (canes), Tránsito, Emergencias y Seguridad Comunal, entre otras áreas.

“Estamos construyendo un muro de control al desgobierno de Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, donde la seguridad no es prioridad, y para nosotros sí lo es. Cada delincuente que detenemos es una buena noticia. Esto es decisión política y vamos a seguir haciéndolo”, aseguró Jorge Macri en el Anillo Digital Sur de la avenida 27 de Febrero y General Paz.

Desde las 19:00 de este jueves se hicieron múltiples controles vehiculares, verificación de documentación de personas y acciones de interceptación vehicular sorpresiva focalizada en motos con dos ocupantes, transportes públicos, de carga ligera y rodados con vidrios polarizados sin habilitación, entre otras tareas.

“Vamos a perseguir al delito allí donde se encuentre, como hacemos con los desalojos. Queremos que haya ley y orden y que los buenos puedan vivir con tranquilidad. Si vienen de la provincia de Buenos Aires los vamos a ir a buscar”, sostuvo Macri, quien supervisó el operativo acompañado por el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario del área, Maximiliano Piñeiro, y el jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Casaló.

La “Operación Muro” complementa las acciones de saturación que hace diariamente la fuerza porteña y se apoya en la infraestructura tecnológica de control como el Anillo Digital.

Este sistema cuenta actualmente con 814 pórticos lectores de patentes distribuidos en 74 accesos y supervisa en tiempo real más de tres millones de dominios vehiculares por día.

El jefe de Gobierno porteño agregó: “Cada delincuente que queda detenido es un delincuente menos y son cientos de personas que pueden vivir en paz y en tranquilidad. Para nosotros hay una línea bien trazada: de este lado la gente buena y enfrente los delincuentes”.

Las acciones simultáneas del blindaje de este jueves se multiplicaron en puentes y accesos peatonales y en puntos estratégicos de las autopistas Perito Moreno, Dellepiane y 9 de Julio.

Para simplificar y cumplir la tarea de manera eficiente, el megaoperativo fue organizado a partir de un esquema que dividió la jurisdicción porteña en distintos cuadrantes por área (norte y sur).

Uno de los principales cuadrantes se extendió sobre la General Paz desde el Río de la Plata hasta la avenida Constituyentes, y otro abarcó desde Constituyentes hasta el Acceso Oeste, con múltiples cruces vecinales y puentes de conexión barrial.

También se fijaron cuadrantes en áreas mixtas de tránsito pesado y accesos alternativos que conectan el suroeste del Conurbano con la Ciudad, como Puente Alsina y la autopista Buenos Aires-La Plata.

El orden público y la seguridad de los porteños son prioridades para la actual gestión: en dos años y medio se incorporaron más de 5 mil oficiales y ya son 28 mil los efectivos que integran la Policía de la Ciudad.

Además, se sumaron más de 400 patrulleros, camionetas, motos y cuatriciclos, unidades de traslados de detenidos y 200 bicicletas para las comisarías.

También se adquirieron 7 mil nuevos chalecos antibalas con sistema de geolocalización para el rastreo de los efectivos en tiempo real y más 600 armas de baja letalidad Taser y Byrna.

En paralelo, se hacen operativos de saturación en estaciones de subtes, grandes centros de trasbordo y distintos barrios porteños, como la “Operación Tormenta Negra” del mes pasado: un despliegue masivo y simultáneo con más de 1.500 efectivos en 15 villas y un saldo de 27 detenidos, secuestro de drogas y cinco búnkers cerrados.

Un abusador con pedido de captura detenido

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, informó este jueves por la noche que la Policía de la Ciudad detuvo a “un abusador con pedido de captura queriendo ingresar” a la Capital Federal, en el marco de la denominada “Operación Muro”.

“Detenido. Reitero por si no quedó claro: no pienso pedir perdón por cuidar a los porteños”, escribió Macri en su cuenta de X (ex Twitter).

Con información de agencias.

El Gobierno nacional y la gestión de Jorge Macri llegaron a un acuerdo para cancelar la deuda acumulada durante el último año por la transferencia de fondos correspondientes a la coparticipación federal.

El entendimiento fue alcanzado tras meses de negociaciones entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis Caputo, y las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires. Según se informó oficialmente, la Nación transferirá al distrito porteño una cartera de bonos con vencimiento a siete meses para regularizar los pagos adeudados.

La disputa se originó luego de que, a mediados del año pasado, comenzaran a registrarse demoras en las transferencias vinculadas al coeficiente del 1,55% reconocido cautelarmente por la Corte Suprema en favor de la Ciudad.

Ese esquema había sido acordado en septiembre de 2024 entre ambas administraciones, luego de que la Justicia avalara que el Gobierno nacional enviara a la Ciudad los fondos correspondientes al porcentaje fijado por el máximo tribunal.

Durante los primeros meses, los pagos se realizaron con relativa normalidad, aunque a partir de julio comenzaron las demoras que derivaron en la acumulación de deuda ahora saldada.

Desde el Gobierno porteño destacaron que el acuerdo alcanzado “no incluye” la deuda histórica reclamada por la Ciudad correspondiente a la reducción de recursos dispuesta durante la gestión de Alberto Fernández.

“Después de meses de trabajo conjunto y diálogo permanente con el ministro Luis Caputo, logramos avanzar en una solución concreta”, sostuvo Jorge Macri en un comunicado difundido este lunes.

El jefe de Gobierno también remarcó que la Ciudad continuará reclamando el pago de unos 6.000 millones de dólares que, según sostiene la administración porteña, se generaron tras la quita de fondos coparticipables dispuesta en 2020.

El conflicto entre Nación y Ciudad comenzó en plena pandemia, cuando el entonces presidente Alberto Fernández redujo mediante decreto el porcentaje de coparticipación que recibía la Ciudad de Buenos Aires, que pasó del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, la Ley 27.606 volvió a modificar el esquema y fijó un coeficiente básico del 1,40%, además de un monto específico destinado a financiar el traspaso de la Policía.

En diciembre de 2022, la Corte Suprema ordenó cautelarmente restituir a la Ciudad un coeficiente del 2,95%, aunque la administración nacional de entonces nunca cumplió plenamente con esa resolución judicial.

Ya durante la gestión de Javier Milei, ambas partes habían acordado un mecanismo transitorio de transferencias semanales desde el Tesoro nacional, en reemplazo del esquema diario previsto originalmente por la cautelar de la Corte.

Con el nuevo entendimiento, tanto la Nación como la Ciudad buscan dar por regularizada la deuda generada durante el último año y estabilizar el flujo de recursos fiscales entre ambas jurisdicciones.

Con información de la agencia NA

Mientras el gobierno de Jorge Macri presentaba el megaoperativo “Tormenta negra” desplegado en las últimas horas en quince villas y barrios populares porteños como una acción de seguridad, del otro lado de los allanamientos, las organizaciones territoriales cuestionaron la criminalización de trabajadores y vecinos en lugar de garantizar seguridad real.

“Un ejército de más de 1.500 fuerzas represivas, bajo falsos pretextos de operar contra infractores de tránsito, venta ambulante, control migratorio o guerra contra el narco nos persiguen, nos hostigan y nos criminalizan”, plantearon en un comunicado más de veinte redes, asambleas y espacios comunitarios de las comunas 4 y 8, agrupados bajo el nombre Interredes Villeras.

El documento, difundido mientras el operativo todavía estaba en curso, califica la acción como un “show represivo” y la enmarca en una disputa política entre el macrismo y el mileísmo: “Lo único que se está buscando con este megaoperativo es reprimir trabajadores y niños, quitándonos nuestra fuente de trabajo y militarizando nuestros territorios como estrategia para competir entre las dos fuerzas de la derecha”.

Desde la villa 31, una de las más afectadas, el Padre “Toto” De Vedia —referente histórico del trabajo pastoral en barrios populares porteños— sumó su voz: “Es más parecido a un show mediático que una acción real buscando eficacia en ordenar”, dijo en Urbana Play. Y describió una escena concreta: “Va acompañado de venir con armas largas y sacarle la comida a gente que está vendiendo. Se crea un clima de denigración a los villeros”. El sacerdote aclaró que no se opone a la seguridad en sí: “Nosotros apoyaríamos acciones concretas y reales”.

Los números del operativo —27 detenidos, 113 motos y 64 autos secuestrados, 25 comercios clausurados— también fueron puestos en perspectiva desde la política. El diputado Itai Hagman señaló una desproporción: 1.500 efectivos para 27 arrestos, de los cuales, según precisó, 13 correspondían a detenciones por causas penales. “Destruyeron casas y se robaron la mercadería de muchos laburantes”, escribió en redes sociales.

El comunicado de las Interredes cierra con una convocatoria a la organización y un pedido de intervención a organismos de derechos humanos, defensorías del pueblo, legisladores y medios: “Para detener esta arremetida, revertir esta campaña mediática estigmatizante y garantizar la no repetición de los hechos”.

Al menos 27 personas fueron arrestadas esta noche, en el marco de un megaoperativo especial que desplegó el gobierno de la Ciudad en diferentes villas porteñas con el fin de reforzar la seguridad y avanzar con el ordenamiento del espacio público.

La mayoría de los detenidos durante los allanamientos tenían pedidos de captura, tenencia de drogas, armas y vehículos con pedidos de secuestro. Además se cerraron cuatro búnkers de drogas en las villas Zavaleta, Fraga, Barrio 15 y 31, donde fueron detenidos un ciudadano de nacionalidad peruana y otro con pasaporte chileno, por lo que gobierno porteño pidió su expulsión del país.

Además, se clausuraron 25 comercios, en su mayoría de venta de celulares presuntamente robados, o salitas médicas ilegales, entre otros. 

Por infracciones de tránsito se secuestraron 113 motos y 64 autos que fueron enviados a depósito. Y se levantaron de las calles 35 autos abandonados. 

Se suma también contravenciones a siete personas por “uso de arma impropia” (cuchillos, facas, entre otras). 

La operación, denominada “Tormenta Negra” se desplegó simultáneamente en quince villas y barrios populares de la Ciudad: 31; 1-11-14; 21-24 y Zavaleta; Ciudad Oculta, 20; Fraga, La Carbonilla, Rodrigo Bueno, Los Piletones, Fátima, Ramón Carrillo, Barrios INTA-Bermejo y Padre Mujica (19), Cildañez y Barrio Mitre.

Participaron agentes de Orden Urbano, Pacificación Barrial, Unidades Especiales (división perros K9, drones, helicópteros y antibombas), Seguridad Comunal e Investigaciones, agentes en motos, cuatriciclos, de la guardia de infantería y de las brigadas antidrogas y sustracción de automotores. También, personal del Programa de Descontaminación, Compactación y Disposición Final de Automóviles, de la Agencia Gubernamental de Control, de Espacio Público, equipos del SAME y Agentes de Tránsito.

“Nunca antes hubo un operativo como este, y tiene un solo objetivo: proteger el estilo de vida de la Ciudad de Buenos Aires, donde no vamos a tolerar que vengan a instalar la inseguridad, el narcotráfico ni el narcomenudeo. Vamos a proteger esta Ciudad, que está en riesgo por el delito instalado en el conurbano, y no queremos que lo peor del conurbano se instale entre nosotros”, subrayó Jorge Macri, quien supervisó el enorme operativo desde el Centro de Monitoreo Urbano del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), en Villa Lugano, y luego llegó a la villa 31, en Retiro, junto al Jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny.

Sobre la Operación “Tormenta Negra”, el Jefe de Gobierno agregó: “No hay distinción: personas, autos, motos, comercios ilegales que venden celulares robados o materiales para la construcción en villas. Todo eso no va. Los vamos a buscar con todo el peso de la ley. Y un segundo paso también es la operación urbana, con el retiro y la compactación de autos abandonados, mugre y chatarra”.

“El que venga de afuera a molestar a los porteños que sepa que lo vamos a meter en cana. Y si es extranjero que tenga la certeza de que lo mandamos de vuelta a su país”, sostuvo Macri. 

Y completó: “Hay varios detenidos en las distintas villas. Queremos cuidar a la gente buena que vive en cada uno de esos barrios y atrapar a los delincuentes que se esconden ahí, porque está claro que muchas veces el delito busca su oportunidad y no vamos a permitir que se hagan dueños de estos barrios”.

Con información de agencias.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires oficializó una medida que marca un cambio en el acceso a los servicios públicos: a partir de ahora, los residentes porteños tendrán prioridad frente a bonaerenses y extranjeros al momento de solicitar turnos, cupos o vacantes en la administración local. La decisión fue formalizada mediante el decreto N°142-26, firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

La iniciativa amplía el alcance de la denominada “Prioridad Porteña”, una política que había comenzado a implementarse en marzo de 2025 dentro del sistema de salud pública. En esta nueva etapa, el criterio se extiende a la totalidad de los servicios que presta el Estado porteño, consolidando un esquema de atención que prioriza a quienes residen y tributan en la Ciudad.

Desde el Ejecutivo señalaron que la medida busca ordenar la demanda y garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos. En ese sentido, remarcaron que no se trata de una restricción de acceso, sino de un mecanismo administrativo que establece un orden de atención basado en criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

En declaraciones difundidas a través de redes sociales, Jorge Macri fue enfático al justificar la decisión. Sostuvo que durante años los porteños asumieron costos derivados de falencias de otras jurisdicciones y aseguró que la medida pone fin a esa situación. “La Ciudad no va a ser más la prepaga gratuita de ningún extranjero”, afirmó el mandatario.

No obstante, el decreto establece límites claros para evitar situaciones de desprotección. En casos de urgencias o emergencias sanitarias, la atención seguirá siendo inmediata y sin distinción de domicilio, garantizando el acceso universal en situaciones críticas.

El sistema de salud pública porteño es uno de los ejes centrales de la discusión. Según datos oficiales, durante 2025 se realizaron más de 30 millones de prestaciones, con un incremento del 30% en la oferta de consultas. Además, el área quirúrgica registró más de 12.000 intervenciones adicionales, reflejando una creciente demanda sobre el sistema.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Gobierno de la Ciudad apunta a los denominados “tours sanitarios”, es decir, personas que residen fuera de la Ciudad pero utilizan sus servicios de manera habitual. Desde la administración consideran que esta práctica genera una sobrecarga que termina siendo financiada por los contribuyentes porteños.

La implementación de la medida estará a cargo de la Jefatura de Gabinete, que deberá coordinar con las distintas áreas de Gobierno la adecuación de los procedimientos internos. Sin embargo, algunas áreas, como la seguridad pública, quedarán excluidas de este esquema de priorización.

En paralelo, el Gobierno porteño elevó un reclamo a la provincia de Buenos Aires. Exigió al gobernador Axel Kicillof que asuma el costo de la atención de personas en situación de calle provenientes de su jurisdicción. Según indicaron, esta responsabilidad está contemplada en normativa nacional, aunque aseguran que no se cumple de manera efectiva.

La medida, que ya genera debate político y social, abre un nuevo capítulo en la relación entre la Ciudad y la Provincia, al tiempo que plantea interrogantes sobre el alcance y las consecuencias de priorizar el acceso a servicios públicos en función del lugar de residencia.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, le reclamó al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el pago de una deuda que supera los 27.000 millones de pesos por la asistencia a personas en situación de calle con domicilio en la Provincia que actualmente son atendidas en la Ciudad de Buenos Aires.

Según datos oficiales difundidos por la administración porteña, el sistema local cuenta con 61 Centros de Inclusión Social que brindan atención integral durante las 24 horas a 4.626 personas. De ese total, al menos 2.327 tendrían domicilio en territorio bonaerense, lo que motivó el reclamo para que la Provincia se haga cargo de los costos asociados a su asistencia.

El Gobierno de la Ciudad fundamenta su pedido en el Decreto 373/2025 del Gobierno nacional, que modificó la Ley de Situación de Calle y Familias Sin Techo y establece que la responsabilidad de atender a esta población recae en cada jurisdicción. En ese sentido, desde el Ejecutivo porteño sostienen que la Provincia incumple con esa obligación, pese a contar con su propio programa de asistencia integral.

A través de sus redes sociales, Macri endureció el tono del reclamo y apuntó directamente contra Kicillof: aseguró que “es hora de que los porteños dejen de pagar su desgobierno” y le exigió que asuma la responsabilidad de brindar alojamiento y contención a las personas en situación de calle con domicilio en la Provincia.

En paralelo, los ministros porteños de Desarrollo Humano y Hábitat, Gabriel Mraida, y de Hacienda y Finanzas, Gustavo Arengo, enviaron una nota formal al ministro de Economía bonaerense, Pablo López. En el documento, solicitaron la “inmediata transferencia de los recursos necesarios” para cubrir tanto la deuda acumulada como los costos futuros del sistema.

De acuerdo con las cifras presentadas por la Ciudad, el costo mensual por persona asciende a $1.163.135, lo que eleva el monto total reclamado a $27.066.151.450 desde la entrada en vigencia del decreto.

Mraida reforzó la postura oficial al señalar que “la ley no deja lugar a dudas” respecto de las responsabilidades de cada distrito. “Nosotros no vamos a dejar de atender a ninguna persona en situación de emergencia. Pero tampoco vamos a naturalizar que otros no hagan su parte”, afirmó. Y concluyó: “Cumplir la ley no es opcional. Y hacerse cargo tampoco debería serlo”.

El planteo reaviva la disputa política entre la Ciudad y la Provincia en torno a la gestión de políticas sociales y la distribución de recursos, en un contexto de creciente demanda de asistencia para personas en situación de vulnerabilidad.

Con información de la agencia NA