La Argentina retrocedió 11 posiciones en el ranking mundial de libertad de prensa y quedó en el puesto 98, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los medios, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF). La caída se explica por el aumento de la hostilidad oficial hacia el periodismo y episodios de violencia contra trabajadores de prensa durante coberturas de protestas.

El descenso se da además en una semana marcada por un nuevo capítulo en ese conflicto, luego de que el Ejecutivo dispusiera restricciones al acceso de periodistas a la Casa Rosada. Para RSF, este tipo de medidas se inscribe en un clima más amplio de deterioro de las condiciones para el ejercicio de la profesión.

El informe advierte que la situación local no es aislada. A nivel global, la libertad de prensa atraviesa su peor momento desde que el organismo comenzó a elaborar este ranking, hace 25 años. La puntuación promedio de los 180 países evaluados alcanzó su nivel más bajo histórico y más de la mitad (52,2 %) se encuentran en condiciones “difíciles” o “muy graves”.

En ese marco, RSF señala que el retroceso responde a múltiples factores, entre ellos la proliferación de marcos legales restrictivos -muchas veces justificados en la seguridad nacional-, la criminalización del periodismo y los ataques directos desde el poder político. Como ejemplo, menciona las descalificaciones recurrentes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia la prensa.

Según el organismo, ese estilo también encuentra eco en otros líderes, como el presidente argentino Javier Milei y el mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países registraron caídas en la clasificación. En ambos casos, RSF advierte sobre una tendencia a confrontar con los medios y cuestionar su legitimidad.

Un fenómeno regional

El deterioro es particularmente visible en América Latina, donde varios países registraron retrocesos significativos. Ecuador cayó 31 puestos (al 125) en un contexto de violencia ligada al crimen organizado y asesinatos de periodistas, mientras que Perú descendió 14 lugares (144) tras registrar homicidios de trabajadores de prensa en 2025.

También El Salvador bajó ocho posiciones (143) por la intensificación de la presión sobre el periodismo. En el extremo inferior del ranking regional aparecen Venezuela (159), Cuba (160) y Nicaragua (168), donde RSF describe escenarios de fuerte restricción o colapso del sistema de medios.

Una excepción parcial es Colombia, que mejoró 13 posiciones, aunque se mantiene en un puesto rezagado (102).

Un problema global

A nivel internacional, el ranking sigue encabezado por países europeos como Noruega, Países Bajos y Estonia, mientras que en el extremo opuesto se ubican regímenes como Eritrea, Corea del Norte, China e Irán.

Incluso democracias consolidadas registraron retrocesos. Estados Unidos descendió siete puestos (al 64), en gran parte por el deterioro del clima político, mientras que España cayó seis posiciones (29) por un empeoramiento en distintos indicadores, especialmente en las condiciones económicas del periodismo.

En ese contexto, RSF advierte que menos del 1 % de la población mundial vive en países con una situación “buena” de libertad de prensa, una caída drástica frente al 20 % registrado en 2002.

El caso argentino

En el plano local, la caída de la Argentina refleja tanto factores estructurales como episodios recientes. El informe menciona la creciente confrontación entre el Gobierno y los medios, así como hechos de violencia contra periodistas en coberturas de manifestaciones, en particular durante protestas sociales.

El país se ubica ahora en una zona media-baja del ranking, en línea con una tendencia regional de deterioro, y lejos de los estándares más altos de protección de la libertad de expresión.

Este 1 de septiembre, elDiarioAR se suma una acción global en favor de la libertad de prensa en Gaza de la que participan mas de 150 medios de 50 países, entre los que se destacan Financial Times del Reino Unido, Le Monde Frances Press de Francia, la agencia EFE de España, o Los Angeles Times de los Estados Unidos. Esta iniciativa es impulsada por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y busca alertar sobre las condiciones para ejercer el periodismo en zona en la que ya han sido asesinados por el ejército isreaelí al menos 210 periodistas.

RSF advierte que, además, a lo largo de 23 meses –desde que comenzó el conflicto–, las autoridades israelíes se han negado a otorgar a periodistas externos a Gaza acceso independiente al territorio palestino, una situación sin precedentes en la guerra moderna, mientras que los periodistas locales enfrentan desplazamiento y hambruna y muchos fueron heridos y viven bajo amenazas constantes a

sus vidas por hacer su trabajo: dar testimonio. Para RSF “esto constituye un ataque directo contra la libertad de prensa y el derecho a la información”.

Por esa razón, RSF y CPJ, junto a más de un centenar de organizaciones de defensa de la libertad de prensa y medios internacionales hacen un llamamiento público para pedir el acceso inmediato, independiente y sin restricciones de los periodistas internacionales a la Franja de Gaza.

El texto del comunicado:

Carta de los medios de comunicación y organizaciones en defensa de la libertad de prensa sobre el acceso a Gaza

Nosotros, los abajo firmantes, pedimos el acceso inmediato, independiente y sin restricciones de los medios de comunicación internacionales a Gaza, así como la plena protección de los periodistas que siguen informando bajo el asedio.

Durante 20 meses, las autoridades israelíes han denegado a los periodistas que se encuentran fuera de Gaza el acceso independiente al territorio palestino, una situación sin precedentes en la guerra moderna. Los periodistas locales, los mejor posicionados para contar la verdad, se enfrentan al desplazamiento y a la inanición. Hasta la fecha, casi 200 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí. Muchos más han resultado heridos y se enfrentan a amenazas constantes contra su vida por hacer su trabajo: el de ser testigos. Se trata de un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información.

Entendemos los riesgos inherentes a la labor informativa en zonas de guerra. Son riesgos que muchas de nuestras organizaciones han asumido durante décadas para investigar, documentar los acontecimientos mientras se producen y comprender el impacto de la guerra.

En este momento crucial, con la reanudación de las acciones militares y los esfuerzos por restablecer el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza, es fundamental que Israel abra las fronteras de la Franja para que los periodistas internacionales puedan informar libremente y que cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los periodistas como civiles.

Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales, los gobiernos y las instituciones internacionales para que actúen de inmediato.

La Argentina cayó 26 puestos en el ranking que evalúa la libertad de prensa y la organización encargada de elaborar la estadística advirtió que la llegada al poder del presidente Javier Milei “marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.

A través de su informe “Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2024: los peligros de la industria del engaño”, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ubicó a la Argentina en el puesto número 66 de un total de 180 países: el ranking está liderado por Noruega, Dinamarca, Suecia, Países Bajos y Finlandia.

La entidad definió a la Argentina como un país con “problemas significativos” en lo que se refiere a la libertad de prensa: en la misma situación se encuentran países vecinos como Brasil, Chile y Uruguay.

“A escala mundial, se impone una constatación: la libertad de prensa está amenazada por los mismos que deberían ser sus garantes: las autoridades políticas. De los cinco indicadores que conforman la puntuación de los países, el indicador político es el que más desciende en 2024, con una caída de 7,6 puntos”, señaló la nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa elaborada por Reporteros Sin Fronteras.

En lo que respecta a la Argentina, la organización indicó que “la alta concentración y la opacidad de la propiedad de los medios, la polarización, la ausencia de políticas públicas para garantizar la pluralidad, así como la precarización del ejercicio del periodismo constituyen las principales amenazas a la libertad de prensa en Argentina”.

“Todo ello abona el terreno para las presiones por parte del Gobierno y las empresas a través de la publicidad privada y estatal, y del uso partidista de medios públicos nacionales, provinciales y municipales”, analizó RSF.

Y añadió: “La llegada al poder de Javier Milei, abiertamente hostil con la prensa, marca un nuevo y preocupante punto de inflexión para la garantía del derecho a la información en el país”.

En la anterior edición del ranking de Reporteros Sin Fronteras, la Argentina había obtenido el puesto número 40: es decir, ahora cayó 26 ubicaciones. Dos días antes de la asunción del libertario al frente de la Casa Rosada, RSF había manifestado que seguiría “de cerca al mandato” de Milei por considerar que su “agresividad hacia la prensa es una señal de alerta”.

Luego, ante la decisión del Gobierno de cerrar la agencia estatal de noticias Télam, la organización había afirmado que se asestaba “un duro golpe al derecho a la información” en la Argentina.

En su último informe, Reporteros Sin Fronteras alertó que “el ejercicio de la pluralidad se ve condicionado por déficits en las políticas públicas y por una elevada concentración” y apuntó también al hecho de que “en las últimas décadas, la confrontación política ha tenido un reflejo directo en el sector de los medios, con un empobrecimiento de la calidad de análisis e información”.

“El fomento del odio y la violencia encuentra eco en medios de diversas tendencias. Las cuestiones sociales, económicas y políticas delicadas se mantienen fuera del debate público, y la agenda mediática está muy concentrada en las grandes ciudades, especialmente en Buenos Aires. El presidente de extrema derecha Javier Milei, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios lo difunden ampliamente”, se quejó.

El presidente de extrema derecha Javier Milei, elegido en 2023, alienta las agresiones a periodistas y los ataques para desacreditar a medios y reporteros críticos con su política. Sus partidarios lo difunden ampliamente

Reporteros Sin Fronteras

Tras subrayar que “persisten intentos de silenciamiento más sutiles, como presiones económicas y el abuso de las demandas civiles” contra los periodistas, RSF expresó que “la prensa argentina se ve afectada por las persistentes dificultades económicas de la última década, que han precarizado el empleo y los recursos”.

Finalmente, el informe sostuvo que “los reporteros están expuestos a ser blanco de intimidaciones por parte organizaciones delictivas (narcotráfico, trata de personas, mafias de policiales, etc.) y de la violencia policial cuando cubren manifestaciones”.

JJD, con información de NA

La organización internacional Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este martes “el incremento de los ataques contra periodistas por parte de la Policía de Jujuy, en el marco del conflicto social en dicha provincia” y reforzó el llamado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino para que se respete “el derecho a la libertad de expresión”.

Desde su cuenta de Twitter en lengua española, la entidad que defiende el derecho humano a la “información libre y fiable” y que vela por “la libertad, el pluralismo y la independencia del periodismo” denunció los balazos de goma sufridos por el camarógrafo de la agencia Télam Daniel Bello y por el cronista Eduardo Castilla, del portal La Izquierda Diario, por parte de la policía jujeña.

La asociación RSF reclamó que se identifique y sancione a los policías responsables por esos ataques, y además exigió “la devolución de los celulares a los periodistas Luis Aguilar y Camilo Galli”, cronistas de La Izquierda Diario y del diario digital El Submarino, quienes el sábado fueron detenidos durante las protestas de las comunidades originarias en Purmamarca.

En el hilo de tuits, RSF exhortó a que el Estado jujeño, frente a las protestas que se registran en Jujuy en repudio a la nueva Constitución, no use “herramientas represivas contra trabajadores de prensa”; en paralelo, recordó el pronunciamiento de la CIDH de este mismo martes, e instó “a respetar el derecho a la libertad de expresión” y “los estándares interamericanos del uso de la fuerza”.

Por último, la ONG presidida por el periodista francés Pierre Haski recomendó “llevar a cabo un proceso de diálogo respetuoso de los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

Desde su cuenta de Twitter, RSF compartió además una publicación de Télam sobre las heridas sufridas por el camarógrafo Daniel Bello, quien recibió un balazo de goma en la zona del maxilar izquierdo, en pleno rostro; otro “en el dedo meñique” y un tercero, según relató él mismo, “en la pierna derecha, abajo”.

La entidad que se propone proteger el ejercicio del periodismo también difundió un artículo del diario digital La Izquierda Diario, en el que su enviado especial a San Salvador de Jujuy, Eduardo Castilla, contó que la Policía jujeña le disparó “a pesar de estar identificado como periodista”.

Los “atropellos” contra la naturaleza en el mundo son “sistemáticos” y “no deben silenciarse”, ni tampoco quedar impunes sus responsables cuando “intimidan” a la prensa por delatarlos, advirtió Alfonso Bauluz, presidente de la sección española de Reporteros sin Fronteras (RSF).

La organización no gubernamental internacional fue galardonada en los Premios Ones de Mare Terra Fundación Mediterránea, a propuesta de EFEVerde de la Agencia Efe, por su trabajo en favor de la libertad de prensa y su defensa de la información medioambiental veraz, visibilizando las agresiones que sufren los periodistas.

Reporteros sin Fronteras llegó a España en 1995, para proteger a los profesionales de la información y apoyarlos para que sigan ejerciendo su trabajo, con acciones como el desarrollo del Programa de Acogida Temporal de Periodistas Perseguidos en América Latina, ofreciéndoles seguridad y manutención.

Según el presidente de la organización en España, Alfonso Bauluz, además de periodista de la Agencia Efe y profesor de periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), el galardón es “un reconocimiento” que premia a su organización por el compromiso de los profesionales de la prensa con la protección de la naturaleza y la lucha contra los delitos contra ella en el mundo.

“Nos interesa concientiziar que nosotros, los periodistas, también participamos en la lucha por la protección de la naturaleza”, afirmó Bauluz, en vísperas de la entrega del premio, que será en un acto en Tarragona, el próximo viernes.

Según explicó, las demandas “abusivas” contra periodistas “que ponen en solfa actividades de grandes corporaciones que perjudican el medio ambiente” son uno de los grandes problemas que afronta la prensa internacional dedicada a la defensa de la naturaleza.

Para una gran corporación “es muy fácil” desde el punto de vista legal y económico ordenar a sus abogados “que presenten una demanda contra un medio pequeño, contra un periodista independiente al que pueden poner en serios apuros” para defenderse, alertó Bauluz.

Desde el punto de vista legal, se refirió a una propuesta de la Comisión Europea entre cuyos capítulos incluye uno sobre denuncias abusivas. Reporteros sin Fronteras apoya esa regulación porque, según Bauluz, “se deben buscar herramientas” para sancionar a quienes “abusan del derecho para intimidar y silenciar” a los activistas sociales, ambientales u otros.

Desde las talas de árboles indiscriminadas en países como Brasil en manos de industrias madereras, hasta actividades de extracción minera sin respeto ambiental son algunas de las acciones denunciadas en general, por parte de la prensa para defender la biodiversidad y la naturaleza en el mundo, según Bauluz.

Desde Reporteros sin Fronteras, “denunciamos toda impunidad” que pueda cometerse contra los derechos humanos, “como el asesinato de un periodista, pero también los asesinatos contra los ecosistemas”, aseguró.

Asimismo, habló del compromiso de su organización en la lucha contra la desinformación en el mundo, incluida la ambiental, para delatar la propaganda con la que, desde ciertos sectores, se enmascara la realidad para confundir a la opinión pública “de manera deliberada”.

Sobre el futuro del planeta y el desafío medioambiental de cara a las próximas generaciones, Bauluz sostuvo que la esencia del debate tiene que ver directamente con el modelo de vida que se decida implantar.

“¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestro bienestar para proteger el medio ambiente o evitar el calentamiento global que amenaza el planeta? pues bien, tengo serias dudas”, se responde a sí mismo el periodista.

“Todos en general, queremos desarrollo sostenible pero que las instalaciones o las infraestructuras que lo sustentan las alojen los demás”, concluye Bauluz.

EFE.

IG

Soldados rusos secuestraron y torturaron durante nueve días a un asistente e intérprete ucraniano que trabaja para Radio France, según denuncia Reporteros Sin Fronteras (RSF). Nikita (nombre ficticio para proteger su identidad) fue capturado el pasado 5 de marzo y, según su relato, fue sometido a torturas, repetidas palizas, privación de alimentos durante 48 horas e incluso a un simulacro de ejecución.

RSF, que ha verificado su relato con varias fuentes, tiene previsto transmitir su relato al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI). “Nikita nos ha dado un testimonio escalofriante que confirma la intensidad de los crímenes de guerra perpetrados por el ejército ruso contra los periodistas”, dijo el secretario general de RSF, Christophe Deloire. “Transmitir su testimonio al fiscal de la CPI es lo menos que podemos hacer por este joven y valiente guía”.

La CPI ya pidió a Rusia la semana pasada que cesara sus operaciones militares en Ucrania, algo que Rusia rechazó.

El secuestro del 'fixer'

Nikita, de 32 años, trabajaba para la radio como ayudante periodístico, lo que en el argot se llama “fixer”, habitualmente un periodista local que ayuda a enviados y corresponsales extranjeros. El secuestro se produjo cuando estaba acompañando a un equipo de Radio France que estaba de visita en el centro del país, no muy lejos del pueblo donde su familia se había refugiado. Tras enterarse que la carretera hacia el pueblo estaba abierta, pidió prestado el coche de Radio France para ir a evacuar a su familia.

Nikita relata que sufrió una emboscada por parte de una unidad de reconocimiento rusa al borde de un bosque de carretera mientras conducía con un cartel de “prensa” en la parte delantera del coche. Cuenta que le dispararon entre 30 y 40 tiros a su coche con armas automáticas y no fue capaz de huir. Gritó que era un civil, mostró sus manos para demostrar que estaba desarmado y salió del coche. Pero los soldados, él contó seis, parecían pensar que era un soldado que actuaba como explorador para guiar el fuego de artillería: lo agarraron, lo tiraron al suelo, lo registraron y lo golpearon.

A continuación, le taparon los ojos y lo llevaron a una casa situada a unos minutos de distancia. Le registraron el teléfono y encontraron información relacionada con su trabajo para Radio France (búsqueda de chalecos antibalas y el trazado de rutas) que les pareció sospechosa. Según cuenta, los soldados pensaron que era un espía que utilizaba su trabajo como tapadera, a pesar de que él les explicó que trabaja para periodistas extranjeros.

Le amenazaron pasándole un cuchillo por la cara y le golpearon repetidamente con las culatas de los rifles automáticos, en la cara y en el cuerpo. Nikita dice que sintió trozos de dientes en la boca y tosió sangre. También le arrojaron a una zanja, junto a un perro muerto, y le sometieron a un simulacro de ejecución: un soldado fingió que quería comprobar que su arma funcionaba y efectuó un disparo que rozó la cabeza de Nikita.

Dice que pasó casi tres días con las manos a la espalda atado a los árboles en un campamento en el bosque. Cuenta que le siguieron golpeando y llegó a perder el conocimiento varias veces. Además, le robaron el anillo de matrimonio y le quitaron los zapatos. Nikita dice que los soldados parecían hacerlo para divertirse.

Torturado con descargas eléctricas

Después de otros dos días atados, él y otros dos prisioneros fueron llevados en un coche blindado a un lugar situado a unos 40 minutos de distancia. Al llegar, los soldados lo sacaron del vehículo, lo tiraron al suelo, un soldado se sentó en su espalda y le hicieron las mismas preguntas que en el bosque.

Según denuncia, el soldado le subió el pantalón derecho a Nikita hasta la rodilla y otro le dio descargas eléctricas. En el testimonio recogido por Reporteros Sin Fronteras, relata que, con la cara pegada al suelo, no pudo ver qué instrumento se utilizó para administrar las descargas eléctricas, pero contó tres o cuatro descargas, cada una de las cuales duró entre cinco y diez segundos. Los otros dos civiles también fueron torturados. La otra persona que contactó con RSF dijo que le pusieron una bolsa en la cabeza para impedirle respirar y que le golpearon muy violentamente.

Nikita también cuenta que le obligaron a escribir y firmar una carta en la que declaraba su apoyo al Ejército ruso y a la invasión de Ucrania. A continuación, le llevaron a él y a los otros dos civiles al sótano de una casa cuyo suelo estaba lleno de agua y los dejaron allí durante dos días hasta que, tras rogar a sus guardias que los llevaran a un lugar menos frío, finalmente los trasladaron. El 10 de marzo, los llevaron al sótano de otra casa, donde se les unió otro preso, un antiguo funcionario ucraniano de alto nivel.

El intérprete relata que ahí fueron interrogados por un tipo diferente de soldado. Solo pudo verle las piernas, con los pantalones planchados, y las botas, limpias y pulidas, pero cree que podrían ser miembros del FSB (Servicio Federal de Seguridad de Rusia) o del GRU (Directorio Principal del Alto Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia).

Finalmente, el 13 de marzo fueron liberados. Nikita fue liberado en un bosque tras una hora de viaje. Cuenta que echó a correr pensando que lo iban a ejecutar, pero no oyó ningún disparo. Tras ser detenido por otros soldados rusos en la carretera, temió que le volvieran a secuestrar pero consiguió subirse a un coche de civiles ucranianos. “Si no se lo llevan le dispararemos en el acto”, dijo un soldado a los civiles.

Nikita se está recuperando, pero sigue teniendo moratones por todo el cuerpo, una pierna hinchada y dificultad para mover las manos como consecuencia de las descargas eléctricas. El médico que le examinó encontró hematomas en la cabeza y el cuerpo, una hinchazón en la pierna derecha y un entumecimiento de las extremidades que podría ser consecuencia de las descargas eléctricas.

Uno de sus compañeros detenidos está hospitalizado con heridas graves. Se desconoce la suerte del exalto funcionario. El otro preso, con el que RSF pudo contactar, dijo que se había librado sin demasiadas heridas ni otras consecuencias. Cuando RSF le preguntó por qué creía que habían sido liberados en lugar de ejecutados, respondió: “No creo que tuvieran el valor de cavar tumbas”.

RSF estableció contacto con él Nikita tras su liberación a través del Centro de Libertad de Prensa abierto en Leópolis. Las distintas partes de su relato fueron corroboradas por entrevistas con un miembro de su familia, con uno de sus antiguos compañeros de prisión y con dos periodistas de Radio France. Un colaborador de RSF le acompañó durante su examen médico, que confirmó los malos tratos físicos a los que fue sometido. RSF también estuvo presente durante sus llamadas a su familia.

Más ataques a periodistas

Desde que comenzó la guerra, los periodistas en Ucrania han denunciado en repetidas ocasiones ataques por parte de las fuerzas rusas. En la segunda semana de la invasión, un grupo de periodistas denunció que las fuerzas armadas rusas los atacaron mientras se dirigían en su vehículo de vuelta a Kiev.

El 1 de marzo, el cámara Yevhenii Sakun murió en el bombardeo ruso de la antena de televisión de Kiev. El 13 de marzo, el cámara estadounidense Brent Renaud falleció por un disparo en un ataque ruso en Irpin, en el que resultó herido otro reportero, el fotógrafo Juan Arredondo. Dos días más tarde, el cámara de la cadena Fox News, Pierre Zakrzewski, y la periodista ucraniana Oleksandra Kuvshynova murieron en otro ataque en Horenka, en las afueras de Kiev. El comité para la protección de periodistas (CPJ, en sus siglas en inglés) y otras organizaciones han denunciado también la desaparición y posible secuestro de varios periodistas, entre ellos el fotoperiodista y documentalista ucraniano Maks Levin, que está en paradero desconocido desde el día 13 de marzo.

Los periodistas de la agencia de noticias Associated Press (AP) Mstyslav Chernov y Evgeniy Maloletka denunciaron este lunes que sus nombres estaban en una lista negra y que las tropas rusas les persiguieron en Mariúpol mientras hacían su trabajo.

Voces de un amplio arco, que incluyen referentes y organizaciones del mundo gremial, profesional y jurídico, expresaron su rechazo a la orden de la jueza en lo civil Susana Margarita Gastaldi para que Santiago O'Donnnell, autor del libro Hermano. La confesión de Mariano Macri sobre la trama de poder, política, negocios y familia detrás de su hermano Mauricio, entregue las 18 horas de grabaciones de entrevistas al empresario.

La magistrada a cargo del juzgado nacional en lo Civil Nº 6 notificó el 2 de febrero a O'Donnell que debía entregar a Mariano Macri todas la grabaciones de las entrevistas, como una medida “preliminar” a un juicio ulterior por daños y perjuicios que el hermano del expresidente pretende llevar adelante contra el periodista.

Hermano, publicado en octubre pasado por Sudamericana, da cuenta de confesiones, acusaciones y agravios de Mariano Macri hacia Mauricio Macri. Entre varios supuestos delitos, el texto abunda en ejemplos sobre cómo Mauricio y Gianfranco Macri habrían orquestado maniobras fraudulentas para quedarse con activos del clan familiar en Socma y otras empresas en perjuicio del padre de todos ellos, Franco (fallecido en marzo de 2019), y de otros hermanos. El exmandatario desmereció las denuncias a través de allegados.

Según narró O'Donnell, el marco del diálogo fue claramente definido como un trabajo periodístico que tendría por fin la publicación de un libro, y con su entrevistado acordaron la regla de que una vez que el cronista acudiera con el texto a la editorial, no habría marcha atrás. Ante la inminencia de la publicación, Mariano Macri se arrepintió y envió cartas documentos para bloquear la impresión, sin éxito. Cuatro meses más tarde, el hermano del exjefe de Estado se presentó en tribunales.

“En las grabaciones hay consideraciones del periodista no divulgadas. También menciones a terceras personas, circunstancias, opiniones y situaciones que el autor eligió no incluir en el libro por una variedad de razones que hacen a la buena praxis periodística”, argumentó un texto que firmaron abogados de un amplio arco ideológico como Raúl Zaffaroni, Andrés Gil Domínguez, Ricardo Gil Lavedra, Roberto Gargarella, Santiago Cantón, Daniel Sabsay, Rafael Bielsa y Néstor Baragli. Tambien suscribieron periodistas como Carlos Ulanovsky, Nora Veiras, Jorge Fontevecchia, Nelson Castro, Darío Pignotti, María O´Donnell, Víctor Hugo Morales, Adriana Meyer, Laura Vales, Mabel Moralejo, Jorge Pailhé, Néstor Espósito, Abel Gilbert, Martín Sivak, Roberto Caballero, Pedro Lipcovich, Irene Haimovichi, Claudio Villarruel, Laura Zommer, Cynthia García, Mercedes López San Miguel, Santiago Rey, Sebastián Premici, Ana Tronfi, Alan Longy, Gloria Beretervide, Daniel Casas, Oscar Ranzani, Joe Goldman, Eduardo Fidanza, Caros Guyot, Ricardo Ragendorfer, Any Ventura, María Seoane, Ángela Lerena, Alejandro Bercovich, Juan Boido, Washington Uranga, José Vales, Christian Balbo, Marcelo Justo, Christian Alarcón, Miriam Lewin y Hugo Alconada Mon.

Los firmantes agregaron que “se trata de una medida claramente inconstitucional, violatoria del derecho a la libertad de expresión y el derecho a la preservación de la fuente. Además viola estándares internacionales, poniendo al Estado ante una causal de responsabilidad internacional, por lo que ha sido denunciada ante la Relatoría Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

O'Donnell, que es defendido por el experto en libertad de expresión Damián Loreti, tiene un plazo de cinco días hábiles desde notificado para cumplir lo requerido o es pasible de importantes multas económicas, dispuso la jueza.

“Esta insólita resolución habilita una 'excursión de pesca' para ver de qué manera se puede dañar, intimidar o castigar al periodista por haber revelado información sensible y de evidente interés público acerca de uno de los hombres más poderosos de Argentina”, sostuvieron los referentes, a quienes adhirió la empresarial Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa).

“Rechazamos la decisión judicial que ordena a nuestro compañero Santiago O’Donnell a entregar las grabaciones de las entrevistas que hizo para su último libro. Nos solidarizamos con él y esperamos que se respete su derecho a la libertad de expresión y a la preservación de fuentes”, advirtió la comisión gremial interna de Página 12, donde trabaja el autor de Hermano como jefe de la sección Internacionales.

En tanto, la la Asociación de Corresponsales Extranjeros de la República Argentina (ACERA) manifestó “enorme preocupación y alarma” ante la orden de la jueza Gastaldi, a cargo del juzgado nacional en lo Civil Nº 6. La entidad recordó que una ley de la ciudad de Buenos Aires sancionada cuando Mauricio Macri ejercía como jefe de Gobierno establece que “queda prohibido obligar a periodistas a entregar sus apuntes, anotaciones y archivos personales y profesionales, o a revelar sus fuentes de información o los proyectos que tengan en marcha, debiendo respetarse su ética y secreto profesional”.

En el mismo sentido, la organización internacional Reporteros Sin Fronteras recordó que el principio 5 de la Declaración sobre la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos previene sobre las presiones económicas “del poder económico y/o del Estado” para coartar la actividad de la prensa, y rememoró que, con el antecedente de que “los tribunales argentinos han demostrado en numerosas oportunidades severas falencias para preservar la confidencialidad de elementos de prueba”, estaría en riesgo el derecho de terceros aludidos por Mariano Macri en las entrevistas con O'Donnell.

En un texto en Página 12, Zafaroni apeló al “sentido común” para rechazar la decisión de la jueza Gastaldi de exigir las grabaciones. “Si mañana cualquier periodista inventase entrevistas que no existieron, la propia publicación lo condena; bastaría con demandar y presentar el libro diciendo 'este señor inventó esto y vengo a demandarlo porque me ha inferido un daño que debe repararme'... Si el demandante es de buena fe y está seguro de la falsedad que por vía de hipótesis le habrá de imputar al periodista, tendrá también la certeza de que no existen elementos para desmentir sus dichos, porque sabe que no dijo lo que le hizo decir el periodista y, en tal caso, no hay ninguna necesidad de requerir nada antes de la propia demanda”.

SL