El juzgado federal de Ariel Lijo tiene en su poder un informe oficial que concluye que el acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y la empresa de su familia Correo Argentino SA fue “abusivo” para el Estado -como habían sostenido los fiscales Gabriela Boquin y Gerardo Pollicita-, informó a elDiarioAR una fuente judicial con acceso directo al caso. El magistrado pondrá a disposición de las defensas los resultados del estudio y los imputados deberán contrarrestar las conclusiones que los dejaron más comprometidos en el expediente, informó otra fuente directa del expediente, que ratificó el resultado.

El informe fue ordenado por la Cámara Federal porteña, llevó un año de elaboración y fue realizado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), también conocida como la “oficina de escuchas” de la Corte Suprema. El organismo también asiste técnicamente en aspectos contables al Poder Judicial. Fue presentado ante el juez Lijo a mediados de diciembre, aunque su finalización trascendió recién en los últimos días, como adelantaron Télam y Página/12.

elDiarioAR pudo acceder a algunos de los ejes centrales del informe, a través de una fuente judicial con acceso directo al material. La DAJuDeCO realizó un análisis del acuerdo firmado por el Ejecutivo en junio de 2016, a seis meses de la asunción de Macri en la Casa Rosada. El exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, quien ya fue indagado, dijo a este medio que no hará declaraciones por el momento, pero afirmó que el caso gira en torno a lo que considera un abstracto, ya que el acuerdo -si bien se firmó- nunca entró en vigor porque fue frenado por la fiscal general Gabriela Boquin. Por eso, sostiene, no podría haber existido abuso. Otras defensas también esperan acceder primero al contenido del informe para hacer declaraciones.

Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas.

El informe incluye un análisis por escrito con distintos escenarios que podrían haberse acordado entre el Ejecutivo y Correo en 2016 para evaluar las alternativas que los funcionarios podrían haber elegido. El juzgado ya tiene acceso incluso a un simulador virtual que permite ingresar distintas variables de la negociación y ver estos escenarios posibles. También dispone de una serie de anexos con la documentación contable que se extrajo del expediente comercial.  

El simulador permite evaluar cómo hubiese variado el acuerdo según las distintas alternativas que se plantearon en la negociación y que se tomaron de la documentación del expediente que tramita en la Justicia comercial. Por ejemplo, se evaluó si la aplicación de distintos planes de pago que se discutieron en el caso hubiesen sido más o menos beneficioso para el Estado; los distintos tipos de tasas de interés (activa o pasiva, por ejemplo); cantidad de cuotas; quitas de deuda; y fecha desde la cual se empieza a calcular la deuda. “En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado”, informó la fuente consultada. Una conclusión preliminar, entonces, es que el Ejecutivo nunca debería haber accedido a negociar.

Sobre el acuerdo que finalmente se firmó en junio de 2016, la conclusión del informe de la DAJuDeCO “se aproxima a las conclusiones de la fiscal Gabriela Boquin” del fuero comercial, que en diciembre de 2016 frenó la homologación de dicho acuerdo, sostuvo la fuente con acceso directo al documento. Sus conclusiones fueron ratificadas más tarde por el fiscal del caso penal que tramita en el juzgado de Lijo, Gerardo Pollicita. “Uno de los puntos es que el acuerdo implicaba que Correo recién empezaba a ejecutar los pagos reales de su deuda al Estado en las últimas siete cuotas”, agregó la fuente.

En todos los escenarios que se plantearon en el pre-acuerdo, el acuerdo resulta abusivo para el Estado.

La defensa de los ejecutivos de Correo que fueron indagados por el juez sostuvo en el expediente que “la quita (de la deuda acordada con el Gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %”, como sostiene la acusación de los fiscales.

Tanto los exfuncionarios investigados como la compañía niegan haber intentado perjudicar a la administración pública, según vienen sosteniendo en el expediente. Al no tratarse de un peritaje en el que podrían haber participado las partes (y que se hubiese extendido más en el tiempo), ahora el juzgado deberá dar la oportunidad a los involucrados para presentar escritos y documentación que consideren necesaria para su defensa.

Antecedentes

La deuda original de Correo con el Estado era por 300 millones de pesos/dólares (2001), por el canon adeudado, ya que la empresa debía pagar al Estado por la explotación del servicio postal. A su vez, la empresa reclama desde 2016 en sede judicial supuestas deudas millonarias del Estado por prestación de servicios adeudados y por la estatización de 2003.

La fiscal había planteado que el acuerdo era “abusivo” en base a otro informe oficial, realizado en 2017 por la Dirección de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) de la Procuración General de la Nación. Aquel análisis estableció que el acuerdo implicaba una quita del 98,87% de la deuda, equivalente a más de 4.000 millones de pesos, a 2017. 

Lijo investiga la presunta responsabilidad penal del expresidente Macri y otros exfuncionarios de su gobierno por los supuestos delitos de administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. En el expediente, Macri fue imputado formalmente en 2017 por el entonces fiscal del caso, Juan Pedro Zoni. El exmandatario siempre negó las acusaciones y su participación en el acuerdo.

La quita (de la deuda acordada con el gobierno de Macri) rondaría entre el 44 y el 54,5 %, pero jamás el 98,87 %.

Por este caso, ya fueron indagados en marzo de 2019, el exministro de Defensa Aguad, por su rol en la cartera de Comunicaciones; su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo. En base a este informe de la DAJuDeCo, el juez debe decidir sobre la situación procesal de los cuatro indagados, explicó una fuente judicial que interviene directamente en el expediente.

Correo es una empresa residual sin actividad comercial, que enfrenta un concurso de acreedores desde hace más de 19 años. Tuvo la explotación del servicio postal durante los años 90. La empresa atraviesa el proceso de salvataje o cramdown desde hace más de un año. Si esa instancia fracasa, el camino inevitable sería la quiebra de la compañía y la posible extensión de la quiebra al grupo económico que controló y controla a Correo: Sideco y Socma, principales empresas de la familia Macri. 

ED