La jueza federal de Nueva York Loretta Preska habilitó el embargo de US$210 millones para que fondos buitre que no ingresaron en los canjes que hubo desde entonces se cobren parte de sus deudas por el default de 2001.

Se suma a la decisión del miércoles, cuando bonistas que habían demandado al país por el pago del cupón PBI en Londres lograron ejecutar una garantía de US$325 millones que el país había dejado para poder apelar el fallo en contra.

“La Juez Loretta Preska aprueba el embargo de US$210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos US$100 millones”, informó Sebastián Maril, un especialista que sigue al detalle las demandas contra el país a nivel internacional.

Esos fondos que se embargan pertenecían a una cuenta que tiene el Banco Central en la Reserva Federal de Estados Unidos, y se utilizaron en su momento para garantizar el pago de los bonos Brady.

Este miércoles los tenedores de los bonos denominados “cupón PBI”, que ganaron el juicio contra el país en el Reino Unido, ejecutaron la garantía de 313 millones de euros (unos US$325 millones) requerida para apelar el juicio por 1.330 millones de euros que se había perdido en primera instancia.

Como la apelación fue rechazada y se confirmó el fallo en contra, Argentina debe empezar a pagar.

Los demandantes fueron los fondos Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, que tenían cupones PBI, que estaban atados al crecimiento.

Es decir, recibían un pago en tanto la Argentina superara cierto porcentaje de crecimiento. Estos acreedores acusaron a Argentina de haberlos perjudicado al modificar la forma de medir el PBI y, en consecuencia, haberle pagado menos en 2013.

Los dos embargos sobre activos argentinos por juicios perdidos a nivel internacional llegan en la primera semana de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien reemplazó al despedido Rodolfo Barra.

Uno de los casos más desafiantes es el de los US$16.000 millones que la Argentina debe pagar tras perder el juicio de los accionistas minoritarios por la estatización de la petrolera YPF, en 2012.

Otro fallo adverso en agosto de 2024

Ya en el mes de agosto del año pasado, la jueza Preska le odenó a la Argentina pagar US$142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.

La magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.

Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.

En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.

Con información de agencias.

IG

El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Javier De Luca dictaminó a favor del sobreseimiento del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en una causa en la que se lo acusa de supuestamente alterar datos oficiales del Producto Bruto Interno (PBI) para evitar el pago de títulos de deuda pública durante su gestión como ministro de Economía, según el documento al que accedió elDiarioAR. De esta forma, el mandatario provincial quedó a un paso del sobreseimiento firme.

La denuncia había sido presentada a finales de 2019 por los opositores Yamil Santoro, José Lucas Magioncalda y José Javier Bulacio, en base a un artículo publicado por Infobae, y en la que sostenían que en 2014, Kicillof había alterado la cifra de crecimiento del PBI de 2013 para supuestamente no pagar a los acreedores del título Cupón PBI. 

El fiscal De Luca desistió del recurso de Casación que había presentado su colega José Agüero Iturbe, fiscal general de segunda instancia, quien había sostenido que el sobreseimiento del exfuncionario de Cristina Fernández de Kirchner fue prematuro. De Luca afirmó que no existió la comisión de delitos penales en los hechos denunciados. “Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos”, dijo el fiscal, retomando un debate que también se había planteado en la causa Dólar Futuro, en la que el exministro y la expresidenta terminaron sobreseídos antes del comienzo del juicio oral y público por decisión de la Casación. La causa debe ser revisada por la Corte Suprema.

“El 21 de febrero de  2014, (el entonces ministro) había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9% -sostenía el artículo periodístico que se tomó como base para la denuncia-. Un mes más tarde, el 26 de marzo de 2014 anunció que por una revisión de cuentas, el crecimiento había sido del 2,9%, (es decir,) menor al 3,25% que gatillaba el pago del Cupón del PBI”. De acuerdo con dicho artículo, “ante la escasez de divisas, el Gobierno tuvo como único objetivo publicar las nuevas series del PBI para reflejar una baja del crecimiento económico del año 2013 con el fin de evitar el pago del cupón PBI por unos US$3.000 millones”.

La denuncia hacía hincapié en la posible alteración de la cifra del PBI mediante la utilización de un método distinto de medición que podría encuadrarse en una violación de los deberes de funcionario público. De Luca afirmó que “la implementación de un método de medición del PBI distinto del anterior depende de uno u otro criterio de la ciencia económica y, por ello, no puede ser considerado como un ‘falseamiento’ per se. Se podrá discutir ese criterio científico en otro lugar, pero de esa situación no deriva la más mínima sospecha de que pudiera haber incurrido en una figura penal”.

En primera instancia, la jueza María Servini había sobreseído a Kicillof. El fiscal Guillermo Marijuán apeló la decisión por entender que había medidas de prueba pendientes para seguir investigando la posible comisión de un delito, pero la Cámara Federal porteña confirmó el fallo de la magistrada. Entonces, el fiscal general Agüero Iturbe acudió a la Casación y el expediente llegó a la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, quienes ya cuentan con el dictamen del fiscal De Luca para definir su posición: si confirman o revocan el sobreseimiento dictado en las instancias anteriores. De confirmarse, el sobreseimiento quedaría firme. 

Observo que se trata de una decisión de política económica tomada dentro de las facultades legales conferidas a los administradores de los fondos públicos.

“Luego de un profundo estudio de los asuntos fácticos y jurídicos involucrados y de las piezas que componen el legajo, entiendo que los argumentos de la jueza a cargo de la instrucción y los de la Cámara de Apelaciones para sobreseer en la causa no han sido refutados por los recursos de mis colegas de las instancias anteriores”, dijo De Luca en su dictamen, con fecha del martes.

“Desde el punto de vista objetivo no puede haber delito de administración fraudulenta o infiel si no se genera o produce un perjuicio económico para el patrimonio administrado”, afirmó el fiscal de Casación. “Los denunciantes y acusadores no explican cómo, con los actos  denunciados, se podría haber irrogado el perjuicio económico”, agregó, y sostuvo que no puede juzgarse en Argentina a un funcionario por presunta administración infiel por el perjuicio eventual a los bonistas extranjeros.

“Si se considerase que el funcionario generó las condiciones para que los bonistas  demandaran al Estado Nacional, se observa que ese razonamiento omite considerar que el reclamo no podría superar los montos que deberían haber cobrado con el guarismo del crecimiento PBI anterior. Los demás reclamos que pudieran hacerse, son los corrientes de cualquier demanda judicial por una deuda impaga”, aseguró De Luca.

“La hipótesis de la denuncia sólo podría ser considerada si se  presupone la connivencia o contubernio de los funcionarios y los acreedores para que éstos inicien demandas contra la Argentina para cobrar mayores acreencias que las que les hubiera correspondido inicialmente. En esta hipótesis, los acreedores serían partícipes necesarios de la administración fraudulenta. Pero eso no es lo denunciado aquí, donde se considera como perjuicio (para la administración pública) el reclamo por una eventual deuda impaga a esos acreedores”, dice el dictamen fiscal. 

ED

La miniserie del canje de bonos de YPF no está terminada. El grupo de bonistas duro liderado por Fidelity Investments sólo canjeará los bonos que vencen el 23 de marzo para evitar el default técnico de la empresa pero se quedará con los bonos que vencen en el 2024 y en el 2025 para no concederle a la petrolera controlada por el Estado una quita en su deuda que ellos consideran excesiva, oportunista y hostil, aseguró una persona con conocimiento directo de los planes del grupo de acreedores.

El grupo duro de bonistas le dijo claramente a YPF que sólo apoyará a la empresa en el canje de los US$ 413 millones, de los cuales dicen tener el 45%, pero en modo alguno aceptó la oferta global que hizo YPF para recortar hasta en US$ 2.000 millones el pago de intereses de la compañía en los próximos años, dijo la persona pidiendo no ser nombrada ya que no es vocero oficial del grupo de bonistas. Estos aseguran tener posiciones significativas en los bonos que vencen en el 2024 y 2025.

El pasado 7 de enero, YPF lanzó una oferta de canje por todos sus bonos, agrupados en siete series, por un total de US$ 6.200 millones. El domingo a la noche, a pedido de este grupo, la sociedad mixta con mayoría estatal modificó por cuarta vez las condiciones del canje buscando una aceptación masiva y estiró el plazo para la aceptación del canje hasta el miércoles a la medianoche. Luego de esa nueva oferta aprobada por el directorio de la empresa, el estudio de abogados de los bonistas, Clifford Chance, emitió un comunicado asegurando que aceptaban la nueva oferta de YPF, que les daba más dinero en cash y menos papeles a los tenedores del bono con vencimiento el 23 de marzo próximo. Las acciones de YPF subieron el lunes 7,37% descontado que la empresa había encontrado una solución definitiva a su deuda.

Pero ahora, a 48 horas el cierre del canje, los bonistas duros quieren más y aseguran que sólo aceptarán la oferta de canje para el bono que vence en marzo y que rechazarán entregar los otros papeles para no perder poder de negociación cuando tengan que refinanciarlos en un futuro.

Las oficinas de prensa de YPF y Clifford Chance contestaron esta noche al requerimiento de elDiarioAR aunque declinaron realizar comentarios.

PRG