Un expolicía fue condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de su expareja, Úrsula Bahillo, quien fue asesinada de 15 puñaladas en febrero pasado luego de denunciarlo varias veces por violencia de género, en la ciudad bonaerense de Rojas.

Se trata de Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, quien fue encontrado culpable por el “homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio” de Úrsula, que tenía 18 años.

La audiencia comenzó a las 10, en la sede de los tribunales de Junín con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de esa ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

El fiscal Sergio Terrón había solicitado en su alegato que Matías Ezequiel Martínez sea condenado a prisión perpetua por el “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio” de Úrsula.

El juicio por el femicidio de la joven comenzó el viernes 3 de diciembre y se llevó a cabo de manera presencial, con el aforo correspondiente por la pandemia del coronavirus. Durante la única audiencia del debate declararon unos diez testigos, entre ellos el padre de la víctima, y el único acusado del juicio, el expolicía y expareja de Bahillo.

Martínez aseguró ante el TOC 1, conformado por los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, que no tuvo intenciones de matar a la joven y que ella lo “agredió” en primera instancia.

Finalizada la ronda de testigos, el fiscal Terrón, quien también instruyó la causa, realizó su alegato y pidió una pena de reclusión perpetua para el exefectivo por el crimen de Bahillo. Por su parte, el abogado Emiliano Basso, quien representa a la familia de la joven asesinada como particular damnificada en la causa, acompañó el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal.

En tanto, la defensa del expolicía solicitó que Martínez sea condenado por un “homicidio en exceso de la legítima defensa”, informaron fuentes judiciales.

El acusado permanece detenido en la Unidad Penal 49 de Junín y el pasado 22 de febrero fue condenado por el juez en lo Correccional 1 de esa ciudad, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de “lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas”, en perjuicio de una expareja atacada en 2017. Estos cuatro años de cárcel se unificarán con la pena única de reclusión perpetua a la que fue condenado por el femicidio de Úrsula.

Según el requerimiento de elevación a juicio realizado por Terrón, “el mismo día del hecho, en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo y, como bien consta en el acta de procedimiento, tenía en su poder al momento de su aprehensión”.

“Que dicha restricción no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde. (...) Que dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado”, sostuvo Terrón.

De acuerdo a la acusación, con Úrsula a bordo, el sospechoso se alejó al paraje Guido Spano, distante aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Rojas, “siendo un lugar con frondosa arboleda, con un río en las proximidades, totalmente inhóspito”.

“Allí, con la víctima a su merced, sin posibilidad de ser auxiliada por persona alguna, realizó el feroz ataque (...) con el cuchillo -secuestrado en autos- que tenía en su poder y había llevado con dicho propósito, ocasionándole una muerte brutal a esta joven de apenas 18 años de edad”, indicó la fiscalía.

Tras el femicidio, Martínez llamó “reiteradamente a su tío, luego de las 20, pidiéndole que vaya solo (¿buscando su colaboración o complicidad tal vez para deshacerse del cadáver?), no sin antes montar una 'mise en scène' para hacer creer que existió un ataque previo de la víctima o, tal vez, una tentativa de suicidio”.

El femicidio

Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero último cerca de las 20.30, entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Con información de agencias.

IG

El veredicto en el juicio a un expolicía acusado de asesinar de 15 puñaladas en febrero pasado a su expareja Úrsula Bahillo, a quien tenía prohibido acercarse ya que la joven lo había denunciado varias veces por violencia de género, en la ciudad bonaerense de Rojas, se dará a conocer este martes, informaron hoy fuentes judiciales.

La audiencia comenzará a las 10 en la sede de los tribunales de Junín con la lectura del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de esa ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Fuentes judiciales informaron a Télam que el fiscal Sergio Terrón solicitó en su alegato que Matías Ezequiel Martínez, de 26 años, sea condenado a prisión perpetua por el “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio” de Úrsula, de 18 años.

El juicio por el femicidio de la joven comenzó el viernes 3 de diciembre último y se llevó a cabo de manera presencial, con el aforo correspondiente por la pandemia del coronavirus. Durante la única audiencia del debate declararon unos diez testigos, entre ellos el padre de la víctima, y el único acusado del juicio, el expolicía y expareja de Bahillo.

De acuerdo a los voceros, Martínez aseguró ante el TOC 1, conformado por los jueces Carina Piegari, Claudia Dana y Esteban Melilli, que no tuvo intenciones de matar a la joven y que ella lo “agredió” en primera instancia.

Por su parte, el abogado Emiliano Basso, quien representa a la familia de la joven asesinada como particular damnificada en la causa, acompañó el pedido del representante del Ministerio Público Fiscal. En tanto, la defensa del expolicía solicitó que Martínez sea condenado por un “homicidio en exceso de la legítima defensa”, informaron fuentes judiciales.

El acusado permanece detenido en la Unidad Penal 49 de Junín y el pasado 22 de febrero fue condenado por el juez en lo Correccional 1 de esa ciudad, Héctor Alberto Barbera, por los delitos de “lesiones leves agravadas en concurso con amenazas agravadas”, en perjuicio de una expareja atacada en 2017. Estos cuatro años de cárcel se unificarán con la eventual pena única de reclusión perpetua a la que podría ser condenado por el femicidio de Úrsula, indicaron las fuentes.

Úrsula fue hallada asesinada a puñaladas el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido. El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463

Ernesto Zambrini (Télam)

La Defensoría del Pueblo bonaerense pidió el juicio político para el juez de Paz Letrado de la ciudad bonaerense de Rojas, Luciano Callegari, al considerar que mostró “negligencia e incumplimiento de sus deberes” ante las denuncias por violencia de género formuladas contra el acusado de matar a Úrsula Bahillo en febrero pasado.

“El juez no defendió a la víctima, demoró dictar medidas de protección y nunca juzgó desde una perspectiva de género, entre otras fallas graves, lo que hizo que el femicidio fuera lamentablemente un final anunciado”, sostuvo el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, al formular el pedido junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (Copreviol).

Úrsula, de 18 años, fue asesinada luego de denunciar varias veces a su expareja, el policía bonaerense Matías Ezequiel Martínez, por ejercer violencia, amenazas y hostigamientos.

El pedido de jury a Callegari se basa en que “dejó en evidencia un desconocimiento de la normativa de derechos humanos en relación a la tutela de las víctimas de delitos en general, y en especial, de aquellas que sufren violencia de género”, indicó la Defensoría en un comunicado.

Además, se considera que “mostró desidia, y ante la progresión de hechos de violencia, sólo administró medidas preventivas con injustificable lentitud y omitió velar por su concreción material, aun cuando el agresor contaba con amplios antecedentes violentos en el ámbito familiar y laboral”.

A su vez, el organismo considera que el juez “aplicó una visión sesgada, portadora de estereotipos sexistas y discriminatorios, que quedaron de manifiesto al ordenar una pericia psicológica sobre la víctima en lugar de concentrarse en la figura del agresor”.

Ante este escenario, el pedido de juicio político fue formulado por considerar que Callegari mostró “una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones y operó con un evidente desconocimiento del derecho vigente, nacional e internacional, de protección a las víctimas”.

Además, hubo “un mal desempeño e incumplimiento de deberes”, ya que “no tomó contacto con la víctima; omitió información y asistencia, ni ordenó una asistencia especializada y protección; y demoró injustificadamente el dictado de medidas ni controló la efectividad de éstas”.

Tampoco tomó ninguna medida ante la desobediencia del acusado ni requirió información a su lugar de trabajo, que hubiera mostrado las denuncias por violencia que ya tenía, e incumplió el deber de juzgar con perspectiva de género, de administrar justicia sin el uso de estereotipos y prejuicios, agregaron desde la Defensoría.

“Un repaso por los hechos nos muestra que fue otra muerte que se podría haber evitado”, puntualizó Lorenzino.

Con información de agencias.

IG

Un fiscal pidió la prisión preventiva y que sea sometido a juicio el policía Matías Ezequiel Martínez, detenido por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada de 15 puñaladas hace 22 días en la localidad bonaerense de Rojas, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Sergio Terrón hizo la presentación ante el Juzgado de Garantías 3, a cargo de María Laura Durante, por el delito de “homicidio doblemente calificado, por tratarse de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) y por mediar alevosía”, que prevé prisión perpetua.

Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto.

Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Hace unos días, el peritaje de los teléfonos celulares de Úrsula y del policía Martínez, detenido por el femicidio, reveló que el acusado engañó a la víctima el día del crimen al pedirle un encuentro para aclarar algunas “cosas”, informaron fuentes judiciales.

Para los investigadores, ese peritaje es “clave” para determinar la presunta premeditación, ya que al encuentro que pactó con la víctima fue armado con una cuchilla de carnicero con el que finalmente la asesinó.

La información surgió de chats entre la víctima y el presunto femicida que los peritos informáticos pudieron extraer de los dos smartphones hallados en la escena del crimen.

Voceros judiciales informaron que, de acuerdo a lo recabado, Martínez le había pedido a la joven encontrarse personalmente el 8 de febrero, ya que tenía supuestas intenciones de aclarar algunas “cosas” con la joven y charlar acerca de las denuncias que le había realizado.

“Se ve que él (Martínez) ya tenía un plan premeditado porque fue con un cuchillo, así que ya él había planificado lo que pasó”, indicó a Télam una fuente con acceso al expediente.

Este dato era de suma importancia para la investigación, ya que el fiscal que instruye la causa, Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Junín, aguardaba establecer si el encuentro entre ambos había sido concertado de alguna manera, tal como finalmente ocurrió.

El imputado fue sometido a un examen mental obligatorio, y de acuerdo a lo que le adelantó el médico psiquiatra al fiscal Terrón, el policía está en condiciones de afrontar un juicio y es plenamente consciente de lo que hizo, por lo que descartaban una posible inimputabilidad.

Precisamente, el lunes 22 de febrero, el policía bonaerense que estaba de licencia con carpeta psiquiátrica fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja.

Los detalles del escrito del fiscal Terrón

Fuentes judiciales informaron que el representante del Ministerio Público aseguró en el escrito que “el mismo día del hecho, en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo y, como bien consta en el acta de procedimiento, tenía en su poder al momento de su aprehensión”

“Que dicha restricción no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde. (...) Que dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado”, sostuvo Terrón.

Según la acusación, con Úrsula a bordo, el sospechoso se alejó al paraje Guido Spano, distante aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Rojas, “siendo un lugar con frondosa arboleda, con un río en las proximidades, totalmente inhóspito”.

“Allí, con la víctima a su merced, sin posibilidad de ser auxiliada por persona alguna, realizó el feroz ataque (...) con el cuchillo –secuestrado en autos- que tenía en su poder y había llevado con dicho propósito, ocasionándole una muerte brutal a esta joven de apenas 18 años de edad”, indicó la fiscalía.

Tras el femicidio, Martínez llamó “reiteradamente a su tío, luego de las 20, pidiéndole que vaya solo (¿buscando su colaboración o complicidad tal vez para deshacerse del cadáver?), no sin antes montar una 'mise en scène' para hacer creer que existió un ataque previo de la víctima o, tal vez, una tentativa de suicidio”.

“Lo que sí puede afirmarse es que lejos estuvo su proceder y su intención de pedir ayuda por su herida, ya que ante el arribo de su tío, al que fue guiando con sucesivas llamadas, y advirtiendo la presencia de personal policial, no tuvo ningún impedimento físico para emprender una carrera de 1.000 metros hasta ser aprehendido”, analizó Terrón.

Con estos datos y otros elementos obtenidos durante la investigación, el fiscal solicitó a la jueza Durante la conversión en prisión preventiva de la detención y que la causa sea elevada a juicio oral.

Con información de agencias.

IG

Matías Ezequiel Martínez, el policía detenido por el femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas, fue condenado este lunes a cuatro años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja, informaron fuentes judiciales.

El veredicto fue dictado por el juez en lo Correccional 1 de Junín, Héctor Alberto Barbera, y la condena coincidió con lo que el pasado jueves había pedido la fiscal de juicio María Fernanda Sánchez en el marco de la causa por el hecho de violencia sufrido por Belén Miranda, expareja de Martínez.

El caso Úrsula

Úrsula Bahillo tenía 18 años y fue hallada el lunes 8 de febrero, cerca de las 20.30, muerta a puñaladas y golpes entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Los investigadores pudieron determinar que la pareja llegó hasta allí en el auto Peugeot 307 del policía y deberán probar si Martínez logró que Úrsula suba a su auto con algún tipo de engaño o amenazada.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”. Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido adentro de su auto. El sospechoso intentó escapar a pie por los pastizales, pero de inmediato fue reducido y apresado con sangre de la víctima y la propia en su ropa.

Dentro del auto, los investigadores hallaron una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas, que se cree fue el arma homicida.

Según las fuentes, todo indica que tras una fuerte discusión, Martínez asesinó a Bahillo a puñaladas y con la misma arma blanca se autoprovocó una serie de lesiones en un intento de suicidio o para fingir un ataque.

El policía, que se desempeñaba en un Destacamento de San Nicolás, quedó a disposición de la justicia como acusado de “homicidio calificado por violencia de género”.

El caso es investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, y la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este domingo que el tratamiento de los casos de femicidios “debe ser una de las prioridades de la agenda del Gobierno nacional” y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

La ministra Sabina Frederic expresó su preocupación por el aumento de los casos de violencia de género en el último año e indicó que trabaja con los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad y de Justicia para abordar la problemática.

“Nosotros hemos venido trabajando todo el año pasado para tratar de abordar las violencias extremas por razones de género. Esa tarea nos ha llevado a diseñar una serie de instrumentos para mejorar la intervención, para anticiparnos a estos hechos trágicos, repudiables, lamentables, que azotan a la Argentina, y en algunas zonas del país más que en otras”, expresó en diálogo con CNN Radio.

Frederic destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear el Consejo para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

La ministra señaló que “este Consejo está pensado para tratar de fortalecer y sobre todo comprometer a las provincias, a todos los equipos y operadores que trabajan en este tema, porque hay mucha gente tratando de resolver este problema, y hay muchos casos que son exitosos”, pero hay que “evitar la mayor cantidad de agresiones de este tipo porque son una herida a todos”, enfatizó.

“Sabemos que no vamos a impedir todos los femicidios de acá a un mes, pero tenemos la responsabilidad de evitar todos los casos que podamos, también considerando que las herramientas para la intervención las tienen los gobiernos provinciales”, precisó.

La titular de la cartera de Seguridad aseguró que la tarea del Gobierno nacional será “articular las intervenciones, apoyar, poner el tema en agenda todo el tiempo, que el tema esté entre las prioridades de la agenda de gobierno”.

El femicidio de Úrsula

Por otra parte, se refirió al femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada el pasado 8 de febrero de varias puñaladas por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.

“En este caso hubo varias omisiones, Los policías que estaban en esa localidad mostraron cierta inoperancia, sobre todo en lo que fue la contención de la población y de la familia”, señaló.

La funcionaria dijo también que existieron “omisiones de los operadores judiciales”, al reseñalr que Úrsula “había hecho la denuncia, el asesino tenía muchas denuncias previas, y había como una parálisis en cuanto a la reacción fuerte y decidida de la Justicia que es la que tiene que actuar”.

“Hay que repartir las responsabilidades por que llega un momento en que la policía no puede tomar decisiones, las decisiones las toma el Poder Judicial”, indicó.

La ministra aseguró que “muchas veces las medidas que se toman, se toman revictimizando a la víctima, cercando a la víctima en lugar de cercar al victimario”.

“Me parece que ahí hay que repensar y todos tenemos que repensar esas intervenciones para que la víctima no termine acorralada como termina pasando en la mayor parte de los casos”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Las denuncias por haber ejercido violencia de género en las filas de la Policía Bonaerense son cada vez más extendidas. Dentro del enorme universo de 60.000 agentes hombres que la integran, casi 6.000 fueron denunciados y más de 4.600 de ellos están aún en la fuerza. A uno de cada 10 lo acusaron por agresiones contra las mujeres. Como ocurrió con Matías Ezequiel Martínez, que mató a su ex novia Úrsula Bahillo en Rojas, algunos de ellos habían sido señalados ante la Justicia más de una vez. 

El desglose detallado muestra que hubo 5.966 uniformados denunciados -entre 2013 y 2020- ante la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). La cifra surge de un pedido de acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entregado al sitio web de investigación Perycia. A ese número se le suma otro imposible de precisar, que es el de todas las víctimas que no se animaron a hacerlo. 

Cada vez que a un miembro de la Policía Bonaerense se lo denuncia se le abre una Investigación Sumarial Administrativa en la AGAI. Según los datos, en la enorme mayoría de los casos, la suspensión es breve y luego el denunciado se reintegra a sus funciones. Durante los siete años relevados, se desprende que de los 5.966 sumariados. Sólo fueron sancionados y expulsados 984. Eso significa que 4.618 todavía pertenecen a la estructura, lo que equivale a más del 80% del total.

Gran parte de estas investigaciones internas se generaron en la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo. En ese período las instrucciones sumariales se multiplicaron. Al final de 2019, había casi 30 mil sumarios, casi un tercio del total del personal policial. Pero esos procesos luego no se tradujeron en sanciones firmes. Solo 2.000 de ellos fueron exonerados. 

Del pedido de información pública solicitado surge otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados. Entre ellas se destacan las jurisdicciones de La Plata, Ensenada, Berazategui, Cañuelas, Monte, Lobos, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar Mercedes, Arrecifes, Junín, Lincoln, Mar del Plata, Azul, Madariaga y Monte Hermoso. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la Fuerza funcione muchas veces como corporación, hoy no hay protocolos efectivos y no hay voluntad de autodepuración. ¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar pero la misma fuerza las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento, que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”, afirma Verónica Liso, la periodista que junto a su colega Laureano Barrera analizaron y cruzaron los datos sobre los miles de policías denunciados por violencia de género.

Las denuncias directas a la Auditoría de Asuntos Internos se hacen en las sedes propias de La Plata, Avellaneda, Mar del Plata y Vicente López. Allí llegan las víctimas de un abuso policial no quieren pasar por una comisaría a hacer sus acusaciones. A ésas, se les suman las que sí fueron a las seccionales, a las de las fiscalías y las de los llamados al 911.

Las instrucciones sumariales referidas a violencia de género las llevan adelante cuatro auditorías en la Provincia. La auditoría N°1, que se encarga de las jurisdicciones del conurbano sur y los partidos cercanos a la Costa; la N°2, del oeste del conurbano y el centro y el oeste de la Provincia; la N°3, GBA Norte y los partidos que van hasta el límite con Santa Fe y la N°4, que releva casos en el centro y en el sur, hasta Carmen de Patagones. Cada una de esas auditorías la integran 10 abogados y uno o dos instructores especializados en violencia de género y familiar. 

Todos los sumarios son realizados en función de la Resolución 2277/12, que regula el “Protocolo para la Evaluación y Tratamiento del personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en casos de Violencia Familiar”. Este dispone que los efectivos deben pasar por controles médicos para saber si pueden seguir formando parte de sus equipos de trabajo habituales y si pueden seguir teniendo sus armas. Se informa a la Superintendencia de Políticas de Género y a la Policía Científica. Luego se gira la información al registro de armas para saber si tiene una pistola no reglamentaria, que pueda usar cuando le quiten la oficial. La instrucción sumarial se completa y se emite con un dictamen en el que se informan las sanciones. Luego, el expediente pasa al área Legal y Técnica. Por último, el auditor general toma la investigación y resuelve.

El sumario puede archivarse, se puede decretar la incompetencia, el policía puede recibir sobreseimiento provisorio o definitivo. O ser sancionado. Dentro de las penas, está la suspensión del trabajo desde hasta 60 días, que debe ir acompañado de curso de “capacitación y sensibilización” en temas de género. Las penas expulsivas que puede recibir son la cesantía y la exoneración. En estos casos no pueden volver a la fuerza. Los cesanteados pueden pedir ser incorporados a la administración pública. 

Según la resolución 2277/09 por la sola denuncia no se releva de sus funciones al policía acusado. Tiene que comenzar el sumario y evaluar la gravedad del caso, los controles médicos y recién después se determina si continúa en sus tareas. 

Ante la consulta de qué tipo de capacitación recibieron sus propios funcionarios, Asuntos Internos informó que en diciembre una primera camada de las 400 personas que la integran cumplieron con talleres del Ministerio de la Mujer de la Provincia y que en marzo continuará el resto del plantel. También señalaron que un nuevo protocolo de abordaje policial de la gestión, que terminaron de redactar el año pasado, aún está siendo revisado y que luego deberá ser firmado por Sergio Berni. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

 El femicidio de Úrsula Bahillo ocurrió el 8 de febrero cerca de Rojas. Por el crimen se abrió una causa a cargo del fiscal de Junín Sergio Terrón. El policía Matías Martínez fue detenido y se negó a declarar. Tenía tres denuncias presentadas en las últimas semanas por Úrsula por “amenazas calificadas”, “amenazas” y luego por vulnerar la perimetral dispuesta. Las tres fueron el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero, apenas unos días antes del crimen. Pero, Martínez tenía denuncias de al menos otras dos mujeres.

Una de ellas se llama Florencia Veloz (32) y relató detalles de la violencia sufrida durante el año y medio de su relación con Martínez. Ella también es policía y contó que un par de horas antes del crimen se comunicó con Úrsula. Además explicó que su sobrina había sufrido abuso por parte de Martínez y que había sido denunciado e investigado. El ataque sexual fue en abril del 2020, la nena declaró en Cámara Gesell recién a fin de año incriminándolo. Pero hasta mitad de septiembre, cuando entró en licencia psiquiátrica estaba armado y trabajando.

También Veloz detalló que Martínez había sido acusado por violencia de género en 2017 y sostiene que en esa causa hubo encubrimiento policial. Ella cuenta que en vez de pasarlo a disponibilidad, lo trasladaron a una comisaría de Pergamino.

Como se puede ver, por ninguna de las denuncias en su contra Martínez había sido sancionado. Al contrario, fue el propio Martínez quien se apartó voluntariamente solicitando esa carpeta psiquiátrica. 

AM

Esta nota fue actualizada el 18/2 a las 13.50 para aclarar que el total de agentes hombres es de 60.000 y uno de cada 10 fueron acusados de violencia contra las mujeres.

El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en Casa Rosada a los padres de Ursula Bahillo, la joven de 18 años asesinada por su exnovio, el policía Matías Ezequiel Martínez, en la ciudad bonaerense de Rojas, informaron fuentes oficiales.

“Fuimos muy bien recibidos, Alberto Fernández me trató muy bien como mamá, me voy contenta con el encuentro y lo que prometió el Presidente”, aseguró la madre de Úrsula a los periodistas al salir de la reunión. Además contó que “en dos semanas el Presidente va a estar en mi casa de Rojas”.

Fernández recibió poco antes de las 16 en su despacho de la Casa Rosada a Patricia Nasutti y a Adolfo Bahillo, papás de la joven hallada el 8 de este mes, asesinada a puñaladas, entre pastizales de un campo ubicado en el paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, donde además la Policía apresó a Martínez.

De la reunión participaron también las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabrina Frederic; y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

“Me dio su celular personal y las Ministras también. Lo único que les puedo decir es que es una persona humana, Alberto Fernández me escuchó como mamá y me voy totalmente contenta, a pesar de la tristeza que tiene mi alma”, agregó la mamá de Úrsula.

Al dejar la Casa de Gobierno, Nasutti se dirigió a la manifestación que convocó el colectivo feminista Ni Una Menos bajo la consigna “Por Úrsula y por todes. ¡Basta de justicia patriarcal!, ¡Basta de represión policial!”.

“Fue un encuentro muy duro, triste”

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, dio detalles de la reunión. “Fue un encuentro muy duro, triste. El Presidente escuchó tanto a Patricia como Adolfo, el papá. Les dio todo el apoyo y acompañamiento que requirieran de aquí en adelante. Nos vamos de encargar de asistirla en lo inmediato. El reclamo de justicia y también las medidas en la policía de Rojas, porque son responsables de sus actos. Fue un encuentro muy doloroso, uno tiene que escuchar y estar a la altura de la tragedia que están atravesando estos papás”.

Y agregó: “En principio el accionar de la justicia, había muchas denuncias sobre este asesino, con antecedentes múltiples, el muchacho es policía con carpeta psiquiátrica. Hubo muchas dificultades por parte de la policía de Rojas para afrontar la situación”.

El Presidente convocó a los gobernadores a trabajar para construir una “Argentina unida contra las violencias de género”

DA

Un jurado popular juzgará a partir del lunes de la semana que viene al acusado de matar en marzo pasado a Fátima Acevedo, la joven de 25 años que tras denunciar seis veces a su expareja por violencia y buscar asilo con su hijo en la Casa de la Mujer de la ciudad entrerriana de Paraná, fue hallada estrangulada en el fondo de un aljibe.

Al igual que otras víctimas de femicidio, y como ocurrió con el reciente femicidio de Úrsula Bahillo (18), Fátima había pedido auxilio en reiteradas ocasiones e, incluso, se difundieron tras su asesinato audios y mensajes en los que denunciaba su situación y la inacción judicial y policial.

El juicio al que llegará como único acusado Jorge Martínez (35), expareja de Acevedo y padre de su hijo, comenzará a las 9 del lunes 22 y será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer).

Fuentes judiciales dijeron a Télam que el debate, a cargo de 12 jurados, se extenderá durante las jornadas del 22, 23, 24, 25 y 26 y se desarrollará en el salón de actos de los Tribunales de Paraná.

Previo a ello, el viernes 19, se llevará a cabo la elección de los integrantes del jurado que analizará los elementos incorporados en la causa en la que Martínez permanece bajo prisión preventiva, alojado en la Unidad Penal 1 de Paraná.

El ex de Acevedo afrontará cargos por “lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo, defraudación especial y homicidio agravado por tratarse de su expareja y en un contexto de violencia de género”, que prevé la pena de prisión perpetua.

La vocal María Carolina Castagno será la jueza que dirigirá el debate, del que participarán también los fiscales Leandro Dato e Ileana Viviani, el abogado defensor Jorge Sueldo y los querellantes Alejandra Pérez y Milton Urrutia.

Fátima desapareció el 1 de marzo último tras salir de la Casa de la Mujer de Paraná, adonde estaba alojada con su pequeño hijo desde que había denunciado a su expareja seis veces por violencia de género.

Según la acusación fiscal, la relación entre la víctima y Martínez estuvo marcada por la “agresión, manipulación y violencia física y psicológica” por parte del acusado, quien intentó arrojarle a la joven ácido muriático a la cara, afiló una cuchilla intimidándola y además le hizo numerosas amenazas verbales.

La fiscalía recordó que el 11 de febrero del 2020 Fátima había recibido un botón antipánico y se había mudado a la Casa de las Mujeres de Paraná, luego de haber denunciado a Martínez por intentar extraer dinero con sus tarjetas de cobro.

También reseñó que el 1 de marzo a las 8, la joven se retiró de la residencia, tomó un remis y bajó en la casa de Martínez, quien “días previos le prometió, de manera insistente, que le iba a comprar un celular pero que tenía que ir a su domicilio”.

Una vez allí, añade la acusación fiscal, “entre las 15.25 y las 17 horas se dirigieron hasta la zona de un aljibe, a unos 800 metros de la vivienda” donde Martínez “le ocasionó la muerte mediante asfixia mecánica”, tras lo cual el cuerpo fue arrojado adentro de ese pozo.

En el marco de la pesquisa posterior al crimen, los investigadores hallaron en el celular de la víctima notas escritas por al acusado, quien se hizo pasar por Fátima, al tiempo que se detectaron búsquedas de salas velatorias.

Además se estableció que luego del femicidio, Martínez intentó usar la tarjeta de débito de la víctima.

El cuerpo de Fátima fue hallado una semana después del crimen, luego de que su familia denunciara su desaparición y se iniciara un amplio operativo de búsqueda, durante la cual el acusado quedó detenido preventivamente.

Finalmente, el 8 de marzo, bomberos y policías, con la ayuda de perros adiestrados y un helicóptero, hallaron el cadáver de adentro de un pozo de 18 metros de profundidad, en una zona descampada de Paraná.

Durante la investigación surgió que Fátima había denunciado a Martínez en el juzgado de Familia 1 de Paraná en 2017 y en 2018, mientras que entre 2019 y 2020 había realizado otras cuatro presentaciones ante la policía y la fiscalía de Violencia de Género del Ministerio Público Fiscal (MPF).

“Ya estoy podrida de denunciarlo en la policía y que nadie haga nada, ni la policía ni el juzgado ni nadie. Cuando termine muerta por culpa de él puede ser que la policía y el juzgado hagan algo”, le dijo Fátima a una de sus amigas días antes de desaparecer.

El femicidio de Acevedo movilizó a la comunidad de Paraná, donde se realizaron diferentes movilizaciones y actividades en reclamo de justicia y contra la violencia de género.

Al cabo de la etapa de pruebas del juicio, los miembros del jurado deberá llegar a un veredicto unánime y declarar a Martínez “culpable” o “no culpable”.

En el caso de que el jurado no esté de acuerdo se deberá llevar adelante una nueva discusión.

La ley indica que el jurado rendirá su veredicto sin expresar los motivos de su decisión, en un “lenguaje claro” para “permitir que el público en general y el acusado puedan entender el significado y los fundamentos”.

Si el jurado duda entre grados de un delito o entre delitos de distinta gravedad, el acusado sólo podrá ser condenado por el grado inferior o delito de menor gravedad, según detalla la norma.

Como en el resto de los juicios por jurados que se desarrollaron en Entre Ríos, sólo se transmitirá el inicio del debate, instrucciones, alegatos de apertura y clausura y el veredicto, todo sin que los jurados sean filmados.

Con información de agencias.

IG

En La creación del patriarcado, Gerda Lerner, pensadora feminista y comunista, una de las fundadoras en los Estados Unidos de la rama de estudios bautizada “Historia de las mujeres”, diagnosticaba la “inadecuación de los términos que describen las experiencias femeninas […] Sea cual sea el ámbito del saber en el que trabajemos, debemos afrontar la inadecuación del lenguaje y de los conceptos para la tarea que tenemos entre manos. Todas las filosofías y sistemas de pensamiento en que hemos sido educadas han ignorado o marginado a las mujeres. […] La manera en que está configurado el pensamiento abstracto y el lenguaje a través del cual se expresa sirve para perpetuar la marginación de las mujeres. Nosotras hemos tenido que expresarnos por medio del pensamiento patriarcal, reflejado en el lenguaje que hemos tenido que emplear. Es un lenguaje en el que se nos incluye en el pronombre masculino y en el que el término genérico para ‘humano’ es ‘hombre’”. Estamos en 1987.

Tres décadas más tarde, Brigitte Vasallo vuelve sobre el vínculo entre lo lingüístico y lo extra lingüístico en El desafío poliamoroso, publicado este mes por Editorial Paidós: “Este libro está escrito en femenino. Uso, más concretamente, el femenino genérico y el masculino intencional, el masculino como excepción, por una vez. Lo escribo así porque reclamo al mismo tiempo que la perspectiva masculina se visibilice como tal, más aún en una temática como la sexoafectiva que esta tan extraordinariamente mediada por cuestiones de género. […] Como decía Heidegger, no hablamos el lenguaje, sino que él nos habla. El debate sobre el masculino como género neutro pertenece a un mundo agónico sin futuro posible. Un mundo que muere matando, pero que muere. Si es masculino, no es neutro. Es masculino. Que se haya utilizado como genérico desde hace siglos no es por un acuerdo lingüístico, sino por la sencilla razón de que el mundo sobre el que se guardaban narraciones era masculino, literalmente. Pero si ese mundo ya no existe, no podemos seguir narrándolo como si existiese”.

En un país que durante enero tuvo un femicidio cada 23 horas, resulta imperativo repensar los vínculos sexoafectivos por fuera de un sistema basado en la exclusividad, la jerarquía y la competencia, en el que una de sus partes tiene habilitada la violencia simbólica y real para secundarizar a la otra, aislarla, dominarla, anularla. Incluso matarla.

Tenemos que cambiarlo todo, empezando por el sistema que nos vincula, la racionalidad que indica que nutrir un vínculo de pareja es más importante que mantener con vida el grupo de amigues, los lazos de fraternidad o sororidad; que la validación última de una existencia puede estar en tener pareja. ¿La salida es el poliamor? Probablemente no. La salida es, siempre, la emancipación. La libertad para pensar y crear nuevas maneras de vincularnos más allá de las etiquetas que nos inmovilizan y sujetan en estructuras de dominación. “El sistema monógamo, como el capitalista, el colonial o el patriarcal, como todos los sistemas que nos mantienen ligadas a estructuras de opresión y dolor, son promesas de felicidad. Si somos buenas, si seguimos las instrucciones, todo irá bien”.

Sabemos que no es cierto. Con el asesinato de Úrsula Bahíllo todavía en las primeras planas de los diarios, resulta difícil creer que una vida libre de violencias machistas es posible para las mujeres. A pesar del dolor y la bronca, de la incredulidad y la impotencia, por suerte tenemos a las Madres: “La única lucha que se pierde es la que se abandona”.

Matías Ezequiel Martínez, el policía detenido por el femicidio de Úrsula Bahillo, cometido el lunes último en la ciudad bonaerense de Rojas, se negó este viernes a declarar ante la Justicia, que dispuso que quede alojado en el penal de Junín, informaron fuentes judiciales.

La diligencia se llevó a cabo esta mañana y culminó a las 8.30 en fiscalía descentralizada de la ciudad de Chacabuco, lugar elegido y que se mantuvo en reserva, para evitar escraches y disturbios.

Allí, Martínez, de 25 años, se negó a declarar ante el fiscal Sergio Terrón, quien le imputa el delito de “femicidio agravado por premeditación y alevosía”, en los términos del artículo 80, incisos 2 y 11 del Código Penal, que prevé como pena única la prisión perpetua.

“El encartado, que contó con la asistencia de Defensor Oficial, hizo uso del derecho de abstenerse de declarar”, informó la Fiscalía General de Junín en un comunicado.

La fiscalía también reveló que “se dispuso el alojamiento de Martínez en una Unidad Penitenciaria de la ciudad de Junín”.

Úrsula fue hallada el lunes cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y, en ese mismo lugar, la policía apresó a Martínez, quien se habría auto provocado las lesiones que presentaba.

A través de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que la joven había dejado su moto en la puerta de un quiosco al que ingresó y que, al salir, lo hizo caminando, tras lo cual aún no pudo determinarse el rumbo que tomó y en qué circunstancias fue abordada por el policía, quien esa noche se desplazaba en su auto, un Peugeot 307.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó apresado.

La autopsia determinó que la joven fue asesinada de 15 puñaladas en la espalda, el torso y el cuello con un cuchillo de carnicería hallado en la escena del crimen.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen. Además de la denuncias en su contra por parte de Úrsula, el oficial tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: “Si me trasladan, tiro una bomba”.

El fiscal, además, se refirió al caso en diálogo con TN.

NB con información de agencia Télam.

Conocía a Úrsula Bahillo “de la calle, por amigos en común y por que compartimos el ENSNA”. Nerina Moyano nombra por sus siglas a la Escuela Normal Superior Nicolás Avellaneda de Rojas, provincia de Buenos Aires. Su imagen recorrió las redes cuando el martes pasado, cerca de la 1.30, estaba parada frente a la comisaría de su ciudad en una actitud manifiestamente pacífica. Su amigo Tomás Conaprete presumió que estaba en peligro e intentó apartarla, pero ella se mantuvo firme. A sus 20 años, tenía convicciones, experiencia y bronca como para quedarse a reclamar justicia por el femicidio de Úrsula. De buenas a primeras, un policía le disparó una bala de goma en el rostro. Su historia es la de una chica de 20 años, joven madre, víctima de la violencia machista y acostumbrada a los peligros que plantea la Policía Bonaerense. También es la historia de una chica que estudia, teje vínculos y sabe defenderse. El siguiente es el diálogo telefónico mantenido con Nerina en la tarde del miércoles.

¿Cómo recordás a Úrsula?

La conocía de la calle, por amigos en común y porque compartimos la escuela, el ENSNA. Buena mina, tímida, vos la veías en la calle y siempre te saludaba con una sonrisa.

¿Estuviste en contacto con ella antes del asesinato?  

Vi las redes y sentí la necesidad de comunicarme. Nos cambiamos mensajes por Instagram. El día que pasó esto también hablé con ella. Estaba asustada porque (el agente policial Matías Ezequiel Martínez) la había amenazado y la acosaba, y había violado la (orden de restricción) perimetral. La Policía lo sabía y no hicieron nada. Fue una vergüenza.

¿Qué recordás del episodio en el que te disparan una bala de goma a la cara?

Fuimos a protestar amigos y conocidos el lunes por la noche. Estábamos frente a la comisaría, cerca de la 1.30 (del martes), y me corrí porque estaban disparando. Solamente estaba parada pidiendo justicia, no pensé que me iban a pegar. Fui a luchar porque viví la violencia de género en carne propia. Cuando me dispararon, me ayudaron Tomás y otros amigos y conocidos, y me llevaron en una ambulancia. Por centímetros no perdí el ojo.

¿Cómo fue tu caso de violencia de género?

Hace más de dos años y medio, fueron bastantes meses de maltrato. Tardé en contarlo y me costó entender que me tenía que alejar de ahí. Un día, cuando mi hijo tenía un mes, pasó algo grave, el padre casi me arranca los pelos, y dije basta. Me fui de la casa con mi hijo. Después se comunicaron conmigo las ex de él que también sufrieron violencia.

¿Estás protegida ahora?

Sí. Tengo a mis hermanos y a mis amigos que me defienden. Pero vamos a luchar por Úrsula y por todas, para que no pase más.

¿Tus amigos varones comprenden la situación, son solidarios?

Sí, totalmente, conmigo y con muchas chicas más que sufren violencia de género.

¿Es habitual que los jóvenes de Rojas sean maltratados por los policías?

Todos sabemos que hacen cosas que no corresponden, por más que haya pibes que no tienen nada que ver. Podría decir más, pero no lo voy a hacer. Tenemos claro muchas cosas.

¿Estudiás, tenés trabajo?

Estaba estudiando magisterio y tuve que dejar en segundo año de la facultad por el tema de pandemia y por mi hijo. Trabajo en una panchería.

¿Se comunicó alguien del Gobierno provincial y de la municipalidad después del disparo?

Nadie. (la entrevista fue realizada el 10 de febrero a las 14).

SL

Matías Ezequiel Martínez, el uniformado acusado de asesinar de al menos 15 puñaladas a Úrsula Bahillo, ingresó a la Policía bonaerense en septiembre de 2015, luego de un curso de formación express de cinco meses, uno más de 40 mil jóvenes que se incorporaron en esos años y que, por sus trajes color azul francia, fueron apodados “pitufos”.

En servicio, Martínez tuvo varios traslados por problemas de integración y conflictos con sus compañeros, acumuló sumarios por desobediencia y falta de respeto a sus superiores y, según el detalle que reconstruyó elDIarioAR de fuentes oficiales, fue objeto de varias denuncias por violencia de género. Por una de ellas, desde el 8 de septiembre del 2020 está con “carpeta psiquiátrica”.

El legajo interno de Martínez, oficial de 25 años, es un compendio de elementos críticos, una sumatoria de problemas que llevó a una junta médica de la Bonaerense a dictaminar que era “no apto para prestar servicio”. Por eso, ordenaron que se le quiten el arma reglamentaria y el uniforme. Quedó sin tareas efectivas aunque, por un mecanismo jurídico habitual en la fuerza, continuó cobrando su salario.

“Nunca debió ser policía”, confió a este medio un funcionario del Ministerio de Seguridad bonaerense, la cartera que conduce Sergio Berni.

Aunque se le inició un sumario y una investigación interna, Martínez no llegó a ser sancionado

En el dossier policial que registra la “historia” de Martínez como uniformado, la primera una denuncia por violencia de género está datada en 2017 y fue realizada por una mujer que, por entonces. era su pareja. Aparece, además, un registro de desobediencia, el inicio de un sumario por falta de respeto hacia una oficial superior.

Aunque avanzó la una investigación, Martínez no llegó a ser sancionado. El procedimiento de Asuntos Internos establece que el auditor investiga y luego cita al involucrado para que haga su descargo. Ese proceso comenzó en junio: Asuntos Internos recomendó una suspensión por 60 días, pero -cuando concluyó esa instancia, en septiembre del 2020 y se le cursó una citación para que comparezca- Martínez había solicitado “carpeta psiquiátrica”, en el marco de una denuncia de ataque sexual radicada en la justicia de Mercedes.

El jueves, circuló la versión de que Martínez había sido exonerado en 2018 y reincorporado en el 2020. El dato surgió de la nómina de policías exonerados que es de acceso público y figura figura en el sitio de Ministerio de Seguridad bonaerense. Allí figura un Matías Ezequiel Martínez como expulsado en 2018 por “violencia policial”. Ante la consulta de elDiarioAr, la información fue desmentida por la cartera que indicó que se trata de un homónimo que se desempeñó en la comisaria Segunda de La Matanza este.

En los últimos meses figura un hecho relevante en el legado del uniformado: la acusación sobre una presunta agresión sexual a una menor de edad, causa que está en proceso en la Justicia ordinaria y que se encontraba a punto de presentar novedades, tras una serie de medidas de prueba del Ministerio Fiscal.

En paralelo, Martínez tenía una citación pautada para el 17 de febrero por una causa de denuncias radicada por Úrsula mientras que otro expediente -por agresión a Belén Miranda, una expareja- tenía fecha de inicio de juicio oral para el 18 abril.

“No fue protegido por la fuerza: tenía una relación difícil con los superiores y con sus compañeros, por eso fue trasladado en varias ocasiones”, indicó una fuente de Seguridad bonaerense y citó que, antes de su último destino (en San Nicolás), estuvo en Rojas y Pergamino.

En Seguridad compilan, además, algunos de los episodios ocurridos en los días previos al crimen de Úrsula, dos denuncias realizadas en el mes de enero y otra efectuada en febrero, tal como Úrsula le contó en un contacto de WhatsApp a Belén Miranda. Hubo, además, un pedido desesperado de la madre el sábado previo al asesinato en la comisaría de la Mujer de Rojas. La causa debía derivarse al Juez de Faltas que, según la información oficial, no estaba de guardia el fin de semana, por lo que debía repetirse el día lunes.

Úrsula Bahillo no tuvo lunes.

PI

Esta nota fue republicada el viernes 12 a las 15.12 con precisiones sobre la confusión en torno a un homónimo de Martínez que fue sido exonerado en 2018: La información oficial recogida por elDiarioAR refleja que se trata de dos personas distintas. Los detalles en la siguiente imagen.

Jueves 4 de febrero: Clarín publica una reflexión de Sergio Berni. “Si me toman una comisaría, voy y los saco a los tiros”. Frase esperable para el registro habitual del ministro de Seguridad bonaerense, quien compite palmo a palmo con Patricia Bullrich y casi todos los predecesores desde que Eduardo Duhalde definiera a la Policía provincial como la mejor del mundo, allá por el siglo XX.

Lunes 8 de febrero. Un agente de la Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, asesina a Úrsula Bahillo, una joven de 18 años que había padecido lo indecible durante los últimos meses. En Rojas, todos sospechan que la comisaría local actuó, como mínimo, con negligencia. “Tenemos la peor Justicia, ella lo dijo, loco”, tuitea horas después del asesinato Nerina Moyano, rojense de 20 años, madre de un nene de dos años, estudiante de magisterio y empleada en una panchería. Y retuitea a alguien más: “La Policía es cómplice”. Pasada la medianoche, amigos y conocidos de Úrsula protestan frente a la comisaría. Nerina siente que debe estar allí, no sólo por solidaridad con la víctima, “buena mina, tímida, siempre con una sonrisa”, a quien conocía de la calle y del colegio Normal de la ciudad, sino porque ella misma había sufrido violencia de su pareja dos años y medio atrás. Un video subido a las redes muestra como Nerina, en forma ostensible, se aparta de cualquier incidente. Su protesta pacífica se vuelve intolerable para los guardias de la comisaría de Rojas. A la 1.30 del martes, un agente levanta el arma y dispara. La bala de goma impacta en el rostro de Nerina. No pierde un ojo por apenas un par de centímetros.

Todo vuelve a salir mal. Un policía hostiga y mata a quien considera su pareja. No es una novedad: 48 femicidios perpetrados por integrantes de fuerzas de seguridad en el AMBA entre 2010 y 2020, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). El Estado tiende a proteger al victimario antes que a la víctima y, frente a la reacción social, la respuesta institucional se vuelve desmesurada e ilegal.

Es difícil probar en qué medida, pero no cuesta imaginar que la desinhibida proclama a favor de la mano dura, cuando no la defensa de la ejecución sumaria de sospechosos, tiene un reflejo directo en los casos de gatillo fácil. Cuando un político o un conductor televisivo hace demagogia, quizás un agente en un barrio de Buenos Aires, La Plata o Córdoba se sienta legitimado para disparar cuando no debe. Probablemente se convenza de que está aleccionando a la parte nociva de la sociedad. Si logra hacerlo en las sombras y sin cámaras indiscretas, un adolescente de un barrio pobre se habrá convertido en “uno menos” o una joven que protesta contra un femicidio habrá perdido un ojo.

Más de lo mismo

¿Qué hace en el Gobierno de Kicillof un ministro de Seguridad que cuestiona a quienes “sólo se preocupan por los derechos de los delincuentes” y desprecia a Nilda Garré porque “todos sabemos de dónde viene” (en alusión a su pasado setentista), contra toda perspectiva de los derechos humanos? ¿Por qué el gobernador, quien afirma llevar a cabo una agenda que es opuesta a “pisar la cabeza de los que están abajo”, no atina a responder seriamente sobre las acciones de su ministro ni sobre casi ningún aspecto referido a la política seguridad?

El gatillo fácil y los femicidios a mano de policías no empezaron cuando Berni fue designado por Kicillof, 14 meses atrás; ni cuando Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta enaltecieron al procesado por homicidio Luis Chocobar; ni con el mismo Berni cuando era secretario de Seguridad nacional de Cristina Fernández y, en 2014, se produjo el pico de muertes con participación policial en una década. La demagogia punitiva tiene historia y recorre todo el país.

Sería apresurado atribuir a Kicillof y su ministro la responsabilidad por la endémica violencia policial o la vigencia de mafias enraizadas en la fuerza de todas las provincias desde hace décadas. En todo caso, se podría hablar de continuidades, a la luz de la represión en el desalojo de Guernica, la negligencia en las primeras semanas de la desaparición de Facundo Astudillo cerca de Bahía Blanca, los abusos policiales que recrudecieron durante la pandemia o los 36 muertos a manos de policías bonaerenses que registró el CELS en 2020, en línea con los años previos, pese a que un tercio del año hubo circulación mínima por la pandemia y, con ello, bajaron los índices de delito.

El Gobierno bonaerense no logró lo mayor —revertir la tendencia—, pero tampoco lo menor. Por lo visto, no fue capaz de garantizar el cumplimiento de un protocolo ante las denuncias por violencia de género, y ni siquiera le alcanzó el año de gestión para que la comisaría de la Mujer de Rojas estuviera abierta los fines de semana. El recientemente designado comisario general de la ciudad, Sergio Mosqueda, no fue efectivo para ordenar a sus agentes que las balas de goma no se dispararan a la multitud, y mucho menos a los ojos.

La respuesta del sistema político para explicar la alianza entre Berni y Kicillof es que el ministro es útil para contener las esperables operaciones desestablizadoras de policías bonaerenses. El argumento supone que el levantamiento de septiembre pasado, el homenaje de efectivos Bullrich en Villa Gesell y la protesta anunciada para este jueves podrían ser más graves sin el ministro. Con una mirada electoral, los pragmáticos dicen que mediante el lenguaje castrense y las sobreactuaciones, el cristinismo provincial va a frenar a demagogos que buscan votos por derecha exacerbando “el pánico de la población”. La idea sería bloquear a los oportunistas mediante el uso del oportunismo.

Sin voz ni voto

La estrategia, algo extravagante, aparece avalada ante todo por el respaldo al ministro por parte de Cristina. Se da así la situación anómala de que el gobernador queda sin voz ni voto sobre uno de los temas —la inseguridad— que aparecen en los primeros puestos de las preocupaciones de los bonaerenses, según dicen las encuestas. Cristina hace por arriba y Berni deshace por abajo, o a la inversa.

La estrategia del siga-siga en lo referido a la Bonaerense —demagogia punitiva, aumento de presupuesto, incorporación de agentes, videos belicistas—podría ser fallida o exitosa en términos de votos, aunque hay motivos para pensar que se transformará en un tiro en el pie también en ese plano y que, en todo caso, quien podría capitalizarla en el futuro es Berni en persona. En cualquier caso, es un abordaje probadamente peligroso.

A la espera de mejores prácticas policiales, Úrsula perdió la vida en manos de su homicida que encontró amparo en sus colegas, Nerina casi pierde un ojo por un disparo temerario, y más pibes caerán víctimas de los que son reportados como enfrentamientos. Nerina fue asistida por su amigo Tomás Conaprete y otros que protestaban con ellos, y recibió atención en el hospital en la madrugada del martes. No bien salió, avisó que desatendía el consejo de quedarse en reposo y volvió a la calle. “Decidí salir a pedir más justicia por Úrsula, por mí, por ustedes. Salí para que ella me escuche. No estamos más solas, basta de matarnos. Quiero que se haga justicia de una vez por todas”.

Nerina Moyano y sus amigos tienen claro cómo son las cosas con la Policía, incluidas las responsabilidades políticas. Prefiere la prudencia. Sabe que cuenta con una red que la protege y le dice a elDiarioAR que va a seguir alzando la voz. Hasta hoy por la tarde, nadie del Gobierno bonaerense la había llamado para ver cómo estaba. 

SL

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, y el jefe de la policía de la provincia, comisario general Daniel García, dispusieron la intervención tanto de la seccional local como de la Comisaría de la Mujer de la ciudad de Rojas, mientras que Asuntos Internos trabaja en “auditorías preventivas”, a raíz del femicidio de Úrsula Bahillo y los posteriores incidentes, informaron fuentes ministeriales y de la fuerza.

“Desde el primer momento se intervino la comisaría y se iniciaron las tramitaciones de Asuntos Internos por sobre cada uno de los actores y están las actuaciones a la orden del día y se van a ir toando las medidas que se consideren minuto a minuto”, dijo a Télam un vocero del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Por orden de García, tanto el superintendente de la Región Interior Norte II, comisario general Jorge Monfort, como la superintendente de Políticas de Género, la comisaria mayor Sonia Luján Zampelunghe, se instalaron en Rojas para que el primero tome el mando de la comisaría local y la segunda, la de la Mujer.

Además, el auditor general de Asuntos Internos, Darío Ricardo Díaz, mandó una comitiva a Rojas para hacer “auditorías preventivas” en ambas dependencias.

“Los auditores volvieron a las 6 de la mañana de hoy a La Plata. Una vez concluidas las tareas administrativas, se tomarán las sanciones disciplinarias que correspondan”, dijo el vocero consultado por Télam.

Asuntos Internos puso el foco no sólo en los incidentes producidos el lunes por la noche cuando hubo destrozos, disturbios y disparos de balas de goma frente a la comisaría cuando manifestantes reclamaban justicia por Úrsula, sino también en la actuación de la Comisaría de la Mujer en las denuncias que había formulado o querido realizar Úrsula en esa dependencia.

Patricia, la madre de la víctima, contó ayer que la última vez que Úrsula quiso ir a denunciar al imputado, el policía Matías Ezequiel Martínez, por la violación de la perimetral, le dijeron a su hija que “no trabajaban el fin de semana”.

NB con información de agencia Télam.