Silvio Pellico es un pueblo del interior del Interior. Ubicado a 178 kilómetros al sudeste de esta Capital y a 37 de Villa María, este pueblito agrícola del corazón de Córdoba tiene menos de 1.000 habitantes y apenas cuenta con un destacamento policial. Fueron dos agentes del lugar quienes esta madrugada cerca de las 3, llegaron hasta la casa del sargento primero Ezequiel Seia (35), en la calle Intendente Conrero s/n alertados por los vecinos. En el comedor yacía el cadáver del policía y de su pareja Romina Depetris (34).

Una hija de la mujer, adolescente, fue quien pidió auxilio a los vecinos. Tras despertarse por los disparos, la chica vio a su mamá asesinada y al policía también muerto. Agarró a su hermanito de seis años de edad -hijo del Depetris y Seia- y corrió a lo de sus vecinos a pedir ayuda.

El femicida prestaba servicios en la comisaría de La Playosa, otro pueblo de la zona. Luego de asesinar a su pareja, se suicidó con su pistola reglamentaria.

Con el crimen de Romina Depetris, en lo que va de 2021, ya se cometieron 11 femicidios en la provincia de Córdoba; tres de los cuáles fueron perpetrados por efectivos de fuerzas de seguridad o de las fuerzas armadas.

El 11 de febrero Ivana Módica (47) fue secuestrada, asesinada y desaparecida por Javier Galván (44), un piloto de la Fuerza Aérea Argentina. Ocho días después, cercado por las pruebas, el femicida Galván confesó dónde había escondido el cadáver de la víctima.

Apenas 72 horas después de la desaparición de Ivana Módica, el 14 de febrero, los cordobeses se estremecieron por la noticia de otro femicidio: ese día Miriam Beatriz Farías (45), ingresó al Instituto del Quemado con 40% del cuerpo con quemaduras y las vías respiratorias muy afectadas. La mujer vivía en Saldán, una ciudad pegada a Córdoba junto a su pareja Jorge Juárez (49) un suboficial de la Policía Federal, chofer de jueces federales. Estaba separada de un matrimonio anterior y sus hijos de 20 y 25 años que vivían en Villa María -150 kilómetros al sudeste de esta Capital- no la podían ver porque Juárez no se lo permitía. El policía había prendido fuego a su víctima y la encerró en su casa para que no pudiera pedir ayuda. Tras estar internada grave desde el domingo 14, el jueves 18, Miriam Farías murió.

La fiscal Bettina Croppi había imputado al policía federal Juárez por lesiones gravísimas y cambió la acusación a homicidio doblemente calificado por el vínculo y violencia de género.

En febrero pasado, cuando ocurrió el femicidio de Ursula Bahillo en la localidad de Rojas, elDiarioAR publicó “Por ellas”, un informe elaborado por el espacio feminista La Casa del Encuentro, acerca de la problemática que surge cuando los femicidas son agentes armados por el propio Estado.

En ese trabajo dado a conocer en diciembre de 2020, el colectivo feminista señalaba a los polifemicidas: “El agresor forma parte del Estado, representa a la ley, al monopolio de la fuerza y cuenta con un arma de fuego. ¿Ella a quién puede pedirle ayuda? ¿Cómo hará para sentirse segura si debe denunciar en la comisaría a un policía? ¿Cómo hace para confiar en que el Estado va a intervenir y protegerla si, justamente, un agente de ese Estado es quien la agrede?”.

Menores testigos

La fiscal de Villa María Silvia Maldonado confirmó a elDiarioAR que en el caso del policía Seia y su víctima Romina Depetris “estamos ante un matrimonio que convivía con dos menores, uno de ellos hijo en común de la pareja” y que “en la madrugada se habría producido una discusión y en ese contexto el hombre que ejerce la función de policía le habría efectuado un disparo con su arma reglamentaria a la mujer y luego se habría quitado la vida”.

La fiscal Maldonado agregó que “esta situación, la detonación de los disparos, fue escuchada por los vecinos y uno de los menores de la casa se acercó a pedir ayuda. Los disparos fueron escuchada por uno de los menores, que luego vio la situación y dio aviso a los vecinos que avisaron a las autoridades policiales”.

Para la funcionaria judicial la causa, hasta ahora, no encuadraría técnicamente en la figura del femicidio: “En principio se trata de un homicidio calificado, porque era una pareja, utilizó un arma de fuego y esto agrava también la figura, y hay un suicidio. La cuestión del femicidio todavía la estamos evaluando, estamos en las primeras horas de investigación. No había denuncias previas ni antecedentes anteriores”.

En la Legislatura

Tras conocer el nuevo femicidio, el legislador alfonsinista Dante Rossi del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) presentó un pedido de informes “a la Policía de Córdoba y al Tribunal de Conducta Policial para conocer cantidad de policías imputados por femicidio, cuántos tienen denuncias judiciales por violencia familiar y sobre qué medidas que se estén tomando al respecto”.

Rossi advirtió a elDiarioAR que “en el ámbito de las fuerzas de seguridad como la Policía de Córdoba, los casos de violencia familiar son aún más peligrosos, por la tenencia del arma reglamentaria por parte de los agresores”; a la vez que reclamó al gobernador Juan Schiaretti y a su ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera “para que la Provincia declare la emergencia por violencia de género por el término de un año, de acuerdo a un proyecto de ley presentado en febrero del corriente año, a los efectos de paliar y revertir el número de víctimas. Córdoba tiene el triste record de ser la segunda provincia con más femicidios de la Argentina y el Gobierno no toma el tema como política de Estado. Actúa para el marketing y la publicidad en un asunto tan sensible”.

El legislador Rossi presentó en 2020 un proyecto de ley para modificar la Ley 10.401 de Protección Integral a las Víctimas de Violencia hacia las Mujeres, “porque frente a casos de violencia que acaecen en la órbita de los poderes del Estado, es común observar como son las víctimas quienes deben trasladar su lugar habitual de trabajo, mientras el agresor continúa sin sufrir mayor impacto en la vida cotidiana”. El legislador alfonsinista reclamó que “como sucede habitualmente con este Poder Legislativo, el proyecto ni siquiera fue puesto en debate en Comisión”.

GM

Un Policía de la Ciudad fue procesado con prisión preventiva por el femicidio de su pareja, integrante de la misma fuerza, quien recibió un balazo en la cabeza durante una pelea que mantuvieron en la vivienda que compartían en el barrio porteño de Villa del Parque el 1 de marzo último, informaron este viernes fuentes judiciales.

Se trata de Germán Luis Matías Baigorria (29), quien fue procesado por la jueza en lo Criminal y Correccional 8, Yamil Susana Bernan por el delito de “femicidio triplemente agravado por el vínculo de pareja, por haber mediado violencia de género y por haberse cometido mediante el empleo de un arma de fuego”.

La víctima del crimen es Sol Ana Acuña Bilbao, también integrante de la Policía de la Ciudad, quien fue hallada muerta de un tiro en la cabeza, efectuado con su propia pistola calibre 9 milímetros reglamentaria, la madrugada del 1 de marzo en la vivienda de Terrada 2530, de Villa del Parque.

Si bien ayer el acusado en su indagatoria aseguró que se trató de un suicidio y que Acuña Bilbao se disparó con su propia arma tras una pelea, para la jueza existen sobradas pruebas que indican que se trató de un femicidio y que la víctima vivía inmersa en una relación de pareja violenta, en la que era celada de manera permanente.

“Esa madrugada, luego de salir con una amiga, Acuña Bilbao regresó al referido domicilio alrededor de las 3:00 horas, suscitándose entre ella y Baigorria una fuerte discusión en la que existieron gritos, llantos, forcejeos y golpes que fueron advertidos por los vecinos, y hasta un disparo de arma de fuego”, describió la magistrada en el procesamiento al que accedió Télam.

“Dicha situación se prolongó hasta que en un determinado momento, en torno a las 5:00 horas, Baigorria tomó el arma de fuego y en la habitación de la planta baja apuntó hacia la cabeza de la víctima desde una muy corta distancia y efectuó un disparo cuyo proyectil ingresó en la región temporal derecha y egresó por la región parietal izquierda. De ese modo, provocó en forma instantánea la muerte de Acuña Bilbao”, agrega el escrito.

Tras ello, evaluó la magistrada, el policía “llamó al 911 y manifestó que ella se había suicidado”.

La jueza reseñó que la discusión se había iniciado antes por Whatsapp, cuando la policía le dijo a su pareja que esa noche saldría con una amiga y Baigorria le dijo que no le creía y le reprochaba estar con otro hombre.

“El hecho descripto se enmarca así en un contexto de violencia de género, dado que durante la relación de pareja el imputado ejercía violencia psicológica sobre la víctima celándola incesantemente, revisándole el teléfono celular al punto de tener que borrar los mensajes para que no los leyera”, describió Bernan.

De hecho, destacó que, durante la inspección de la vivienda tras el femicidio, se verificó la existencia de un vidrio roto en la puerta de la habitación de la planta alta, en la que además había sillas tiradas, un espejo rajado, un teléfono celular partido en dos, y otro con la pantalla astillada.

Para los investigadores, tanto el contexto de violencia en la pareja, los testimonios de allegados y vecinos, las evidencias halladas en la escena del hecho, la posición del cuerpo de la mujer policía y la autopsia indican que Baigorria asesinó a Acuña Bilbao en medio de una pelea cuando ella estaba “de rodillas o inclinada hacia el suelo, con sus pies y manos apoyados en él”.

Los peritajes realizados sobre la pistola marca Pietro Beretta calibre 9 milímetros de la víctima confirmaron que fue esa la empleada en el hecho y se aguardan aún los resultados del dermotest -previstos para la semana que viene- para ver si hay rastros de pólvora en sus manos o en las de su pareja.

Acuña Bilbao era una oficial que hacía un año y medio formaba parte de la Policía de la Ciudad y cuyo último destino fue la Comisaría Vecinal 12B, mientras que Baigorria se desempeña en Servicios Especiales de Tránsito de la Ciudad.

Luz Acuña Bilbao, hermana de la víctima, contó a Télam que ambos se conocieron en 2018 en el curso de ingreso para la Policía de la Ciudad, y que, desde ese momento, él empezó a ser violento con ella.

Sin embargo, relató, su hermana no lo quería denunciar por temor a complicarlo en el trabajo, y que una vez le dijo: “Si el día de mañana me encontrás muerta, ya sabés quién fue”.

Con información de agencias.

IG

Una mujer fue asesinada este miércoles a balazos por un policía que se suicidó tras el ataque cometido en una casa de la localidad bonaerense de General Madariaga y se investiga si la pelea que culminó con el femicidio se originó porque la víctima le advirtió al efectivo que lo iba a denunciar por abusar sexualmente de su hija de 13 años con quien él decía que mantenía una relación de pareja.

El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de esta madrugada en una vivienda de la calle Arias y Oro de la mencionada ciudad ubicada a 330 kilómetros de la Capital Federal, donde la policía llegó alertada por llamados al 911 realizados por la hija adolescente de la víctima y por vecinos que escucharon varios disparos.

La víctima era una mujer de 41 años -su identidad se preserva para resguardar a su hija menor de edad-, y el presunto femicida fue identificado como Franco Mauricio Torres, de 24 años, un oficial de policía que se desempeñaba en el área de Inteligencia Criminal en Pinamar.

Al arribar la Policía, se encontró con los cadáveres de la mujer y de Torres, y con el arma reglamentaria calibre 9 milímetros del efectivo apoyada en una mesa.

La adolescente relató que su madre y el policía habían peleado, que todo terminó a los tiros y que ella recolectó el arma y la dejó sobre la mesa.

Fuentes judiciales detallaron a Télam que, de acuerdo con el trabajo preliminar de los peritos, en el lugar hubo al menos seis disparos, de los cuales entre tres y cuatro impactaron en la mujer asesinada, otro en una heladera y uno en la cabeza Torres.

“En principio, todo indica que hubo una fuerte discusión entre la mujer y el policía porque ella le recriminó la relación que mantenía con su hija de 13 años. Hubo pelea, el policía sacó su arma, abrió fuego, mató a la mujer y luego se suicidó”, dijo a Télam una fuente judicial ligada al expediente.

Voceros policiales indicaron que también se investiga si, en el pasado, el policía también había tenido algún tipo de relación con la víctima.

El secretario de seguridad de General Madariaga, Roberto López, explicó al canal TN que el hecho tuvo una incidencia previa, ya que a las 23.30 de anoche en la central de monitoreo del municipio se recibieron llamados de vecinos denunciado que había “ruidos molestos” en la casa donde más tarde ocurrió el femicidio.

“Se constatan los ruidos molestos y el personal de patrulla se entrevista con la señora quien accede a bajar la música”, relató el funcionario.

López explicó que en la casa “había un evento, una fiesta” y que allí Torres y la madre de la adolescente “empezaron a discutir”, por lo que “el resto de las personas se retiraron y quedaron ellos tres”.

Una fuente de la investigación reveló a Télam que durante esa discusión, la dueña de casa le recriminó a Torres la relación que tenía con su hija, le advirtió que lo iba a denunciar e incluso llegó a arrojarle una botella.

El funcionario también reveló que en algún momento de la noche Torres le pidió a una persona que lo acompañe hasta la casa y que luego regresó a lo de la mujer, ya armado, y allí, cuando solo estaban en la casa la mujer, su hija y el policía, se desencadenó el femicidio y posterior suicidio.

El caso es investigado por el fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 8 descentralizada de General Madariaga, que depende del departamento judicial Dolores.

Por la información recabada hasta el momento, el fiscal no encontró aún ninguna denuncia por violencia de género o de otro tipo de la víctima hacia el policía. Lo que sí le informaron al agente fiscal es que existen en el ámbito local de familia denuncias contra la víctima por presunto maltrato y abandono de su hija adolescente.

Mércuri ordenó la realización de la autopsia, que se llevaba a cabo esta mañana, para determinar fehacientemente cómo fue la mecánica del hecho y confirmar si se trató de un femicidio seguido de suicidio.

Con información de agencias.

IG

Un fiscal pidió la prisión preventiva y que sea sometido a juicio el policía Matías Ezequiel Martínez, detenido por el femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada de 15 puñaladas hace 22 días en la localidad bonaerense de Rojas, informaron fuentes judiciales.

El fiscal Sergio Terrón hizo la presentación ante el Juzgado de Garantías 3, a cargo de María Laura Durante, por el delito de “homicidio doblemente calificado, por tratarse de una mujer cometido por un hombre mediando violencia de género (femicidio) y por mediar alevosía”, que prevé prisión perpetua.

Úrsula fue hallada el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al hombre malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto.

Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó detenido.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Hace unos días, el peritaje de los teléfonos celulares de Úrsula y del policía Martínez, detenido por el femicidio, reveló que el acusado engañó a la víctima el día del crimen al pedirle un encuentro para aclarar algunas “cosas”, informaron fuentes judiciales.

Para los investigadores, ese peritaje es “clave” para determinar la presunta premeditación, ya que al encuentro que pactó con la víctima fue armado con una cuchilla de carnicero con el que finalmente la asesinó.

La información surgió de chats entre la víctima y el presunto femicida que los peritos informáticos pudieron extraer de los dos smartphones hallados en la escena del crimen.

Voceros judiciales informaron que, de acuerdo a lo recabado, Martínez le había pedido a la joven encontrarse personalmente el 8 de febrero, ya que tenía supuestas intenciones de aclarar algunas “cosas” con la joven y charlar acerca de las denuncias que le había realizado.

“Se ve que él (Martínez) ya tenía un plan premeditado porque fue con un cuchillo, así que ya él había planificado lo que pasó”, indicó a Télam una fuente con acceso al expediente.

Este dato era de suma importancia para la investigación, ya que el fiscal que instruye la causa, Sergio Terrón, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Junín, aguardaba establecer si el encuentro entre ambos había sido concertado de alguna manera, tal como finalmente ocurrió.

El imputado fue sometido a un examen mental obligatorio, y de acuerdo a lo que le adelantó el médico psiquiatra al fiscal Terrón, el policía está en condiciones de afrontar un juicio y es plenamente consciente de lo que hizo, por lo que descartaban una posible inimputabilidad.

Precisamente, el lunes 22 de febrero, el policía bonaerense que estaba de licencia con carpeta psiquiátrica fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja.

Los detalles del escrito del fiscal Terrón

Fuentes judiciales informaron que el representante del Ministerio Público aseguró en el escrito que “el mismo día del hecho, en horas de la mañana, el imputado Martínez fue convocado a la Ayudantía Fiscal de Rojas para ser notificado de la imposición de un perímetro que le vedaba acercarse a Úrsula Bahillo y, como bien consta en el acta de procedimiento, tenía en su poder al momento de su aprehensión”

“Que dicha restricción no fue un obstáculo para concertar un encuentro con la víctima en horas de la tarde. (...) Que dicho encuentro al que accedió la víctima, debe hacerse insoslayablemente desde una mirada de perspectiva de género, entendiendo que una mujer manipulada que no puede romper una telaraña de amenazas y violencia, acude a hablar con el imputado para aclarar la situación que estaban viviendo y por la que lo había denunciado”, sostuvo Terrón.

Según la acusación, con Úrsula a bordo, el sospechoso se alejó al paraje Guido Spano, distante aproximadamente a 10 kilómetros de la ciudad de Rojas, “siendo un lugar con frondosa arboleda, con un río en las proximidades, totalmente inhóspito”.

“Allí, con la víctima a su merced, sin posibilidad de ser auxiliada por persona alguna, realizó el feroz ataque (...) con el cuchillo –secuestrado en autos- que tenía en su poder y había llevado con dicho propósito, ocasionándole una muerte brutal a esta joven de apenas 18 años de edad”, indicó la fiscalía.

Tras el femicidio, Martínez llamó “reiteradamente a su tío, luego de las 20, pidiéndole que vaya solo (¿buscando su colaboración o complicidad tal vez para deshacerse del cadáver?), no sin antes montar una 'mise en scène' para hacer creer que existió un ataque previo de la víctima o, tal vez, una tentativa de suicidio”.

“Lo que sí puede afirmarse es que lejos estuvo su proceder y su intención de pedir ayuda por su herida, ya que ante el arribo de su tío, al que fue guiando con sucesivas llamadas, y advirtiendo la presencia de personal policial, no tuvo ningún impedimento físico para emprender una carrera de 1.000 metros hasta ser aprehendido”, analizó Terrón.

Con estos datos y otros elementos obtenidos durante la investigación, el fiscal solicitó a la jueza Durante la conversión en prisión preventiva de la detención y que la causa sea elevada a juicio oral.

Con información de agencias.

IG

Matías Ezequiel Martínez, el policía detenido por el femicidio de Úrsula Bahillo en la ciudad bonaerense de Rojas, fue condenado este lunes a cuatro años de prisión efectiva por un hecho de violencia de género cometido en 2017 contra una expareja, informaron fuentes judiciales.

El veredicto fue dictado por el juez en lo Correccional 1 de Junín, Héctor Alberto Barbera, y la condena coincidió con lo que el pasado jueves había pedido la fiscal de juicio María Fernanda Sánchez en el marco de la causa por el hecho de violencia sufrido por Belén Miranda, expareja de Martínez.

El caso Úrsula

Úrsula Bahillo tenía 18 años y fue hallada el lunes 8 de febrero, cerca de las 20.30, muerta a puñaladas y golpes entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de dicha ciudad del noroeste de la provincia de Buenos Aires.

Los investigadores pudieron determinar que la pareja llegó hasta allí en el auto Peugeot 307 del policía y deberán probar si Martínez logró que Úrsula suba a su auto con algún tipo de engaño o amenazada.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a Martínez por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”. Al llegar al lugar, la Policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido adentro de su auto. El sospechoso intentó escapar a pie por los pastizales, pero de inmediato fue reducido y apresado con sangre de la víctima y la propia en su ropa.

Dentro del auto, los investigadores hallaron una cuchilla de carnicero con mango blanco y manchas hemáticas, que se cree fue el arma homicida.

Según las fuentes, todo indica que tras una fuerte discusión, Martínez asesinó a Bahillo a puñaladas y con la misma arma blanca se autoprovocó una serie de lesiones en un intento de suicidio o para fingir un ataque.

El policía, que se desempeñaba en un Destacamento de San Nicolás, quedó a disposición de la justicia como acusado de “homicidio calificado por violencia de género”.

El caso es investigado por el fiscal Sergio Terrón, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 de Junín, y la ayudante fiscal local, Nora Fridblatt.

Con información de agencias.

IG

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, aseguró este domingo que el tratamiento de los casos de femicidios “debe ser una de las prioridades de la agenda del Gobierno nacional” y destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear un Consejo Federal para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

La ministra Sabina Frederic expresó su preocupación por el aumento de los casos de violencia de género en el último año e indicó que trabaja con los ministerios de Mujeres, Género y Diversidad y de Justicia para abordar la problemática.

“Nosotros hemos venido trabajando todo el año pasado para tratar de abordar las violencias extremas por razones de género. Esa tarea nos ha llevado a diseñar una serie de instrumentos para mejorar la intervención, para anticiparnos a estos hechos trágicos, repudiables, lamentables, que azotan a la Argentina, y en algunas zonas del país más que en otras”, expresó en diálogo con CNN Radio.

Frederic destacó la decisión del presidente Alberto Fernández de crear el Consejo para la Prevención y Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios.

La ministra señaló que “este Consejo está pensado para tratar de fortalecer y sobre todo comprometer a las provincias, a todos los equipos y operadores que trabajan en este tema, porque hay mucha gente tratando de resolver este problema, y hay muchos casos que son exitosos”, pero hay que “evitar la mayor cantidad de agresiones de este tipo porque son una herida a todos”, enfatizó.

“Sabemos que no vamos a impedir todos los femicidios de acá a un mes, pero tenemos la responsabilidad de evitar todos los casos que podamos, también considerando que las herramientas para la intervención las tienen los gobiernos provinciales”, precisó.

La titular de la cartera de Seguridad aseguró que la tarea del Gobierno nacional será “articular las intervenciones, apoyar, poner el tema en agenda todo el tiempo, que el tema esté entre las prioridades de la agenda de gobierno”.

El femicidio de Úrsula

Por otra parte, se refirió al femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada el pasado 8 de febrero de varias puñaladas por su expareja en la localidad bonaerense de Rojas.

“En este caso hubo varias omisiones, Los policías que estaban en esa localidad mostraron cierta inoperancia, sobre todo en lo que fue la contención de la población y de la familia”, señaló.

La funcionaria dijo también que existieron “omisiones de los operadores judiciales”, al reseñalr que Úrsula “había hecho la denuncia, el asesino tenía muchas denuncias previas, y había como una parálisis en cuanto a la reacción fuerte y decidida de la Justicia que es la que tiene que actuar”.

“Hay que repartir las responsabilidades por que llega un momento en que la policía no puede tomar decisiones, las decisiones las toma el Poder Judicial”, indicó.

La ministra aseguró que “muchas veces las medidas que se toman, se toman revictimizando a la víctima, cercando a la víctima en lugar de cercar al victimario”.

“Me parece que ahí hay que repensar y todos tenemos que repensar esas intervenciones para que la víctima no termine acorralada como termina pasando en la mayor parte de los casos”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

Un policía bonaerense que en 2018 hirió de dos balazos a su pareja mientras amamantaba a la bebé de cuatro meses que tienen en común, en el partido de Berazategui, fue condenado a 15 años de prisión por un tribunal oral, que consideró que la joven padeció durante años un “contexto violento por su condición de mujer”, humillaciones, insultos y golpes por parte del hombre, informaron hoy fuentes judiciales.

La decisión recayó sobre Sebastián Maximiliano Armella Báez (29) por el delito de “homicidio agravado por el vínculo y por el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa” de Dafne Abril Fernández (25), tras un juicio realizado por videoconferencia.

En el fallo unánime al que Télam tuvo acceso, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de Quilmes coincidió con la fiscal de juicio, Mariel Calviño, sobre la responsabilidad del policía en el hecho cometido el 8 de abril de 2018.

Previamente, los jueces Gustavo Darío Farina, Mónica Adriana Rodríguez de Piuma y Juan Martín Mata describieron la relación entre el condenado y Fernández, quien “vivía inmersa en un contexto violento”, y que había comenzado en septiembre de 2015 hasta que a mediados de 2016 fueron a convivir.

El Tribunal y la fiscal, entre otros elementos, tomaron como base los testimonios de la propia víctima, el de su hermana y de una amiga para establecer que “desde un principio hubo muchos celos, mucho control”.

“Fernández vivía inmersa en un contexto violento, por su condición de mujer, siendo celada, controlada, alejada de amistades, sufriendo humillaciones, insultos relativos a su comportamiento sexual y golpes que en un caso pusieron en riesgo la visión de uno de sus ojos”, detalló la jueza Rodríguez de Piuma.

Al respecto, la joven declaró ante el TOC 5 que hubo “insultos, humillaciones, violencia física, psicológica, golpes y empujones, golpeaba puertas de habitaciones, armarios, rompía tazas, platos”.

A fines de 2016, cuando el agresor estaba estudiando para ingresar a la Policía, le “metió una piña en la parte izquierda de la cara” que le provocó una hinchazón, lo cual lo calificó como uno de los “golpes mas graves”, aunque no hizo la denuncia.

Armella Báez le pidió que no lo hiciera porque eso “lo iba a afectar” en su carrera en la fuerza de seguridad y que su conducta “iba a cambiar, que eso no lo quiso hacer”.

“Otra vez cuando ya estaba su hija de tres meses, él estaba por irse al entrenamiento a (la escuela de Policía) Vucetich, se enojaron por celos, la empujó contra la cama, ella agarró el teléfono y marcó 911, él llegó rápido al teléfono y cortó, apretó redial para saber a dónde había llamado, y le dijo cómo podía hacerle eso, que lo iba a arruinar en su carrera, que no esperaba eso de ella, cómo podía hacerle eso a ella y a sus hijas. Ella se sintió culpable”, explicó el fallo.

Además, el acusado “la llamaba para insultarla desde Vucetich, que se fuera de casa, que si volvía y la veía no sabía lo que era capaz de hacerle”.

“Se iba sin hablarle, luego la llamaba que la amaba, que no podía estar sin ella, volvía borracho y drogado. Que era una puta, una trola, también sacó el arma y la apuntó”, precisó respecto de otras situación de violencia.

La fiscal Calviño aseguró en su alegato que, en ese contexto, cerca de las 11.15 del 8 de abril de 2018 en el dormitorio de la vivienda de calle 121 al 100 de Berazategui, la víctima fue atacada.

“Armella Báez efectuó cuanto menos un disparo con arma de fuego con la evidente intención de causar la muerte de su pareja, en circunstancias en que ésta se hallaba amamantando a la hija de ambos, de cuatro meses de edad al momento del hecho, no logrando completar su designio toda vez que el disparo impactó en el brazo y muñeca de la víctima”, sostuvo la sentencia en coincidencia con la fiscalía.

Para la Justicia, el ataque demostró “el desprecio vivenciado no sólo por la vida de su pareja sino también por la de su hija, mientras era amamantada” dado que la cabeza de la beba estaba “a centímetros del lugar donde impactó el proyectil en Fernández”.

“Ya era policía al momento del hecho, ya había culminado su entrenamiento, conocía el poder ofensivo de un arma de guerra como la que el Estado provincial le pone en las manos, conocía los lugares a los que se puede disparar sin riesgo cierto de vida, por ejemplo para inmovilizar, y cuales son los lugares del cuerpo que, impactados por un proyectil 9 milímetros, generan riesgo de vida”, expresaron los jueces.

El Tribunal descartó la hipótesis de la defensa sobre que no tuvo intención de matarla y que si hubiera querido hacerlo habría seguido disparando, debido a que “no tenía mas balas disponibles, afortunadamente para Dafne”.

“¿Qué buscaba con ese disparo?”, se preguntó Rodríguez de Piuma, cuya propia respuesta fue: “Ante la ausencia de explicación de otra intención, o al menos, de alguna fundamentación aunque fuere breve, que sustente la ausencia de intención homicida; siendo que no aporta nada de ello, por mi parte debo decir que del modo como ocurrieron los hechos, es indudable la respuesta: darle muerte”.

Con información de agencias.

IG

La madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada de 15 puñaladas hace 12 días en la localidad bonaerense de Rojas, aseguró hoy que la ausencia de su hija “es tremendamente tristísima” porque eran “una sola” persona y que no puede “explicar el dolor desgarrador” que “siente” como madre ante el femicidio.

En una entrevista realizada con la agencia Télam, Patricia Nasutti expresó que, si bien para “afuera” es un “roble” y va “a estar de pie en memoria y por la justicia” de su “santa y mártir”, dentro de su casa hace “la catarsis”.

“El quebranto también viene a la hora de la cena porque Úrsula no está, salís al garaje y está su motito, voy para los cuartos y su dormitorio está cerrado y pensás que ella salió de bañarse y se encerró a cambiar”, relató.

En ese sentido, la madre de la joven señaló: “La ausencia es tremendamente tristísima, porque éramos una, somos una y sé que voy caminando de la mano de ella para llegar a donde voy llegar”.

“No te puedo explicar el dolor desgarrador que una madre siente”, aseguró la mujer y añadió que sabe que el “alma” de su hija “está en el cielo”.

El miércoles pasado, el presidente Alberto Fernández recibió en su despacho de la Casa Rosada a Nasutti y a Adolfo Bahillo, padres de la joven asesinada, en el marco de una reunión de la que también formaron parte las ministras de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; de Seguridad, Sabrina Frederic; y de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta.

Al respecto, la mujer comentó que “fue un encuentro muy emotivo” y que el primer mandatario “fue una persona” que le dio “paz”.

“Fuimos escuchados dos horas y media con mi esposo, le presentamos un petitorio que ya se está trabajando en muchos lugares, ya está en movimiento”, indicó Patricia.

Además contó que el presidente Fernández le “ofreció su custodia”, que ya tiene “en la puerta” de su casa, y de esta manera, lo que le “prometió, él lo cumplió”.

“(Fernández) es un señor con mayúsculas, y agradezco infinitamente porque me dio su celular personal y me dijo que no soy una persona más, sino que soy su amiga”, aseguró Nasutti, y recordó que el Presidente se comprometió a visitar su casa tras el viaje oficial que realizará a México la próxima semana.

Tras la reunión con el primer mandatario, Patricia se dirigió hacia el Palacio de Tribunales porteño, sede del Poder Judicial, donde miles de personas se manifestaron para exigir justicia por el femicidio de Úrsula y para que se implementen políticas públicas efectivas contra la violencia de género.

“Nunca estuvimos en ninguna marcha ni nada por el estilo porque es como que lo veíamos como muy lejano todo esto. Cuando nos pasa el femicidio de Úrsula quise ir para acompañar a todas las chicas que quizás han denunciado y no fueron escuchadas”, explicó la mujer.

La madre de Úrsula agregó: “Se que iba a ser la voz de ellas, me quedé impactada porque todas me abrazaban y lloraban”.

“Las voy a acompañar siempre porque es triste lo que está pasando con esta ley que tiene que cambiar, tienen que sacar jueces corruptos, tienen que descajonear la cantidad de denuncias que tienen las chicas violadas por la misma fuerza policial”, ya que “la mujer tiene que ser escuchada”, manifestó Nasutti.

En tanto, el viernes 26 de febrero a las 19, día del cumpleaños de Úrsula, habrá una macha en la plaza General San Martín de Rojas para pedir que haya justicia “por ella” y para que no haya más femicidios.

Úrsula fue hallada el 8 de febrero pasado cerca de las 20.30 asesinada a puñaladas entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía apresó a Martínez herido.

A través de cámaras de seguridad, los investigadores establecieron que la joven había dejado su moto en la puerta de un quiosco al que ingresó y que al salir lo hizo caminando, tras lo cual aún no pudo determinarse el rumbo que tomó y en qué circunstancias fue abordada por el policía, quien esa noche se desplazaba en su auto, un Peugeot 307, tal como fue registrado por una cámara de una estación de servicio.

El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del propio imputado, quien refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque éste le confesó en un llamado que “se había mandado una cagada”.

Al llegar al lugar, la policía encontró a la chica asesinada y al agresor malherido, ya que después del crimen se clavó el arma homicida en el abdomen, adentro de su auto. Martínez intentó escapar a pie por los pastizales, pero fue reducido y quedó apresado.

La autopsia determinó que la joven fue asesinada de 15 puñaladas en la espalda, el torso y el cuello con un cuchillo de carnicería hallado en la escena del crimen.

Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su exnovio por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral que había violado dos días antes del crimen.

Además de la denuncias en su contra por parte de Úrsula, el oficial tenía tres sumarios en curso en Asuntos Internos, uno de ellos por amenazar a una superior diciéndole: “Si me trasladan tiro una bomba”, mientras que otra ex lo acusó públicamente de abusar sexualmente de su sobrina adolescente y de ser violento con ella.

Con información de la agencia Télam.

IG

Un expolicía bonaerense continuará detenido con prisión preventiva acusado del femicidio de su propia hermana a la que degolló luego de una discusión cuando fue a retirar sus pertenencias a la vivienda que compartían tras haberla denunciado por violencia y solicitar una perimetral hacía ella en un barrio de la localidad de Tortuguitas, informaron este sábado fuentes judiciales.

La medida de prisión preventiva solicitada por la la fiscal Karina Carbonella, de la UFI 20 de Malvinas Argentinas, fue para el acusado, identificado como Denis Figueroa, por lo que fue dado por el juzgado de Garantías de San Martín, dijeron a Télam los voceros consultados.

En tanto amigas junto a la familia de la victima solicitaron en marchas que el hermano de Florencia Figueroa (23) “salga de la cárcel y sea condenado a prisión perpetua por ser asesino de su propia hermana”.

“El detenido Denís Figueroa fue trasladado a una comisaría de la zona norte del conurbano bonaerense mientras dure la investigación judicial” contaron voceros policiales.

Los pesquisas creen que el expolicía y su hermana discutieron por esa denuncia y que, en esas circunstancias, él la atacó con una cuchilla de cocina, a pesar de que había llegado hasta la casa acompañado de varios policías que se quedaron en la vereda esperando que saliera con sus cosas.

El hecho, que fue dado a conocer ayer, ocurrió el 30 de enero y la mujer murió el 4 de este mes tras permanecer internada.

De acuerdo con la pesquisa, todo comenzó cuando el expolicía, acompañado por efectivos en actividad, se dirigió hasta la casa que compartía con su hermana, Florencia, situada en Estados Unidos y Paso de los Andes del barrio Tierras Altas de Tortuguitas, para retirar sus pertenencias, ya que iba a mudarse.

Es que, según las fuentes, el hombre había denunciado a su hermana por violencia, había obtenido una perimetral y, personalmente, fue hasta la casa para retirar sus cosas.

Sin embargo, una vez en el interior del domicilio, y mientras varios policías lo esperaban en la calle, Denis Figueroa comenzó a discutir con su hermana.

Los voceros dijeron que se investiga si el hombre fue atacado por su hermana aparentemente enfurecida por la noticia de restricción y, en medio de pelea, la apuñaló en el cuello con una cuchilla de cocina.

A raíz de la lesión, la mujer perdió mucha sangre y fue llevada a un centro de asistencia de emergencia, tras lo cual fue derivada al hospital de Grand Bourg.

El grupo de policías que había ido de custodia para acompañar a Figueroa a la casa de su hermana fue quien encontró a la mujer apuñalada en el cuello y tirada en el pasillo de la cocina.

Por tal motivo, el acusado del ataque fue detenido en el lugar.

Tras permanecer cinco días internada, la joven murió por la gravedad de la herida y el expolicía quedó acusado de “femicidio”.

Al declarar ante la fiscal Carbonella, el acusado dijo que su hermana tenía una restricción perimetral a pedido de él porque era violenta.

Con información de agencias.

IG

Las denuncias por haber ejercido violencia de género en las filas de la Policía Bonaerense son cada vez más extendidas. Dentro del enorme universo de 60.000 agentes hombres que la integran, casi 6.000 fueron denunciados y más de 4.600 de ellos están aún en la fuerza. A uno de cada 10 lo acusaron por agresiones contra las mujeres. Como ocurrió con Matías Ezequiel Martínez, que mató a su ex novia Úrsula Bahillo en Rojas, algunos de ellos habían sido señalados ante la Justicia más de una vez. 

El desglose detallado muestra que hubo 5.966 uniformados denunciados -entre 2013 y 2020- ante la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI). La cifra surge de un pedido de acceso a la información pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia, entregado al sitio web de investigación Perycia. A ese número se le suma otro imposible de precisar, que es el de todas las víctimas que no se animaron a hacerlo. 

Cada vez que a un miembro de la Policía Bonaerense se lo denuncia se le abre una Investigación Sumarial Administrativa en la AGAI. Según los datos, en la enorme mayoría de los casos, la suspensión es breve y luego el denunciado se reintegra a sus funciones. Durante los siete años relevados, se desprende que de los 5.966 sumariados. Sólo fueron sancionados y expulsados 984. Eso significa que 4.618 todavía pertenecen a la estructura, lo que equivale a más del 80% del total.

Gran parte de estas investigaciones internas se generaron en la gestión en Seguridad de Cristian Ritondo. En ese período las instrucciones sumariales se multiplicaron. Al final de 2019, había casi 30 mil sumarios, casi un tercio del total del personal policial. Pero esos procesos luego no se tradujeron en sanciones firmes. Solo 2.000 de ellos fueron exonerados. 

Del pedido de información pública solicitado surge otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados. Entre ellas se destacan las jurisdicciones de La Plata, Ensenada, Berazategui, Cañuelas, Monte, Lobos, Esteban Echeverría, Marcos Paz, Merlo, Moreno, Pilar Mercedes, Arrecifes, Junín, Lincoln, Mar del Plata, Azul, Madariaga y Monte Hermoso. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

“La violencia de género atraviesa a todas las instituciones pero, ¿qué pasa cuando una de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres tiene esta situación interna? Además de la cultura policial machista, de que la Fuerza funcione muchas veces como corporación, hoy no hay protocolos efectivos y no hay voluntad de autodepuración. ¿Cuántas mujeres ni siquiera denuncian a un violento cuando es policía? ¿Cuántas mujeres quieren denunciar pero la misma fuerza las expulsa? Entonces, tenemos un hombre violento, que se siente impune y que muchas veces está armado. La necesidad de un cambio es urgente”, afirma Verónica Liso, la periodista que junto a su colega Laureano Barrera analizaron y cruzaron los datos sobre los miles de policías denunciados por violencia de género.

Las denuncias directas a la Auditoría de Asuntos Internos se hacen en las sedes propias de La Plata, Avellaneda, Mar del Plata y Vicente López. Allí llegan las víctimas de un abuso policial no quieren pasar por una comisaría a hacer sus acusaciones. A ésas, se les suman las que sí fueron a las seccionales, a las de las fiscalías y las de los llamados al 911.

Las instrucciones sumariales referidas a violencia de género las llevan adelante cuatro auditorías en la Provincia. La auditoría N°1, que se encarga de las jurisdicciones del conurbano sur y los partidos cercanos a la Costa; la N°2, del oeste del conurbano y el centro y el oeste de la Provincia; la N°3, GBA Norte y los partidos que van hasta el límite con Santa Fe y la N°4, que releva casos en el centro y en el sur, hasta Carmen de Patagones. Cada una de esas auditorías la integran 10 abogados y uno o dos instructores especializados en violencia de género y familiar. 

Todos los sumarios son realizados en función de la Resolución 2277/12, que regula el “Protocolo para la Evaluación y Tratamiento del personal de las Policías de la Provincia de Buenos Aires en casos de Violencia Familiar”. Este dispone que los efectivos deben pasar por controles médicos para saber si pueden seguir formando parte de sus equipos de trabajo habituales y si pueden seguir teniendo sus armas. Se informa a la Superintendencia de Políticas de Género y a la Policía Científica. Luego se gira la información al registro de armas para saber si tiene una pistola no reglamentaria, que pueda usar cuando le quiten la oficial. La instrucción sumarial se completa y se emite con un dictamen en el que se informan las sanciones. Luego, el expediente pasa al área Legal y Técnica. Por último, el auditor general toma la investigación y resuelve.

El sumario puede archivarse, se puede decretar la incompetencia, el policía puede recibir sobreseimiento provisorio o definitivo. O ser sancionado. Dentro de las penas, está la suspensión del trabajo desde hasta 60 días, que debe ir acompañado de curso de “capacitación y sensibilización” en temas de género. Las penas expulsivas que puede recibir son la cesantía y la exoneración. En estos casos no pueden volver a la fuerza. Los cesanteados pueden pedir ser incorporados a la administración pública. 

Según la resolución 2277/09 por la sola denuncia no se releva de sus funciones al policía acusado. Tiene que comenzar el sumario y evaluar la gravedad del caso, los controles médicos y recién después se determina si continúa en sus tareas. 

Ante la consulta de qué tipo de capacitación recibieron sus propios funcionarios, Asuntos Internos informó que en diciembre una primera camada de las 400 personas que la integran cumplieron con talleres del Ministerio de la Mujer de la Provincia y que en marzo continuará el resto del plantel. También señalaron que un nuevo protocolo de abordaje policial de la gestión, que terminaron de redactar el año pasado, aún está siendo revisado y que luego deberá ser firmado por Sergio Berni. 

Otro dato alarmante: 21 de los policías acusados por violencia de género trabajaban en una Comisaría de la Mujer y la Familia cuando fueron sumariados

 El femicidio de Úrsula Bahillo ocurrió el 8 de febrero cerca de Rojas. Por el crimen se abrió una causa a cargo del fiscal de Junín Sergio Terrón. El policía Matías Martínez fue detenido y se negó a declarar. Tenía tres denuncias presentadas en las últimas semanas por Úrsula por “amenazas calificadas”, “amenazas” y luego por vulnerar la perimetral dispuesta. Las tres fueron el 9 de enero, el 28 de enero y el 5 de febrero, apenas unos días antes del crimen. Pero, Martínez tenía denuncias de al menos otras dos mujeres.

Una de ellas se llama Florencia Veloz (32) y relató detalles de la violencia sufrida durante el año y medio de su relación con Martínez. Ella también es policía y contó que un par de horas antes del crimen se comunicó con Úrsula. Además explicó que su sobrina había sufrido abuso por parte de Martínez y que había sido denunciado e investigado. El ataque sexual fue en abril del 2020, la nena declaró en Cámara Gesell recién a fin de año incriminándolo. Pero hasta mitad de septiembre, cuando entró en licencia psiquiátrica estaba armado y trabajando.

También Veloz detalló que Martínez había sido acusado por violencia de género en 2017 y sostiene que en esa causa hubo encubrimiento policial. Ella cuenta que en vez de pasarlo a disponibilidad, lo trasladaron a una comisaría de Pergamino.

Como se puede ver, por ninguna de las denuncias en su contra Martínez había sido sancionado. Al contrario, fue el propio Martínez quien se apartó voluntariamente solicitando esa carpeta psiquiátrica. 

AM

Esta nota fue actualizada el 18/2 a las 13.50 para aclarar que el total de agentes hombres es de 60.000 y uno de cada 10 fueron acusados de violencia contra las mujeres.

Una docente de 44 años fue asesinada de un balazo en una vivienda de la localidad formoseña de Estanislao del Campo por su expareja, un policía retirado que, tras el femicidio, se suicidó, informaron este martes fuentes de la fuerza.

El hecho se registró cerca de las 20.30 del lunes, en una vivienda situada en la calle Juan Bautista Alberdi de la mencionada localidad del departamento Patiño, a unos 235 kilómetros de la capital provincial.

Fuentes policiales informaron a Télam que la investigación comenzó cuando vecinos llamaron al 911 tras haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Los efectivos comprobaron que un hombre yacía muerto sobre la vereda de la casa con un disparo en la sien y a su costado había un arma de fuego.

Según las fuentes, el personal policial ingresó a la vivienda, donde encontró a la víctima, identificada como Mirna Elizabeth Palma (44), fallecida con un disparo en el rostro.

Los investigadores determinaron, en base al relato de testigos, que el hombre, un policía retirado llamado Carlos Medina (59), mató a su expareja y luego se suicidó.

En principio, los pesquisas no confirmaron que haya habido denuncias previas por amenazas o por violencia de género, añadieron las fuentes.

Con información de agencias.

IG

Brian Dirassar tenía 21 años. Había pedido la baja al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) de Trenque Lauquen y devolvió su arma reglamentaria. Los que compartían el trabajo con él declararon que lo veían perturbado. La relación con su novia Bárbara también estaba llegando a su fin. Ella ya no soportaba sus celos. Dirassar le había roto su celular, la había hecho borrar publicaciones en redes. Una vez la fue a buscar a 100 km porque pensó que se había ido de viaje y “no le había avisado”. La seguía por la calle y una noche entró por la ventana a la casa de ella. Ella le dijo que no quería verlo más pero él no lo quiso entender. Fue entonces que lo denunció en la Comisaría de la Mujer de Pehuajó. Según el expediente judicial, le pusieron una custodia fija solo un par de días y luego un patrullero que pasaba por su casa en el recorrido. A Dirassar le impusieron una perimetral pero no la cumplió. Lo vieron en la esquina de la casa y se escapó del lugar antes de que llegara el patrullero alertado por el 911. Lo denunciaron de nuevo. No sirvió tampoco. Dirassar apareció al día siguiente con un cuchillo parrillero, la increpó y se lo clavó en el pecho. Solo habían pasado 11 días de la separación. El 26 de noviembre de 2018 ella le dijo que no quería seguir, él la mató el 6 de enero, el día del cumpleaños de Bárbara. La familia de ella era familia de policías, aunque ella no. En la de él era al revés. El padre de Dirassar se suicidó un mes y medio después de que su hijo matara a Bárbara.   

Esta es una de las ocho historias que surgen de la lista de la auditoría de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense. Son los sumarios más avanzados de policías que asesinaron a mujeres en los últimos dos años. Cualquiera de ellos podría ser Matías Ezequiel Martínez, el femicida de Úrsula Bahillo. Salvo en la historia de Dirassar, los crímenes se ejecutaron con el arma reglamentaria fuera del horario de trabajo. En varios de estos relatos de policías se puede ver también cómo los acusados interfieren en los primeros momentos de la investigación para convencer a quienes instruyen el caso de que se trató de un suicidio. En la enorme mayoría de los crímenes la víctima también era policía y el ataque se produjo porque el asesino no toleraba la decisión de su ex pareja de distanciarse. En la mitad de los casos, por miedo a las repercusiones internas en la fuerza, las víctimas no habían hecho ninguna denuncia previa. Ursula también tenía miedo. Martínez la acosaba y la había amenazado con lastimar a su familia si lo denunciaba.

Danilo Acevedo había llegado a La Plata desde Tandil en 2016 para estudiar en la Escuela de Policía Juan Vucetich. Un año después comenzó a trabajar en la Dirección de Caballería y conoció a la sargento Laura Romina Gutiérrez, que trabajaba en el Comando de Patrulla. Él tenía 32 y ella 30. Se fueron a vivir a un departamento entre el final del casco céntrico y el barrio El Mondongo. Acevedo estuvo ahí hasta febrero de 2019. Ella le dijo que no quería seguir y se separaron. Los amigos de Laura declararon que él siguió insistiendo porque no aceptaba la ruptura. En uno de los testimonios, una amiga dijo que amenazó con suicidarse si ella no volvía con él. El sábado 24 de septiembre de 2019, a Acevedo le comunicaron que sería trasladado a Mar del Plata. Con el papel de la notificación en la mano fue hasta la casa de su ex. Nadie sabe qué fue lo que le dijo. El domingo, una amiga de ella se encontró con la trágica escena: los dos estaban tirados en el living sobre dos charcos de sangre y con una 9 milímetros al lado de Acevedo. Laura tenía cuatro balazos y estaba muerta. A él lo encontraron con un tiro en la cabeza pero aún respiraba. Lo internaron en el hospital San Martín pero el 2 de septiembre murió. Mientras estuvo vivo el caso se investigó como “femicidio agravado con tentativa de homicidio”. En este caso no hubo denuncias previas de Gutiérrez por violencia de género.

Jhonatan Giuliani trabajaba en la Policía local de Ezeiza. El 25 de diciembre de 2018 llamó a su cuñada para contarle que acaba de tener una discusión con su novia. A la cuñada le llamó la atención tanto detalle. Cortó e intentó comunicarse con su hermana Gisela, la novia de Giuliani. Pero ella no contestó la llamada. Pensó que no tendría ganas de hablar. Dejó pasar el tema hasta que el otro día volvió a sonar el teléfono. 

-Vení, Gisela se suicidó -le gritó Giuliani.

Además del dolor, la familia tenía dudas. Gisela también era policía y no tenía antecedentes de depresión. Pero apenas la familia llegó al departamento de la pareja se encontraron que varios policías repetían el mismo relato de Giuliani. Nadie sabía el motivo pero decían que se había suicidado. El se movía en la escena como un policía más, no como sospechoso. Hasta que un agente los hizo desconfiar. “Hay marcas de balas en las paredes”, les sugirió. En el expediente judicial están las pericias de esos dos impactos en el comedor. La mirada de la familia sobre el novio cambió al instante y Jhonatan se dio cuenta. No fue al entierro y luego desapareció. El 13 de enero fue detenido acusado de femicidio. 

Omar Ariel Acosta (53) era teniente de la Comisaría de Mar de Ajó. Su ex esposa, Mariana Alejandra Del Arco (32) también era oficial en la Delegación Inteligencia Criminal de Pinamar. Se habían separado dos meses antes. Ella vivía en una casa a una cuadra de la playa, en el balneario de Nueva Atlantis, a pocos kilómetros de donde él trabajaba. La noche del 22 de enero, Del Arco estaba cocinando sola y Acosta, de civil y de franco la sorprendió. Los vecinos escucharon una fuerte discusión y llamaron al 911 pero antes de que llegaran los patrulleros se escucharon varios disparos. Cuando la Policía entró a la casa se encontró con las hornallas aún prendidas y los dos cuerpos tirados entre la cocina y el comedor. Ella había recibido seis disparos, cinco en el pecho y uno en la cabeza. El tenía un solo tiro, también en la cabeza. Todos de la pistola reglamentaria de Acosta. En los registros tampoco había denuncias por violencia de género.      

Maximiliano Freyre trabajaba en el del Grupo de Apoyo Departamental en San Vicente. Su mujer, María Sembladuj (35), era subteniente en el Comando de Patrulla. Habían hecho la carrera policial mientras criaban a sus hijos. La historia de él fue difícil de reconstruir. Desde el comienzo de la investigación se presumió un intento de suicidio y sus datos no fueron difundidos. Ella quiso denunciarlo por violencia de género pero finalmente no se animaba por cómo eso repercutiría en la fuerza y en su propia carrera. El 19 de agosto de 2019, una hija encontró a la víctima en su habitación con un tiro en el pecho. Freyre fue quien llevó a Sembladuj al hospital. Ella murió en el camino. Freyre sostuvo en las declaraciones que María se había suicidado pero las pericias pusieron en dudas su versión. Luego fue detenido y separado de la Bonaerense.            

Daniel Benítez era subteniente de la DDI de La Matanza y mantenía desde hacía meses una relación con la policía con Melisa Navarro, también policía en un destacamento de Lanús. El 16 de mayo de 2019, Benítez fue a la casa de Navarro, en Claypole. Ella estaba con su hija de 8 años. Habían discutido porque ella no estaba convencida de vivir con él. Según Benítez, durante la discusión se le cayó su arma reglamentaria y se disparó. Ella recibió un tiro en la cara y murió en el instante. Hay una investigación abierta en la Justicia de Lomas y hasta que no se resuelva está separado de la Policía. 

Nicolás Agüero había terminado de estudiar en la Escuela de Vucetich en diciembre. Lo habían asignado al Operativo Sol en Cañuelas. Tenía 19 años y había alquilado una casa cerca del control vehicular del verano. Había conocido en un boliche a Romina Ugarte, que tenía 26 años y una hija con otro policía. Ella trabajaba en el Comando de Patrulla de la zona. Del día del crimen solo se conoció la versión de Agüero. Contó que estaba limpiando el arma y se le escapó un tiro. “La maté sin querer”, sostuvo siempre. Lo acusaron de homicidio calificado agravado por ser funcionario policial y por el uso de arma de fuego. Él tenía formación en violencia de género.   

El 16 de febrero de 2020 Jonathan Arancibia dijo que su pareja, Karen López se había suicidado. Los dos eran policías de Merlo. Ella estaba tirada en la cama, con un tiro en el pecho y con su hijo de 8 años en la habitación de al lado. Era al menos extraño. Pero él lo sostuvo y luego los policías que hicieron las primeras pericias lo repitieron. “Ella me encontró un mensaje de otra mujer”, dijo Arnacibia, quien fue detenido y luego dejado en libertad. Hay una investigación en la UFI N°11 de Morón. El policía fue separado de la Bonaerense y se le sigue una investigación interna. La madre de Karen pide Justicia y no tiene dudas en acusar a Arancibia como el asesino. Espera una pericias balísticas de Gendarmería que den precisiones de lo que ocurrió con su hija. 

AM

AM: Estoy personalmente bien y colectivamente preocupado por lo que supongo que nos preocupa a todos: la situación en Argentina de los femicidios y las fuerzas de seguridad.

MEC: Sí, este es un año muy tremendo con respecto a lo que es la subida en los casos de violencia de género. En lo que va de año ya creo que sobrepasamos la cantidad de femicidios de todo el año anterior.

AM: La tendencia es esa. Más de una mujer por día. 

MEC: Exactamente. Es algo que se está viendo en varios países del mundo en relación a la restricción de movimientos, a las cuarentenas, el aumento de casos de violencia de género. 

AM: El encierro no genera los incentivos correctos. 

MEC: Y además hay que tener en cuenta que Latinoamérica de por sí es la región con la mayor cantidad de... Primero, una región hiper violenta en relación a todo tipo de hechos violentos pero también específicamente en lo que es la violencia contra la mujer. 

AM: Así es. América latina tiene el 8 % de la población y el 35 % de los homicidios. Y entre ellos por supuesto los femicidios se destacan. En Argentina lo que agrava la situación es la participación de las instituciones públicas. Por complicidad, por omisión, por responsabilidad. En este caso se trata de un policía que fue protegido por policías a pesar de las denuncias. Estamos hablando de Úrsula, la chica asesinada en Rojas, un municipio de la provincia de Buenos Aires, mi provincia.

MEC: Yo hace un poco más de un año que estoy dirigiendo una investigación con fondos de un proyecto de investigación de mi universidad, la Universidad Nacional de Río Negro, con diversas aristas de lo que es la violencia contra la mujer. Y uno de los trabajos muy interesantes que está haciendo un colega mío que se llama Eduardo Prueger es sistematizar, es hacer algo que no había, que es tratar de sistematizar los datos relacionados con feminicidios. Una cosa que nos llamó poderosamente la atención es que cuando empezamos a investigar este tema fuimos a hablar con Fiscalía, fuimos a hablar con la Policía de nuestras provincias. Y dijimos: Bueno, queremos la base de datos de femicidios. No hay, no existe tal cosa. Las que existen son hechas por ONGs, como era la Casa de la Mujer, como otras ONGs. Y la verdad es que viendo esos datos que son realmente tremendos a uno le da la sensación de que el sistema que tenemos no funciona. O sea, no funciona en ninguna de las aristas. ¿A qué me refiero? Cuando una mujer tiene violencia de género teóricamente tiene que hacer una denuncia o en la comisaría de la mujer o en la Fiscalía. Eso va a la Justicia. Se hace una orden de restricción, que se le informa al acusado. Y ese circuito no funciona. Casi el 50 por ciento de los femicidios que nosotros tenemos en nuestra base de datos son de mujeres que ya tenían orden de restricción anterior o tenían denuncias, tenían intervención de la Justicia. Y en el 75 % de los casos sus familias, sus entornos sabían que eran víctimas de violencia. Es más, en muchos casos la notificación de la restricción, la orden de restricción, es de alguna manera la mecha que enciende un acto de furia. Cuando al hombre se le dice “usted no puede acercarse” eso es visto como algo absolutamente imposible. Entonces, vos dijiste la palabra incentivos. ¿Cuáles son los incentivos o qué es lo que tiene una mujer para hacer? Porque ir al sistema o no ir al sistema no parece tener una gran diferencia en relación al producto final, para decirlo de alguna manera. No suena muy esperanzador lo que estoy diciendo.

AM: No, no, al contrario. Justamente acabás de demostrar que ir al sistema puede ir peor. Y esta es la tragedia. Porque el sistema es el que prende la mecha, el que gatilla la locura. Y esto es típico de América latina. Las normas están, las instituciones están, porque hay poder judicial, hay fuerzas de seguridad, hay policía. Hay un Ministerio de la Mujer. Lo hay en la provincia de Buenos Aires y lo hay a nivel nacional. Sin embargo, las mujeres están cada vez más desprotegidas, sufriendo récords de violencia. ¿Qué hacer? El problema es el Estado. Ahora si querés hacemos una división del trabajo. Yo le pego a Berni y vos le pegás a Patricia Bullrich, que se anduvo juntando con gente indeseable y eso no es un buen mensaje. Pero justamente lo que vimos es que Berni el día después del femicidio estaba con el gobernador de la provincia de Buenos Aires ordenando unas tropas militares, que en realidad son tropas policiales. Y esto es algo que en Argentina tenemos que pensar -no nosotros solamente- los especialistas, los técnicos y las burocracias estatales. Las fuerzas armadas en Argentina no existen más. Argentina está prácticamente -esto lo dijo Carlos Escudé hace varios años; lo publicó La Nación- desarmada. Somos militarmente un protectorado de Chile y de Brasil. Este era el título de la nota de Escudé en La Nación. Tenemos fuerzas de seguridad que están siendo entrenadas como fuerzas militares. Están siendo entrenadas para odiar a un enemigo. Las fuerzas de seguridad no están ahí para tener a un enemigo, sino para cuidar la ley y el orden. En realidad, les hablan como si fueran soldados y ellos después reaccionan -el otro día lo decía Leandro Halperín- le hablan a los ciudadanos, nos hablan a los ciudadanos como si fuéramos sus soldados. Estamos generando el problema. El Estado presente -alguien decía, una chica- es machista y asesino. El problema es el Estado.

(...)

Transcripción parcial de la conversación