En una Argentina con una población cada vez más “envejecida”, la cuestión de la asistencia y del cuidado de los adultos mayores cobra una mayor relevancia en las discusiones familiares. Sin embargo, esta preocupación no se traduce en políticas públicas que piensen en un sistema de cuidados a largo plazo: esto genera un bajo nivel de institucionalización en geriátricos, una gran presencia de establecimientos “clandestinos” y una muy baja proporción de cobertura por parte de las obras sociales de algún tipo de asistencia. 

De acuerdo a cifras oficiales, en Argentina el 10% de las personas mayores de 60 años tiene algún tipo de dependencia para realizar actividades de la vida diaria básicas y un 22% de los mayores de 60 depende de un otro para realizar algún tipo de actividad instrumental (como manejar dinero o tomar un medio de transporte). Estos porcentajes se duplican entre las personas mayores de 75 años. 

 Para 2021 -última información disponible-, la población argentina de más de 60 años era de 7.279.394 personas, 15.9% de la población total: por lo tanto, se desprende que entre 700 mil y 1.600 mil adultos mayores necesitaría de algún tipo de asistencia en su vida cotidiana. Esto, en general, se traduce en una mayor carga de cuidados que recae sobre las familias. 

 “Cuando se habla de un ´sistema de cuidados´, en general se piensa en torno a la problemática del cuidado de niños. Sin embargo, el cuidado también es a personas mayores”, explica Sol Minoldo, investigadora del CONICET. “Respecto a las políticas para adultos mayores, puede llegar a confundirse la atención médica con el cuidado. Sin embargo, son dos dimensiones que tienen identidad por sí mismas: el adulto mayor puede no tener un problema de salud pero aun así requerir de cuidado, y cuando eso sucede, alguien tiene que poner su tiempo a disposición”. 

 ¿Quién pone el cuerpo y el tiempo para suplir las necesidades de  estos adultos mayores que requieren de algun tipo de cuidado? En muchos países de la región y de Europa, los geriátricos o “Residencias de Larga Estadía” son las instituciones primarias encargadas de proveer estos cuidados: en los países nórdicos, por ejemplo, alrededor del 10% de los adultos mayores se encuentra residiendo en instituciones. 

En Argentina, en cambio, el porcentaje de institucionalización del total de personas mayores de 60 años no alcanza al 2% de esta población, de acuerdo a datos brindados a eldiarioAR por Adriana Capuano, directora de Personas y Adultos Mayores del Ministerio de Salud de la Nación: de los 7 millones de adultos mayores que habían en la Argentina para 2021, solamente unas 94 mil residían en establecimientos de cuidados a largo plazo. Falta que se publiquen los números del Censo 2022 para saber con exactitud cuantas personas se encuentran hoy residiendo en geriátricos, dato que desde el INDEC aseguraron no tener aún ante la consulta de eldiarioAR. 

Según el Registro Federal de Establecimientos Sanitarios, del Ministerio de Salud de la Nación, las residencias habilitadas en todo el territorio nacional para el 2021 serian de 3.263. Por solo nombrar un distrito, en la Ciudad de Buenos Aires hay 441 establecimientos de este tipo, de acuerdo a datos otorgados por el GCBA a eldiarioAR. 

 La baja institucionalización de los adultos mayores en la Argentina comienza a colisionar, como bien explica Laura Acosta, investigadora del CONICET y del CIECS (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad) con los nuevos modelos familiares que se comenzaron a desarrollar en nuestro país en los últimos años. “Con una menor tasa de fecundidad ya desde hace décadas, se arma una conformación familiar donde es difícil para los pocos hijos hacerse cargo de sus padres”, sostiene Acosta. 

 Subregistro, informalidad y falta de acceso 

 Entre las causas de la baja institucionalización se encuentran, por un lado, el factor cultural que hace que muchas familias decidan que el cuidado quede en el seno del hogar del adulto mayor, a cargo de algún miembro o muchas veces contratando a algún cuidador a domicilio.

Sin embargo, para Capuano, el primer factor de la baja institucionalización es simplemente que existe un alto porcentaje de personas sin registrar. “Las cifras oficiales sobre las residencias solamente reflejan a un 50% de la población que efectivamente está institucionalizada”, sostiene Capuano ante la consulta sobre la cantidad de geriátricos. “Hay muchísimas residencias en todo el territorio argentino que se encuentran sin habilitar y sin fiscalizar, y por lo tanto las personas que allí residen tampoco están debidamente registradas”. 

La clandestinidad de una gran parte de los geriátricos se produce por la falta de reglamentación en Argentina de un sistema de cuidados a largo plazo. No existe un plan de cuidados a nivel nacional

Laura Acosta — Investigadora del Conicet

 “La clandestinidad de una gran parte de los geriátricos se produce por la falta de reglamentación en Argentina de un sistema de cuidados a largo plazo”, comenta Laura Acosta. “No existe un plan de cuidados a nivel nacional”. 

 Además de la fuerte presencia de geriátricos no registrados ni habilitados de manera formal, también está la problemática de que gran parte de los establecimientos son privados. “El problema es lograr el acceso a estos centros, y que PAMI cubra el servicio”, comenta Acosta. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el porcentaje de residencias bajo convenio del PAMI oscila alrededor del 15% del total de instituciones de larga estadía. “El mayor gasto sale del bolsillo de la propia persona mayor o de sus familiares”, reconoce Adriana Capuano. 

En un país donde el 62% de los adultos mayores están incluidos dentro un sistema de seguridad social a través de PAMI, este no es un dato no menor. “Hay algunos beneficios que se gestionan a través de PAMI, pero gran parte del grueso de los cuidados corre a cuenta de las familias”, agrega Nicolas Dvoskin, investigador del CONICET y experto en seguridad social. 

Hay algunos beneficios que se gestionan a través de PAMI, pero gran parte del grueso de los cuidados corre a cuenta de las familias

Nicolas Dvoskin — Investigador del Conicet

Cuidadores 

“La formación en geriatría y gerontología es algo que escasea mucho en nuestro país, además de que no existe un colegio profesional que regule la actividad de los cuidadores”, sostiene Laura Acosta. “Todo esto genera que no se consigna personal capacitado, además de que estos sean explotados y que no se respeten sus condiciones”. 

Además de los cuidadores pagos, en gran parte de las familias el cuidado queda a cargo de algún miembro, en general de una mujer adulta de más de 55 años de edad. “Es muy importante cuidar a esa mujer que cuida a sus padres, porque seguramente está sosteniendo también a sus hijos y tal vez a algún nieto”, sostiene Capuano. 

AS/MG

Treinta personas de un hogar de ancianos, entre residentes y el staff de cuidadores, dieron positivo este lunes para Covid-19 en un geriátrico de la localidad misionera de Eldorado, informaron desde el Ministerio de Salud Pública provincial.

Personal de la cartera de salud local y de la Municipalidad de Eldorado, encabezados por el ministro de Salud Pública, Oscar Alarcón, y el Intendente Fabio Martínez, realizaron un operativo de testeo a todos los integrantes del Hogar Santa Marta de Eldorado, unos 200 kilómetros al norte de Posadas, por la aparición de casos positivos de Covid 19, que incluía a la encargada, Teresita Z.

“Se testeó a todos los integrantes del lugar, de las cuales 30 personas (10 de ellos cuidadores, 20 residentes asintomáticos) dieron positivo para Covid 19. Una solamente requirió internación. Se encuentra con buena evolución en una clínica privada de Eldorado”, informaron desde el Ministerio.

El Ministerio proveyó a todos los que están en el hogar de elementos de bioseguridad y se reforzó la atención sanitaria en el lugar con médicos promotores y asistencia social. Además, se realiza un constante monitoreo a cada uno de los ancianos que residen en el hogar, ya que por sus edades conforman un grupo de riesgo.

“Se procedió a armar un sector de aislamiento para los casos positivos (todos asintomáticos) con todas las medidas de bioseguridad correspondiente y al personal que dio positivo se les indicó aislamiento en sus domicilios”, informaron en un comunicado.

El ministro precisó que, como está establecido, se inició el tratamiento con plasma convaleciente para los adultos mayores de 75 años y para la persona internada.

Con información de la agencia Télam

CRM

Mientras Argentina supera los 50.000 muertos por Covid-19, un relevamientos por distintos organismo oficiales y de control arroja el panorama preliminar sobre la pandemia en los lugares de encierro e instituciones que sufrieron las mayores restricciones a la circulación y al contacto social o con el “medio libre”, pero los datos siguen siendo incompletos, descentralizados y en algunos casos, poco transparentes, según pudo establecer elDiarioAR a raíz de la consultas. 

En el caso de los geriátricos, los registros dependen de cada provincia y en ciertos casos de los municipios, que no en todos casos lo informan al público y la prensa. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el 16,5% de los residentes fallecidos por coronavirus vivía en este tipo de instalaciones, tanto privadas como públicas, según arroja el cruce de las cifras oficiales. El cálculo es posible porque el Ministerio de Salud porteño hace públicas las cifras cada semana. En la Ciudad, el 3 de febrero comenzó la vacunación para el personal de estos establecimientos, según informó Télam.

Uno de los organismos que se encuentra ensayando una base de datos para intentar centralizar la información es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que publicó el 2 de febrero una primera estadística sobre la pandemia en lugares de encierro. Se basó en fuentes oficiales y relevamiento propio de casos, explicaron miembros del organismo. Su trabajo demuestra que las estadísticas oficiales siguen sin ser centralizadas y que persiste la falta de acceso directo a datos oficiales en algunas jurisdicciones. Conocer hasta dónde llega la pandemia en el encierro es una tarea ardua.

El Comité estableció que los Estados (Nacional, provinciales y municipales) registraron durante la pandemia 5.235 casos positivos de Covid-19 en las instituciones de encierro. Se recuperaron 1.321 infectados y al menos 91 personas fallecieron por coronavirus en cárceles, comisarías y hospitales de salud mental de todo el país, según este registro, cuyos organizadores estiman que las cifras reales van mucho más allá. No se registró ninguna muerte en los institutos de menores, aunque sí casos positivos. 

El organismo sostiene que aplicó a su base de datos un criterio amplio que le marca su línea de origen: la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por eso, incluyó en el relevamiento a unidades penitenciarias de todo el país; unidades policiales; establecimiento de salud mental; e instituciones de resguardo de niños, niñas y adolescentes. También a los geriátricos, tanto públicos como privados. El Comité tiene competencia para supervisar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad o internadas en instituciones contra su voluntad o por mandato de las autoridades.

Sólo en la Ciudad, el ministerio de Salud porteño registró 5.739 confirmados y 1.079 fallecidos en residencias geriátricas habilitadas en Capital Federal, según el reporte de la semana última. De acuerdo con los datos oficiales, estas muertes en los geriátricos porteños representan el 16,5% del total de fallecidos en la Ciudad (que al 13 de febrero eran 6.521 personas).

Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, no coincide con la calificación que el Comité otorga a los geriátricos como “lugares de encierro”, pero sostiene que habría un subregistro en los geriátricos y que no está clara la distinción entre muertos con Covid-19 y muertos por Covid-19. Semino estimó que al menos en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes de geriátricos que habrían fallecido equivaldrían a entre el 18% y el 20% del total de fallecidos en suelo porteño. Pero además sostiene que las agrupaciones con las que están en contacto les informaron que estiman entre 4.000 y 5.000 residentes de geriátricos muertos en todo el país. (ver detalles más adelante). 

Consultado por este diario sobre las cifras de los geriátricos en todo el país, voceros del Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que no cuentan con esas estadísticas porque no están centralizadas y que la consulta debe realizarse por jurisdicción. En el Ministerio de la provincia de Buenos Aires dijeron que responderían si cuentan con un registro después de los feriados del Carnaval.

Lo mismo sucede con las instituciones de salud mental: no hay un registro centralizado y el conteo de casos y fallecidos debe ser consultado por jurisdicción, explicó el Ministerio de Salud de la Nación.

El registro en los geriátricos

Según el relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en los geriátricos es donde el subregistro de la pandemia es mayor, en especial por la falta de seguimiento de los casos y la dificultad para acceder a fuentes oficiales que centralicen la información. 

A diferencia del Comité, Eugenio Semino, gerontólogo y Defensor de la Tercera Edad (que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), considera que los geriátricos no deberían considerarse lugares de encierro, ya que sus alojados pueden salir de los establecimientos y muchos están allí por su propia voluntad, pero coincide con el Comité en que habría un subregistro de la extensión de la pandemia en estos establecimientos. 

En diálogo con elDiarioAR, Semino sostuvo que la defensoría recibe información de cámaras y asociaciones de establecimientos geriátricos privados que estiman entre 4.000 y 5.000 muertos por Covid-19 en geriátricos de todo el país. Esta cifra no fue auditada y es muy difícil corroborarla a causa de la descentralización de la información, agregó.

Recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces, se hacen semanalmente.

El ministerio de Salud porteño registra 1.079 fallecidos en residencias geriátricas de la Ciudad, según el reporte de la semana última. La cartera de Germán Quiroz afirmó que realizó 28.971 hisopados PCR en los hogares de ancianos en lo que va de la pandemia y que 5.730 dieron positivos. 

“En Argentina, la internación en geriátricos es reducida. El país cuenta con 150.000 camas. Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos”, sostuvo Semino.

“Entre marzo y el 1° de junio de 2020, el 39% de los fallecidos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) vivía en residencias geriátricas. Tras la implementación de los testeos semanales en el personal de esos establecimientos, el porcentaje descendió al 18% ó 20%”, dijo Semino.

Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo.

En la Ciudad de Buenos Aires hay unos 500 geriátricos con alrededor de 2.500 alojados, según la Defensoría de la Tercera Edad. “Uno de los problemas que observamos es que en algunas jurisdicciones el personal que trabaja en los geriátricos ni siquiera es considerado personal de la salud. En la Ciudad, donde sí se los considera, recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces se hacen semanalmente”, contó Semino.  

En la provincia de Buenos Aires, las habilitaciones dependen de los municipios y el control sobre los geriátricos debería ser articulado por el Ministerio de Salud provincial, explicó Semino, pero sostiene que en el ámbito bonaerense no hay número claros, el control no llega y se suma la corrupción en distintos municipios. “El PAMI alquila camas a los geriátricos y aún así, se desligó del seguimiento”, dijo el defensor.

Las cárceles federales

Los registros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) son los más accesibles (pueden verse en el sitio web oficial) y hablan de una situación controlada, con apenas 560 casos confirmados de Covid-19 en lo que va de la pandemia. En la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación explicaron que actualizan la base de datos diariamente. 

Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto (interino), no cree que haya un subregistro de los casos en este ámbito pero destacó en diálogo con este medio que sólo se hisopó a un 10% de la población alojada en cárceles federales durante toda la pandemia. 

Hasta el 11 de febrero se realizaron 1.106 hisopados nasofaríngeos de PCR y otros 36 testeos rápidos antígenos positivos, según el sitio oficial. A nivel nacional, el porcentaje no es muy diferente: se realizaron 7 millones de pruebas diagnósticas, lo que proyectado, equivale a poco más del 15% de la población argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación (algunas personas fueron hisopadas más de una vez).

“Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo”, agregó Cejas Meliare. A nivel país, esa relación entre hisopados y pacientes positivos es menor al 39%. Según Salud (al 11 de febrero), los positivos en todo el país equivalen a poco más de 2.000.000 de personas (sobre 7 millones de testeos). 

El SPF contabiliza 17 personas fallecidas por Covid-19 en las cárceles federales, al 11 de febrero, según publica su web oficial. La mayoría, 14 de ellos, estaban alojados en penales federales ubicados en la provincia de Buenos Aires. Los otros tres fallecidos se encontraban presos en Salta.

Federal más provinciales

Según la base de datos del Comité, en los lugares donde permanecen alojados niñas, niños y adolescentes las autoridades registraron al 2 de febrero 167 casos confirmados de Covid-19; sólo 35 recuperados pero ningún fallecido entre los menores. 

En los institutos de salud mental, las estadísticas registradas por el Comité hablan de 488 casos confirmados y 24 fallecidos por la pandemia.

El organismo explicó que cuenta con más datos sobre unidades penitenciarias y policiales (tanto federales como provinciales) que sobre el resto de las instituciones analizadas debido a la falta de acceso a información o a la escasez en el registro oficial. El comité registró hasta el 2 de febrero último, 2.249 casos positivos de Covid-19 en cárceles y dependencias de las policías en todo el país (incluyendo los establecimientos que dependen de las provincias) y un total de 67 personas fallecidas por el coronavirus en este tipo de unidades (que incluye a los 17 muertos en establecimientos federales). 

La subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación no cuenta con datos sobre los servicios penitenciarios provinciales, debido a la descentralización. No todos los servicios penitenciarios que dependen de las provincias tienen sitios webs propios, en la mayoría de los que sí, los registros sobre Covid-19 no están publicados. Uno de los más importantes del país, el Servicio Penitenciario Bonaerense, no respondió ante la consulta.

Índices sobre las muertes

Lucía Camardon, directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, explicó a elDiarioAR que durante los primeros meses de la pandemia, las tasas de letalidad y mortalidad eran más elevadas en las instituciones de encierro que en el medio libre. 

En noviembre de 2020, la tasa de mortalidad (que mide las muertes cada 100.000 habitantes) se dio vuelta. Se mantuvo en los mismos niveles para las personas en situación de encierro (62 muertes cada 100.000 personas) y comenzó a aumentar en el medio libre (el 2 de febrero estaba en 105,7 muertes cada 100.000 habitantes), sostiene la especialista. 

Sin embargo, el índice de letalidad (el porcentaje de fallecidos con respecto a la cantidad de infectados) fue mayor en el encierro que en el medio libre durante toda la pandemia, afirmó Camardon. Al 2 de febrero, la tasa de letalidad en el encierro es del 3,4% de los infectados mientras que en el medio libre equivale al 2,5% de los infectados. “Las condiciones de salud preexistentes de las personas privadas de su libertad y la dificultad en el acceso a la salud y la atención médica posterior a la infección colaboraron en ese escenario”, aseguró Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité.

 En el caso de las cárceles, “el contagio muchas veces vino por el personal penitenciario y los médicos de los servicios que ingresan diariamente a los penales”, explicó Iud. Esa situación se repitió en los establecimientos de salud mental, en los geriátricos e instituciones de menores que activaron mayores restricciones al contacto de los encerrados con el exterior: durante meses se suspendieron visitas de familiares; y se restringieron las actividades educativas, culturales, talleres.

Durante la pandemia, el Comité registró 82 medidas de fuerza en las unidades penitenciarias de todo el país durante la emergencia por Covid-19.

“Al principio, se percibía mucho temor de las personas privadas de libertad. Ese miedo generó mucha tensión que derivó en algunos casos en motines y protestas. Las mesas de diálogo entre las autoridades y los delegados de los pabellones fueron el instrumento que permitió controlar la situación”, dijo Cejas Meliare desde la Procuración Penitenciaria, quien junto a otros especialistas medió durante el motín de la cárcel de Devoto.

“Durante las recorridas y auditorías por las comisarías, advertimos que había más de 500 personas detenidas, hacinadas en los calabozos, que deberían haber estado en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Alrededor de 50 de esas personas dieron positivo a las pruebas de Covid-19”, afirmó Cejas Meliare. Tras la presentación de habeas corpus, ya no quedan personas alojadas en estas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires, al menos en los últimos  tres meses, agregó. 

“Había carencia de elementos de higiene, de acceso al agua. Eso mejoró, con su déficit y seguimos recibiendo reclamos de la población, pero las restricciones a las visitas, la suspensión de las actividades educativas y culturales influyó en el resultado”, añadió Iud.

ED