Cada 28 de agosto es celebrado el Día de la Ancianidad en el país para conmemorar la declaración de los derechos de las personas de la tercera edad que impulsó la primera dama Eva Perón hace más de medio siglo.

Lo hizo ese día de 1948 al enfatizar la importancia de incluir en la Reforma Constitucional aquellas garantías que velen por el cuidado y respeto de las personas mayores. Así ocurrió un año después, en 1949, por decisión del entonces presidente Juan Domingo Perón.

¿Cuáles fueron las garantías que impulsó Eva Perón para las personas mayores?

-Derecho a la Asistencia: toda persona anciana debe contar con la protección integral por parte de su familia. En el caso de desamparo, abandono o imposibilidad mayor de llevar a cabo esta tarea, el Estado será quien deba hacerse cargo de dicho cuidado.

-Derecho a la Vivienda: toda persona debe contar con un espacio cómodo que ayude a cuidar su salud y seguridad, mediante la higiene, calefacción y medidas de resguardo del mismo.

-Derecho a la Alimentación: las personas mayores deberán contar con una alimentación adecuada para su salud, condición física, peso y edad, previamente indicada por un médico o nutricionista.

-Derecho al Vestido: promueve a garantía de una indumentaria cómoda, que se adecúe al clima y necesidades del individuo, como por ejemplo la utilización de cinturas elásticas en casos de requerirlo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Física: deberán ser asistidas para el cumplimiento de la ingesta de medicamentos, ejercicios indicados por médicos y otros requisitos que cuiden su organismo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Moral: las personas mayores serán libres de ejercitar su fe, espiritualidad, prácticas de culto o cualquier actividad que contribuya con sus gustos, preferencias y bienestar espiritual.

-Derecho al Esparcimiento: toda persona anciana debe contar con momentos de entretenimiento y goce, donde puedan de una manera controlada y segura, disfrutar.

-Derecho al Trabajo: en el caso de encontrarse en condición, la laborterapia productiva debe ser llevada a cabo para ejercitar sus aptitudes físicas, mentales y promover la autoestima.

-Derecho a la Expansión: consiste en la libertad de pensamiento y expresión, especialmente en los últimos años de vida de la persona.

-Derecho al Respeto: toda persona mayor merece respeto, empatía y consideración por parte de todos los individuos de la sociedad.

CC

Murió la mujer más mayor del mundo. Se trata de Maria Branyas, la catalana nacida en San Francisco (Estados Unidos) en 1907, que falleció a los 117 años, después de haberse convertido en enero de 2023 en la persona más longeva del planeta. 

Branyas, que cumplió los 117 el pasado mes de marzo, formaba parte del selecto club de españoles centenarios, un 0,04% de la población del país. Su nombre comenzó a aparecer en medios de comunicación cuando superó el covid-19, en 2020, siendo una de las personas más mayores en lograrlo. 

Pero a partir de 2023 esta mujer, que vive desde los años 90 en una residencia de ancianos de Olot, en Girona, pasó a ser la decana del planeta. Su cuenta de Twitter ha confirmado la noticia: “Maria Branyas nos ha dejado. Ha muerto como ella quería: mientras dormía, tranquila, y sin dolor”. 

Su perfil en redes sociales mencionó también uno de los últimos mensajes de la anciana, hace unos días: “Un día me iré de aquí. No volveré a probar el café, ni a comer yogur, ni a acariciar a la Fada… Dejaré también mis recuerdos, mis reflexiones, y dejaré de existir en este cuerpo. Un día que desconozco, pero que está muy cerca, este largo viaje habrá acabado. La muerte me encontrará gastada de haber vivido tanto, pero quiero que me encuentre sonriente, libre y satisfecha”. 

Cada 28 de agosto es celebrado el Día de la Ancianidad en el país para conmemorar la declaración de los derechos de las personas de la tercera edad que impulsó la primera dama Eva Perón hace más de medio siglo.

Lo hizo ese día de 1948 al enfatizar la importancia de incluir en la Reforma Constitucional aquellas garantías que velen por el cuidado y respeto de las personas mayores. Así ocurrió un año después, en 1949, por decisión del entonces presidente Juan Domingo Perón.

¿Cuáles fueron las garantías que impulsó Eva Perón para las personas mayores?

-Derecho a la Asistencia: toda persona anciana debe contar con la protección integral por parte de su familia. En el caso de desamparo, abandono o imposibilidad mayor de llevar a cabo esta tarea, el Estado será quien deba hacerse cargo de dicho cuidado.

-Derecho a la Vivienda: toda persona debe contar con un espacio cómodo que ayude a cuidar su salud y seguridad, mediante la higiene, calefacción y medidas de resguardo del mismo.

-Derecho a la Alimentación: las personas mayores deberán contar con una alimentación adecuada para su salud, condición física, peso y edad, previamente indicada por un médico o nutricionista.

-Derecho al Vestido: promueve a garantía de una indumentaria cómoda, que se adecúe al clima y necesidades del individuo, como por ejemplo la utilización de cinturas elásticas en casos de requerirlo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Física: deberán ser asistidas para el cumplimiento de la ingesta de medicamentos, ejercicios indicados por médicos y otros requisitos que cuiden su organismo.

-Derecho al Cuidado de la Salud Moral: las personas mayores serán libres de ejercitar su fe, espiritualidad, prácticas de culto o cualquier actividad que contribuya con sus gustos, preferencias y bienestar espiritual.

-Derecho al Esparcimiento: toda persona anciana debe contar con momentos de entretenimiento y goce, donde puedan de una manera controlada y segura, disfrutar.

-Derecho al Trabajo: en el caso de encontrarse en condición, la laborterapia productiva debe ser llevada a cabo para ejercitar sus aptitudes físicas, mentales y promover la autoestima.

-Derecho a la Expansión: consiste en la libertad de pensamiento y expresión, especialmente en los últimos años de vida de la persona.

-Derecho al Respeto: toda persona mayor merece respeto, empatía y consideración por parte de todos los individuos de la sociedad.

CC

Solo hablar de unas jarras de cerámica azul turquesa hace llorar a Galina, como para subir a casa y verlas esparcidas por el suelo junto a todo lo demás. Se niega a que alguien le recoja aquellas piezas que siguen intactas entre los escombros, tras el bombardeo que destrozó su casa en Bucha el pasado 27 de febrero. Le aterra volver a abrir esa puerta que antes le llevaba a su hogar, y ahora le despierta el dolor más profundo. 

La destrucción de las casas y edificios de Bucha, tras la marcha de las tropas rusas, se percibe en cada calle y en cada testimonio de quienes permanecieron durante semanas bajo la ocupación. Ya en los alrededores empiezan a percibirse las señales de la devastación a medida que la distancia se estrecha: pisos calcinados, casas arrasadas por los proyectiles, balas en el suelo, manchas de sangre, disparos en cafeterías, supermercados y comercios, máquinas de vending tiradas en el suelo, en lo que un día pudo utilizarse de barricada en la lucha por la recuperación de la ciudad. 

Por sus carreteras, vecinos y voluntarios hacen cola para acopiar mantas, botellas de agua o algo de comer. Porque, más de diez días después de la liberación de Bucha, los ciudadanos que permanecen en esta ciudad de la periferia de Kiev aún carecen de suministro de electricidad o acceso al agua. Apenas se ven niños ni mujeres jóvenes, pero sí se han quedado decenas de ancianas y ancianos que aún hoy se niegan a abandonar la localidad en la que vivieron durante más de un mes aterrados en el sótano. 

Varios pedazos de páginas de libros quemados esparcidos por el suelo, cristales rotos y restos de ceniza. Las escaleras del edificio de Galina, vecina de 71 años de Bucha, ocupada por las tropas rusas durante más de un mes y epicentro de la masacre de civiles, dan pistas de lo ocurrido en este edificio, como en tantos otros, días después del inicio de la guerra. 

Abrir la puerta a la que a la mujer le cuesta acercarse, en el cuarto piso, provoca una corriente de aire frío. Un gato castaño se cuela en el interior y camina por los restos de lo que fue la vida de Galina. Solo hay ruinas y una gran pieza metálica de lo que parecen las migajas de un proyectil. Entre los cascotes se distinguen las tazas y jarras que Galina solía comprar con su marido en sus viajes de trabajo por Ucrania. También decenas de cubiertos, varias cacerolas, una bañera cargada de escombros y una cocina destartalada. 

Galina estaba, como la mayor parte del último mes hasta la liberación de Bucha, en un sótano abarrotado de civiles cuando un bombardeo impactó en su vivienda. La primera vez que vio su estado se desmayó, cuenta. La segunda, recogió “una pequeña vela, un poco de agua, unas cerillas”. También las pocas prendas de ropa que pudo salvar y que ahora viste unas sobre otras, para evitar el frío que no hay quien alivie en la ciudad, donde aún no hay electricidad ni agua. 

“Cuando subí arriba tenía dos puertas dobles. Abrí la primera puerta, luego la segunda. Cuando vi cómo estaba todo, no conseguí estar bien. Me dicen que me desmayé y ya no volví a intentar verlo pasados unos cinco días”, cuenta la septuagenaria.

-¿Usted no ha pensado en irse?

-¿A dónde? A dónde iría. 

En función de la zona de Bucha, los vecinos tuvieron más o menos enfrentamientos con las tropas rusas durante las semanas de ocupación. “No me atrevía a salir cuando estaban cerca. Estábamos callados, callados, para que no nos molestasen, y apenas salía de casa o del sótano”, cuenta Galina. En una de las calles con mayor presencia de soldados del Kremlin, donde los militares se asentaron, hablan de algunas de las atrocidades documentadas por la prensa. “Nos dijeron que, si salíamos, nos mataban”, dice una señora, que permaneció encerrada todo el tiempo de la ocupación. “Se metían en las casas de muchos vecinos y les decían que se quedasen en el sótano, desnudaban a los hombres por si tenían algún tatuaje. En esta calle, mataron a tres civiles solo por salir”. 

Encuentro con soldados chechenos

Según el alcalde de la ciudad, se han localizado en Bucha 403 cuerpos de civiles muertos, de los cuales 163 ya han sido identificados. Otras 16 personas se consideran desaparecidas. “Las autoridades competentes realizarán los trámites correspondientes. Ya se han identificado 163 personas. El número de muertos aumentará: policías, militares, servicios especiales pasan por cada barrio, cada casa, encuentran entierros en áreas privadas, levantan cuerpos. Queda por limpiar cuatro barrios más pequeños”, ha precisado.

Tras la liberación, Galina reside en un piso vacío de una de las familias que optaron por abandonar la ciudad, pero, como la mayoría de vecinos y vecinas de Bucha, prefiere estar fuera que en el interior de su casa tras la retirada de los ocupantes rusos. “Hace más frío dentro”, dice Irina, una amiga que se queda sentada en una silla de escritorio colocada en la entrada de su edificio. 

Irina cuenta que los soldados del bando ruso molestaban a los habitantes de Bucha y robaban sus pertenencias: “Yo les dije que por qué estaban aquí. Me respondieron que por dinero. Eran chechenos”. ¿No le dio miedo? Sí, pero tenía que hacerlo. “Me dijeron que si no me callaba me quitarían la lengua”, añade Irina, con una sonrisa de orgullo y mientras carga varias garrafas de agua para repartir entre sus vecinos. 

“¿A dónde vamos a ir?”

En las calles de Bucha, para soportar las frías temperaturas que aún continúan en Kiev y organizarse para cocinar, vecinos y voluntarios han creado estufas caseras y cocinas de leña en el exterior. En varios puestos improvisados, varios ciudadanos preparan comida típica ucraniana y café para ofrecerla a quien la necesite. Otros se dedican a cortar madera para alimentar el fuego que permita calentar sus manos. Ayudan a los más mayores e intentan cubrir sus necesidades básicas, pero no siempre es fácil. 

Unos prefieren estar en la calle y otros optan por continuar su vida en los sótanos de la ciudad periférica de Kiev, entre ellos, Sergey y sus padres, también mayores. Junto a otros conocidos, han habilitado el refugio con un generador eléctrico, por lo que una decena de vecinos continúan durmiendo allí a pesar del restablecimiento de la seguridad en la zona. Ahora buscan refugiarse del frío. 

En otro punto de Bucha, en una de las calles principales, donde aparecieron decenas de cadáveres y tanques calcinados tras la retirada de las tropas rusas, Liuba señala nerviosa la zona trasera de su terreno y apunta a una casa completamente destruida. Con 84 años, estaba en la cocina cuando un proyectil impactó en su hogar. Ella cayó y resultó herida entre los escombros. “Me la encontré con la cara ensangrentada, estaba inconsciente”, dice la vecina de al lado. No fueron al médico por miedo al Ejército ruso, que entonces ya ocupaba la ciudad. “Nos encargamos nosotras, ¿a dónde íbamos a llevarla?”, dice su cuñada. 

Solo le quedó una lesión en la muñeca, pero mucho miedo en el cuerpo. Las octogenarias, que caminan con la ayuda de un andador, piden ayuda. Aseguran que apenas ha ido nadie por allí para apoyarlas a realizar una serie de gestiones necesarias tras la destrucción de la vivienda. “¿Cómo vamos a pedir ayuda? ¿A dónde vamos a ir? Si tenemos 80 años, no caminamos bien y no funciona el teléfono, ni la luz, ni nada…”, se pregunta Ludmila. La mujer pide insulina, agobiada al ver que las dosis le empiezan a escasear.

Mientras Argentina supera los 50.000 muertos por Covid-19, un relevamientos por distintos organismo oficiales y de control arroja el panorama preliminar sobre la pandemia en los lugares de encierro e instituciones que sufrieron las mayores restricciones a la circulación y al contacto social o con el “medio libre”, pero los datos siguen siendo incompletos, descentralizados y en algunos casos, poco transparentes, según pudo establecer elDiarioAR a raíz de la consultas. 

En el caso de los geriátricos, los registros dependen de cada provincia y en ciertos casos de los municipios, que no en todos casos lo informan al público y la prensa. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el 16,5% de los residentes fallecidos por coronavirus vivía en este tipo de instalaciones, tanto privadas como públicas, según arroja el cruce de las cifras oficiales. El cálculo es posible porque el Ministerio de Salud porteño hace públicas las cifras cada semana. En la Ciudad, el 3 de febrero comenzó la vacunación para el personal de estos establecimientos, según informó Télam.

Uno de los organismos que se encuentra ensayando una base de datos para intentar centralizar la información es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que publicó el 2 de febrero una primera estadística sobre la pandemia en lugares de encierro. Se basó en fuentes oficiales y relevamiento propio de casos, explicaron miembros del organismo. Su trabajo demuestra que las estadísticas oficiales siguen sin ser centralizadas y que persiste la falta de acceso directo a datos oficiales en algunas jurisdicciones. Conocer hasta dónde llega la pandemia en el encierro es una tarea ardua.

El Comité estableció que los Estados (Nacional, provinciales y municipales) registraron durante la pandemia 5.235 casos positivos de Covid-19 en las instituciones de encierro. Se recuperaron 1.321 infectados y al menos 91 personas fallecieron por coronavirus en cárceles, comisarías y hospitales de salud mental de todo el país, según este registro, cuyos organizadores estiman que las cifras reales van mucho más allá. No se registró ninguna muerte en los institutos de menores, aunque sí casos positivos. 

El organismo sostiene que aplicó a su base de datos un criterio amplio que le marca su línea de origen: la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por eso, incluyó en el relevamiento a unidades penitenciarias de todo el país; unidades policiales; establecimiento de salud mental; e instituciones de resguardo de niños, niñas y adolescentes. También a los geriátricos, tanto públicos como privados. El Comité tiene competencia para supervisar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad o internadas en instituciones contra su voluntad o por mandato de las autoridades.

Sólo en la Ciudad, el ministerio de Salud porteño registró 5.739 confirmados y 1.079 fallecidos en residencias geriátricas habilitadas en Capital Federal, según el reporte de la semana última. De acuerdo con los datos oficiales, estas muertes en los geriátricos porteños representan el 16,5% del total de fallecidos en la Ciudad (que al 13 de febrero eran 6.521 personas).

Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, no coincide con la calificación que el Comité otorga a los geriátricos como “lugares de encierro”, pero sostiene que habría un subregistro en los geriátricos y que no está clara la distinción entre muertos con Covid-19 y muertos por Covid-19. Semino estimó que al menos en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes de geriátricos que habrían fallecido equivaldrían a entre el 18% y el 20% del total de fallecidos en suelo porteño. Pero además sostiene que las agrupaciones con las que están en contacto les informaron que estiman entre 4.000 y 5.000 residentes de geriátricos muertos en todo el país. (ver detalles más adelante). 

Consultado por este diario sobre las cifras de los geriátricos en todo el país, voceros del Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que no cuentan con esas estadísticas porque no están centralizadas y que la consulta debe realizarse por jurisdicción. En el Ministerio de la provincia de Buenos Aires dijeron que responderían si cuentan con un registro después de los feriados del Carnaval.

Lo mismo sucede con las instituciones de salud mental: no hay un registro centralizado y el conteo de casos y fallecidos debe ser consultado por jurisdicción, explicó el Ministerio de Salud de la Nación.

El registro en los geriátricos

Según el relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en los geriátricos es donde el subregistro de la pandemia es mayor, en especial por la falta de seguimiento de los casos y la dificultad para acceder a fuentes oficiales que centralicen la información. 

A diferencia del Comité, Eugenio Semino, gerontólogo y Defensor de la Tercera Edad (que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), considera que los geriátricos no deberían considerarse lugares de encierro, ya que sus alojados pueden salir de los establecimientos y muchos están allí por su propia voluntad, pero coincide con el Comité en que habría un subregistro de la extensión de la pandemia en estos establecimientos. 

En diálogo con elDiarioAR, Semino sostuvo que la defensoría recibe información de cámaras y asociaciones de establecimientos geriátricos privados que estiman entre 4.000 y 5.000 muertos por Covid-19 en geriátricos de todo el país. Esta cifra no fue auditada y es muy difícil corroborarla a causa de la descentralización de la información, agregó.

Recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces, se hacen semanalmente.

El ministerio de Salud porteño registra 1.079 fallecidos en residencias geriátricas de la Ciudad, según el reporte de la semana última. La cartera de Germán Quiroz afirmó que realizó 28.971 hisopados PCR en los hogares de ancianos en lo que va de la pandemia y que 5.730 dieron positivos. 

“En Argentina, la internación en geriátricos es reducida. El país cuenta con 150.000 camas. Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos”, sostuvo Semino.

“Entre marzo y el 1° de junio de 2020, el 39% de los fallecidos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) vivía en residencias geriátricas. Tras la implementación de los testeos semanales en el personal de esos establecimientos, el porcentaje descendió al 18% ó 20%”, dijo Semino.

Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo.

En la Ciudad de Buenos Aires hay unos 500 geriátricos con alrededor de 2.500 alojados, según la Defensoría de la Tercera Edad. “Uno de los problemas que observamos es que en algunas jurisdicciones el personal que trabaja en los geriátricos ni siquiera es considerado personal de la salud. En la Ciudad, donde sí se los considera, recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces se hacen semanalmente”, contó Semino.  

En la provincia de Buenos Aires, las habilitaciones dependen de los municipios y el control sobre los geriátricos debería ser articulado por el Ministerio de Salud provincial, explicó Semino, pero sostiene que en el ámbito bonaerense no hay número claros, el control no llega y se suma la corrupción en distintos municipios. “El PAMI alquila camas a los geriátricos y aún así, se desligó del seguimiento”, dijo el defensor.

Las cárceles federales

Los registros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) son los más accesibles (pueden verse en el sitio web oficial) y hablan de una situación controlada, con apenas 560 casos confirmados de Covid-19 en lo que va de la pandemia. En la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación explicaron que actualizan la base de datos diariamente. 

Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto (interino), no cree que haya un subregistro de los casos en este ámbito pero destacó en diálogo con este medio que sólo se hisopó a un 10% de la población alojada en cárceles federales durante toda la pandemia. 

Hasta el 11 de febrero se realizaron 1.106 hisopados nasofaríngeos de PCR y otros 36 testeos rápidos antígenos positivos, según el sitio oficial. A nivel nacional, el porcentaje no es muy diferente: se realizaron 7 millones de pruebas diagnósticas, lo que proyectado, equivale a poco más del 15% de la población argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación (algunas personas fueron hisopadas más de una vez).

“Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo”, agregó Cejas Meliare. A nivel país, esa relación entre hisopados y pacientes positivos es menor al 39%. Según Salud (al 11 de febrero), los positivos en todo el país equivalen a poco más de 2.000.000 de personas (sobre 7 millones de testeos). 

El SPF contabiliza 17 personas fallecidas por Covid-19 en las cárceles federales, al 11 de febrero, según publica su web oficial. La mayoría, 14 de ellos, estaban alojados en penales federales ubicados en la provincia de Buenos Aires. Los otros tres fallecidos se encontraban presos en Salta.

Federal más provinciales

Según la base de datos del Comité, en los lugares donde permanecen alojados niñas, niños y adolescentes las autoridades registraron al 2 de febrero 167 casos confirmados de Covid-19; sólo 35 recuperados pero ningún fallecido entre los menores. 

En los institutos de salud mental, las estadísticas registradas por el Comité hablan de 488 casos confirmados y 24 fallecidos por la pandemia.

El organismo explicó que cuenta con más datos sobre unidades penitenciarias y policiales (tanto federales como provinciales) que sobre el resto de las instituciones analizadas debido a la falta de acceso a información o a la escasez en el registro oficial. El comité registró hasta el 2 de febrero último, 2.249 casos positivos de Covid-19 en cárceles y dependencias de las policías en todo el país (incluyendo los establecimientos que dependen de las provincias) y un total de 67 personas fallecidas por el coronavirus en este tipo de unidades (que incluye a los 17 muertos en establecimientos federales). 

La subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación no cuenta con datos sobre los servicios penitenciarios provinciales, debido a la descentralización. No todos los servicios penitenciarios que dependen de las provincias tienen sitios webs propios, en la mayoría de los que sí, los registros sobre Covid-19 no están publicados. Uno de los más importantes del país, el Servicio Penitenciario Bonaerense, no respondió ante la consulta.

Índices sobre las muertes

Lucía Camardon, directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, explicó a elDiarioAR que durante los primeros meses de la pandemia, las tasas de letalidad y mortalidad eran más elevadas en las instituciones de encierro que en el medio libre. 

En noviembre de 2020, la tasa de mortalidad (que mide las muertes cada 100.000 habitantes) se dio vuelta. Se mantuvo en los mismos niveles para las personas en situación de encierro (62 muertes cada 100.000 personas) y comenzó a aumentar en el medio libre (el 2 de febrero estaba en 105,7 muertes cada 100.000 habitantes), sostiene la especialista. 

Sin embargo, el índice de letalidad (el porcentaje de fallecidos con respecto a la cantidad de infectados) fue mayor en el encierro que en el medio libre durante toda la pandemia, afirmó Camardon. Al 2 de febrero, la tasa de letalidad en el encierro es del 3,4% de los infectados mientras que en el medio libre equivale al 2,5% de los infectados. “Las condiciones de salud preexistentes de las personas privadas de su libertad y la dificultad en el acceso a la salud y la atención médica posterior a la infección colaboraron en ese escenario”, aseguró Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité.

 En el caso de las cárceles, “el contagio muchas veces vino por el personal penitenciario y los médicos de los servicios que ingresan diariamente a los penales”, explicó Iud. Esa situación se repitió en los establecimientos de salud mental, en los geriátricos e instituciones de menores que activaron mayores restricciones al contacto de los encerrados con el exterior: durante meses se suspendieron visitas de familiares; y se restringieron las actividades educativas, culturales, talleres.

Durante la pandemia, el Comité registró 82 medidas de fuerza en las unidades penitenciarias de todo el país durante la emergencia por Covid-19.

“Al principio, se percibía mucho temor de las personas privadas de libertad. Ese miedo generó mucha tensión que derivó en algunos casos en motines y protestas. Las mesas de diálogo entre las autoridades y los delegados de los pabellones fueron el instrumento que permitió controlar la situación”, dijo Cejas Meliare desde la Procuración Penitenciaria, quien junto a otros especialistas medió durante el motín de la cárcel de Devoto.

“Durante las recorridas y auditorías por las comisarías, advertimos que había más de 500 personas detenidas, hacinadas en los calabozos, que deberían haber estado en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Alrededor de 50 de esas personas dieron positivo a las pruebas de Covid-19”, afirmó Cejas Meliare. Tras la presentación de habeas corpus, ya no quedan personas alojadas en estas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires, al menos en los últimos  tres meses, agregó. 

“Había carencia de elementos de higiene, de acceso al agua. Eso mejoró, con su déficit y seguimos recibiendo reclamos de la población, pero las restricciones a las visitas, la suspensión de las actividades educativas y culturales influyó en el resultado”, añadió Iud.

ED