El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, cuestionó duramente la posibilidad de que el presidente Javier Milei vete la ley aprobada por el Congreso que contempla un aumento del 7,2% y la actualización del bono para jubilados. Además, consideró que “sería un error” y advirtió que existen recursos suficientes para afrontar esa mejora en los haberes.

“El argumento de que no hay dinero para financiar el 7,2% o el bono de 110.000 pesos es el mismo que se usó con el veto anterior y que también utilizaron otros gobiernos”, señaló. Según el defensor, esa justificación no se sostiene, ya que “los fundamentos del veto están cuestionados judicialmente en casi todo el país con buen éxito”.

Semino remarcó que el impacto de esta ley beneficiaría directamente a los sectores más vulnerables, especialmente a los jubilados de la mínima y a las personas con discapacidad. “Por todo concepto, lo que recibirían serían 60.000 pesos más. No varía su situación de fondo, pero es impagable no otorgarlo porque ese bolsillo ya no da para nada”, afirmó en diálogo con Rivadavia AM 630.

El especialista también recordó que hace un año ya ocurrió una situación similar, donde un proyecto aprobado fue luego vetado por el Poder Ejecutivo y muchos legisladores “avalaron el veto después de haber apoyado la ley”. Frente a la posibilidad de que esta historia se repita, señaló: “Esperemos que no pase lo mismo”.

Finalmente, se mostró cauto pero esperanzado respecto a lo que pueda suceder esta vez con el Congreso: “Me parece que el veto no la tiene fácil. A partir del problema que hay con los gobernadores, que no están recibiendo lo que les corresponde por coparticipación, es probable que se junten los dos tercios y se anule el veto”.

En un mensaje dirigido a toda la dirigencia política, Semino fue claro: “Esperemos que haya sensatez y que todos los actores políticos se dediquen a ver cómo modifican la situación del jubilado, porque se está muriendo de hambre directamente. Ni más ni menos”.

El defensor de la tercera edad, Eugenio Semino, trazó un crudo diagnóstico sobre la situación que atraviesan millones de jubilados y pensionados en Argentina. “El deterioro del ingreso del jubilado lo coloca en una situación crítica. Estamos pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para las personas mayores”, advirtió.

Según detalló, los haberes se licúan mes a mes. “El reajuste de este mes fue del 1,5%, pero seis millones de beneficiarios que cobran el bono -congelado desde hace 11 meses- en realidad recibieron apenas un 0,8%. Eso es menos que la inflación mensual. El resultado: un aumento real de apenas 4.000 pesos, que no alcanza ni para un café”, denunció.

Semino fue contundente al describir el drama cotidiano: “Estamos en el momento de mayor morbilidad del año, cuando más se enferma la gente mayor, y con estos ingresos no se puede ni calefaccionar la casa. Como se dice en geriatría: a menor temperatura, mayor riesgo de enfermedad. Y eso está pasando ya”.

Desde la llegada de Javier Milei al poder, los jubilados con la mínima perdieron 13 puntos frente a la inflación, según cifras del INDEC. “Durante 2024, la inflación fue del 118% y los haberes aumentaron apenas un 105%”, explicó el defensor. “Pero la pérdida de poder adquisitivo viene de arrastre desde 2013”, agregó en declaraciones a Rivadavia AM 630.

Frente a este panorama, Semino reclamó una asistencia estatal urgente: “El Estado tiene que garantizar comida, medicamentos y techo. Ya no se trata solo de ingresos, sino de supervivencia”.

Al cierre de la entrevista, volvió a subrayar la gravedad de la situación: “Los jubilados no solo sufren, se mueren así. El país no puede seguir dándole la espalda a sus mayores”.

Con información de NA.

IG

Mientras Argentina supera los 50.000 muertos por Covid-19, un relevamientos por distintos organismo oficiales y de control arroja el panorama preliminar sobre la pandemia en los lugares de encierro e instituciones que sufrieron las mayores restricciones a la circulación y al contacto social o con el “medio libre”, pero los datos siguen siendo incompletos, descentralizados y en algunos casos, poco transparentes, según pudo establecer elDiarioAR a raíz de la consultas. 

En el caso de los geriátricos, los registros dependen de cada provincia y en ciertos casos de los municipios, que no en todos casos lo informan al público y la prensa. Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, el 16,5% de los residentes fallecidos por coronavirus vivía en este tipo de instalaciones, tanto privadas como públicas, según arroja el cruce de las cifras oficiales. El cálculo es posible porque el Ministerio de Salud porteño hace públicas las cifras cada semana. En la Ciudad, el 3 de febrero comenzó la vacunación para el personal de estos establecimientos, según informó Télam.

Uno de los organismos que se encuentra ensayando una base de datos para intentar centralizar la información es el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que publicó el 2 de febrero una primera estadística sobre la pandemia en lugares de encierro. Se basó en fuentes oficiales y relevamiento propio de casos, explicaron miembros del organismo. Su trabajo demuestra que las estadísticas oficiales siguen sin ser centralizadas y que persiste la falta de acceso directo a datos oficiales en algunas jurisdicciones. Conocer hasta dónde llega la pandemia en el encierro es una tarea ardua.

El Comité estableció que los Estados (Nacional, provinciales y municipales) registraron durante la pandemia 5.235 casos positivos de Covid-19 en las instituciones de encierro. Se recuperaron 1.321 infectados y al menos 91 personas fallecieron por coronavirus en cárceles, comisarías y hospitales de salud mental de todo el país, según este registro, cuyos organizadores estiman que las cifras reales van mucho más allá. No se registró ninguna muerte en los institutos de menores, aunque sí casos positivos. 

El organismo sostiene que aplicó a su base de datos un criterio amplio que le marca su línea de origen: la Convención contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Por eso, incluyó en el relevamiento a unidades penitenciarias de todo el país; unidades policiales; establecimiento de salud mental; e instituciones de resguardo de niños, niñas y adolescentes. También a los geriátricos, tanto públicos como privados. El Comité tiene competencia para supervisar las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de su libertad o internadas en instituciones contra su voluntad o por mandato de las autoridades.

Sólo en la Ciudad, el ministerio de Salud porteño registró 5.739 confirmados y 1.079 fallecidos en residencias geriátricas habilitadas en Capital Federal, según el reporte de la semana última. De acuerdo con los datos oficiales, estas muertes en los geriátricos porteños representan el 16,5% del total de fallecidos en la Ciudad (que al 13 de febrero eran 6.521 personas).

Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos.

El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, no coincide con la calificación que el Comité otorga a los geriátricos como “lugares de encierro”, pero sostiene que habría un subregistro en los geriátricos y que no está clara la distinción entre muertos con Covid-19 y muertos por Covid-19. Semino estimó que al menos en la Ciudad de Buenos Aires, los residentes de geriátricos que habrían fallecido equivaldrían a entre el 18% y el 20% del total de fallecidos en suelo porteño. Pero además sostiene que las agrupaciones con las que están en contacto les informaron que estiman entre 4.000 y 5.000 residentes de geriátricos muertos en todo el país. (ver detalles más adelante). 

Consultado por este diario sobre las cifras de los geriátricos en todo el país, voceros del Ministerio de Salud de la Nación aseguraron que no cuentan con esas estadísticas porque no están centralizadas y que la consulta debe realizarse por jurisdicción. En el Ministerio de la provincia de Buenos Aires dijeron que responderían si cuentan con un registro después de los feriados del Carnaval.

Lo mismo sucede con las instituciones de salud mental: no hay un registro centralizado y el conteo de casos y fallecidos debe ser consultado por jurisdicción, explicó el Ministerio de Salud de la Nación.

El registro en los geriátricos

Según el relevamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, en los geriátricos es donde el subregistro de la pandemia es mayor, en especial por la falta de seguimiento de los casos y la dificultad para acceder a fuentes oficiales que centralicen la información. 

A diferencia del Comité, Eugenio Semino, gerontólogo y Defensor de la Tercera Edad (que depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires), considera que los geriátricos no deberían considerarse lugares de encierro, ya que sus alojados pueden salir de los establecimientos y muchos están allí por su propia voluntad, pero coincide con el Comité en que habría un subregistro de la extensión de la pandemia en estos establecimientos. 

En diálogo con elDiarioAR, Semino sostuvo que la defensoría recibe información de cámaras y asociaciones de establecimientos geriátricos privados que estiman entre 4.000 y 5.000 muertos por Covid-19 en geriátricos de todo el país. Esta cifra no fue auditada y es muy difícil corroborarla a causa de la descentralización de la información, agregó.

Recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces, se hacen semanalmente.

El ministerio de Salud porteño registra 1.079 fallecidos en residencias geriátricas de la Ciudad, según el reporte de la semana última. La cartera de Germán Quiroz afirmó que realizó 28.971 hisopados PCR en los hogares de ancianos en lo que va de la pandemia y que 5.730 dieron positivos. 

“En Argentina, la internación en geriátricos es reducida. El país cuenta con 150.000 camas. Muchos de estos lugares son clandestinos, verdaderas pocilgas que funcionan en complicidad con las autoridades que deberían controlarlos”, sostuvo Semino.

“Entre marzo y el 1° de junio de 2020, el 39% de los fallecidos del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) vivía en residencias geriátricas. Tras la implementación de los testeos semanales en el personal de esos establecimientos, el porcentaje descendió al 18% ó 20%”, dijo Semino.

Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo.

En la Ciudad de Buenos Aires hay unos 500 geriátricos con alrededor de 2.500 alojados, según la Defensoría de la Tercera Edad. “Uno de los problemas que observamos es que en algunas jurisdicciones el personal que trabaja en los geriátricos ni siquiera es considerado personal de la salud. En la Ciudad, donde sí se los considera, recién en junio comenzaron los testeos a los trabajadores, que son los que llevaron y trajeron el virus. Desde entonces se hacen semanalmente”, contó Semino.  

En la provincia de Buenos Aires, las habilitaciones dependen de los municipios y el control sobre los geriátricos debería ser articulado por el Ministerio de Salud provincial, explicó Semino, pero sostiene que en el ámbito bonaerense no hay número claros, el control no llega y se suma la corrupción en distintos municipios. “El PAMI alquila camas a los geriátricos y aún así, se desligó del seguimiento”, dijo el defensor.

Las cárceles federales

Los registros del Servicio Penitenciario Federal (SPF) son los más accesibles (pueden verse en el sitio web oficial) y hablan de una situación controlada, con apenas 560 casos confirmados de Covid-19 en lo que va de la pandemia. En la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación explicaron que actualizan la base de datos diariamente. 

Ariel Cejas Meliare, procurador penitenciario adjunto (interino), no cree que haya un subregistro de los casos en este ámbito pero destacó en diálogo con este medio que sólo se hisopó a un 10% de la población alojada en cárceles federales durante toda la pandemia. 

Hasta el 11 de febrero se realizaron 1.106 hisopados nasofaríngeos de PCR y otros 36 testeos rápidos antígenos positivos, según el sitio oficial. A nivel nacional, el porcentaje no es muy diferente: se realizaron 7 millones de pruebas diagnósticas, lo que proyectado, equivale a poco más del 15% de la población argentina, según el Ministerio de Salud de la Nación (algunas personas fueron hisopadas más de una vez).

“Alrededor del 51% de los hisopados en cárceles federales dieron positivo”, agregó Cejas Meliare. A nivel país, esa relación entre hisopados y pacientes positivos es menor al 39%. Según Salud (al 11 de febrero), los positivos en todo el país equivalen a poco más de 2.000.000 de personas (sobre 7 millones de testeos). 

El SPF contabiliza 17 personas fallecidas por Covid-19 en las cárceles federales, al 11 de febrero, según publica su web oficial. La mayoría, 14 de ellos, estaban alojados en penales federales ubicados en la provincia de Buenos Aires. Los otros tres fallecidos se encontraban presos en Salta.

Federal más provinciales

Según la base de datos del Comité, en los lugares donde permanecen alojados niñas, niños y adolescentes las autoridades registraron al 2 de febrero 167 casos confirmados de Covid-19; sólo 35 recuperados pero ningún fallecido entre los menores. 

En los institutos de salud mental, las estadísticas registradas por el Comité hablan de 488 casos confirmados y 24 fallecidos por la pandemia.

El organismo explicó que cuenta con más datos sobre unidades penitenciarias y policiales (tanto federales como provinciales) que sobre el resto de las instituciones analizadas debido a la falta de acceso a información o a la escasez en el registro oficial. El comité registró hasta el 2 de febrero último, 2.249 casos positivos de Covid-19 en cárceles y dependencias de las policías en todo el país (incluyendo los establecimientos que dependen de las provincias) y un total de 67 personas fallecidas por el coronavirus en este tipo de unidades (que incluye a los 17 muertos en establecimientos federales). 

La subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia de la Nación no cuenta con datos sobre los servicios penitenciarios provinciales, debido a la descentralización. No todos los servicios penitenciarios que dependen de las provincias tienen sitios webs propios, en la mayoría de los que sí, los registros sobre Covid-19 no están publicados. Uno de los más importantes del país, el Servicio Penitenciario Bonaerense, no respondió ante la consulta.

Índices sobre las muertes

Lucía Camardon, directora de Producción y Sistematización de Información del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, explicó a elDiarioAR que durante los primeros meses de la pandemia, las tasas de letalidad y mortalidad eran más elevadas en las instituciones de encierro que en el medio libre. 

En noviembre de 2020, la tasa de mortalidad (que mide las muertes cada 100.000 habitantes) se dio vuelta. Se mantuvo en los mismos niveles para las personas en situación de encierro (62 muertes cada 100.000 personas) y comenzó a aumentar en el medio libre (el 2 de febrero estaba en 105,7 muertes cada 100.000 habitantes), sostiene la especialista. 

Sin embargo, el índice de letalidad (el porcentaje de fallecidos con respecto a la cantidad de infectados) fue mayor en el encierro que en el medio libre durante toda la pandemia, afirmó Camardon. Al 2 de febrero, la tasa de letalidad en el encierro es del 3,4% de los infectados mientras que en el medio libre equivale al 2,5% de los infectados. “Las condiciones de salud preexistentes de las personas privadas de su libertad y la dificultad en el acceso a la salud y la atención médica posterior a la infección colaboraron en ese escenario”, aseguró Alan Iud, secretario ejecutivo del Comité.

 En el caso de las cárceles, “el contagio muchas veces vino por el personal penitenciario y los médicos de los servicios que ingresan diariamente a los penales”, explicó Iud. Esa situación se repitió en los establecimientos de salud mental, en los geriátricos e instituciones de menores que activaron mayores restricciones al contacto de los encerrados con el exterior: durante meses se suspendieron visitas de familiares; y se restringieron las actividades educativas, culturales, talleres.

Durante la pandemia, el Comité registró 82 medidas de fuerza en las unidades penitenciarias de todo el país durante la emergencia por Covid-19.

“Al principio, se percibía mucho temor de las personas privadas de libertad. Ese miedo generó mucha tensión que derivó en algunos casos en motines y protestas. Las mesas de diálogo entre las autoridades y los delegados de los pabellones fueron el instrumento que permitió controlar la situación”, dijo Cejas Meliare desde la Procuración Penitenciaria, quien junto a otros especialistas medió durante el motín de la cárcel de Devoto.

“Durante las recorridas y auditorías por las comisarías, advertimos que había más de 500 personas detenidas, hacinadas en los calabozos, que deberían haber estado en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal. Alrededor de 50 de esas personas dieron positivo a las pruebas de Covid-19”, afirmó Cejas Meliare. Tras la presentación de habeas corpus, ya no quedan personas alojadas en estas condiciones en la Ciudad de Buenos Aires, al menos en los últimos  tres meses, agregó. 

“Había carencia de elementos de higiene, de acceso al agua. Eso mejoró, con su déficit y seguimos recibiendo reclamos de la población, pero las restricciones a las visitas, la suspensión de las actividades educativas y culturales influyó en el resultado”, añadió Iud.

ED