Es una auténtica declaración oficial de guerra. Analistas de mercado y observadores geopolíticos internacionales convienen en señalar que la Inflation Reduction Act (IRA) americana, que entró en vigor en enero, representa, de facto, la renuncia de EEUU a las reglas de juego que rigen el libre mercado y todo un desplante a la OMC, la institución multilateral que vela por el adecuado cumplimiento de las normas de competencia en el comercio mundial.

Con el IRA, Estados Unidos busca avances tecnológicos y el impulso de proyectos que sirvan para descarbonizar sectores altamente contaminantes como el transporte, el acero o la generación eléctrica; reducir los elevados costes energéticos actuales e incentivar las inversiones verdes hasta certificar unas emisiones netas cero de CO2 en 2050.

Europa, y sus empresas y trabajadores, no son su única víctima. La iniciativa de la Administración Biden creó un efecto dominó. China, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y naciones de cultura anglosajona como la canadiense o la australiana manifestaron a Washington su preocupación sobre la IRA. Estos países van a responder con estrategias similares a las de la Casa Blanca para amortiguar la pérdida de competitividad y las amenazas de cierre de cadenas productivas en sus mercados.

Pero la reacción de la UE es imperiosa, explican los expertos, en alusión a la urgente puesta en marcha del denominado Green Deal Industrial Plan. El espacio europeo se arriesga a una pérdida de identidad empresarial y a perder peso global frente a las dos superpotencias y rivales comerciales: EEUU y China. Un grupo de analistas de Bruegel, el think-tank paneuropeo con sede en Bruselas, dirigido por su director, Jeromin Zettelmeyer, valora la “significativa” aportación de la ley americana para combatir el cambio climático. Sin embargo, arremete casi sin solución de continuidad, contra unos requerimientos “prohibidos por la OMC”, que favorecen en exclusiva con sus “excelsas ayudas” a firmas estadounidenses y que, en consecuencia, “crean distorsiones en el comercio” y atentan con los subsidios contra la libre competencia.

“Es la primera vez que EEUU inicia una acción contraria al sistema de comercio internacional que podría generar, además, tentaciones proteccionistas” en otras latitudes del planeta. El paper del centro de investigación que preside Jean Claude Trichet, expresidente del BCE, admite que el articulado del IRA mantiene un nivel de recursos de proyectos verdes similar en tamaño a los de la UE que, incluso, los superan en producción de energía renovables. Aunque de inmediato incide en una “importante diferencia cualitativa”: varios subsidios de la Casa Blanca discriminan a compañías productoras extranjeras, una coraza que no existe en las leyes comunitarias.

En Bruegel señalan, además, que los fondos liberados por la IRA “son más simples y están menos fragmentados” y se focalizan masivamente en el desarrollo de tecnologías verdes más que en la innovación, lo que podría dañar la competitividad en Europa mientras las corporaciones estadounidenses podrán beneficiarse de la transición energética del Viejo Continente y del resto del mundo. Al tiempo y, en paralelo, la Casa Blanca puso en liza prohibiciones para sustituir la elaboración de chips y de componentes fabricados en China con sus vetos sobre estos materiales esenciales para la industria manufacturera y sobre la tecnología made in US con destino al gigante asiático.

“La magnitud de ambos efectos es muy incierta” y está provocando una “reorganización masiva de las cadenas de valor” que podría “retrasar inicialmente la transición energética”, si bien en el largo plazo, y por el contrario, estaría en disposición de “propiciar una reducción de los costes tecnológicos en procesos de descarbonización” de sectores neurálgicos.

En respuesta a la IRA, la UE “no debe proteger su competitividad respecto a EEUU, sino persuadir a firmas innovadoras domésticas y foráneas, con objeto de acabar con las huellas de carbono de sus distintos segmentos productivos, sin requerimientos proteccionistas o ayudas locales, poner en ruta su estrategia verde con recursos suficientes e impulsar reformas estructurales y cambios en el régimen de subsidios internacionales que eleve la resiliencia de la UE frente a disrupciones comerciales.

Un misil sobre la línea de flotación de la industria europea

Los ministros de economía de Alemania, Robert Habeck, y de Francia, Bruno Le Maire, acudieron en febrero a Washington para tratar de convencer a la Administración Biden de la necesidad de laminar las excepciones que la IRA exige a las compañías europeas. En concreto, en la exigencia de usar tecnología estadounidense en vehículos eléctricos, que perjudica a la poderosa industria automovilística europea, pero también al cheque casi en blanco concedido por la Casa Blanca a la fabricación de hidrógeno verde.

En Reino Unido también mostraron su repulsa a la política industrial de Biden. El presidente del Imperial College of Science, Technology and Medicine de Londres -una de las universidades más punteras en investigación de financiación pública-, Hugh Brady, la tilda de “amenaza existencial” para las economías europea y británica. Hasta el punto de recomendar que “pongan punto final a sus discrepancias familiares” y reanuden los lazos de cooperación en asuntos como el Horizon Europe, el ambicioso programa comunitario de I+D+i para el septenio 2021-2027 dotado con 95.500 millones de euros.

Brady defiende la reacción del premier Rishi Sunak de reescribir el divorcio del Brexit con Europa y le insta a “resolver las divergencias” más allá del protocolo sobre Irlanda del Norte, porque los riesgos de que la tecnología verde europea quede diezmada por el viraje legal de EEUU son más que reales: “Si no reaccionamos, en 20 años habremos dejado sin respuesta a los desafíos a los que deberán enfrentarse nuestras generaciones de jóvenes”, explica Brady, para quien “EEUU ya ha lanzado su primera carta en este juego geoestratégico”. Europa y Reino Unido “corren el peligro conjunto de perder el pulso competitivo con su principal rival y socio económico”.

Las autoridades comunitarias -con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el canciller alemán, Olaf Scholz o el presidente español, Pedro Sánchez, como puntas de lanza- dejaron sobradas muestras en Davos de los temores a una desindustrialización o, al menos, a unas duras reconversiones en el continente si el club europeo no impulsaba una estrategia con inversiones substanciales para rivalizar con EEUU, como por ejemplo factorías de baterías de última generación con las que conectar los motores de los vehículos eléctricos. Washington incentivó este tipo de plantas con créditos fiscales, además de proporcionar hasta 7.500 dólares de ayuda directa a sus compradores.

La cumbre invernal del WEF empleó por primera vez el término “guerra comercial” y apelativos de “discriminación” hacia el sector privado europeo al analizar la ley americana, de la que se dijo incluso que es “probablemente más extrema” que las batallas arancelarias de Donald Trump, en palabras de Solveigh Hieronimus, socia de McKinsey.

Von der Leyen acaba de adelantar algunos detalles del Green Deal Industrial Plan para convertir a la UE en un espacio libre de emisiones de CO₂ con gratificaciones a productores de hidrógeno renovable e impactos similares en subsidios a los que establece la Ley IRA americana. Con hasta 800 millones de euros por cada proyecto piloto que se lanzarán a partir del próximo otoño y que abarcarán los próximos diez años. A diferencia de EEUU -matiza la jefa del Ejecutivo de la UE- las empresas no recibirán barra libre, sino que tendrán que “competir en ofertas públicas” para beneficiarse de las ayudas.

Un cóctel de subsidios globales para energías verdes

La directiva de McKinsey enfatiza que la UE debería incorporar a su Green Deal Industrial Plan “una parte substancial” de los fondos de Recuperación de la Pandemia a “fortalecer la competitividad del mercado interior” y a crear y atraer industrias de emisiones cero. “Con vocación global”, como ensalza Von der Leyen aclara la socia de McKinsey.

Los conglomerados europeos -entre ellos, Volvo Group- expresan que el ruido de Europa no trae respuestas inversoras precisas, mientras “EEUU o China aceleran su transición energética” alerta Ann Mattler, vicepresidenta de Europe at Breakthrough Energy, fondo de inversión respaldado por Bill Gates. Bruselas admite que las negociaciones sobre la estrategia comunitaria calculan un arsenal de recursos que supere los 260.000 millones de euros que ha liberado Pekín a sus compañías, más del doble de las líneas de financiación en curso en el club europeo.

Zach Meyer, analista del Center for European Reform (CER), próximo al laborismo británico y de ideología pro-comunitaria, afirma que la UE “debe bajar los decibelios de su queja” sobre la IRA y los subsidios a los vehículos eléctricos en EEUU en una fase en la que los lazos transatlánticos son más fuertes que nunca por la invasión de Ucrania. “Europa dice más de lo que está dispuesta a hacer”, aclara. Al otro lado del océano, los estadounidenses ven esta ley como un impredecible esfuerzo para acabar con las emisiones de CO₂ y con la hegemonía china en cadenas productivas claves en la globalización. La postura de la UE -subraya- “es hipócrita y poco realista” porque ve proteccionismo en su socio americano mientras subsidia inversiones al coche eléctrico.

A su juicio, Europa debería acelerar en esta carrera competitiva y la paralela de fabricación de componentes, donde la EU Chips Act va a generar 43.000 millones de euros en inversiones, una cantidad que se asemeja a los 53.000 millones de dólares desplegados por la Casa Blanca a este sector. Maria Demertzis, analista de Bruegel, aconseja a Europa que evite caer en la trampa del conflicto entre EEUU y China y desarrolle una respuesta propia a la IRA americana, capaz de relocalizar fábricas y estructuras empresariales externalizadas en el pasado, de impulsar la diversificación de sus economías y de corregir su alta dependencia energética e involucre a EEUU en el respeto a las reglas de la OMC.

IJD

Los países que forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha llegado in extremis a un acuerdo limitado en lo relativo a la exención de las patentes para las vacunas contra el Covid-19 después de una intensa reunión ministerial de seis días en Ginebra. La decisión llega tras más de 20 meses de debates encallados en torno a la propuesta inicial de India y Sudáfrica y deja fuera, al menos por el momento, los tratamientos y diagnósticos relacionados con el Covid-19. Mientras que la OMC celebra el acuerdo, activistas y organizaciones de la sociedad civil han expresado su decepción por lo que consideran un fracaso y creen que no mejorará el acceso mundial a las herramientas contra el virus.

De acuerdo con la decisión adoptada por la conferencia ministerial de la OMC, su máximo órgano de decisión, un país podrá autorizar el uso, sin el consentimiento del titular de los derechos, de la materia de una patente –que incluye los ingredientes y procesos de fabricación– requerida para la producción y el suministro de vacunas contra el Covid-19 “en la medida necesaria” para hacer frente a la pandemia. Es decir, a grandes rasgos, habilita la posibilidad de que un país permita a una empresa utilizar una patente sin la autorización del propietario y sin temor a acciones legales.

Pero el acuerdo está lejos de la propuesta original de exención de octubre de 2020, apoyada por decenas de países empobrecidos y más ambiciosa, que pedía renunciar temporalmente no solo a la protección de la propiedad intelectual sobre las patentes, sino también a los secretos comerciales, los derechos de autor y los diseños industriales.

Solo para las vacunas

A diferencia de lo que reclamaban inicialmente India y Sudáfrica, la medida solo se aplica a las vacunas, aunque finalmente se ha abierto la puerta a que, en un plazo máximo de seis meses, los países decidan sobre su ampliación para cubrir la producción y el suministro de diagnósticos y tratamientos de COVID-19, algo por lo que habían venido empujando algunos miembros, como los del grupo africano, y que ha sido uno de los puntos críticos del debate, según explicaron fuentes comerciales a elDiario.es. La Organización Mundial de la Salud (OMS) también había pedido una exención que se extendiera a estas otras herramientas.

“La ampliación del alcance de los productos será importante para que esta decisión tenga sentido”, ha escrito en Twitter Ellen't Hoen, directora de Medicines Law & Policy, que reúne a expertos en el campo del acceso a los medicamentos y piensa que la decisión es un “compromiso diplomático” que no se materializará.

No está claro el efecto que tendrá. Expertos y activistas por el acceso a medicamentos creen que la decisión habría sido más útil para las tratamientos y otras tecnologías sanitarias, y creen poco probable que la renuncia a los derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas sea todo lo que se necesita para facilitar su desarrollo y producción, ya que también es necesaria la transferencia de conocimientos técnicos. “Es difícil imaginar algo con menos beneficios que esto como respuesta a una emergencia sanitaria mundial”, ha dicho James Love, director de la organización Knowledge Ecology International, en referencia al acuerdo.

Otro de los elementos a despejar era la duración, que se planteaba entre tres y diez años. Finalmente, la medida se podrá aplicar durante los próximos cinco años, prorrogables en función de las circunstancias de la pandemia. Se revisará anualmente.

No todas las naciones pueden hacer uso de ella, y este ha sido otro de lo puntos controvertidos. Podrán hacerlo los países en desarrollo, aunque “se alienta” a los que tengan capacidad “existente” de fabricación de vacunas a “comprometerse de forma vinculante” a no acogerse a la decisión. Los ojos aquí están principalmente sobre China, que el 10 de mayo expresó su voluntad de no beneficiarse. En el documento aprobado, se ha optado por esta fórmula en lugar de la opción de excluir a los países en desarrollo cuyas exportaciones representaran en 2021 más del 10% de las exportaciones mundiales de dosis, algo que afectaba directamente al gigante asiático.

En un primer análisis, el Medicines Law & Policy señala que los países con capacidad de fabricación son precisamente los que con mayor probabilidad podrán poner en práctica la decisión y cree que las consecuencias de esta limitación “podrían ser incluso más graves si la decisión se amplía para incluir la terapéutica y el diagnóstico”. “Desde el punto de vista de la salud pública, lo ideal es que los países con capacidad de producción hagan pleno uso del nuevo mecanismo y puedan fabricar y exportar rápidamente”.

Tras más de un año de negociaciones estancadas, el documento que ha dado pie al acuerdo surgió en mayo de un proceso informal llevado a cabo con el llamado 'Quad' –Unión Europea, India, Sudáfrica y Estados Unidos–. La organización multilateral funciona por consenso y en todo este tiempo han seguido existiendo diferencias importantes sobre cómo adaptar las normas comerciales internacionales destinadas a proteger los derechos de propiedad intelectual –el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)– en respuesta a la pandemia, con Reino Unido y Suiza entre los países más reticentes, según fuentes de Ginebra. En la reunión de los últimos días, los ministros han estado estudiando un texto entre corchetes, por ejemplo sobre el alcance, hasta llegar a la versión actual del proyecto de decisión ministerial, que incluye varios cambios.

Las negociaciones tuvieron que ampliarse un día más para poder llegar a un acuerdo. “Muchos dudaron de que la OMC pudiera llegar a un resultado sobre una exención de los ADPIC para la propiedad intelectual de las vacunas COVID-19. Lo hemos conseguido”, ha tuiteado Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense. “Las conversaciones fueron largas y difíciles, pero llegamos a un resultado significativo para conseguir más vacunas seguras y eficaces para los que más lo necesitan”.

Tras la conferencia, que ha desembocado en el denominado el “paquete de Ginebra” –que también contiene una serie de decisiones sobre las subvenciones a la pesca, la seguridad alimentaria y la agricultura, y la reforma de la OMC–, la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, ha defendido que el acuerdo “contribuirá a los intentos en marcha para desconcentrar y diversificar la capacidad de fabricación de vacunas, de modo que una crisis en una región no deje a otras aisladas”. En una rueda de prensa, dijo: “Ahora tenemos algo en la mano”.

La Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos Farmacéuticos ha emitido una declaración en la que califica el acuerdo como una “señal peligrosa”.

Fuertes críticas de las ONG

Varias voces de la sociedad civil han expresado su decepción con el acuerdo, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF), una de las organizaciones que más ha abogado por la exención como solución a la disparidad en la vacunación mundial, y cree que la decisión de insuficiente. MSF reconoce que se han introducido algunos cambios en el acuerdo que “mitigan algunos de los elementos más preocupantes del texto anterior presentado en mayo”. “Pero, en general, nos decepciona que no se haya podido acordar una verdadera exención de la propiedad intelectual, como la propuesta en octubre de 2020, que cubriera todas las herramientas médicas para el Covid-19 y que incluyera a todos los países, y nos decepciona que esto no se haya ni siquiera logrado a pesar de sufrir los efectos devastadores de una pandemia que se ha cobrado la vida de más de 15 millones de personas en todo el mundo”. 

A su juicio, este acuerdo no ofrece, en general, “una solución eficaz y significativa” para ayudar a aumentar el acceso de las personas a las herramientas médicas necesarias durante la pandemia, “ya que no renuncia de forma adecuada a la propiedad intelectual de todas” ellas y no se aplica a todos los países. “Las medidas esbozadas en la decisión no abordarán los monopolios farmacéuticos ni garantizarán un acceso asequible a las herramientas médicas que salvan vidas”. La organización humanitaria teme que siente un “precedente negativo” para futuras crisis sanitarias. 

En la misma línea se ha expresado la Salud por Derecho, que junto a casi 300 organizaciones de todo el mundo, ha lanzado una declaración conjunta en la que critican con dureza a la Unión Europea, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos por, dicen, “su rol principal en el bloqueo de una exención propuesta” hace por Sudáfrica e India y tachan el acuerdo de “escandaloso fracaso”.

Según el Medicines Law & Policy, las características más amplias de la exención propuesta por India y Sudáfrica se perdieron cuando, tras el giro de EEUU en mayo de 2021, la UE presentó su contrapropuesta, que se centraba en el uso de las llamadas flexibilidades existentes en los ADPIC de las licencias obligatorias –un proceso que muchos países han argumentado que es muy engorroso– y esta “se convirtió en el núcleo del borrador” que se ha puesto delante de los ministros. Cuando se conceden las licencias obligatorias, un gobierno permite a los fabricantes genéricos producir sin autorización del propietario de las patentes –a quienes obliga a licenciarlas de manera “no voluntaria”–.

A juicio del Medicines Law & Policy, la decisión que ahora se adopta permite a un país de la OMC que reúna los requisitos necesarios utilizar una patente relacionada con las vacunas sin el consentimiento del titular de los derechos –que, según matizan, es una licencia obligatoria–, utilizando cualquier mecanismo legal nacional, como una orden ejecutiva, un decreto de emergencia, una autorización de uso gubernamental u órdenes judiciales o administrativas. “Esto puede hacer que la emisión de una licencia obligatoria sea fácil y rápida y ayudará a los pocos países que actualmente no tienen mecanismos de licencia obligatoria viables, pero no amplía sustancialmente el espacio legal que los países ya tienen bajo los ADPIC”.

“No olvidemos que las discusiones sobre la exención en la OMC tienen su origen en la negativa de empresas como Pfizer y Moderna a compartir su propiedad intelectual, tecnología y conocimientos técnicos para la fabricación de la vacuna contra el Covid, incluso con plataformas de intercambio de tecnología como el Pool de Acceso a la Tecnología COVID-19 (C-TAP( de la OMS y el Centro de Transferencia de Tecnología de Vacunas”, dice la organización, que cree que si la decisión contribuye a empujar a las empresas a compartir la propiedad intelectual y los conocimientos técnicos de fabricación necesarios en el futuro para producir medicamentos y vacunas, “puede que no todo haya sido en vano”. De momento, en su opinión, no quedan más recursos.

Vanessa López, directora de Salud por Derecho, ha dicho que la decisión reitera en gran parte derechos ya establecidos respecto a las licencias obligatorias e “incluso añade inexplicablemente más barreras administrativas al uso de las flexibilidades existentes”. Para James Love, el acuerdo es un resultado “limitado y decepcionante” en general “que se describe con mayor precisión como una excepción estrecha y temporal a una restricción a la exportación, no una exención”. También cree el periodo de cinco años limita severamente la utilidad de la medida. Sin embargo, aunque no espera que el texto afecte a la desigualdad en lo relativo a las vacunas, cree que hay algunos resquicios de esperanza, entre otras razones porque devuelve la atención a los gobiernos nacionales para que muevan ficha.

La vacunación mundial contra el Covid ha estado marcada por enormes disparidades. Según la OMS, alrededor de tres cuartas partes de los trabajadores sanitarios y de las personas mayores de 60 años se han vacunado en todo el mundo, pero estas tasas son mucho más bajas en los países de bajos ingresos. Casi 18 meses después de la administración de la primera vacuna, más de 60 países aún no han alcanzado una cobertura del 40%. En estos momentos, la oferta de vacunas es suficiente, según dijo hace unos días el director general Tedros Adhanom Ghebreyesus. La OMS y otros actores han explicado que, en muchos países, la variante ómicron ha reducido el riesgo percibido del virus y las personas y los gobiernos se centran en otras prioridades de salud. 

IG

Los líderes mundiales deben asumir un “nuevo compromiso” para trabajar por una distribución más equitativa de las vacunas contra el coronavirus en todo el mundo si quieren derrotar la epidemia, afirmaron este martes cuatro importantes organizaciones internacionales en un llamado común.

Según observadores, las desigualdades en materia de vacunas entre países ricos y pobres complican y prolongan una pandemia que ya dejó más de 3,5 millones de muertos en todo el mundo.

En un texto publicado en el diario estadounidense Washington Post, los responsables de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial afirman que estas desigualdades han favorecido la aparición de variantes del coronavirus que provocaron nuevos brotes en países en desarrollo.

“Está muy claro que no podrá haber resistencia mundial a la pandemia de Covid-19 sin poner fin a la crisis sanitaria. El acceso a las vacunas es clave para ambos”, escriben. “Acabar con la pandemia es posible y requiere una acción global hoy”.

El manifiesto fue firmado por la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva; el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus; el presidente del Banco Mundial, David Malpas, y la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, apuntó la agencia de noticias AFP.

Todos ellos piden que el G7, en su próxima cumbre en el Reino Unido a fines de este mes, acuerde “una estrategia más coordinada, respaldada por nuevos fondos, para vacunar al planeta”, y que acepte contribuir con 50.000 millones de dólares a un plan contra la pandemia que ya fue propuesto por el FMI.

El sistema Covax, apoyado por la ONU, se creó para compartir vacunas con los países más pobres. Pero los más ricos firmaron contratos directos con la industria farmacéutica y han acaparado la mayor parte de las vacunas disponibles hasta ahora.

Una de las propuestas que se puso en debate para achicar esas desigualdades fue la de liberar las patentes de los fármacos, presentada por Sudáfrica e India.

La Unión Europea (UE), el Reino Unido y Japón, entre otros, mantuvieron este lunes sus reservas ante la OMC respecto de esa idea.

Con información de agencias.

IG

Toda crisis sanitaria tiene un punto de inflexión. O varios: cadenas de eventos que en silencio o con estruendos tuercen el curso de los hechos, alteran de un volantazo su rumbo hasta eventualmente disiparse y quedar como una herida supurante tanto en los cuerpos como en las mentes de quienes la padecieron. 

Por lo general, estos sucesos-bisagra suelen ser identificados con pinzas a posteriori por historiadores, aquellos detectives y guardianes del tiempo quienes suelen también fragmentar el río de los acontecimientos en eras y edades para su mejor estudio, así como para garantizar su preservación en la frágil memoria del mundo.

Desde el establecimiento de los programas nacionales de inmunización, la introducción de las vacunas contra enfermedades infecciosas ha sido uno de estos momentos disruptivos. Gráfico tras gráfico se ve lo mismo: después de la incorporación de vacunas contra la difteria (1940), la polio (1956), el sarampión (1968), el meningococo (1999) se aprecia una marcada disminución en su incidencia, como la bajada en picada de una montaña rusa.

El 2 de diciembre de 2020 el Reino Unido autorizó el uso de emergencia de la primera vacuna contra el coronavirus. Entonces, el rumbo de la pandemia se alteró. 

Desde entonces, se han aplicado más de de 1,24 mil millones de dosis en 174 países a un ritmo actual de 18,9 millones de dosis por día. En los países con tasas de vacunación más altas -Seychelles, Israel, Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, San Marino, Bahrein, Chile, Estados Unidos, Reino Unido- los casos de Covid se han estabilizado o disminuido. 

Pero la ciencia -que embanderó las esperanzas del planeta desde el inicio de los ensayos clínicos- ya no basta. Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.

Ahora la extensión de la pandemia depende tanto del comportamiento de la gente como de la política y la avaricia de un puñado de compañías.

Desde que aterrizó el primer pinchazo en un brazo, el mundo se dividió en dos: de un lado los ciudadanos vacunados, del otro aquellos que aguardan. Con el avance de las campañas, las fracturas se pronunciaron. Ahora hay países con vacunas donde gente no se quiere vacunar y naciones sin vacunas donde personas no dudarían un segundo en arremangarse si llegara la oportunidad. 

Es el nuevo desequilibrio. En la India, por ejemplo, solo 9 de cada 100 personas han recibido una dosis, en comparación con 64 en Estados Unidos. La OMS dijo en abril que de todas las vacunas administradas en el mundo solo el 0,2 % había sido en países de bajos ingresos.

“Estas vacunas son un triunfo sin precedentes para la ciencia -indica Rachel Cohen, directora regional de la ONG Drugs and Neglected Diseases initiative-, pero si solo el 20% o el 30% del mundo termina beneficiándose, ¿cuál es el punto de la innovación?”.

En este marco de desigualdad, con el ininterrumpido hedor proveniente de los crematorios al aire libre en la India y el avance rampante de nuevas variantes del coronavirus, un tuit trajo nuevos aires de esperanza. Con 240 caracteres, Katherine Tai, la representante comercial de Estados Unidos ante la Organización Mundial del Comercio, sacudió al planeta: “Estos tiempos y circunstancias extraordinarios exigen medidas extraordinarias -publicó junto a un comunicado el miércoles 5 de mayo-. Estados Unidos apoya la exención de la protección de la propiedad intelectual en las vacunas para la COVID-19 para ayudar a poner fin a la pandemia y participaremos activamente en las negociaciones de la OMC para que eso suceda”.

¿Será esta declaración uno de los tan esperados puntos de inflexión de la pandemia? Solo el tiempo lo dirá. 

 Capitalismo salvaje

El 2 octubre del año pasado, India y Sudáfrica presentaron en conjunto ante la Organización Mundial del Comercio una propuesta radical. En el punto 3 del texto, decía: “Dado el contexto actual de emergencia mundial, es importante que los miembros de la OMC trabajen juntos para garantizar que los derechos de propiedad intelectual no creen barreras al acceso oportuno a productos médicos asequibles, incluidas las vacunas y medicamentos para combatir la COVID-19”.

En otras palabras, proponían una exención temporal de derechos de propiedad intelectual sobre las vacunas y medicamentos para la COVID-19 mientras dure la pandemia con miras a facilitar un acceso más amplio a las tecnologías necesarias para la producción de dosis y drogas. No fue una petición muy descabellada: de hecho, se basa en un artículo del Acuerdo de Marrakech, que estableció la OMC, que permite la suspensión de los derechos de propiedad intelectual en “circunstancias excepcionales”.

De prosperar, esta disposición permitiría a cualquier empresa farmacéutica del mundo producir vacunas contra el coronavirus utilizando tecnología desarrollada por sus competidores sin el temor a ser demandados por infringir los derechos de propiedad intelectual. Sus impulsores señalan que esto aumentaría el número de sitios de producción y, por lo tanto, reduciría la brecha cada vez mayor entre los países ricos y vacunados y las naciones más pobres.

Durante diez reuniones en siete meses, los miembros de la Organización Mundial de Comercio se han visto las caras y han debatido la propuesta sin llegar a un acuerdo. 

La Organización Mundial de la Salud fue de las primeras instituciones en apoyar la petición. Le siguieron más de cien países de ingresos medios y bajos y 375 ONGs, como Médicos sin Fronteras.

En cada reunión convocada en Ginebra, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Japón y Brasil -que albergan hoy a los principales grupos farmacéuticos- la bloquearon. 

Es que hay mucho en juego. No solo vidas. Mientras que para la mayoría la pandemia acarrea únicamente muerte y desolación, para un pequeño pero poderoso grupo ha significado ganancias extraordinarias. Un poder no solo económico sino también de influencias: de hecho, se estima que la “guerra por las vacunas” es el primer  conflicto geopolítico global del siglo XXI. 

Lejos han quedado las épocas de los virólogos Jonas Salk y Albert Sabin que se negaron a patentar sus vacunas contra la polio. 

Hasta hace un año desconocidas por el público general, compañías como Moderna y BioNTech son las grandes ganadoras de la crisis sanitaria: el precio de sus acciones se ha disparado en pocos meses. Ante las dificultades que han tenido sus rivales AstraZeneca, Johnson & Johnson y Sanofi, estos laboratorios se han convertido en fabricantes de referencia. El gigante Pfizer anunció que planea recaudar 26 mil millones de dólares en 2021 solo con las ventas de su vacuna. Moderna estima 19,2 mil millones.

Las razones que argumentan los países opositores a la propuesta de India y Sudáfrica son de lo más diversas: aducen que se trata de un ataque a la innovación, que sabotea las enormes inversiones de las empresas en el desarrollo de medicamentos y vacunas, o que le entregarían en bandeja de plata secretos científicos y tecnológicos a Rusia, China, Irán y Corea del Norte.    

Mientras en India se reportaban 3.449 nuevas muertes, The Wall Street Journal salió en defensa del sector Big Pharma con un editorial titulado “El gran robo de las patentes de Biden”: “Este robo de patentes no terminará bien para Estados Unidos ni para el mundo (...). Los gobiernos europeos se han opuesto a la exención porque se dan cuenta de que sienta un precedente terrible. Una vez robada, la propiedad intelectual de innovaciones revolucionarias como las vacunas de ARNm Moderna y Pfizer-BioNTech no se puede devolver. (...) Así será menos probable que inversores financien nuevas investigaciones sobre medicamentos si creen que su propio gobierno los traicionará bajo presión política”. 

Un día después, el comité editorial de este periódico alineado con los intereses de Big Pharma prosiguió: “De un solo golpe, Biden ha destruido decenas de miles de millones de dólares en propiedad intelectual de EE.UU. Ha sentado un precedente destructivo que reducirá la inversión farmacéutica y ha cedido la ventaja estadounidense en biotecnología, una industria de crecimiento clave del futuro”.

Déjà vu

El apoyo de la administración Biden a la propuesta de la India y Sudáfrica fue sorpresivo por una razón: Estados Unidos ha sido históricamente un acérrimo defensor de los derechos de propiedad intelectual.

Fue en abril, con el aumento de la brecha entre los países ricos con vacunas y los países pobres arrollados por nuevas olas, cuando el debate en la OMC se aceleró. Al mismo tiempo que la tragedia se encrudecía en la India, ex-jefes de Estado y premios Nobel firmaron una carta abierta pidiéndole al presidente de Estados Unidos que apoyara una exención de las reglas de propiedad intelectual para las vacunas contra el coronavirus.

En países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.

Además, el presidente estadounidense contaba con la presión de su propio partido: diez senadores demócratas, incluidos Bernie Sanders y Elizabeth Warren, lo instaron a priorizar a las personas sobre las ganancias de las compañías farmacéuticas.

Biden, entonces, se decidió e inclinó la balanza. “Esto marca un cambio importante en la política de los Estados Unidos a favor de la salud pública”, dice Matthew Kavanagh, investigador de salud global en la Universidad de Georgetown.

Hay muchas razones para apoyar una distribución global de vacunas, argumentos que le deberían importar a los países ricos que, con el acaparamiento de vacunas y el llamado “vacunacionalismo”, pusieron al mundo en la desigual situación en la que se encuentra hoy: en países sin vacunas, el coronavirus podría desarrollar variantes que hagan que algunas de las vacunas autorizadas sean ineficaces, prolongando la pandemia incluso en países ricos.

Según The Economist Intelligence Unit, es posible que ciertos países no tendrán una parte significativa de su población vacunada recién hasta 2024. 

Los defensores de la propuesta de la India y Sudáfrica consideran que la petición está justificada por el hecho de que las farmacéuticas se han beneficiado de miles de millones de dólares y euros que recibieron de fondos públicos. De hecho, pese a mostrarse como los paladines y vencedores del momento, ninguna de las vacunas contra el coronavirus desarrolladas es puramente el resultado del trabajo del sector privado. 

“¿Por qué las corporaciones farmacéuticas deben tener monopolios, a través de patentes y otras exclusividades, y obtener ganancias de productos que fueron desarrollados con dinero de los contribuyentes?”, se pregunta la activista y investigadora francesa de ciencias sociales Gaëlle Krikorian de Médicos Sin Fronteras.

No es la primera vez que el enfoque lucrativo de la industria farmacéutica y el vacunacionalismo de los países ricos se ha interpuesto en la salud global: en los '90, en el apogeo de la pandemia de VIH/sida, los elevados precios de los medicamentos antirretrovirales condujeron a la muerte de al menos 11 millones de personas en África mientras la prevalencia de la enfermedad se desplomaba en los países de ingresos altos. 

En 2004, cuando resurgió la gripe aviar (H5N1), los países ricos tuvieron acceso prioritario a las vacunas. Lo mismo volvió a suceder en 2009 durante la pandemia de gripe A (H1N1). Los países desarrollados hicieron grandes pedidos anticipados de la vacuna, comprando casi todas las dosis que posiblemente podrían fabricarse. Muchos de estos países de altos ingresos prometieron donarlas. Sin embargo, la mayoría de ellos incumplieron sus promesas.

El nuevo orden mundial

Para que la propuesta de India y Sudáfrica prospere debe contar con el consenso de los 164 miembros de la OMC. Algo que parece hoy poco probable. El apoyo de Biden al menos sacudió el tablero. Y las piezas se fueron reacomodando. 

Al mismo tiempo que se expandía una ola de indignación en el sector farmacéutico -cuyas acciones se vieron instantáneamente afectadas-, el anuncio fue celebrado tanto por el presidente francés Emmanuel Macron como por el gobierno español y por Vladimir Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que espera “tener discusiones activas y constructivas con todas las partes en el marco de la OMC para alcanzar un acuerdo efectivo y equitativo”.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que el bloque estaba dispuesto a discutir cómo la propuesta podría ayudar a abordar la crisis actual de una manera eficaz y pragmática. Esto fue antes que Alemania, sede BioNTech y CureVac -dos de los principales desarrolladores de vacunas de tecnología ARN mensajero-, se opusiera firmemente a la propuesta de renunciar a las protecciones de patentes para las vacunas contra el coronavirus.

“El factor limitante para la producción de vacunas son las capacidades de fabricación y los altos estándares de calidad, no las patentes”, indicó la canciller alemana Angela Merkel. “La protección de la propiedad intelectual es una fuente de innovación y esto debe seguir siéndolo en el futuro”.

La situación, así, sigue estancada. El mundo sigue siendo bipolar: de un lado, las farmacéuticas que aumentan sus ganancias y del otro, los muertos que se apilan. 

De hecho, incluso con el apoyo de Estados Unidos probablemente los gobiernos en pugna no se pondrán de acuerdo sobre los detalles de la exención durante varios meses más. Los opositores -entre los que se encuentra Bill Gates- piensan que aunque se aprobase la propuesta de la India y Sudáfrica no tendría efectos inmediatos. Las vacunas son productos biológicos complejos que requieren no solamente el equipo adecuado sino también los conocimientos técnicos específicos con el fin de asegurar su calidad. 

En esto influirá la cooperación o no de los titulares de patentes. Empresas farmacéuticas de países como India, Bangladesh, Indonesia, Senegal, Egipto y Sudáfrica -con tradición en producir medicamentos genéricos- afirman tener la capacidad de producir en unos pocos meses si los fabricantes occidentales aceptan compartir su tecnología, es decir, si proporcionan la “receta” para elaborar la vacuna. Si se niegan, las empresas tendrán que reconstruir el proceso de fabricación desde cero, lo que podría llevar entre nueve y doce meses.

Los fabricantes de vacunas señalan que la aparición de nuevos competidores incluso podría significar una traba a la producción actual. En estos momentos, muchas de las materias primas y componentes críticos necesarios para fabricar las vacunas escasean. “Ya estamos bajo presión para abastecernos nosotros mismos”, advirtió el jefe de Moderna, el multimillonario francés Stéphane Bancel. “Si se suman más competidores pidiendo materias primas, eso no mejorará la situación”. 

Además, los nuevos productores tendrían que realizar ensayos clínicos de sus vacunas, solicitar su autorización y luego ampliar la fabricación, lo que podría llevar entre 12 y 18 meses. 

“Creo que sería ingenuo pensar que de repente, esto se resolverá”, afirmó la nueva Directora General de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala quien ha intentado acercar las posiciones con una tercera alternativa: alentar acuerdos de licencia voluntaria, como la asociación entre AstraZeneca y el Serum Institute de India.

“La comunidad global comenzó este año con el objetivo singular de poner fin a la pandemia de Covid-19. Esto solo sería posible si se vacunaran cada vez más personas en todo el mundo y lo antes posible”, sostiene Prabhash Ranjan, profesor en la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad del Sur de Asia, Nueva Delhi. “Dada la enorme demanda, la producción de vacunas debe incrementarse y seguirse asegurando una distribución más amplia y equitativa. Una exención de propiedad intelectual por sí sola no puede realizar tal tarea. No obstante, podría ser un paso importante para lograrlo”.

FK

La designación de Ngozi Okonjo-Iweala, primera mujer y africana al frente de la Organización Mundial del Comercio (OMC) revitaliza el papel del intercambio de bienes y servicios en una recuperación global postpandemia, además de dar oxígeno al decaído sistema multilateral.

Bloqueada en su funcionamiento durante largo tiempo, la crisis de la OMC ha reflejado problemas irresueltos durante al menos dos décadas en las que nuevas tecnologías y formas de producción transformaron la geografía económica global, desde la agricultura hasta los servicios.

El Grupo de los 20 (G20), que integra la Argentina, intenta acometer una reforma de la OMC desde la Cumbre de Buenos Aires de 2018. La designación de Okonjo-Iweala, esta vez con el decisivo apoyo de Estados Unidos bajo la Administración Biden, puede destrabar ese proceso bajo la presidencia italiana del grupo.

Mientras tanto, persisten las diferencias de base entre los 164 países de la OMC sobre el exacto equilibrio entre derechos y obligaciones del comercio y sobre cuál es el punto adecuado en la administración de barreras que protejan las economías nacionales sin afectar el flujo global.

Desde su fundación en 1995, la OMC no logró completar ni una sola ronda de negociaciones comerciales. La pandemia ha desnudado la necesidad de romper tanta parálisis, pero también la incapacidad de países desarrollados y no desarrollados por encontrar una salida que potencie al máximo el motor del comercio, más aun en la post pandemia.

El frenazo inducido de la economía por el COVID-19 expuso la debilidad en las cadenas de suministro internacional, incluso para insumos sanitarios, y de todo el sistema de comercio. A eso se le agrega la desigualdad en el acceso a las vacunas, más allá de los compromisos asumidos por el G20.

Una OMC reactivada y renovada puede contribuir a superar la emergencia sanitaria de manera decisiva y, de lograrlo, se puede dar un nuevo comienzo a sí misma.

El hecho de que las naciones más ricas tengan sus poblaciones inmunizadas antes que el resto terminará perjudicando toda la economía global, considerando la estrecha interrelación que crearon las cadenas Globales de Valor (CGV) entre países desarrollados y en desarrollo.

La nueva directora general de la OMC tiene un antecedente valioso: en diciembre pasado, Ngozi Okinjo-Iweala concluyó un mandato de cinco años al frente de la junta directiva de la Alianza Global para la Inmunización y la Vacunación (GAVI), entidad público-privada creada en el 2000 para mejorar el acceso a la inmunización de los niños más vulnerables de todo el mundo y actualmente dedicada a asegurar el acceso de vacunas del COVID-19 en los países en desarrollo.

También desde su nuevo cargo, Okinjo-Iweala dio prioridad a una mayor producción mundial de vacunas, un asunto básico que involucra el acceso igualitario a la salud y la antigua disputa sobre protección a la propiedad intelectual.

Como africana, Okonjo-Iweala puede posibilitar desde la OMC el reinicio de un sistema multilateral de comercio justo, eficaz y basado en reglas, que ayude a salir de la recesión que trajo la pandemia y deje atrás la crisis sanitaria y económica.

La nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala se convirtió este lunes en la primera mujer y la primera persona nacida en Africa al frente de la Organización Mundial del Comercio (OMC), luego de un consenso entre los países miembros que había sido demorado por Estados Unidos durante el gobierno del expresidente Donald Trump.

De esta forma, la dos veces ministra de Finanzas y titular de la cartera de Relaciones Exteriores de Nigeria de 66 años ingresará al restringido círculo de mujeres en altos cargos institucionales en el mundo.

“Motiva e intimida a la vez porque tomo las riendas de la OMC en un momento de grandes incertidumbres y desafíos”, aseguró Okonjo-Iweala, que asumirá un mandato de cuatro años como directora general, renovable por otros cuatro, precisó la agencia AFP.

“Una OMC fuerte es esencial si queremos recuperarnos plena y rápidamente de la devastación causada por la pandemia de Covid-19”, añadió la titular de la institución que integran 164 países y con sede en Ginebra.

Entre su larga lista de tareas, Okonjo-Iweala aseguró que sus prioridades en los próximos 100 días serán: la respuesta a la pandemia, las subvenciones a la pesca y el órgano de solución de controversias (el tribunal de la OMC) que fue torpedeado por el gobierno del expresidente Trump.

“Felicidades a mi amiga Ngozi Okonjo-Iweala, que se ha convertido en la primera mujer directora general de la OMC”, tuiteó Christine Lagarde, primera presidenta del Banco Central Europeo y exdirectora del FMI, alabando “su voluntad firme y su determinación (que) la llevarán a impulsar sin descanso el libre comercio en beneficio de las poblaciones de todo el mundo”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo estar “muy feliz de ver una mujer de África a la cabeza de la OMC”. Se trata de “un momento histórico para el mundo entero”, afirmó.

Okonjo-Iweala era la única candidata que quedaba en la carrera, gracias a un amplio consenso y al apoyo de la Unión Africana y la Unión Europea, así como de Estados Unidos tras el cambio de autoridades.

La OMC está a cargo de supervisar las reglas del comercio global aunque atraviesa la que, seguramente, es la mayor crisis desde su fundación en 1995, debido a las crecientes diferencias entre los principales bloques comerciales miembros como China, Estados Unidos y la Unión Europea, así como las tensiones entre países en desarrollo e industrializados, que debaten el rol y la efectividad del organismos en la resolución de diferendos comerciales.

Con información de la agencia Télam y redes sociales

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