El ex jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, apoyó a la lista de Ciudadanos Unidos para las elecciones del 26 de octubre. En los próximos comicios, este espacio estará representando por Graciela Ocaña como primera candidata a senadora nacional y por Martín Lousteau como candidato a primer diputado nacional.

En un posteo en la red social Instagram, Rodríguez Larreta se mostró en una foto con Ocaña y dijo lo siguiente: “Qué mujer valiosa y valiente es Graciela. Hoy me contó todo lo que va a poder hacer por nuestra ciudad desde el Senado. La quiero mucho, siempre con su compromiso de trabajar por la República y la transparencia y ayudando a los más necesitados, especialmente a nuestros adultos mayores”.

Aunque la excandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, salió este miércoles a expresar su apoyo a Javier Milei en el balotaje contra Sergio Massa, dirigentes de su partido, el PRO, salieron a desmarcarse de esa decisión, impulsada por el expresidente Mauricio Macri. Algunos expresaron abiertamente que no votarán por el postulante de La Libertad Avanza y otros dijeron, en sintonía con la postura de Elisa Carrió, que no respaldarán ni a uno ni a otro.

El exministro de Cultura de Mauricio Macri, Pablo Avelluto, es uno de los referentes del PRO que señaló que no votará por el candidato de la Libertad Avanza. En un escueto posteo en X (ex Twitter) dijo: “Yo no voto a Milei. Punto”.

Minutos después, en declaraciones que realizó al canal LN+, Avelluto dijo: “Éramos un equipo en el PRO. Ahora somos un conjunto de egos desenfrenados”. También planteó: “¿Qué es eso de eliminar al kirchnerismo? Yo quiero ganarles, no eliminarlos. Eso no es democrático”.

A su vez, Graciela Ocaña, presidenta del partido Confianza Pública e integrante del bloque PRO de la Cámara de Diputados, difundió un comunicado de su espacio en el que avisan no respaldarán a “ninguna de las dos fórmulas que competirán en el balotaje”, en alusión a Sergio Massa-Agustín Rossi, de Unión por la Patria, y a Javier Milei-Victoria Villarruel, de La Libertad Avanza.

“Estas altermativas plantean un dilema desalentador para los ciudadanos: el de continuar por el camino de la inflación, la pobreza, el empobrecimiento y la corrupción; o bien el de aventurarse a dar un salto al vacío con discusiones que como sociedad ya hemos saldado, como el acceso a la salud o educación pública”, dice el comunicado del partido de Ocaña.

Por su parte, Luis Juez, que también tiene su propio partido, el Frente Cívico, pero es integrante del bloque PRO en la Cámara baja, dijo que no ve “la necesidad ni la urgencia de tener que salir” a pronunciarse sobre la decisión en la segunda vuelta del 19 de noviembre “a 48 horas del desastre electoral” de Juntos por el Cambio. “Me parece apresurado, innecesario, inoportuno. Todavía tengo gente trayendo actas de escrutinio de las escuelas. Me parece que hay que ser respetuosos”, planteó el dirigente opositor cordobés, en declaraciones a Radio Con Vos.

Agregó: “¿Por qué tengo que elegir entre Frankenstein y Drácula ahora si no me gustan las películas de terror? Tengo la necesidad como dirigente político de respetar a un montón de gente que estuvo laburando. ¿Quién soy yo para decirle a la gente lo que tiene que votar cuando le pedí que votara por nuestro candidato y eligió a otro?”.

En la misma línea, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada de Juntos por el Cambio, María Eugenia Vidal aseguró que no acompañará a ninguno de los dos candidatos presidenciales en competencia. “Voy a ser coherente con lo que dije y representé siempre. Desde el 2003 me encuentran en el mismo lugar: en la vereda de enfrente del populismo. Por eso no voy a apoyar a ninguno de los dos candidatos, ni voy a ser parte del gobierno de ninguno de los dos. Como a millones de argentinos, ninguno me representa”, publicó en X.

Además, señaló que se trata de una posición personal y que no condiciona de modo alguno a los votantes de su espacio. “No creo que lo que diga ningún político, incluyéndome, defina el voto de los argentinos. No hay libertad de acción para los ciudadanos porque ya somos libres. Cada uno decide y es responsable de su voto”, agregó.

En un contexto en el que se apunta a la neutralidad como una posición funcional a la candidatura de Sergio Massa, la diputada recordó su lucha contra el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. “Soy la misma que le ganó a los que gobernaron 28 años la Provincia de Buenos Aires. La misma que peleó contra las mafias que ellos integran. La misma que una y otra vez dijo que Massa es el responsable de esta inflación insostenible y de todas las fallas que tiene hoy la economía de nuestro país. Él es kirchnerismo”, indicó.

Este jueves, un nuevo dirigente confirmó que no acompañará a ninguno de los dos candidatos en competencia para el balotaje. Se trata de Miguel Ángel Pichetto, presidente de Encuentro Republicano Federal (ERF), quien confirmó que su partido se mantendrá neutral rumbo a la segunda vuelta. “Luego de reunirme con los principales dirigentes de ERF, reafirmamos nuestro compromiso de ser una oposición responsable. Cada argentino elegirá lo que considere mejor para el futuro de nuestro país. Eso es la democracia”, publicó en la red social X.

En este sentido, reconoció que indicarle a la ciudadanía lo que debe votar, es subestimarla y aseguró que ahora su rol será trabajar desde la oposición para fortalecer la democracia y garantizar la gobernabilidad a nivel nacional.

Pichetto había encabezado la lista de diputados por la provincia de Buenos Aires de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO, quien este miércoles también se expresó en favor de la neutralidad.

Carrió ratificó que prescinde de apoyar a uno u otro

Por su parte, dos días después de que su partido, la Coalición Cívica-ARI, difundiera un comunicado aclarando, en sintonía con el partido de Ocaña, que no apoyarán ni a Massa ni a Milei, la líder de ese espacio, Elisa Carrió, reforzó esa postura con un tuit personal en el que se mostró en una foto en el jardín de su casa e indicó: “No a Milei y no a Massa. Lo único que existe es la primavera, Dios y el sentido de la vida. Fe en la adversidad, los hombres y las mujeres pasan, la causa continúa”.

JJD/ACM

La diputada nacional y candidata a legisladora porteña, Graciela Ocaña, denunció a Silvina Batakis por las irregularidades en su gestión al frente del Banco Nación, que incluyen la contratación de su ex marido Héctor Javier Silva y la reconocida numeróloga “Pitty”. Tales designaciones se realizaron sin el consentimiento del directorio de la entidad que preside.

“El kirchnerismo sigue armando guaridas para los suyos. Las contrataciones son inmorales; por eso pedí un acceso a la información que nunca contestaron. Voy a presentar una denuncia penal para que se investigue. Estas irregularidades con Patricia Bullrich se terminan. Argentina necesita orden”, había adelantado la referente de Juntos por el Cambio con marcado tono electoral.

La denuncia realizada recayó en el juzgado criminal y correccional federal 9, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti. Guillermo Marijuan será el fiscal encargado de llevar adelante este caso, que adquirió visibilidad pública gracias a un informe periodístico del programa de Jorge Lanata, Periodismo para Todos (PPT).

Silva, ex marido de la presidenta del Banco Nación, habría sido contratado para la gerencia en Sistemas, un nombramiento que le permitiría mantenerse en su cargo más allá de las eventuales renovaciones que podrían tener lugar pasadas las elecciones generales del 22 de octubre.

Por su parte, se cree que Verónica Laura Asad ─popularmente conocida como “Pitty”─ también habría sido nombrada por la ex ministra de economía con bastante discrecionalidad para brindar servicios de asesoría. Según explicó en diálogo con Radio Mitre, trabajó por un plazo de seis meses, por los cuales cobró $1.800.000, y obtuvo el empleo bajo condiciones de contratación típicas. “Me pagaron poco (...) Tuve una entrevista como cualquier hijo de vecino, tuve que presentar mi CV, hablé con gente del banco y presenté el presupuesto y me lo bajaron a la mitad”, detalló.

Si bien no se explayaron sobre las condiciones de contratación, en comunicación con elDiarioAR, fuentes cercanas a la presidenta de la entidad la desligaron de este proceso. “No es Silvina, para nada, la que contrató. La que dicen que contrató es María Barros y la verdad que no sé si eso es cierto o no. Pero sé que Silvina no es”, explicaron.

María del Carmen Barros ─gerenta general del Banco Nación─ también fue vinculada por la investigación de PPT a otras irregularidades cometidas al interior de la entidad financiera. En particular, se la acusa se haber aceptado un sueldo de alrededor de $9 millones que habría sido aprobado por Batakis. Dicha cifra se alcanza gracias al otorgamiento de múltiples premios y bonos, igualmente asignados con considerable discrecionalidad.

Cecilia Boufflet, periodista del programa que se emite todos los domingos por la noche, además, acusó a la actual pareja de la gerenta, Juan Manuel Romero, de haber malversado los fondos de la entidad. Romero se desempeña como jefe de Servicios en el área de Choferes de Blindados del Banco Nación y, según el informe de PPT, habría utilizado de forma indebida la tarjeta corporativa para comprar combustible. Se la acusa, a su vez, de haber realizado un viaje a Bariloche en un camión de caudales perteneciente a la institución financiera. Por estos dos delitos, ya cuenta con dos sumarios abiertos.

ACM con información de agencias.

El Tribunal Electoral de la Ciudad de Buenos Aires desestimó este lunes la impugnación a la precandidatura a legisladora porteña por Juntos por el Cambio (JXC) de Graciela Ocaña. Su postulación fue observada por un aspirante a mandatario comunal, por considerar que no cumplía con el requisito de residencia en el distrito.

La resolución, firmada por los jueces Roberto Requejo, Romina Tesone y Rodolfo Ariza Clerici, determinó que la actual diputada nacional quedó habilitada a participar de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

“La señora María Graciela Ocaña cumple con los requisitos estipulados en el artículo 70 de la Constitución local para postularse al cargo de legisladora”, resolvieron los miembros del tribunal en respuesta a la impugnación de Juan Pablo Chiesa, precandidato a jefe de Gobierno porteño por Aptitud Renovadora, luego del cierre de listas del 24 de junio.

En su presentación, Chiesa aseguró que la diputada no contaba “con ninguno de los tres requisitos que exige el artículo 70 de la Constitución de esta Ciudad, toda vez que Ocaña siempre vivió en la provincia de Buenos Aires. Vivió muchos años en San Justo, también lo hizo en Haedo, y hace algunos años lo hace en un barrio cerrado de General Rodríguez”.

El artículo 70 establece que para ser diputado o diputada, los postulantes deben “ser natural o tener residencia en la Ciudad, inmediata a la elección, no inferior a los cuatro años”.

Según los magistrados, “Ocaña se domicilia desde el año 2014” en la Ciudad de Buenos Aires, para lo que informó que brindó “documentación” que lo acreditaba, entre los que incluyó “una cédula de identificación de vehículo, la licencia nacional de conducir, las constancias bancarias y las facturas del servicio de Internet”.

“Es posible colegir que el requerimiento constitucional de residencia de cuatro años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección se encuentra acreditado y cumplido”, determinó el fallo.

En una resolución similar, el Tribunal Electoral porteño también habilitó la precandidatura a jefe de Gobierno de Jorge Macri, sobre quien habían recaído varias impugnaciones.

LC con información de agencia Télam

Juan Pablo Chiesa, precandidato a jefe de Gobierno porteño por el partido Aptitud Renovadora, impugnó este martes ante la Justicia Electoral la precandidatura de Graciela Ocaña a diputada porteña. Sostienen que no cumple el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad, ni con un artículo de la Ley Nacional de Partidos Políticos.

El escrito fue presentado esta mañana ante el Tribunal Electoral porteño. “Me sorprende la liviandad en torno a la presentación de la señora Ocaña como integrante de la lista. Resulta llamativo que los asesores letrados de la lista Evolución no hubieran verificado el cumplimiento de estos requisitos con anterioridad a la presentación de la lista; o lo que es peor o más llamativo aún, hubieran falseado la información al completar el acta que en carácter de declaración jurada tuvo que completar la ahora impugnada precandidata”, afirmó Chiesa.

“Lo cierto -continúa el texto- es que la señora Ocaña no cumple con ninguno de los tres requisitos que exige el artículo 70 de la Constitución de esta Ciudad, toda vez que Ocaña siempre vivió en la provincia de Buenos Aires. Vivió muchos años en San Justo, también lo hizo en Haedo, y hace algunos años lo hace en un barrio cerrado de General Rodríguez”.

En la presentación se argumenta también que Ocaña, presentada como candidata a legisladora porteña por la lista que lleva como candidato a Jefe de Gobierno al radical Martín Lousteau, “tampoco cumple con el requisito exigido por el art. 34 de la ley nacional de partidos políticos (23.298) que puntualmente exige que el aspirante al cargo figure inscripto en el registro de electores que corresponda (en este caso el de CABA)”.

“Teniendo en cuenta que Ocaña no se encuentra inscripta en el registro de electores de CABA, extremo que podrá verificarse con la consulta a la Cámara Nacional Electoral, no podrá convalidarse su precandidatura”, detallaron.

LC con información de agencia Télam

El precandidato a Jefe de Gobierno por la Unión Cívica Radical (UCR) dentro de Juntos por el Cambio (JxC), Martín Lousteau, anunció este sábado que Graciela Ocaña, diputada nacional del espacio Confianza Pública, encabezará la lista de legisladores porteños que lo acompañará.

“Estamos muy contentos con la decisión de @gracielaocana de acompañarnos con su espacio político, @ConfianzaPública, para seguir mejorando la Ciudad y resolver lo que aún falta. Con ella encabezando la lista de Legisladores, vamos a continuar con la transformación de los últimos 15 años, pero aportando una mirada distinta y un nuevo impulso para encontrar soluciones a los problemas que persisten”, señaló Lousteau en su cuenta personal de Twitter.

Y agregó: “Queremos una Ciudad con más y mejor salud pública, educación de calidad, seguridad, orden y vivienda para todos los porteños. Soñémosla juntos”.

En el video que acompaña el texto, Lousteau dice: “Estamos muy contentos porque Graciela, con todo su equipo, decidió acompañarnos para trabajar juntos. Estoy convencido de que esa es la forma de lograr que la ciudad siga evolucionando y que resolvamos lo que falta. Graciela gracias por tu generosidad y compromiso, no tengo dudas de que juntos vamos a seguir mejorando Buenos Aires”.

En tanto, Ocaña sostiene: “Gracias Martín. Estoy convencida de que es hora de sumar en la Nación y en la Ciudad, por eso queremos sumar nuestras propuestas, nuestros equipos técnicos y acompañarte en el desafío de que transformemos la ciudad”.

Lousteau y Ocaña grabaron el vídeo está tarde durante una visita que hicieron al Galpón Cultural Piedrabuena, en el que compartieron un encuentro con artistas del barrio y la actriz Carla Peterson.

AB

La asesora presidencial Cecilia Nicolini, una de las caras visibles, junto a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, de las negociaciones con Rusia por las vacunas Sputnik V, de las primeras en llegar a la Argentina para combatir la pandemia del coronavirus, envió a comienzos de julio una carta a los responsables en Moscú de los contratos por los inoculantes en la que reclama con vehemencia el cumplimiento en la llegada de las dosis, al tiempo que desnuda el apoyo inicial que el Gobierno nacional le dio al fármaco elaborado por el Instituto Gamaleya por sobre otras opciones.

En el escrito, dirigido a Anatoly Braverman, mano derecha de Kirill Dmitriev, el CEO del Fondo Ruso de Inversión Directa, que publicó este jueves el diario La Nación, Nicolini admite que la Argentina “siempre hizo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito, ¡pero nos estás dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto!”, y reconoce que el Gobierno se enfrenta a “un proceso judicial debido a estas demoras como funcionarios públicos, lo que pone en riesgo” la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández.

El reclamo de la asesora, con “amenaza” de romper el acuerdo incluido, es por la falta de cumplimiento del contrato original con el laboratorio ruso y las demoras en las llegadas de las dosis de Sputnik V, sobre todo, del componente 2, ya que de los 11.868.830 de vacunas que arribaron desde Moscú, sólo 2.493.160 corresponden al segundo componente (9.375.670, al componente 1), por lo que hay más de 6.000.000 de personas que aguardan completar su esquema de vacunación.

En diciembre pasado, Fernández anunciaba que Argentina había “suscripto el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina, por lo que vamos a poder contar con las dosis suficientes para vacunar, entre enero y febrero, a 10 millones de argentinos”. Lejos quedó esa fecha y faltan casi la mitad de vacunas que prometía el contrato.

En la carta que Infobae publica completa, Nicolini interpela a sus interlocutores en Rusia: “Nuevamente nos encontramos en una situación muy crítica. Esperábamos que después de la conversación que tuvimos hace un par de semanas, las cosas fueran más sencillas. Pero incluso empeoraron. Seguimos esperando una cantidad mínima del componente 2 para completar los tratamientos al menos de las personas con más de 90 días de intervalo mínimo. Fuimos muy proactivos para encontrar una solución a las dificultades que tenían con esto, pero ni siquiera pudimos tener el mínimo”. Y reclama: “Necesitamos urgentemente al menos 1 millón de dosis para vacunar a las personas mayores este fin de semana. Compartimos contigo el Excel con el mínimo requerido varias veces. Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del componente 1 también. Según el contrato, aún quedan 18.734.185 dosis (5,5 M C1 + 13,1 M C2). Todavía estamos esperando el calendario de entregas de julio que accedió a enviar en esa llamada también. No lo recibimos. Incluso podemos pensar en algún momento en recibir más C1 que C2, o pensar en nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo de C2. En este punto, todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente. Entendemos la escasez y las dificultades de producción de hace algunos meses. Pero ahora, 7 meses después, todavía estamos muy atrasados, mientras comenzamos a recibir dosis de otros proveedores de forma regular, con horarios que se están cumpliendo”.

Además, la asesora ponderó la reciente modificación de la Ley de vacunas por la cual la Argentina está habilitada para conseguir vacunas de laboratorios estadounidenses, algo que, hasta hace días, estaba vedado por problemas con cláusulas contractuales que, según los funcionarios nacionales, no estaban en sintonía con la legislación vigente. “Acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le pedimos a su equipo que compartiera un protocolo para pediatría para que pudiéramos realizar un estudio aquí, pero seguimos sin recibir nada”.

Para explicar el contenido del texto, Nicolini reconoció este jueves, en declaraciones a Radio con Vos, que muchas personas “están esperando la segunda dosis y nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para que las vacunas lleguen lo antes posible. En el contexto de escasez de vacunas en todo el mundo, Argentina está entre los primeros 20 países en recibir vacunas. Rusia tiene dificultades para escalar la producción, en el medio India explota, y nuestra responsabilidad es encontrar soluciones. Una es, por lo menos, producir la parte final en Argentina”. Y especificó: “Hay muchísimas notas, tenemos una comunicación constante. El compromiso de la Federación Rusa desde un comienzo fue cumplir con el contrato. Nosotros nos ponemos serios, duros y exigimos lo que tiene que llegar”.

Por su parte, la ministra Vizzotti explicó en declaraciones a radio El Destape, que el envío de cartas a los proveedores “es una práctica muy común para discutir los contratos y, entre comillas, presionar para que se cumplan. Todos los países del mundo necesitan lo mismo al mismo tiempo, y ante una situación de dificultad en la producción de todos los laboratorios, estas negociaciones son muy habituales. Si no lo hacemos nosotros, lo hacen otros; esto no es una guerra, pero sí una pelea grande para conseguir vacunas”, reconoció.

En tanto, la carta dada a conocer por La Nación generó malestar en la oposición. “Da escalofríos. Millones sin segunda dosis y la confesión de los acuerdos ideológicos”, dijo a ese medio la presidenta de Pro, Patricia Bullrich. “Las personas más vulnerables y la ola delta entrando. A confesión de parte, relevo de pruebas”, agregó y completó: “El tema no es Nicolini, sino la cabeza. La decisión de no firmar con Pfizer y apostar a Rusia fue de Ginés González García y Alberto Fernández”, concluyó. También, se manifestó por Twitter: “La carta del Gobierno a los rusos es prueba contundente de la decisión política que nos dejó sin millones de vacunas, con miles de muertos, sin economía y sin educación”, escribió la dirigente opositora.

En el mismo sentido, la diputada Graciela Ocaña aseveró que la Comisión de Salud de Juntos por el Cambio va a realizar “un pedido de informes. Y en el marco de los encuentros pendientes con los laboratorios tienen que venir los funcionarios del Gobierno y los representantes de Gamaleya a la brevedad. Es imprescindible aclarar esta situación porque el texto de esa carta es de una gravedad inusitada”, dijo, y agregó que el escrito “prueba que la compra de las vacunas no tuvo que ver con cuestiones de poder, sino con un tema de interés geopolítico que les costó la vida a miles de argentinos. Es sumamente grave. Amerita que vengan todos los funcionarios a dar las explicaciones correspondientes.”

El texto completo del mail de Nicolini a Rusia:

Como mencioné hoy, nuevamente nos encontramos en una situación muy crítica. Esperábamos que después de la conversación que tuvimos contigo, Carla, Kirill y yo hace un par de semanas, las cosas fueran más sencillas. Pero incluso empeoraron. Seguimos esperando una cantidad mínima del componente 2 para completar los tratamientos al menos de las personas con más de 90 días de intervalo mínimo. Fuimos muy proactivos para encontrar una solución a las dificultades que tenía con esto, pero ni siquiera pudimos tener el mínimo.

Necesitamos urgentemente al menos 1 millón de dosis para vacunar a las personas mayores este fin de semana. Compartimos contigo el Excel con el mínimo requerido varias veces. Todavía necesitamos recibir las dosis pendientes del componente 1 también. Según el contrato, aún quedan 18.734.185 dosis (5,5 M C1 + 13,1 M C2). Todavía estamos esperando el calendario de entregas de julio que accedió a enviar en esa llamada también.

No lo recibimos. Incluso podemos pensar en algún momento en recibir más C1 que C2, o pensar en nuevas estrategias, pero urgentemente necesitamos algo de C2. En este punto, todo el contrato corre el riesgo de ser cancelado públicamente. Entendemos la escasez y las dificultades de producción de hace algunos meses. Pero ahora, 7 meses después, todavía estamos muy atrasados, mientras comenzamos a recibir dosis de otros proveedores de forma regular, con horarios que se están cumpliendo.

Además, acabamos de emitir un decreto presidencial que nos permite firmar contratos con empresas estadounidenses y recibir donaciones de Estados Unidos. Las propuestas y entregas son para este año y también incluyen la pediatría, que es otra ventaja. Le pedimos a su equipo que compartiera un protocolo para pediatría para que pudiéramos realizar un estudio aquí, pero seguimos sin recibir nada.

Además, todavía estamos esperando los resultados del cóctel de vacunas con Astra, pero supongo que todavía está en marcha desde enero que nos informó sobre esto. Hemos comenzado estudios por nuestra cuenta. Finalmente, la producción local fue un gran paso para los dos. Nuestro Presidente participó incluso en el lanzamiento, esperando más de 2 horas. Estamos muy felices y apoyamos a Richmond.

Solo pedimos tener los primeros resultados antes del 9 de julio que es una fecha muy importante para nosotros, el Día de la Independencia, que significa mucho. Richmond envió las primeras dosis para pasar el control de calidad el 16 de junio. Nos han dicho que este proceso tardaría entre 10 y 15 días.

Es 7 de julio y todavía no está listo y no estará listo para el 9 como lo pidió amablemente el Presidente, después de los días necesarios. Las dosis están en Rusia desde hace más de 21 días ... esperábamos que usted estuviera especialmente al tanto de esto, fue la única y más importante solicitud del presidente Fernández, y nuevamente una decepción para él y para el país. Me gustaría agregar que alguien de su equipo de producción le está pidiendo a Richmond que le pida al Ministerio de Salud que facture y reciba el pago completo de las dosis producidas aquí.

Como puede comprender, no podemos cambiar nuestro contrato, y mucho menos tener un intermediario local en esto y pagar una recaudación de impuestos. Podría ser un gran problema político y de opinión pública para todos nosotros si cambiamos una carta de nuestro contrato original. Siempre estamos ansiosos por encontrar soluciones pero nunca fuimos informados oficialmente por usted, con quien tenemos el contrato, para estudiar esta opción.

Pedí una llamada sobre esto hace varios días e informé sobre nuestra situación. Pero aún no se informó ninguna propuesta oficial. Recuerde que pudimos firmar un contrato en primer lugar porque el RDIF y Human Vaccine son entidades controladas por el Estado ruso, por lo que era un acuerdo de Estado a Estado.

Lo justificamos con todas las pruebas y documentos que nos proporcionó. Podemos recibir y recoger vacunas donde usted diga: Moscú, Beijing, Seúl, Bombay, incluso Buenos Aires. Pero el pago y las responsabilidades con respecto a las indemnizaciones y la producción son entre nosotros y Human Vaccine / RDIF. Incluso dimos un paso más para permitir que Richmond importara la mayor parte sin impuestos (millones de dólares). Firmamos estas exenciones de buena voluntad y de manera colaborativa, entendiendo que son dosis que nos serán entregadas. Conozco su arduo trabajo, el compromiso que tiene Kirill con Argentina y todo el trabajo que hemos hecho juntos. Pronto, se publicará un nuevo estudio en una revista de revisión entre pares sobre la eficacia, la efectividad después de 6 meses y la respuesta a nuevas variantes.

Respondimos siempre haciendo todo lo posible para que Sputnik V sea un gran éxito, ¡pero nos estás dejando muy pocas opciones para seguir luchando por ustedes y por este proyecto! Y como también mencioné una vez, nos enfrentamos a un proceso judicial debido a estas demoras como funcionarios públicos, lo que pone en riesgo a nuestro gobierno.

Por favor, trabajemos juntos en una solución posible y real. Usted puede contar con nosotros.

El mail original en inglés:

IG

Un allanamiento realizado este jueves en la sede local de AstraZeneca para obtener copia de las computadoras del laboratorio agudizó la tensión en los tribunales federales de Comodoro Py y retrasó la exposición de la compañía en el Congreso, que debe rendir cuentas sobre las demoras en la entrega de vacunas contra el Covid-19, según pudo confirmar elDiarioAR de fuentes judiciales y legislativas. 

A casi tres semanas de la audiencia informativa en la que los proveedores de vacunas contra el coronavirus debían comparecer en la Cámara de Diputados, AstraZeneca y las autoridades aún no han podido confirmar cuándo expondrá la farmacéutica aliada de Oxford para explicar las demoras en la entrega de las dosis pactadas en el contrato con el Estado nacional, confirmaron fuentes del oficialismo en la cámara baja. 

Mientras continúan las negociaciones entre el equipo del presidente de Diputados, Sergio Massa, y representantes extranjeros del laboratorio, la reunión que se esperaba poder concretar este martes seguiría dilatándose al menos una semana más, confió una fuente al tanto de las conversaciones. La dilación tiene un motivo central: la Justicia federal allanó este jueves la sede de AstraZeneca en Buenos Aires en busca de una copia de las computadoras y comunicaciones entre la sucursal local y la casa matriz.

La medida, que desencadenó una interna entre los magistrados que intervienen en el expediente, terminó con resultados truncos, según pudo confirmar este medio de dos fuentes directas de la causa. 

El fiscal Guillermo Marijuan investiga si AstraZeneca habría cobrado los adelantos millonarios del Estado nacional (un total de US$53,8 millones) a sabiendas de que no podría cumplir con la entrega de las vacunas. El contrato firmado en 2020 establecía que el laboratorio debía entregar 22,4 millones durante el primer semestre de 2021, pero las vacunas recién comenzaron a ingresar al país a fines de mayo y tras la apertura de la causa judicial. La ministra de Salud, Carla Vizzotti, declaró en la causa que el contrato no estaba incumplido mientras las vacunas comenzaran a llegar antes de fines de junio, como terminó sucediendo. 

La causa ha generado varios roces entre el fiscal y el juez del caso, Julián Ercolini, en torno a las medidas requeridas por Marijuán, en especial por los pedidos de allanamiento a la sede local de AstraZeneca, que se concretaron este jueves con resultados inesperados: los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron para realizar una copia forense (back up con cadena de custodia) del contenido de todas las computadoras del laboratorio pero cuando llegaron no encontraron nada, confirmaron a elDiarioAR dos fuentes con acceso directo al expediente. 

Los representantes de AstraZeneca les informaron que debido a la modalidad de trabajo remoto por la pandemia, las computadoras que buscaban se encontraban en los domicilios de sus ejecutivos y empleados, afirmó una de las fuentes del caso. La fiscalía no cuenta con los datos de esos domicilios y no prosiguió con la medida, explicó una fuente judicial. Tampoco cuenta con los datos del servidor o precisiones sobre los dominios de los correos.

El pedido de allanamiento había sido solicitado por el fiscal el 17 de mayo. Entonces, el juez lo denegó y sostuvo que existen medidas menos invasivas para obtener las comunicaciones virtuales entre los ejecutivos de AstraZeneca. 

Marijuan apeló ante la Cámara Federal porteña y el tribunal tomó una decisión recién este miércoles, un mes más tarde. Los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi fallaron a favor de Marijuán y declararon la nulidad de la decisión del juez Ercolini de buscar medidas alternativas al allanamiento y secuestro de las computadoras, según el fallo al que accedió elDiarioAR. 

Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para ayudar a poner fin a la pandemia.

AstraZeneca.

Tras el fallo de la Cámara, el juez ordenó a la PFA realizar una copia forense de los CPUs de AstraZeneca en el lugar, sin secuestrar las computadoras físicas y evitar la “parálisis” de la compañía, explicó una fuente judicial.

El allanamiento tenía como objetivo acceder a las comunicaciones y correos electrónicos entre cuatro de los ejecutivos de AstraZeneca en Argentina -quienes participaron de las negociaciones con el ministerio de Salud- y sus jefes a nivel global “que se mantuvieran con posterioridad a la celebración del contrato y hasta la actualidad” sobre la entrega de dosis, según consta en el expediente.

Esta semana, tras una segunda orden del juez Ercolini, el ministerio de Salud se comprometió a entregar esta semana copia de los correos electrónicos que las autoridades del organismo mantuvieron con los cuatro ejecutivos de AstraZeneca investigados en la causa. Con esa información, además, el fiscal podrá conocer las direcciones de e-mails y solicitar acceso a través de Microsoft, dijo una fuente del expediente a este medio.

La hipótesis del fiscal se centra en que la farmacéutica podría haber incurrido en delitos contra la administración pública al cobrar un adelanto millonario sin poder garantizar la entrega de las vacunas o incluso dilatando las entregas pactadas en el contrato con Argentina para marzo y abril, a pesar de haber cobrado US$53,8 millones. 

En el juzgado, sin embargo, prefiere dar pasos con pie de plomo. En la Cámara Federal lo saben, y dicen no ser ajenos al contexto del avance de este expediente, aseguró una fuente del tribunal de apelaciones con acceso al expediente. Prudencia, riesgo, politización, son algunas de las palabras que evocan en el juzgado y en los despachos de los camaristas que intervienen en la causa, quienes, al pasar, mencionan también la buena relación entre el fiscal y Massa. “Existen otros mecanismos o medios de obtención y/o protección de la prueba que sugiere el señor fiscal menos intrusivos que el peticionado, por lo cual disponer la medida pretendida se advierte desproporcionada con la afectación al derecho constitucional que se pretende”, sostuvo el magistrado al denegar los allanamientos en mayo.

El juez tampoco autorizó el secuestro de los teléfonos celulares de los ejecutivos. “Llevarse las computadoras del laboratorio, como de cualquier empresa, implica paralizarla, en un contexto en el que lo central es garantizar la provisión de vacunas y actuar con prudencia”, explicó una fuente judicial ante la consulta. Marijuan, en cambio, señaló “la necesidad y la urgencia de la medida”, que entendió “se encontraba suficientemente fundamentada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino”.

Existen otros mecanismos o medios de obtención y/o protección de la prueba que sugiere el señor fiscal menos intrusivos que el peticionado.

Julián Ercolini. — En un fallo del juez en la causa.

En su declaración como testigo en la causa, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, explicó que el laboratorio no estaría incumpliendo el contrato mientras comenzara a entregar vacunas antes del 30 de junio y que AstraZeneca tenía demoras en las entregas a nivel mundial debido a problemas con insumos en el extranjero y con controles de calidad.

Los retrasos en las entregas del laboratorio fueron a nivel mundial, explicó la ministra Vizzotti en la causa. 

“Nuestro enfoque actual es cumplir con nuestros compromisos globales sustanciales con los gobiernos y las organizaciones internacionales de salud, lo más rápido posible para ayudar a poner fin a la pandemia”, sostiene AstraZeneca en su sitio web. Voceros de la compañía explicaron que la empresa se comunica con los medios a través de sus comunicados oficiales.

La medida se encontraba suficientemente fundamentada teniendo en cuenta la gravedad de los hechos denunciados y por los cuales se habría visto perjudicado patrimonialmente el Estado Argentino.

Guillermo Marijuan — Fiscal de la causa, en el fallo de la Cámara Federal porteña.

Negociaciones en Diputados

AstraZeneca y otros cuatro proveedores de vacunas contra el Covid-19 debían comparecer ante Diputados el 8 de junio, pero sólo se presentaron ante los legisladores el gerente general de Pfizer, Nicolás Vaquer, y el presidente de Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, a cargo de la producción local de la vacuna Sputnik V.

En los últimos días, el rumor entre los legisladores era que este martes una alta ejecutiva de AstraZeneca en México se conectaría en una audiencia virtual con los miembros de las comisiones de Salud y Legislación General de Diputados. En el bloque oficialista afirman que esta no será una buena semana y que creen que se concretará recién a mediados de julio.

Un representante de AstraZeneca, quien dialoga para coordinar la audiencia, le adelantó a sus interlocutores en el Frente de Todos (FdT) que tienen “la mejor predisposición” para concretar la reunión; que no pudieron estar presentes el martes 8 de junio, fecha en la que estaban citados “bajo apercibimiento de ley” para comparecer por “problemas internos con el área de compliance”, que les demandó más tiempo para preparar su exposición ante los diputados; y que preferían postergar el encuentro del martes mientras esté fresco el efecto de los allanamientos ordenados este jueves en la sede de la compañía.

El jefe de Gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, tiene cita con las comisiones de Salud y Legislación General el 8 de julio para exponer sobre los contratos de las vacunas con diferentes laboratorios, fecha en la que Massa también podría coordinar con AstraZeneca.

Rusia y China: la espera diplomática

Los diputados de la oposición ya presentaron hace unos diez días su pliego de preguntas para enviar al Fondo Ruso de Inversión y al Instituto Gamaleya, en Rusia, por vía diplomática. Lo mismo harán con China, por el contrato con Sinopharm. Fueron las pautas que establecieron ambos laboratorios ante la citación de Massa.

Sinopharm ya cumplió con la entrega de 4 millones de dosis en febrero-marzo; y firmó otro contrato por otras 6 millones de vacunas y acaba de firmar un acuerdo comercial con el Ministerio de Salud de la Nación para proveer 24 millones de vacunas más al país en tres tandas. En la más cara del mercado: US$20 la dosis.

En el caso de Rusia, la diputada Graciela Ocaña, por ejemplo, incluyó entre las preguntas del interbloque de JuntosxelCambio que se informe “el plazo de espera entre la aplicación de la primera y la segunda dosis de la vacuna Sputnik V en Federación Rusa”; “si se cumplirá con la entrega de las segundas dosis de la vacuna” y “el porqué de las demoras existentes en la actualidad”; y “cuáles han sido los estudios realizados para establecer el periodo de 3 meses entre la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna en la Argentina, dado que según detalla el estudio científico publicado en la Revista The Lancet, el plazo óptimo de espera sería de 21 días”; entre otras preguntas a las que accedió este medio.

También para mediados de julio, los diputados esperan poder escuchar e interrogar al representante de otro de los proveedores de vacunas que firmó un convenio con el Estado nacional: el mecanismo denominado Covax, que cobró un adelanto de US$32,1 millones para proveer unos 9 millones de vacunas pero que también viene atrasado en las entregas.

Además, en el equipo de Massa evalúan escuchar también a representantes de Moderno y Cansino, dos de las vacunas ya autorizadas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT), según una fuente del oficialismo en el Congreso.

ED

Eduardo Ezequiel Casal ingresó a la Justicia penal como empleado en 1977. En 1982, poco antes de recibirse de abogado, comenzó a trabajar en el juzgado de Julio Strassera hasta que en 1987 asumió como secretario letrado en la Procuración General de la Nación, organismo en el que se desempeña desde hace 34 años, según su curriculum. 

Entre 1992 y finales de 2017, cumplió la misma función: procurador fiscal ante la Corte Suprema, hasta que los designios de la política lo catapultaron como el jefe interino de los fiscales del país, aquellos que tienen el poder de impulsar o desestimar los expedientes judiciales que alcanzan desde la política y el poder económico hasta la vida y los derechos de millones. 

Hasta esa fecha, su función era dictaminar ante el máximo tribunal sobre los casos penales de menor relevancia política. Los casos de peso son reservados para la firma del o la titular del organismo, quien entonces era Alejandra Gils Carbó. Pero a finales de 2017, el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de su jefa y Casal asumió su cargo transitoriamente y por reglamento. Estaba en la línea de sucesión. Ese interinato terminó batiendo récord: supera los tres años y medio. 

Actualmente, de aquel hombre de extremado bajo perfil y clásica rutina judicial queda poco: se convirtió en el blanco del kirchnerismo en el Congreso, donde el sector del oficialismo encolumnado detrás de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner lo acusa de haber articulado las políticas del Ministerio Público Fiscal con los intereses del macrismo, y de haber presionado y sancionado a fiscales que intervenían en causas directamente relacionadas con Macri o los intereses de su gobierno.

Tanto la permanencia como la salida de Casal plantean una encerrona para el oficialismo, mientras no logren los votos necesarios para tratar la nueva Ley del Ministerio Público Fiscal que le permitiría al kirchnerismo nombrar un procurador con mayoría absoluta del Senado y sin los dos tercios que hoy exige la ley. 

Macrista: ¿si o no?

Casal no es un hombre de la política, sostiene un hombre que lo conoce desde hace años y ha trabajado a su lado. Es un judicial puro, que oscilaba entre la academia, la burocracia y los expedientes, de bajo perfil e ideología conservadora, coinciden oficialistas, opositores, funcionarios de la Procuración y fiscales consultados por elDiarioAR. 

“Casal no es obediente ni responde al macrismo. Dictamina como él considera que debe hacerlo y su intención no es quedarse con el cargo de Procurador”, afirma ese hombre cercano al funcionario. La figura del interino no está pensada para durar tanto tiempo, resaltó la misma fuente, que prefiere el anonimato. 

Con Alberto Fernández en el poder, Casal dictaminó ante la Corte a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y contradijo al oficialismo sobre los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Esas son algunas de las decisiones que el kirchnerismo le reprocha. 

También sus jugadas alrededor del caso Correo Argentino SA: trasladó al fiscal Juan Pedro Zoni luego de que imputó a Macri y la fiscal Gabriela Boquin, quien también tomó decisiones clave en el caso que involucra a la familia del expresidente, declaró ante el Congreso que Casal le armó un sumario administrativo para presionarla. 

Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis.

Andrés Gil Domínguez — Jurista.

La creación de una unidad antiterrorista -que en la Procuración destacan que fue apoyada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- y su cordial relación con la embajada de Estados Unidos son otras de las razones evocadas por el kirchnerismo para pedir su renuncia. 

Lo señalan, además, de haber apoyado al fiscal Carlos Stornelli cuando se resistió a ser indagado en la causa de supuesto espionaje ilegal en Dolores y quedó en rebeldía. En otros casos de fiscales denunciados la actitud fue diferente, sostuvieron legisladores oficialistas en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público Fiscal.

Elisa Carrió y Pino Solanas llegaron incluso a pedirle por carta que defendiera al fiscal Federico Delgado, como trascendió en los medios durante 2018, mientras el entonces jefe de la AFI, Gustavo Arribas, avanzaba en la Justicia contra el fiscal. Algunos fiscales sostienen que defendió sólo al sector más puro de Comodoro Py.

El método del desgaste

“Mientras sea un órgano extra poder, la Procuración implica un límite a los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero sobre todo al Ejecutivo, pero eso cambiaría si se convierte en un apéndice del Ejecutivo o un Ministerio de Justicia bis”, explicó el jurista Andrés Gil Domínguez en diálogo con elDiarioAR. Domínguez integró el Consejo Consultivo que convocó el presidente Fernández para la reforma judicial.

Casal tiene doce pedidos de juicio político y la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público escruta cada una de las decisiones que tomó en los últimos tres años y medio. “Sí, es desgastante”, admiten cerca del procurador interino, pero aseguran que no renunciará ni se jubilará, al menos no por el momento. “Vivimos contestando informes y aclaraciones a la Bicameral”. 

“Se siente fuerte porque tiene el apoyo pleno de Juntos por el Cambio y de Clarín, La Nación e Infobae. Se va a ir el día que cambiemos la ley para designar al Procurador”, afirmó en diálogo con este medio el diputado Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), uno de sus principales críticos en el Congreso. Tailhade expuso el patrimonio del procurador interino en la comisión bicameral y provocó que Casal se denunciara a sí mismo ante la Justicia federal para que investiguen el origen de sus bienes. 

Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal.

Graciela Ocaña — Diputada (PRO).

“Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial (impulsada por el presidente Fernández) y que Casal siga en el cargo”, afirmó Tailhade. “Su continuidad es central para Macri”, agregó. 

“Para el kirchnerismo es importante tener un procurador político, que la Procuración dependa más de la política. No sólo tiene que ver con garantizar la impunidad y la revancha contra Comodoro Py. Es filosófico”, sostuvo ante este medio Juan Manuel López (Coalición Cívica) ante la consulta. “Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo”, afirmó el aliado de Elisa Carrió, quien ha manifestado también sus críticas a la oposición por la falta de voluntad para nombrar a un nuevo procurador.

“Los argentinos tenemos que agradecerle a Casal porque a pesar de los ataques ha decidido estar al frente de la Procuración para garantizar la independencia del Ministerio Público Fiscal”, opinó Graciela Ocaña, diputada por el PRO. 

Línea de sucesión

Casal es el segundo en la línea de sucesión por ser el procurador fiscal ante la Corte más antiguo en el cargo. Por eso quedó al mando tras la salida de Gils Carbó, quien le tenía confianza y le guarda aprecio, reconoce un excolaborador de la exjefe de los fiscales. Cada vez que ella debía ausentarse, dejaba a Casal a cargo del organismo. 

Tras su salida, el interino dijo ante varios presentes en la Procuración que se limitaría a mantener la casa en orden hasta la llegada de un nuevo Procurador titular. Sin embargo, varias de sus decisiones implicaron un giro que sorprendió a los colaboradores más cercanos a Gils Carbó. Se rodeó de hombres alineados con el sector más típico de los tribunales de Comodoro Py y con judiciales con buen diálogo con el gobierno de Macri. elDiarioAR pidió la opinión de Casal sobre su situación pero no obtuvo respuesta.

“La renuncia de Casal no traerá la solución. Mientras no tengan los votos para convocar a una sesión en Diputados y sancionar la Ley del Ministerio Público o no se pongan de acuerdo entre ellos con un nuevo candidato, la salida de Casal sólo extenderá el interinato”, aseguran en Comodoro Py.

Casal es lógico y razonable, por eso lo defendemos, pero no me parece sano que siga en el cargo.

Juan Manuel López — Diputado (Coalición Cívica).

En la línea de sucesión, se encuentra Laura Monti, la segunda Procuradora Fiscal ante la Corte más antigua, después de Casal. “Definitivamente no es aliada del kirchnerismo”, la definen en la Procuración.

El tercero en la línea de sucesión es Víctor Abramovich, también Procurador Fiscal ante la Corte desde 2015 y especializado en Derechos Humanos. Llegó por concurso y acuerdo del Senado, fue director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. 

Algunos miembros de la oposición consultados sostienen que Abramovich encajaría más con el perfil de un procurador interino más cómodo para el oficialismo, pero ninguno de los oficialistas consultados lo menciona como opción. 

Un importante diputado de Juntos por el Cambio me dijo que Macri les había encomendado dos objetivos en 2020: que no salga la reforma judicial y que Casal siga en el cargo.

Rodolfo Tailhade — Diputado (Frente de Todos).

Para algunos de los principales legisladores del oficialismo en el Senado y Diputados tampoco es una opción el candidato de Alberto Fernández para la Procuración, el juez Daniel Rafecas. Su pliego duerme hace 14 meses en la cámara alta. 

La única opción para el kirchnerismo sería la nueva ley, explicaron Tailhade y otros representantes de las comisiones de ambas cámaras que se encargan del caso. 

El proyecto de ley del Ministerio Público Fiscal tiene media sanción en el Senado y dictamen de comisión en Diputados pero el oficialismo aún no pudo reunir los cantidad necesaria de diputados para tratarlo en el recinto. “Si logramos el quórum en Diputados, la ley sale”, se confía un legislador oficialista. 

Para lograr el quórum, el kirchnerismo necesita que 129 diputados se siente en el recinto y hoy no tiene los números suficientes a favor. Por eso, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, les dijo a los diputados que esta ley “se vota con el culo”, según graficó un miembro de la bancada opositora. 

“No están tan lejos, son cuatro o cinco votos para lograr el quórum”, sostiene otro diputado opositor ante la consulta. La esperanza oficialista está puesta en sumar bancas en las próximas elecciones legislativas.

Un organismo en disputa permanente

“Los dos tercios para nombrar y remover al Procurador no se cuestionaron durante distintos gobiernos, como los de Carlos Menem y Cristina Kirchner. Esta discusión la abrió Juntos por el Cambio”, afirmó Domínguez. 

El jurista se refiere al proyecto de ley presentado en 2017 por el entonces presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (Cambiemos). Al igual que el kirchnerismo, el macrismo y el radicalismo buscaban eliminar la duración vitalicia del Procurador; un límite de cinco años para ejercer en el cargo, con la posibilidad de una reelección, por única vez, para continuar por dos años más.

El proyecto, al igual que el actual, buscaba imponer dos de los puntos más polémicos: eliminar el requisitos de los dos tercios del Senado y poder designar al jefe de los fiscales con mayoría absoluta (la mitad más uno); y removerlo del cargo con el consenso de la mitad más uno de diputados y senadores. Como el proyecto no se aprobó y el Ejecutivo no tenía los dos tercios de los votos, Macri no pudo reemplazar a Casal con su candidata a la Procuración: la jueza Inés Weimberg de Roca.

“El interinato también tiene que instrumentarse con otro mecanismo -opinó Gil Domínguez-. Casal no pasó por ningún filtro para asumir en ese cargo, prolongado en el tiempo, sin acuerdo de los poderes Legislativo y Ejecutivo”.

ED

La diputada Graciela Ocaña (Confianza Pública) presentó este viernes un pedido de informes al Ministerio de Salud para que indique cómo se están distribuyendo las dosis de la vacuna Sputnik V contra el Covid-19 y solicitó además que el organismo justifique que personas ajenas a grupos prioritarios hayan recibido la inmunización.

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Ginés González García, según confirmaron fuentes oficiales a elDiarioAR, luego de que este viernes el periodista Horacio Verbitsky confesara en el programa de Radio El Destape del que participaba (fue despedido) que se había vacunado en la sede de la cartera de Salud en una especie de circuito de privilegio, por afuera del plan nacional de vacunación. El caso de Verbitsky, director de El Cohete a la Luna, podría no ser el único.

Ocaña también requirió a Salud que informe si existe un padrón nacional de personas en condiciones de recibir la vacuna de acuerdo al Plan Estratégico; cómo se está distribuyendo en cada una de las provincias; y cuál es el criterio para que el Gobierno defina la cantidad de dosis que envía a cada jurisdicción, según el escrito al que accedió este medio. 

En el escrito presentado, también se pide que el Ministerio de Salud indique si una vez recibidas las dosis, cada provincia tiene la potestad de distribuirlas de la forma que considera o si debe acordarlo previamente con el Estado Nacional. Otro punto es si existe un control de la población que es vacunada en cada una de las provincias “para verificar que efectivamente se garantice que las dosis sean proporcionadas según los criterios establecidos en el Plan Estratégico de Vacunación Covid-19”.

Según Clarín, también se vacunaron allí el senador Jorge Taiana, el diputado Eduardo Valdés y el canciller Felipe Solá, entre otros. Otras versiones aseguran que el titular de Exteriores se inmunizó en el Hospital Posadas de Morón, lo que podría no ser ilegal ya que tiene más de 70 años. De acuerdo a La Nación, también habrían sido inyectados el jefe sindical Hugo Moyano, su esposa, la empresaria Liliana Zulet, y su hijo menor, Jerónimo.

ED