A través de las ordenanzas por excepción –que modifican indicadores urbanos—, un selecto grupo de desarrolladores privados, avalados por el Ejecutivo municipal, acumulan proyectos millonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad de Mar del Plata. 

Distintos expertos y actores políticos consultados por este medio coinciden en que, en los últimos años —con mayor celeridad en los últimos 3—, se aceleró el mecanismo de aprobación de ordenanzas exprés gracias un mecanismo “cada vez más aceitado” entre el Ejecutivo y el Legislativo municipal, desde donde se determina cómo y dónde construir. 

El círculo rojo de la ciudad, conformado por funcionarios, empresarios y profesionales expertos del rubro de la construcción, logró adquirir más de un millón de metros cuadrados en la ciudad a través de ordenanzas por excepción. 

“Frente a la falta de un plan de desarrollo urbano integral, la excepción empezó a convertirse en la regla de un concepto de desarrollo que beneficia a un reducido y repetido grupo de personas que no resuelve ninguno de los problemas habitacionales, además de que perjudica, en términos generales, al ambiente urbano y, en particular, a los barrios que constituyen la identidad de esta ciudad”, explica a elDiarioAR Gonzalo Vergez, abogado ambientalista, coordinador del equipo Legal de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas y miembro de Organización Mar. 

¿En qué consiste ese mecanismo? A partir de modificar “por excepción” el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y actualizar distintos índices y valores de la construcción, en el Concejo Deliberante se aprobaron más de 10 proyectos inmobiliarios multimillonarios en las zonas más exclusivas de la ciudad y en barrios de gran valor patrimonial, como es el caso de “La Robla”, como se conoce al proyecto de vivienda multifamiliar Casa Malecón, donde se proyecta una torre de 35 pisos sobre la costa, o el caso de La Reserva Explanada al sur de la ciudad, en la que se intenta construir 9 edificios sobre la playa y en zona arqueológica, a pesar de las advertencias por el fuerte impacto ambiental y habitacional. 

Detrás de los emprendimientos de lujo hay un grupo selecto de privados entre los que se encuentra Juan Pablo Reverter, CEO de H Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, que obtuvo a fines de 2024 el respaldo para modificar los indicadores que permitirían el desarrollo de un nuevo barrio privado en el sur marplatense. Al mismo tiempo, el empresario consiguió el aval para avanzar con el Unkanny Residences, ubicado sobre la zona patrimonial del ex Hotel Hurlingham, donde se proyecta una torre de 21 pisos y un hotel boutique sobre Playa Varese. Este último será la pieza que complementa el ya casi terminado Unkkany Tower, ubicado a una cuadra sobre el terreno del Chalet “Mores” (por haber sido la casa de Mariano Mores), gracias al aval de otra ordenanza por excepción aprobada en 2016. 

Florencia Miconi es otra de las figuras de esta transformación inmobiliaria. Es CEO de IMASA, presidenta de Fiduciaria Paisajes Urbanos SA y presidenta del Centro de Constructores y Anexos de Mar del Plata. En sus manos se encuentra el proyecto de la torre de 35 pisos conocida como “La Robla”, uno de los casos más emblemáticos y cuestionados desde que la ordenanza se aprobó a fines de septiembre pasado. 

Miconi también tiene desde 2019 el aval para construir un edificio de 9 pisos en el chalet patrimonial conocido como Villa Susuki y, desde 2023, el respaldo legal para iniciar el desarrollo del Distrito de Arte y Diseño ubicado en la zona del Puerto. Este último se trata de un ambicioso proyecto presentado por el Jefe comunal ante el Concejo Deliberante en busca de los permisos necesarios para construir dos torres de 30 pisos junto a oficinas y locales gastronómicos, aspirando a conseguir un “Puerto Madero de Mar del Plata”, según declaraciones del mandatario.

Por su parte, Patricio Gerby, titular de la constructora Coarco SA —uno de los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos—, en octubre del año pasado obtuvo el aval para la construcción de un edificio de 10 pisos en el predio de dos chalets de valor patrimonial, los “Vaia Po” y “Félix Pachano”, destinado para vivienda multifamiliar y locales comerciales. Un dato: en 2021, el Jefe comunal adjudicó a su constructora la principal obra del Presupuesto 2021, la segunda etapa del desagüe pluvial Marcos Sastre, consignada en más de US$530 millones.

Dos modelos de ciudad

“En este modelo de negocio concentrado, el Ejecutivo municipal facilita de manera sistemática la modificación de indicadores urbanísticos por excepción para habilitar nuevos proyectos inmobiliarios. Se trata de un modelo que viene a sustituir la falta de un plan de desarrollo urbano inclusivo para toda la ciudad”, asegura a elDiarioAR Francisco Olivo, decano de la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), preocupado por el uso abusivo de las excepciones porque “rompen acuerdos sociales sobre las condiciones estipuladas acerca de cómo queremos vivir en una sociedad según las leyes vigentes, creando una gran desarticulación provocada por el mercado”.

“La excepción tiene que estar cuando la normativa no alcanza a resolver un problema puntual de una regla general, pero no para beneficiar a un grupo pequeño de personas con alto nivel adquisitivo y de manera sistemática”, remarca el decano de UNMDP.

Para Vergez tampoco existe “una planificación que incluya a todos”. En cambio observa una lógica muy vigente de “extractivismo inmobiliario”, que se impone “en perjuicio del hábitat urbano, de sus habitantes y del medioambiente”. Pone contexto: “Si tomamos como punto de partida el año 1988 con la creación de las torres Manantiales, en esos años solo se dio un puñado de excepciones en toda una década, pero ahora tenemos una decena de excepciones en pocos años. Ahora, hasta hemos llegado a la instancia de pensar todo un Distrito de Arte que es aprobado por excepción. Esto está subiendo la vara de la ambición hacia límites impensados e irrazonables”. 

Otro de los proyectos aprobados se encuentra en el predio Chateau Frontenac, originalmente denominado Villa Kelmis, sobre las calles Alvear y Bolívar. En este caso, la construcción de dos torres de hasta 30 pisos (además de la puesta en valor del edificio de interés patrimonial) está a cargo de un grupo de desarrolladores e inversores de Buenos Aires y Uruguay. 

Círculo rojo: vínculos cuestionados

El secretario de Obras y Planeamiento Urbano del municipio, Jorge “Guasa” González, fue consultado por este medio acerca de las objeciones manifestadas ante el avance de megaproyectos que fueron avalados con su firma, pero no respondió al cierre de esta nota. También se intentó consultar al intendente, Guillermo Montenegro, pero tampoco hubo respuesta.

Mientras tanto, en los pasillos del Concejo Deliberante, donde una mayoría automática facilita el camino rápido para la resolución de proyectos en línea con el oficialismo, se cuestiona la relación existente entre González y María Müller, su esposa y arquitecta experta en Gestión Ambiental responsable de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) preliminares de los proyectos más cuestionados: La Robla y La Reserva Explanada. 

Consultada por los megaproyectos que avala con su firma, Müller dijo a elDiarioAR que no tiene “mucho para aportar” y que “la instancia de participación –ciudadana— era para eso”, dando a entender que en aquella instancia quedaron planteadas todas las dudas sobre los proyectos. 

“Los que me cuestionan suelen ser siempre los mismos. Mi trabajo es evaluar proyectos de arquitectura e intervenciones urbanas, es técnico y tiene un alcance que está muy claramente definido. Yo solo participo de la instancia preliminar, como parte de un proceso”, agregó. En relación al polémico caso La Reserva Explanada, asegura que todavía se encuentra en “la fase de presentación” y que ya se cumplió con “la participación ciudadana”.

Con respecto al vínculo que mantiene con el secretario de Obras, su marido, dice que no encuentra ningún problema. Por el contrario, explica que su trabajo “pasa por el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), por lo que no hay conflictos de ética”, y avisa que también elevó una nota a su Colegio Profesional notificando sobre la situación. “Toda la vida trabajé en el rubro, pero si quieren criticar, que lo hagan”, dice y se disculpa por cortar el diálogo para atender una reunión de trabajo.

De acuerdo a Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP), “la relación –por Müller y González— se repite en el tratamiento de los casos más complejos y paradigmáticos de la ciudad, como ocurre en La Reserva Explanada, en el que se cuestiona la destrucción de médanos entre muchos otros puntos, y en La Robla: no me parece un detalle menor, por el contrario, es bastante escandaloso”.

Por su parte, el arquitecto y asesor del Bloque Unión por la Patria Gustavo Franco desliza que “le llama la atención que se hayan expuesto tanto”. “Los conozco a los dos y los respeto, pero me parece que esto no corresponde, especialmente por la repetición de casos donde hay megaproyectos en juego y muy cuestionados por la ciudadanía”, dice.

A favor y en contra de las ordenanzas exprés

Entre los que se oponen al mecanismo exprés que se viene otorgando a las ordenanzas por excepción, Gueglielmotti se posiciona: “Las ciudades están atravesadas por intereses económicos y es entendible. Pero el gran problema acá es que no se planifica de manera integral: la especulación es tal que se les da prioridad a las zonas más costosas, frente al mar o en la zona sur, dejando de lado otras zonas de la ciudad que también necesitan atención para infraestructura e inversión”.

A este planteo se suma Franco para remarcar “la enorme asimetría entre el desarrollo de megatorres que, en gran medida durante el año casi no están ocupadas, y la realidad habitacional de la periferia, donde hay falta de cloacas, de alumbrado, calles destruidas, incluso, en muchas zonas, hay servicios de emergencia que no pueden ingresar a los barrios”. 

“Hay dos grandes ciudades dentro de Mar del Plata y esas diferencias cada vez se acrecientan más ya que no vemos que se plantee una línea de crecimiento coherente para toda la ciudad”, coinciden desde Unión por la Patria.  

En la misma línea, Eva Ayala, concejala por Acción Marplatense asegura a elDiarioAR que “la vía de excepción es un negocio para pocos con un costo para todos”. “En ausencia de una planificación estratégica, la ciudad no solo pierde su identidad histórica y cultural, sino que también enfrenta un deterioro de su entorno natural”, afirma. Ayala sostiene que en lugar de planificar la ciudad de manera integral, estas excepciones permiten el avance de negocios inmobiliarios que no consideran ni el impacto ambiental ni la preservación del patrimonio. “La falta de regulación, a su vez, se refleja en las compensaciones urbanísticas, que deberían equilibrar las excepciones otorgadas pero que, al no contar con criterios claros, quedan a discreción del Ejecutivo y de los desarrolladores”.

En tanto, Angélica González, presidenta de la Comisión de Obras y Planeamiento y concejala por la Coalición Cívica (CC) intenta aportar “una mirada más amplia”, dice a este medio. “Para que las ciudades avancen se tienen que hacer movimientos que muchas veces incomodan, pero son parte necesaria de la evolución siempre y cuando no destruya ni corrompa los bienes marplatenses. En tanto se respeten las normativas y los privados aseguren la restauración y conservación de los bienes patrimoniales nosotros no vemos inconvenientes”.

Este medio también conversó con el arquitecto Diego Domingorena sobre la posición del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires distrito 9, que preside: “Es indispensable una planificación democrática de la ciudad, con herramientas donde participen todos los sectores, donde se balanceen obligaciones, intereses, objetivos, que se tengan en cuenta lo productivo, lo industrial, lo cultural, lo turístico, y nada de esto está ocurriendo. Contrariamente, vemos esta serie de excepciones a las que nos opusimos y brindamos en cada caso razones suficientes”.

El presidente del colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Guillermo Rossi, se suma al debate y dice a este medio que el desarrollo en la ciudad “no se debe detener” pero que le preocupa “la utilización excesiva de excepciones”. Como martillero, resalta que, por supuesto quiere vender propiedades, “pero siempre que sea cuidando la ciudad, el barrio y la identidad de los marplatenses”. 

De corrido y como si pensara en voz alta, pone un ejemplo: “El barrio Chauvin fue perdiendo la armonía de sus casas a partir de las excepciones que permitieron construir torres que rompieron con una topología particular del lugar. En todo caso, lo que deberíamos hacer es volver a reunirnos todos los actores y plantear qué ciudad queremos”. En este barrio, Jardines de Chauvin SA, obtuvo el aval (26.533) a fines del año pasado para construir dos torres.

Dos Mar del Plata

Al menos hay dos miradas muy diferentes sobre la conservación patrimonial de bienes inmuebles en Mar del Plata: por un lado, Miconi considera que muchos de los inmuebles patrimoniales que hoy son parte de distintos desarrollos estaban en “estado de abandono” y que ahora “se están poniendo en valor” gracias a la inversión de privados.

En la misma línea, el presidente de H. Ledesma Desarrollos Inmobiliarios, decía hace unos meses que “varios chalets aristocráticos de hace 100 años, que habían sido abandonados y corrían riesgo de derrumbe, ahora están siendo restaurados y reutilizados para fines comerciales o integrados en nuevos desarrollos inmobiliarios”.

Sin embargo, desde el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP), alertaron sobre “la continuidad de la normativa de excepcionalidad a cambio de compensaciones, ya que la misma fácilmente puede transformarse en una práctica que termine por ser un instrumento destinado a la especulación inmobiliaria en detrimento no solo de los bienes arquitectónicos patrimoniales, sino de la calidad ambiental y patrimonial de toda la ciudad de Mar del Plata, caracterizada como uno de los ejemplos patrimoniales arquitectónicos y urbanísticos más destacados de nuestro país”. 

Según Nino Ramella, ex funcionario radical y ex secretario de Cultura del municipio, la preservación del patrimonio “es una responsabilidad del conjunto social, pero tiene un protagonista principal y es el Estado”. 

“Es muy preocupante la destrucción de la armonía urbana del casco de la ciudad que se está permitiendo. No hay un solo urbanista en este país que pueda avalar esto; incluso hay muchos que se pronunciaron en contra y tildaron las modificaciones como una gran barbaridad”, dice en diálogo con elDiarioAR, luego de aclarar que no tiene “nada en contra de los desarrolladores ni de las empresas constructoras”, apunta al Estado municipal por ser “el gran ausente como garante de la protección del patrimonio de la ciudad”. 

“Es lamentable que, con la misma voracidad que se avalan miles de metros cuadrados, no se avance proporcionalmente en la construcción de otros bloques de viviendas para aquellas personas que no tienen acceso, incluso dentro de la comunidad europea, que en compensación por las construcciones de lujo se ven obligadas a construir viviendas sociales. Pero, claro, en ese caso el negocio no es tan rentable”, afirma Vergez.

Por su parte, Ayala ve a la ciudad como “testigo de la sistemática demolición de su patrimonio arquitectónico y urbanístico”. “Las excepciones aprobadas en el Concejo Deliberante, bajo la excusa del desarrollo inmobiliario, permitieron la construcción de edificios en zonas residenciales que, además de alterar la fisonomía urbana, eliminan construcciones históricas que forman parte de la identidad de la ciudad. Esto no es solo un problema estético, sino una pérdida de memoria colectiva y de atractivos únicos que diferencian a Mar del Plata como destino”, concluye.

ED/JJD

“El baño es sólo para clientes, por protocolo Covid”, me contestó detrás del mostrador un empleado sin barbijo, en una pizzería de Juramento casi Cabildo a fines de 2020. “Si compro una porción, ¿no tengo el virus?”, le retruqué. Después me fui. No me la iba a agarrar con un trabajador que no creó esas reglas. Pero me quedé pensando en ese tema que sigue siendo una cuenta pendiente en grandes ciudades, entre ellas Buenos Aires: los baños públicos.

Quizás porque tomo mucha agua y necesito uno seguido, o porque ahora tengo amigos con hijos y veo cómo sufren más su falta, o porque quiero hablar sobre lo que (por desidia o pudor) no se habla tanto. Por la razón que fuere, vengo investigando sobre baños públicos hace al menos una década. Y hoy escribo de esto, fundamentalmente, porque pasan los años y la situación sigue igual o peor.

Hubo un proyecto para que haya sanitarios en todas las estaciones de subte. Hay una ley (la 6.107, de 2018) que dispone la creación de baños públicos en cada parque porteño de tres o más hectáreas. Hay una ordenanza (la 46.798, de 1993) que obliga a los comercios gastronómicos a prestarlo a cualquier persona que lo pida. Y, en la práctica, hay una privatización de esta demanda, con restaurantes y bares que obligan a consumir para acceder a esas instalaciones, y el extremo de cadenas que bloquean sus baños con contraseña.

Buenos Aires fue pionera en esta materia. Su primera gran ola de baños públicos fue en 1872, con mingitorios de madera y chapa en avenidas como la actual Alem, o en plazas como Lorea y Suipacha. Medio siglo después, el Gobierno de la Ciudad promulgó una ordenanza para la construcción de sanitarios subterráneos en espacios verdes. Tenían accesos por escalera parecidos a las bocas de subte, como aún puede verse por ejemplo en Plaza Irlanda, sobre la avenida Gaona.

De esa ciudad con impulso higienista y modernizador se fue pasando a una rezagada tanto en expansión de baños como en su mantenimiento, incluso ruptura de mandatos legislativos mediante. 

Hoy hay baños públicos en estaciones de trenes, terminales de micros, teatros públicos, parques (Saavedra, Centenario, Saint Tropez y nueve más), tramos bajo viaducto como el pasaje Via Viva y poco más. Una parte en condiciones edilicias y de higiene cuestionables, o con horarios limitados. Mientras tanto, el olor a pis se siente cada vez más en la Ciudad, fruto del naturalizado hábito masculino de orinar sobre paredes, árboles y containers de basura.

A nivel mundial, el subte cubre esta necesidad de forma parcial. En Buenos Aires, en sólo un tercio. Según la concesionaria Emova, 31 de las 90 estaciones de subte tienen baño, la mitad de los que había en 2019 en datos brindados por Metrovías. 

Hay algo peor que la falta de un baño público: que haya uno pero esté cerrado. Al menos cinco baños del subte están en reparación. Para los que funcionan, hay que pedir llave al personal de la estación porque “los sanitarios son altamente vandalizados”, remarcan desde Emova.

Mientras tanto, en festivales públicos en la calle sí hay baños en cantidad. ¿Por qué se instalan sólo en eventos y no para la vida diaria? Quizás tenga que ver con el tabú en torno a esta función corporal. O sobre todo con los costos de construcción y mantenimiento, igualmente siempre inferiores al beneficio social que dan. O con la mencionada razón de peligro de vandalismo o de “uso indebido”. 

Pero ningún argumento sería posible sin el hábito estatal de pasar por alto esta necesidad en la planificación urbana. No se trata de negar algo simplemente porque se va a arruinar. En todo caso, podrían implementarse medidas de seguridad y aprender de casos de éxito de otras ciudades y complementar con campañas para fomentar su cuidado.

Sixto Cristiani es consultor en urbanismo y el año pasado analizó cuánto costaría cumplir con la ley 6.107 y qué porcentaje del presupuesto del ministerio implicaría. “Cuando hablamos de baños públicos, estamos reivindicando la ciudad como un lugar para toda la ciudadanía, que no está mediado por el consumo. No tenerlos dificulta el disfrute de la ciudad. Pero lamentablemente este tema no está en el ideario público. La ley no se cumple”, sentencia.

Así es como, en el espacio público, el baño se ve como un extra optativo cuando en realidad debería ser un servicio esencial nacido de una necesidad universal. Es un acto privado e íntimo cuya imposibilidad en buenas condiciones expone a cierta vulnerabilidad.

Esto es aún más grave para las mujeres, que lo usan más seguido, en parte porque desempeñan tareas de cuidado en mayor proporción que los hombres. O para quienes lo requieren por cuestiones médicas como diabetes o trastornos intestinales, de vejiga o de próstata. O para quienes restringen la toma de líquidos para no verse obligados a buscar uno, lo cual en algunos casos puede acarrear problemas de salud. Los turistas también sufren esta ausencia, sobre todo los venidos de ciudades donde abundan los baños de acceso público, como Tokio, París, Madrid, Viena o Berlín.

Somos ciudadanos de segunda cuando no nos queda otra que usar un baño en mal estado, preso de un círculo vicioso de deterioro: más sucio está, menos cuidados recibe y más gente evita apoyarse en su taza, lo que multiplica las salpicaduras. 

Del mismo modo, todos nos alegramos de ver un baño público en buenas condiciones y así lo cuidamos más. Más de uno aceptaría dar plata a cambio de usarlo, aunque el tema del pago sea otro debate. En cualquier caso, hacemos el esfuerzo de recordar dónde queda aquel que encontramos en buen estado. 

La calidad del espacio público también es la de sus baños. Que sigan siendo una cuenta pendiente da cuenta de la degradación generalizada de la experiencia humana en los espacios públicos. La disponibilidad de un baño fuera de casa es lo que hace posible no sólo salir de ella sino también vivir y recorrer la ciudad. Más allá de una razón biológica, es una cuestión de dignidad.

KN/DTC

Empecé la semana viendo un meme que mostraba la mejor pieza de crítica literaria existente: la crítica en cuestión era una reseña de goodreads que le ponía una sola estrella a Orgullo y prejuicio de Jane Austen y escribía, como comentario, “solo un montón de gente yendo a la casa del resto”. Como todos los buenos chistes: es gracioso porque es cierto.

Las novelas de Jane Austen son novelas de matrimonio, y antes de que existieran las citas (antes de que se considerara aceptable para una chica de familia pasar tiempo sola con un muchacho soltero) lo que había para conocerse y enamorarse eran las visitas. Me parece impensable hoy a mí, que no le presento a alguien a mi familia hasta que es estrictamente obligatorio porque me estoy por ir a vivir con él, ese nivel de proximidad entre la familia y el sexo. En algún sentido podría decirse que justamente, mantener al ritual del amor tan inserto en el hogar era una manera de ahuyentar al sexo; pero así y todo la cercanía es innegable. Estoy releyendo Orgullo y prejuicio para un taller y me angustio con el momento en que la madre de las Bennett hace que su hija Jane vaya a visitar a las chicas Bingley a caballo y no en carruaje porque va a llover, y si se larga va a tener quedarse a dormir y así a flirtear con el hermano. Nada me parece más pesadillesco que tener a tú madre así de metida en tu vida sexual, pero así fueron las cosas por muchísimo tiempo. 

Me pongo a pensar en esto cuando me doy cuenta de que hoy tengo amigos cuya casa no conozco, y que no conocen mi casa, gente que puedo considerar bastante amiga realmente, a la que veo seguido e incluso puedo pedirle un favor cada tanto. Más allá del cambio en la moral sexual que hizo posible el paso de las visitas a las citas, es más amplio el fenómeno que hace que la vida social en general, y no solo la sexual y afectiva, empiece a transcurrir en el espacio público. Siento que ese proceso se sigue profundizando, y que se relaciona tanto con cambios en la relación con la intimidad como con transformaciones del hábitat (casas cada vez más chicas) y el consumo.

Cuando era adolescente me iba de un boliche a otro y luego a otro y no solo por las ganas de bailar y vivir, sino para no volver a casa, al lugar donde me sentía vigilada, donde había que ir avisando los movimientos.

Dos recuerdos: el primero, ir a comer afuera con mi familia cuando era chica, una especie de aventura, tan excepcional como un casamiento. El segundo, la vez que me puse a llorar en un colectivo, volviendo con mi mamá del curso de ingreso al ILSE, porque se atrevió a sugerirme que invitara a mis nuevas compañeras a nuestro departamento que quedaba en Once y no tenía jardín ni pileta.

Dos intuiciones: la primera, las filas llenas y las reservas estalladas de los restaurantes hablan más de una generación que hizo cotidiano a lo especial, una generación a la que ya casi no le queda nada que no sea fácil (coger es fácil, drogarse es fácil, salir es fácil: no es ni bueno ni malo, es así) que de una economía pujante que todos sabemos que no tenemos. La segunda: para ir a comer a un restaurante hace falta plata, es cierto, pero hace falta mucha más plata para tener una casa linda que te den ganas de mostrar, sobre todo en las ciudades atestadas y en los sectores medios atrapados entre la hipocresía y la competencia infructuosa. En mi humilde experiencia anecdótica que no representa una data objetiva, la gente fina se junta muchísimo más en casas, igual que la gente de las clases populares. 

Hoy que mi casa es parte del mundo de la espontaneidad me encanta estar ahí.

Y más allá de las causas, me pregunto qué clase de socialidad se hace consecuencia de este mundo de vivir en cajitas de fósforos (en las que nadie quiere poner demasiado dinero porque encima, en general, no son propias) y juntarnos con nuestros amigos y parejas en bares y restaurantes. Por supuesto que me encanta comer afuera, y por supuesto que me encanta la salida de la esfera familiar que eso implica y la posibilidad de conocer gente nueva que una todavía no admitiría en su casa (otro factor, supongo, de las citas y encuentros sociales en lugares públicos: la paranoia de la época). Pienso, también, en que me encanta estar en mi casa porque vivo sola, o en otras palabras: porque elijo con quién vivo.

Cuando era adolescente me iba de un boliche a otro y luego a otro y no solo por las ganas de bailar y vivir, sino para no volver a casa, al lugar donde me sentía vigilada, donde había que ir avisando los movimientos. Hoy que mi casa es parte del mundo de la espontaneidad me encanta estar ahí. Son dos magias distintas, supongo, la magia de los bares y su indeterminación y la de las casas y su intimidad, dos clases de erotismo. Y eso, me encanta el bar, pero algo pasa en los afectos y en el calor cuando una puede compartir con gente en su casa, no solo con mis amigos, también con los extraños. Algo pasa cuando una tiene el privilegio habitacional de poder armar un encuentro que no se organiza en torno del consumo de nada. 

TT 

En los últimos meses, la esfera pública local ha sido escenario de eventos con implicancias disímiles que, sin embargo, han capturado la atención de una parte significativa de la ciudadanía. Desde el estremecedor y lamentable intento de asesinato a la vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta el destrato jactancioso por parte de la propietaria de una camioneta cuatro por cuatro a un encargado de edificio, pasando por la toma de las escuelas públicas en la ciudad, la adhesión de políticos vernáculos a agrupaciones políticas de extrema derecha en Italia, España y Brasil y la represión policial indiscriminada en la provincia de Buenos Aires durante un partido de fútbol al que asistieron familias enteras con menores de edad. A pesar de sus enormes e insoslayables diferencias, todos estos eventos confluyen en un punto. Iluminan, con mayor o menor grado, un trágico y prolongado proceso de abandono de “lo público” por parte de la política democrática.

El régimen político democrático se define por sus elecciones libres y competitivas y ciertas garantías constitucionales básicas. Pero en una mirada más amplia, la democracia como ordenamiento social presupone una concepción específica de “lo público” organizado en base a una ética igualitaria. Es decir, lo público concebido democráticamente refiere a pautas de reciprocidad y respeto que nos identifican más allá de las diferencias de clase, género, e ideologías. Implica, entre otras cosas, la existencia de bienes, servicios, espacios, instituciones, discursos y símbolos atados a la promesa siempre latente de inclusión social. En todas sus encarnaciones, el espacio público es el lugar donde internalizamos un sentimiento y una disposición—el respeto cívico—fundado en la idea de que el ordenamiento político democrático lo construimos y sostenemos entre todos. Desde la escuela, el transporte, la plaza, la calle, la urna e inclusive el lugar de trabajo, la ética democrática requiere un cuidado y respeto entre ciudadanos en virtud de compartir las cargas y beneficios sociales, los derechos y las obligaciones que sostienen nuestra sociedad.

La interacción democrática presupone virtudes cívicas que no se despliegan necesariamente en otros regímenes políticos. Por ejemplo, pensadores como Burke y Tocqueville observaron, con distintas luces, que las virtudes aristocráticas son diferentes e incompatibles con las de una democracia. Ciertamente, “nobleza obliga” no es el principio ético rector en una comunidad política de iguales. Las expectativas tácitas de respeto conciudadano democrático no derivan ni del paternalismo, ni de la indiferencia, ni de la caridad de clase, mucho menos del odio o el resentimiento. Por el contrario, la esfera pública democrática es el ámbito cotidiano de la socialización de la igualdad política. En este sentido, lo público no es solamente un espacio común transitable por todos. La construcción democrática refiere a sentidos colectivos y compartidos, a una ética del cuidado, que presupone una causa y un proyecto común. Es una forma de experiencia colectiva que define nuestra subjetividad política. Dicho de otro modo, en democracia, lo público establece fronteras colectivas a nuestra individualidad ciudadana.

Como tal, el espacio público es el marco para dirimir desacuerdos acerca de qué bienes públicos queremos proveer como sociedad y así delimitar, moral y simbólicamente, la estima recíproca entre ciudadanos. Para ello, la política se organiza a través de sus líderes, partidos, y agrupaciones para que esos debates—siempre álgidos e inerradicables—se den dentro de parámetros de respeto que consagren el ideal igualitario. Sin embargo, hace años que la política argentina, cansina, desgastada, descreída y carente de un proyecto común, ha perdido eficacia en instalar pautas democráticas para dirimir diferencias. Cada vez más, asistimos al abandono de lo público por parte de la política democrática que, gradualmente, ha sido incapaz de proveer bienes públicos fundamentales o articular un discurso que nos incluya en la diferencia. Con la política democrática en retirada, asistimos, lamentablemente, a la anarquía de lo público.

¿Qué sucede cuando “lo público” no es organizado democráticamente? Como los memes de la pandemia que mostraban manadas de animales apropiándose de los espacios urbanos despojados de un orden que les impidiera ingresar, la esfera pública hoy ha sido progresivamente intervenida por actores con inclinaciones y prácticas autoritarias. Miramos atónitos como un grupo de jóvenes sin claridad ideológica, motivados por un resentimiento sin rumbo ni destino, toman la arena pública para asesinar a una vice-presidenta democrática; o cómo una mujer, recostada en su cuatro por cuatro, se ufanó menospreciando a un trabajador en la vía pública; o las estridencias e insultos de Milei destruyendo las pautas mínimas de decencia cívica; o el Estado, que en lugar de imponerse a través de la educación, se impone con su fuerza represiva en un espectáculo familiar. A pesar de sus marcadas diferencias, cada una de estas instancias nos impacta no sólo por los gritos o el maltrato o el descuido o el sonido del tiro que nunca salió, sino porque dejan al desnudo la retirada democrática del espacio público.

La democracia no se hace entre extraños que nunca interactuaron en escuelas, barrios, marchas, o espectáculos callejeros. Sin embargo, cada vez más la opción de “exit” del espacio público es la estrategia predominante. Nos recluimos y amparamos en ghettos de consumo, barrios, viajes, educación, cultura, y acceso a servicios básicos como la salud y la seguridad. Abandonamos de distintas formas aquello que nos une—y que es imprescindible para mantenernos unidos. La utopía libertaria consiste precisamente en privatizar lo público para que emerja espontáneamente un orden social de cooperación entre individuos egoístas motivados por sus propios intereses. Pero en lugar de la magia que transforma ese vicio individual en virtudes públicas, el abandono democrático ha dejado atrás una estela nihilista de jóvenes reactivos que irrumpen en un escenario público anárquico. Una generación que toma por asalto la vida pública—los escombros democráticos de los comunes—que nosotros no supimos cuidar debidamente.

La apropiación de lo público con fines privados y sectarios no consiste sólo en la malversación de fondos públicos. Es también el uso indebido de lo público con fines facciosos—nuestros discursos, instituciones, e ideales puestos al servicio de un proyecto de poder individual. El uso y abuso de instituciones y símbolos pilares de nuestro régimen político como la calle, la desobediencia civil, o la Casa Rosada pierden su sentido democrático cuando se utilizan con fines sectarios y personales. Maquiavelo lo denomina, corrupción, es decir, la política como instrumento de la ambición personal. Llamativamente, tanto las propuestas reaccionarias y libertarias como la política democrática a la deriva y degradada convergen en un punto: son dos formas de privatización de lo público.

En estas últimas semanas, se ha debatido con fervor la película, “Argentina, 1985”, que relata el extraordinario y ejemplar juicio a los dictadores de las juntas militares. El contraste fue notorio. La emoción vertida en el espacio público sin los condicionantes reductivistas de la grieta nos unió una vez más en aquellas disposiciones democráticas que no debiéramos descuidar. Alfonsín logró instalar la idea de que en democracia no sólo se vota sino que se habita lo público de una manera distintiva que se cuida entre todos. Y el peronismo, por su parte, ha dejado un legado de formación de identidades colectivas en el espacio público inmensamente valioso. Pero hace tiempo—con sus vaivenes y momentos de conquista—esa manera de entender lo público se ha ido desgarrando.

CC

El Silicon Valley porteño. Así, revestido del halo tech de California, se presentó el proyecto del Gobierno de la Ciudad para vender 12 hectáreas de tierras públicas en las que funcionaba el Tiro Federal, en Nuñez, y construir en el lugar el “Parque de la Innovación”. La primera subasta se realizó en 2018, pero las ventas recién tomaron velocidad en 2022 y particularmente en los últimos dos meses. 

Hasta la última subasta, realizada el 22 de septiembre pasado, se recaudaron casi US$124 millones, según datos del Banco Ciudad a los que accedió elDiarioAR. El nivel de avance indica que el proyecto está casi redondeado, al menos a nivel de planificación; sobre la tierra, de las más valiosas de la ciudad, por ahora hay solo algunas nuevas calles abiertas, el terreno rastrillado y los hierros de los primeros cimientos. El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta apunta a inaugurar las áreas públicas antes de febrero. 

La lista de nuevos propietarios, registro en el que trabajó el Observatorio del Derecho a la Ciudad a partir de documentos oficiales, amenaza con disolver el encanto prometido de Silicon Valley. Por fuera de algunas universidades y de un centro médico, en el proyecto priman las grandes desarrolladoras, que ya tienen sus planos para construir oficinas de coworking, viviendas, comercios, un hotel. Y las personas detrás de las empresas son, también, viejos conocidos: la familia Werthein, Nicolás Caputo, un arrepentido de la causa Cuadernos –Benjamín Gabriel Romero– que admitió haber pagado coimas para mantener contratos con el Estado. 

La mayoría de los lotes fueron subastados al precio base o apenas por encima. Según la investigación del Observatorio de la Ciudad, en agosto la institución médica Eneri, del médico Pedro Lylyk, adquirió un terreno de 1.245,21 m2 por un valor US$38 superior al establecido como base. 

Las operaciones, que se realizan mediante el Banco Ciudad, se pagan en pesos a la cotización del dólar oficial y, según aseguran en el Observatorio de la Ciudad, los inversores tienen también el beneficio del “pago en cuotas, un beneficio con el que no cuenta ninguna familia de la ciudad para acceder a la vivienda”.  “No se paga en cuotas”, replicó una fuente del Gobierno de la Ciudad. “Lo que hay es un proceso habitual que implica distintos estadios y primero se paga un adelanto, pero para construir y tener dominio hay que tener saldado el 100%”. Además, detalló que la valuación la hace el Banco Ciudad y que se paga a la cotización del dólar oficial “porque es la única que existe: el resto es ilegal”. 

“Las tres subastas de septiembre fueron todas para desarrolladoras inmobiliarias que destinarán los inmuebles a lo sumo para coworking, una situación muy alejada al marketing del polo de innovación. De los 19 predios subastados, 12 se lo quedaron desarrolladores inmobiliarios”, sumó Jonatan Baldiviezo, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad y del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. 

Fuentes del Gobierno de la ciudad señalaron que “la idea es que sea un barrio”, con todo lo que eso implica, pero con un piso mínimo de “usos destinados a la innovación”. Esos usos conforman una lista larguísima e incluyen, por ejemplo, las oficinas de coworking y también espacios de coliving; viviendas con espacios de uso compartido para estudiantes y público en general. 

“Para que sea un parque de innovación y pasen ahí las cosas que uno quiere que pasen, se necesita facilitar ciertos usos e incorporar ciertos actores. Uno lo ve también en las series o en otros lugares como Silicon Valley: tiene que haber, por ejemplo, un bar donde un investigador cuente una idea y donde esté también el inversor; espacios donde se dé el intercambio y la vinculación”. 

Las ventas comenzaron en noviembre de 2018, con un lote inmenso, de casi 16.000 m2, sobre la Avenida del Libertador que compró el grupo Werthein junto al Fideicomiso Buenos Aires Landmark. Pagaron US$151,5 millones por un terreno en el que podrán construir cinco torres de hasta 100 metros de altura destinadas a viviendas, oficinas, comercios y hasta un hotel. Luego se sumaron los siguientes compradores, en orden cronológico:

-El Grupo Sancor pagó US$11,9 millones, el precio base de la subasta, por un terreno rectangular de 1.800 m² que destinará a espacios de coworking. También adquirió un terreno Prevención ART S.A, empresa que es controlada por Sancor Seguros. En este caso, fue de 778 m2, por los que desembolsaron US$7,7 millones.  

-Angostura Inversiones S.A. adquirió dos parcelas de 401,6 m2: una en julio de 2021 –pagó US$3,1 millones, el precio base de la subasta– y otra en septiembre de ese mismo año –pagó US$3,6 millones–. Es una empresa inmobiliaria de Villa La Angostura que pertenece a Gabriel Wagmeister.

-El Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), centro universitario privado donde se forman profesionales en ingeniería, negocios y tecnología, compró dos de los terrenos del ex Tiro Federal. Uno de ellos de casi 3.200 m2, dado que incluye dos parcelas. Pagó US$16,6 millones por ese terreno y US$8,3 por otro de casi 1.700 m2

-La Universidad Torcuato Di Tella, que tiene su edificio a pocos metros del predio compró una parcela de 1.800 m2 a US$10 millones, el precio base de la subasta. La parcela contigua también fue vendida, pero la identidad del comprador permanece oculta.

-En marzo de 2022 ganó una subasta GMRA SA, una empresa del Grupo Mirgor, fundada por Nicolás Caputo, socio y amigo del expresidente Mauricio Macri. Adquirió 402 m2 por US$5,7 millones.

-La parcela contigua y gemela a la de Caputo la compró en el mismo mes El Nuevo Aromo S.A, compañía que pertenece a los empresarios Isaac Salvador Kiperszmid y Ángel Oscar Lombo. La venta se cerró por el valor de US$5,3 millones, por debajo del precio que pagó su vecino.

-Corporación Global Constructora adquirió en marzo de este año, al precio base de la subasta, dos parcelas de 433 m2 cada una por las que pagó US$9,1 millones en total. Esta empresa es liderada por Gustavo Menayed, quién también es CEO del grupo Portland y, según aportó Jonatan Baldiviezo, tiene dos emprendimientos frenados en la Justicia por tener permisos ilegales. Menayed fue uno de los aportantes en la campaña de Cambiemos en 2017.

-ILVA S.A, empresa que se dedica a la fabricación de revestimientos cerámicos y materiales de construcción, compró en abril de 2022 un terreno de 388 m2 por US$3,3 millones. En mayo se subastó una parcela vecina a esa pero mucho más grande y, dado que no se presentaron interesados, fue declarada desierta.

-Para cumplir con los objetivos de usos, al proyecto le faltaba presencia de alguna entidad destinada a la salud. El 24 de agosto pasado la institución ENERI (Equipo de Neurocirugía Endovascular Radiología Intervencionista) compró 1.245 m2 por US$8,8 millones. La entidad es presidida por Pedro Lylyk, que es un médico neurocirujano y además cónsul honorario de Ucrania en la Argentina.

-En las licitaciones de septiembre pasado aparece Samprad S.A, una constructora familiar que se quedó con un terreno de 402 m2 por el que pagó US$3,9 millones. Pertenece al Estudio Slemenson, una desarrolladora que se dedica a los edificios de viviendas y tiene algunas torres de oficinas construidas

-El 13 de septiembre compró un lote idéntico al anterior (402 m2), por un precio superior (US$4,5 millones) Urbanar S.A, desarrolladora y constructora de emprendimientos inmobiliarios. Esa firma es propiedad, a su vez, del grupo J. Grosso S.A, que tiene proyectos activos en todo el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires. 

-La última subasta la ganó Milamax Emprendimientos, que pujó por este terreno contra IRSA, la gran dueña de los shoppings porteños, propiedad de Eduardo Elsztain. Milamax Emprendimientos se quedó con uno de los terrenos más grandes, por el que pagó US$18,9 millones, 12% por encima de valor base. 

Detrás de Milamax Emprendimientos está Benjamín Gabriel Romero, ex líder del Grupo Emepa que, junto a la belga Jan de Nul, hasta hace poco tenía a su cargo la hidrovía del río Paraná. Si bien es cultor de un muy bajo perfil, el empresario tomó relevancia en el marco de la causa de los Cuadernos, cuando declaró como arrepentido. Romero confesó haber pagado US$600.000 con el fin de conservar el control de la hidrovía por 10 años y también haber pagado retornos de los subsidios que recibía el ferrocarril Belgrano Norte, bajo su concesión. La parcela es de “uso libre”, por lo que la empresa puede utilizarlo para cualquier emprendimiento inmobiliario. 

DT

La Plaza Malaver, delimitada por las calles Girardot, Heredia, Montenegro y Estomba, es uno de los dos espacios verdes que tiene el barrio porteño de Villa Ortúzar. A la salida del colegio algunos chicos aprovechan la cancha de fútbol, mientras otros vecinos disfrutan de la huerta con forma de corazón y de los banquitos con mesas a la sombra. 

Sin embargo, la Malaver tiene una particularidad. En dos de sus esquinas, dentro de la plaza, hay casas. Algunas pertenecen a privados y otras son propiedad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que en 1939 cuando fue creada, la entonces Municipalidad compró distintos lotes e intentó hacer una plaza de una hectárea como la mayoría, pero no se logró y quedaron propiedades “salpicadas”. 

Hace tres semanas, los vecinos de Ortúzar, un barrio caracterizado por sus casas bajas y calles tranquilas, amanecieron con una devastadora sorpresa. Una de las casonas dentro de la plaza que pertenecía a un privado fue vendida a un fideicomiso para edificar una torre de hasta 25 metros. Su demolición fue inminente. Ahora el inmueble se convirtió en escombros tapiados y ya no hay vuelta atrás. 

“Para nosotros es una tragedia. No queremos ni una torre en la plaza, ni un restaurant. Queremos más espacios verdes”, manifestó Paula, dueña de otra de las casas de la esquina y representante de los vecinos, en diálogo con El DiarioAR.

La Plaza Malaver está muy viva y esto es realmente apuñalarla, cortarla y destruirla”, expresó con preocupación.

La empresa que compró el terreno promete construir una “torre sustentable”. “La llaman de cinco pisos, pero no cuentan la planta baja ni sus dos retiros, con lo cual calculamos que va a tener entre ocho y nueve pisos con 30 departamentos. Por más verde que sea un edificio, al ponerlo en una plaza va a sacar luz y afectar la flora y la fauna que tenemos ahí. Van a tener que cortar árboles y tenemos un montón de plantas nativas, una huerta y vienen abejas. La Plaza Malaver está muy viva y esto es realmente apuñalarla, cortarla y destruirla”, expresó con preocupación. 

Por eso, los vecinos se unieron en el grupo “Somos la Malaver” bajo el lema #NoALasTorres y le proponen un plan al Gobierno de la Ciudad. “La casa ya se perdió, ese patrimonio histórico, cultural y visual no existe más. Ahora queremos que el Gobierno, que tanto quiere aumentar la cantidad de metros cuadrados verdes por habitantes y que está muy por debajo de lo recomendado por la OMS, compre esos 190 metros cuadrados al fideicomiso y extienda la plaza”, aseguró Paula y agregó: “Sería sacar el tapiado que hay ahora sobre la casa, trabajar un poco la tierra y ganar casi 200 metros de espacio verde. Algo bastante único porque no se presenta esta oportunidad todos los días”. 

El objetivo de los vecinos es iniciar acciones legales para que este caso genere conciencia sobre lo que está pasando en Ortúzar. Según un relevamiento que hicieron, hay más de 150 propiedades o en construcción de edificios o casas en venta para hacer edificios. “Nos interesa conservar la identidad del barrio. Queremos que siga siendo un barrio de casas bajas, que genera menos agobio que un barrio lleno de edificios”, concluyó.

SC

“El plan de las dos torres fue de mi socio, que en paz descanse, su cerebro tan lleno de ideas brillantes”, rememora el Señor Tamerlan, a propósito de su mega-proyecto inmobiliario al sur de la Reserva Ecológica. El villano de la novela Las Islas, de Carlos Gamerro, tenía entre manos una mega urbanización de Costanera Sur. La ficción parece haberse hecho realidad: con los votos en soledad del oficialismo porteño, la semana pasada se habilitó una vez más la posibilidad de construir en un gran espacio verde, de los que no sobran, un proyecto inmobiliario al estilo Puerto Madero.

Esto es una muestra de la mirada que tiene el gobierno local sobre la ciudad que debemos tener en 20 años. Buenos Aires es una ciudad que tiene todo para ser distinta, pero en la ciudad es difícil ser, estar. Cuesta tener tu espacio privado, tu vivienda, sea alquilando o comprando. Cuesta trasladarse y cuesta disfrutar del espacio público. En la ciudad necesitamos la creación de espacios verdes: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre 10 y 15 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, y actualmente sólo hay 5.

Seguramente se dirá que el proyecto justamente habilita un gran parque público. Lo que no se está contando es que esa es solo una pequeña limosna que se nos dará a los porteños a cambio de un magnífico proyecto de inversión. Gracias a una extensa investigación de Fernando Bercovich, se puede rastrear la historia de este predio, que incluye a un excéntrico presidente de Boca Juniors, dos grupos empresarios y 60 años de vida política de la ciudad. Para no ahondar en datos, mediante sucesivas concesiones de los diferentes gobiernos se pasó de un proyecto que incluía una villa olímpica, estadios y parques públicos al mencionado proyecto premium y una valorización de la tierra de 20 a 1.600 millones de dólares. Cabe recordar que esta valorización queda en manos privadas a partir de decisiones públicas.

Además, es necesario que nos cuestionemos cuál es el sentido de ceder una porción tan importante de ese gran espacio a un destino habitacional. La realidad indica que estos proyectos terminan funcionando como una reserva de valor financiero, ya que una gran parte de esas viviendas nunca se ocupan. En una ciudad que tiene la misma población que en 1947, el 25% de las viviendas se encuentran deshabitadas. Mientras esta ociosidad crece, la mitad de los porteños aún no contamos, a veces ni podemos soñar, con el proyecto de la casa propia. Un ejemplo más de un Estado ineficiente y sin una mirada estratégica que articule derechos y prosperidad.

Los porteños tenemos muy en claro que nos hacen falta más espacios verdes, pero los grandes bloques de la política no responden a ello. En este caso, el proyecto fue aprobado por legisladores del PRO, radicales y de la Coalición Cívica y socialistas. Resulta urgente que los legisladores socialistas revean la posición para la segunda votación que necesita el proyecto. Justamente es el Partido Socialista el que demostró que se puede articular un proyecto político que garantice el goce del espacio público: basta ir a Rosario para poder entender lo que significa una ciudad que está de cara, y no de espaldas, al río; que ha instalado parques, espacios de recreación, movida cultural y polos gastronómicos. No se trata de conceptos abstractos ni de una visión naif reacia a la inversión privada: es posible vivir mejor. 

Pero el problema político es más extenso: la falta de voluntad en los grandes bloques parlamentarios de la ciudad para avanzar en un sentido más promisorio alcanza también a la gran mayoría del Frente de Todos, que acompañó proyectos de similares características y ha actuado como contraparte desde los organismos nacionales que conduce, como en los casos del Paseo de la Infanta en Palermo o en el Playón de Colegiales.

El Gobierno de la Ciudad no se puede hacer el distraído, tras la excusa de que se trata de un predio que ya está en manos privadas: el ordenamiento de la Ciudad es una potestad del Estado e incluye discutir los destinos de la tierra tanto pública y privada. En definitiva, se trata de construir proyectos urbanos que articulen al sector privado con la necesidad de los comunes: vivir en una ciudad donde sea posible acceder al espacio privado y disfrutar del espacio público. 

MD

Nivel principiante y nivel avanzado de funcional. Zumba. Yoga. Taekwondo. Taller de abdominales. No es la oferta de una cadena de gimnasios, sino la superposición de clases que se apilan en una plaza de Villa Crespo los días de semana hacia las seis de la tarde. La cuarentena más estricta, entre muchas otras actividades, cerró los centros en los que se hacía actividad física hasta el 20 de marzo del año pasado. El aire libre, donde el CoVid-19 se transmite menos, se volvió más protagonista que antes. Y la suma de esas partes, junto a la necesidad de los trabajadores de los gimnasios de que sus ingresos no quedaran tan mermados, multiplicó la oferta de actividades privadas -clases y entrenamientos personalizados- en el espacio público.

Ir bien temprano a la mañana o a la hora de la tarde en la que que el sol ya no castiga tanto a una plaza puede equivaler a tener que buscar un rincón que no esté siendo explotado económicamente para hacer uso de un espacio al que todos tienen derecho. En los hechos, se privatiza por algunas horas el espacio público. Sin control.

“Nadie me pidió ningún permiso, el placero sólo me dijo que no colgara ninguno de los elementos de entrenamiento de los árboles”, dice Guillermo, que da clases de funcional todos los días en un plaza de Villa Urquiza. Ofrece tres turnos a la mañana, entre las 8 y las 11, y tres a la tarde, de 6 a 9. “Les cobro 3.500 pesos mensuales por tres clases semanales, y armo grupos de no más de 8 personas”, explica, desde uno de los sectores con más sombra de la plaza.

Cerca suyo, Mariana tiene desplegadas las tres colchonetas que trae para sus alumnas. “Doy clases de funcional y algo más localizado. Y a la tarde me piden Zumba. A la mañana vengo en dos turnos y a la tarde, lo mismo. Cobro entre 200 y 250 pesos por persona, según las posibilidades”, cuenta, también a la sombra. “Nadie pidió permiso, si no ya se me complicaría”, explica, en voz más baja.

Ante la consulta de elDiarioAR respecto de si está relevado el aumento del uso privado de los espacios públicos por la pandemia, fuentes de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad responden: “Los relevamientos nos muestran que hay una nueva vida al aire libre y un mayor uso de los espacios verdes de la Ciudad”. Sobre si está previsto controlar o incluso regular económicamente la actividad, esas mismas fuentes sostienen: “Estamos diseñando un registro para identificar todas las actividades que se desarrollan en el espacio público con el objetivo de mantenerlo ordenado”. No hay precisiones sobre cuándo empezaría a funcionar ese registro ni qué consecuencias implicaría.

“La OMS recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que estén situados a no más de 15 minutos de caminata del domicilio. En la Ciudad se informa alrededor de 6 metros cuadrados por habitante, contando la Reserva Ecológica de Costanera Sur, a la que no todos tienen un acceso sencillo. También se cuentan los canteros de las avenidas, que no son espacios verdes utilizables por la población. Tenemos, entonces, menos de 6 metros cuadrados de espacios verdes propiamente dichos”, describe María Angélica Di Giacomo, titular de la organización civil Basta de Mutilar Nuestros Árboles. Efectivamente, según la Dirección General de Estadística y Censos del gobierno porteño, en el último registro disponible, de 2018, se estimaban 6,09 metros cuadrados de espacio verde por habitante.

La OMS recomienda un mínimo de 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante, y que estén situados a no más de 15 minutos de caminata del domicilio. En la Ciudad se informa alrededor de 6 metros cuadrados por habitante

María Angélica Di Giacomo — Titular de Basta de Mutilar Nuestros Árboles

“Debido a la pandemia quedó demostrado que los espacios verdes disponibles son totalmente insuficientes. Si a eso sumamos que se usan para clases de gimnasia y baile, nos queda muy poco espacio para disfrutar de la paz y el silencio del ambiente natural. Además, si alguien usa el espacio público para vender su mercadería muchas veces es tratado violentamente por la Policía. En esta diferenciación hay una evidente injusticia: ¿por qué algunos sí y otros no?”, suma Di Giacomo.

Romina vive con sus tres hijos y su mamá en Saavedra. “El departamento es chiquito y con los nenes sin escuela la plaza es el lugar ideal para que se muevan y también de encuentro con sus pares. Pero a medida que fueron pasando los meses cada vez se instalaron más clases de gimnasia y se fue achicando el espacio y el tiempo que en el que podemos estar en la plaza. Se instalan en los horarios de más sombra, ponen música fuerte, tienen cada vez más alumnos y se quedan por más horas. Entiendo que los profesores tienen que laburar pero parece que para venir a la plaza hay que tener plata”, describe.

Se instalan en los horarios de más sombra, ponen música fuerte, tienen cada vez más alumnos y se quedan por más horas. Entiendo que los profesores tienen que laburar pero parece que para venir a la plaza hay que tener plata

Romina - Vecina de Saavedra

Jonatan Baldiviezo preside el Observatorio del Derecho a la Ciudad, otra organización civil porteña. “La pandemia y las medidas sanitarias adoptadas, primero ASPO y luego DISPO, generaron cambios en el uso del espacio público y de los espacios verdes públicos. Ha quedado en evidencia la escasez de espacios verdes con relación a las necesidades de la comunidad porteña. Notamos que el incremento exponencial de actividades rentadas como clases de gimnasia o deporte en los espacios verdes públicos es una de las novedades con relación al uso del espacio público. Estas clases, por la frecuencia y el uso de los mismos sectores de los espacios verdes en cada clase, pueden considerarse un sobreuso que tiende a excluir el uso común sobre dichos espacios, acercándose a un uso privativo informal no regulado y no fundado en ningún derecho que autorice el uso exclusivo y excluyente de dicho espacio”, describe.  

“Hay sectores que impulsan una regulación clásica de estas actividades, con la apertura de un registro, el cobro de una tarifa a quienes dan las clases con el correspondiente permiso para hacer uso del espacio público. Consideramos que esta respuesta orientará la solución hacia la privatización formal de los espacios públicos para estas clases rentadas que es el camino que no se debe recorrer en la ciudad. En los espacios comunes, cuando se autoriza la privatización segmentada es el inicio de un camino donde lo privado termina comiéndose lo común. Lo ideal sería establecer en qué plazas o parques se encontraría autorizada estas actividades rentadas, en qué horarios, la cantidad de personas por clases, la cantidad de clases por espacios verdes. La solución de fondo, inmediata y a largo plazo tiene que ser un plan serio de incorporación de espacios verdes en la ciudad”, destaca Baldiviezo.

“Me da bronca porque la plaza es para todos pero resulta que cada vez la usan más los que pueden pagar una clase. Yo vengo a la tarde a estudiar y suele haber gente mayor, y me fui dando cuenta de que se alejan de los grupos donde están las clases porque pasan música fuerte y o les molesta o directamente les impide hablar entre ellos. Y hay gente que viene menos o directamente deja de venir. Conozco a varias jubiladas que se juntaban y dejaron de hacerlo porque se sintieron invadidas. Y por ahí para un jubilado la plaza es el paseo que puede conseguir. Es totalmente injusto”, reflexiona Fernando, que vive en Boedo y tiene 23 años.

Ante la consulta de este diario sobre cuál es el impacto del uso privado de los espacios verdes públicos en detrimento del uso que podrían darle las personas que no quieren o no pueden pagar por usar una plaza, las fuentes de la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal responden: “El espacio público es un lugar de libre acceso y uso colectivo. Toda persona que desee utilizarlo puede hacerlo sin impedimentos, por eso estamos analizando diferentes alternativas para las actividades que se desarrollan en los espacios verdes de la Ciudad”. Sin precisiones sobre esas alternativas.

JR