Eran exactamente las 4.58 de la madrugada cuando la agencia de noticias Europa Press enviaba un teletipo con nueve palabras que significaban solo una cosa: “franco ha muerto. franco ha muerto. franco ha muerto”. La misma frase repetida por triplicado llegó a todas las redacciones antes de que la dictadura pudiera controlar el tiempo entre el fallecimiento real de Franco y la comunicación oficial. Mientras en las emisoras se escuchaba música clásica, la primicia esquivaba el meticuloso plan que había preparado el régimen para uno de los momentos más críticos de la historia de España. El certificado de defunción del dictador hizo constar las 5.25 como la hora del deceso.

Pasaron 50 años de aquel 20 de noviembre de 1975 en el que España comenzó a asomarse al final del franquismo. Medio siglo en el que las políticas de memoria y la condena de la dictadura conviven con los mitos que la propaganda del régimen edificó sobre sí mismo, un franquismo sociológico que no desapareció y el auge de un discurso que reivindica su legado y se coló en el Congreso, los medios y las redes sociales.

“Franco no es pasado, es presente, porque a través de la memoria del franquismo se está alimentando la geografía política actual”, introduce el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Barcelona Andreu Mayayo, que apunta a cómo España llega al 50 aniversario de la muerte de Franco con “un problema de fondo” que tiene que ver con la falta de “relato compartido que tenga claro que la dictadura fue una dictadura y que nuestra democracia no puede ser hija de ella”.

Es un marco político arrastrado desde el final del franquismo, con un Partido Popular –heredero de la antigua Alianza Popular, liderada por funcionarios del régimen– que se resistió históricamente a condenarlo sin ambages. A ello se sumó el auge de la extrema derecha en los últimos años, altavoz de un revisionismo histórico que niega el golpe de Estado de 1936 y que es reivindicado por sus líderes. Vox es el partido que celebra en el Congreso que los jóvenes “están descubriendo” que el franquismo “no fue una etapa oscura, sino de reconstrucción, progreso y reconciliación”, el que felicita el Día de la Victoria al más puro estilo franquista y el que califica al Gobierno de Pedro Sánchez como “el peor” de “los últimos 80 años”. Y el PP es la formación que pacta con la extrema derecha para plasmar el relato negacionista en la derogación de leyes autonómicas de memoria.

La calle no es ajena a esta ola. Aunque más de la mitad de la población (un 65%) valora de forma negativa la dictadura franquista, un 21% considera que fueron años “buenos” o “muy buenos”, según el barómetro del CIS del pasado octubre. Las respuestas varían de forma drástica en función del voto: en el electorado de Vox y el PP son más quienes piensan esto que quienes aseguran que fueron años “malos” o “muy malos”. Hasta un 62% en el caso de Vox y un 42% entre los populares estiman buena la dictadura. La cifra cae en picado entre los votantes del PSOE (7%) y Sumar (2%).

La percepción cambió en los últimos años. Aunque es difícil comparar datos debido a la diferencia de series, la última vez que el CIS preguntó por Franco a los españoles fue en el año 2000 y entonces un 10% de la población afirmó que fue la suya una etapa positiva, 11 puntos menos que a día de hoy. Al mismo tiempo, eran menos que ahora quienes sostenían que fueron años negativos mientras que casi la mitad consideraban que fue una época que tuvo “cosas buenas y malas”.

No solo pasado

La politóloga Anna López Ortega, autora de La extrema derecha en Europa, se resiste a hablar de retroceso “en sentido estricto” y afirma que el fenómeno “es el resultado de varios procesos que convergen al mismo tiempo”. Por un lado, “existe una reacción organizada ante los avances” de los últimos años en este tema –desde la exhumación de Franco de Cuelgamuros a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática– y, por otro, asistimos a una “normalización del revisionismo” de la dictadura que hace dos décadas no ocupaba el centro. “Entonces resultaba socialmente incómodo elogiar el franquismo y ahora ya no, es un discurso que ha pasado de los márgenes al mainstream”, añade.

La experta pone el foco en “la ofensiva política y cultural de la extrema derecha” desde la que “se difunden relatos” que presentan la dictadura “como una supuesta solución a los problemas que la democracia no resuelve” y como un periodo que representa el “orden o estabilidad” supuestamente deseables. Es decir, no es solo una mirada al pasado, sino un recurso que conecta con algunas personas, resume la politóloga: “No asistimos simplemente a una deriva nostálgica. La diferencia es que ahora el franquismo no solo se reivindica como franquismo, sino como símbolo de una agenda política actual. No es solo pasado: se utiliza para legitimar el presente”.

Por eso, en ese 20% de población que ensalzan los años del régimen los expertos engloban a perfiles que van más allá de los franquistas tradicionales que no han dejado nunca de serlo y que se manifiestan cada 20N para reivindicar a Franco. A ello se suman también “ciudadanos descontentos” que “idealizan el pasado”, votantes “movilizados por discursos” anti Pedro Sánchez entre los que el franquismo es más “un arma cultural que un análisis histórico” y, por último, jóvenes que no vivieron la dictadura pero la elogian.

De hecho, el 19% de quienes tienen entre 18 y 24 años respondieron al CIS hace un mes que fueron años “buenos” o “muy buenos”. Es la franja de edad en la que más gente comparte esta opinión por debajo de los 44 años. A partir de ahí, los porcentajes se van superando hasta alcanzar el 25,8% de entre los más mayores. Es decir, una de cada cuatro personas que tienen 75 años o más valora positivamente la dictadura. Con todo, junto a la adhesión política y la edad, la variable género es determinante: son los hombres los que despuntan en la opinión favorable al franquismo: un 28% de ellos así lo afirma. Entre las mujeres el porcentaje es del 16%.

López Ortega ahonda en los factores que explican que una parte de la generación que nació ya con el matrimonio igualitario o el aborto libre aprobados responda favorablemente cuando se le pregunta por la dictadura. En la práctica, lo que existe es un discurso que se filtra en redes sociales y en los parlamentos que “puede llegar a conectar” con los malestares juveniles, con la sensación de crisis o la escasez de expectativas ante el futuro, resume la experta. “Los contenidos que presentan el franquismo como un periodo sin caos ni inseguridad ofrecen respuestas rápidas a frustraciones reales. No es que los jóvenes se estén volviendo franquistas en sentido estricto, sino que se ha erosionado la idea de que la dictadura fue inaceptable por definición y estos relatos buscan canalizar por ahí los malestares actuales”.

El fenómeno no es exclusivo de la población joven y, de hecho, conecta con otro dato reciente del CIS que demuestra el momento de “creciente pulsión autoritaria” que vive la sociedad española, en palabras del director de investigación de opinión pública de Ipsos España, Paco Camas. Aunque una inmensa mayoría de la población considera el sistema democrático como el preferible (un 81%), la gráfica dibuja un ligero descenso de esta opción desde 2017 y una escalada de quienes apuestan por un gobierno autoritario “en algunas circunstancias”, que ha subido tres puntos, hasta el 8%.

Camas explica lo que hay tras las cifras: “El descontento de la crisis de 2008 se canalizó por la izquierda, pero ahora mismo está virando hacia la derecha y la ultraderecha. Cuando hay una situación de pesimismo fuerte, el repliegue de la sociedad es hacia la seguridad, el orden y mirar hacia atrás. En el momento en que tienes un partido que defiende estos posicionamientos, como Vox, el relato tiene recorrido porque tienes una población dispuesta a escuchar”.

Es ahí donde la memoria franquista y el clásico 'con Franco se vivía mejor' está cumpliendo su papel, según las voces expertas. Andreu Mayayo pone el foco en la visión sesgada transmitida sobre la dictadura, que tiende a hacer hincapié en el desarrollismo de las dos últimas décadas a pesar de la represión, la falta de libertades y las falsas creencias sobre esta etapa. “Hasta ahora, en la Universidad teníamos más fácil explicar el paso a la democracia porque partías de la premisa de que la dictadura era un lugar oscuro y la democracia el sol del futuro, pero ahora hay mucha gente que cree que no le está solucionando los problemas y es donde entra esto de 'vale, fue una dictadura, pero Franco nos dio pan, trabajo... Igual no estábamos tan mal'”, reflexiona.

El caldo de cultivo

La historiadora Carme Molinero identifica como el caldo de cultivo perfecto una “banalización en auge” de lo que supuso la dictadura y un resurgimiento de los mitos que nunca llegaron a irse. Entre ellos, destacan los económicos o los que tienen que ver con la política hidráulica, de vivienda o la llegada de la Seguridad Social, cuestiones sobre las que “el régimen franquista hizo una memoria muy activa durante toda su existencia”. “Una parte del discurso de legitimación estuvo vinculado al crecimiento económico como si hubiera sido provocado por el régimen, cuando lo que hizo fue no obstaculizar una tendencia al alza que se daba en todo el mundo. Más de la mitad del franquismo fue una época de miseria y retroceso respecto a la situación antes de la Guerra Civil”.

Pero, además, los historiadores llevan años demostrando lo que supuso el régimen en términos de derechos, libertades y represión, cárcel, muerte y exilio. Aún hoy, miles de personas buscan a sus familiares desaparecidos enterrados en fosas comunes. Son realidades que las tesis ultras pasan por alto o tergiversan y que en los centros educativos no se explican en profundidad, según varios estudios recientes. Algo que impacta directamente en cómo la juventud mira el pasado y que se suma a “la distancia” con la que lo percibe. “No han experimentado la ausencia real de derechos y libertades, incluida la de expresión, por lo que el franquismo se dibuja como un episodio remoto, casi abstracto, sobre el que resulta más fácil construir mitologías”, analiza López Ortega.

Mercedes Yusta, profesora de Historia Contemporánea de España en la Universidad París 8, identifica un “fallo en la transmisión a la sociedad” de lo que implicó la dictadura, que empezó a ponerse en primer plano con la llegada del movimiento por la recuperación de la memoria histórica y la primera ley de 2007 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. “La idea de que con Franco no se vivía tan mal no desapareció, esta concepción de que sí, en España hubo una dictadura, pero la gente vivía medio normal... Incluso gente no adherida a la dictadura franquista no ponía en cuestión este marco porque hay que tener en cuenta que duró 40 años. Varias generaciones de españoles se educaron en ella. Esto empieza a ponerse en cuestión en los 2000”, resume.

Al mismo tiempo, se va consolidando un movimiento revisionista “potente”, en el que el escritor Pío Moa, que publicó decenas de libros, es punta de lanza. Entre sus afirmaciones, que el franquismo fue “una necesidad histórica” o que los partidos de izquierda fueron los que “ocasionaron” la Guerra Civil. “Ahora este discurso es el que está desplazando a las voces de las víctimas y que está teniendo un mayor altavoz al menos que hace unos años, en 2010, 2015”, sostiene Yusta, que resume la situación actual en una suma de factores que tienen que ver con “la llegada tardía” de las políticas de memoria, un contexto global “de auge ultra” y un discurso antifascista “que ha sido frágil”.

En parte, porque en España la derecha del Partido Popular optó en las últimas décadas por no confrontar sin tapujos el legado franquista. El expresidente José María Aznar llegó a publicitar a Pío Moa, Mariano Rajoy dedicó cero euros a la memoria histórica y no son poco frecuentes las declaraciones de líderes conservadores llamando a “no reabrir heridas” o acusando a la izquierda de pensar “en la guerra del abuelo” y las fosas “de no sé quién”, como dijo Pablo Casado en 2018. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, afirmó hace unos meses que “a la larga” la dictadura fue mejor que la II República.

Carme Molinero califica estas posiciones de “elemento fundamental”: Alianza Popular “nació reivindicando el franquismo” y después, una vez la memoria se convirtió “en elemento vivo de la vida política”, pasó a defender la postura del rechazo y la no condena de la dictadura. “Hay diferencias entre familias, pero el PP lo que prefiere es que no se hable de esta cuestión”, esgrime la historiadora, que recuerda que “a lo máximo” que ha llegado la formación es a apoyar una iniciativa en el Congreso en 2002 que condenaba “el totalitarismo” y reclamaba “reconocimiento moral” para las víctimas de la guerra y el franquismo, así como “apoyo institucional”.

López Ortega sostiene que esta “ambigüedad” ha acabado dejando “un vacío” que la extrema derecha “ha aprovechado para instalar su visión” y reivindica “un consenso democrático claro” sobre la dictadura. De esta forma cree que habría menos posibilidades de que haya quienes recurran al pasado oscuro para hablar de “orden, unidad y prosperidad” y sean más quienes recurran a él para aprender de lo que fue: una dictadura totalitaria en manos de un hombre que, pocos días después de dar el golpe de Estado de 1936, afirmó estar dispuesto a matar a media España en nombre de su supuesta salvación.

Gráficos de Ainhoa Díez

El fin de semana pasado se publicó una entrevista con la falangista Isabel Peralta cuyo titular era el siguiente: “Franco fue eficiente y útil para la sociedad”. Tal cual. Por si el titular no fuese suficiente, en la fotografía, tras su primer plano, aparecía una estantería con una foto de Hitler. Tal cual. Aunque la deferencia periodística aconsejaría linkar la citada entrevista, no lo haré. Porque semejante ejercicio de blanqueamiento no merece mayor audiencia de la que ya haya tenido.

Al toparme con las declaraciones de esta joven que define a Franco como “un político bueno, muy bueno” recordé un fragmento del libro ‘Fascismo y populismo’ (Debate), de Antoni Scurati, autor de la celebrada tetralogía sobre Mussolini. El párrafo en cuestión es este: “Los signos de esa decadencia no tardaron en ser numerosos y visibles: los periódicos generalistas dieron voz a polémicas historiográficas revisionistas, grupos declaradamente neofascistas salieron a la luz haciendo proselitismo en las escuelas, líderes políticos de una autodenominada derecha liberal en busca de nuevos consensos pronunciaban en público frases de Mussolini que hasta hace pocos años les habrían hecho perder muchos apoyos”. Fin de la cita.

Como bien describe el escritor italiano, lenta, casi inadvertidamente, se va cruzando un umbral, en movimientos, partidos, líderes y medios de comunicación. Añadamos a la lista las nuevas fórmulas, desde aplicaciones de redes sociales a streamers convertidos en gurús de esta oleada populista. Porque aunque no, no todo es fascismo y no, no todos los pseudomedios a los que se ha bautizado como tal merecen ese descalificativo, también es cierto que sí, sí hay pseudoperiodistas en medios pretendidamente serios. En esa amalgama, indefinida pero identificable, va avanzando la extrema derecha. Ahí y en las instituciones en las que la derecha, más o menos liberal, no solo les ha dado entrada sino que asume cada vez más acríticamente sus postulados en ámbitos como la inmigración. 

Cito de nuevo a Scurati respecto a lo que Mussolini defendía: “La amenaza es gravísima, nos acecha, y es mortal; el peligro son los socialistas; son extranjeros, pero están acampados en nuestro territorio. Debemos tenerles miedo. Pero no debemos limitarnos a tenerles miedo, debemos odiarlos; no basta con temer, debemos odiar”. Es lo que el autor italiano ha acuñado como la cuarta regla del populismo fascista, la que pasa por una estrategia que cultive un miedo integral y total que acaba transmutando en odio. Supongo que les sonará porque no hace falta recuperar episodios como el del pasado verano en Torre Pacheco. Basta con repasar las declaraciones de dirigentes de Vox o Aliança Catalana. Esos mismos argumentos que cual mancha de aceite están condicionando al resto de formaciones y no solo a su derecha y convirtiendo en enemigo al “extranjero invasor”, uno de los conceptos heredados del fascismo y que utilizan las extremas derechas en toda Europa.      

Otro ejemplo de esta misma semana. El periodista Federico Jiménez Losantos dedicaba su columna del lunes a elogiar “las becas del franquismo”. Es lo único que se le ocurrió destacar de la dictadura en una semana en la que se multiplican los artículos para analizar esa oscura etapa. “Las becas del franquismo fueron excelentes porque no eran ayudas sociales, sino una inversión nacional en futuros especialistas”. Ese es su resumen. 

El catedrático de la Universidad de València José Ignacio Cruz Orozco publicó una exhaustiva investigación titulada ‘La política de becas educativas del franquismo (1939-1970)’. En este párrafo resume bien cómo en realidad lo que pretendía la dictadura era mantener la educación superior como un privilegio para los mejores o para los que se lo pudiesen pagar pero no para el resto de estudiantes: “Después el sistema dual imponía su ley, y el impulso al programa de becas, como señaló su responsable, se debía circunscribir exclusivamente a aquellos chicos y chicas de las clases menos favorecidas que demostraran ‘notoria capacidad y vocación’. Solo ellos podían alcanzar ‘el privilegio de una educación superior’”. No es muy distinto del proceso de captación de alumnos que todavía hoy mantiene el Opus.

Ante este panorama, ¿qué se puede hacer? Los que hemos crecido ya en democracia tenemos o, para ser más exactos, teníamos la percepción de que este sistema es el único, el lógico, el natural. Ahora percibimos que no, que igual que nuestros padres y abuelos antifascistas, debemos luchar para no retroceder. Y eso pasa también por no blanquear los discursos de odio. 

Ni la guerra fue inevitable, ni Franco fue el impulsor del milagro económico en España, ni su mandato como caudillo durante cuatro décadas estuvo exento de violencia. Tampoco hubo un empate a muertos en la Guerra Civil y, contra lo que muchas veces se escucha 50 años después de su muerte, el dictador sí se lucró personalmente durante los largos años en los que ostentó el poder de manera autocrática. Los mitos que siempre intentaron limpiar la imagen de Franco caen aplastados uno a uno en Francofacts (Pasado & Presente, 2025), donde el historiador Fernando Hernández Sánchez, en un lenguaje sencillo y riguroso, echa por tierra esas ideas elaboradas durante la dictadura y cuyas raíces todavía germinan en la actualidad.

La publicación, enfocada para todo tipo de públicos, aparece aderezada con la sorna gráfica de Pedro Vera, quien ha caricaturizado alguno de los pasajes. “Hay que darle color a las cosas, por muy serias o dramáticas que sean”, afirma este historietista que se ha atrevido a resaltar en sus dibujos las cualidades más excéntricas de personajes como Carrero Blanco, Milán-Astray, Arias Navarro, Pilar Primo de Rivera y Carmen Polo.

“Desgraciadamente, en la narrativa social dominante aparece la guerra como la conclusión lógica e inevitable de la República”, adelanta el autor de la publicación, también profesor de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Lo que muchos desconocerán es que el primer intento de golpe de Estado al que se enfrentó el régimen instaurado el 14 de abril de 1931 tuvo lugar el 10 de agosto del año siguiente, protagonizado por el general Sanjurjo. Los militares conspiraban contra lo que la Segunda República significaba para España cuando apenas se había desarrollado.

Hernández también destierra otra de las grandes noticias falsas que acompañan el relato cuando se discute sobre la Guerra Civil. “Si alguien dice que hubo el mismo número de muertos en ambas zonas está mintiendo”, subraya. La historiografía subraya que el balance de víctimas fue tres veces mayor para la República que en las zonas en manos de los sublevados. Tampoco se sostiene la idea tan manida de la violencia descontrolada, descarnizada e irracional de los primeros meses de la contienda.

Mientras que la República terminó con esa violencia en enero de 1937, cuando recuperó la capacidad de los tribunales, los alzados siempre actuaron movidos por una sed de venganza y destrucción. “Hay directrices del general Mola que contemplaban un terrorismo de carácter ejemplarizante y disciplinante en la retaguardia; y los tribunales militares de los sublevados asumieron esa faceta represiva, la mantuvieron durante la contienda y continuaron con ella en la posguerra”, apunta el historiador.

Franco: un fascista que apoyó al eje

Que Franco no era fascista es otro de los mitos que el mismo caudillo se encargó de hacer creer a la sociedad. En este sentido, hay que tener en cuenta la larga duración de la dictadura, casi 40 años en los que tuvo que mutar para sobrevivir, sobre todo de cara al exterior. “En sus orígenes, Franco adoptó las formas de los fascismos europeos. Cuando la cosa marcha mal para el eje en la Segunda Guerra Mundial es cuando busca adecuarse al nuevo aire, pero no deja de ser un régimen de carácter autoritario, basado en un Estado sin división de poderes, con un caudillo todopoderoso, con un partido único y una represión contra cualquier forma de resistencia”, se explaya el mismo Hernández.

Este pensamiento emparenta con otro, que es la supuesta neutralidad de España en la Segunda Guerra Mundial. La recién inaugurada dictadura se mantuvo no beligerante en el conflicto desde 1939 hasta 1942. “Eso significaba no participar de forma decidida en las batallas, aunque ahí está la División Azul que fue a luchar contra la URSS, pero el franquismo apoyaba abiertamente al eje”, esgrime el docente de la UAM. La posición neutral ante el conflicto europeo no llegaría hasta finales de 1942, cuando el futuro para Hitler y Mussolini, al igual que el de Japón, empezaba a complicarse.

Ni gran trabajador ni artífice del milagro económico

Franco tampoco fue ese trabajador incansable del que muchas veces se habla. Hernández recoge aquí el testimonio del primo del dictador, su secretario, quien “se llevaba las manos a la cabeza porque a partir de la década de los 50 casi solo se dedicaba a la caza, la pesca y al ocio más lujoso posible”. Esas cacerías, por otro lado, eran el escenario ideal para que los empresarios de la época se codearan con el poder, al que siempre intentaron, y en numerosísimas ocasiones consiguieron, corromper. “Su mismo primo decía que las labores de gobernación quedaban aparcadas por esa tendencia hacia lo ocioso del gran trabajador incansable que era Franco”, apuntilla con cierto retintín el historiador.

El cambio de rumbo económico que experimentó España superada la mitad del siglo XX ha sido otro de los fenómenos que el dictador se arrogó. Hernández atestigua que el nivel de los indicadores de desarrollo y bienestar que existían en España en 1936 no se volvieron a conseguir hasta finales de los 50. “Los tecnócratas le convencieron de salir de la autarquía y liberalizar la economía, porque si no el Estado entraría en banca rota”, explica el autor de Francofacts.

Solo a partir de 1963, cuando los efectos del desarrollismo empezaron a dar sus frutos, se atribuyó Franco ser el artífice de ese “milagro económico”. Es aquí donde Hernández subraya que “no hay que olvidar que durante un cuarto de siglo la gran parte de la población española estuvo deprimida y con graves carencias alimentarias”. 

Crueldad, mediocridad, corrupción

Franco, aunque tenía sus cosillas, no robó, es otra de las noticias falsas que todavía se escucha. “Se sabe perfectamente que el dictador favoreció a su cúpula para facilitarles los tejemanejes que llevaron a cabo en el mercado negro durante los años del racionamiento”, ejemplifica Hernández. No es el único caso. También hubo negocios turbios en la compra y venta de licencias de exportación e importación durante el periodo de la autarquía, así como apropiación de donaciones de bienes de particulares realizadas al régimen como impuesto de guerra. Además, dejó todo atado y bien atado para que su familia y adeptos no tuvieran problemas económicos una vez fallecido.

Eso le ha llevado a este profesor universitario a definir al franquismo como el resultado de crueldad más mediocridad multiplicado por corrupción. “La corrupción era el lubricante que garantizaba el encaje de todas las familias en el régimen, ya sea de los monárquicos como de los tecnócratas o los falangistas. Como no había prensa libre, tampoco se podía saber”, asevera el también doctor en Historia Contemporánea.

La última de las noticias falsas que desmonta Hernández es aquella que remite a la “extraordinaria placidez” que llegó cuando el caudillo ganó la Guerra. Con esas palabras definió el exministro Jaime Mayor Oreja lo que había significado el franquismo. Ante este punto, el historiador remarca que “fue un régimen instaurado mediante el uso sistemático y a gran escala de la violencia, que destruyó el tejido político, social y sindical que España había logrado desde finales del siglo XIX”.

A ello se suma el fusilamiento de decenas de miles de personas en la posguerra, y la voraz represión que siempre ensombreció las ganas de libertad por parte de una sociedad que vivió casi cuatro décadas bajo el yugo franquista y que vio cómo esos fusilamientos llegaron hasta septiembre de 1975. “No se puede hablar de placidez cuando el régimen conculcó todos y cada uno de los derechos humanos contemplados por la ONU”, afirma tajante el historiador, quien emplaza este noticias falsa en la campaña emprendida por la dictadura a partir de los “25 años de paz” celebrada en 1964.

Por qué retornan estas ideas

A Hernández, que preside la Asociación Entresiglos 20-21: Historia, Memoria y Didáctica, dedicada a la investigación sobre la enseñanza escolar de la historia reciente, le preocupa cómo estas ideas han germinado en las generaciones más jóvenes: “Uno de los factores por los que ha ocurrido este fenómeno es por la situación de desasosiego en la que están inmersas las nuevas generaciones. No entienden el presente y el futuro se les aparece como algo muy complicado, así que ante esa incertidumbre se pueden decantar por un pasado en el que les han dicho que todo estaba en orden y se vivía bien”, se explaya.

En cambio, hay otro factor mucho más estructural ligado a la enseñanza. “España, desde que recuperó la democracia, no ha hecho los deberes a la hora de dar a conocer mediante la enseñanza los episodios más recientes de su historia”, destaca el mismo Hernández. Hasta el mismo currículo escolar te conduce a una idea engañosa, a su parecer, al existir temarios que abordan la República y la Guerra Civil en una misma unidad, mientras que el franquismo y la Transición ocupan otra. 

“Te ofrecen una visión casi teleológica en la que parece que la República necesariamente termina en la Guerra y el franquismo genera las dinámicas que conducen a la Transición”, opina el historiador en referencia a la primera de sus noticias falsas desmentidas.

Una caricatura del pasado sanguinario

De todas formas, no todo es totalmente serio en Francofacts. Los pinceles del dibujante Pedro Vera se han encargado de descargar ese aura de dramatismo que, como no puede ser de otra forma, acompaña a los pasajes que Hernández aborda en la monografía. “Yo trabajo con lo rancio, así que desde que me lo ofreció quise entrar en el proyecto”, cuenta el historietista. Autodefine sus obras como vitriólicas, ligadas a lo ácido, y muy caricaturizantes. Así queda demostrado en sus numerosas ilustraciones en las que saca lo peor de cada personaje.

A través de un estilo cartoon, de dibujo animado, Vera ha logrado exprimir lo máximo posible esa vis cómica a través de engrandecer las cualidades más negativas de cada persona dibujada. “He aprendido muchísimo con este libro. Me ha sorprendido la capacidad de Hernández de sintetizar tan bien la información con la que derribar estas noticias falsas que siempre hemos escuchado”, finaliza. En este sentido, al final de cada uno de los diez capítulos que componen el libro hay una propuesta bibliográfica, así como referencias a películas y podcasts, para cualquier interesado en ampliar sus conocimientos.

“Se buscan mujeres para trabajar en Australia. Católicas, entre 21 y 35 años. Gran oportunidad de futuro”. Así era el reclamo que periódicos y hojas parroquiales publicaron en 1963 para atraer a jóvenes interesadas en irse a las antípodas para huir de la pobreza de la España franquista.

En el anuncio no había más detalles; ni el cometido, ni cuánto tiempo debían estar fuera, ni cuánto cobrarían. Pero la desesperación hizo que miles acudieran a las diferentes sedes gubernamentales en las que se las entrevistó para, básicamente, comprobar que no estaban casadas y que compartían los valores católicos. Finalmente, casi 800 fueron seleccionadas y se convirtieron en parte de la 'Operación Marta'.

Este plan, que de 1961 a 1963 llevó a mujeres españolas a Australia, es uno de los episodios más desconocidos del franquismo, a pesar de lo rocambolesco de la historia. Esas mujeres no eran solo mano de obra emigrante, sino parte de una estrategia urdida por la Iglesia para satisfacer necesidades tanto del gobierno australiano como del régimen franquista.

Por una parte, la isla oceánica necesitaba desesperadamente poblar sus tierras, en las que sólo había un habitante por kilómetro cuadrado (hoy la cifra asciende a 3,4). Pero no quería hacerlo de cualquier manera: el objetivo era reforzar la proporción de australianos blancos frente a las bolsas de habitantes indígenas. Por otro lado, Franco necesitaba dar un impulso a la economía mediante la entrada en el país de divisas más fuertes que la peseta. Y allí estaba la Iglesia para satisfacer ambos deseos de un solo disparo.

Así, estas casi 800 mujeres fueron enviadas a la otra punta del planeta no para trabajar, sino para acabar casándose y teniendo hijos que se quedaran a vivir en Australia. Ellas eran las 'Martas', en referencia a Marta de Betania, hermana de Lázaro y de María Magdalena, conocida por su sumisión y obediencia.

Los futuros maridos de estas jóvenes tenían también nombre español. Eran trabajadores enviados por la Operación Canguro, que promovió la emigración de hombres blancos a Australia un lustro antes. Ellos fueron requeridos para las campañas de la caña de azúcar y, posteriormente, de la del tabaco. Viendo la eficiencia de esos jornaleros, la isla requirió más y así se dieron la Operación Eucalipto y la Operación Emú.

Muchos de ellos viajaron con sus esposas y familia, pero la vida nómada, el relajamiento de las costumbres y tradiciones católicas y el fácil acceso al alcohol hicieron que un gran número de trabajadores abandonaran a sus mujeres. Eso daba al traste con el plan de la Iglesia y del gobierno australiano, así que decidieron enviar a jóvenes españolas católicas para encauzar a sus compatriotas y devolverlos al redil.

Esta historia fue sacada a la luz hace unos años por la investiagdora Natalia Ortiz, que realizó un estudio de más de diez años sobre estas mujeres y que concluyó en un libro (El plan Marta 1960-1963) y un documental, El avión de las novias. Su trabajo ha servido de inspiración a la escritora Celia Santos (Bergara, 1972) para su novela El país del atardecer dorado (Ediciones B, 2024).

“Es una historia increíble, pero no se sabe apenas nada de ella porque claro, las protagonistas son mujeres. ¿Dónde están todas esas mujeres sin nombre que forman parte de nuestra historia?”, se pregunta Santos, cuyas obras se caracterizan por poner en el centro a mujeres anónimas que, si bien son fruto de la ficción, provienen de historias reales. Para hacer justicia a las 'Martas', ha escrito una novela en la que repasa su periplo a través de la figura de Elisa.

Ella emigra hacia Australia para reencontrarse con su pareja y el padre de su hijo, que fue reclutado por la Operación Canguro años antes. Aunque tenía una criatura, era soltera, así que cumplía los requisitos y pudo llegar a embarcar en un avión que la tuvo horas y horas en el aire hasta llegar a su destino.

Su historia no es real, pero podría haberlo sido. Elisa es el fruto de un trabajo de investigación realizado por Santos durante meses que la llevó a conocer y a entrevistar a diversas ‘Martas’, así como a sus hijos. Algunas siguen viviendo en Australia, otras renunciaron y regresaron. Pero todas ellas coinciden en que fueron víctimas de un engaño.

En un inicio, creían que se incorporarían como trabajadoras del hogar de familias adineradas, porque así se lo hicieron creer. Al llegar, el personaje de Elisa pasó semanas en un convento donde las monjas le enseñó atributos deseables para una buena criada –que resulta que eran los mismos que se buscaban en una esposa católica. Le corrigieron la postura, le inculcaron respuestas y costumbres sumisas y le dieron algún conocimiento del inglés –idioma que no le iba a ser muy necesario, ya que su destino final era casarse con un español.

Engañadas por la Iglesia

Las familias que empleaban a estas jóvenes lo hacían de la mano de la Iglesia, que cofinanciaba sus sueldos. Y, una vez en casa, no les quitaban los ojos de encima. Sin que las ‘Martas’ lo supieran, estaban todo el día vigiladas: sabían con quién hablaban y de qué, si estaban haciendo migas con alguien y si ese alguien era adecuado.

Y para ello, la Iglesia usaba las misas de los domingos y las meriendas posteriores, en las que los trabajadores de la zona se juntaban en la iglesia local que tenía sermón en castellano. “Los trabajos eran tan duros que sólo libraban un día a la semana. Además, no había cines, ni teatros ni apenas bares. De las pocas cosas que se podían hacer era ir a esos encuentros clericales. Y claro, allí los curas tenían ojos por todos lados”, cuenta Santos.

Los religiosos intercedían en las conversaciones, guiando a las chicas para que se interesaran por el joven adecuado y obligando a aquellas más tímidas a asistir a los encuentros. Pero había muchas mujeres que, como Elisa, no querían casarse. Sólo pensaban en la manera de juntar el suficiente dinero como para volver a casa con sus hijos y poder proporcionarles una buena vida. Fueron ellas, ante la insistencia incomprensible de los religiosos, quienes se dieron cuenta antes del engaño.

Elisa, como tantas otras mujeres que acudieron al llamado de la Iglesia para ir a Australia, “no estaban demasiado politizadas”, tal como cuenta Celia Santos. Pero al darse cuenta de la treta urdida por el franquismo, “empezaron a darse cuenta de lo que era la dictadura y de hasta dónde podían llegar sus tentáculos”, sigue la escritora.

A partir de ese momento algunas se rebelaron, aunque no fueron demasiadas, ya que el sustento estaba en juego y estaban en un país muy lejano. Las que sí se negaron en rotundo a seguir el destino que se había fijado para ellas dejaron sus trabajos y buscaron otros. Algunas rompieron sus noviazgos y unas pocas regresaron a España.

Este despertar tuvo también un espejo entre algunos de los hombres. Ellos empezaron a organizarse y a reclamar derechos salariales después de casi una década “trabajando en condiciones de esclavitud”, relata Santos.

En las operaciones que reclutaron trabajadores, el gobierno australiano dejó muy claro que prefería jornaleros españoles mucho antes que italianos o ingleses. “Esos sabían organizar huelgas y tenían tradiciones anarquistas fuertes. Los españoles, en cambio, veníamos de una dictadura y estábamos acostumbrados a obedecer. No sabíamos lo que eran los derechos. O eso pensaban”, explica la escritora.

En su novela, que parte de la historia de las ‘Martas’, se acaban mezclando el inicio de una pequeña revuelta de los jornaleros y de un reducido grupo de mujeres que se revuelven contra los mandatos patriarcales de la Iglesia y el franquismo. Todo ello bañado por el trasfondo de un romance que trasciende fronteras y el valor de una mujer que sólo busca sobrevivir bajo sus normas y no las de otros.

“Es un homenaje a estas mujeres que han hecho tanto por nosotros. Muchas de las grandes personalidades de hoy en día son hijos de estas jóvenes que en su día sacrificaron sus vidas sin que nadie se lo haya reconocido”, sostiene la autora del libro.

Hernán Fernández-Barriales siempre escuchó en casa que a su bisabuelo materno lo habían fusilado después de la Guerra Civil. Nada más. Ni cuándo, ni dónde ni por qué. Nadie a su alrededor sabía entonces que Domingo López Blanco fue encerrado en el campo de concentración de Castuera en 1939 y que, tras pasar por un Batallón de Trabajadores en Navarra, sería ejecutado en las tapias del cementerio de Mérida el 10 de julio de 1941. Era socialista, miembro de UGT y tercer teniente de alcalde de Valdecaballeros (Badajoz), tenía 36 años y una hija de diez, la abuela de Hernán, que vivió casi toda su vida entre el silencio y el desconocimiento.

Si poco antes de morir su nieto pudo contarle lo que había pasado con su padre fue gracias a su empeño personal. En 2018 la curiosidad le llevó a intentar saber más y tirar del hilo, pero no sabía ni por dónde empezar. ¿Habría documentación a su nombre en algún sitio? ¿Una sentencia? ¿Una ficha carcelaria? “Fue muy complejo porque no había ningún tipo de oficina ni web a la que dirigirse para preguntar. Poco a poco fui encontrando cosas desperdigadas en diferentes archivos pero no tenía muy claro cómo podía acceder a ellos”, explica. Así arrancó la indagación de su pasado familiar, pero también fue el germen de lo que hoy es el mejor buscador online de represaliados del franquismo: se llama Buscar Combatientes y se ha convertido en toda una referencia.

Cualquiera puede comprobar en él si en los archivos españoles que contienen información sobre la Guerra Civil o la dictadura franquista hay rastro documental de una persona. Al menos de los registros que Hernán y el equipo de una veintena de voluntarios que le ayuda en la tarea ha podido ir indexando y agrupando para introducirlos después en una base de datos de la que bebe el motor de búsqueda. De esta forma, no es necesario bucear en cada archivo para intentar localizar la información, sino que el buscador, puesto en marcha en 2021, la reúne de forma accesible y a golpe de click.

Sin esta herramienta, la tarea se convierte muchas veces en laberíntica: son muchos los archivos que pueden tener fondos, desde expedientes de responsabilidades políticas o de depuración a causas de juicios franquistas, fichas policiales o bases de datos sobre militares republicanos. Y lo primero es saber dónde buscar. “La dificultad inicial es conocer si hay algo a su nombre y dónde y eso no es nada fácil. Si lo sabes, hay que localizar el documento en el que pueden aparecer las referencias que luego servirán para solicitarlo, pero tampoco es sencillo saber cómo hacerlo”, resume Hernán, ingeniero de profesión y aficionado a la informática.

En su caso, y a base de grandes dosis de constancia y tiempo, Hernán descubrió que había información sobre su bisabuelo en varias fuentes: el Archivo General Militar de Ávila, el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid y también en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Supo también que su bisabuelo paterno, Zosimo Barriales, que fue militante del PSOE, había pasado por la cárcel de Celanova (Ourense). “Es un sistema diseñado para que la gente se dé por vencida. Si a mí, teniendo mucha paciencia, me parece una odisea, no me quiero imaginar a alguien que no se lleve muy bien con Internet”, describe el impulsor del buscador.

Pero el origen de la plataforma tiene un antecedente que a Hernán le sirvió “de mucha ayuda” en su momento: la página web Combatientes.es, que además de compartir nombre con su iniciativa, es una guía de búsqueda para saber dónde y cómo indagar en las fuentes. Natalia Lemos Geddo, que la puso en marcha en 2009, reconoce que su objetivo era “poner un granito de arena” porque “estos procesos son muy enrevesados y prácticamente hay que volverse un experto en archivos”. “Si la gente no sabe dónde pedir, ¿crees que se le va a ocurrir entrar al Tribunal Militar Territorial Primero a ver si hay una causa de su familiar? ¿O preguntar en Interior por un expediente de prisiones?”, se pregunta.

Esfuerzo, tiempo y 60 euros al año

El buscador se ha ido convirtiendo con el tiempo en una web popular, no solo entre quienes quieren buscar a sus familiares, sino también entre historiadores e investigadoras, que reconocen que lo utilizan con asiduidad. “Incluso los archiveros recurrimos a veces en primera instancia al buscador”, afirma la técnica superior de archivos del Archivo General Militar de Ávila Henar Alonso, que explica que, en ocasiones, si en su archivo no consta la documentación solicitada por una persona, suelen recurrir a la web. “La respuesta que damos muchas veces es que empiecen por ahí y si salen resultados se dirijan directamente a cada fuente”.

La herramienta desarrollada por Hernán bebe de diferentes fuentes, desde archivos oficiales a trabajos de investigación y también bases de datos de asociaciones memorialistas. El proceso está sujeto a dos posibilidades: cuando los archivos han colgado en formato legible digitalmente los listados de nombres de quienes tienen fondos, la operación es una migración de información. Sin embargo, en muchas ocasiones estos registros son imágenes antiguas en PDF en los que el usuario debe leerse cientos o miles de páginas con la esperanza de encontrar el nombre que busca.

En estos casos, la tarea consiste en ir tecleando los datos manualmente en hojas de Excel que luego pasarán a formar parte del buscador, una tarea ardua y minuciosa que hace Hernán junto a los voluntarios que a lo largo del año le han ido contactando para saber cómo podían ayudar al proyecto. Lo hacen con los listados que hay disponibles, pero el impulsor explica que en el buscador no está toda la información disponible porque “o bien no he dado con ella o no está online”. Hernán se dedica a ello desde la ciudad holandesa en la que vive actualmente, lo hace en su tiempo libre y no cobra nada por ello, al contrario, mantener la página web le cuesta “unos 60 euros” al año.

“Debería encargarse el Estado”

El buscador es una plataforma viva que crece a medida que se sigan añadiendo datos. En 2021, Hernán empezó con los 400.000 expedientes de juicios sumarísimos que se conservan en el Archivo General e Histórico de Defensa de Madrid y hoy el número total de registros supera los seis millones. Además, ha ido perfeccionándolo: más allá de nombre y apellidos, el buscador ofrece resultados con términos de búsqueda como el lugar de nacimiento o la unidad militar a la que pertenecía el represaliado e identifica erratas –muy comunes en la documentación de los archivos– para que cuando se busca un nombre correcto, aparezcan también estos resultados erróneos.

Son “horas y horas” de trabajo en el que Hernán insiste porque es consciente “del interés de la población” en su web, algo que atestigua la media de 2.000 usuarios diarios que entran. Por eso no entiende que las Administraciones Públicas no hayan desarrollado una herramienta similar. “Creo que debería encargarse el Estado y si no lo hace pienso que hay una parte de falta de voluntad porque se podría hacer algo mucho más potente si se pusiera un mínimo de recursos públicos. Yo pongo todo mi esfuerzo en hacerlo lo mejor posible, pero desde un organismo estatal se podría avanzar a una velocidad decente”.

Con el paso del tiempo, se han ido ordenando los archivos y hay iniciativas oficiales que agrupan fondos como el Centro Documental de la Memoria Histórica o el portal de víctimas que aglutina archivos dependientes del Ministerio de Cultura. El Portal de Archivos Españoles (PARES) también centraliza información, pero el buscador da errores actualmente. “Al final lo que la gente busca es qué pasó con su abuelo, su tío o su familiar y en eso Buscar Combatientes es imbatible”, sentencia Henar Alonso, que recuerda que la Ley de Memoria Democrática estipula la creación de un censo de fondos documentales que, de momento, se ha traducido en la activación de una pestaña en el censo-guía de archivos que indica cuáles tienen información sobre la Guerra Civil o la dictadura.

“La gente se está muriendo sin saber... Hay comunidades que han hecho cosas y que facilitan la centralización de información, pero si nosotros dejásemos de hacer el trabajo que hacemos creo que lo sufriría la sociedad”, concluye Hernán.

El recuerdo está congelado en su memoria desde hace medio siglo. Su hermano, José Luis Sánchez Bravo, acariciaba la barriga de su novia, Silvia Carretero, embarazada de cuatro meses. Iban a tener una hija que se llamaría Luisa a la que José Luis nunca llegaría a conocer. No lo haría porque esa era su última noche y él se convertiría en uno de los cinco últimos fusilados del franquismo. Vicky Sánchez Bravo y su madre le acompañaron en sus últimas horas antes de que un pelotón de fusilamiento lo ejecutara junto a otros tres compañeros en el campo de tiro El Palancar, en Hoyo de Manzanares (Madrid). “Nos lo mataron”, dice Vicky al otro lado del teléfono.

Era un sábado al amanecer, un 27 de septiembre de hace hoy 50 años. Franco, ya enfermo, iba a morir en menos de dos meses y el régimen buscaba dar un golpe de efecto que se tradujo en las cinco ejecuciones de dos miembros de ETA y tres militantes del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP). Ocurrió en pocas horas: hacia las 8 de la mañana, Ángel Otaegi, de 33 años, era sacado de la cárcel de Burgos para ser disparado contra la tapia de la prisión y más o menos a la misma hora, pero en un claro de un bosque barcelonés, Jon Paredes Manot “Txiki” (21) cantaba el Eusko Gudariak hasta recibir el tiro de gracia. A más de 600 kilómetros de allí, José Luis, también de 21 años, Xosé Humberto Baena (25) y Ramón García Sanz, de 23, salían de la cárcel de Carabanchel para correr la misma suerte. Sobre las 10.15 todo había terminado.

Fueron condenados a la pena de muerte en cuatro consejos de guerra celebrados entre el 27 de agosto y el 19 de septiembre. Justicia militar franquista para los miembros de dos organizaciones violentas y armadas contra los que había que ser contundentes. No hubo clemencia a pesar de los innumerables intentos de paralizar los fusilamientos al final de una dictadura de 40 años que murió como empezó: matando. “Yo creo que lo que querían era dar un escarmiento por las movilizaciones antifranquistas de aquel tiempo en el que, además, ya Europa miraba con recelo la dictadura, pero les salió mal y lograron lo contrario”, opina Vicky.

A todos les atribuían delitos de sangre contra miembros de las fuerzas del orden público. Ángel Otaegui fue condenado por el atentado de Gregorio Posadas, cabo primero de la Guardia Civil, 'Txiki' por el homicidio del cabo primero de la Policía Armada Ovidio Díaz durante un atraco al Banco Santander en Barcelona y los activistas del FRAP, por los asesinatos del policía Lucio Rodríguez y del teniente guardia civil Antonio Pose en sendos atentados. Los juicios sumarísimos acabaron en total con once condenados, pero a seis –cinco del FRAP, entre ellos dos mujeres, y uno de ETA– o bien les sentenciaron a penas de prisión o les conmutaron en el último momento la pena capital.

Un día antes de morir

Entre ellos estaba Manuel Blanco Chivite, militante del FRAP y del PCE (m-l), condenado en el primer consejo de guerra celebrado en el acuartelamiento de El Goloso (Madrid). El antifranquista cuenta cómo fueron los primeros momentos tras la detención: “Era un proceso militar, lo primero fue trasladarnos a la Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, y allí ya veías al juez. Estabas delante de él, por supuesto sin abogado, esposado y con dos miembros de la Brigada Político Social a cada lado. Si lo que decías no le convencía, volvías a los interrogatorios, a las palizas y a la tortura hasta que construían el caso”.

“Nuestra entrada en la DGS no siguió el protocolo habitual: no había parte con fecha y hora, con lo que oficialmente no estábamos en ningún sitio”, explica Chivite, que ha plasmado sus recuerdos en un libro sobre las últimas ejecuciones coordinado por la Plataforma 'Al alba' (editorial Garaje). A Vicky esto le suena familiar. “Cuando detuvieron a José Luis el 29 de agosto intenté ir a verle a la DGS, pero allí me decían que no estaba y me mandaban a Carabanchel. En la cárcel pasaba lo mismo y me decían que tenía que estar en la Puerta del Sol. Así fui de un sitio para otro sin señales de vida de mi hermano”. La primera vez que le pudo verle fue el 26 de septiembre, un día antes de morir.

Fue, como había cantado Luis Eduardo Aute, la noche más larga. Vicky rememora la impresión al ver a su hermano, “muy desfigurado y con los labios y los ojos hinchados por las palizas que le habían dado”. Recuerda haber bajado unas escaleras para acceder a las celdas subterráneas en las que habían encerrado a los condenados, donde ella y su madre pasaron con José Luis sus últimas horas. Silvia, su mujer, llegaría un poco más tarde, sobre las once de la noche, procedente de la cárcel de mujeres de Yeserías, en la que estaba encarcelada.

Desde allí, Rosa María García Alarcón y el resto de compañeras del FRAP encarceladas, hicieron lo que pudieron desde dentro para que la dejaran acudir. “Lo intentamos con Maruxa la pareja de Xosé Humberto Baena, pero no lo conseguimos porque no estaban asados”. La activista antifranquista compartió cárcel con María Jesús Dasca y Concepción Tristán, las dos mujeres del FRAP inicialmente condenadas a muerte pero a las que acabaron conmutando la pena. “Fue algo terrible conocer que los iban a fusilar sí o sí, que no había indulto. Pensábamos que no lo iban a hacer, pero lo hicieron”.

“Estaban Xosé Humberto y Ramón García también. Recuerdo que cantaban canciones en gallego y así se fueron pasando las horas. Lo que más tengo presente es el abrazo que me dio al final, no se despegaba de mi. Lo último que me dijo es que cuidara de nuestra madre”, cuenta Vicky sobre esa última noche. A la mañana siguiente, ya en la calle, vio pasar varios furgones que subían hacia un alto mientras ella y el abogado Fernando Salas se quedaban abajo, en la carretera. “Ese momento es algo muy difícil de recordar. Oí los disparos y lloré y grité de pura desesperación”.

El “enterado” del 26 de septiembre

Los procesos habían estado plagados de irregularidades. Magda Oranich, una de las abogadas del integrante de la organización terrorista ETA Jon Paredes 'Txiki', menciona que los juicios se hicieron “deprisa y corriendo” como si el resultado final ya estuviera escrito. “Que las ejecuciones fueran el mismo día y a la misma hora es demencial si lo piensas”, dice la letrada. “No había ninguna prueba, habían sido torturados y todas las pruebas de la defensa fueron denegadas, ni siquiera la balística nos aceptaron. Recuerdo un testigo de la acusación que decía que había visto disparar a un chico alto y fuerte, pero a Txiki lo llamaban así porque era muy bajo, medía 1,50”.

Todo se complicó todavía más, si cabe, cuando el Gobierno de Arias Navarro aprobó el decreto ley 10/1975 sobre Prevención del Terrorismo, que fue aplicado a pesar de entrar en vigor a finales de agosto, después de los hechos que se iban a juzgar. Esto transformó los consejos de guerra en sumarísimos, que estaban inicialmente previstos en caso de guerra, traiciones o deserciones. “Nos dieron cuatro horas para responder al escrito de acusación, pero además no nos lo notificaron a las 12 del mediodía, no, sino de la noche. Yo fui de madrugada a la cárcel Modelo a comunicárselo a Txiki, él ya se lo esperaba, solo me dijo que por favor no le aplicaran el garrote vil”, cuenta su abogada.

Los abogados se coordinaron desde Madrid, Barcelona y Burgos y pusieron en marcha una intensa movilización para defender a los acusados a pesar de que sabían que estaba perdido. Oranich, parte del equipo de abogados que había defendido poco antes a Salvador Puig Antich, lo recuerda: “Nos llamábamos a las 3 de la mañana y estábamos todos en el despacho, nos dábamos ideas...Y aunque hacíamos muchas cosas, todos sabíamos que no había nada que hacer. Corrían tanto que daba la sensación de que querían ejecutar antes de que Franco muriera, por eso intentábamos, como mínimo, retrasar todo”.

De nada sirvió la repulsa internacional en forma de manifestaciones, comunicados, mítines y protestas que reclamaban al régimen que no ejecutara a los condenados. En Suecia, el primer ministro Olof Palme llegó a salir a las calles de Estocolmo y el papa Pablo VI pidió “clemencia” hasta la última noche, cuando según el historiador y sacerdote Vicente Cárcel Ortí intentó llamar personalmente a Franco “sin que esa llamada se la pasaran nunca”. El dictador hizo oídos sordos y en un Consejo de Ministros celebrado en la mañana del 26 de septiembre en El Pardo, el Gobierno dio el “enterado” a las ejecuciones y rechazó los indultos.

Al por qué se acerca la historiadora Paola Lo Cascio, vicedirectora del Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona: “Se acerca la muerte de Franco y eso tensa la dictadura, que se encuentra en una debilidad muy clara. El franquismo había pensado una sucesión más o menos ordenada bajo el mando de Carrero Blanco, pero después de que ETA le saque violentamente de la ecuación y le asesine, el plan fracasa y hay mucha incertidumbre. Las últimas condenas son una manera de volver a subrayar quién manda en un momento en el que el régimen no está tan débil como para caer y sí suficientemente fuerte como para hacer esto”.

La ejecución de 'Txiki'

Los abogados de 'Txiki', Magda Oranich y Marc Palmés, y su hermano Mikel estuvieron con él desde las 20.00 horas del 26 de septiembre hasta las 8 de la mañana del día siguiente. “No sabíamos dónde iba a ser la ejecución, pero nos dejaron ir a los tres en nuestro coche particular y seguirles. Estaba todo cortado y había muchos furgones. Pararon cerca del cementerio, en un terreno pequeño no asfaltado y allí ya estaba todo preparado. Txiki estaba atado con unas cintas por las muñecas a una especie de trípode. No quiso que le taparan los ojos”, recuerda Oranich.

Era un pelotón de fusilamiento de seis guardias civiles que, a la orden del jefe, empezaron a abrir fuego contra 'Txiki', vestido con un jersey de lana que habían confeccionado para él las presas políticas de la Trinitat, la prisión de mujeres de Barcelona. Varios disparos le acribillaron y un tiro de gracia en la sien acabó con su vida. “El médico militar estaba destrozado, lloraba y decía que le habían mandado a un servicio pero no sabía que era este”. Cuando todo había acabado Oranich recogió del suelo diez casquillos de bala que ha guardado hasta ahora, varios de ellos están desde hace diez años en una fundación vasca. “A Mikel, su hermano, tuvimos que aguantarle para que no hiciera ninguna barbaridad. Fue terrible”.

Ha pasado medio siglo y la abogada guarda los casquillos y los recuerdos como un tesoro. También Vicky sigue volviendo de vez en cuando a aquel día, aunque duela, para que no se pierda la historia. En casa tiene el documento en el que el Gobierno reconoce que las sentencias que condenaron a muerte a su hermano son nulas y le reconoce como víctima de la dictadura. Es muy importante, dice, pero no suficiente: “Este tipo de cosas deberían hacerse más públicas y que todo el mundo sepa lo que pasó, que llegué a los colegios e institutos”, defiende a través de un mensaje de Whatsapp. “La vida no te la devuelven, pero repara...”, añade. En su foto de perfil, un joven José Luis, mira a cámara.

La mañana del 27 de septiembre de 1975, tres hombres fueron conducidos hacia el patíbulo de Hoyos de Manzanares, en Madrid. Se llamaban José Luis Sánchez Bravo, Ramón García Sanz y Xosé Humberto Baena. Todos ellos estaban en la veintena y la vida les fue arrebatada sin que profirieran un grito ni suplicaran. Tampoco se vendaron los ojos: querían ver a la muerte a la cara. Eran militantes del FRAP y fueron los últimos fusilados del franquismo.

Se los condenó por el asesinato de un policía en el atentado de Alenza, uno de los tres que el FRAP, siguiendo consignas del PCE (m-l), cometió ese verano. Fue una campaña de violencia que pretendía prender la mecha de la insurrección popular aprovechando los últimos meses de vida del dictador. Pero nada salió como estaba previsto: las masas no tomaron las calles, el FRAP perdió toda su influencia, y al menos un inocente fue ejecutado.

Esa es la tesis que el periodista Roger Mateos (Barcelona, 1977) defiende en el libro El verano de los inocentes (Anagrama, 2025). Después de la investigación que aportó luz a los secretos que rodearon la muerte de Cipriano Martos, Mateos se ha adentrado en el caso de los últimos fusilados del franquismo. Han sido tres años de remover archivos y recuerdos, de derribar los muros del pacto de silencio que se estableció entre los militantes del FRAP y de abrir la caja de Pandora. El resultado ha sido un texto que relata con todo lujo de detalles el montaje policial que llevó a disparar esa última bala contra el pecho de alguien que no había cometido el delito del que se le acusaba.

Asegura que Xosé Humberto Baena, el último fusilado del franquismo, era inocente. ¿Qué le hace estar tan seguro de ello?

La idea del libro nace después de que gente del FRAP me enseñara pruebas de que detrás de esos fusilamientos las cosas no estaban claras. No es sólo que hubiera habido un atropello judicial y policial contra los acusados, cosa que ya se sabía. Lo que me mostraron abría la puerta a demostrar que señalaron como autor material a quien no era y que mataron a la persona equivocada. Y hoy sí lo creo firmemente: ese hombre se llamaba Xosé Humberto Baena y era inocente.

Han sido tres años de investigación.

Para este libro sí, pero ya llevaba más de 20 investigando y estudiando el FRAP. Pero curiosamente, durante todo este tiempo, nunca llegué a tocar el verano de 1975, porque siempre fue un tabú que no sabía romper. Todo lo que tuviera que ver con la lucha armada, los atentados y su autoría era algo sobre lo que no indagaba. Y no porque yo no le encontrara interés, sino porque mis fuentes no querían hablar. Nadie quería tocar este tema tan sensible.

Los hechos de ese verano ya han prescrito y están amnistiados. Además, lo que usted buscaba era demostrar la inocencia de un militante del FRAP. ¿Por qué, entonces, esa reticencia?

Porque es un tema muy delicado. Primero, hay que tener en cuenta que la decisión de empezar la lucha armada la toman personas que no tienen nada que ver con los comandos que llevan a cabo los atentados. Y luego es importante entender que, durante estos 50 años, los integrantes de esos grupos armados han sido muy estigmatizados por parte del antifranquismo que condenaba la violencia.

Por eso, les cuesta mucho abordar este tema. Quienes lo vemos desde fuera del FRAP pensamos en que los hechos están amnistiados y, por tanto, creemos que no habría ningún problema si hablaran y ayudaran a encontrar las respuestas que hasta ahora no se nos han dado. Pero para ellos es diferente.

La acusación contra Baena nace de una declaración firmada bajo tortura. Seguro que la decisión que tomó Pablo Mayoral tiene una explicación, pero es una explicación que sólo él conoce

A Baena lo detienen porque uno de sus compañeros le delata como autor material del atentado. Si realmente era inocente, ¿por qué nadie del partido salió a desmentir esa acusación?

Porque nace de una declaración firmada bajo tortura. Ese es uno de los puntos más delicados de este caso porque son documentos que se deben coger con pinzas. Seguro que la declaración de Pablo [Mayoral, uno de los participantes del atentado de Alenza, inicialmente condenado a muerte y finalmente a 30 años de cárcel] en la que acusa a Baena tiene una explicación, pero es una explicación que sólo él conoce. Y estoy convencido de que detrás de la decisión que tomó hay mucho sufrimiento y trauma. Y entiendo que sea difícil hablar de eso.

La otra pregunta es por qué Baena acepta esa acusación y jamás se declara inocente. Usted defiende que protegía a alguien. ¿Tiene idea de quién puede ser?

Tengo nombres en la cabeza, sí. Pero no he querido escribirlos en el libro para no señalar a nadie. No era ese mi objetivo. Sólo quería corroborar que la dictadura fusiló a tres miembros del FRAP después de unos procesos judiciales esperpénticos y con falta de garantías. Y hacerlo con hechos y evidencias. Es evidente que la gente se pregunte que, si Baena no fue, quién lo hizo. Pero no es el objetivo de mi trabajo responder a eso.

Las personas directamente implicadas en los atentados tienen muchas reticencias a hablar. Hay secretos que han mantenido escondidos durante cincuenta años. Es legítimo y yo debo respetarlo

Dos de las personas que podrían arrojar luz sobre esa cuestión son Pablo Mayoral y Manuel Blanco Chivite, que participaron en el atentado de Alenza y, al contrario que Baena, se salvaron de la pena de muerte. Pero, ante sus preguntas, le recriminan que fiscalice al FRAP en lugar de desenmascarar los monstruos del régimen. ¿Cómo le sientan esas acusaciones?

El libro entienden es una condena al franquismo y a las atrocidades que cometió la dictadura. Pero las personas que estuvieron directamente implicadas en aquellos hechos tienen muchas reticencias a hablar. Hay cosas que sólo ellos saben y secretos que han mantenido escondidos durante cincuenta años. La familia de Baena necesita saber qué pasó el día del atentado y yo, como periodista, estoy con ellos en esta búsqueda. Pero nadie puede romper ese silencio si ellos no quieren hacerlo.

Me parece injusto su punto de vista y que me acusen de fiscalizar a quien no toca, es cierto, pero no soy quién para juzgarles. Al fin y al cabo personas como Pablo o Manolo sufrieron torturas atroces y pasaron por consejos de guerra que fueron una farsa. Yo sigo convencido de mi trabajo periodístico y del derecho a buscar las respuestas que, durante cincuenta años, nadie nos ha dado. Porque, insisto, con todos los hechos amnistiados y prescritos, ya deberíamos saber qué pasó.

Menciona el proceso judicial. Durante la instrucción, la defensa no pudo presentar testigos ni pruebas. También se alteraron informes policiales que contenían evidencias que desmontaban el relato oficial y que apuntaban, no sólo a la inocencia de Baena, sino a la presencia de un cuarto hombre. ¿Por qué el régimen decidió no buscarle?

Los consejos de guerra estuvieron llenos de irregularidades flagrantes y escandalosas. No se respetó ninguna garantía, los abogados no pudieron ejercer sus defensas en ningún momento. Todo se basó en unas declaraciones autoinculpatorias firmadas bajo tortura. ¿Por qué? Pues porque el régimen tenía prisa.

Quería dar un escarmiento lo más rápido posible a dos organizaciones, el FRAP y ETA, que estaban cometiendo atentados justo cuando el régimen se sentía más frágil. Estaba perdiendo el control de la calle, el presidente Arias Navarro era débil y estaba presionado por los sectores más ultras, que le acusaban de blando.

Pero esa represión también despertó a la comunidad internacional que pedía clemencia para los condenados. Hasta el Papa Pablo VI se escribió cartas con Franco.

Pero, a pesar de eso, Navarro pensó que, si era demasiado indulgente, podían acabar cesándolo. Así que no tuvo inconveniente en sacar adelante esa pantomima judicial. Evidentemente, hubo una mano negra que dictó previamente esas cinco condenas a muerte.

Los consejos de guerra en los que se juzgaron los dos atentados cometidos por el FRAP el verano del 75 estuvieron llenos de irregularidades flagrantes y escandalosas

Pero algo se reformuló, porque inicialmente eran once las personas que iban a ser fusiladas.

Sí, ocho del FRAP y tres de ETA. Era una barbaridad que hacía décadas que no se veía. Superaba hasta los estándares franquistas. Fue por las presiones internacionales que el régimen se vio obligado a revisar las condenas y acabó decidiendo ejecutar a cinco y conmutar la sentencia de muerte del resto por penas de cárcel. Fue un término medio que no contentó a la comunidad internacional, porque clemencia no hubo, ni a los sectores más ultras. Arias Navarro ya era un cadáver político.

La noticia de las condenas provocó una oleada de protestas alrededor de Europa encabezadas con pancartas y simbología del FRAP. El partido lo vio como una señal de que su influencia en el mundo crecía. Pero no se les vio como héroes antifascistas, sino como víctimas de la represión. ¿Cómo vivió el partido esas semanas?

El FRAP nunca había tenido tanta visibilidad. Se organizaron manifestaciones en muchas ciudades y se gritaron consignas a favor de los presos políticos del partido. Todo aquello fue una ola de solidaridad contra las condenas a muerte, no una muestra de apoyo a la lucha armada. Pero el FRAP no lo entendió así: pensó que era el momento de expandir su fuerza, sin entender realmente qué estaba pasando en sus bases.

Ese verano del 75, a raíz de los atentados, el FRAP estaba quedando totalmente borrado del mapa porque las detenciones eran constante y las células estaban siendo desarticuladas. La cúpula del partido no entendió lo que sucedía y decidió seguir adelante con los atentados.

Consigue acceso a las actas de las reuniones que el FRAP mantuvo durante esos días y se ve esa distorsión de la realidad. ¿A qué atribuye esa perspectiva alejada de la realidad? ¿Tiene que ver, quizás, con el hecho de que Elena Ódena y Raúl Marco, máximos dirigentes del partido, vivieran en Suiza?

Tiene que ver con unas maneras de funcionar que no sólo eran propias del FRAP, sino de muchas organizaciones revolucionarias clandestinas. Tenían métodos que muchas veces eran sectarios y herméticos, con poco contacto con otras opiniones y mucho menos con las bases. Se ve en estas actas, en las que se constata que los debates que tenían en los encuentros no eran tal; eran discursos endogámicos y autocomplacientes.

Ellos creían realmente que lideraban la lucha antifranquista y que con esos atentados llegarían a desencadenar una guerra popular. Su idea era iniciar la lucha armada durante los últimos momentos de Franco para que endureciera la represión y mostrara su cara más cruel. Así, el pueblo vería que el régimen era irreformable y exigiría neutralizar los pactos que pudieran hacer las élites y los sectores más evolucionistas de la dictadura con los más moderados de la oposición antifranquista.

Pero eso no pasó. De hecho, en los libros de historia, el FRAP ha acabado ocupando un lugar bastante secundario. ¿Cree que se ha acabado infravalorando su influencia?

Sí. Durante la primera mitad de los 70 fue una fuerza antifranquista muy relevante, con mucha visibilidad y una gran hiperactividad en la calle. Pintadas, manifestaciones clandestinas, octavillas, acciones contra multinacionales, sucursales bancarias… Evidentemente, no tenían la fuerza del PCE de Carrillo, ni del PSUC en Catalunya, pero era una de las más importantes del momento.

Todo cambió cuando deciden empezar el camino de la lucha armada. Eso acaba estigmatizando a sus militantes a ojos de una parte de la militancia antifranquista, entre los que se encuentra Carrillo, que condena sin paliativos el terrorismo individual. Y claro, hoy a buena parte del antifranquismo se le hace incómodo reivindicar el legado del FRAP.

Se ha usado mucho la palabra terrorista para calificar al FRAP, pero poco para definir la dictadura. Y eso que razones no faltan

Pero ¿era el FRAP una banda terrorista?

No. O, al menos, no nació así. No era el brazo armado de su matriz política, el PCE (m-l), ni el equivalente al GRAPO del PCE (r). Nace en 1971 como un frente político, un conglomerado de organizaciones sectoriales, sindicales, de trabajadores, estudiantes, mujeres, artistas y campesinos. Todas estas organizaciones, bajo paraguas del FRAP, tenían como cerebro político al PCE (m-l). De hecho, las células encargadas de matar a uniformados no se crean hasta 1975.

Y aquí hay otra cosa: se ha usado mucho la palabra terrorista para calificar al FRAP, pero poco para definir la dictadura. Y eso que razones no faltan. Si te fijas, mientras las siglas del FRAP estuvieron activas, del 71 al 75, causaron cuatro víctimas mortales. En el mismo periodo de tiempo, entre ejecutados, víctimas de balas perdidas, torturados y demás, el régimen causó 64.

Los últimos fusilamientos fueron el 27 de septiembre de 1975. Cuenta con todo lujo de detalles la vigilia de las ejecuciones en dos capítulos devastadores, uno desde dentro de las celdas y otro desde Albania, donde se encontraba la cúpula del partido. ¿Qué hacían allí cuando tres de sus compañeros iban a morir a las pocas horas en Madrid?

Las semanas anteriores, una delegación del PCE (m-l) viaja a la Albania comunista. Era su padrina, protectora y patrocinadora internacional. Una de las personas que les acoge es Ramiz Alia, quien sería sucesor de Enver Hoxha, y les dice sin tapujos que tienen que aprovechar los fusilamientos para dar a conocer las siglas del FRAP, usarlo para captar todas las adhesiones posibles y hacer que el movimiento marxista-leninista reviva internacionalmente.

La conversación fue escalofriante porque en ningún momento se plantean gestiones para impedir esas ejecuciones. Pero la cosa cambia la vigilia de los fusilamientos. Cenando en casa de Alia, se enteran por la televisión italiana de que el gobierno de Franco ha dado su visto bueno a las condenas y que la mañana siguiente serán ejecutados los militantes.

Es entonces cuando intentan buscar alguna solución y se van a la embajada de la China en Tirana. En ese momento el país asiático ya estaba estableciendo relaciones con el régimen y podía llegar a ser un elemento de presión. Pero no lo fue. El embajador les dejó muy claro que no iba a mover ni un dedo por las personas que estaban a punto de perder la vida.

Esa noticia de que los fusilamientos se iban a producir al día siguiente también cogió a contrapié a los condenados y a sus familias, que no esperaban que la ejecución fuera tan pronto. ¿Cómo fue esa última noche para ellos?

Esa noche, la más dramática para las familias y los condenados, transcurre en unas celdas aisladas de la cárcel de Carabanchel. Los que serán fusilados, según testigos directos que los vieron, asumieron con mucha serenidad su destino. Ellos, de hecho, ya tenían asumido que su final sería ese y no tenían esperanzas de que pudiera llegar un indulto de última hora.

Les acompaña el abogado de Baena y la familia de Sánchez-Bravo, que ha venido de Vigo y le está arropando. Están su madre y sus hermanos, en particular destaca Vicky, que fue una de las más activas y de las que se movió más para intentar impedir las ejecuciones. Pero Ramón García Sanz, que era un chico huérfano nacido en Barcelona, estaba solo. Ni siquiera pudo entrar su abogado, porque le echaron del juicio y no le permitieron acompañarle. Aquella noche nadie durmió, hubo emoción y solidaridad. Se cantaron canciones gallegas.

La noche antes de los fusilamientos, Baena le dice una frase devastadora a su padre: “Lo siento, papá, pero no puedo darte este consuelo. No fui yo quien le mató”

Al final, se sumaron el padre y el hermano de Baena, que casi no llegan a despedirse porque avanzaron la hora de los fusilamientos…

Tenían unos billetes de tren con los que, después del cambio de hora, no habrían llegado. Así que se cruzaron el país, desde Vigo, en taxi. Llegaron media hora antes de que se llevaran a Xosé Humberto y ahí se produce una escena que me ha descrito su propio hermano y que yo reproduzco al principio del libro porque es muy importante. El padre de Baena le dice que no hay nada peor que perder a un hijo, pero que sería más devastador todavía si resultara que es inocente, porque significaría que iban a fusilar a un inocente.

Y Baena le dice una frase devastadora: “Lo siento, papá, pero no puedo darte este consuelo. No fui yo quien le mató”. Esa frase es el hilo conductor de todo el libro y lo que me lleva a querer reunir todas las evidencias posibles para demostrar que esas últimas palabras que Baena le dice a su padre fueron ciertas.

Eso inicia una investigación que le lleva a conocer bien a la hermana de Baena, Flor; a su novia, Maruxa; a sus antiguos compañeros y a su abogado. ¿Hasta qué punto se convirtió en un asunto personal?

Lo fue de arriba abajo. Ha sido la investigación periodística que me ha implicado más horas, más trabajo, más viajes, más archivos, más testimonios, más dolores de cabeza y más angustia. Y eso es porque conozco a las fuentes desde hace muchos años, las aprecio, y las iba a enfrentar a un tema muy sensible. Profundizar en un tema como este no ha sido nada fácil.

En el último capítulo revela la conversación con un testimonio que podría demostrar la inocencia de Baena. ¿Tiene esperanza de que algún día alguien llegue a hablar públicamente y se aclaren los hechos?

Creo que sí. Han pasado 50 años y todo está prescrito y amnistiado. Además, ya hay un precedente del 1963, cuando se ejecutó a dos militantes anarquistas con garrote vil. Los acusaron de colocar dos explosivos en la sede central de la Policía en Madrid. No causaron víctimas mortales, pero sí decenas de heridos.

Se culpó a Francisco Granado y Joaquín Delgado. Ellos se decían inocentes, pero les torturaron hasta hacerles firmar una declaración autoinculpatoria. 30 años después de los hechos, salió un documental que demostró su inocencia básicamente porque los dos autores auténticos de las explosiones dieron un paso al frente y confesaron. No descarto que algo así pueda llegar a pasar con el caso de Baena, pero es verdad que ha pasado medio siglo y la caja de los secretos sigue cerrada a cal y canto. Mi libro, al final, lo único que hace es resolver, quizás, algunas incógnitas, pero plantea otras.

En junio de 1916, en las tierras calcinadas del Rif, un joven oficial español se debatía entre la vida y la muerte. Herido de gravedad durante una ofensiva en la cabila de Anyera, su cuerpo desgarrado por la metralla parecía condenado a la tumba. Su nombre: Francisco Franco Bahamonde. El médico que lo salvó: Alfonso Gaspar Soler. Veinte años después, aquel mismo médico sería asesinado en Huesca por las tropas sublevadas a las órdenes del hombre a quien salvó.

Lo que ocurrió aquella mañana polvorienta fue narrado por el periodista republicano exiliado Clemente Cruzado García, de Izquierda Republicana, en un artículo publicado en Argentina en 1954. El texto fue recuperado en una carta anónima dirigida a Radio España Independiente, la emisora clandestina conocida como La Pirenaica, y radiado el 11 de julio de 1963. Esta carta, como tantas otras, forma parte del archivo del Partido Comunista de España, y ha sido investigada y contextualizada por Armand Balsebre y Rosario Fontova en ‘Las cartas de La Pirenaica. Memoria del antifranquismo' (Cátedra, 2014).

El relato es estremecedor. En medio del caos del avance militar español en Marruecos, los heridos llegaban en camillas, sobre caballos o camiones destartalados. En las tiendas de campaña, convertidas en quirófanos improvisados, médicos de prestigio como Gómez Ulla, Antonio Bastos Ansart y Vicente Cariñena luchaban contra el colapso físico y moral. Sobre una camilla, cubierto de sangre, el joven Franco agonizaba con once perforaciones de estómago. Nadie apostaba por su vida.

Entonces apareció el doctor Alfonso Gaspar Soler, aragonés, militar y médico, que llegaba desde las líneas del frente con la ropa aún manchada de sangre. Al reconocer al herido, amigo suyo, se rebeló contra el pronóstico. Lo cargó en un coche y lo trasladó al hospital de la plaza. Durante tres horas, y sin ayuda, lo operó con un bisturí que parecía “mágico buril de leyenda”, como escribió Cruzado. Contra todo pronóstico, Franco sobrevivió.

Años más tarde, el dictador no escatimaría en gratitud pública: “Para mí no hay más padre ni hermano que Alfonso. Le debo la vida. Si no fuera por él estaría enterrado”. El episodio fue comentado incluso en conferencias médicas, y la operación se convirtió en un ejemplo de heroísmo clínico. Ambos –Franco y Gaspar– recibieron condecoraciones por aquella campaña: el primero, el ascenso a comandante; el segundo, la Cruz de María Cristina. También la recibió el doctor Ricardo Bertoloty, como documentan Víctor Pardo y Raúl Mateo en ‘Todos los nombres. Víctimas y victimarios (Huesca, 1936-1945)’.

El doctor Alfonso Gaspar Soler, destinado a Huesca en 1918, desarrolló allí su carrera médica y su compromiso político. Fue una figura relevante del republicanismo altoaragonés y hermano de Vicente Gaspar Soler, secretario general de Acción Republicana y colaborador directo de Manuel Azaña. Otra hermana, Mercedes, también se implicó en la causa republicana.

Sin perdón

Cuando estalló el golpe militar en julio de 1936, Gaspar participó en una reunión de urgencia en el Gobierno Civil de Huesca. Poco después fue detenido, según su expediente de responsabilidades políticas, mientras se encontraba en el hospital militar. Allí permaneció arrestado hasta el 23 de agosto, día de su ejecución. Su esposa, Rosalía Auría, logró visitarlo en prisión. En aquella conversación desesperada le sugirió que pidiera clemencia a Franco. Pero Alfonso se negó. Conocía al hombre al que había salvado veinte años antes y sabía que no había lugar para el perdón.

El relato de Clemente Cruzado, leído en La Pirenaica, menciona un episodio simbólico: una dama de la alta sociedad se habría presentado ante Franco para rogarle por la vida de Gaspar. La respuesta del dictador, según el periodista, fue contundente: “No puedo hacer nada a favor de ese hombre. La guerra, señora, no entiende de sentimentalismos”.

Y no los hubo. El ensañamiento con Alfonso Gaspar Soler fue brutal. No solo fue fusilado, sino que fue salvajemente apaleado por sus verdugos. Como documentan Pardo y Mateo, su cuerpo fue pateado con saña en las tapias del cementerio de Huesca. Sus restos fueron enterrados en una fosa común, en el cuadro 15. No fue hasta febrero de 1954 cuando sus huesos fueron recuperados e identificados gracias a un cinturón. Entonces fueron trasladados a un nicho, donde aún hoy lo recuerda una lápida discreta, con apenas tres letras: A. G. S.

Tras su asesinato, los hermanos de Alfonso emprendieron el camino del exilio. Vicente Gaspar Soler se refugió en México con su esposa y una niña adoptada, huérfana de padres republicanos asesinados. La Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles (JARE) facilitó su salida. Mercedes, otra hermana, también huyó con su familia.

Años más tarde, el recuerdo de Alfonso Gaspar llegó hasta Manuel Azaña, quien, según Cruzado, se conmovió profundamente al conocer el destino de su antiguo compañero de ideales. “La emoción indescriptible” del presidente de la República es quizá una de las pocas formas de justicia póstuma que recibió el médico de Huesca.

La historia de Alfonso Gaspar fue sepultada por décadas. Solo el exilio la mantuvo viva: a través de artículos como el de Clemente Cruzado, a través de las cartas a La Pirenaica, a través de archivos como el del PCE. Balsebre y Fontova, en su investigación sobre la emisora antifranquista, recuerdan cómo estos testimonios, a veces anónimos, fueron clave para reconstruir la memoria colectiva de la represión.

Siempre se encontraron cerradas las puertas de los tribunales españoles. La Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los delitos denunciados, que la judicatura española no considera crímenes de lesa humanidad, suponen un revés continuo para las miles de personas que demandan verdad, justicia y reparación. A todas ellas les une lo mismo: ser víctimas del franquismo.

El 14 de abril de 2010, varias de esas víctimas comenzaron a andar un tortuoso camino cargado de esperanza y lucha al iniciar lo que pronto se convertiría en una macroquerella. La jueza argentina María Romilda Servini es la encargada de esclarecer miles de casos entre desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos en España desde 1936 y 1978.

En esta década y media de instrucción judicial, marcada por la nula colaboración por parte del Estado español ante los requerimientos internacionales de la magistrada, la investigación dejó grandes hitos por el camino. Más allá de las figuras como el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o antiguos ministros durante la Transición, como Rodolfo Martín Villa, uno de los grandes avances que supusieron las indagaciones fue que las víctimas, por primera vez, fueron escuchadas en sedes judiciales. Por delante todavía quedan años de resistencia al olvido con la firme determinación de que solo la muerte, cercana en muchas de ellas, será lo único capaz de hacerles decaer.

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), recuerda que en aquel 2010 el juez Baltasar Garzón ya había sido imputado por prevaricación al intentar investigar los crímenes del franquismo de la primera etapa, hasta los años 50. “Fuimos a Argentina porque en su propia constitución recogen la aplicación del principio de justicia universal. Aun así no fue fácil iniciar la querella, pero lo conseguimos”, comenta.

15 años después son miles las denuncias integradas en esta macrocausa. “A pesar de las capacidades limitadas del juzgado, se han abierto diferentes líneas de investigación en muchos ámbitos”, añade el letrado. Así, el acopio de pruebas testimoniales, periciales, documentales y comisiones rogatorias exigidas por Servini y que prácticamente nunca ha cumplido el Estado español han sido la tónica judicial durante la instrucción, que todavía continúa.

Grandes hitos de la macrocausa

Según el abogado de Ceaqua, la dificultad no estriba únicamente en el periodo tan largo que se investiga de la historia de España, sino su particularidad cuantitativa, pues “son miles de personas que reclaman una investigación judicial en objeto a los hechos que cada uno denuncia”. En este sentido, Lara destaca diversos momentos de la querella argentina que “ponen al Estado español frente a un espejo francamente incómodo, ya que discuten su modelo de impunidad”.

Lara indica 2013 como el año en que dos personajes imputados por torturas por la jueza Servini: Billy el Niño, ya fallecido, y Jesús Muñecas Aguilar. Además, en 2014 terminaron imputadas otras 20 personas. “Se han emitido numerosas órdenes de extradición pero siempre neutralizadas por el Estado español, que se ha convertido en el principal valedor de estos presuntos criminales imputados por hechos tan sumamente graves como crímenes contra la humanidad”, desarrolla el letrado.

La querella argentina también sirvió para que el antiguo ministro de Relaciones Sindicales durante la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y ministro del Interior durante los altercados de San Fermines 78, Rodolfo Martín Villa, declarara ante Servini. De hecho, la jueza validó la petición del letrado de la familia de Gustau Muñoz, asesinado de un balazo de la Policía el 11 de septiembre de 1978 en Barcelona, de incluirle en la macrocausa. La magistrada entiende que, a pesar de la muerte de Franco, en España seguían operando los mismos resortes dictatoriales ante la nula depuración de los estamentos políticos y policiales.

Desapariciones, trabajos forzados y robo de bebés

Entre los casos de desaparición forzada que la jueza argentina investiga está el de la familia de Paqui Maqueda. Sus antecesores republicanos sufrieron persecución, torturas, trabajos forzados y asesinatos. A sus 60 años, recuerda a su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, asesinado en aplicación de bando de guerra tras la ocupación de Carmona, un pueblo sevillano. “No sabemos dónde está su cuerpo”, expresa con vehemencia.

Tenía cuatro hijos. El mayor de ellos, Enrique, huyó para defender Madrid del avance sublevado. Tras volver a Carmona le detuvieron y le obligaron a trabajar en el llamado Canal de los Presos. “Mi tío fue un preso esclavo del franquismo”, explica esta portavoz de la querella argentina en Andalucía.

Pascual, hermano de Enrique, terminó acribillado a tiros por falangistas. “Oficialmente, dicen que se intentó escapar después de que lo detuvieran. Tampoco sabemos a ciencia cierta dónde puede estar su cuerpo”, añade. Otro hijo de su bisabuelo, José, terminó en campos de concentración franquistas tras ser obligado a alistarse con las tropas alzadas y pasarse al bando republicano.

El calvario que Maqueda puso en conocimiento de Servini en 2013 no queda ahí. “Pensamos que en 1963 a mi madre le pudieron quitar a su primer hijo en un supuesto caso de robo de bebés. Pensarían que éramos una familia de rojos que no íbamos a reclamar”, opina la también presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. “Me escuchó, pero me da mucha rabia tener que cruzar 10.000 kilómetros para que se haga justicia. Los crímenes se cometieron en España, las víctimas eran de España, los verdugos también, y aquí deberían investigarse y juzgarse”, sostiene esta familiar de tantas víctimas.

Bebés desaparecidos

No solo Maqueda piensa que ocurrieron este tipo de sustracciones. Soledad Luque, portavoz del área de bebés robados de Ceaqua, afirma que esta desaparición forzada de menores se originó de manera sistemática y se prolongó durante mucho tiempo. “Nos consta que al final de la Guerra ya había órdenes que legalizaban y legitimaban la separación de los niños de sus padres”, sostiene.

Sin embargo, continúa, “no terminó ahí. A partir de entonces, ya no era ni siquiera necesario ese cuerpo legal que legitimaba el robo, sino que se realizaba con cierta habitualidad en clínicas y maternidades”, añade Luque. Las mujeres víctimas ya no solo eran las presas, sino aquellas madres solteras, con muchos hijos, muy pobres, prostitutas o simplemente ingenuas. “Ni siquiera se hacía por dinero. Hay casos en los que los bebés eran regalados a las familias. Se trataba de un conjunto represivo cuyo paraguas era la impunidad y todos los preceptos del nacional-catolicismo, donde el Estado y la Iglesia suponían un tándem perfecto para este crimen”, desarrolla.

Apenas existen cifras sobre estos hechos. Luque subraya que hasta 1953, unos 30.000 niños fueron tutelados por el Estado, entre los que se incluían también huérfanos de guerra e incluso menores secuestrados en el extranjero a españoles exiliados. El siguiente dato que manejan procede de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024. “Entre 2011 y 2023 se abrieron unas 2.200 diligencias de investigación por casos de bebés robados, y algunas más de 500 se judicializaron. En realidad, no sabemos todavía cuántas denuncias se han interpuesto”, se queja.

Ahora en Argentina son decenas las denuncias por sustracción de bebés cometidas durante el franquismo y la democracia que se investigan como posibles casos de desaparición forzada desde la primera interpuesta por estos motivos en 2013. “Los tribunales españoles no entienden la desaparición forzada como un crimen susceptible de ser considerado de lesa humanidad, y no los investigan porque han prescrito”, se queja, al igual que hacen las demás fuentes consultadas.

Torturas en la DGS

Sobre la mesa de Servini también reposan cientos de expedientes de personas torturadas al final del franquismo e inicio de la democracia. Jesús Rodríguez Barrio tiene 71 años, fue uno de los fundadores de la Asociación La Comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista y estuvo detenido en tres ocasiones: en 1972, 1974 y 1975. También pasó por la prisión de Carabanchel dos veces. “El mismo Billy el Niño me detuvo en persona cuando ya militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Intenté escapar, pero disparó, y me paré”, rememora.

Sus repetidos pasos por la Dirección General de Seguridad, situada en la Real Casa de Correos de Madrid, hoy sede el Gobierno regional en la Puerta del Sol, le hicieron ver cómo la policía del régimen se las gastaba con jóvenes como él. “Antes de preguntarte nada ya te habían golpeado. Te destruían, te humillaban. Ni siquiera buscaban información, lo hacían para reducir a la nada al detenido para que una vez saliese de allí no fuera capaz de hacer absolutamente nada”, describe Jesús . Él declaró ante Servini en enero de 2014 desde el consulado argentino de Madrid. Es una de los cientos de personas que busca allá la justicia que le niegan en su país.

Crímenes franquistas sin Franco

La jueza argentina también investiga lo sucedido el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Entonces, disparos de la Policía mataron a Germán Rodríguez. Tenía 23 años. Fermín, su hermano, incide en que en 1982 los tribunales españoles dieron carpetazo al asunto. No hubo ningún detenido por aquella muerte. Se sumó a la querella argentina en 2014 y cinco años después testificó ante Servini: “Era la primera vez que en más de 40 años me podía explicar delante de un juez. Siento cierto alivio de que se investigue lo sucedido, pero personalmente me parece una vergüenza que se haga a 10.000 kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos”.

Desde su punto de vista, España tan solo tendría que cumplir los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derecho internacional y Derechos Humanos. “La democracia española tiene una asignatura pendiente con la justicia, porque las víctimas del franquismo y la transición no podemos acceder a ella”, agrega Fermín.

Lara, el abogado de Ceaqua, apunta que “la querella argentina puede parecer que languidece, pero está muy viva y Servini ha demostrado ser una jueza independiente”, en referencia al Gobierno presidido por el ultraderechista Milei. Asimismo, denuncia que la actual Ley de Memoria Democrática española no habilita a los tribunales a investigar estos crímenes. “No podemos permitir que 50 años después de la muerte de Franco nos sigamos encontrando en esta situación. Tienen que reaccionar desde el Estado Español, y una muy buena forma de hacerlo sería acceder a las comisiones rogatorias de Servini”, concluye.

Que durante la Guerra Civil hubo víctimas mortales tanto de los sublevados como de los republicanos es un hecho irrefutable. Sin embargo, no todas siguieron después el mismo camino. Unas, ensalzadas como mártires de la contienda, fueron honradas en todos los rincones del país durante 40 años y sus cuerpos fueron buscados y dignificados desde el principio. Las otras, sin embargo, víctimas consideradas enemigas de la Nueva España, fueron relegadas al ostracismo y al silencio y sus huesos aún hoy se buscan en cunetas.

Poco se ha supo hasta ahora de la gestión que Franco hizo de sus muertos, un proceso “legal, forense e ideológico” al que se acerca la historiadora y antropóloga forense Miriam Saqqa Carazo en el recién publicado Las exhumaciones por Dios y por España (Cátedra), en lo que constituye la primera investigación histórica sobre este fenómeno. Asegura la experta que nunca después se ha desarrollado “un proyecto de intervención estatal de igual magnitud”, tampoco para los represaliados por la dictadura.

Su principal revelación no es solo que estas prácticas se dieran únicamente para una parte de las víctimas, construyendo una memoria histórica “sesgada y excluyente”, sino que tras la recuperación física de los cuerpos latía un trasfondo político e ideológico: “La dictadura organizó este procedimiento judicial y forense para convertir a sus víctimas en mártires y caídos, que en su relato se sacrifican por esa nación que pretenden sustentar. Su interés era construir una narrativa nacional a través de estos cuerpos y de sus exhumaciones y tener una justificación propagandística de su represión”, explica Saqqa.

La investigación estudia las exhumaciones que se produjeron del lado de los vencedores entre 1936 y 1951, un periodo temporal en el que la experta, consciente de que no son todos, ha identificado 177 procesos –116 en Madrid– y 3.518 cadáveres recuperados. Los trabajos se realizaron ya incluso desde el primer año de guerra. A medida que el ejército sublevado avanzaba terreno y ocupaba territorios, se iniciaba la búsqueda de las consideradas “víctimas de las hordas marxistas”, como las denominaron en varias de las disposiciones publicadas en el BOE en aquellos primeros momentos.

Ideal de víctima

Ya en octubre de 1936, una orden firmada por Franco dictaba una serie de “normas para el traslado de cadáveres de los muertos en campaña” y especificaba que el objetivo era “dar el máximo de facilidades” a la reubicación “de quienes dieron su vida por la Patria”. Comenzaba así la construcción de ese ideal de víctima, formada por “militares, civiles y religiosos” que las fuerzas nacionales “vinculaban o asignaban a la categoría política e ideológica afín” y que excluyó siempre a las víctimas de la violencia sublevada, expone Saqqa.

De entre todos, algunos eran “caídos ilustres”, entre los que destaca José Antonio Primo de Rivera. El fundador de Falange fue el mártir por excelencia, cuyos restos fueron trasladados de Alicante a El Escorial en 1939 en un cortejo fúnebre a pie que se prolongaría durante diez días en los que los falangistas llevaban su féretro a hombros. Fue este el paradigma de los actos políticos de homenaje, mucho menos ambiciosos, con los que solían culminar las exhumaciones, a los que asistían representantes políticos y religiosos.

La inauguración de los habituales monumentos “a los caídos” que aún permanecen en muchos pueblos, las pequeñas inscripciones en iglesias o cementerios o la conversión de las fosas en “lugares sagrados” hasta que fueran exhumadas fueron algunas de las acciones legislativas que impulsaron los franquistas. Además, se promovió la inscripción de las víctimas –de nuevo, solo de unas– en los registros civiles con técnicas dudosas, que llevaron a que hubiera casos de personas calificadas como “desconocidas” pero aún así registradas como víctimas “de la barbarie roja”.

Implicación de todo el Estado

En la práctica, durante los años de Guerra Civil convivieron las exhumaciones llevadas a cabo por familiares, ayuntamientos y agentes locales con la búsqueda de cuerpos que impulsó la justicia militar franquista, pero fue a partir de 1940, una vez proclamada la victoria sublevada, cuando el proceso se extendió a todo el territorio, se institucionalizó y judicializó. Se hizo a través de la Causa General (CG), un proceso de investigación impulsado por el franquismo para depurar, fijaba literalmente su preámbulo, “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”.

El proyecto, al que los historiadores le han atribuido un carácter eminentemente propagandístico con el objetivo de justificar el golpe de Estado de 1936 y achacar al enemigo “una violencia desmedida”, no solo dio lugar a numerosos juicios y acciones represivas, sino que “monopolizó” la localización de fosas y exhumaciones de las víctimas sublevadas. “Dará plenas facultades a la Fiscalía del Tribunal Supremo, que se encargará de dictar las instrucciones al resto de fiscales de las provincias. Lo que les interesa es obtener información de víctimas y supuestos culpables, para lo que usarán diferentes técnicas”, explica Saqqa.

En ello se implicó todo el Estado: desde los ayuntamientos, que debían remitir los datos de los que constaran como fallecidos, a la Iglesia, la Guardia Civil, el Ejército o incluso Falange. Estos fueron “los principales remisores” de información a la Causa General, en cuyo archivo ha buceado la investigadora. Esa información, que “serviría de base para la apertura de expedientes de exhumación”, sería en muchas ocasiones obtenida a través de interrogatorios a familiares, vecinos y también a detenidos a través de la tortura, lo que convertía a estos agentes también en “represores”.

Las exhumaciones se llevaban a cabo de oficio por la propia Causa General o a instancias de entidades religiosas o de familiares, que tuvieron “un papel muy activo” durante el proceso, tanto en las identificaciones como en la recuperación de los cuerpos. Algunos se organizaron en asociaciones, que tuvieron “un peso político relevante” debido “a su carga ideológica”.

Por ejemplo, la Hermandad de madres y familiares de Héroes caídos en el Cuartel de la Montaña, en Madrid, pidió directamente en 1944 su exhumación para trasladarles a la sepultura construida por la asociación en el cementerio de la Almudena, algo que se reprodujo en muchos camposantos españoles, que fueron contando con lugares especiales de enterramiento para los vencedores. Los trabajos del Cuartel de la Montaña duraron ocho días y las cifras sobre los cuerpos recuperados varían entre fuentes: la CG habla de 170, de los que solo diez fueron identificados. Aún así, todos fueron reinhumados en el nuevo mausoleo.

Hacerlos pasar por víctimas

Esta no fue una práctica excepcional, según desvela Saqqa. “Las identificaciones fueron problemáticas y, de hecho, en muchos casos asignan la atribución de mártir y caído a cuerpos que no lograban identificar”, cuenta la historiadora. Esta “atribución política e ideológica forzosa” es fácil de ver en numerosos casos: por ejemplo, en 1943, en Alamillo (Ciudad Real) fueron exhumados dos cuerpos, “enterrados en época roja”, según el alcalde, que a pesar de no haber podido ser identificados fueron enterrados en el cementerio con “honras fúnebres”.

Lo mismo ocurrió con las exhumaciones de Barajas (Madrid), unas de las más numerosas. Fueron recuperados 95 cadáveres, pero solo se logró identificar uno. Aún así, a todos se les enterró en el “Camposanto de Paracuellos del Jarama”, un lugar simbólico para la dictadura que se convertiría en espacio predilecto de conmemoración de los caídos por Dios y por España. Sin embargo, de las 749 personas a las que por orden de la CG se les dio allí sepultura procedentes de distintos puntos de la comunidad, solo un 16% fueron identificadas. En total, de las más de 3.000 exhumaciones rastreadas por Saqqa, solo lo fueron un 35%.

“Las prácticas que se llevaron a cabo fueron en muchos casos negligentes y los forenses involucrados en el proceso reproducen una carga ideológica que es la que sustenta la dictadura. Todo ello demuestra que hay un interés político, más que un interés por los derechos de sus víctimas o familiares, y que tiene que ver con la construcción de una narrativa que aún sigue utilizándose”, expone la especialista, que pone el foco en cómo el proceso de recuperación de cadáveres y su dignificación “supuso la exclusión radical” de las otras víctimas.

“El franquismo erige una legitimidad para los suyos que niega completamente a los vencidos” hasta el punto de hacer como si no hubieran existido. Así, hurta a sus familias la posibilidad de recuperar y honrar a sus muertos. Caso paradigmático es el de las exhumaciones de la Casa de Campo, en las que se encontraron once cadáveres que no pudieron ser identificados pero, debido a los objetos que portaban, se tuvo que descartar que fueran soldados franquistas. Saqqa piensa que podrían ser jóvenes que participaron en la Operación Garabitas, una ofensiva republicana que se produjo en la zona. En este caso, sin embargo, la Causa General no buscó culpables ni homenajes. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de la Almudena, en una fosa sin nombre, condenados al olvido.

Asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo volvieron estos días a Buenos Aires para comparecer ante la jueza María Servini de Cubría e insistir en un objetivo: el procesamiento e interrogatorio del exministro Rodolfo Martín Villa. Después de que los tribunales argentinos revocaran el procesamiento al antiguo alto funcionario franquista, las víctimas vuelven a testificar ante la magistrada que lo imputó en 2014 para solicitar la reapertura del caso: “Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, dijo Rosa García Alcón, una de las portavoces de Ceaqua y La Comuna.

La conocida como 'querella argentina' consiguió en Buenos Aires lo que ninguna iniciativa judicial había estado cerca de lograr en España: la imputación de una veintena de exministros franquistas, militares, policías y jueces del régimen para responder por los crímenes y la represión de la dictadura.

Fue en octubre de 2014, hace casi una década, y la investigación de la jueza argentina María Servini apuntó a “hechos atroces de lesa humanidad”, término usado para referirse, entre otros episodios de asesinatos, torturas y represión, a la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970 o los sucesos de Vitoria en marzo de 1976.

Las órdenes de extradición nunca tuvieron éxito. En marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy denegó las peticiones que hacía la magistrada porteña. Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado, entre otras, la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Nadie fue extraditado y Rodolfo Martín Villa declaró, finalmente, desde el consulado argentino en Madrid en septiembre de 2020 para negar que la Transición española fuera asimilable a un genocidio.

Fue en 2022 cuando los tribunales argentinos dieron la razón al exministro del Interior y anularon su procesamiento. En la actualidad solo una causa judicial abierta en Madrid investiga posibles torturas policiales durante la dictadura a un represaliado.

Las asociaciones y víctimas españolas, coordinadas por Ceaqua, viajaron de nuevo a Buenos Aires para volver a comparecer ante la jueza Servini e intentar que vuelva a poner en marcha el procesamiento de Martín Villa y otras 12 personas más, cuyas identidades no especificaron. Presentaron, además de las testificales, un informe para reforzar su acusación de delito de lesa humanidad contra los antiguos altos mandos del franquismo querellados.

Rosa García Alcón, de las asociación La Comuna, explicó el objetivo de este nuevo impulso a la acción judicial: “Que se procese de nuevo a Martín Villa. Exigimos que se nos dé justicia. Ya. Ahora. No se puede estar mareando más la perdiz. Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico que impulsa la querella, entiende que todos los hechos denunciados están “debidamente probados” y recordó que, en su declaración desde Madrid en 2020, Martín Villa usó “las mismas palabras que usó Videla acá” para referirse a los abusos policiales de la transición. “Errores o excesos de la Policía, no delitos de lesa humanidad. Lo mismo que decían los militares en los juicios que se celebraron en Argentina”, explicó.

Los testigos y las periciales que presentan estos días ante la jueza Servini, considera este abogado, “refuerzan ese dictamen que hemos presentado”. Considera que, a día de hoy, la jueza “tiene una mayor cantidad de elementos de prueba para volver a procesar a Martín Villa. Ese es uno de nuestros objetivos, como también la citación, captura y extradición de otros imputados”.

“Ha quedado claro que son delitos de lesa humanidad”, dijo el abogado Fachal. Preguntado sobre si considera que la situación política de Argentina, con Javier Milei al frente, puede afectar negativamente al desarrollo de la causa, afirmó que después de 35 años en ejercicio “he llegado a la conclusión de que no es independiente”. Citando a las Madres de Plaza de Mayo, zanjó: “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir luchando”.

Preguntas al Gobierno español

Asociaciones y víctimas acudieron a Buenos Aires acompañadas de dos eurodiputados: Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Anticapitalistas). Miranda, la primera en intervenir, prometió su “apoyo” para que la causa “siga viva y tengamos incidencia política a nivel internacional”. Tanto Miranda como Urbán criticaron que las víctimas tengan que acudir a Argentina para buscar justicia: “El Estado español no ha sido capaz de dar una respuesta a la memoria de las víctimas”, dijo la eurodiputada del BNG. “Esta causa es de conjunto de la sociedad española por tener una democracia que no siga tutelada bajo la impunidad de los crímenes del franquismo”, dijo Urbán.

Urbán explicó que su padre, torturado por el policía conocido como 'Billy el Niño', forma parte de la querella, pero no pudo volar a Buenos Aires por problemas de salud. El político apuntó al Gobierno español de coalición: “Queremos que Servini vuelva a hacer esta petición y saber si el Gobierno de PSOE y Sumar se van a sumar a Rajoy negando estas extradiciones o si van a apostar por la Justicia y van a permitir que vengan a Argentina a ser juzgadas”, dijo.

AP/CRM

Cuando era niña y su padre volvía a casa, Analía Kalinec gateaba hasta colgarse de su pantalón. Él la levantaba en brazos, la besaba, la hacía cosquillas y se reían juntos en una típica escena en el seno de una familia conservadora argentina de los 80. Hoy estos son recuerdos que duelen y alivian al mismo tiempo, que se enmarañan con emociones contradictorias que Analía tardó en colocar para poder asumir que el hombre al que tanto quiso y al que tanto obedeció es el mismo que cumple pena de cárcel. Que ese hombre, además de su padre, había sido el Dr.K.

Conocido bajo ese apodo en sus años como miembro de la Policía Federal durante la dictadura militar en Argentina, Eduardo Kalinec lleva 18 años en prisión: “Mi papá cumple cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad”, resume Analía. Kalinec fue detenido en 2005, cuando ya era un comisario retirado, y fue condenado cinco años más tarde en el proceso que juzgó la actividad de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo, que durante la dictadura sirvieron de espacios de detención, tortura y exterminio de personas, muchas de las cuales continúan desaparecidas.

“Al principio hubo mucho desconcierto, no entendía nada porque no sabía de su vinculación con la dictadura. Incluso pensaba que se trataba de un error”, explica la mujer, que entonces tenía 25 años y acababa de tener a su primer hijo. Sin embargo, entrar en contacto con el dolor del otro lado, el de quienes fueron represaliados, verlo de cerca y sentir lo actual que sigue siendo la cambió. Y a medida que fue conociendo a víctimas del “Dr. K” y familiares de desaparecidos terminó entendiendo que su padre era responsable: “Fue un desmoronamiento muy grande. Es la caída de ese padre tan querido e idealizado y es algo muy difícil de atravesar porque la imagen de padre genocida es casi un oxímoron, o sé es una cosa u otra. Sin embargo, asumir esa condición de mi papá fue duro pero necesario”.

Lo contrario, asegura, hubiera sido elegir el camino de “la hipocresía” y del “mirar para otro lado”. Porque Analía no es solo hija de un hombre condenado por participar en la represión, es también una hija desobediente, que se atrevió a denunciar públicamente las atrocidades cometidas por su padre y a posicionarse al lado de las víctimas. “Elegí conservar recuerdos con él que forman parte de mi historia, pero tuve la necesidad de explicarle al mundo que soy hija de Eduardo Kalinec pero repudio sus crímenes y no los convalido”, sentencia Analía, que contó su historia en el libro Llevaré su nombre (Marea Editorial).

Como ella, otros tantos hijos, hijas y familiares de victimarios vinculados fundamentalmente a las dictaduras latinoamericanas forman parte del colectivo Historias Desobedientes, que agrupa a quienes desde el interior de las familias decidieron romper el mandato de silencio y pelear por la verdad, la justicia y la reparación a pesar de los costos personales y las preguntas sin respuesta que quedan en el aire.

“¿Había humanidad en ti?”, “¿Alguna vez sentiste compasión?”, le cuestiona a su abuelo Loreto Urraca en el libro Entre hienas, que publicó la editorial Funambulista en 2018. A Loreto ningún amor la unía al padre de su padre, pero sí la sangre y el apellido. Lo primero que sintió cuando supo que era nieta de Pedro Urraca, el policía franquista dedicado a detener republicanos exiliados en la Francia ocupada por los nazis, fue vergüenza. “Me impresionó muchísimo saber la implicación tan grave que había tenido en la represión, fue tremendo ser consciente del daño que había hecho”, afirma.

Acercarse al dolor de las víctimas

Loreto se crió sin saber quién era su abuelo, que vivía en Bélgica y era un desconocido para ella. Lo vio por primera vez en Madrid en 1982, cuando cumplió 18 años, pero no fue hasta 2008 cuando supo que se trataba del cazador de rojos gracias a un reportaje de El País que contaba su verdadera identidad. Desde entonces, Loreto, investigó el pasado de su abuelo y decidió desafiliarse de su figura, como denomina a “separarme públicamente de él”: “Soy nieta de Pedro Urraca, pero no tengo nada que ver con sus ideas, no tengo esa lealtad familiar”.

Loreto, que participó en el reciente documental Urraca, Cazador de rojos, es la única representante en España del colectivo Historias Desobedientes, aunque sí tiene contacto con algunas personas descendientes de falangistas que no están dispuestas a hablar públicamente. “Hay miedo, que es algo de lo que yo me he salvado al tener un padre ausente y una madre ajena a esto, porque saben perfectamente que pueden recibir denuncias incluso por parte de sus familiares, que en algunos casos todavía se identifican con esa ideología. Además, viven en el medio rural, donde el encuentro y la cercanía es mayor”, esgrime la mujer, que pone a disposición de posibles desobedientes españoles la dirección historias.desobedientes.es@gmail.com.

Pedro Urraca, conocido como Unamuno, fue el agente de la Gestapo en Francia que detuvo al presidente de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys, al que entregó a la autoridades franquistas antes de ser fusilado. Varias décadas después, Loreto conoció a su sobrina nieta, Mariona, con la que depositó un ramo de rosas blancas en el Castillo de Montjuic, donde fue asesinado. Y es que parte de su proceso fue también acercarse a los descendientes de las víctimas de su abuelo, al que siempre se refiere por su nombre de pila. “La distancia que tenía con Pedro Urraca ha hecho que no me haya sentido culpable, pero dentro de las posibilidades quiero contribuir a reparar el daño causado”, asume.

Abuelo nazi

Conocer a un hombre que había sido prisionero en los campos de concentración de Hitler fue para Ilka Vierkant (Múnich, 1964) un punto de inflexión. “Fue tremendo ver su dolor, que todavía estaba por todo su cuerpo, y que sufriera por algo en lo que mi abuelo estaba implicado. Me di cuenta de que estoy dentro de la Historia y no fuera”, explica la mujer, nieta de Werner Vierkant, que fue a principios de los 40 director de parte de la red de ferrocarriles y miembro del Partido Nazi. “Me di cuenta entonces de que Jon y mi abuelo estaban en el mismo espacio y tiempo. Él fue esclavo en Auschwitz trabajando en el levantamiento de raíles y mi abuelo tuvo que organizar la construcción”.

Werner, al que casi no conocía, murió cuando ella tenía entre seis y siete años. Su padre le había contado que era nazi, pero pasó el tiempo hasta que unió “las piezas del puzzle” y se decidió a alzar la voz: “Es importante que los descendientes de los verdugos hablemos. La mayoría no lo hace porque hay una ley del silencio, pero confrontar con el horror y mirarlo de frente puede contribuir a que no se repita”.

Cuando el vínculo de afecto se rompe

A diferencia de Loreto e Ilka, que no tenían vínculo afectivo con sus abuelos, ser desobediente tuvo para Analía Kalinec un profundo costo personal y familiar. “Fue durísimo porque éramos una familia muy tipo, muy unida”, explica la mujer, que tiene otras tres hermanas. Ello provocó su “expulsión literal de la familia” hasta el punto de que en 2022 tuvo que defenderse de una demanda interpuesta por Eduardo Kalinec y dos de sus hermanas para intentar excluirla de la herencia de su madre por “indigna”. “Son vínculos muy primarios que se truncaron. Tengo dos sobrinos que no conozco a quienes junto a mis hijos les dedico el libro para que crezcan y puedan conocer la historia de esa tía de la que seguramente no sepan mucho”, afirma.

La decisión trajo también consecuencias familiares para Lisette Orozco, que narra en el documental El pacto de Adriana, el camino que recorrió desde que su tía, Adriana Rivas, fuera detenida en 2007 por haber sido agente de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del dictador chileno Augusto Pinochet, un organismo vinculado a casos de detenciones, torturas y asesinatos “financiado y amparado por EEEUU”, sostiene ella. “Mi familia decía que la habían confundido y que era inocente y yo creí eso al principio, no me podía imaginar que alguien tan humano a mis ojos, a quien admiraba tanto, había podido hacer cosas tan inhumanas”.

Se puso entonces manos a la obra, a buscar información para intentar ayudar a su tía, pero a medida que fue dándose cuenta de donde había estado involucrada “fue como si su figura se me empezara a oscurecer”. Adriana Rivas aprovechó en 2011 la libertad condicional para huir de Chile hasta que en 2018 la detuvieron en Australia y un par de años después aceptaron su extradición a su país. Desde entonces no sabe nada de ella y hay una parte de su familia “negacionista” que siempre defendió “una versión sesgada de la dictadura” y “justificó los crímenes de lesa humanidad” con la que no tiene contacto.

Sin embargo, hoy en día está orgullosa del camino recorrido, de haberse posicionado “contra las vulneraciones de derechos humanos” y a favor “del dolor de las víctimas” para contribuir a “liberar a mis futuras generaciones de la carga del trauma” que ella misma experimentó a través de la culpa o la vergüenza. Ella lo llama romper “el daño transgeneracional”. “La familia no se elige, pero sí elegimos nuestro camino y podemos elegir no acompañar el camino de otros cuando eso se trata de mentir o negar los hechos. Me parece esta una forma responsable de vivir”, reflexiona Lisette.

“Nunca va a dejar de ser mi papá”, dice Ana Laura Gutiérrez al otro lado del teléfono. Hija de Armando Gutiérrez, militar que ejerció en un centro de detención y tortura de la dictadura impuesta en Uruguay entre 1973 y 1985 en el que se terminaron encontrando los restos de dos desaparecidos. Aunque fue con 28 años cuando se enteró de su actividad, “desde muy temprano empecé a cuestionarlo por justificar la dictadura”, pero cree que haberse independizado joven hizo que el proceso sea más sencillo. “Hay personas que no lo han logrado y creo que tiene que ver con un fuerte peso del patriarcado. Aquí hay hijas abogadas que defienden a sus padres presos por delitos de lesa humanidad”, afirma.

Junto a su hermana, Ana Laura forma parte del colectivo Historias Desobedientes, que, reconoce, la ayudó a atravesar la vergüenza de “reconocer ser hija de quien soy” y dejar de cargar por ello “con una mochila que no es mía”. Armando falleció hace tres años y nunca dejó de ser alguien contradictorio para su hija. “Era mi papá, lo acompañe hasta el final porque estaba muy enfermo y me necesitaba, pero su persona me genera muchísima contradicción. Mi papá defendió ciegamente lo ocurrido y eso ya le hace parte. Además, el dolor es actual, no han dicho dónde están las 192 personas que en nuestro país aún están desaparecidas”.

Al silencio que mantiene su padre también se refiere Analía Kalinec como uno de los elementos que impiden su vínculo afectivo a día de hoy. “Tiene información sensible que podría aportar y colabora colaborar con sus víctimas y el hecho de que no lo haga y que siga eligiendo el silencio es una forma de reactualizar su crueldad que a mí me hace mal”, sostiene. Ese es el silencio que hace que padre e hija, a pesar de todo, no se puedan encontrar. Porque a pesar de todo, hay brechas que no se cerraron del todo. “Yo quisiera que él hablara por las víctimas y porque me ubicaría en otro lugar con él, hay algo del anhelo del encuentro que sigue vigente y de ahí el afán de que hable”.

MB

Un grupo de generales y oficiales retirados firmaron un manifiesto en el que piden que se destituya al recién elegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se convoquen nuevas elecciones, tal y como había adelantado el periódico digital español Infolibre. La idea se está pergeñando, al menos, desde el pasado 4 de noviembre, y detrás de ella están, según ha podido saber elDiario.es, algunos de los militares franquistas que se dieron a conocer por poner en un chat “no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. Uno de los más activos, José Manuel Adán Carmona, ya intentó una acción contra los indultos apelando al Rey en una carta.

El manifiesto, que este jueves (cuando se invistió a Pedro Sánchez en el Congreso) tenía medio centenar de firmas y al que ha tenido acceso elDiario.es, va pasando por correos de militares y exmilitares, algunos cercanos a la derecha y ultraderecha, para recabar apoyos. “Queridos compañeros, os envío el MANIFIESTO, finalmente consensuado y que será publicado en breve. Como podéis comprobar a los compañeros Generales y Oficiales, se ha adherido la Asociación de Militares Españoles”, una asociación enmarcada en las posiciones más conservadoras del ejército. Además, el grupo de exmilitares (los militares no pueden manifestarse o hacer acciones políticas), lamenta que se haya tardado en reaccionar: “A pesar de haber sido los pioneros en alzar la voz en un escrito sobre la situación actual, muchos se nos han adelantado, Jueces, Fiscales, Abogados del Estado, Diplomáticos, Interventores y Auditores del Estado, Policías, Guardias Civiles, y finalmente, nosotros, militares en situación de Retiro, también tenemos voz”. Revela también estar en contacto con medios de comunicación para lanzar el comunicado, pero evidencia al mismo tiempo que no han tenido facilidades para concitar apoyos: “Al nacer la idea, muchos medios nos indicaron que no era el momento. Por otra parte, hemos encontrado una laxitud extrema en nuestros compañeros, lo que ha retardado la adhesión de muchos que espero se hayan dado cuenta de la gravedad del momento y ahora, al menos mentalmente, nos acompañen”.

En el manifiesto se hace un recorrido por los problemas que, según los firmantes, padece España, como el “acoso al Estado de derecho”. También carga contra la independencia del Tribunal Constitucional, “máximo órgano de garantías constitucionales, presidido por un magistrado con antecedentes que no permiten la neutralidad de sus acciones”, en referencia a Conde-Pumpido, además de atacar al Supremo y la Fiscalía. Tras criticar los indultos, la carta pasa a la ley de amnistía: “Si esta es aprobada, es solo por el solo interés personal para ser investido Presidente del Gobierno, lo que deja inerme al Estado de Derecho al anular las sentencias y procedimientos en vigor de los delincuentes protagonistas de dicho golpe”.

Además de considerar la “posible ruptura de la Unidad de la Nación española, única e indivisible” o “el desprecio a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado propiciando la desaparición de la Guardia Civil de Navarra, la cesión de Comisarías en Cataluña y la violación continuada de nuestras fronteras por inmigrantes ilegales”, procede a pedir la destitución del presidente: “Este grupo de antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, hoy en situación de Retiro, preocupados por el devenir de España, alzamos la voz en este MANIFIESTO y pedimos a los responsables de la defensa del ordenamiento constitucional, la destitución del Presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales, lo que sometemos a la consideración de la ciudadanía española al objeto de prevenirla y de que tome conciencia de la gravedad de la situación actual”.

Entre los firmantes de esta versión, de este jueves, están generales como Yago Fernández de Bobadilla o el excapitán Díaz Rivera, quien dijo en el chat de los militares “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”. En aquella ocasión, el año 2020, remitieron una carta al rey Felipe VI, en la que más de 70 altos mandos retirados hacían suyo el argumentario de la formación de extrema derecha Vox contra el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez.

Una docena de familias de presos republicanos han interpuesto en el juzgado de Aoiz (Navarra) la primera querella colectiva por trabajo esclavo durante el franquismo. Son familiares de presos del bando republicano que durante los años 1939 y 1942 trabajaron en la construcción de la carretera que une los valles del Roncal y de Salazar en el Pirineo navarro, la Igal-Vidángoz-Roncal, que ahora reclaman el reconocimiento de sus allegados como víctimas de la dictadura.

Es la primera querella por trabajos forzosos durante el franquismo que se presenta en España y cuenta con el respaldo de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) y la asociación Memoriaren Bideak, que han anunciado que interpondrán nuevas querellas del mismo tipo en otros puntos del Estado.

Se estima que unos 15.000 prisioneros trabajaron de manera forzosa en la comunidad foral durante los primeros años del franquismo en la construcción de cuatro carreteras, así como búnkeres y otras estructuras defensivas con las que Franco pretendía fortificar la frontera entre Navarra y Francia en los Pirineos por miedo a una invasión. La construcción de estas estructuras se comenzó en el verano de 1939 y para ella se utilizó mano de obra esclava de presos republicanos a los que no se les había imputado delitos graves en contra del régimen, los conocidos como “desafectos”, que fueron organizados por batallones en los diferentes campos de concentración que el franquismo tenía por toda España.

En el caso de los cerca de 2.500 presos que se calcula que trabajaron en esta carretera del Pirineo provenían fundamentalmente de los campos de Miranda de Ebro y de la Universidad de Deusto de Bilbao. Todos ellos trabajaban durante largas jornadas en condiciones precarias con picos, palas y martillos como único material para picar la piedra y hacer los caminos.

Durante su estancia en los batallones de trabajo, además de estar privados de libertad -estaban continuamente vigilados por soldados armados-, también sufrían hambre, sed, frío y maltratos físicos. Algunos murieron por enfermedades como la tuberculosis, mientras que otros que intentaron fugarse fueron fusilados. Pese a que tan solo hay trece muertes registradas de trabajadores en la carretera Igal-Vidángoz-Roncal, se cree que fueron más.

“Pedimos que lo que el derecho internacional reconoce como un crimen contra la humanidad, sea también reconocido por la Justicia del Estado español”, ha reclamado Valentín Esteban, portavoz de las familias, que exigen “respeto y reconocimiento y que se establezca la verdad”.

“Nuestra sociedad tiene una deuda pendiente con estos presos y con valores democráticos que dice defender. No es admisible que continúe la impunidad actual”, ha finalizado el portavoz de los familiares de los presos que trabajaron en esta carretera como esclavos de la dictadura.

La querella, que va acompañada de dos informes periciales en los que se recogen las condiciones en las que trabajaron los presos del franquismo de manera forzosa, está dirigida a los mandos franquistas que ordenaron este tipo de trabajos (se desconoce si alguno sigue vivo). “El recorrido de la querella es incierto, no sabemos cuál va a ser la decisión del juzgado de Aoiz. Esperemos que sea admitida a trámite y se investiguen los hechos”, ha señalado Jacinto Lara, el abogado que ha colaborado con las familias en la presentación de la querella.

Lara ha destacado a su vez que los crímenes de lesa humanidad son “imprescriptibles” y “no es de aplicación la ley de Amnistía de 1977”. Ha interpelado al Gobierno de España para que “facilite la investigación” y ha lamentado “la impunidad en la que incurre el Estado español sistemáticamente al negarse a investigar estos crímenes”.

Por primera vez un juzgado español escuchó la denuncia de una víctima de torturas policiales durante la dictadura franquista. Durante algo más de hora y media Julio Pacheco y Rosa María García relataron a un magistrado de la Plaza de Castilla de Madrid las torturas que el primero asegura haber sufrido en 1975 a manos de varios policías de la Brigada Político-Social. “Es empezar a romper el muro de silencio e impunidad que tenemos con el franquismo”, explicaba Pacheco a la salida.

El denunciante recibió el apoyo de medio cententar de personas con pancartas y mensajes contra la impunidad de los crímenes de la dictadura y un mural con el mensaje “rompamos el muro de la impunidad”. Era el segundo intento de Pacheco y García de relatar ante un juez lo que pasó en 1975: su última declaración se suspendió aunque estaba prevista para el pasado mes de julio.

Hasta la fecha, Pacheco y otras víctimas de torturas policiales durante la dictadura solo habían podido explicar los hechos al otro lado del Atlántico, cuando la jueza argentina María Servini decidió abrir una investigación que terminó con varios intentos fallidos de extradición de mandos policiales de la época.

Hoy los dos pudieron hacerlo en el juzgado 50 de Madrid, que investiga si el comisario jubilado José Manuel Villarejo y otros agentes participaron en torturas contra este denunciante. “La primera vez que un juez te hace caso y te oye en sede judicial significa que puede haber más, que puede empezar esto a abrirse de alguna manera y obtener Justicia en el Estado español, yo tengo esa esperanza, creo que vamos a ir despacito pero el primer paso está dado”, explicaba Pacheco a la salida.

A esta declaración que estaba prevista para el pasado mes de julio no solo han acudido el fiscal del caso y el titular del juzgado, sino que también hizo acto de presencia un representante de la Fiscalía especializada en memoria democrática, aunque no realizó preguntas durante los interrogatorios y se limitó a tomar notas.

En los últimos años diversas denuncias y querellas por crímenes supuestamente cometidos durante la dictadura fueron admitidas a trámite pero no prosperaron al entender los jueces que los hechos están prescritos o, directamente, que están neutralizados por la amnistía de 1977. En ese sentido, Pacheco espera que ahora el juzgado 50 de Madrid cite a declarar a los policías querellados para poder interrogarles.

Melchora González Soto, la pequeña de su familia, fallecida este 2023, siempre quiso honrar la memoria de su hermano Urbano, asesinado por los golpistas en 1936 sin simulacro de juicio previo y arrojado a una fosa en Villadangos del Páramo (León) con más víctimas. Su esperanza de encontrar sus restos y enterrarlos con los de su madre creció con la exhumación de parte de esa fosa en febrero de 2022.

Hace unos meses la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) extrajo una muestra de ADN a Melchora en su casa y la envió para su cotejo. “Siempre he querido encontrarle. No puedo olvidar el dolor de mis padres”, contó entonces a elDiario.es.

Ahora el laboratorio de la Universidad del País Vasco acaba de notificar que entre los restos exhumados pudo identificar los de su hermano Urbano González Soto. Pero la confirmación llega tarde.

La familia de Melchora recibió la noticia con la alegría del hallazgo, que “es una reparación”, pero con la tristeza de que ella no esté “para ver lo que tanto había esperado y deseado”, cuenta Carmen Méndez, su nieta.

elDiario.es habló con Melchora González –Chora, para la gente cercana– poco antes de su fallecimiento, en su casa de Valencia de Don Juan. Estos eran sus recuerdos cuando todavía estaba a la espera de la identificación de los huesos exhumados.

¿Qué recuerda de su hermano?

Cómo olvidarlo. Yo tenía diez años en 1936, era la más pequeña de la familia. Unos días antes de su asesinato unos falangistas le llamaron a él y a otros cinco de aquí del pueblo para que fueran a declarar al cuartel de la Guardia Civil. Y como mi hermano no tenía un pecado ni nada, fue. Y se tuvo que quedar. Estuvo dos o tres días en la cárcel del pueblo.

Tengo entendido que usted fue a verle

Sí. Le llevé el desayuno todos días, café con leche, porque no le gustaban las sopas de ajo, que entonces se desayunaban mucho. No me olvido del último beso que me dio entre rejas. Esa fue la última vez que le vi. El día que se lo llevaron hacía mucho frío. Mis padres salieron a ver cómo los trasladaban en un camión. Pensaban que les llevaban a San Marcos [campo de concentración franquista en León] porque eso fue lo que nos dijeron. Mi madre salió corriendo detrás de él.

Yo veía llorar a mis padres y al verles así, lloraba también

¿Y cómo supieron que era él uno de los asesinados en Villadangos del Páramo?

Alguien dijo a mis padres que los habían matado. Yo les veía llorar y al verles así, lloraba también. Pensaba cómo podía estar muerto mi hermano, con lo buena persona que era. Era una cría, pero lo recuerdo todo. No olvido cuánto padeció mi pobre madre.

Él era hijo de obrero, fuimos obreros siempre. En el pueblo el médico era el jefe local de Falange. Mi madre, que era matrona, había ayudado a nacer a sus hijos. Pero él y otro señalaron a mi hermano, ya ves…

Pensábamos que nunca íbamos a poder encontrar sus restos. Por eso nos dio tanta alegría la exhumación y la suerte de que quizá puedan ser ellos. A ver, estamos a la espera.

Hicieron un monumento a los caídos por Franco, pero de mi hermano y de los otros no dijeron ni mu

Mi madre en vida no tuvo ninguna reparación, porque aquí en el pueblo hicieron un monumento a los caídos que habían muerto en el frente luchando con Franco, pero no se dijo ni mu de mi hermano ni de los demás asesinados.

A las familias de las víctimas las dejaron de lado. Y claro, mi madre dijo “ay, por Dios, por mi hijo y por los demás no hicieron nada, su nombre no está en ningún sitio”. Y ahora pienso en ella: “Madre, si vieras su nombre ahora en una placa…”.

¿Se acuerda de la cara de su hermano?

Sí, sí [susurra]. No era ni alto ni bajo, era normal. Había estado en Francia con otro compañero. Entonces no iba nadie a Francia, pero ellos fueron a ganar cinco duros. Y eso quizá también hizo que se la juraran, esas cosas que pasan.

Íbamos a tener dos bodas pero tuvimos dos novios muertos. Uno, sin entierro ni procesión. Como si no hubiera ocurrido

¿Cómo se enteraron de que a Urbano lo habían enterrado en una fosa en Villadangos?

Alguien se lo dijo a mis padres, no sé quién. Las familias de los asesinados quisieron ir en coche hasta allí para reconocer los cuerpos. Pero se necesitaba un salvoconducto y mis padres no tenían.

Pero una tía mía de Villamañán [otro pueblo de León] que estaba casada con un señor abogado y era gente lista, logró ir con su marido. Y así se enteraron de que lo habían matado. El secretario de allí de Villadangos les dijo que lo habían enterrado con un abrigo jaspeado que, según la descripción, correspondía al suyo.

Mi hermano llevaba algo de dinero, una cartera, un reloj y una foto en la que aparecía él. No hubo rastro del reloj ni de la cartera, pero sí de la foto, la habían guardado y se la dieron a mi tía.

¿Las familias de los asesinados en este pueblo tuvieron algún tipo de relación después?

Sí, mucha. Mucha. Estaban unidas, se apoyaban de puertas para adentro. Con dolor se juntaban y a llorar, la madre de uno con la madre de otro o con la hermana de otro y hablaban todas de lo mismo.

Pero madre no disimulaba con otra gente. Alguna gente le decía que se callara, que la iban a meter en la cárcel. Mi madre contestaba: “A mí no me importa, como si me matan. Digo lo que me sale del corazón, porque mi hijo era un hombre hecho y derecho de 29 años y me lo quitaron de delante. ¿Cómo no voy a hablar?”. La pérdida de un hijo… Mi madre no callaba, no se avergonzaba.

Pienso mucho en ella. Mucho. Iba a misa, pero de otra forma, antes le gustaba ir, después empezó a cogerle un poco de manía.

¿Estaba casado su hermano?

Tenía novia. Iba a casarse pronto. En la familia íbamos a tener dos bodas y en su lugar tuvimos dos muertos. Uno, con entierro y homenaje. El otro, nada. Desaparecido. Como si no hubiera ocurrido.

Mi hermano se casaba en septiembre del 36. Y mi hermana mayor, también. Pero a mi hermano lo mataron los franquistas, y el novio de mi hermana murió en el frente. Fue el primero del pueblo que cayó en la guerra. Era del bando nacional. Mi hermana no se casó nunca. Ni ella, ni la novia de mi hermano.

Aquí en el pueblo hubo una gran procesión por el novio de mi hermana porque era del bando de los franquistas. Yo me acuerdo que iba detrás en la procesión. Iba a ser un cuñado, pero no era un hermano. Para mi hermano, no hubo ni procesión ni nada.

¿Era del pueblo la novia de su hermano Urbano?

Carmina se llamaba. No, eran asturianos. Alquilaban una casina aquí, venían a veranear. Decíamos que venían a secarse. Mantuvo relación toda la vida con mi familia y la pobre no se casó más, no quiso. Fue madrina de uno de mis sobrinos, que lo llamaron Jesús Urbano, por mi hermano Urbano, su prometido. La mataron un poco. “Me morí”, decía ella. “No me casé con él, no me caso con nadie”, decía Carmina. Aquí no hubo guerra, pero fue horrible.

¿Cuántos hermanos eran en total?

Cuando mataron a mi hermano Urbano éramos cinco, pero habíamos sido diez. Uno se ahogó entre paja, otros murieron también. El de la paja estaba trabajando, era un obrero. Hacía montones de paja en los almacenes que los terratenientes tenían para el ganado. Y se le vino encima una montaña de paja.

¿A qué se dedicaba su padre?

Al campo. Pero a sueldo, no tenía tierras. Trabajaba para señores. Como mi hermano, el que se asfixió con la montaña de paja que le cayó. Y mi madre por las casas, ayudando a las que parían, le daban la voluntad. Pero era buena. El propio médico, cuando alguien iba a dar a luz, la llamaba a ella. La llamó para el parto de su esposa.

Ella ayudaba a todo. También a los gitanos, cuando venían por aquí como titiriteros. No hacía distinción. Había gente que le decía “vaya con cuidado que cualquier día la meten un navajazo”. Y ella contestaba que los gitanos eran personas como todos los demás. Braulia se llamaba mi madre. Lo que sufrió. Cuánto años lleva mi pobre hermano por ahí perdido… Aquel beso que me dio no se me olvida.

*Esta entrevista se realizó en vida de Melchora, en su casa de Valencia de Don Juan, hace unos meses. Los restos de su hermano Urbano, recién identificados, serán entregados próximamente a su familia por integrantes de la ARMH.

El golpe de Estado franquista contra la II República, elegida democráticamente, no fue sinónimo de “concordia” ni de “reconciliación” cuando miles de españoles tuvieron que exiliarse, sufrir duras condenas en la cárcel o ser fusilados a las afueras de sus pueblos en las oscuras décadas de los 40 y los 50. Es la vida al revés, o cómo retorcer las palabras para que signifiquen lo opuesto a su significado real ¿Qué entiende el señor Feijóo y sus adláteres por reconciliación y concordia? Primo Levi dijo que cada época tiene su propio fascismo. El de esta época se llama Vox y va de la mano del PP. El señor Feijóo dice que después de derogar la Ley de Memoria Democrática se sacará de la manga una norma que buscará “sentirnos orgullosos de nuestra historia”. Nuestra historia hay que asumirla, sin blanquearla ni validar sus rincones mas siniestros. 

¿Se siente el señor Feijóo orgulloso de los cien mil desaparecidos durante la guerra y la dictadura? ¿Dónde ve él la “división en bandos” a la que alude últimamente? Solo hay un bando, si quiere llamarle así a los familiares de las víctimas del franquismo, que llevan toda la vida soñando poder abrazar los restos de sus abuelos, sus padres, sus tíos, sus bisabuelos… ¿Qué división pueden crear estos ancianos y ancianas que solo piden enterrar dignamente a sus familiares? Es una cuestión humanitaria. No tiene que ver con la política y solo provocará una emoción inmensa por haber cumplido un sueño que nunca ha estado claro que se cumpliría, el sueño de que por fin tendrán un lugar donde rezarles y llevarles flores a sus familiares desaparecidos. En esto consiste esa amenaza de división nacional que anticipa el señor Feijóo. Es ridículo, si no fuera tan desesperadamente triste.

Estoy de acuerdo en que los españoles deberíamos interiorizar la necesidad de convivir con los otros españoles que no piensan como nosotros. Ante la amenaza de derogar las leyes de Memoria Democrática y la Ley Trans, y de que revisará y ajustará la ley de Eutanasia, la de Vivienda, la de Cambio Climático, y la de Bienestar animal, nuestra convivencia parece más difícil que nunca. Y deberíamos mostrarnos más preocupados de lo que parece que estamos.

Estos últimos días ha aludido también el señor Feijóo, como eje consensuado de los principios democráticos, al pacto de la Transición, un pacto al cual estoy muy agradecido porque sin él yo no hubiera existido. Mi cine, quiero decir. Pero todos sabemos que la mayor virtud de las fuerzas de izquierdas, y de derecha, supongo, fue su pragmatismo. Era muy difícil arrancar una democracia mínimamente verosímil después de cuarenta años de dictadura. Los habitantes de ese submundo que todavía son las fosas, las cunetas y los paredones, fueron condenados por el franquismo a la no existencia. Esa zanja anónima condena a sus víctimas a la no existencia. Solo vivirán en el recuerdo de sus familiares.

Y estas mismas víctimas, los cien mil que hacen de nuestro país el segundo después de Camboya en cuanto a personas desaparecidas, fueron una vez más ignoradas en el pacto de la Transición, de nuevo por el pragmatismo (y el miedo comprensible) de la izquierda (no en vano tres años después hubo un intento de golpe militar). Este comprensible sentido práctico de la izquierda española los condenó por segunda vez a no existir. Fueron doblemente héroes y doblemente víctimas. Y esa es una deuda moral que después de más de 80 años la democracia española no ha pagado aún y el tiempo apremia. Hubo una ocasión de oro para abordar el tema de las fosas en las sucesivas mayorías absolutas del PSOE. Pero no se hizo. Como muy bien dice Emilio Silva (presidente de Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica) nadie le preguntó a su abuela si quería morirse sin saber dónde estaba el cuerpo de su marido.

No hay ninguna razón para pensar que la simbiosis PPVOX en Extremadura, Baleares o Comunidad Valenciana, vaya a cambiar de discurso cuando lleguen (si llegan, que todavía hay partido, este es un mantra que no dejo de repetirme) al poder en las próximas elecciones generales. ¿Por qué habrían de hacerlo? Nos estamos acostumbrando a escuchar sus mentiras, a leerlas en los periódicos, como si no tuvieran que ver con nosotros. Nuestra vida cambiará a mucho peor sin los derechos humanos conquistados a punto de derogarse. Ellos amenazan y nosotros permanecemos impasibles. El miedo es el peor consejero, pero en estos momentos creo que puede convertirse en nuestro mejor aliado. Porque el panorama es aterrador. 

Comprendo lo frustrante que es ir a votar cuando realmente no confías en ninguna de las ofertas de los partidos. Pero hay que hacerlo, hay que participar aunque sea a regañadientes con uno mismo. La vida no será perfecta con Pedro Sánchez y Yolanda Diaz, pero es el modo más coherente de continuar progresando, sin mirar atrás, como la mujer de Lot. No estaría de más que Sánchez reconociera el grave error de la “ley del sí es sí”, y de paso que reconociera también que tardar ocho meses en reformarla es demasiado tiempo. De ese modo, tal vez desactivaría la coletilla utilizada hasta la saciedad por la derecha contra él. La ley “del sí es sí” en la actualidad es el equivalente a los casos de corrupción del PP, que el PSOE utilizaba en los debates de las otras legislaturas. 

Pero no hay punto de comparación. Como no lo hay entre Abascal y Yolanda Diaz. ¿No hay nada que se pueda hacer para obligar a alguien que pretende gobernar este país a debatir en la televisión pública de ese mismo país con las otras opciones políticas? Debería ser una obligación que los partidos que concurren a unas elecciones debatieran en los medios públicos, no solo en aquellos que le son afines.

Mar volvió a dar clase en un instituto español tras seis años sin pisar un centro educativo público. En ese retorno a las aulas, recuerda la sorpresa que se llevó al entrar en contacto con algunos de sus nuevos alumnos. “Vi un cambio espectacular. Un montón de niños hablaban de Franco sin saber quién era, iban con banderitas de España hasta el cuello y decían que eran españoles, muy españoles y que con Franco se estaba mejor”, recuerda esta docente que en los últimos años pasó por varios municipios de la Comunidad de Madrid. 

El asombro de Mar no es una novedad. Es un tema que ocupa parte de las conversaciones del profesorado, tanto en charlas distendidas en el recreo como en encuentros con sus amigos y familiares. El discurso ultra que penetró con fuerza en la sociedad española y en el Congreso de los Diputados también se metió en los institutos públicos y sedujo a un sector de la juventud.

El argumentario de estos jóvenes, según los docentes consultados por elDiario.es, exalta la bandera, defiende el nacionalismo español y recoge comentarios homófobos; además, confronta a los profesores con argumentos antifeministas y negacionistas de la violencia de género. En algunos casos, los mensajes que escandalizan al profesorado tienen reminiscencias franquistas e incluyen, incluso, alabanzas a la dictadura. “Cada día oigo más frecuentemente ‘Viva Franco’ y ‘Arriba España”, cuenta Laura, profesora de un instituto de Jaca (Huesca). 

Aumento de la identificación con Vox

Estos comportamientos, que empezaron “siendo residuales”, se fueron extendiendo en algunas aulas. “Hace unos años era impensable”, asegura la docente aragonesa. Antes de que irrumpiese esta ola entre un sector de la juventud “podía haber alumnos franquistas, pero no se manifestaban”; sin embargo, el eco que estos mensajes están consiguiendo entre su alumnado le “alarma muchísimo”. Eso sí, los entrevistados advierten que los alumnos no están solos en sus reivindicaciones; encuentran apoyo entre sus padres y otros docentes.

En los últimos años, coincidiendo con la normalización y el blanqueamiento de un discurso ultraderechista que niega la violencia de género, los docentes han detectado en las aulas un fuerte rechazo a la palabra feminismo. El impacto de estos postulados en una nueva generación se observa en el CIS. Si en 2019 el 3,8% de los jóvenes que tenían entre 18 y 24 años consideraban que Vox era el partido más cercano a sus ideas; cuatro años después, en el último sondeo publicado el pasado jueves, ese parámetro se triplicó (12,4%). De hecho, esa franja edad es en la que la formación de Santiago Abascal consigue más seguidores. 

Para estos jóvenes la simbología franquista no significa lo mismo que para nosotros. Tienen 40 años menos. Lo ven fuera de contexto

Mónica Cornejo — profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense

El partido de ultraderecha se mueve muy bien en los nuevos espacios en los que los más jóvenes se informan y se entretienen. “Es el partido que tiene más éxito en TikTok”, indica la investigadora Naira López Cañellas, que publicó un trabajo académico sobre los los peligros de subestimar a esta plataforma. En esta red social se “premia” el formato “corto” e “incendiario”. Un lenguaje que manejan en Vox. Se centran en una “experiencia personal”, donde se cuenta una anécdota puntual y de ella se hace “algo más grande”, detalla.

Es habitual y frecuente que los docentes se encuentren defensores de la formación de ultraderecha. “Es un sentir generalizado, no solo entre los jóvenes, también entre los adultos. El otro día también me pasó cuando estaba trabajando con presos”, cuenta el profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León Enrique Javier Díez. Entre las anécdotas que relata recuerda lo sucedido en un centro educativo mientras impartía una docencia sobre igualdad. Unos chicos que no tenían ni 11 años le replicaban hablando de “feminazis” e ideología de género, a la vez que reivindicaban su simpatía por Vox. “Estoy convencido de que no sabían lo que era la ideología de género”, reseña. 

El 'Cara al Sol' en el instituto

El incremento de un antifeminismo entre los jóvenes fue advertido hace unos días por el Centro Reina Sofía de Fad Juventud en Madrid. En un informe publicado el pasado miércoles constataron que el 44,7% de los hombres jóvenes sostienen postulados machistas. Pedro, que da clase a alumnos con dificultades de aprendizaje en un instituto en Ibiza, cuenta que este discurso, “muy de extrema derecha” que llegó a las aulas mezcla asuntos “que parecen inconexos”. Entre ellos, España, la bandera y el feminismo. Se encontró con alumnos a los que este último concepto no solo les provoca rechazo, sino que “directamente les genera odio”. En temas referentes al colectivo LGTBI también observa “un retroceso muy fuerte”.

En mi generación mucha gente cuestiona el movimiento feminista. Aunque no son mayoría, todavía hay chavales que dicen ‘ni machismo ni feminismo

Lucía — estudiante de 18 años

Cristina, jefa de estudios de un instituto del norte de Madrid, cuenta la insistencia de sus alumnos por colocar “la bandera de España en todos lados”. En la misma autonomía, Javier también detectó la incursión de “un discurso muy rancio” en un sector de su alumnado. Entre las anécdotas que relata, detalla cómo tuvo que llamar la atención a algunos estudiantes por realizar “saludos con la mano en alto” o por “cantar el ‘Cara al Sol” en el centro. 

En un instituto de Arriondas (Asturias), Mercedes escuchó el himno falangista entre su alumnado. “Lo cantan, pero no saben lo que es”, reconoce. En conversación con elDiario.es, explica que se llevó una sorpresa al volver a oír esta melodía en un centro educativo. Hacía años que no la escuchaba entre gente joven. Eso sí, reconoce que es una actitud puntual. No es frecuente encontrarse con la melodía del Cara al Sol en los pasillos de su instituto. “Son los menos”, añade, sobre los alumnos que se decantan por tararear esta letra en clase.

Los docentes entrevistados no coinciden al determinar qué acontecimiento fue el que marcó un punto de inflexión para que tanto estos comentarios como los discursos que niegan los postulados feministas se hayan hecho un hueco diario en la conversación diaria de los centros educativos: unos apuntan a la huelga feminista de 2018, otros a la irrupción de Vox y también se cita la victoria de la selección española en el mundial de fútbol de 2010.

“Cada vez somos más los que pensamos así”

Antonio (nombre ficticio) tiene 18 años, vive en Madrid. Desde que estaba en el instituto le empezó a interesar la política y siempre se vio con la libertad de expresarlo en clase, sobre todo cuando sus compañeras se identificaron abiertamente como feministas. Define sus ideas como “tradicionalistas y conservadoras” y con los partidos que más se identifica son Democracia Nacional y la Falange. Asegura que no es el único de su círculo cercano: “Cada vez somos más los que pensamos así”. 

En una actividad de clase, algunos alumnos nos preguntaron, ¿y Falange? Es que yo quiero votar a Falange

Laura — docente de un instituto en Jaca (Huesca)

“Es una minoría que antes no veías”, señala Laura sobre alumnos como Antonio. En su instituto hace unos días realizaron una simulación de unas elecciones. Aunque se optaron por “partidos políticos imaginarios”, finalmente también se mencionaron algunos que sí que existen y ahí fue cuando la docente aragonesa se sorprendió al escuchar la petición de algunos jóvenes: “Nos preguntaron, ¿y Falange? Es que yo quiero votar a Falange”. 

Para estos jóvenes, la simbología franquista y falangista no tiene la misma trascendencia que para algunos de sus profesores, que nacieron en la última etapa de la dictadura. Así lo ve Mónica Cornejo, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). “Para ellos no significa lo mismo que para nosotros. Tienen 40 años menos. Lo ven fuera de contexto”, apunta. 

Otro factor a tener en cuenta para analizar este fenómeno es la “psicología endógena del adolescente”: llevar la contraria y escandalizar. “Lo más antisistema es ser de derecha”, explica Javier. Entre los testimonios recabados por los docentes, identifican que hay cierta provocación entre los alumnos que defienden postulados ultras o niegan la violencia de género. Aunque Pedro identificó esa tendencia, advierte a su vez que “a algunos” sí que los ve “convencidos”.

Discusiones en las aulas

“Si van a conseguir escandalizar con una cresta rosa en la cabeza, se la van a poner. Si lo van a lograr con un pin que ponga España y un símbolo falangista, mejor, así no tienen que hacerse nada en el pelo”, apunta la docente de la Complutense. Actualmente, ser de Vox “es ser el malo en clase y ser provocador”, indica el profesor de la Universidad de León, que sostiene que esta nueva generación sustituye a los alumnos que hace varias décadas se reivindicaban como heavies o punkies.

La juventud actual también “está abriendo caminos” en temas como las identidades sexuales y de género. “Expresan su propio género de manera más diversa que en tiempos pasados

Nuria Alabao — antropóloga especializada en intersecciones entre extrema derecha y género

Frente a unas compañeras que “tienen más formas y modelos para ser mujer”, algunos jóvenes asumieron “un modelo de masculinidad más tradicional para cerrarse a una seguridad en estos tiempos de inestabilidad identitaria propia de la adolescencia”, subraya Nuria Alabao, antropóloga especializada en intersecciones entre extrema derecha y género. A la par que discursos antifeministas, la juventud actual también “está abriendo caminos” en temas como las identidades sexuales y de género. “Expresan su propio género de manera más diversa que en tiempos pasados”, indica. 

Esta diversidad de posicionamientos se palpa día a día en las clases. Lo cuentan los profesores, pero también las alumnas. Ellas se reconocen como las nuevas generaciones de un movimiento feminista “necesario y muy importante para conseguir la igualdad”, mientras sus compañeros de clase las tratan de “exageradas y mentirosas”. Lucía tiene 18 años y, tanto en su instituto en Madrid como ahora en la Universidad, siempre se ha encontrado con comentarios machistas por parte de sus compañeros: “En mi generación mucha gente cuestiona el movimiento feminista. Aunque no son mayoría, todavía hay chavales que dicen ‘ni machismo ni feminismo’. Cuando debatimos en clase sobre estos temas hay chicos que se limitan a poner malas caras y llamarnos pesadas”.

Enma (17 años) recuerda que hace unos días en su clase de Bachillerato de Artes el profesor tuvo que parar un debate: “Estábamos charlando tranquilamente sobre el tema cuando un grupo de chicos comenzó a gritarnos que tendríamos que haber vivido en el siglo pasado para ver lo que vivían realmente las mujeres, y no ahora, que ‘deberíamos agradecer cómo vivimos’... Dos minutos después alardeaban de que van a votar a Vox por sus políticas contra los derechos de las mujeres”.

Consenso en que la violencia de género es un problema social

“Cuando las chicas comenzaron a sacar sus discursos feministas en clase, los chicos nos empezamos a informar en defensa propia. Buscamos argumentos sólidos para combatir esa idea porque pensamos que puede poner en peligro nuestras libertades y perpetuar las desigualdades”, replica Antonio. Desde los 15 años, y ante la mirada crítica de sus compañeras, no dudó en posicionarse en este tema ante el resto de su grupo de clase.

En el momento en el que mi profesora dijo que le parecía una vergüenza que Vox quisiese eliminar la ley de violencia de género, yo tuve que saltar. Considero que es una ley sexista y anticonstitucional. Los chicos de mi clase me animaban y aplaudían

Antonio — estudiante de 18 años

Ahora está en la universidad, y aún recuerda el día en el que decidió debatir con su profesora de Historia sobre si la Ley de Violencia de Género debía derogarse o no: “En el momento en el que mi profesora dijo que le parecía una vergüenza que Vox quisiese eliminar la ley, yo tuve que saltar. Considero que es una ley sexista y anticonstitucional. Los chicos de mi clase me animaban y aplaudían”. Aun así, no se siente a gusto con las posturas de Vox por ser “tradicionales pero de mentira”. 

Los datos demuestran esta creciente percepción negacionista entre los hombres adolescentes, asumiendo el feminismo como un movimiento que les daña y les señala. Según el estudio ‘Culpables hasta que se demuestre lo contrario. Percepciones y discursos de adolescentes españoles sobre masculinidades y violencia de género’ del Centro Reina Sofía de Fad Juventud, el 44,7% de los hombres jóvenes sostienen postulados machistas. 

Esta investigación, que se realizó entrevistando a adolescentes, revela que hay nuevas percepciones sobre la desigualdad de género y la violencia machista entre los adolescentes como “el sentimiento de ser las verdaderas víctimas” porque el feminismo de ahora los puso “en una situación de inferioridad y vulnerabilidad respecto de las mujeres, donde se los criminaliza y silencia sus opiniones”. Con todo, estos resultados también destacan que el 46,4% de jóvenes se considera feminista frente a un 41,8% que dice no serlo.

El problema principal es que no lo estamos combatiendo. Estamos tan cargados de trabajo que estos temas se nos escapan. Las administraciones dan prioridad a impresoras 3D o bilingüismo, que son temas importantes; pero dejan de lado la educación social

Cecilia — profesora de un instituto de Madrid

En este trabajo también arroja conclusiones positivas, como que hay un consenso mayoritario en que la violencia de género es un problema social muy grave (74,2%). Al analizar estos datos, Alabao sostiene que si “se codifica en términos muy políticos”, como puede ser el feminismo y el antifeminismo, los jóvenes “pueden tener posiciones ambiguas”; sin embargo, si se “habla de problemas concretos”, como la violencia de género, “los chicos no tienen posiciones reaccionarias”.

Argumentos “muy simples”

El argumentario al que hacen frente los docentes entrevistados está basado en “discursos muy simples” en el que gran parte de los alumnos no consiguen profundizar cuando sus profesores rascan un poco más. “Muchas veces no saben lo que están diciendo”, coinciden en responder varios entrevistados. 

¿Cómo se combate en los institutos esta ola reaccionaria? No hay una pauta común. Algunos entrevistados confiesan que en sus centros, y por orden de la dirección, no se entra en estos debates por temor a la reacción de los padres. En otros casos, se reconoce que ante el exceso de trabajos “este tipo de temas se escapan”. “No nos queda tiempo”, explica Cecilia, que da clase en la Comunidad de Madrid. Ante esa falta de dedicación a este asunto, lamenta que las administraciones prioricen temas como “impresoras 3D o bilingüismo, que son temas importantes; pero dejen de lado la educación social”. 

El cambio cultural es muy lento". El asentamiento del feminismo y la garantía de los derechos sexuales "no va a ocurrir sin que la otra parte" intente que no se alcance. "Es un tira y afloja que dura décadas

Mónica Cornejo — profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM

En el caso del centro en el que trabaja Mercedes sí que se aboga por abordar estos asuntos. Con pedagogía, e intentando “relajar la tensión”, trata de que sus alumnos “analicen si realmente las reivindicaciones del feminismo van contra los hombres”. En estas clases se encuentra con respuestas “agresivas” por parte de los alumnos porque “se sienten atacados” al comenzar a abordar este asunto. Poco a poco, con pequeñas tareas y trabajos en los que anima a que consulten a sus madres o abuelas si sufrieron discriminación o si fueron acosadas, algunos alumnos empiezan a “darse cuenta”. “Cuando les toca de cerca es cuando lo ven”, concluye. 

Sobre la evolución del feminismo, la profesora de la Complutense explica que “el cambio cultural es muy lento”. El asentamiento del feminismo y la garantía de los derechos sexuales “no va a ocurrir sin que la otra parte” intente que no se alcance. “Es un tira y afloja que dura décadas”. En esa transformación, “cabe esperar momentos históricos de receso”. Y alerta: “Hay que estar atentos porque durante esas etapas se puede perder, pero también se puede aprender y se puede mejorar”.

El cine del franquismo siempre se describió como casposo y rancio. La producción posterior a la Guerra Civil estuvo marcada por la censura, el control férreo de los argumentos y unas temáticas enfocadas a ensalzar el patriotismo y los valores de la dictadura. A partir de los años 50 entra otra moda dentro del cine, la de los niños cantantes. Ahí están las películas de Joselito, dirigidas por Antonio del Amo. El cineasta -abuelo de Rodrigo Sorogoyen- es uno de los casos más peculiares de la historia del cine español. Con 19 años es parte del movimiento cultural en el Madrid de la Segunda República, y tras el golpe de estado llega a rodar documentales para el bando republicano.

La victoria de Franco termina con Del Amo detenido y condenado a muerte pero, gracias a la intervención de cineastas afines al franquismo, consigue salvarse. Desde entonces, desaparece del mapa hasta que en 1947 su nombre se acredita como director de su primer largometraje, Cuatro Mujeres, la historia de cuatro hombres que durante una partida de póker recuerdan amores del pasado. El guion de Cuatro mujeres depara otra sorpresa. Lo escribe Manuel Mur Oti, otro republicano que tras la guerra acaba en un campo de prisioneros francés. 

La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que dos cineastas marcados por su filiación política dirijan en los años 40 hasta tres películas juntos? Según Wikipedia, son ellos los que crean la productora Sagitario films, la empresa cuyo logo aparece en sus obras y en las de otros de los mejores directores de la época como Edgar Neville. Sin embargo, Wikipedia miente. La enciclopedia virtual ha comprado la versión oficial. La versión que oculta que tras Sagitario Films se encontraba realmente un general nazi que blanqueó el dinero ganado durante la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial haciendo negocios desde España. Una figura conocida en todos los círculos del franquismo y que hasta presumía de que Franco le había regalado un cuadro de El Greco.

Su nombre es Johannes Bernhardt, y su historia la ha investigado hasta el último resquicio Santiago Aguilar. Una investigación que ha publicado la editorial Shangrila bajo el título de Sagitario Films. Oro nazi para el cine español y que ha merecido el premio Muñoz Suay que concede la Academia de Cine y que reconoce los mejores trabajos de investigación histórica sobre cine español. El jurado destacó “el rigor en la investigación de una empresa y de un productor hasta ahora no suficientemente estudiado y que, en cambio, es muy significativo del contexto histórico de una época y de las relaciones entre el franquismo y la Alemania nazi”.

Aguilar bucea en documentos desclasificados de la CIA, archivos argentinos y en todo lo publicado para descubrir quién era realmente Bernhardt y ahondar en cómo hizo su dinero. Su fortuna se fragua durante la Guerra Civil, donde actúa de intermediario de Franco ante Hitler. Tras la victoria franquista, y ante el dinero que debía España a Alemania por su apoyo en la contienda, se queda en el país para mediar en todas las exportaciones de materias primas –incluido el wolframio, conocido como oro negro– durante la Segunda Guerra Mundial. Llegó a ser uno de los nazis más buscados tras la Guerra Mundial, y finalmente huyó a Argentina (supuestamente con su cuadro de El Greco bajo el brazo), pero antes fundó, mediante testaferros, la empresa Sagitario Films, con la que blanqueó el oro nazi y rescató del olvido a cineastas olvidados durante años como Del Amo o Neville.

Por indicación de un buen amigo llegué hasta el hombre que podía ser el productor soñado. Yo creé el sueño, desde el logotipo hasta la palabra fin. Bajo ese sueño mío se formó Sagitario Film

Manuel Mur Oti — Director de cine

El propio Del Amo, tal como cuenta Aguilar en su trabajo, se ponía la medalla de haber convencido a Bernhardt para invertir en cine. “Y al cabo, solo premiado y con un guion magnífico en la mano, era tal como un pobre: Cerca de Dios pero a la puerta del templo. Y recorrí Madrid. Y hablé con guionistas, con jefes de producción, con vencedores, con vencidos. Y al fin, yo sabía el costo de un guion que ya había escrito: desde el primer grito de ¡Motor!... ¡Acción!... hasta el: gracias, señores, del final de la película. Y por indicación de un buen amigo –Santiago Peláez–, que era algo así como auditor-contable de un editor alemán, llegué hasta el hombre que podía ser el productor soñado. Y lo fue. Yo creé el sueño, desde el logotipo hasta la palabra fin. Bajo ese sueño mío, se formó la productora Sagitario Films”, contaba el director en el libro que escribió sobre él Miguel Marías, Manuel Mur Oti, las raíces del drama.

Ese misterioso editor alemán es Bernhardt, y Mur Oti siempre se encumbró a sí mismo como ideólogo artístico en la sombra. El general honorario de las SS, director del consorcio empresarial alemán más importante de los que operan en España entre 1936 y 1946, produce cine del 47 al 51 y da voz a cineastas de izquierdas. “Yo lo apuntaba todo, creaba hipótesis que podían volverse realidades y calculé que hacer una película barata podría costar aproximadamente dos millones y medio de pesetas de aquel tiempo. Entonces pregunté a un amigo experto en contabilidad, y que llevaba la de una casa alemana, quién tendría esa cantidad y, al cabo de un par de días, me facilitó el nombre de un alemán. Este me señaló fecha y lugar para visitarle y me concedió media hora para exponerle el asunto. Yo acudí felicísimo, pero tan pronto le dije que se trataba de una película, puso fin a la entrevista. Yo continué sentado, le recordé que me había concedido media hora para exponerle el negocio y así nació Sagitario Films”, contó Mur Oti en una entrevista con Augusto Martínez Torres.

La primera noticia oficial de Sagitario Films data del 25 de marzo de 1947, cuando se registra de forma oficial la solicitud del permiso de rodaje de Cuatro mujeres. El presupuesto fue menos del que aireaba Mur Oti, 1,8 millones de pesetas. El rodaje se retrasa por culpa de la censura, a la que no gustó el guion escrito por él. Fue la primera película con la que Bernhardt comienza a desbloquear su dinero. Gracias a su investigación, Santiago Aguilar cuenta con detalles la vida de un personaje tan sorprendente como el general nazi, pero también reconstruye y reivindica un cine hecho en la dictadura y que suele pasar desapercibido en los libros de historias.

“Bajo ese paraguas empresarial tan ominoso se realizan unas cuantas películas de incuestionable interés en las que es posible identificar, incluso, una suerte de marca de fábrica, una especie de ‘sello Sagitario’ que se hace visible a través de la predilección por determinados temas y atmósferas”, dice el autor en su libro. Antonio del Amo, Manuel Mur Oti, Luis Escobar o Arturo Ruiz Castillo, entre los debutantes, y Edgar neville, como más veterano, fueron los nombres a los que Sagitario Films rescató.

Este productor se llamaba Bernhardt y estaba muy relacionado con el partido nazi; y por lo visto tenía que justificar su permanencia en España, o había un capital aquí que había que desbloquear

Fernando Fernán Gómez — Actor y director de cine

Mur Oti no es el único que contó abiertamente que había un nazi tras la producción de aquellas películas. Fernando Fernán Gómez también hace mención -con algo de imaginación- a Bernhardt en sus memorias, El tiempo amarillo (Capitán Swing): “Este productor se llamaba Bernhardt y estaba muy relacionado con el partido nazi de Hitler; y por lo visto tenía que justificar su permanencia en España, o había un capital alemán aquí que había que desbloquear. En fin, algo de esto que nosotros los hombres corrientes no llegamos a entender nunca bien. Y cuando despareció, se deshizo todo este grupo en el que estaban Antonio del Amo, Mur Oti, el que luego sería guionista Antonio Vich, que entonces era director general de producción, y un tal Santiago Peláez que era el gerente”. 

Fue, precisamente, esta mención la que encendió la bombilla de Santiago Aguilar. En sus investigaciones se va encontrando “con mil historias que no están contadas”. Esta era una de ellas. También había una mención a Bernhardt en el diccionario de productores del cine español de Ruambau y Torrero que publicó la Filmoteca Española. “Coincide que en Sagitario Films están Luis Escobar y Neville, que me habían interesado mucho en otras investigaciones, y dos de las películas de Neville están legalizadas por Bernhardt, las produjese o no él”, cuenta Aguilar. Buscando llegó “a los papeles desclasificados de la CIA en los que se hablaba en general de Sofindus y de todo el entramado industrial que había montado. Sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial y con alguna alusión a la Guerra Civil. Había una serie de notas, mínimas, que remitían a las empresas que tenía para lavar el dinero que no puede mover porque lo tiene congelado”, explica del origen de su investigación. 

Tras la Segunda Guerra Mundial, la legislación española no permitía que hubiera capital extranjero, por lo que Bernhardt “actuaba siempre con testaferros”. Santiago Aguilar descubre también la figura de Santiago Peláez, el otro nombre que mencionan Mur Oti y Fernán Gómez. “Él tampoco es un testaferro al uso, sino que es un profesional del cine que asume las riendas de la productora y, sobre todo, me llama la atención que aparte de la productora Sagitario ellos monten una distribuidora con muchos contactos con Reino Unido que se llama Europa Films y con la que estrenan, por ejemplo, Las zapatillas rojas de Powell y Pressburguer. También compran los estudios Cinearte y montan una especie de asociación de dobladores”. De hecho, Aguilar, codirigió la película Matías Juez de Línea que, en un guiño del destino, fue montada en Cinearte. “Es que yo había estado allí. De hecho, algunos planos lo rodamos allí, había muchos puntos de contacto”, añade.

Describe su investigación como “una historia económica, una historia política y una historia cultural”. No se atreve a dar una cantidad de cuánto dinero pudo lavar Bernhardt con Sagitario Films, porque “es imposible de saber”, pero sí que tiene claro que “es mucho dinero”. “De hecho, él sigue después manteniendo el negocio en España de importación exportación y, según los nazis, tiene un piso en la calle Zurbano dedicado al préstamo 'con usura'. El dinero siempre tenía que circular, que entrara en el circuito y saliera limpio por el otro lado”, indica. Un trabajo documentado y minucioso que se centra en los datos que ha comprobado, aunque también mencione las versiones que se han trasladado por la tradición oral, como ese regalo de Franco en forma de cuadro de El Greco que nunca se pudo confirmar que llegara junto a él en Argentina. Historia del cine y de España que parece salida de la mente del mejor de los guionistas, pero que solo es un ejemplo de lo necesario que es hacer memoria sobre nuestro pasado.

Ana recuerda desde que tiene memoria cómo cada día su abuela Isabel cortaba una rosa blanca y la colocaba delante de una fotografía expuesta en casa. La de de su abuelo, José Bazán Viruez. Era un ritual inexplicable para ella. “¿Por qué la pones aquí, abuela?”, le preguntaba. Ella contestaba: “Porque no tengo donde ponerla”. Y aunque Ana, entonces niña, insistía –“pero ¿por qué está aquí la flor, abuela?”– la respuesta era siempre la misma. “Porque no tengo donde ponerla y no preguntes más”. Isabel no quería hablar, le daba miedo hacerlo, pero finalmente se encargó de que su nieta supiera que su abuelo no solo murió, sino que fue fusilado el 15 de agosto de 1936.

Colocar junto a la foto de José su flor favorita fue para Isabel la forma de recordar a su marido, concejal de Izquierda Republicana en Ubrique (Cádiz) asesinado por las tropas franquistas al inicio de la Guerra Civil. No fue una excepción. Su caso ilustra lo que vivieron los familiares de las víctimas republicanas fusiladas en la contienda y la dictadura, que no solo se enfrentaron a la pérdida de sus seres queridos, también a la imposibilidad de llevar a cabo un duelo normalizado ante la desaparición de sus cuerpos y la imposibilidad de homenajearlos, al contrario de lo que ocurrió con los vencedores, que una vez acabada la guerra pudieron exhumar sus restos y ser reconocidos.

Frente a ello, fueron comunes los pequeños rituales familiares, las estrategias de duelo clandestinas que mantuvieron su memoria viva. “Eran expresiones cotidianas de resistencia y disenso frente al franquismo oficial”, explica la investigadora estadounidense Francie Cate-Arries, autora de un estudio sobre el tema en el que cuenta la historia de Isabel. En estos casos, asegura la experta, estas prácticas “permitieron activar un duelo subversivo en privado” por parte de la generación que vivió la guerra, pero también “estructurar la posmemoria” de los descendientes.

“Para los familiares, la necesidad de recordar a sus parientes adquirió un significado mucho más dramático dadas las restricciones al duelo impuestas por el franquismo”, explica Paloma Aguilar, experta en memoria histórica y autora del artículo Estrategias de homenaje y recuerdo de las familias de las víctimas de la represión franquista, publicado en la revista Memory Studies. Los republicanos asesinados fueron enterrados en fosas comunes que muchos familiares no sabían dónde estaban y, si lo sospechaban, no podían rescatar sus restos, tal y como sigue ocurriendo a día de hoy con miles de desaparecidos.

Fue, según describe Aguilar en su investigación, un castigo doble: por un lado, “se les impidió el duelo de forma normal”, pero también “se borró de la opinión pública la memoria de los muertos”, como si nunca hubieran existido. El trauma fue también doble. No solo tuvieron que sufrir por la muerte de sus seres queridos, sino que además no pudieron enterrarles dignamente.

La “espera permanente”

“No se pudo llorar a los muertos, eso estaba prohibido”, le comentaba Lucía a la investigadora Cate-Arries, que ha entrevistado a varios descendientes de fusilados en la provincia de Cádiz. Lucía acudió al encuentro con el reloj de bolsillo de su abuelo Alonso, que Fermina, su viuda, había escondido como un preciado tesoro tras su fusilamiento. Le sacaron de casa los falangistas en 1936 cuando buscaban a su hijo Pepe, el padre de Lucía, que había huido al monte. Pepe durmió al lado del reloj de su padre desaparecido durante toda su vida, como “un trágico talismán que colgaba como un crucifijo en la cabecera de la cama”.

El significado de este duelo detenido lo explica el doctor en Antropología Jorge Moreno, miembro del proyecto Mapas de Memoria de la UNED y autor de varios artículos sobre el tema y del libro El duelo revelado. La vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo. Moreno parte de la idea de que los rituales funerarios implican “la conversión de alguien que está vivo en alguien que está muerto” siendo esta la manera “en la que el ser humano domestica la muerte, le da un lugar y un nombre”. Esto suele realizarse mediante un entierro o un homenaje, que supone “llevar el cuerpo del mundo de los vivos al mundo de los muertos”.

En el caso de los republicanos había una “imposibilidad de completar este ritual” por la inexistencia de un cuerpo, asegura el experto, lo que sitúa al fallecido “en una espera permanente”. “Esto provoca una desorientación buscada de manera premeditada por el régimen franquista, que quiere alargar el dolor de las familias mediante el terror no solo por el asesinato, sino con la ocultación de los cuerpos”, continúa Moreno, para quien ese “no estar ni en un lugar ni en otro” es lo que intentaron solucionar las familias a través de sus propios rituales, mediante fotografías, prácticas privadas u objetos.

Estos últimos, custodiados durante décadas como tesoros por las familias, protagonizaron en 2020 uno de los proyectos impulsados por Mapas de Memoria, en forma de una exposición llamada Las pequeñas cosas. Entre ellas están las pocas piedras manchadas de sangre que la hermana de Ángel Ruiz, asesinado en mayo de 1940 en Almagro (Ciudad Real), recogió del lugar en el que fue fusilado. Las guardó en un baúl hasta poco antes de morir, cuando se las entregó a Saturnina, la viuda de Ángel. Ella cosió una bolsita para guardarlas y las llevó en su delantal durante toda su vida.

Las piedras recuperadas pasaron después a manos de Vicenta Ruiz, la hija del matrimonio, y ahora a las de Ángela, la nieta, a quien han llegado otros muchos utensilios heredados que guarda en una caja: una petaca, unas cartas o unas tijeras comparten espacio con una vieja foto de Ángel, que ocupa el centro. La fotografía había viajado con Saturnina allí donde se había trasladado ella a lo largo de su vida. Donde ella iba, iba la foto.

La camisa agujereada de Eloísa

Estos “mecanismos de duelo alternativo”, como los bautiza Aguilar, han sido analizados por la experta en su estudio, circunscrito al caso de seis familias de ejecutados en el municipio de Casas de Don Pedro (Badajoz). “No se resignaron al olvido. La memoria de los desaparecidos fue cultivada en privado y, a veces, los sitios de las fosas comunes fueron marcados con cruces u otros signos para evitar que cayeran en el olvido, algo que fue de gran ayuda para localizarlos cuando, 40 años después de la guerra, comenzaron las búsquedas de los restos”, explica la investigadora.

En el artículo, Aguilar cuenta entre otras las historias de Eloísa y Cecilia, dos mujeres del pueblo, ambas de 23 años, asesinadas como venganza porque sus respectivos esposos habían escapado y se habían unido a la guerrilla antifascista. Según los testimonios recabados por la experta, cuando las mataron, las dejaron en una zanja sin nada por encima, ante lo que un pastor se compadeció, les echó tierra encima y llevó la camisa acribillada a balazos de Eloísa a su madre, que vivió hasta los 100 años conservándola. Cuando murió, la enterraron con ella, como había pedido.

Entre las estrategias y rituales identificados, las fotografías expuestas en las casas “ocupan un lugar central”, señala Moreno, que pone el foco en que a falta de cuerpo y tumba, “será a las imágenes a las que prodigarán cuidados, tratamientos e incluso mortajas”. Eran a menudo collages de fotos en los que se insertaban varias de distintos miembros de la familia, como la que encargaron los padres de Cecilia y Dionisio, ambos asesinados. Como explica Moreno, era habitual que las fotografías fueran muy cuidadas y se ajustaran con una técnica para que los muertos aparecieran con la luz más favorable posible, vestidos muy elegantes y con expresiones de seguridad y serenidad.

Un duelo marcado por el género

No es casualidad que la mayoría de las que custodiaron los objetos o se encargaron de encargar, colocar y cuidar las fotografías fueran mujeres. Hay también un “reparto asimétrico” del trabajo de duelo en función del género, detalla Moreno, siendo ellas tradicionalmente protagonistas. La carga solía recaer sobre las hermanas, las madres o las viudas. “Son las mujeres las que cuidan no solo de los vivos, también de los muertos. O dicho de otra forma, el cuidado de la casa se extendía también al cuidado de la casa simbólica”, esgrime el experto.

Otra forma de homenaje póstumo tuvo que ver con poner el nombre de los ejecutados a sus descendientes o nuevos miembros de las familias. Fue el caso de los Casatejada, una familia de Casas de Don Pedro de la que fueron fusilados dos hermanos: Julián, de 19 años, y Alfonso, de 17, cuyos nombres eligieron otros tres hermanos para uno de sus hijos. La hermana de Eloísa también puso a su hija su nombre, mientras que Santiago, el marido viudo de Cecilia, le puso su nombre a la hija que tuvo con Granada, la mujer con la que se casó años más tarde.

Granada y Santiago tuvieron cuatro hijos, pero mantuvieron siempre una relación muy estrecha con la familia de Cecilia, según cuenta Aguilar. Hasta el punto de que Petra, la hija menor, confundía cuando era pequeña a ambas familias y tuvieron que pasar años hasta que descubrió que la mujer que aparecía al lado de su padre en una antigua fotografía no era su madre, Granada, sino Cecilia.

Aguilar defiende que los rituales de duelo clandestino a los que estas familias fueron obligadas por la dictadura no solo se redujeron a desafiar el silencio y recordar a sus seres queridos, sino que también “fomentaron la solidaridad entre familias, permitieron la transmisión intergeneracional de la memoria y las lealtades ideológicas y creó resiliencia familiar”. Algo que, asegura, resultó muy útil para organizar las exhumaciones de los restos de los fusilados que empezaron a producirse, de forma muy precaria, solo una vez llegada la democracia.