El sistema eléctrico se prepara para enfrentar la primera ola de calor y trabaja bajo la hipótesis de que durante esta semana se superen los récords de energía y potencia que demanden los usuarios de todo el país.

“La demanda tiene alta probabilidad de alcanzar o superar los récords vigentes de energía y potencia (597.7 GWh y 29.653 MW)”, señaló en su informe semanal la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA).

La empresa realizó esta proyección con “los pronósticos disponibles que indican que entre el 11 y el 17 de enero se presentarán temperaturas máximas de 36° y mínimas de 25° en CABA, resultando medias entre 30° y 31°”, y situaciones más exigentes aún en el centro y el Norte del país, alcanzando entre 32° y 34°.

En este contexto se prevé la posibilidad de importación de energía desde Chile, Uruguay, Bolivia y Brasil, lo cual depende de la disponibilidad que tenga cada uno de estos países.

De acuerdo a las previsiones, la peor situación se prevé para el jueves 16, cuando se estima un pico de demanda de 29.662 MW anticipando un nuevo récord por encima del máximo histórico de 29.653 MW del 1 de febrero de 2024.

De allí que durante esta semana el sistema eléctrico se enfrentará a un pico de estrés que puede derivar en algunos cortes.

Durante este fin de semana, en una nota de Natalí Risso publicada en elDiarioAR, fuentes del sector energético alertaban sobre la urgente de necesidad de que se tomen decisiones para ampliar la capacidad productiva de electricidad para industrias y hogares.

“Todo el mundo está muy enfocado en este verano, pero el problema se agrava para los que vienen”, afirmaba una de las fuentes consultadas. “El crecimiento vegetativo sumado a una economía en recuperación, generará un aumento de al menos 5% de la demanda de energía para el año que viene”.

En diálogo con este diario, fuentes oficiales aseguraron que entre enero y febrero saldrán dos licitaciones: de baterías para almacenamiento de energía eléctrica, y de construcción de una nueva planta de generación térmica.

“Pero vamos a tener el mismo problema”, concluían desde el sector privado, “porque para instalar una máquina nueva necesitas entre 30 y 36 meses, o mismo las baterías que pretenden licitar para almacenar energía y tener reserva para las horas pico, que tienen unos diez meses de instalación. Si no se toman decisiones ahora el problema va a ser cada vez peor año a año”.

A comienzos de septiembre pasado, durante su primera aparición pública como secretario coordinador de Energía y Minería de la Nación, Daniel González reveló que Cammesa —la empresa encargada de planificar las necesidades de capacidad de energía y operar el mercado eléctrico— había proyectado que la demanda del verano podría alcanzar un pico 30.000MW en el país, por encima de los 29.000MW récord al que se había llegado en febrero de 2024.

Al mes de esa aparición, en octubre, la Secretaría de Energía publicó la Resolución 294/2024, un “Plan de contingencia y previsión para meses críticos del periodo 2024/2026”, con medidas específicas para el corto, mediano y largo plazo en los tres eslabones del mercado.

También tienen en cuenta la importación de energía de países limítrofes como Brasil o Paraguay en momentos de alta demanda. En este sentido, los últimos dos meses de lluvias en Brasil, que genera el 70% de su energía a partir de centrales hidroeléctricas, y la mejora del caudal del río Paraná que afecta positivamente a la generación de la entidad binacional Yacyretá, generan un alivio para la Argentina, que podría contar con disponibilidad para importar energía en el caso de que la necesite.

DM con información de agencia NA

El sistema eléctrico nacional registró este sábado un nuevo pico histórico de demanda al llegar a los 27.203 MW, lo que acompañó las altas temperaturas de la jornada de acuerdo a los datos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El pico de consumo de energía registrado a las 14.35 ante las altas temperaturas que afronta gran parte del país resultó superior a los 26.746 MW del 11 de febrero al alcanzar los 27.203 MW.

Por primera vez en su historia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) superó este sábado el umbral de temperatura máxima de ola de calor (32,3 °C) por 12 días consecutivos (el récord anterior era de 2017, con 11 días).

A las 14, CABA registró 38,6 °C de temperatura, la más alta para marzo desde 1906, y se trató de la segunda vez en el mes que alcanza el récord absoluto para marzo (el día 2 fue con 38 °C), según datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo a datos del Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), la demanda era de 3.919 MW con 28.800 usuarios de Edesur sin suministro a las 16.25; y la demanda era de 5.384 MW con 12.440 usuarios en Edenor sin suministro.

Frente a esta situación, la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica (Adeera) reiteró su recomendación de que los usuarios hagan un uso adecuado de los artefactos eléctricos y, de esta manera, se aporte a que la utilización de los recursos del sistema eléctrico (generación, transporte y distribución) sea más eficiente.

El utilización adecuada permitirá atravesar situaciones excepcionales como la de estas jornadas de intenso calor.

MB con información de agenda de noticias Télam

Walter Martello fue diputado bonaerense por la Coalición Cívica en 2005 y 2013 hasta que en 2014 fue convocado por Sergio Massa para sumarse al Frente Renovador. Dentro de esa fuerza fue promocionado como defensor del Pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires entre 2017 y 2022, cuando Massa lo convocó en septiembre para ser el interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), en reemplazo de la cristinista Soledad Manin. En su nuevo cargo, impuso ya multas por deficiencias del servicios por $ 1.429 millones a Edesur, a la que quiere estatizar desde hace años, como usuario en sus pagos de Esteban Echeverría, y por 593 millones a Edenor, lo que totaliza 2.022 millones.

Hace pocos días dijo que está a favor de que, ahora que la italiana ENEL quiere vender sus acciones en Edesur, el Estado las compre... ¿por qué?

Es una posición histórica que he mantenido previa a la comunicación que ellos efectuaron a la Bolsa de Valores de poner sus acciones en venta a partir de la decisión de retirarse de Argentina, Perú y otros países. Yo entiendo que el Estado tiene que tener participación directa en una empresa que tiene 60 años más de concesión y además es monopólica. Sobre todo cuando uno analiza su funcionamiento en los 30 años que ya lleva de concesión: ha mostrado un servicio absolutamente deplorable e independiente del nivel de tarifas que han tenido, que en general ha sido el argumento para la falta de inversión que nos lleva a tener los eventos que estamos teniendo durante los últimos años, que se han agravado claramente en estos últimos días de diciembre y 1° de enero.

Pero en la era en que el servicio era de la estatal Segba había más cortes todavía...

Puede ser. Pero en los 90 se ideó un sistema de privatizaciones dirigido a sostener utilidades de las empresas y en donde se plantea una visión de que todo lo estatal era de mal funcionamiento. En parte puede tener razón, pero lo privado no es lo mejor. En el caso de la distribuidora de la que estamos hablando, en otros casos probablemente, ya no se puede argumentar la falta de recomposición tarifaria para no realizar las inversiones. Cuando uno analiza la curva histórica de tarifas, por tomar la última década, han tenido tarifas que en su momento eran de altísimo impacto respecto al usuario, se comprometían a realizar inversiones entre 2015 y 2018 y nunca las hicieron. Uno se podrá preguntar con cierta razón si el Estado las podría haber efectuado a partir de la situación de financiamiento que tuvo en estos años y es una duda, pero me parece que el Estado tiene que tener un pie dentro de las empresas. Después se podrá discutir en qué proporción y cuál es el mejor camino, si es una empresa de carácter mixta. Obviamente se va a requerir capital privado para recuperar esos niveles de inversión. O sea, hay muchísimo para discutir sobre eso. Fundamentalmente, tendría que ponerse por delante un acuerdo político que trascienda este gobierno porque la desinversión y la mala calidad del servicio van a afectar a este gobierno, al que viene y probablemente al que le siga también.

Me parece que el Estado tiene que tener un pie dentro de las empresas

¿Esta posición suya tiene el respaldo de Massa, Alberto Fernández o Cristina Fernández de Kirchner?

No, es una cuestión personal. No es nueva, la manifesté siendo defensor del Pueblo hace varios años, cuando me tocaba estar del otro lado participando en las audiencias públicas y revisando sus balances y sus niveles tarifarios.

¿Pero tuvo repercusión de parte de Massa u otros después de sus declaraciones?

No he tenido ningún tipo de comentario al respecto.

¿Hay alguna gestión para avanzar en la estatización o compra de esas acciones?

No que yo conozca. Hay proyectos de ley presentados de algunos diputados. Tampoco hay oferentes del sector privado que quieran hoy por hoy avanzar en lo que es la la compra de la empresa.

El 23 de enero vienen las audiencias públicas sobre los aumentos de la luz en 2023. Ya eliminados los subsidios para un tercio de los usuarios del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y con otro tercio con tarifa social, ¿cuánto le subirá a cada uno de los tres segmentos sociales, alto, medio y bajo?

No podría responderte eso porque sería adelantar la conclusión de la audiencia pública. Y justamente la audiencia está diseñada para escuchar a las partes, no solamente a las empresas, sino a los funcionarios, las asociaciones de usuarios, etcétera. Si te puedo decir cuál es el requerimiento de las empresas porque lo han expresado por nota: hablan de un atraso del 390% en las tarifas.

Pero hoy en día rige una norma que dice que a los de ingresos medios le tienen que aumentar el 80% de lo que varió el inicio salarial del año pasado y al que tienen tarifa social le tiene que variar un 40%. O sea, a unos el 80% del 90 y pico por ciento y otros el 40% del 90 y pico.

Ese podría ser un escenario. Hay que evaluarlo bien, porque el aumento de tarifas podría ser menos también. Pero no puedo adelantarme porque sería casi un incumplimiento de los deberes de funcionario. Lo digo en relación a la evaluación que haga el ENRE respecto a ellos en la audiencia pública y la documentos que envían no solamente sobre el nivel de tarifa que requieren para su operatividad sino también plantean el plan de inversiones. Nosotros examinamos el cumplimiento del plan de inversiones de los aumentos ya otorgados, que a partir del congelamiento (de 2019) fueron muy pocos, uno del 20% y otro del 8%.

Hay que evaluarlo bien, porque el aumento de tarifas podría ser menos también

¿Va haber algún cambio en la segmentación de subsidios para este año?

No.

¿Y a esos que ya no tienen subsidio les va a aumentar la tarifa como la inflación o puede que le aumente más por el mayor costo de la energía?

Claro, depende de varios factores. Todos los años, cuatro veces por año aumentan o disminuyen los cuadros (de precios mayoristas de la energía), en general aumentan porque los precios del petróleo aumentan, y eso implica un traslado a tarifas. Ahora en febrero esto va a tener aplicación. Veremos el número que da porque también está atado al índice de precios al consumidor. No tenemos precisiones de cuánto va a dar, pero va a haber un aumento y después la segmentación va a pegar pleno en la factura de marzo. Recién ahí va a terminar el proceso de segmentación. Lo que nosotros vemos que ha ocurrido es que la gente dejó de inscribirse en el registro (de subsidiados). Hubo días, por ejemplo, que tuvimos más altas que bajas.

La gente que se da de baja para poder comprar dólares...

Para comprar dólares, supongo, o porque especulaban algunos con que podría haber un problema de confidencialidad. Distintas razones.

Cuando llegó Massa a ministro, se disparó la acción de Edenor, por su amistad con sus dueños, José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, porque los inversores especularon con que en 2023 iba a recibir un sustancial aumento de tarifa de distribución.

Yo hace tres meses y medio que estoy y le he aplicado sanciones por más de 600 millones de pesos. Y he tenido la libertad de hacerlo sin ningún tipo de interferencia de nada. Sé que no están contentos con nuestra situación, pero es lo que me toca cumplir en este rol. Nunca he recibido ningún tipo de manifestación de no hacer algo que no corresponde. Las sanciones tienen un nivel récord para una gestión tan corta. Yo no los conozco personalmente a ninguno y tengo el trato que tengo que tener con la empresa de carácter protocolar a la hora de discutir algunas cosas.

¿Qué pasó con el fuerte apagón de Año Nuevo y cómo vienen los cortes en estos primeros días de 2023?

Trabajamos muchísimo para que se entienda que había terminado la etapa de que la sanción no implicaba modificación de la conducta de las empresas. La gente en general me dice yo no quiero sanciones, quiero luz. Y tiene razón, pero yo no soy el que brinda la luz. Yo soy el que regula, el que sanciona en caso de incumplimiento. Nosotros queríamos corroborar si el efecto de las sanciones tenía algún correlato en los niveles de corte. Y la verdad es que me venía dando bárbaro hasta las cero del 1° de enero que 400.000 usuarios sin luz me alteraron toda la variable. Pero veníamos en un franco descenso. No digo que sea la gran solución. Para mí, tiene que ver más con las inversiones, pero justamente las multas tienen que ver en su mayoría con la falta de inversión. Hay otro tipo de multas que son con resarcimiento directo a los usuarios. Tampoco lo quiero adelantar sin el informe definitivo, pero esa puede ser la que se aplique en el caso del apagón de Año Nuevo. Y además se vienen aplicando desde que estoy por casi 1.000 millones de pesos las que van directamente a la factura del usuario. Ocurren cuando vos tenés un corte prolongado por más de 36 horas o cuatro cortes mensuales o un evento como el del 1° de enero, siempre y cuando no fuera una causal de fuerza mayor, que es lo que estamos determinando por estas horas con las pericias.

Hay otro tipo de multas que son con resarcimiento directo a los usuarios. Tampoco lo quiero adelantar sin el informe definitivo, pero esa puede ser la que se aplique en el caso del apagón de Año Nuevo

¿Hay más o menos cortes que los veranos pasados?

Venía mejor hasta el 31 de diciembre. Hubo un trabajo de todas las empresas, obligadas a presentar un Plan Verano. Cuando lo presentaron, yo les manifesté que era insuficiente. Así que en caso de que no lo complementaran, claramente no iba a funcionar. Esto tiene que ver con refuerzo de cuadrillas, equipamiento. Íbamos por ese camino, pero tuvimos dos eventos grandes: el 1° de enero y uno la segunda semana de diciembre, que duró cinco días con más de 70.000 usuarios afectados.

Esos cortes ocurren por falta de inversión...

Sí.

Y las empresas dicen que no hacen inversiones porque no tienen tarifa suficiente...

Obviamente hay que darles tarifa. Por eso nosotros convocamos a una audiencia pública. No soy alguien que niega la realidad, pero hay compromisos de inversión que no se han cumplido. La única variable no es el atraso inflacionario porque no cómo se financian ellos ante el atraso, no cumplen con las inversiones y pagan gastos corrientes. La utilidad la siguen manteniendo más allá que digan que no. La ecuación a ellos en algunos casos les da pérdida. Pero quedó demostrado cuando tuvieron un incremento de tarifas de casi el 3.000% tampoco realizaron las inversiones en los años posteriores acorde a ese aumento tarifario.

¿Por qué se le perdonaron deudas que tenían Edenor, Edesur y las otras distribuidoras eléctricas del país con la público-privada Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista)?

Mucho que ver con esto no tengo, es la Secretaría de Energía, pero, más allá de eso, me parece que se están olvidando que hubo una ley de presupuesto que se votó el año pasado con un plan de pagos porque no es correcto que el Estado financie a las distribuidoras. Las empresas fueron acumulando una deuda muy importante y la ley de presupuesto, por ahí no se explica bien, fue la que estableció las 96 cuotas y la quita de de los intereses, estableciendo una nueva modalidad de intereses que es al 50% de la tasa. Todo esto fue un artículo del presupuesto. Entonces cuando veo algunas críticas, sobre todo lo que tiene que ver con personalidades políticas, digo que eso fue votado y creo que por unanimidad, no estoy muy seguro, pero por mayoría amplia te diría. En realidad era un reclamo sobre todo de los sectores más antisubsidios, por llamarlos de alguna forma, de que el Estado deje de provocar déficit fiscal y y que en realidad no haya por qué subsidiar a las empresas de esa manera, permitiéndoles que se financien con no pagando la energía. Son los mismos que ahora dicen por qué las empresas debe pagar de esta manera. Porque así lo dispuso una ley.

Clarín publicó que hubo un debate interno sobre este perdón de deudas, que no todos los funcionarios estaban de acuerdo...

Se objeta por qué se hizo el último día del año, por qué se discutió hasta última hora. También fue por la presión de las empresas que no querían firmar. Hay que empezar a decir la verdad, ¿no? Muchas entendían que si no firmaban las dos principales empresas, Edesur y Edenor, ¿por qué iban a firmar las demás? Y fue controvertido en ese sentido. Y la fecha en realidad era un plazo legal que dispuso un artículo de la ley que que que obligaba a la secretaría a tener firmadas actas de convalidación antes del 31 de diciembre. O sea, parece todo muy oscuro, pero en realidad está todo atado a derecho.

Muchas entendían que que si no firmaban las dos principales empresas, Edesur y Edenor, ¿por qué iban a firmar las demás?

¿Qué otros asuntos están su agenda 2023 como interventor del ENRE?

Me parece que, como en todas las cosas de este país, si no establecemos políticas de Estado a mediano plazo con fuertes acuerdos y consensos políticos, por más esfuerzo que haga cualquier funcionario, incluido yo, van a ser muy difícil los cambios. No podemos andar haciendo y deshaciendo. Y en ese sentido yo hago un llamado a los dirigentes políticos de primer orden a que nos pongamos de acuerdo sobre qué queremos para la energía de acá a 20 años, como hacen todos los países del mundo. Y además que empecemos a acoplarnos a lo que tiene que ver con las energías renovables. Hoy el 10% de la energía que se sube a las redes es energía renovable. Tenemos que trabajar mucho en eso. Tenemos un país que tiene sol, que tiene viento. No somos países de mucho frío ni que permanecen la mayor parte del tiempo sin sol. Eso también requiere inversión. Hay que también tender puentes crediticios. Eso también lo controla el ENRE. Supongo que se va a jugar muy fuerte. Y está la renovación de las licitaciones de las hidroeléctricas, que se va a dar este año en el caso de algunas de ellas. Ahí tendremos que controlar mucho porque tiene que ver con políticas que van a trascender a mí en el cargo. Yo preferiría un fuerte acuerdo político hacia qué esquema vamos porque hay distintas opiniones, pero por ahora estamos en la urgencia del día a día.

¿Esas hidroeléctricas que cuya concesiones vencen después de 30 años o vuelven al Estado o se van a volver a licitar?

No está definido. Tiene que haber un fuerte acuerdo,. Porque de nada serviría tomar una resolución ahora que que después pueda ser judicializada, porque eso pone de manifiesto la imprevisión del país y eso nos afecta las inversiones, nos afecta en muchos aspectos que que por ahí para el ciudadano común no parecen importantes. Pero vos sabés que para que a la Argentina le presten dinero, se acerquen inversiones, se creen puestos de trabajo, tiene que ver mucho con acuerdos políticos.

AR

Según datos del mercado eléctrico, las empresas de distribución de energía acumulan deudas por casi 300 mil millones de pesos, mientras piden por actualización de tarifas y retacean inversiones. Un tercio corresponde a Edenor y Edesur, las dos distribuidoras de electricidad del área metropolitana. El resultado, un servicio deficiente que le cuesta una fortuna en subsidios al Estado.

En julio último, el Gobierno Nacional anunció un “acuerdo histórico” que iba a dar “sustentabilidad y previsibilidad” al sector eléctrico. En líneas generales, bajo el paraguas del Artículo 87 del Presupuesto 2021, el acuerdo permitía regularizar las deudas que las distribuidoras de energía eléctrica tienen en el mercado mayorista en un período de hasta cinco años con un semestre de gracia y una tasa de interés que es la mitad de la que se aplicaba para actualizaciones en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

En criollo, el Estado absorbía los costos a través de generosas reestructuraciones a las empresas deudoras y de créditos a las empresas cumplidoras (18 en total), bajo la promesa de inversiones. Sin embargo, no resultó como se esperaba. En el sector, coinciden en que se avanzó en acuerdos con distribuidoras de algunas provincias como Entre Ríos, Salta, Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan, Santa Fe y unas 25 cooperativas del interior de Buenos Aires. Pero el grueso todavía no cerró acuerdos y continúa con la acumulación de deudas.

Ese acuerdo se rubricó con los números al 30 de septiembre del 2020, fecha en la que las distribuidoras debían a Cammesa unos $ 137 mil millones de pesos. En 15 meses, la deuda ascendió a $ 287 mil millones; es decir, aumentó en un 110%; más del doble.

Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico) es una Sociedad Anónima administrada por el Estado y por representantes de las empresas del sector. Allí, se coordinan las operaciones de compra y venta en el mercado mayorista de electricidad. Las distribuidoras cobran a los usuarios y luego pagan por la energía mayorista a Cammesa, que a su vez es la encargada de pagar a las generadoras.

En septiembre, Edenor y Edesur eran las máximas deudoras, con $ 16 mil y $ 14 mil millones, respectivamente. Hoy, siguen en la cima de la tabla, pero con números abismales: Edesur debe $ 58 mil millones y Edenor, $ 50 mil millones, según un resumen al 9 de diciembre, al que tuvo acceso este medio.

Siempre según el mismo documento, el 75% de la deuda se reparte en apenas 10 empresas, casi todas privadas: las citadas Edenor y Edesur, con un pasivo de $ 108 mil millones (casi el 40% del total de la deuda); la misionera Emsa, con un pasivo de $ 21,9 mil millones; la provincial chaqueña Secheep, con $ 19,5 mil millones; Eden, con $ 13 mil millones; Edelap, con $ 12,4 mil millones; la mendocina Edemsa, con $ 11,3 mil millones; Edea, con $ 11,1 mil millones; la riojana Edelar, con $ 9,8 mil millones, y la rionegrina Edersa, con $ 8,9 mil millones.

Edelap, Edea, Eden y Edes son las 4 grandes distribuidoras del interior de la provincia de Buenos Aires. En el rubro, se las conoce como “las 4 hermanas”, ya que todas pertenecen al Grupo Desa, de Rogelio Pagano. Entre todas, deben a Cammesa más de $ 40 mil millones y, en el último ejercicio, pagaron apenas el 35% de la energía que compraron.

Edesur, de la multinacional italiana Enel, hizo lo propio, mientras que Edenor, del Grupo Vila-Manzano, pagó alrededor del 50%. Se trata de dinero que se cobra a los usuarios, pero que no se paga en el mercado mayorista. No son las empresas generadoras de energía eléctrica las perjudicadas, ya que reciben su parte. Quien absorbe las diferencias es el Estado.

Pese al 3 mil por ciento de aumentos que tuvieron durante el gobierno de Mauricio Macri, las empresas del sector plantearon que no podían seguir pagando la energía que después vendían, producto del congelamiento tarifario implementado en el último año del gobierno macrista, en la previa de las elecciones nacionales, y en los dos de Alberto Fernández, en medio de la crisis sanitaria.

El Presupuesto 2021 destinaba 4.848 millones de dólares a la energía eléctrica (el 70% del total de subsidios a la energía). Según estimaciones privadas la actualización efectiva de ese monto ascendería a US$7.000 millones. El Gobierno anunció una suba de entre un 17% y un 20% para 2022 y trabaja en un plan de reducción de subsidios.

La visión de las empresas

Desde la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas (FACE), se desmarcan de la política privada: “Las cooperativas no tenemos grandes deudas con Cammesa, no tenemos cortes porque realizamos las inversiones correspondientes y tampoco dejamos sin servicio a los morosos”, argumentan.

FACE nuclea a unas 240 cooperativas eléctricas que brindan servicio en 14 provincias. “La generación alcanza. Se generan 33 mil megas por día. El día del apagón hubo una demanda de 25 mil megas y voló todo. ¿Por qué? El problema es el sistema de transporte y distribución, y la forma de consumo. El crecimiento del aire acondicionado en los últimos años obligaba a cambios e inversiones más fuertes. Pero esas inversiones no se hacen y se prenden fuego los transformadores porque no resisten el tipo de consumo de los aires”, explicó a elDiarioAr José Álvarez, presidente de FACE.

“Las grandes distribuidoras no están haciendo ningún tipo de inversión y están pagando el 50% de la factura a Cammesa. Si la energía cuesta $ 100, la mitad ya está subsidiada por el Estado. De los otros $ 50, se paga la mitad o menos. Así, de algo que vale $ 100, se está pagando $ 20 o $ 25”, graficó.

Muchas cooperativas no pueden comprar de manera directa en el mercado mayorista, por lo cual tienen a las distribuidoras habilitadas (privadas o provinciales) como intermediarias. “Muchas veces ocurre que la cooperativa le paga a la distribuidora intermediaria, pero esta no le paga a Cammesa. O sea, no solo se quedan con la de ellos, sino también con la nuestra”, concluyó.

Edenor se encuentra en el ojo de la tormenta por estos días, producto del apagón del 11 de enero. Ante la consulta de este medio por el acuerdo de reestructuración de deuda, apuntaron: “En nuestro caso, no tenemos novedades de negociación por el momento”. Al mismo tiempo, aseguraron que al 31 de diciembre su deuda con Cammesa es menor a la expresada anteriormente: “La deuda actual es de aproximadamente $ 26.700 millones (más los intereses). Venimos pagando entre el 70 y el 80% de la factura con Cammesa mes a mes. En noviembre y diciembre estuvimos en el 70%”.

Con respecto a las inversiones, en Edenor destacaron: “Desde 2013 a la fecha, hemos inyectado US$ 1.700 millones en la red, lo cual nos ha permitido reducir los cortes de 2014 a la fecha en un 60%”.

En los últimos dos años, “mucha obra no pudo realizarse producto del ASPO y todo lo que sobrevino en materia Covid, que ralentizó y paró mucha obra”, por lo cual la misma estuvo centrada en el mantenimiento. “Así y todo, se ha logrado reducir las interrupciones a 4,3 por año, con una duración promedio por cliente de 11,2 horas. Cabe recordar que en 2014 el promedio era de 9,5 cortes por año y con una duración de 33 horas por año”.

Por su parte, desde Edesur expresaron en un comunicado: “Las empresas de distribución de energía son muy intensivas en inversiones. No existe otra forma de sostener la mejora del servicio que requieren nuestros clientes, sin recursos tarifarios o subsidios”, planteó Claudio Cunha, CFO de Enel en Argentina.

La queja de los municipios

En los últimos años, un grupo importante de municipios bonaerenses (principalmente, de la zona sur del Conurbano) ha realizado distintas acciones directas contra las distribuidoras privadas. En algunas oportunidades, incluso, han pedido la quita de la concesión.

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, participa activamente de ese grupo y apuntó: “Nos presentaron (Edenor y Edesur) un plan de inversiones que no se hizo porque si no, no habría este nivel de corte en verano y en invierno. Ellos (las empresas) dicen que hay una deuda teóricamente del Gobierno Nacional y que la tarifa no se actualiza. Por lo que pude hablar con los municipios, nunca está la inversión prometida y siempre están muy atrás de lo que deberían. Esto se ve reflejado en el nivel de reclamo, que es muy alto, y Edesur siempre pica en punta”.

Para Lorenzino, “no solo no invierten, sino que no dan respuesta”. “La gente va a los municipios a quejarse. Hay personal y cuadrillas municipales destinadas a atender los reclamos eléctricos porque las empresas no dan respuestas”, concluyó.

En la misma línea, se ubican distintas asociaciones de defensa al consumidor. “A las distribuidoras hay que estatizarlas. Hay que terminar con la estafa energética. Hace 20 años que dicen que el negocio no les cierra y sin embargo se siguen llenando de plata, a costa de la gente que paga un servicio básico y esencial como es la energía”, disparó Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC).

JR/WC

El secretario de Energía, Darío Martínez, emitirá en las próximas horas una resolución por la que eliminará los subsidios al precio mayorista de la electricidad que pagan 2.900 grandes usuarios, sobre todo industrias y comercios, según altas fuentes de su cartera. La quita de subvenciones encarecerá en aproximadamente 50% lo que pagan esas empresas por el costo de la luz, aunque, por ahora, no se han modificado las tarifas del transporte y la distribución de esa energía.

De este modo, esos 2.900 grandes usuarios pasarán a pagar el mismo valor que otros 2.600 que ya lo venían haciendo sin subsidio. Estos 2.900 fueron subvencionados con $11.462 millones el año pasado y, en 2021, la factura iba a elevarse a $35.000 millones, según los cálculos de Energía. El Gobierno pretende mantener constante el volumen de gasto en subsidios a la energía en términos del PBI, en torno al 1,7%, y para eso evalúa diferentes alternativas. Del alza de precios será exceptuados hospitales y establecimientos educativos.

Segmentación en hogares

Mientras tanto, Energía planea segmentar pero de forma gradual los precios mayoristas que terminan abonando los hogares, de modo que sean de acuerdo con sus ingresos personales. El detalle de este proceso, que implicará aumentos para unos y continuidad del congelamiento para otros, sigue sin ser definido por ahora en medio de los cálculos del impacto en la inflación y en el bolsillo en un año electoral y al cabo de varios en crisis.

La nueva medida afecta al precio estacional de la energía eléctrica, que es fijado por la Secretaría de Energía cada tres meses y es de alcance nacional. La última actualización había sido en agosto de 2019. El encarecimiento de la electricidad para 4.000 grandes usuarios impactará de alguna manera en sus costos y, por tanto, en los precios de sus productos y servicios en un contexto de una inflación que apunta a cerrar en más del 7% en el primer bimestre.

Los usuarios pueden comprar energía en forma directa a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa, que es público-privada): se trata de los 2.600 grandes clientes que no recibían ayudas. O pueden hacerlo a través de una empresa distribuidora, como lo hacen los hogares, fábricas y comercios, incluidos los 2.900 que ahora pasarán a pagar más.

AR