La escena se repite desde el inicio de la gestión de Javier Milei como Presidente, con la situación del Hospital Garrahan como símbolo, pero las protestas y medidas de fuerza se sostienen en distintos centros de salud cada vez con mayor intensidad, con trabajadores sanitarios reunidos en asambleas improvisadas, carteles que reclaman reincorporaciones y pasillos hospitalarios que funcionan con menos personal del necesario. La última tanda de despidos en el Hospital Posadas y en el Ministerio de Salud profundizó un conflicto que ya lleva años, pero que en los últimos meses adquirió un carácter estructural.

Según datos relevados por organizaciones sindicales, más de 200 trabajadores fueron cesanteados en la órbita del Ministerio de Salud, mientras que al menos 84 empleados del Hospital Posadas —entre enfermeras, médicos, técnicos, personal de laboratorio y vigilancia— fueron desvinculados en los últimos días. Estos hechos no son aislados; entre junio y octubre de 2024 se registraron casi 120 despidos de profesionales de diversas áreas.

Los gremios advierten que se trata de una política sostenida de reducción del Estado nacional en materia sanitaria. La Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA) y la seccional Posadas de CICOP coinciden en que el objetivo es “naturalizar la precarización y el miedo como forma de disciplinamiento laboral”.

Los afiliados a Fesprosa realizaron una asamblea esta semana con los trabajadores del hospital Posadas, en rechazo “a los 84 despidos arbitrarios e injustificados”.

Jorge Yabkowski, Secretario de Organización de Fesprosa, habló de un “plan sistemático para dinamitar la salud pública que vienen llevando a cabo Milei y su ministro Mario Lugones”, que “está impactando directamente en los índices de salud colectiva”. 

En ese sentido, el gremialista detalló que, por primera vez en muchos años, la mortalidad infantil subió un 0,5% (de 8 a 8,5%) y subió un 34% la mortalidad materna, “reflejo de la crisis social y del sistema de salud pública”. 

La asamblea del Posadas resolvió exigir una mesa de negociación a la conducción del hospital para reincorporar a los despedidos, mantener el estado de asamblea permanente y participar el miércoles 4 a las 16 horas del Cabildo Abierto que tendrá lugar en el Hospital Garrahan, como parte de la confluencia de todas las luchas de salud.

Asimismo, la conducción de Fesprosa resolvió la participación activa en el plan de lucha nacional que los gremios del Frente de Sindicatos Unidos reunidos en la UOM resolvieron la semana pasada. En tal sentido, una delegación de la Federación, encabezada por su presidenta, María Fernanda Boriotti, participará de las marchas en la ciudad de Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, y ratificó la voluntad de llevar a cabo un paro nacional de salud para el día en que se trate la reforma laboral en el Senado (sería el miércoles 11), con una gran movilización al Congreso de la Nación.

Por su parte, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud del Hospital Posadas (CICOP-Seccional Posadas) denunció la nueva ola de despidos y advirtió que los recortes “no son hechos aislados ni un error administrativo, es una política deliberada. Buscan naturalizar la inestabilidad, el miedo y la precarización como forma de disciplinamiento laboral”, apuntaron desde el gremio.

En tanto, advirtieron “el grave impacto que tendrá en la atención de los pacientes, ya que es cuestión de ver cuántas personas han tenido que pagar de su propio bolsillo a alguien para que las asista durante la internación, debido a la falta crónica de personal”. “No sobra nadie”, remarcaron. 

De acuerdo al sindicato, “a los despidos en el Posadas se sumaron 220 en el Ministerio de Salud y un número aun a determinar en el PAMI, pero que sería de varias decenas”, al tiempo que instaron “a toda la comunidad a que acompañe las medidas de fuerza que se definan para defender la salud pública de todos los argentinos y argentinas”.

Con respecto a la reforma laboral que busca aprobar el gobierno libertario, desde CICOP consideran que “replica y profundiza la Ley Banelco, atacando derechos laborales, convenios colectivos y el poder de negociación sindical. No hay margen para negociaciones parciales de una ley que sólo busca ampliar los beneficios de los grupos económicos más poderosos”, concluyeron.

El Hospital Posadas, un símbolo de la salud

El Hospital Posadas, el mayor centro asistencial nacional, ubicado en el Oeste del conurbano bonaerense, es desde hace años un termómetro del estado del sistema público. Cada ola de despidos repercute de inmediato en la atención: menos personal en áreas críticas, demoras crecientes y servicios que funcionan al límite.

Los trabajadores denuncian que la falta crónica de personal obliga a que pacientes deban pagar de su bolsillo asistencia privada durante internaciones prolongadas, una situación que se agrava con cada nueva cesantía.

El Ministerio de Salud, también en retroceso

La cartera sanitaria nacional atraviesa un proceso de ajuste que incluye 220 despidos en su organigrama, el cierre o desfinanciamiento de programas estratégicos y la reducción de direcciones clave. Entre las áreas afectadas figuran políticas de prevención, provisión de medicamentos y atención de patologías complejas.

En paralelo, se registran cesantías en delegaciones del PAMI y demoras en pagos a farmacias, lo que ya provocó interrupciones en la entrega de medicamentos en algunas provincias.

Los gremios sostienen que este proceso forma parte de un “achicamiento deliberado” del rol del Estado nacional en salud, que en los últimos dos años sufrió una caída presupuestaria cercana al 30% en términos reales.

Un conflicto que se expande

El caso del Posadas no es aislado. Otros hospitales nacionales —como el Garrahan y el Bonaparte— también enfrentan recortes, reestructuraciones y falta de personal. La coordinación entre trabajadores de distintos centros asistenciales empieza a tomar forma, con movilizaciones conjuntas y reclamos unificados.

La pregunta que sobrevuela es qué modelo de sistema sanitario se está configurando. Para los gremios, el ajuste abre la puerta a procesos de privatización, sistemas mixtos (entre público y privado) o transferencia de responsabilidades a las provincias, en un contexto de creciente desigualdad en el acceso a la salud.

El impacto en la vida cotidiana

Más allá de las cifras, el conflicto se traduce en historias concretas: pacientes que esperan meses para un turno, profesionales que encadenan contratos temporales durante años, servicios que funcionan con dotaciones mínimas y familias que deben cubrir gastos que antes asumía el Estado.

En un país donde el sistema público sostiene buena parte de la atención de alta complejidad, cada despido tiene un efecto multiplicador.

Los despidos en el Garrahan que celebró el Gobierno

En las últimas horas, el Gobierno celebró desde redes sociales la decisión de cesantear a once trabajadores del Hospital Garrahan, diez de ellos delegados gremiales, por su participación en la toma de oficinas de la Dirección Médica ocurrida el 31 de octubre de 2025, en el marco de un conflicto laboral por descuentos salariales aplicados tras medidas de fuerza.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, posteó desde su cuenta de X que el Hospital Garrahan “ha solicitado el desafuero de 10 gremialistas para proceder con sus despidos, tras haber dirigido y tomado ilegalmente las oficinas de la dirección del establecimiento en octubre de 2025. El motivo del conflicto: la pretensión de cobrar por días no trabajados. Además, otras 29 personas recibirán sanciones. La era de la izquierda intentando vivir a costa de los argentinos de bien está llegando a su fin”, escribió el funcionario para descalificar a los delegados gremiales que desde el inicio de la gestión Milei defienden los derechos de los trabajadores de la salud contra los recortes presupuestarios y salariales.

La decisión fue adoptada por el Consejo de Administración del hospital luego de la finalización de los sumarios administrativos iniciados tras aquel episodio. Según la evaluación oficial, los hechos revistieron “gravedad institucional” porque implicaron la ocupación de un área clave de la conducción médica y la interrupción del normal funcionamiento administrativo.

Entre las personas alcanzadas por la cesantía se encuentran Norma Lezana, dirigente de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), y Alejandro Lipcovich, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). De acuerdo con la reconstrucción administrativa, ambos habrían tenido un rol activo en la organización y conducción de la protesta.

La lista de trabajadores alcanzados incluye a diez delegados gremiales y a una trabajadora sin tutela sindical. Además de Lezana y Lipcovich, figuran Maximiliano Bares Fara, Diego Rubén Saavedra, Beatriz Haydeé, Ximena Jessica Pared, Gabriela Beatriz Malgarejo, Sinforosa Recalde, Gerardo Fernando Oroz, Emilce Correa Lousao y Silvia Verónica Cipollini Araujo.

En el caso de los delegados gremiales, la cesantía no será de ejecución inmediata. Diez de los once trabajadores cuentan con tutela sindical, una protección legal que impide su desvinculación sin autorización judicial previa. Por ese motivo, el hospital deberá aguardar que la Justicia se expida sobre el levantamiento de esa tutela para avanzar con las cesantías. La única trabajadora sin protección gremial podrá ser desvinculada una vez concluido el proceso administrativo.

Con infomación de agencias y gremios.

IG

“Cuando hay un accidente en la vía pública hay que proteger la escena. En el caso de una víctima en la avenida de Mayo, hay que parar el tránsito. Pero como esto es educación y salud, un colectivo no nos va a molestar para la RPC. Lo que nos va a molestar es el ajuste, la subejecución, la mercantilización. Así que, ¡frenemos eso! ¡Afuera! Entonces, vamos a ver: salud, educación, ¿responden? ¿Respiran?”. 

Ana Fustiñana es jefa de Clínicas de Emergencias del Hospital Garrahan, tiene 20 años de experiencia y ahora está parada en el acoplado de un camión a la vera de la Plaza de Mayo dirigiendo un curso público de reanimación cardiopulmonar: “Es a la vez muy emocionante y muy triste tener que estar acá. Tener que defender dos derechos que no tendrían que tener discusión, como son la salud y la educación”, dice frente a unos cincuenta residentes y voluntarios volcados sobre almohadones blancos decorados con un corazón y el nombre del emblemático hospital pediátrico, con sus manos entrecruzadas emulando la técnica de primeros auxilios.

“Los brazos a la altura del esternón, entre las dos tetillas, sin doblar los codos, con todo el peso del cuerpo, hay reanimar a 100/120 latidos por minutos con este ritmo”, enseña Fustiñana micrófono en mano y comienza a sonar en los parlantes Stayin’ Alive, de Bee Gees.

El RCP para reanimar la salud y la educación pública fue la coronación de la Marcha Blanca de trabajadores de los hospitales públicos Garrahan, Posadas y Bonaparte, y de docentes y estudiantes universitarios, que este martes confluyeron frente a la Casa Rosada, luego de recorrer la Avenida de Mayo desde el Congreso. La creativa protesta tuvo a su vez otro atractivo: profesores de la UBA y de algunas universidades del conurbano brindaron más de cien clases públicas durante toda la jornada en la Plaza de Mayo. 

Profesionales de la salud, universitarios y también jubilados unieron su repudio al ajuste que lleva adelante la gestión de Javier Milei. Hubo además un llamado abierto a la CGT y la CTA para que convoquen a un paro general, mientras se extiende el reclamo en las casas de altos estudios por el recorte presupuestario oficial y hay amenazas en los centros de salud de más despidos y recortes salariales. La manifestación estuvo custodiada en todo momento por la Policía Federal en el marco del protocolo antipiquete de Patricia Bullrich, que no pudo evitar que por momentos hubiera cortes de tránsito. No hubo incidentes ni represión.

Un sinfín de carteles y cánticos estuvieron dirigidos directamente a Milei, justo en el día de su cumpleaños. “Presidente, Presidente / No te lo decimos más /  En el día de tu cumple / Te paramos el hospital”, fue uno de los reclamos que sonó. “¿La CTA está? / Nooo / ¿La CGT está? / Nooo / Entonces luche / Luche que se escuche”, fue otro de los gritos en la movilización, una marca de cómo los gremios y agrupaciones de izquierda y autoconvocados dominaron la escena. No se vieron banderas de las centrales sindicales. 

“Retacean fondos para la salud pública, postergan salarios, postergan a residentes y amenazan con cierres o privatizaciones en aras todo de cumplir con el ‘déficit cero’ de tan triste historial en nuestro país”, le dedicaron los manifestantes a la Casa Rosada en el documento conjunto que leyeron. “Para pagar ese fraude para el cual ninguno de los voceros oficiosos del gobierno liberfacho pide auditoría es que se ajusta la salud pública, nuestros salarios y el presupuesto universitario, además del recorte a jubilados y jubiladas”, reclamaron desde la multisectorial. “Nuestras universidades y hospitales no entienden de rosca parlamentaria y vetos presidenciales”, desafiaron. 

Que la protesta haya coincidido con el cumpleaños de Milei generó un momento de tensión en la plaza cuando el Presidente salió al mediodía al balcón de la Casa Rosada para saludar a un grupo de simpatizantes que estaban en la reja que rodea el edificio gubernamental. Cuando los universitarios que estaban en las clases públicas divisaron al mandatario, atravesaron las vallas que instaló la Federal a unos metros de la Pirámide de Mayo. Le gritaron: “Milei / basura / vos sos la dictadura”. Y le cantaron en frente: “Universidad / de los trabajadores / y al que no le gusta, se jode, se jode”.

Las clases que docentes de la UBA ofrecieron en la Plaza de Mayo fueron de las temáticas y carreras más variadas: Química Biológica, Cálculo Avanzado, Álgebra Lineal, Epistemología de las Ciencias Sociales, Fitopatología, Tectónica andina, Historia de la Psicología, Genética Molecular, Elementos de Prehistoria, Historia Antigua de Oriente,  Sociología Rural, Antropología, Introducción al Pensamiento Científico, Sociedad y Estado, Genética, Mecánica y Termodinámica, Matemáticas y Semiología. 

Una de las actividades principales de la jornada fue una exposición de Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad de General Sarmiento, que llevó el título de “Enseñarle economía a Milei”. El académico brindó una lección al Presidente sobre los mecanismos de funcionamiento del conjunto de las universidades públicas argentinas. Entre el auditorio se vio a diputados nacionales, como Daniel Gollán de Unión por la Patria, ex ministro de Salud de Cristina Kirchner.

Uno de los focos del reclamo universitario está en el Presupuesto 2025, ya que mientras los rectores estimaron necesitar $7,2 billones para su funcionamiento –sobre todo salarios– el año que viene, el proyecto mileísta establece $3,8 billones, es decir casi la mitad. El Gobierno tampoco da señales de más aumento para los docentes y las becas estudiantiles.

En el plano de la salud, la crisis tiene diferentes costados. En el Garrahan los trabajadores exigen un 100% de aumento salarial contra una inflación de 240% en el último año, $1.500.000 pesos de sueldo inicial, aumento en las guardias de 24 horas, entre otros puntos. En la institución de salud mental Laura Bonaparte apuntan contra la amenaza de cierre por decreto y en el Hospital Posadas reclaman por la reincorporación de más de cien despedidos.

Ese estado de situación es lo que la médica Ana Fustiñana relata durante su clase masiva de RCP sobre la Plaza de Mayo. “Se detecta residente por debajo de la línea de indigencia”, señala en una de las interrupciones de la técnica de primeros auxilios, emulando la espera de un DEA (Desfibrilador externo automático). “Se detectan guardias que no se cubren por salarios debajo de la línea de la pobreza. No toque al paciente. Descarga eléctrica”, lanza, y recomienza la actuación, varios minutos más hasta que la experta en emergencias cierra: “Recomposición salarial del 100%. Salario por encima de la inflación. Salud y educación de calidad. Jubilaciones dignas. Reincorporación de trabajadores despedidos”. Así, al calor de la protesta social, la reanimación del sector público es efectiva.

MC/DTC

El personal del Hospital Nacional Alejandro Posadas realizó un paro activo y se concentró en la puerta de la institución, con el objetivo de “exigir” la reincorporación de trabajadores despedidos, entre los que se encuentran profesionales de planta con más de 20 años de antigüedad.

Si bien se mantuvieron abiertas las guardias y el sector de internación, la idea es realizar una jornada de visibilización “frente a los 90 despidos injustos e ilegales”.

“La semana pasada de forma injusta y arbitraria despidieron a 88 profesionales de la Salud. En este caso, nos tocó de cerca: despidieron a una médica de planta del Servicio de Endocrinología que estaba hace más de 20 años en el hospital y seguía a los pacientes con cáncer y hacía las punciones. Pedimos la reincorporación inmediata de ella y de todos los despedidos porque afecta a la Salud Pública, a los pacientes, a la residencia endocrinológica y al Hospital”, aseguró Belén una de las profesionales del Servicio de Endocrinología del Hospital Posadas.

En la manifestación también estuvo presente la diputada nacional Mónica Schlotthauer, del bloque del Frente de Izquierda de los Trabajadores, quien sostiene que lo sucedido “es una política criminal de Milei, aprovechándose que el 90% viene precarizado” hace décadas.

“Los despidos abarcan a trabajadores de 5 a 20 años de antigüedad en áreas claves como Emergencias, Radiología o Biología Molecular para el tratamiento del cáncer. Menos trabajadoras y trabajadores es menos acceso a la salud para el pueblo trabajador”, sostuvo la funcionaria.

Por otra parte, Laura Bogado, integrante de la Comisión Directiva de la CICOP del Hospital Posadas indicó que “el ataque a la salud pública es un ataque a la vida de la población” porque este desmantelamiento pone “en riesgo de vida” a los ciudadanos que utilizan los servicios públicos.

“Al despedir a médicos y profesionales de diversas especialidades se quedan sin turno las personas que los tenían programados desde ahora hasta dentro de dos meses por lo menos”, remarcó.

Para finalizar, Schlotthauer planteó que la reincorporación del personal despedido “es fundamental, no solo para poder curar al pueblo trabajador” sino también de toda la Argentina, ya que es el hospital “de alta complejidad” más importantes de América Latina.

“Hay que exigir que la Confederación General del Trabajo (CGT) deje de mirar para otro lado y convoque a un plan de lucha nacional, con un nuevo paro de 36 horas para frenar los despidos y derrotar el plan motosierra de Milei y el Fondo Monetario Internacional. Es una tarea de todas y todos defender al Posadas y a sus trabajadoras y trabajadores”, concluyó.

Con información de agencias.

IG

La terapia intensiva del Hospital Posadas no tiene pacientes con coronavirus por primera vez en los últimos 18 meses debido al alta epidemiológica de los dos últimos que estaban internados en ese servicio, informó este miércoles ese centro de salud.

“Hoy quiero anunciarles una buena noticia: Después de 18 meses, desde el 7 de marzo de 2020 no tenemos pacientes internados en Terapia Intensiva con diagnóstico de Covid”, dijo esta mañana a través de un video el coordinador de cuidados intensivos del Hospital Posadas, Enrique Daniel Pezzola.

Desde el Hospital Posadas, localizado en la localidad bonaerense de El Palomar, Pezzola sostuvo que de todas formas “la recomendación es que nos sigamos cuidando para que esta situación se prolongue mucho tiempo más”.

La cantidad de personas internadas en terapia intensiva con Covid-19 viene cayendo desde hace 16 semanas en la Argentina, al igual que los casos notificadas y los fallecidos por la enfermedad.

El reporte del Ministerio de Salud de anoche indicó 1.489 pacientes internados en Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en todo el país, lo que significa un 38,2% de ocupación de esas camas críticas, y de 41,8% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De acuerdo al bioquímico y analista de datos Santiago Olszevicki la ocupación de pacientes con Covid-19 en las unidades de terapia intensiva es “un 80 por ciento menos que el último pico y el valor más bajo en 13 meses” en base a los datos del pasado viernes cuando había 1.593 internados en UTIs.

Hace 12 días, el Ministerio de Salud había informado que el Laboratorio de Virología del Hospital Posadas no había detectado ningún nuevo caso de coronavirus por primera vez desde la llegada de la pandemia al país, otro hito que se registró tras la sostenida baja en el número de muestras procesadas durante septiembre y la merma en la positividad.

Con información de agencia Télam.

AB

El Laboratorio de Virología del Hospital Nacional Posadas no detectó en las últimas 24 horas ningún nuevo caso de coronavirus por primera vez desde la llegada de la pandemia al país, un hito que se registró tras la sostenida baja en el número de muestras procesadas durante septiembre y la merma en la positividad, según informó hoy el Ministerio de Salud.

“Este dato está alineado con la importante disminución de la cantidad de personas infectadas con el virus SARS-CoV-2 desde hace 15 semanas consecutivas que se da en todo el país, así como un descenso en la ocupación de camas en las Unidades de Terapia Intensiva”, indicó la cartera de Salud en un comunicado.

En este sentido, destacó que, mientras “en el pico de la pandemia en el país el laboratorio procesaba 300 muestras diarias con una positividad de hasta 80 por ciento, en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, con un 10 por ciento de positividad”.

Asimismo, señaló que, “desde hace 15 semanas, la Argentina registra un descenso sostenido del número de infectados por el virus SARS-CoV-2”.

La jefa del Laboratorio de Virología del Posadas, Graciela Cabral, dijo que el descenso “también se observa en la cantidad de personas que se presentan con síntomas compatibles con Covid-19 en el establecimiento” y “con la disminución de internados por esta enfermedad, lo que se traduce en una reducción del número de muestras y de casos positivos”.

Cabral detalló que, en los momentos críticos, se procesaban 300 muestras diarias en las que entre el 50 y el 80% resultaban positivas, mientras que en las últimas semanas las muestras bajaron a 100, por la disminución de la demanda, con un 10 por ciento de positividad hasta llegar a ayer a no encontrar ningún caso.

“Veníamos observando la disminución con días en los que detectamos dos o tres casos y ayer ninguno resultó positivo. Fue una grata sorpresa”, afirmó Cabral, quien destacó “el trabajo de todos” y “los efectos de la vacunación” pero pidió no bajar la guardia y sostener los cuidados.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó el archivo por inexistencia de delito de parte de la investigación por la que está imputado el exministro de Salud, Ginés González García, y que apunta a determinar si se infringió la ley al promover o permitir que unas 70 personas recibieran un supuesto trato especial para recibir la vacuna contra el coronavirus.

La magistrada sostuvo que en el momento en el que ocurrieron los hechos la ley (que, en ese punto, no ha variado en la actualidad) diferenciaba a las poblaciones objetivo a vacunarse en dos grandes grupos (prioritarios y no prioritarios) y que 65 de las personas en la investigación como receptoras de la vacuna estaban dentro del grupo de los “prioritarios”.

Ese grupo está integrado por mayores de 60 años, personal de salud, personal estratégico y personas de 18 a 59 con enfermedades previas, mientras que no existía ni existe un orden normativo de prelación, ya que la resolución del ministerio de Salud 2883/20 expresamente estableció que era posible vacunar a estos grupos de manera simultánea, según informaron fuentes judiciales.

La investigación está enfocada en un grupo de 70 personas que recibieron vacunas en el Hospital Posadas o alguna dosis que había sido asignada a ese nosocomio, pero fue suministrada en la sede del Ministerio de Salud.

La causa se inició luego de que el periodista Horacio Verbitksy contara en un programa de radio que había recibido la primera dosis de la Sputnik V en la sede del ministerio de Salud, tras comunicarse con González García.

Tras aquella revelación pública del periodista de 79 años, una lluvia de denuncias se desató sobre los tribunales federales de Comodoro Py. La mayoría se acumuló en el juzgado a cargo de Capuchetti, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.

Tan pronto como se desató la polémica, el Gobierno le facilitó a la justicia el listado de 70 personas que habían recibido las dosis del Posadas, en el que figuraban, entre otros, el presidente Alberto Fernández y el expresidente, Eduardo Duhalde, junto a su esposa y sus hijas.

Fuentes judiciales remarcaron que efectivamente se pudo establecer en el expediente que existieron 70 personas que fueron vacunadas contra el COVID-19 con un trato especial, verdaderamente diferente a gran parte de la población, pero que eso no sería un delito.

“Prácticamente todos aquellos que conforman aquél listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre 5 casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señalaron las fuentes.

En el ordenamiento jurídico nacional no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto de esta investigación, indicaron las mismas fuentes consultadas por esta agencia al explicar lo resuelto por la jueza Capuchetti.

No obstante, aclararon que “esa situación sí se encuentra expresamente prevista en la Ley de Ética del Ejercicio de la Función Pública (25.188) que explícitamente establece sanciones de orden administrativo”, señalaron.

“Más allá del reproche moral que puede hacerse sobre esta decisión, lo cierto es que la norma que regula la aplicación de vacuna contra el Covid-19 siempre permitió de manera expresa que se intercalen la aplicación de la vacuna entre los diferentes grupos prioritarios (…). Luego, en caso de que existan personas vacunadas que no se encuentran dentro de ninguno de sus grupos prioritarios, corresponderá profundizar la investigación para determinar los motivos y circunstancias por las cuales se aplicaron la vacuna”, sostuvo la jueza en el fallo al que accedió Télam.

“La indignación sobre la manera en la que se desarrollan en ciertos acontecimientos no implica necesaria y automáticamente que deba intervenir el derecho penal. Existen situaciones que no son de nuestro agrado y que repudiamos fuertemente pero no pueden por sí solas hacernos dejar de lado los límites de la función que tenemos y, en lo que hace a los jueces, no deben ser suficientes para que dejemos de lado los principios constitucionales que operan en materia penal”, resaltó la magistrada.

En la resolución de 70 páginas, Capuchetti ordenó formar un nuevo legajo de investigación respecto de las personas mencionadas en un anexo del informe elaborado por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Fuentes judiciales también indicaron que la jueza continúa investigando si existió alguna irregularidad en la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y si hubo un “desvío” de sesenta dosis pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz, en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.

Además de González García este expediente tiene otros 3 imputados: su exJefe de Gabinete, Lisandro Bonelli; su exsecretario privado Marcelo Guillé y el subsecretario subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del ministerio de Salud de la Nación, Alejandro Collia.

DA

Lejos de los atajos y la cercanía con ministros y funcionarios del Gobierno nacional que habilitó un circuito de vacunación de privilegio, los trabajadores de la salud, grupo prioritario del plan oficial de inmunizados, aún no fueron vacunados en su totalidad en las principales jurisdicciones. El proceso avanzó con lentitud ante la escasez de vacunas y la demora en la aplicación (en especial para aplicar la segunda dosis) y la situación genera tensión en los hospitales y reclamos en el sector público y el privado, según las consultas de elDiarioAR a gremios, instituciones médicas y organismos de control. Se distribuyeron más de 1,7 millones de vacunas, pero se aplicó sólo el 46%, según datos oficiales.

Según el Ejecutivo ya fueron vacunados 718.863 trabajadores de la salud en todo el país, la mayoría con una sola dosis. No informó en qué jurisdicciones ni cuál es el porcentaje del total del personal sanitario que recibió la vacuna desde mediados de enero. Una fuente oficial dijo a este medio que calculan que el total del universo a alcanzar es de 850.000 personas.

El reclamo se replica en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, pero también en otros puntos del país, como Córdoba. En la provincia de Buenos Aires, donde la gobernación recibió mayor cantidad de vacunas, algo menor a su porcentaje la población nacional, la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud (CIPOC) estima que la primera dosis fue aplicada al 70% de los trabajadores del sector público, pero no tiene cifras oficiales claras y no conoce la situación en obras sociales y clínicas privadas. El Gobierno porteño informó que inmunizó al 40% del personal sanitario con la primera dosis y explicó que no sabe cuándo podrá completar el padrón de inscriptos. No se conoce cómo están distribuidas las dosis por hospital o centro de salud. 

La información precisa sobre las vacunas la estamos construyendo hospital por hospital y ha sido bastante anárquica.

Este miércoles, el Ministerio de Salud de la Nación publicó por primera vez los datos oficiales de las vacunas distribuidas y aplicadas por jurisdicción. Sólo el 37% de los vacunados tiene la segunda dosis necesaria para la inmunización, pero no se informó cuántos de ellos son personal de la salud, aunque se estima que es la mayoría.

Las dosis son organizadas y entregadas por el Gobierno nacional a las jurisdicciones. Los trabajadores deben inscribirse y las autoridades elaboran un padrón que sirve como base para calcular la cantidad de dosis que irán recibiendo en distintas tantas. Luego, se le asigna turnos al personal sanitario. Algunos aguardaron un mes hasta recibir la primera dosis, según explicaron a este medio trabajadores consultados.

La vacunación es optativa y la información de las autoridades difiere con algunos reclamos de gremios y organismos de control. Las jurisdicciones estiman en distintos porcentajes a los trabajadores sanitarios que no aceptarían recibir la vacuna, pero no hay un dato oficial. El ministro de Salud porteño, Germán Quirós, sostuvo a principios de febrero que entre el 30 y el 40% no estaba dispuesto a vacunarse. En la provincia de Buenos Aires, calculan que ese grupo ronda el 20% del personal sanitario, dijo una fuente de la gobernación a este medio.

Necesitamos que el ritmo se acelere porque estamos con un porcentaje inferior al que debería tener.

En la provincia de Córdoba, el médico Gastón Vacchiani, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS), presentó este miércoles una denuncia en el mismo sentido del reclamo de los gremios porteños y bonaerenses. “En nuestra provincia existen más de 50.000 personas que han sido vacunadas. La planta de personal del equipo de salud es al menos de 13.000 personas. Sin embargo, y esto me consta como trabajador de la salud y como secretario general de la UTS, existe una gran cantidad de trabajadores del equipo de salud que todavía no recibió ni siquiera su primera dosis, a pesar de que diariamente cumplen labores”, sostuvo su denuncia. “Lo mismo sucede en los establecimientos municipales”, agregó.

El Gobierno porteño aplicó la primera dosis a unos 60.000 trabajadores de la salud, lo que equivale al 40% del personal sanitario en la Ciudad (alrededor de 150.000 personas).

En Jujuy, “la información precisa sobre las vacunas la estamos construyendo hospital por hospital y ha sido bastante anárquica”, afirmó Nicolás Fernández, secretario general de la Asociación de Profesionales Universitarios (APUAP). El gobernador Gerardo Morales dijo este miércoles: “Han habido algunas clínicas privadas que faltó que pongan hasta el perro y el gato para que se vacunen y han pasado las listas”, y afirmó que promoverá multas de hasta un millón de pesos para aquellos casos en los que no se haya respetado el orden de prioridad dispuesto, según Télam.

La Ciudad de Buenos Aires recibió unas 156.425 vacunas, la mayoría de Sputnik V y otras 40.000 de Oxford-AstraZeneca, pero está muy lejos de alcanzar la meta y el Ministerio de Salud porteño no puede precisar cuándo terminará de vacunar al personal de salud, sostuvo un vocero de la cartera ante la consulta. “Dependerá del próximo cargamento. Necesitamos que el ritmo se acelere porque estamos con un porcentaje inferior al que deberíamos tener”, agregó la fuente. 

El Gobierno porteño aplicó la primera dosis a unos 60.000 trabajadores de la salud (de los sectores público, privado e independientes), según la cartera de Salud local, lo que equivale al 40% del personal sanitario en la Ciudad (alrededor de 150.000 personas). Unas 24.000 personas (el 16%) recibieron además la segunda dosis de la vacuna rusa.

En la ciudad de Buenos Aires, el virus afectó particularmente a los residentes de los geriátricos, que se convirtieron en uno de los grupos más afectados por la fatalidad de la pandemia. Este medio informó el 14 de febrero que el 16,5% de los residentes porteños fallecidos por Covid-19 vivían en geriátricos.

Desde enero, el gremio de Sanidad está a cargo de la vacunación del personal que trabaja en los geriátricos de la Ciudad. Este lunes, Sanidad recibió sólo 900 dosis para continuar con la vacunación de los 11.000 trabajadores que prestan servicios en unos 500 geriátricos de la Ciudad de Buenos Aires e integran el padrón para recibir las vacunas, afirmó una autoridad de la obra social a cargo de la tarea. 

Nuestra estimación es que la provincia ya aplicó una primera dosis a alrededor del 70% del personal sanitario de los establecimientos públicos.

La fuente de Sanidad consultada dijo: “Todavía no llegamos a vacunar ni a la mitad del personal de los geriátricos. Con esta nueva tanda de 900 vacunas, en los próximos dos días vamos a poder alcanzar a unos 4.200 trabajadores con la primera dosis”, es decir que recién vacunaron al 38% del personal de los hogares de ancianos. El gremio ya recibió unas 600 vacunas para comenzar con la segunda dosis entre jueves y viernes, agregó.

El defensor del Pueblo de la Ciudad, Alejandro Amor, afirmó a este diario que viene recorriendo los centros de vacunación y que la falta de vacunas genera tensión dentro de los hospitales. Hay situaciones muy desparejas, explicó. En el Ramos Mejía, con más de 2.300 trabajadores, es uno de los hospitales donde los reclamos se hacen sentir más.

Lo mismo explicaron Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú, y César Latorre, delegado general del Hospital Italiano. Ambos referentes del sector público y privado sostuvieron que en las primeras semanas el malestar se centró en qué áreas esenciales recibían la vacuna y cuáles no. El personal de las guardias, por ejemplo, no fue inoculado en el primer tramo porque las vacunas sólo alcanzaban para terapias intensivas y áreas Covid.

Venimos reclamando en el comité de crisis que integramos con las autoridades del ministerio de Salud bonaerense saber los detalles del cronograma de vacunación para el personal de salud.

El 8 de febrero, Amor solicitó al Gobierno porteño que informe a la Defensoría cuántos trabajadores de la salud que prestan servicios en establecimientos públicos se encuentran afectados por su función a la asistencia de la pandemia y están en condiciones de ser vacunados; cómo es el cronograma de vacunación; y cuál es el criterio para la distribución de las vacunas. 

El defensor del Pueblo porteño también intenta obtener los datos completos de la cantidad de personal de la salud pública que ya recibió la vacuna y la identificación de cada uno de ellos, según el escrito al que accedió elDiarioAR. El mismo reclamo había realizado el viernes último la diputada Graciela Ocaña al Gobierno Nacional para conocer el criterio en la distribución de las vacunas por jurisdicción, según el documento consultado. La CICOP viene reclamando información similar a la provincia de Buenos Aires en el comité de crisis que integra como sindicato.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta aplicó un criterio particular a la hora de distribuir el lote de vacunas asignado por el Ministerio de Salud. Tercerizó la administración en siete prepagas y obras sociales para que las apliquen a sus afiliados, lo que motivó denuncias penales. Según la cartera de Salud, la distribución respetó el porcentaje de grupo poblacional de riesgo asociado a cada institución.

Situación en Provincia

Según los datos publicados por el Gobierno Nacional este miércoles, la gobernación de Kicillof recibió 667.510 dosis, proporcionalmente menos en términos de población que las 156.425 de la Ciudad. “La vacunación está avanzando y se está realizando incluso los sábados, pero el proceso ha sido desordenado e irregular, y no nos informan cuántos trabajadores ya han sido vacunados”, dijo Mirian Carusso, médica pediatra del Hospital Eva Perón de San Martín y dirigente de CICOP.

En enero, el Ministerio de Salud bonaerense emitió un informe al que accedió elDiarioAR. Según los datos oficiales, se registraron 32.937 casos confirmados de Covid-19 en el sistema de salud del distrito, de los cuales 10.284 trabajan directamente para la Dirección Provincial de Hospitales. Esos números reflejan que 4,5% del total de la población contagiada en el territorio trabaja en hospitales, sanatorios y centros de salud.

En el ámbito público, el más afectado hasta enero fue el Hospital Interzonal Evita, en la localidad de Lanús, donde se registraron un total de 529 casos positivos de coronavirus en el personal sanitario, según el informe. Le siguen en la lista el Hospital Alende (en Ingeniero Budge, con 423 casos), el Hospital San Martín (en La Plata, 383) y el Gandulfo (en Lomas de Zamora, 346 casos).   

Cuando nos dan las vacunas, recibimos un padrón con la lista de destinatarios que las propias obras sociales están armando con su personal de riesgo.

“Venimos reclamando en el comité de crisis que integramos con las autoridades del ministerio de Salud bonaerense saber los detalles del cronograma de vacunación para el personal de salud y la cantidad de vacunas que se aplicaron a los trabajadores”, dijo Guillermo Pacagnini, secretario general de CICOP. “Nuestra estimación es que la provincia ya aplicó una primera dosis a alrededor del 70% del personal sanitario de los establecimientos públicos”, agregó el dirigente.

Según el último informe de situación, la gobernación de Kicillof aplicó 357.486 vacunas (entre primera y segunda dosis). En total, este martes se registraron 2.973.286 inscriptos para recibir la vacuna, por lo que la gobernación lleva inoculado al 12% de quienes se anotaron. “Creemos que la mayoría de estas personas son personal de salud, pero no lo sabemos con certeza”, dijo Pacagnini.

El Ministerio de Salud bonaerense no respondió la consulta de este medio sobre el estado del programa de vacunación.  

El Posadas

La dirección del Hospital Posadas ordenó este lunes completar en tres días la vacunación contra el Covid-19 de todo el personal de salud del nosocomio, luego de que la institución quedara en la mira de la Justicia por haber sido parte del circuito de vacunación de privilegio ordenado desde el Ministerio de Salud de la Nación. Este lunes aún restaba vacunar al 20% de los trabajadores esenciales, según la propia institución. Entre los ya vacunados, poco más del 40%, había recibido la segunda dosis, confirmó el hospital a este medio.

La encargada de vacunación en el Posadas, María Elena Borda, declaró este martes como testigo ante la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano, y sostuvo que la prioridad de las autoridades del hospital era vacunar al personal médico y al resto del personal sanitario pero que recibían en el nosocomio a personas que no conocían y que eran enviadas por el Ministerio, según informó una fuente judicial con acceso al expediente. 

Borda sostuvo que recibían un llamado y se les informaba quién iría al hospital a vacunarse al día siguiente. Debían recibirlos en el vacunatorio del Posadas y aplicarles la inyección de dosis que estaban destinadas al personal sanitario, según la explicación de la autoridad del Posadas. 

El director del Posadas, Alberto Maceira, también declaró testigo ante la Justicia y señaló que las indicaciones sobre a quién aplicar la vacuna por afuera del plan oficial venían de dos personas del ministerio que invocaban a González García: el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos, Alejandro Collia (quien se encuentra atravesando un duro cuadro de Covid-19); y el secretario privado del ministro, Marcelo Guillé.

Obras sociales

El Ministerio de Salud de la Ciudad entregó dosis a la obra social de Camioneros, aunque aún sin precisar la cantidad exacta. “Estaban destinadas al personal de salud del sanatorio”, dijo un vocero de la cartera. Tres de esas vacunas fueron aplicadas al sindicalista Hugo Moyano; su esposa y gerenciadora de la obra social, Liliana Zulet; y su hijo de 20 años, según admitió el líder gremial al programa radial Toma y Daca, de AM750, el sábado último.

En la obra social de los trabajadores de la construcción explicaron que las obras sociales están gestionando vacunas para su personal de salud y de “áreas Covid”, y que algunas han recibido una pequeña cantidad. En el marco del convenio con el Gobierno porteño para vacunar a los trabajadores de los geriátricos, el sindicato de Sanidad también gestionó vacunas para el personal de salud de la obra social que atiende casos sospechosos de Covid y el Ministerio de Salud porteño entregó dosis para ese sector, dijo una fuente que participó en la tratativa.

Se supone que para evitar casos como el de Moyano, su esposa y su hijo menor, existe un sistema de trazabilidad de las vacunas, agregó la fuente. Es uno de los puntos que está investigando la Justicia: cómo se pensó y montó ese sistema de control.

Algunos trabajadores de las obras sociales deberán vacunarse en los vacunatorios públicos.

“Cuando nos dan las vacunas, recibimos un padrón con la lista de destinatarios que las propias obras sociales están armando con su personal de riesgo. Una vez que se aplica la dosis, se llenan formularios y se le pide a la persona que recibe la vacuna que firme una declaración jurada. Luego se carga en un registro online, al que tienen acceso las autoridades de la jurisdicción”, explicó un dirigente gremial. 

En la Asociación del Personal Legislativo (APL) aseguraron que la obra social de los trabajadores que cumple tareas en el Congreso de la Nación no recibió ninguna vacuna. Otros gremialistas de sindicatos medianos o pequeños que tienen sanatorios propios sostuvieron que aún esperan la llegada de la inmunización. “Consulté a varios compañeros que tienen sanatorios y nadie tiene vacunas”, dijo un gremialista este sábado. “Algunos trabajadores de las obras sociales deberán vacunarse en los vacunatorios públicos”, sostuvo una fuente del Ministerio de Salud porteño.

ED

El director del Hospital Posadas, Alberto Maceira, afirmó hoy ante la Justicia que vacunó a diez personas en el “antedespacho” de Ginés González García en el Ministerio de Salud y que le dijeron que la “orden” era del ahora ex funcionario.

Ante la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano y por espacio de 50 minutos, Maceira declaró que él vacunó en el antedespacho de González García y que para esa tarea lo llamaron el secretario del ex ministro, Marcelo Ariel Guille, y el subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud, Alejandro Collia.

 Maceira relató que Guille y Collia lo llamaron y él solo vacunó a diez personas en el Ministerio, en tanto que el resto fue inoculado en el Hospital Posadas. En el momento de precisar la ubicación del vacunatorio, el testigo dijo que fue en una salita del segundo piso del Ministerio de Salud, pegada al despacho que ocupaba González García. Y detalló que concurrió con una médica y un chofer.

En esa tanda de diez personas, vacunó al senador Jorge Taiana y al diputado Eduardo Valdes, además de empresarios y allegados al ex ministro.   

Junto con la declaración, Maceira llevó un listado de vacunados y los registros que tienen sobre la aplicación de la vacuna Sputnik y otras a nivel nacional.

La investigación se centra sólo en el Posadas y los delitos son incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los investigadores tampoco definieron aún si los vacunados van a ser considerados testigos o finalmente imputados.

Sobre ello, harán un estudio de los decretos o alguna resolución que justificara a los vacunados con cargo público o que tenían programado viajar al extranjero.  Para mañana se esperan más declaraciones de personal del Hospital Posadas.

DA