El retroceso reciente de la industria argentina no solo se expresó en la caída de la producción y el empleo. También se manifestó en una serie de cierres de plantas, retiros de compañías internacionales y reestructuraciones empresariales que impactaron directamente en la actividad fabril. Así lo señaló un informe sobre coyuntura industrial elaborado por investigadores del Centro de Estudios de Historia Económica Argentina y Latinoamericana (CEHEAL) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El documento relevó una serie de movimientos empresariales recientes que atravesaron distintas ramas industriales, desde la metalurgia hasta los electrodomésticos. Entre los casos mencionados aparecen Whirlpool, Electrolux, Mabe, Eskabe, Lumilagro, Acindar, Ferrum, Mirgor, Essen, Acerbrag y Vassalli, compañías que enfrentaron cierres de plantas, repliegues productivos o procesos de reorganización en sus operaciones.

Uno de los casos más significativos fue el de Whirlpool, que anunció el retiro de la producción local en la Argentina. La empresa había inaugurado en 2022 una planta en Pilar para fabricar lavarropas destinados al mercado interno y a la exportación regional. Según el informe, la filial regional comunicó luego su decisión de abandonar la producción local, argumentando cambios en su estrategia de eficiencia operativa y asignación de recursos.

El estudio también menciona dificultades y repliegues en otras firmas vinculadas al mercado interno de electrodomésticos y equipamiento del hogar. Electrolux, Mabe, Eskabe y Lumilagro aparecen entre las compañías que enfrentaron problemas para sostener su producción local en un contexto de caída del consumo y deterioro de la actividad industrial.

El informe identificó además procesos de ajuste o reorganización en empresas industriales de otros rubros, entre ellas Acindar, Ferrum, Mirgor —con impacto en sus unidades IATEC, Famar y Brightstar—, Essen, Acerbrag y Vassalli. En estos casos, el documento menciona reducciones de actividad, reorganizaciones empresariales o cambios en las estrategias productivas.

Para los investigadores del CEHEAL, estos movimientos empresariales suelen aparecer en períodos de recesión industrial. En esos contextos, la caída de la rentabilidad y la contracción del mercado interno pueden derivar en quiebras de empresas locales, cierre de plantas o retiro de compañías internacionales, fenómenos que terminan debilitando el entramado productivo.

El informe ubica estos procesos dentro de un deterioro más amplio de la industria argentina. Entre 2023 y 2025 la actividad manufacturera registró una contracción significativa y la participación de la industria en la economía se redujo del 16,5% al 13,7%, uno de los niveles más bajos en décadas, según el estudio.

En ese escenario también se produjo el cierre de Fate, histórica fabricante de neumáticos fundada en 1939. La empresa cesó este año su producción en la Argentina y dejó al país sin fabricación local de neumáticos después de 86 años de actividad. El cierre implicó la pérdida de cientos de puestos de trabajo y trasladó la producción del mercado local a las filiales de las multinacionales Firestone y Pirelli.

Para los autores del informe, la combinación de recesión económica, caída del consumo interno, menor inversión y cambios en las estrategias empresariales está configurando un proceso de reconfiguración del mapa industrial argentino, caracterizado por cierres de plantas, repliegues productivos y mayor dependencia de importaciones.

Ese proceso no solo afecta a las empresas. También impacta directamente sobre el empleo industrial y sobre la capacidad productiva del país, al reducir la cantidad de plantas fabriles activas y debilitar las cadenas de valor locales que sostienen la actividad manufacturera.

El informe también advierte que la crisis industrial reciente tiene una magnitud histórica. En 2024 la industria argentina registró una contracción del 8,8% en términos reales respecto de 2023, la caída más pronunciada de las últimas décadas y superior incluso a la registrada durante la pandemia de 2020. Como resultado de ese retroceso, el nivel de actividad fabril quedó 18,5% por debajo del máximo alcanzado en 2011, lo que refleja la profundidad del deterioro productivo que atraviesa el sector manufacturero.

El documento también subraya un cambio estructural en la economía argentina. Entre 2023 y 2025 la participación de la industria manufacturera en el producto interno bruto se redujo del 16,5% al 13,7%, una caída que llevó al sector a niveles de incidencia económica comparables con los registrados antes de la Segunda Guerra Mundial. Para los investigadores, esta pérdida de peso relativo del sector fabril constituye uno de los indicadores más claros del proceso de desindustrialización que atraviesa el país.

El deterioro industrial también se reflejó en el empleo. Durante 2024 la industria perdió alrededor de 21.600 puestos de trabajo registrados, según datos del Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial citados en el informe. En el período más reciente, entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, la actividad manufacturera eliminó en promedio 77 empleos formales por día, lo que convirtió al sector en uno de los principales focos de destrucción de empleo privado en la economía argentina. Si se incluye el trabajo no registrado, la pérdida asciende a unos 160 puestos diarios, según estimaciones del propio informe.

JJD

Las 500 mayores empresas del país produjeron bienes y servicios por más de $241 billones durante 2024, según la última Encuesta Nacional a Grandes Empresas publicada por el Indec. Sin embargo, apenas emplearon a 813.836 personas asalariadas, lo que equivale al 7,3% del total de trabajadores registrados en la Argentina.

Esa brecha entre el peso económico y la generación de empleo revela un patrón estructural: una economía altamente concentrada, donde la expansión de la producción no implica necesariamente más trabajo registrado ni una distribución amplia de la riqueza. En términos de valor bruto de producción (VBP), las grandes empresas representaron el 23,9% del total nacional. En valor agregado bruto (VAB), su aporte fue del 17,4%.

El informe no analiza explícitamente el impacto social del modelo pero los datos permiten interpretar que la productividad se eleva con una baja correlación en el crecimiento del empleo asalariado. Este fenómeno se acentúa en contextos de ajuste o recuperación débil, donde las ganancias tienden a provenir de la eficiencia antes que de nuevas contrataciones.

El peso de pocas

El patrón de concentración también se observa al interior del propio panel (el conjunto de empresas relevadas por el estudio). Las 100 compañías más grandes explican el 45,7% del empleo total, mientras que las 50 principales reúnen el 27,6%. Solo cuatro compañías emplean el 2,3% de las y los trabajadores registrados en el conjunto .

En paralelo, las 50 firmas de mayor tamaño concentran el 51,2% del valor agregado bruto. Esa lógica de concentración abarca tanto la producción como la apropiación del excedente económico.

El costo salarial total fue de $33,5 billones, de los cuales $27,4 billones correspondieron a sueldos e indemnizaciones, y el resto a cargas patronales. A eso se suman $254.486 millones en honorarios a directores y síndicos, que no forman parte del ingreso asalariado sino de la conducción empresaria .

Capital extranjero, mayor incidencia

Las empresas con participación extranjera representan el 60,8% del total del panel, pero explican el 68% de la masa salarial, el 60,8% del empleo y el 79,4% del valor agregado bruto. También registran una utilidad neta muy superior: $14,7 billones, frente a $2 billones de las empresas nacionales.

Además, invirtieron casi siete veces más en formación de capital fijo, consolidando su dominio estructural sobre el entramado productivo del país.

¿Qué empleo crean?

Las principales ramas de actividad de estas empresas son alimentos y bebidas (21,4%), química y plásticos (16,2%) y automotriz y maquinaria (9,4%). Se trata de sectores de alta productividad, gran escala y bajo requerimiento de fuerza laboral por unidad producida.

También es relevante que el informe no incluye al agro, al sistema financiero ni a los servicios personales, que suelen tener mayor densidad de empleo, aunque con estructuras más dispersas y, en algunos casos, con mayores niveles de informalidad o precarización. Esta exclusión deja fuera una parte del entramado laboral argentino más ligada al consumo interno o al trabajo intensivo.

Una estructura que concentra

La combinación de niveles crecientes de producción con bajo impacto en el empleo registrado abre preguntas de fondo sobre la capacidad distributiva del modelo empresarial dominante. Aunque crece el valor agregado y se consolidan las utilidades, la masa de trabajadores que accede a ese crecimiento es proporcionalmente pequeña.

El 2024 cerró con una estructura empresarial concentrada, capitalizada y con márgenes crecientes, pero sin un correlato equivalente en el mercado laboral. La brecha entre rentabilidad y empleo interpela a las políticas públicas de estímulo, fiscalidad progresiva y redistribución del ingreso.

JJD

El nuevo secretario de Inteligencia del Estado (SIDE), el contador Cristian Auguadra, creó en 2021 y mantiene activa hasta ahora una sociedad de responsabilidad limitada (SRL) en el estado de Florida, EE.UU., pero no la incluyó en su declaración jurada patrimonial presentada ante la Oficina Anticorrupción (OA). La empresa se llama Bizarak LLC, que es la sigla de norteamericana para referirse a las SRL. elDiarioaAR consultó a Auguadra y al subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, sobre la función de esa compañía y la razón por la que se la omitió de la declaración ante la OA, pero no hubo respuesta.

Bizarak fue fundada hace cuatro años en el Boulevard Biscayne 2275 de Miami bajo el manejo de Auguadra y Héctor Hermida, con quien al mismo tiempo armada una SRL en la Argentina, Cerrito Broker, dedicada a la compraventa de inmuebles. Hermida fue dirigente del club Ferro Carril Oeste y por presuntas irregularidades como tal fue expulsado de esa institución y estuvo involucrado en una causa penal que finalmente prescribió. En 2022, Hermida siguió figurando como socio de Auguadra en Bizarak, pero a partir de 2023 y hasta 2025 fue reemplazado por la esposa del actual jefe de la SIDE; Valeria Fillmore.

Auguadra se graduó de contador en 1993 en la Universidad de Morón, privada, y al año siguiente creó su propio estudio, Global Consultancy Services. En 2024 se incorporó a la SIDE como inspector general de la Division de Asuntos Internos. Su hijo Gonzalo también se sumó a la secretaría y, como tal, viajó este año a una reunión internacional de espías en Azerbaiyán en la que aprovechó para ir a ver el gran premio de Fórmula 1 en el que corrió Franco Colapinto.

Ni en la declaración jurada inicial de gestión en 2024 ni en la que siempre se presenta a fin de ese año aparece Bizarak ni ningún activo en el extranjero. En cambio, declaró una casa en la ciudad autónoma de Buenos Aires de 180 metros cuadrados, otra inversión inmobiliaria acá, un departamento en San Martín de los Andes, un Mercedes-Benz de 2012, una Toyota Hilux, un Volkswagen Golf, un scooter Yamaha, US$30.000 en efectivo, depósitos de menor monto, la financiera Option Securities, la empresa inmobiliaria Elovate y el Grupo del Centro, de servicios de tratamientos médicos como diálisis.

Después del escándalo de aquella noche de principios de noviembre, en el que entonces jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, salió en calzoncillos de su casa a recibir agresiones de su entonces número dos, José Francisco Lago Rodríguez, por perder la confianza del asesor presidencial Santiago Caputo, comenzó el proceso de recambio que derivó en el ascenso de Cristian Auguadra. El nuevo 'señor 5' se mantiene dentro del ala de Caputo, en la rivalidad interna ahora sosegada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. De hecho, elDiarioAR también consultó a fuentes internas de la SIDE sobre la función de Bizarak y su omisión en la declaración jurada y allí sugirieron consultar a Caputo, que tampoco contestó. No será tampoco el primer caso de un funcionario de este ni de anteriores gobiernos que evitan declarar algunos de sus activos más llamativos ante las autoridades.

AR/MG

Tras más de tres años de expansión del trabajo remoto, las grandes empresas tecnológicas comenzaron a revertir la tendencia e imponen modelos híbridos obligatorios, con presencia semanal en oficina. La decisión, impulsada por criterios de productividad y control, choca con una parte de las y los trabajadores, que denuncian retrocesos en términos de autonomía, conciliación y salud mental.

Google, Amazon, Apple y Meta exigen al menos tres días presenciales por semana en sus oficinas centrales. En 2023, el CEO de Amazon, Andy Jassy, advirtió que quienes no cumplan con la presencialidad “probablemente no encajen en la compañía”. Meta (Facebook) limitó incluso la posibilidad de aplicar a nuevos puestos si no se reside cerca de una sede. “El trabajo en persona ayuda a construir relaciones y cultura organizacional”, argumentó Mark Zuckerberg.

En paralelo, firmas como Dropbox, GitLab o Spotify consolidaron esquemas remotos permanentes, incluso con trabajadores distribuidos en distintos países y sin oficinas físicas. Estas empresas reportaron menor rotación y mejores resultados en encuestas internas de clima laboral. GitLab, con más de 1.500 empleados full remoto en 65 países, duplicó su valuación desde 2020.

Un informe de McKinsey de 2024 mostró que el 90% de las grandes empresas estadounidenses ya adoptó algún modelo híbrido, mientras que apenas el 7% se mantiene 100% remota. La presión por volver a la oficina aumentó tras la caída de acciones tecnológicas, el recorte de personal y el discurso de “normalización” postpandemia. Sin embargo, las encuestas muestran que el 60% de las y los trabajadores preferiría no volver a una presencialidad obligatoria.

En América Latina, el modelo híbrido también se impone, pero con fuertes diferencias según país, rubro y tamaño de empresa. Multinacionales como Microsoft, Accenture o Mercado Libre implementan esquemas de 2 o 3 días presenciales por semana en grandes ciudades como San Pablo, Ciudad de México o Buenos Aires. “Es un equilibrio entre la flexibilidad que piden los equipos y la necesidad de cultura corporativa”, explicó un vocero de una consultora global.

En Brasil, un relevamiento de la Fundación Getulio Vargas indicó que el 47% de las empresas medianas y grandes adoptaron modelos híbridos, aunque solo el 18% reguló el trabajo remoto por convenio. En Colombia y México, la legislación avanzó en reconocer el teletrabajo, pero las inspecciones laborales son escasas y la carga de conectividad sigue recayendo en las y los trabajadores.

Argentina reguló el teletrabajo en 2020 mediante una ley nacional, pero su aplicación es limitada y no contempla realidades como la desconexión digital o los gastos de servicios. Muchas empresas retienen el trabajo remoto como beneficio discrecional, no como derecho, lo que genera tensiones gremiales y reclamos de mayor equidad. El modelo híbrido se aplica sobre todo en sectores de tecnología, banca y servicios profesionales, con variantes por área y perfil de puesto.

En el caso argentino, grandes compañías tecnológicas como Globant, Accenture, IBM o Mercado Libre adoptaron esquemas híbridos flexibles, con exigencias de presencialidad que varían entre uno y tres días por semana. La mayoría justifica el esquema como forma de fomentar el trabajo colaborativo y mantener vínculos entre equipos. “No se trata de volver al modelo anterior, sino de reinventar el espacio de oficina”, explicaron desde Globant, que ofrece coworkings distribuidos y sin puestos fijos.

Bancos como Galicia, Santander y BBVA también aplican modelos híbridos en sus áreas administrativas y tecnológicas. Aunque no existe una normativa única, la mayoría de las entidades estableció mínimos de presencialidad y monitorea el cumplimiento con herramientas internas. Algunos sindicatos, como La Bancaria, pidieron que el teletrabajo se regule en convenio para evitar arbitrariedades.

En el sector público, varias dependencias estatales volvieron a la presencialidad plena, salvo en organismos técnicos o de investigación. El decreto 90/2023 del Gobierno nacional eliminó la modalidad remota para la mayoría del personal, bajo el argumento de recuperar eficiencia. En organismos como el Indec o la Anses, trabajadores denunciaron falta de espacios y servicios para la vuelta masiva.

Startups, pymes tecnológicas y cooperativas de software sostienen modelos remotos o flexibles, muchas veces por decisión colectiva o como incentivo para retener talento joven. En estos casos, la autogestión y la confianza operan como base del esquema laboral, sin estructuras jerárquicas tradicionales. Sin embargo, la falta de marcos legales claros genera vacíos ante conflictos o accidentes laborales fuera del espacio físico.

Mientras tanto, la discusión sobre el derecho a la desconexión, la cobertura de gastos y la organización de los tiempos continúa ausente del debate político. En un mercado con altos niveles de informalidad y precarización, el modelo híbrido se consolida como tendencia entre quienes tienen empleo registrado, pero profundiza desigualdades entre sectores.

JJD

La cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas cayó entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, lo que representó una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, según reverló un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

Esto quiere decir que desde la asunción del gobierno de Javier Milei se redujeron en un 2,81% los puestos de trabajo registrados en unidades productivas, lo que significó una pérdida de más de 432 trabajadores por día durante ese período. Así, el equema laboral pasó de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025.

Pérdida de empleo por sectores

El sector más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo fue el de “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria”, con una reducción de 86.982 trabajadores en los veintiún meses del Gobierno libertario.

Le sigue el sector de “Construcción”, que perdió 76.292 puestos en el mismo período. También registraron caídas significativas los sectores de “Servicios de transporte y almacenamiento” (59.838 puestos menos), e “Industria manufacturera” (55.941 puestos menos).

“Construcción”, a su vez, fue el sector más afectado en términos relativos: cayó 16% la cantidad de trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.

Seguido por “Servicios de transporte y almacenamiento”, con una retracción del 11,2%; y “Servicios de artísticos, culturales, deportivos y de esparcimiento” que registró una disminución del 7,1% en el mismo período.

El paper analiza la evolución de la cantidad de empeladores y trabajadores dese el triunfo de Milei en el balotage de 2023, tras haber conseguido la presidencia frente a Sergio Massa, en base a los datos disponibles al momento de su publicación.

Utiliza una metodología cuantitativa basada en la información provista por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), correspondiente al sistema de Seguridad Social.

Casi 30 empresas cerraron por día

Con respecto a empleadores con trabajadores registrados, en los primeros veintiún meses del gobierno de Milei disminuyeron de 512.357 a 493.193: una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 empresas por día.

El informe del CEPA refleja la “tendencia negativa en el tejido empresarial” durante noviembre 2023-agosto 2025.

“Servicio de transporte y almacenamiento” fue el más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores entre ese período. Otros rubros también registraron caídas significativas: “Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas” perdió 3.510; “Servicios inmobiliarios” sufrió una caída de 2.952 empleadores; “Servicios profesionales, científicos y técnicos” de 2.053; “Industria manufacturera” de 1.974; y “Construcción” registró una reducción de 1.790 empleadores en el mismo período.

En paralelo, “Servicio de transporte y almacenamiento” es el sector -en términos relativos- que más afectado se vio, registrando una caída del 11,9% en la cantidad total de empeladores. Le siguen el sector de “Servicios de organizaciones y órganos extraterritoriales” (- 10,8%), “Servicios inmobiliarios” (-9,9%) y “Construcción” (-8,2%), entre los más golpeados.

El documento del CEPA también expone la variación de la cantidad de empleadores y trabajadores por tamaño de empresa, al observarse que compañías de hasta 500 trabajadores son las más afectadas por la gestión libertaria: 99,63% del total de los casos -equivalente a 19.094 empresas menos. Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 500 trabajadores explican sólo el 0,37% (70 casos).

En términos relativos, la cantidad de empleadores con más de 500 trabajadores se redujo un 3,88%, mientras que los empleadores con hasta 500 trabajadores disminuyeron un 3,74% en el período noviembre 2023-agosto 2025.

Las grandes empleadoras concentran la mayor pérdida

Si se toma en cuenta la pérdida de empleo registrado según el tamaño de las empresas, se observa que la mayor expulsión de trabajadores se concentró en las firmas de gran porte, siendo las empresas con más de 500 trabajadores representan el 68,15% de la caída total del empleo registrado (equivalente a 188.525 puestos).

En contraste, las empresas con menos de 500 empleados redujeron sus plantillas en 88.099 trabajadores, lo que representa el 31,85% del total de empleos perdidos entre noviembre de 2023 y agosto de 2025.uhO64w

Esto, en términos porcentuales, representa una reducción del 3,94% del personal en empresas con más de 500 trabajadores -de 4.782.973 a 4.594.448-, mientras que en las firmas con hasta 500 disminuyeron su dotación en un 1,74% -de 5.074.200 a 4.986.101.

Al respecto, desde CEPA indicaron que se desprende un “marcado retroceso en los indicadores clave del empleo formal, con caídas significativas tanto en la cantidad de empleadores como en el volumen de puestos de trabajo registrados”.

La decisión del presidente Javier Milei de nombrar por decreto a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces en comisión de la Corte Suprema de Justicia ha encendido las alarmas en distintos sectores. Uno de los pronunciamientos más contundentes provino de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham), que representa a más de 720 empresas que generan el 24% del PBI nacional y el 45% de las exportaciones.

Estas empresas incluyen tanto a compañías de capital estadounidense como a empresas argentinas y multinacionales que tienen intereses comerciales en Estados Unidos, el país con el que Milei decidió que la Argentina, durante su gobierno, mantenga un alineamiento incondicional.

En un comunicado emitido este miércoles, la organización advirtió que la medida presidencial, si bien tiene sustento constitucional, compromete la seguridad jurídica y la estabilidad institucional del país. “Cualquier decisión tomada por una Corte integrada de forma excepcional y temporaria quedaría expuesta a cuestionamientos sobre su validez y legalidad”, afirmó AmCham, que también subrayó que el nombramiento de jueces en comisión podría derivar en la nulidad de sus fallos.

El pronunciamiento de AmCham reviste especial relevancia por tratarse de una entidad que representa intereses empresariales estadounidenses en Argentina, con un fuerte impacto en la economía local. La Cámara alertó que la incertidumbre institucional “erosiona la confianza de los actores económicos y aleja las inversiones necesarias para el desarrollo del país”.

El decreto de Milei se fundamenta en que el Senado no aprobó los pliegos de los candidatos y se encuentra en receso, aunque restan pocos días para el inicio del nuevo período de sesiones ordinarias. AmCham enfatizó que la vía correcta sería que la Cámara alta trate las postulaciones dentro de los plazos razonables y que el nombramiento de jueces transitorios genera incertidumbre y desconfianza en la estabilidad del sistema judicial.

El comunicado también destacó los avances del Gobierno en materia fiscal y monetaria, pero advirtió que medidas como esta pueden “opacar estos esfuerzos” y afectar la previsibilidad que necesita el país. “La seguridad jurídica es un pilar fundamental para la competitividad y el crecimiento sostenido”, concluyó la Cámara.

El rechazo de AmCham se suma a las críticas que ya han surgido desde distintos sectores políticos y judiciales. La designación de jueces en comisión por decreto es un mecanismo previsto en la Constitución, pero su uso en el máximo tribunal de justicia del país sienta un precedente inédito en la historia institucional argentina, además de ser de dudosa legalidad. Con el inicio de las sesiones ordinarias a la vuelta de la esquina, la presión sobre el Senado para definir la conformación de la Corte Suprema será cada vez mayor.

JJD

“Las empresas son cruciales en la lucha contra el cambio climático porque son la fuente de la mayoría de las emisiones de CO2 del mundo”. El argumento es de la organización WWF, pero la remachan desde el economista Nicholas Stern hasta el secretario general de la ONU, Antonio Guterres: “El cambio climático es la mayor amenaza para la economía global”.

Actualmente se está constatando una corriente por la que empresas, bancos y fondos retiran, degradan o silencian sus compromisos climáticos. Este enero, el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, abandonó la plataforma Net Zero Assests (NZAM), que buscaba alinear las inversiones de dinero en proyectos sostenibles. Eso hizo que NZAM suspendiera sus actividades. Antes,11 estados de EEUU habían demandado a BlackRock por, dijeron, su “destructiva” agenda verde. Se referían a no invertir en compañías de combustibles fósiles.

Desde una perspectiva general, la organización Science Based Targets analiza si los compromisos climáticos de las empresas son sólidos, no meros anuncios. En su revisión sobre los objetivos de 900 empresas para conseguir mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC extra, 284 corporaciones (casi el 30%) habían retirado esos compromisos en 2024. Entre ellas estaban Microsoft, Procter&Gamble, Unilever o Walmart. Todas dijeron después que mantenían objetivos de recorte de emisiones.

En EEUU sí se está dando un alineamiento claro con los postulados del presidente Donald Trump porque saben que le molestan las medidas climáticas y que está dispuesto a litigar contra quienes vayan en esa línea

Alejandro Caparrós — Co-director del Centro de Economía Ambiental y de la Energía. Universidad de Durham

Otras muchas multinacionales de diversos sectores tomaron un camino parecido: Amazon retrasó su estrategia shipment zero para recortar emisiones de gases de 2030 a 2040, Nike prescindió de gerentes de sostenibilidad, Gucci retiró su afirmación pública de convertirse en neutra en carbono, Volvo retiró su compromiso de vender solo vehículos eléctricos en 2030. Coca-Cola también retrocedió el año respecto a sus objetivos de sostenibilidad. Son algunos ejemplos. Hay más.

El codirector del Centro de Economía Ambiental y de la Energía en la Universidad de Durham, Alejandro Caparrós, considera que “en EEUU sí se está dando un alineamiento claro con los postulados del presidente Donald Trump porque saben que le molestan las medidas climáticas y que está dispuesto a litigar contra quienes vayan en esa línea”. El economista no está sorprendido: “No es una casualidad que esas empresas lo hagan porque no quieren perturbar a sus inversores. Al fin y al cabo se dedican a hacer dinero”.

Al otro lado del Atlántico, en Europa, “no se detectan esos movimientos”, prosigue Caparrós. “Hay que ver cómo evoluciona la Unión Europea. Ursula von der Leyen dijo que había que ralentizar la agenda verde, pero no abandonarla. Y China, lo más probable es que siga adelante”.

Antes de Black Rock, una batería de los bancos más potentes de EEUU como, Morgan Stanley, City Bank, Bank of America habían decidido abandonar la coalición bancaria Net Zero Banking Alliance que trabajaba para que sus préstamos fueran a proyectos de acuerdo con el Acuerdo de París contra el cambio climático. Otros cinco grandes bancos de Canadá hicieron lo mismo a finales del año pasado.

Y ya antes de eso, la petrolera BP anunció que prevé abandonar sus planes para reducir la producción de petróleo. Shell también debilitó sus compromisos para recortar las emisiones de gases aduciendo “la seguridad energética y la rentabilidad”. Las seis petroleras más importantes de Canadá borraron sus compromisos para las cero emisiones netas cuando se aprobó la ley anti-greenwashing del país norteamericano.

El profesor de Sostenibilidad e Inversión en ESG de la Universidad Tufts, Kenneth P. Pucker, explica algunos “de los múltiples” motivos comunes detrás de esta tendencia: “El ambiente político –conservador– contra la gobernanza ecológica y social (ESG) enfrió el entusiasmo”. Además, Pucker señala a elDiario.es que “muchos ejecutivos se dieron cuenta que no tener objetivos de sostenibilidad no les trajo consecuencias”. También considera que muchas compañías “aprovecharon los beneficios de las inversiones pero no están dispuestas a la parte difícil como intercambiar ingresos por recortes de carbono”.

Y a eso se le añade que algunos de los objetivos verdes que anunciaron las empresas no eran realistas. “Quizá no era tan buena idea que se adhirieran a esas iniciativas climáticas porque es algo positivo solo si se mantiene en el tiempo. Creo que deben ser más las personas que las empresas las que impulsen los cambios necesarios para afrontar el cambio climático”, apostilla Alejandro Caparrós.

Ambiente poco halagüeño

El ambiente no parece especialmente favorable. La consultora en asuntos climáticos South Pole detectó en 2024 que buena parte de las grandes empresas comenzaron, además, a silenciar sus objetivos verdes. No quieren que se sepan. Lo llaman greenhushing o secreto verde. “Algo más de la mitad porque tienen miedo de las regulaciones sobre objetivos de sostenibilidad y la otra parte porque temen cometer errores”, explica un portavoz de la consultora a elDiario.es. El caso es que no se reportan.

Las empresas siguen bastante comprometidas, a pesar del golpe que han recibido en EEUU. Retrasar las decisiones sobre sostenibilidad coloca a las empresas en riesgo de perder la oportunidad de conformar la nueva economía y posicionarse como líderes en sus respectivos mercados

South Pole — Consultora ambiental

Después de obtener estos datos, sus analistas explican que “las empresas siguen bastante comprometidas, a pesar del golpe que recibieron en EEUU”. Y añaden que “retrasar las decisiones sobre sostenibilidad coloca a las empresas en riesgo de perder la oportunidad de conformar la nueva economía y posicionarse como líderes en sus respectivos mercados”.

Sin embargo, para Para Kenneth Pucker –que califica de “preocupante” esta tendencia de las empresas–, es esperable que “a medida que es más costoso descarbonizarse veremos a más compañías resistirse. Por eso necesitamos una regulación obligatoria para la descarbonización porque la idea de que la autorregulación va a conseguir los objetivos de descarbonización es una falacia”.

“Los movimientos no son positivos”, concluye Alejandro Caparrós. “El cambio climático no es ya una cosa de modelos. Está aquí y es real, pero hay indicios de que existen gobiernos que van a ignorarlo y que hay votantes a los que eso no les molesta demasiado”. Y remata insistiendo en que “tiene que haber un mayor convencimiento de los individuos para que luego los gobiernos y las empresas sigan ese camino”.  

Luego de un año de ajuste y desregulaciones normativas bajo la gestión de Javier Milei, reina el optimismo entre los hombres y mujeres que conducen las empresas argentinas. De acuerdo con la 28° edición de la Encuesta Anual Global de PwC el 91% de los consultados espera que la economía crezca en 2025 y casi la mitad prevé incorporar más personal a sus empresas. 

La encuesta -que alcanzó a 4.701 CEOs en 109 países, sin detallar cuántos en la Argentina- refiere a un “cambio de aire” que se refleja en las proyecciones de más de la mitad de los líderes sobre una suba de la facturación y la rentabilidad de las compañías en los próximos tres años. Como uno de los elementos menciona la irrupción de la inteligencia artificial (IA), “que empieza a mostrar sus resultados concretos en la organización interna de las compañías”. 

Luego de la caída del último año signada por el alto período de volatilidad, la Argentina encabeza las proyecciones de crecimiento de la región para 2025. En sintonía con el repunte de las expectativas a escala global, donde casi el 60% de los CEO prevé una expansión en el mundo, nueve de cada 10 ejecutivos argentinos esperan que la economía local tome impulso y despegue. Para la economía global, en tanto, el 76% de los directivos argentinos pronostican un repunte.

Se trata de un panorama diferente respecto de lo que sucedía un año atrás, cuando seis de cada 10 CEO pronosticó una baja del Producto Interno Bruto (PIB), y dos de cada 10 previó una caída pronunciada para 2024, influidos por la aceleración inflacionaria y el desajuste de todas las variables macroeconómicas que se vivía a fines de 2023, detalla el informe.

La corriente de mayor certidumbre sobre el nivel de actividad que envuelve a los CEO se proyecta sobre las condiciones que observan para las empresas que dirigen en los próximos años. Los ejecutivos argentinos exhiben mayor confianza que sus pares brasileños y uruguayos: el 70% piensa que su negocio puede seguir funcionando más de 10 años, contra un 53% de los brasileños y un 55% de los uruguayos

“Los máximos ejecutivos argentinos sienten que viene un tiempo de trabajo interno en la eficiencia y estrategia que adopte la compañía como factores primordiales de su destino, en un ambiente en el que la influencia de las regulaciones -y su determinación en los resultados del negocio- es menor respecto de lo que sucedía un año atrás”, se detalla. 

MT

Con el propósito de impulsar el desarrollo comunitario y mejorar las oportunidades laborales, Grupo DESA, a través de sus distribuidoras EDEA, EDEN, EDELAP, EDES en la provincia de Buenos Aires, y EDESA en la provincia de Salta, viene desarrollando desde hace seis años un Programa de Oficios que tiene como fin promover el crecimiento de las comunidades donde opera, brindando cursos de formación certificados de manera abierta y gratuita, que proveen competencias técnicas y socio emocionales para mejorar las condiciones de inserción laboral de las personas.

Entre esas iniciativas se destaca la realizada con la Fundación Compromiso y la organización Espartanos para trabajar en la resocialización de personas privadas de su libertad, a partir de la implementación del programa “Potrero Digital” que acerca herramientas de desarrollo tecnológico a distintos espacios. El plan de formación en habilidades digitales se realizó en el Complejo Penitenciario de San Martín (Unidades 46, 47 y 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense) destinado a más de treinta personas que se encuentran próximas a cumplir su condena.

Al respecto, Eduardo “Coco” Oderigo, líder de Espartanos, explicó que “esta iniciativa permite sumarle a la práctica deportiva del rugby en las cárceles una nueva oportunidad a los detenidos para que, además de trabajar en equipo, puedan capacitarse y competir con una mejor preparación con otros candidatos a los puestos laborales”. El trabajo en conjunto con el Grupo DESA y la Fundación Compromiso permite instruir en oficios digitales en los penales donde se desarrollan cursos de programación, marketing digital, comercio electrónico, entre otras herramientas. Los cursos generan un gran impacto social ya que permiten bajar la reincidencia al brindarle habilidades competitivas a la hora de obtener su libertad.

El programa Potrero Digital también se aplica en otros espacios: en el mes de noviembre se puso en funcionamiento el primer Centro de Formación de Oficios de Edesa en alianza con la Municipalidad de Tartagal y la Fundación Compromiso. En esa localidad, ubicada al norte de la provincia de Salta, se programó la capacitación gratuita de 50 personas, con un curso inaugural titulado “Ciudadanía Digital y Proyectos de Vida”. En esa ocasión la Municipalidad de Tartagal cedió un espacio en la biblioteca Juan Bautista Alberdi, el cual EDESA acondicionó y equipó con diez computadoras de escritorio.

Tanto en Tartagal como en las unidades penitenciarias el foco estuvo puesto en las habilidades para mejorar el acceso y desempeño en el mercado laboral actual, con contenido técnico, inglés digital y habilidades interpersonales. Vale destacar que esta propuesta busca promover la inclusión socio-laboral mediante herramientas de alta demanda, lo cual se alinea con el propósito de la compañía de transformar y mejorar la calidad de vida en los territorios donde opera.

La educación no solo es fundamental para acceder a empleos de calidad, sino que también estimula la creatividad, aumenta la productividad y contribuye a romper con los ciclos de desigualdad. Con este enfoque, el Programa de Oficios de Grupo DESA, busca ofrecer oportunidades tangibles de desarrollo a mujeres, hombres y diversidades mayores de 18 años, que se encuentran en estado de vulnerabilidad social.

Seis años de capacitaciones e inclusión

Desde su creación, el Programa de Oficios ha impactado positivamente en numerosas personas gracias a los 80 cursos impartidos en 30 localidades de los que participaron más de 1400 personas en la Provincias de Buenos Aires y Salta. Además, se han beneficiado a través del trabajo final 80 instituciones con la mejora de sus instalaciones eléctricas. “Tenemos el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas llevando energía a cientos de comunidades de nuestro país, acompañando su crecimiento y desarrollo de una forma sostenible, a través de programas inclusivos, innovadores y superadores, con foco en la educación, el empleo y el medioambiente”, afirmó Mariana Reñe, Gerenta de Relaciones Institucionales y Sustentabilidad de DESA.

La mitad de las personas que se inscriben en el Programa Oficios son mujeres, y desde la empresa aseguran que tienen el firme objetivo de acompañar la transformación social que atraviesa el mundo promoviendo aún más la igualdad de oportunidades y el acceso femenino al trabajo, teniendo presente que uno de los grandes desafíos actuales de la industria energética es adoptar una perspectiva de género, cerrar brechas y crear una fuerza laboral diversa, tanto en los puestos de liderazgo como en las áreas técnicas.

De allí que, en pos de seguir rompiendo estereotipos, durante 2023 y 2024 realizaron la Edición Mujeres del Programa Oficios. En un sector tradicionalmente y predominantemente masculino, en los 6 años de historia del programa se formaron, hasta el momento, cerca de 200 mujeres de diferentes localidades gracias a este proyecto que se desarrolla en alianza con las áreas educativas y de desarrollo social de los municipios y con instituciones de renombre como UTN, UNNOBA, CUSAM, Secretaría de Educación y Secretaría de Género de General Pueyrredón, Ente Regulador, Universidad Provincial y Ministerio de Educación de Salta, Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Salta, entre otras.

Electricidad domiciliaria para la comunidad

El curso de electricidad básica domiciliaria, consta de ocho módulos de dos horas cada uno, en los que los y las estudiantes reciben los conocimientos técnicos necesarios para desarrollar la tarea, así como capacidades generales para comprender las especificidades del servicio eléctrico.

Cabe destacar que todos los materiales y herramientas necesarios para realizar las prácticas son entregados por la empresa sin costo alguno para los participantes, quienes para aprobar el curso y obtener su certificado son evaluados por el docente a cargo en una práctica final, en la cual se acondiciona la instalación eléctrica de una entidad de bien público, multiplicando el impacto positivo en la comunidad.

Una vez finalizado, los participantes, además de obtener el certificado emitido por una institución educativa, reciben un kit básico de herramientas, el cual les permite tener lo necesario para iniciar su desarrollo laboral. Una edición especial: electricidad básica en el Penal de San Martín, junto con CUSAM y Espartanos Este año, y en alianza estratégica con Fundación Compromiso, Fundación Espartanos y el Centro Universitario de San Martin (CUSAM), la empresa realizó este curso para personas privadas de su libertad en la Unidad 48 del Complejo Penitenciario de San Martín.

Una particularidad que tiene esta edición, es que el profesor a cargo, es Martin Gavilán, electricista matriculado, estudiante de la carrera de sociología del CUSAM, quien cumplió su condena en la unidad penal 47. Además, todos los estudiantes que participaron están próximos a cumplir su condena, y este curso significa para todos ellos una posibilidad más de tener una salida laboral en su proceso de reinserción social.

En su primera clase, Martin contó que “ser el profesor de este curso es un privilegio, y formar parte me da identidad. Amo enseñar, fue un suceso muy extraordinario para el espacio y para los chicos y chicas, es un suceso que impacta en todos nosotros y diría que es transformador, porque además incorporar este saber y de capacitarse, tendrán algo que los identifique”.

DM

Casi 1.700 millones de euros de facturación y activos, beneficios de 100 millones y unos 7.000 empleados. Son las grandes cifras de Roemmers, la mayor farmacéutica de Argentina, cuya sede fiscal está en España, a miles de kilómetros de su centro de operaciones en Buenos Aires.

Pero no en Madrid, epicentro en los últimos años de un creciente aterrizaje de grandes fortunas latinoamericanas, sino en Bilbao. Un edificio de oficinas en la Gran Vía bilbaína, 53, alberga el domicilio social de una mercantil española con nombre de ave acuática, Cormorán de Bilbao SL, la holding de la que cuelga todo el grupo Roemmers.

Esta empresa centenaria, fundada en 1921 por Alberto Roemmers, un inmigrante alemán de Renania, es una de las más importantes de su sector en Latinoamérica y la primera de Argentina: “Cinco de los diez medicamentos de mayor venta en el país pertenecen a Roemmers: Lotrial, Optamox, Amoxidal, Sertal Compuesto y Losacor”, dice en su web, citando datos de la consultora especializada IMS.

El grupo Roemmers creó esa holding española en 2011 para “consolidar sus operaciones y lograr una administración más fuerte y eficaz” y “obtener una sinergia entre todas las filiales que, con el tiempo, le permitiera convertirse en un líder regional”, explica la memoria de información no financiera de sus últimas cuentas. 

Esas “sinergias” las buscó en España, país en el que no tiene negocio y en el que la mujer más rica de Argentina, la multimillonaria sin rostro Edith Rodríguez, también ha tejido parte de la maraña societaria de su opaca petrolera, Pluspetrol, para eludir impuestos. En el caso de la matriz de Roemmers, disfruta del régimen foral vasco y de las ventajas de las entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE). Este incentivo fiscal lo utilizan varias multinacionales y fortunas latinoamericanas como el magnate ultraliberal mexicano Ricardo Salinas.

Las cifras de activos y ventas de la holding de Roemmers han ido creciendo de forma muy relevante, ajenas a la pésima situación económica de su país de origen.

Las cuentas consolidadas del ejercicio cerrado en marzo de 2023 que Cormorán de Bilbao acaba de remitir al Registro Mercantil reflejan un importante aumento del 21% en sus activos, hasta 1.640 millones, y un incremento del 31% de sus ventas, hasta un récord de 1.669 millones, el doble de lo que facturó en 2023 la farmacéutica española Rovi, cotizada en el Ibex 35. También duplica las ventas de Almirall, que formó parte del selectivo español hasta 2022.

El beneficio consolidado de Cormorán de Bilbao fue en su último ejercicio fiscal de 99,7 millones, casi el doble que un año antes, según esas cuentas, accesibles a través de Insight View. 

Con una plantilla de 6.890 empleados (ninguno en España y más de 2.000 en Argentina), explica en su informe de gestión que es la sociedad dominante de un grupo “líder en ventas de medicamentos en el mercado argentino y en otros países de centro y Sudamérica”. Sus principales instalaciones y filiales están en Argentina, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y México. 

De esta sociedad española cuelgan 69 filiales en once países latinoamericanos. Según sus cuentas individuales, los ingresos por dividendos de filiales (exentos de impuestos por el régimen ETVE) se duplicaron con creces en 2023, hasta 67,88 millones. Esto compensó de sobra las pérdidas por diferencias de cambio, que fueron de 6,35 millones.

Además de en Argentina, Roemmers es especialmente fuerte en Argentina y en México. Allí tiene el grupo Siegfried, que compraron en 1994 a una firma suiza y es “el laboratorio más prescrito del país, con una participación del 5,9% y un crecimiento del 6,9%”.

En México esperaban “continuar con la tendencia de crecimiento a doble dígito de los últimos años”, pese al “riesgo político alto” ante “la creciente radicalización del presidente López Obrador” para “garantizar la continuidad de su proyecto político”. “Se prevé que el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a sus opositores del Ejecutivo, a las autoridades electorales y al poder judicial, al tiempo de exacerbar la polarización”.

Según explicaba en junio el Banco Mundial, tras prestar a Roemmers más de 300 millones de dólares (gran parte para proyectos en México), la inmensa mayoría (98%) de la empresa ha quedado en manos de dos de los tres herederos que dejó el hijo del fundador, Alberto W. H. Roemmers, fallecido en 2022 a los 96 años.

En concreto, Pablo y Alberto Roemmers tienen un 49% cada uno. Su hermano Alejandro, tercer nieto vivo del fundador, tiene solo un 2%, de acuerdo con la información del International Finance Corporation (IFC) del Banco Mundial. Solo desde 2018, esta institución del organismo multilateral ha prestado a Roemmers 451 millones de dólares.  

Sueldos opacos

Las cuentas de la matriz española de Roemmers incluyen salvedades de su auditor, PwC, por no informar de los sueldos de los consejeros y altos directivos, como exige la legislación española. Su presidente es el consejero delegado de Roemmers, Arturo Macchiavello. En su consejo, junto a Alberto Roemmers hay varios ex de ese gigante de la auditoría y la consultoría en Bilbao.

El vicepresidente de Cormorán de Bilbao SL es José Antonio Gil López, ex socio de Auditoría y Transacciones de PwC. También es consejero Javier Domingo de Paz, otro ex de la firma. Este último es vocal del grupo industrial vasco Dominion, en el que son accionistas los Riberas, propietarios de Gestamp y una de las familias más ricas de España.

En sus cuentas, Cormorán de Bilbao no menciona ningún litigio fiscal en España, algo en lo que tuvo experiencia el fallecido patriarca de los Roemmers. El último lo resolvió el 23 de octubre el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) contra Mercurio Credit Advisors SL, empresa española con la que el magnate canalizaba una de sus pasiones, la vela.

El TSJV ha confirmado una liquidación de 132.000 euros de la Agencia Tributaria por el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte a esa empresa española tras vender a finales de 2017 una de las embarcaciones que construyó, el “King Marine” TP52, perteneciente a una clase de yates de regata de 52 pies en la que en tiempos se curtió otro fanático de la vela, el rey emérito Juan Carlos I.

Hacienda denegó esa devolución porque la empresa de Roemmers no se dedicaba profesionalmente a la reventa de medios de transporte y su finalidad no era “una actividad económica”, sino “lúdica o recreativa, encaminada a satisfacer la afición del dueño de la sociedad por el deporte de la vela, participando en competiciones internacionales”.

A la Agencia Tributaria le llamó la atención la “desproporción” entre los exiguos ingresos que declaró en 2014 la empresa, poco más de 184.000 euros, y unos gastos de casi 2,2 millones, de los que una parte correspondió a facturas emitidas por su tripulación, de la que formaban parte el magnate, dos de sus hijos y el conocido timonel argentino Guillermo Parada.

El fallecido patriarca, habitual de la lista Forbes Argentina, era conocido por su gran discreción, que parecen haber heredado los dos herederos que controlan la inmensa mayoría de Roemmers. El más conocido, Alejandro, empresario, filántropo y literato, recibió en 2009 el Premio Miguel Hernández de poesía en Orihuela y en 2011 publicó El regreso del joven príncipe, secuela de El principito autorizada por los herederos de Antoine de Saint-Exupéry.

Muy vinculado a España, donde terminó sus estudios preuniversitarios, como sus hermanos (cursó COU en el colegio privado del Rey Felipe VI, Santa María de los Rosales), hace unos años Alejandro Roemmers copó las tertulias del corazón tras acusar a su ex socio el productor y ventrílocuo José Luis Moreno de estafarle 16 millones por la producción de la serie Glow & Darkness, una suerte de Juego de Tronos Ibérico basado en la vida de San Francisco de Asís.

Sobre esta figura versaba el musical 'Franciscus' que Moreno produjo con dinero de Roemmers y que se calcula que hizo un roto de 50 millones al magnate. Se estrenó en el Euskalduna en 2018 y fue un estrepitoso fracaso: solo aguantó cuatro funciones.

Muy religioso y amigo personal del papa Francisco, Alejandro Roemmers ha sido recientemente relacionado con una supuesta red de trata de personas en Argentina (él ha negado tajantemente las acusaciones). En 2016 apareció en Los Papeles de Panamá con una sociedad en Islas Vírgenes para comprar inmuebles en Estados Unidos.

El empresario forma parte del Consejo Empresario de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside otro famoso ex cliente del despacho panameño Mossack Fonseca, el Nobel peruano nacionalizado español Mario Vargas Llosa.

Con sede en Madrid, la FIL, de la que es vicepresidente el ex gurú económico de Isabel Díaz Ayuso, Javier Fernández-Lasquetty, organizó hace unos días una gira por Argentina del economista ultraliberal Daniel Lacalle, con visita a Javier Milei incluida. Ambos se fotografiaron levantando los pulgares frente al enorme retrato que regaló al mandatario el lobby ultraliberal que le homenajeó en un casino de la capital hace unos meses.

Alejandro Roemmers se ha declarado esperanzado con la llegada al poder del extremista presidente argentino: “Puede inspirar el cambio que el país necesita”, decía en abril a La Nación el empresario, que en 2018 fue noticia por la fastuosa fiesta para celebrar su 60 cumpleaños que organizó en Marrakesh (Marruecos) para 600 invitados, con un coste de 6 millones de dólares.

Tres días de fiesta, travesías por el desierto, espectáculos ecuestres y actuaciones musicales en vivo de, entre otros, Ricky Martin. “El mejor cumpleaños en el que he estado en mi vida”, escribió la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada en su cuenta de Instagram. El anfitrión no quiso recibir regalos y pidió a sus invitados que donaran el dinero a diferentes causas sociales. Pero hubo polémica, al coincidir los fastos con las negociaciones de la industria farmacéutica argentina con el Gobierno de entonces para revisar los contratos con las mutuas sanitarias.

Las últimas cuentas de la matriz de Roemmers se formularon meses antes de la llegada al poder de Milei, que acaba de cumplir un año en el cargo. Su motosierra ha sido celebrada estos días por medios españoles autoproclamados liberales. Mientras, Nature ha revelado la fuga de cerebros en el ecosistema científico argentino por los drásticos recortes de gasto público. Entretanto, no consta que la principal farmacéutica del país haya movido su sede de la Gran Vía bilbaína.

“¡Es exactamente lo que voté!”, canta el militante libertario Daniel Parisini, alias Gordo Dan, en la misma canción en que, según su letra, le practica sexo oral a la “opinión de los kukas”. Y tiene cierta razón en cuanto a que su presidente Javier Milei, prometió terminar con la obra pública, una bandera del kirchnerismo, porque la asocia con la corrupción. En los primeros nueve meses de 2024, la inversión pública de la Nación cayó 79,5%, según la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP) a partir de datos oficiales. La inversión total nacional —antes era el 60%—, provincial y municipal —que representaban el 40%— ya era baja, del 1,3% del PBI en 2023, frente al pico reciente del 3% de 2014 o al 6% que recomiendan organismos internacionales, pero al reducirse a un quinto estaría alrededor del 0,25%, menos que el piso último del 0,9% en 2019. “Es el nivel más bajo de la historia”, opina Ricardo Delgado, economista de la consultora Analytica y exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal en el gobierno de Mauricio Macri.

Para 2025, el panorama tampoco cambiará demasiado, según advierte el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss. Así estaba plasmado en el frustrado proyecto de presupuesto del año próximo, que envió el Gobierno y no se votó en el Congreso. “Prevemos que la obra pública se mantendrá parada porque la prioridad es bajar la inflación”, observa Weiss, mientras uno de los economistas favoritos de Milei y de los que pronosticó su actual primavera financiera, Ricardo Arriazu, sostiene que si continúa la política económica actual en diciembre de 2025 el índice de precios al consumidor (IPC) bajaría al 1% mensual.

En campaña y ya como Presidente, Milei siempre sostuvo que él apostaba a que el sector privado fuera el que financiara y ejecutara las obras de infraestructura. Weiss prevé que la empresa estatal Corredores Viales comience a concesionar rutas que controla en la actualidad, empezando por la 14, la del Mercosur, que une Ceibas, en el sur de Entre Ríos, con Paso de los Libres, frontera de Corrientes con Brasil, y más al norte también. “Si licitan, habrá algo de inversión, pero después de la licitación, la obra llegará en 2026. Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales”, describe el presidente de Camarco.

Lo que sí habrá en 2025 son inversiones en oleoductos y gasoductos por el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), pero no en ferrocarriles, rutas, escuelas u hospitales

Gustavo Weiss — presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco)

Ya las carreteras y el material ferroviario, desde vías hasta señales y trenes se encontraban en mal estado en el gobierno anterior, de los peronistas Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y con el recorte del 79,5% se deteriora aún más y se acumulan los años de desinversión se corre el riesgo de que se traduzca en términos de accidentes y pérdidas de vidas humanas, según advierten empresarios de la construcción.

Ya 90 personas resultaron heridas este año en un accidente del ferrocarril San Martín, aunque el juez Julián Ercolini procesó a seis empleados del servicio. “Es muy raro que limiten la responsabilidad penal a los responsables directos, más habiendo prueba de sobra sobre el estado de las señales y los efectos del recorte en mantenimiento”, advierte Galileo Vidoni, editor del portal enelsubte.com.

La desinversión también impactará en lo que inviertan el campo o la industria que necesitan transportar sus mercaderías y que con rutas o vías defectuosas enfrentan mayores costos por tiempos y averías, según señala el exviceministro de Economía del gobierno de Alberto Fernández, director de la consultora Lambda y profesor de la Universidad de La Plata, Fernando Morra. Hasta las petroleras, que prosperan con el actual modelo económico, se quejan del estado y la insuficiencia de caminos para que circulen sus camiones por Neuquén, la provincia del yacimiento Vaca Muerta.

La motosierra de Milei sobre la obra pública podó en un 68% lo destinado a salud, en 95% a la asistencia social y a la educación, en 72% a la ciencia y la tecnología, en 83% a la vivienda social y la urbanización de barrios populares —donde viven 5 millones de argentinos—, en 81% al agua potable y alcantarillado, en 50% a la energía —el recorte fue menor porque se terminaron las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, rebautizado Perito Moreno, que permitió transformar el déficit comercial energético de 2022 en superávit en 2024—, en 88% el transporte —sobre todo es vial y ferroviario— y en 68% a la ecología y el desarrollo sostenible —se frenó la finalización del sistema cloacal para sanear el Riachuelo y mejorar la vida de 4 millones de vecinos—. Son datos oficiales procesados por ASAP.

Los gobernadores reclaman que la Nación les transfiera obras que son claves para su infraestructura. El Gobierno federal lo hace sin mandarles recursos para terminarlas ni saldar las deudas que mantiene con las constructoras, lo que dificulta el traspaso. Si este asunto se soluciona, entonces las provincias dejan de lado algunos proyectos propios para financiar esos nacionales. De todos modos, pocos distritos cuentan con recursos suficientes para invertir en estas iniciativas, como la provincia y la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba o Neuquén. En otros se mantiene o profundiza el parate, según advierten en la Unión Obrera de la Construcción (Uocra).

Entre diciembre de 2023, en que asumió Milei el poder, y septiembre último, se perdieron 100.000 puestos de trabajo y con la reactivación de algunas obras por parte de las provincias en la Uocra calculan que la merma se reduce a 90.000, pero tampoco observan “muchos avances” con los proyectos privados en infraestructura.

No obstante, su líder, Gerardo Martínez, prefiere evitar el choque frontar con el Gobierno para evitar una estrategia como la que hasta hace unos meses siguieron los gremios de Aerolíneas Argentinas.

“El impacto es fuerte en empleo, no tanto en las constructoras”, explica el economista Delgado, que señala que el consumo per cápita de hierro redondo y cemento bajó al nivel de 2004, cuando la Argentina apenas salía de su colapso de 2001/2002. Es que las empresas lograron compensar en parte el parata de la obra pública con obras privadas, como la minería y la energía. La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta.

La construcción de edificios puede llegar a ser impulsada por el blanqueo de capitales, siempre y cuando la actual suba del costo en dólares se compense con mejores precios del metro cuadrado a la venta

“Ningún país del mundo tiene obra sólo financiada por privados”, sostiene Delgado en alusión a la idea de MIlei, antes de analizar sector por sector en cuál el Estado puede ser reemplazado y cuáles no. “Las rutas nacionales podés concesionarias siempre que tengas mucho tráfico. Habría transferencia con exigencia de una inversión minima, dependerá del caso, pero con peajes altos, que los camiones paguen hasta seis veces más que un auto, como en las concesiones de (Carlos) Menem (1989-1999), relación que después Kirchner (2003-2007) bajó a tres y después los congeló mientras el deterioro de las rutas se empieza a ver en baches”, sostuvo Delgado.

A su vez, resaltó que “las inversiones ferroviarias en el mundo siempre las hizo el Estado, más allá de que después circulen trenes privados por esas vías”. “Sí hay puertos privados. Sí habrá inversión en conectividad digital, pero no en cloacas, lo que te impacta en la salud, ni en rutas con poco tránsito. La vivienda se puede reactivar en un segmento social con el hipotecario, pero habrá gente sin acceso al crédito. Sí habrá inversión en trenes de cargas, pero no en pasajeros si no hay subsidios”, agregó.

Completó que “cárceles privadas hay en el mundo, pero las paga el Estado”. “El Estado nacional hizo escuelas pero por fuera de sus atribuciones. Para mí está bien que de eso se hagan cargo las provincias. Hoy hay más problemas de mantenimiento que de construir nuevas escuelas. Olvidate de la urbanización de villas o del saneamiento del Riachuelo, pero el Banco Mundial —que dio el préstamo para hacerlo— va a reclamar. Olvidate de las obras contra las inundaciones. Lo que puede haber son gasoductos e infraestructura eléctrica porque habrá tarifas para pagar las obras, antes los subsidios sólo alcanzaban para el mantenimiento”, completa el socio de Analytica.

AR/JJD

La semana de fiesta que vivieron los mercados expuso al nuevo bloque de poder económico que respalda a Javier Milei, beneficiario de la masiva transferencia de recursos que les retacea a universidades y jubilados. La disparada de acciones y bonos de la deuda se produjo ante la evidencia de que el Gobierno está dispuesto a pagarles a los acreedores a cualquier costo. Pero más allá del síntoma, con una montaña de vencimientos por U$S20.000 millones en el horizonte inmediato y un riesgo país todavía demasiado alto como para pensar en refinanciarlos, lo que sostiene la pax cambiaria es la expectativa de un ingreso masivo de dólares por exportaciones de materias primas en los próximos años y una contracción inédita en los ingresos populares, en un mercado interno deprimido que dejó de consumir y de invertir pero al cual se le puede seguir sacando el jugo de distintas formas, de la mano de nuevas tecnologías y viejas prácticas oligopólicas.   

Es una economía empantanada donde brillan tres sectores que, por diferentes razones, se autonomizaron de la dinámica recesiva e incrementaron sus tasas de ganancia: el sistema financiero (beneficiado por las políticas de esterilización monetaria y de tasas de interés), las empresas hidrocarburíferas (favorecidas por el aumento del precio interno de los combustibles y por el incremento de los saldos exportables) y ciertas firmas asociadas al consumo interno en sectores de alta concentración, que tuvieron espaldas suficientemente anchas como para gestionar a su favor la dinámica inflacionaria. Lo muestran nítidamente los balances que vienen presentando en las últimas semanas las compañías líderes de esos tres nichos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

También hay casos puntuales que descollan y que explican comportamientos extravagantes, como la violenta verborragia de Marcos Galperín en redes sociales y su fervor mileísta. No es solo el crecimiento sostenido del e-commerce y de los pagos online que lo llevó a vender un récord de 20 millones de productos en agosto mientras el comercio físico minorista se hundía en una debacle sin precedentes ni recuperación a la vista. El gran salto adelante que pegaron durante la pandemia MercadoLibre y todas sus vinculadas puede quedar chiquito al lado del zarpazo que prepara para 2025, gracias al negocio de los pagos con QR en el transporte público y -si consigue imponer su lobby- también de jubilaciones y salarios. 

Los magnates del petróleo y el gas, mucho más discretos que Galperín, también acarician un 2025 venturoso: se preparan para el primer año comercialmente superavitario de la “nueva pampa húmeda” enterrada bajo Neuquén, en la roca de Vaca Muerta, y ya saborean ingresos récord que se inflan al calor de la guerra de Medio Oriente. El crudo Brent, después de los bombardeos de Irán y mientras el mundo aguarda por la respuesta israelí, quedó un 10% más caro que en la meseta de fines de septiembre. Las conversaciones entre las petroleras y el Ministerio de Economía para trasladar esa suba al público ya comenzaron. 

Es una renta extraordinaria que el Presidente avisó que va a blindar ante cualquier intento futuro de gravarla para repartir mejor los sacrificios que impone la crisis. Y que ya empezó a visualizarse en los balances del sector al calor del reseteo mileísta de la economía. El resultado neto de YPF en términos reales, por ejemplo, duplicó entre enero y junio de este año el del mismo lapso del año pasado. Las privadas grandes también ganaron más: Pampa (Mindlin) incrementó su ganancia de 257.203 a 312.937 millones de pesos (a precios de julio) y PAE (Bulgheroni) de 252.852 a 354.925 millones. La que sobresalió fue Tecpetrol, de Paolo Rocca, cuya ganancia semestral saltó de 39.212 en la primera mitad de 2023 a 206.896 millones de pesos en la primera mitad de este año. 

Cobrarle al futuro

Nada está exento de conflictos. La pelea por las más jugosas rentas del futuro tuvo su ring en un evento que reunió a todos los actores del mundo fintech, el martes, en Vicente López, organizado por la revista “Nuevo Dinero” por su décimo aniversario. La vicepresidente senior de MercadoPago, Paula Arregui, dijo que el holding de Galperín se prepara para “un 2025 divertido e intenso” y fijó sus metas: “Estamos esperando hacer con las jubilaciones lo mismo que ya hacemos con los planes sociales. Y está el gran tema de los sueldos, donde hicimos una primera aproximación en diciembre de 2023 y después quedó ahí por una cuestión de lobby”. 

Este año, gracias a un convenio que databa de 2019 pero que el Frente de Todos luego demoró, MercadoPago empezó a ejercer como boca de cobro de programas de asistencia social. Arrancó con 24.000 beneficiarios en abril, pero el mes pasado ya liquidó 320.000 planes Potenciar, AUH y otras prestaciones. “Es tal el placer de cortarles el curro a los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes que lo hacemos gratis”, tuiteó Galperín ante los primeros cuestionamientos que enfrentó. Más allá de que no cobra comisiones por el pago de las asignaciones, su negocio son los ‘casos de uso’ que se generan a partir del pago. Sobre todo la posibilidad de prestarles dinero a esos beneficiarios a tasas de interés altísimas. 

El lobby al que apuntó Arregui es el de la Asociación de Bancos de la Argentina (ADEBA), que agrupa a la banca local, con la cual Galperín libra una batalla en todos los frentes. Los bancos consiguieron frenar la desregulación que inicialmente intentó Milei mediante el DNU 70/23 para habilitar el pago de sueldos y jubilaciones vía billeteras virtuales. Argumentaron que podían dispararse los casos de fraude, algo que la propia Arregui admitió el martes que “se está tornando un poco fuera de control” en el ecosistema digital. Pero la ejecutiva de MercadoPago también acusó abiertamente a los bancos de impedir el libre flujo de dinero de unas cuentas a las otras. “Hacen lo que pueden para entorpecer el flujo de dinero hacia las cuentas remuneradas porque saben que la gente quiere que la remuneren”, señaló. Un dato estructural que confirman todas las encuestas y que la banca tradicional todavía no supo organizarse para contrarrestar.

El negocio de los boletos también promete polémica. El director del Banco Central encargado del tema, Pedro Inchauspe, anticipó en ese mismo evento el martes que para fin de año se van a poner en marcha sistemas piloto en Rafaela y Río Cuarto, que van a permitir el pago del boleto con el celular, tanto con tecnología NFC (que hoy ya opera SUBE digital) como con QR, más masivamente utilizada. “Nación Servicios va a seguir como operador de transporte y el adquirente va a ser el Banco Nación”, precisó Inchauspe. Y detalló que las nuevas terminales de cobro en los 30.000 ómnibus que van a tener que renovarlas “las va a instalar el sector privado” por “un acuerdo entre la industria y los actores involucrados”. 

Los competidores de MercadoPago, sin embargo, advierten que el Gobierno porteño también inclina la cancha a su favor. En NaranjaX, que utilizan más de 7 millones de personas todos los meses y que pulsea de igual a igual con MercadoPago en las ciudades más pobladas del interior, subrayan que por un convenio que ya firmó SBASE con la compañía de Galperín, los protocolos informáticos del subte no están abiertos como para que cualquiera desarrolle su propio sistema de pago con QR. La “adquirente” para los pagos con QR va a ser MercadoPago, mientras OpenPass y PayWay lo serán para los pagos con tarjeta. Parece algo menor pero no lo es. Si una billetera sirve para pagar el colectivo pero no el subte, obviamente, pierde atractivo. Eso promete darle otra vez -artificialmente- la ventaja del innovador a MercadoPago, en un negocio en el que adelantarse apenas un par de meses puede cambiar la ecuación. 

Son discusiones clave, como mostró la pulseada entre Brasil y Twitter, donde el Supremo Tribunal Federal (STF) terminó por imponer sus condiciones al magnate Elon Musk. También tiñen la campaña estadounidense. Ahí, tal como destaca esta semana una crónica en The New Yorker, el “criptopower” y las Fintech están invirtiendo millones de dólares para influir sobre las campañas de demócratas y republicanos por igual. 

Sin fondo

La economía real, mientras tanto, sigue hundida en un espiral descendente. La recaudación fiscal hasta septiembre refleja una caída sin fin, en línea con la recesión económica, la caída de los salarios y la pérdida de empleo. Hasta ese mes, el impuesto PAIS y los derechos de exportación habían mitigado parcialmente la disminución de los recursos fiscales. Ahora los compensan las moratorias y regularizaciones impulsadas por el reciente paquete fiscal. Lo destaca el IPyPP de Claudio Lozano: “La caída del 3,9% interanual en la recaudación tributaria oculta una disminución real del 12% al excluir el impacto de la nueva ley, que ha generado un adelanto de ingresos o una entrada extraordinaria de fondos que no se mantendrá en el tiempo”. 

¿Por qué se mantiene igual la pax cambiaria? ¿Es solo por el efecto del blanqueo de capitales, de tal magnitud que llegó a disparar una devaluación del peso uruguayo por los fondos que se repatriaron desde la vecina orilla atraídos por lo ventajoso de sus condiciones? ¿Por qué el mercado “empieza a verla”, como dice el último informe de la consultora 1816? Hay un combo de razones. Influye la expectativa de ese flujo futuro de dólares pero también la certeza de que el Fondo Monetario va a apoyar a Milei, gane quien gane el 5 de noviembre en Estados Unidos. La rebaja de los sobrecargos que decidió el Directorio el viernes, pensada para aliviar la carga sobre Ucrania y colaborar con sus esfuerzos bélicos contra Rusia, fue solo el principio. 

¿Llegará dinero fresco? Todo sugiere que algo habrá. Washington sigue viendo al Presidente como una terminal amigable en el contexto regional hostil de los Lula, los Boric, los Petro y los Arce. El segundo ciclo progresista latinoamericano también exhibió esta semana sus debilidades: el colombiano Petro denunció un golpe de estado en su contra, Evo Morales rompió definitivamente con Luis Arce y Lula perdió en las elecciones municipales de medio término, aun cuando Jair Bolsonaro tampoco ganó. 

La situación presagia una puja cada vez más dura entre estados y corporaciones en toda América latina. El nuevo bloque dominante argentino ya se pertrechó y no oculta su apuesta por Milei. La novedad es cómo empezaron a secundarlo otros actores que procuran proteger su capital político y pecuniario, como sindicalistas y gobernadores. Aun cuando todavía no se haya dirimido cuánto le tocará a cada uno de la riqueza que pueda generar en ciertos nichos un modelo que empobrece a la mayoría. Aun cuando no se sepa cuánto puede durar la estabilidad, precaria, que festejan los mercados como si no hubiera un mañana. 

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Si gobernar la Argentina es controlar al dólar, Javier Milei hace bien en agradecerle cada vez que puede al coloso Luis Caputo. Sus trucos para domar la divisa vienen funcionando y el paralelo cerró la primera semana de octubre debajo de $1200, con la inflación a punto de darle otra buena noticia: menos del 3,5% en septiembre, la más baja desde que asumieron. El efecto psicológico sobre una sociedad noqueada por la crisis es tan potente que eclipsa el impacto de la recesión inédita que castiga a la economía real y de una disparada de la pobreza sin precedentes. El mundo de los negocios ―como el ánimo del electorado― se debate entre la resignación por lo que empieza a dar por perdido y la esperanza de que la estabilidad alumbre un nuevo ciclo de crecimiento. Aunque nada lo preanuncie.     

El agente inmobiliario y zar de las subastas Adrián Mercado lo percibe en la cantidad de industriales que participan de sus remates virtuales. “El año pasado tenía unos 150 conectados online como piso. Ahora son entre 40 y 50. En el mejor de los casos, 80. En lo mío, que son las pymes, el comprador de una máquina usada siempre fue el que buscaba una oportunidad y no llegaba a la máquina nueva. A principios de este año hubo muchos remates de quienes desmantelaban preventivamente la fábrica o se achicaban al mínimo. Hubo un par de buenos meses pero ya se terminó”, le contó a elDiarioAR. 

La contracara es el ímpetu de su otra actividad, la compraventa y alquiler de inmuebles. Agosto fue el mes con más escrituras de los últimos seis años y los boletos con crédito hipotecario se cuadruplicaron, según el Colegio de Escribanos porteño. Aunque el dato de septiembre recién se sabrá a fin de mes, fuentes del sector auguran otro récord de la mano del blanqueo de montos por debajo de U$S100.000, totalmente gratuito. En las concesionarias de autos cero kilómetro reluce otro brote verde: septiembre cerró con un 30% más patentamientos que un año atrás y se convirtió también en el mejor mes desde 2018. 

Adrián Mercado aclara que el boom de ventas de departamentos se circunscribe al territorio porteño y a las unidades más chicas, que derogada la ley que ponía tope a los alquileres pueden alquilarse rápido por más de $500.000 mensuales. El stock de unidades en venta cayó a cerca de 100.000 porque muchos dueños se cansaron de esperar comprador y se conformaron con la renta, que además volvió a resultarles atractiva. La mayor oferta de viviendas en alquiler, sin embargo, no hizo caer los precios. Lo que hubo es un recambio. Según Inquilinos Agrupados, uno de cada cuatro inquilinos tuvo que mudarse a lugares más baratos. 

La implosión 

El que se mudó a un barrio más barato lo hizo con la misma resignación que quien ajustó sus compras del supermercado. En silencio. El relevamiento de Scentia en grandes cadenas de súper e híper, que Osvaldo Del Río terminaba de pulir por estas horas, detectó en septiembre otro derrape histórico del consumo masivo. Tanto pequeños autoservicios como grandes superficies vendieron entre 17 y 18% menos productos que un año atrás. Casi lo mismo que en agosto. En los primeros ocho meses del año, el desplome fue del 11,8% en volumen. 

Es una economía a dos velocidades, marcada por las desigualdades heredadas de los 90, potenciadas por el crac de la convertibilidad, que no logró revertir el ciclo de crecimiento kirchnerista y que ahora se agravaron. Entre el cuarto trimestre de 2023 y el segundo de 2024, por ejemplo, según datos del Indec procesados por la consultora ExQuanti, los ingresos de los ocupados se contrajeron un 7,8% real. Pero mientras el estrato alto de la población resignó un 5,3% de sus ingresos, el estrato bajo perdió 14,8%. La recesión acabó con las ‘changas’ y pulverizó el valor del trabajo informal, fuente principal de ingresos de los sectores empobrecidos. 

Una encuesta del centro de estudios Sentimientos Públicos se propuso indagar sobre cómo se combinan la dinámica de esos consumos materiales con los deseos, los anhelos, las fantasías y las expectativas de la sociedad. Encontró que casi 7 de cada 10 argentinos recortaron sus comidas afuera o celebraciones, que alrededor del 40% bajaron su consumo de carne, de refrigerios en cafeterías, de gratificaciones comestibles e incluso de insumos para las comidas en el hogar. Que 3 de cada 10 descuidaron de algún modo su salud y que la misma proporción dejó de ayudar económicamente a amigos o familiares que antes asistía.

“Es una sociedad que achica sus espacios de goce, pero también de sociabilidad. Una época incómoda, de deterioro. Como un suéter rasposo puesto directo sobre la piel. En un país con gastronomía premiada y altos niveles históricos de consumo de carne se come cada vez peor. Menos insumos, menos gratificaciones”, resumió el sociólogo Hernán Vanoli, coordinador de la encuesta.

El sondeo ofrece un foco complementario a las encuestas de imagen pública que advierten una caída de la simpatía popular por Milei. Un 70% de los consultados hacen suya la frase “la gente que conozco está cada vez peor, deprimida o con sus proyectos de vida en crisis”. La proporción aumenta entre los 35 y los 55 años y también en la clase media. Y explica fenómenos como la ludopatía juvenil, globales pero especialmente empinados acá: un 40% de los varones de menos de 29 años lo hizo o evalúa seriamente apostar online “para complementar ingresos o pagar deudas”. 

Otra vez sopa

La resignación se combina con la esperanza de un modo muy peculiar, tanto en la calle como en los negocios. El mismo informe de Sentimientos Públicos refleja anhelos contradictorios: un 68% quisiera que Milei suba las jubilaciones, un 65% que destine más presupuesto a la salud y educación públicas y un 60% que baje los impuestos. En un contexto de black present, agrega Vanoli, la vida cotidiana “es depresiva pero no melancólica, ya que no hay pasados por añorar. Es una vida reducida en su consumo, y con una gramática financiera y lúdica a la vez. Con una idea de justicia social en transformación, y donde la esperanza da lugar a una tensión entre la furia y el escepticismo”.

Uno de los clientes de Adrián Mercado expresa ese nuevo mood que también se impone en el empresariado. Fabrica dobladoras y pestañadoras de chapa y normalmente vendía entre 15 y 20 máquinas por mes. Este año no llegó nunca a la media docena mensual y ya redujo su plantilla de personal para adecuarse a la nueva realidad. Pero con el crédito al 40% anual que le ofrece el banco empezó a pagar préstamos del año pasado que había contraído al 140% de interés anual. Y empezó a otear negocios vinculados a la minería y los hidrocarburos. Lo alivia la sensación de estabilidad aun cuando hasta ahora haya perdido plata. 

Con el dólar planchado es todo más fácil. Como en 2017. Lo difícil, históricamente, fue hacerlo durar. Es lo que advirtió esta semana Robin Brooks, el economista jefe del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), un lobby que nuclea a la gran banca de Wall Street. “En términos reales, el peso argentino es la moneda que más se fortaleció del mundo desde la pandemia, mientras que el real de Brasil, que está justo al lado, es una de las que más se debilitó. Esta divergencia es insostenible y, obviamente, tiene que terminar con otra gran devaluación del peso argentino”, vaticinó. 

La balanza comercial bilateral con Brasil, precisamente, encendió una alarma que promete sonar fuerte en el intercambio de servicios, cuando los turistas argentinos de clase media invadan las playas vecinas el próximo verano. Las importaciones desde allá, que no subían desde hacía casi un año y medio, saltaron en septiembre un 25,4% frente al mismo mes del año pasado. Las exportaciones también crecieron pero el saldo fue negativo en U$S 182 millones. La pinza expresa dos inviabilidades en una: por un lado, la de la reactivación de la economía sin reservas en divisas como para importar lo que demanda el crecimiento. Por otro, la del atraso cambiario para aplacar la inflación pero sin que entren dólares masivamente por privatizaciones ni por deuda como durante el ‘uno a uno’ de Domingo Cavallo. 

Son disyuntivas nuevas de familias y empresas que se amoldan como pueden a la nueva realidad. Dilemas del sector privado a los que se mantienen ajenos los bienaventurados que cobran jugosos sueldos por “destruir al Estado desde adentro”. Como los hermanos Lanari, hijos de Carlos, expresidente de la Sociedad Rural de Misiones. Ya lo era Javier, hasta hace poco presentador de LN+ y panelista de Viviana Canosa, que se hizo famoso por burlarse de la tartamudez de ‘Wado’ de Pedro y desde diciembre oficia como subsecretario de Prensa de Milei. Ahora está a punto de sumársele su hermano, Enrique, quien dejará Ganadera El Porvenir para asumir como director general del SENASA para Corrientes y Misiones. 

Su designación llamó la atención en el organismo encargado de proteger la sanidad agropecuaria, diezmado por los despidos y el deterioro salarial de sus técnicos de carrera. Pero un dato adicional es que Enrique se graduó como ingeniero agrónomo en la Universidad de Buenos Aires, que su propio hermano catalogó esta semana por Twitter como “un coto de caza de un sector analógico inescrupuloso que hace política partidaria con los estudiantes” y a la que definió, en un derroche de ingenio, como “la Aerolíneas de la educación”. 

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El pavor que todavía genera Javier Milei en un sector de la dirigencia le permitió someter a un puñado de legisladores radicales y sostener su veto a la ley que recomponía tímidamente las jubilaciones. También correr de las negociaciones con el Fondo Monetario a su director para América, que no toleró más su maltrato. Pero ni la ratificación del veto lo salvó de dos nuevos naufragios en el Parlamento ―por los fondos de la SIDE y el presupuesto universitario― ni el paso al costado de Rodrigo Valdés significa que se haya asegurado el apoyo del FMI a un plan económico que genera cada vez más dudas en Washington y Wall Street. Por el contrario, el alardeo de poder presidencial empieza a exponer su carencia y eso hace crujir el método disciplinador que hasta ahora le funcionó, con propios y extraños. 

Las que se dieron cuenta primero son las empresas formadoras de precios, que en agosto volvieron a remarcar para blindar márgenes de rentabilidad inéditos y terminaron asestando a Milei la peor derrota de la semana: el cuarto mes consecutivo con inflación en torno al 4% y ya sin rastros de una escalera descendente. Un desafío que lastima su principal activo ante el electorado, del mismo modo que el escándalo por la niña de 10 años reprimida con gas pimienta en los ojos frente al Congreso hiere la gobernabilidad callejera que custodia Patricia Bullrich a culatazo limpio. 

Es cierto que la transfugueada radical le sirvió al Presidente para anotarse dos victorias en una: bloquear la insistencia del Congreso con los $15 mil para los jubilados y exhibir nuevamente la volubilidad de la casta, tan indigna como para rechazar un proyecto propio tan solo dos meses después de haberlo defendido a viva voz en el recinto. Es cierto también que la oposición sigue absorta en sus propias internas, sin terminar de recuperarse todavía del 2001 en cuotas que estalló en el balotaje del 19 de noviembre. El problema son los que ya le tomaron el tiempo, especialmente en el establishment, que sigue apostando por el reseteo ultraderechista pero no parece dispuesto a apoyarlo de manera contante y sonante. 

Lo verbalizó Juan Rolandi, el segundo del momentáneamente defenestrado Guillermo Francos, en el evento donde la petrolera Shell celebró sus 110 años en el país. “Nosotros dimos el primer paso pero si el sector privado no da el segundo paso, esto se cae. No importa el consenso”, dijo. Y agregó: “si el sector privado se queda esperando que pasa en las elecciones legislativas se genera una profecía autocumplida”. Advertencias similares habían vertido Santiago Bausili y Pablo Quirno en Mendoza el fin de semana pasado, en un encuentro de financistas. 

Es el límite del látigo con el que un Gobierno débil institucionalmente viene sembrando el terror entre quienes atinan a retobársele. Si el más mileísta de los empresarios apenas apuesta U$S75 millones por el éxito de su programa, como hizo Marcos Galperin mientras desembolsa U$S4.000 millones en Brasil y U$S2.500 millones en México con MercadoLibre ¿qué les queda a los que no venden nada ni ven perspectivas de que sus sectores vuelvan a ser rentables? Si haber forzado a Claudio Belocopitt a renunciar a la presidencia de la cámara de prepagas (y haberle trabado un jugoso negocio) sirvió para que nadie levante la voz por un par de meses por temor a represalias ¿no harían falta nuevos escarmientos para mantener en silencio a los que hasta ahora se fundieron sin decir nada?

Nadie invierte a punta de pistola. Según la medición mensual de Orlando Ferreres, la inversión bruta en activos físicos volvió a caer fuerte en julio y acumula una contracción del 20,6% en los primeros siete meses del año. La situación es especialmente árida en la industria manufacturera, como se vio en el congreso de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). Ahí presentaron a Axel Kicillof como “presidente de la provincia de Buenos Aires”. Un fallido que destiló wishful thinking. 

El 1 a 1 sin dólares

El cuco que aterroriza a los industriales metalúrgicos no es el troll center de Santiago Caputo y Fernando Cerimedo ni la metralla tuitera del propio Milei sino la amenaza de desaparición lisa y llana del sector que representa una eventual apertura indiscriminada en un contexto de sobrevaluación del peso como el actual. Esa apertura recién empezó discretamente en junio, cuando las importaciones de bienes de consumo subieron 5% interanual. Este mes pisó el acelerador con la rebaja del impuesto PAIS y el relajamiento de la condición de obtener financiamiento de proveedores para importar. 

Lo que acabaría con las fábricas que subsisten a duras penas por la recesión es una avalancha importadora que barra con la competencia local. Es lo que querría emular Luis Caputo del modelo cavallista de “desinflación expansiva” ―aun con alto desempleo― si tuviera dólares en el Banco Central para costearlo. Pero no los tiene. Pruebas al canto: el Central tuvo que vender U$S340 millones esta semana, la peor del mercado oficial desde diciembre del año pasado. 

La recesión está ahí, como el otro gran factor disciplinador. La consultora Scentia detectó en agosto un desplome récord del consumo en supermercados que supera cualquier otro mes de Milei y cualquier caída de los últimos años. Las ventas se contrajeron un 17,2% en volumen frente al mismo mes de 2023.  Si hubiera “rebote en V” o “pedo de buzo”, faltarían aún más divisas. Lo sabe Cavallo, que por eso insiste desde su blog con la necesidad de salir del cepo. El combo macroeconómico actual (dólar barato y sueldos de miseria) es una rareza en términos históricos. Y eso también impide perforar el piso del 4% mensual de inflación, que sigue ahí, a pura inercia. 

Lo que generan combinadas la brecha cambiaria y la protección relativamente alta que se mantiene para evitar que quiebre el Central es un nivel récord de márgenes de rentabilidad unitaria en la cúpula empresarial. Lo muestran los balances del primer semestre de compañías como Arcor y Molinos, dos de las que volvieron a remarcar en agosto. También las ganancias de los laboratorios, que escalan mientras se ajustan fuertemente los descuentos para hacer accesibles los medicamentos que fabrican. Esta semana, por ejemplo, Roemmers se compró IMVI, cuyo producto estrella es el Atomo Desinflamante.  

Los próximos vetos 

¿Qué pasará con la ley de financiamiento universitario? ¿Cumplirá Milei con su amenaza del viernes por Twitter, cuando anunció con mayúsculas un VETO TOTAL como el de las jubilaciones? ¿Se arriesgará a acicatear otra marcha universitaria como la del 23 de abril, que movilizó a cerca de un millón de personas en todas las provincias, ahora que se acerca el Día del Estudiante? ¿Sabrá que el cuatrimestre prácticamente no comenzó en las casas de altos estudios más dañadas por el recorte? ¿Sirve el mismo argumento de que “no hay plata” para un proyecto cuyo costo representa un 0,14% del PBI, menos de la mitad de lo que sacrificó el Estado con la rebaja de impuestos a los ricos que impulsó el oficialismo con el paquete fiscal?

En el radicalismo creen que, en vez del veto, el Gobierno planteará una rediscusión general del presupuesto ahora que se va a discutir la hoja de ruta del gasto para 2025. El proyecto es una incógnita guardada bajo siete llaves. Igual que el rol que jugará el peronismo en su debate parlamentario, en medio de intrigantes contactos subterráneos como los que mantienen el Peaky Blinder wannabe Caputo y el senador camporista Wado de Pedro, llamativamente medido a la hora de condenar la represión de Bullrich frente al Congreso. Algunos de sus rivales internos destacan cómo se frenaron las causas contra Cristina Kirchner. No tienen pruebas pero tampoco dudas. 

En Washington, donde la campaña entró en su tramo decisivo, se congeló toda discusión sobre Argentina hasta después del 5 de noviembre. Una encumbrada fuente del Fondo confirmó a elDiarioAR que la decisión de Valdés de correrse fue consensuada con Kristalina Georgieva y Gita Gopinath. Es una concesión parecida a la que para el Frente de Todos representó el despido de Alejandro Werner, un destino que Valdés evitó con astucia. “Lo que es una fantasía es creer que eso significa fondos frescos sin condiciones, como obtuvo en su momento Macri”, añadió la fuente. 

Si bien las objeciones técnicas del staff dejan de importar mucho cuando el accionista mayoritario ordena un rescate para un país por razones geopolíticas, el Fondo tendría que explorar nuevos meandros argumentales para financiar a la Argentina sin pedirle nada a cambio luego de haberles exigido devaluar y desmantelar los controles cambiarios a los últimos clientes que se acercaron a su ventanilla, como Egipto y Ucrania. Alguien también tendría que ponerle la firma al análisis de sostenibilidad de la deuda (DSA), requisito previo para todo préstamo.

Si se atuviera a lo que dice su estatuto, como máximo, el FMI podría aportar unos U$S5.000 millones en un eventual programa avalado por el próximo inquilino del Salón Oval. El jefe del Palacio de Hacienda sueña con redondear ingresos por U$S10.000 millones entre eso y el blanqueo, que en el mercado se rumorea que podría dejar abierto hasta fin de diciembre. 

¿Cambia tanto si ese nuevo inquilino es Donald Trump o Kamala Harris? En términos políticos sí, como probaron los límites que empezó a enfrentar Jair Bolsonaro en Brasil apenas perdió Trump a manos de Joe Biden. Pero para el financiamiento que pueda recibir Milei del FMI, quizá no tanto. Sirve sopesar en ese sentido la última movida del Departamento de Estado: le pidió a la jueza Loretta Preska que se abstenga de fallar en el juicio del fondo buitre Burford Capital contra YPF. Un ayudín ecuménico para un Caputo al que no le caben más urgencias.

Ocurre que desde Estados Unidos, salvo por Argentina y Uruguay, Sudamérica se ve peligrosamente inclinada hacia la izquierda. Milei les cayó del cielo como un contrapeso ideal: ruidoso, incondicional y sobre todo barato. Un disciplinador disciplinado a quien no costaría tanto empujar hacia la reelección, vetándole partes de un programa económico amorfo, que ni su ministro entiende y que se empantanó en una peligrosa meseta inflacionaria.

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El Acta de Mayo que firmarán este 9 de Julio los gobernadores que acepten someterse a su exótico decálogo no es el único acto de fe que le propone al país por estos días la gestión de Javier Milei. Arrinconado por la disparada del 30% de los dólares paralelos y sobre todo por el derrumbe de los bonos que llevó al riesgo país arriba de los 1500 puntos, Luis Caputo decidió encomendarse al mismo talismán que lo protegió hasta su catastrófico choque de 2018: el carry-trade. Un dios cruel pero de retirada implacable, cuya generosidad solo dura mientras perviven los flujos financieros de corto plazo.

A diferencia de aquel primer tiempo que jugó con Mauricio Macri, el ministro de Economía se ayuda esta vez en la bicicleta financiera con las rueditas del cepo cambiario. Pero aunque la élite corporativa quisiera volver a creer en él y simpatiza políticamente con el programa de la ultraderecha, la incertidumbre y la depresión del mercado interno se imponen. Por eso las multinacionales que encuentran comprador se deshacen de sus filiales en Argentina. 

¿Por qué la aprobación de la Ley Bases no alcanzó para contener la ansiedad de CEOs y traders? ¿Qué hizo que súbitamente dejaran de verla y se fugaran masivamente de los bonos de la deuda? ¿Cuánto pueden dañar el respingo del dólar y el empinamiento de la brecha entre el oficial y los paralelos la esperanza de un futuro mejor a la que se aferran las víctimas de un presente asfixiante? Son preguntas que todavía no encuentran respuesta en la intimidad de una Casa Rosada atribulada por las dudas y las deudas, como se advirtió en la jura de Federico Sturzenegger el viernes. 

Los dogmas no admiten planes B. Contra las advertencias del staff del FMI, de Domingo Cavallo, de Carlos Melconian, de Miguel Angel Broda, de Nicolás Dujovne, de Roberto Cachanosky, de Luciano Laspina, de Diego Giacomini y de tantos otros economistas insospechables del más mínimo colectivismo en sangre, Caputo se aferra al crawling peg del 2% mensual y al ancla cambiaria para frenar la inflación. Aunque haya que ahogar a la economía para lograrlo. 

La apuesta de Toto no es a una pronta reactivación sino a que los dólares paralelos se mantengan en torno a los $1.400 durante los próximos tres meses gracias al ingreso de hot money como el que llegó esta semana de bancos grandes como Goldman Sachs, que compró letras en pesos que vencen en los próximos 60 o 90 días. El anuncio de “emisión cero” y la ratificación del blend que permite liquidar 20% de la cosecha en el mercado paralelo apuntó a convencer a esos capitales golondrina de que la brecha no crecerá más. Así funciona la bicicleta: aunque el 3,57% efectivo mensual que pagan letras como la S12L4 no compensa la inflación mensual, es un apetitoso rendimiento del 3,57% en dólares si el inversor entra y sale al mismo precio. Apetitoso, claro, hasta que la manada se asusta. 

Si no hay susto y se sostiene la emisión cero ―especulan los traders de Economía― el riesgo país va a volver a bajar y se va a poder renegociar la deuda “a mercado”, sin default. Con las rueditas del cepo, agregan, una eventual corrida no se llevaría consigo el dólar oficial y los precios, como sí ocurrió en 2018. Pero ahora hay un riesgo adicional que advirtió Martín Rapetti, director de la consultora Equilibra: “El problema del ‘exceso de pesos’ no ha desaparecido sino que cambió de bolsillo. (…) La deuda sigue siendo de muy corto plazo y ahora tiene mercado secundario. Una porción importante (35%) está en manos del sistema financiero, por lo que un riesgo de default puede derivar en riesgo de crisis cambiaria”. Menos eufemístico, Orlando Ferreres habló de “una especie de Bonex para los bancos”. 

Divorcios contenciosos

El Coloso Federico Sturzenegger se cuenta entre los críticos más agudos del frágil esquema que intenta sostener Caputo. Sus colaboradores más estrechos dicen que ya abandonó el rencor que sintió por él durante varios años tras aquella fatídica conferencia de prensa del 28 de diciembre de 2017, cuando Marcos Peña decidió no solo doblarle la mano sino también televisarlo, en vivo desde la Casa Rosada y con Caputo y Dujovne a su lado. Pero tampoco lo respeta intelectualmente ni cree que vaya a superar nunca la ‘fase dos’ del plan, con continuidad del cepo. 

Aunque jura que no va a opinar sobre macroeconomía, Sturzenegger sigue creyendo en las metas de inflación, en el mercado libre de cambios y en la independencia del Banco Central. Por ende, sostiene que hay que devaluar y unificar. “Dólares no faltan. Faltan a este precio”, le escucharon repetir hace poco, en medio de una discusión. Lo mismo que decía en 2016.

En la tribu de economistas y financistas que se mueve en torno a Milei no le auguran el mejor destino a la relación entre Toto y el Coloso. “Un ministerio de desregulación siempre promete conflicto porque no es dueño de ningún proceso, pero tiene opinión”, reconoció uno de ellos el viernes ante elDIarioAR. De todos modos, incluso los veteranos del segundo tiempo de Sturzenegger ―no olvidar su debut en la YPF recién privatizada de los tempranos 90, su continuidad con Repsol y su posterior salto al equipo de Cavallo con De la Rúa― reconocen en el liderazgo actual más agallas que en el de entonces. “Si el payaso de Macri hubiera hecho el 10% de lo que hizo Peluca, hoy seríamos Suiza”, exageró el consultado. 

Esa disputa de egos entre Macri y Milei detonó la fractura expuesta del PRO. El expresidente enarbola una cláusula secreta del Pacto de Acassuso que parece recordar solo él: que la Ciudad es suya y que La Libertad Avanza no intentará copársela. Los actos de Karina Milei y Martín Menem a ambos lados de la General Paz no parecen reconocerlo. El entrismo de Cristian Ritondo y Diego Santilli en las filas libertarias bonaerenses también empezó a verse frustrado al chocar contra una pared: Milei ya le prometió la cabeza de esa lista en 2025 a José Luis Espert. 

Macri quiere garantías de que su espacio no será fagocitado. De eso habló días antes de la asamblea partidaria del hotel Abasto con Álvaro González, enviado por Horacio Rodríguez Larreta a parlamentar. De eso y del pliego de Ariel Lijo que debatirá el Senado para la Corte Suprema. Preferiría que Guadalupe Tagliaferri no lo apoyara. Otro tema que separa a Milei de Macri.

Los cuatro jueces supremos están pendientes de esa votación. Aunque fueron invitados, no van a sumarse al acto de Milei en Tucumán. Difícil para un constitucionalista digerir el Acta, un cambalache con veleidades refundacionales que junta “la inviolabilidad de la propiedad privada” (ya contenida en el artículo 17 de la Carta Magna) con compromisos como “la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI”. 

Lluvia de desinversiones

La compra de la filial de Procter&Gamble por parte de Newsan, la fabricante de electrónicos y pesquera patagónica liderada por Rubén Cherñajovsky, es un síntoma de la decepción del capital trasnacional con los logros de la política económica. Estaba en venta desde hacía mucho, sí, pero se concretó cuando la casa matriz se cansó de esperar que aflojen el cepo. Newsan pasará a controlar la planta de San Luis y un portafolio de marcas líderes que incluye a Gillette, Pampers, Always y Pantene. P&G ya había vendido otras dos de sus marcas emblemáticas: el jabón para la ropa Ariel y el detergente Magistral. Las compró la local Dreamco (dueña de Plusbelle y Zorro) junto con la planta de Pilar donde se producen. 

Otra que se “nacionalizó” es InterNexa, una prestadora de servicios de telecomunicaciones que también opera en Colombia, Perú, Chile y Estados Unidos. La compró Silica Networks. Y el dueño de Swiss Medical, Claudio Belocopitt, a caballo del cashflow de las cuotas de prepagas liberadas en diciembre por el decreto desregulador de Sturzenegger, negocia comprarle Diagnóstico Maipú a sus dueños brasileños. 

En esas operaciones, por lo menos, las compañías se comprometieron a mantener su personal. No es el caso de la gigante india Infosys, proveedora de software y servicios informáticos con sede en Bangalore y más de 350.000 empleados en todo el mundo. Tras 10 años en el país, la inflación en dólares y la continuidad del cepo decidieron a su jefatura regional que no vale la pena quedarse. De los 70 programadores que tenía a fin de año, apenas queda un equipo residual de media docena que brinda soporte a Syngenta y a Mercedes Benz. Ya los mudaron del piso que ocupaban en Alem Plaza a la oficinita de coworking donde trabajarán hasta que venzan esos contratos. O hasta que se vayan como el country manager, que pactó su salida esta semana.

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Max Capital, empresa líder en asesoramiento financiero con presencia en Mendoza, acompañó al reconocido grupo Vitivinícola/Gastronómico en su primera Obligación Negociable. En esta primera instancia, el grupo colocó $635 millones, Badlar más 10%, plazo 24 meses, con 12 meses de gracia, contando con la participación de una amplia base de inversores diversificados.

Alejandro Vigil, empresario y fundador de Universo Vigil, expresó su satisfacción por este hito alcanzado: “Estamos muy contentos de poder llevar a cabo nuestra primera emisión de Obligaciones Negociables. Esta operación nos permitirá financiar un importante proyecto de infraestructura. La ampliación de nuestra bodega, potenciará nuestras actividades relacionadas con la producción, turismo y gastronomía. En el mismo se emplaza un restaurante de alta gastronomía para 30 cubiertos”.

Además, comentó: “Para nuestro Mendoza es muy importante que las empresas sigan creciendo, con el apoyo del gobierno, y poder hoy estar en el mercado de capitales.

 Federico Giroldi, Business Development Manager de Max Capital Mendoza, también destacó la importancia de esta operación y el compromiso de la empresa con el desarrollo de Universo Vigil: “Estamos orgullosos de acompañar a Universo Vigil en este paso tan significativo. Creemos en el potencial de la bodega y en su capacidad para seguir innovando y creciendo en el sector vitivinícola. Estamos seguros de que esta inversión en infraestructura será clave para su éxito futuro”.

La primera emisión de ON de Universo Vigil ha sido recibida con gran interés en el sector, demostrando el reconocimiento y la confianza en la trayectoria y el potencial de la empresa.

Con más de 10 años de experiencia en el mercado financiero, Max Capital se ha consolidado como el principal Agente de Liquidación y Compensación de instrumentos de renta fija en Argentina. Desde el año 2022, la empresa tiene su sede en Mendoza, con oficinas ubicadas en Chacras Park, y además es el ALyC de la Provincia de Mendoza para las operaciones de Financiamiento y Manejo de Liquidez de la Tesorería Provincial.

En un contexto de necesidad de abaratar costos y aprovechar el tiempo laboral lo máximo posible, cada vez son más las pequeñas y medianas empresas que incorporan a sus procesos de trabajo herramientas como softwares de gestión empresarial. En este artículo, exploramos de qué se trata este tipo de software y cómo los beneficios específicos que ofrece pueden potenciar y facilitar la organización dentro de un negocio comercial.

¿Qué es un sistema de gestión y para qué sirve?

Un sistema de gestión empresarial es un conjunto de herramientas y aplicaciones integradas diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar y controlar sus operaciones de manera más eficiente.

Estos sistemas abarcan una amplia gama de funciones, que van desde la gestión de inventario y el seguimiento de ventas hasta la contabilidad y la facturación electrónica. En resumen, un sistema de gestión permite a las empresas automatizar y optimizar una variedad de procesos comerciales para mejorar la productividad y la rentabilidad.

¿Qué cambia al empezar a utilizar un software de gestión?

Para las pymes argentinas, la implementación de un sistema de gestión puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Con la competencia cada vez más feroz y los cambios constantes en el mercado, contar con un software que agilice los procesos empresariales y brinde información en tiempo real es esencial para mantenerse competitivo.

En un entorno empresarial cada vez más digitalizado, tener un sistema de gestión adecuado puede facilitar la adaptación a las nuevas tecnologías y tendencias del mercado.

Funcionalidades clave de un sistema de gestión

Los sistemas de gestión empresarial suelen ofrecer una variedad de funcionalidades diseñadas para abordar las necesidades específicas de las empresas. Estas funcionalidades pueden incluir la gestión de stock e inventario, la automatización de costos y gastos, la generación de reportes personalizados y la facturación electrónica.

Al integrar estas funciones en un único sistema, las pymes pueden simplificar y centralizar todas las tareas contempladas en sus operaciones, lo que les permite tomar mejores decisiones: más rápidas, basadas en información certera y actualizada, ahorrando la necesidad de reuniones de consulta y autorización.

Beneficios de una herramienta de gestión digital para una pyme

La implementación de un sistema de gestión empresarial puede proporcionar una serie de beneficios significativos para una pyme en Argentina. Estos incluyen una mayor eficiencia operativa, una mejor toma de decisiones, una mayor visibilidad de las operaciones comerciales y una mayor capacidad para adaptarse a los cambios del mercado (este último aspecto, fundamental).

Al automatizar tareas manuales y optimizar procesos, las pymes pueden ahorrar valioso tiempo y recursos, lo que les permite abocarse al crecimiento y la expansión de su negocio en vez de dedicar tiempo excesivo a operaciones tortuosas como rellenar formularios o carga de datos.

Alegra: el sistema de gestión ideal para las pymes argentinas

En el mercado argentino, el software Alegra se destaca como sistema de gestión ideal para las pymes. Con su intuitiva interfaz de usuario y una amplia gama de funcionalidades, Alegra permite a las empresas de menor tamaño automatizar sus procesos comerciales, controlar el stock, generar reportes detallados y gestionar la facturación electrónica de manera eficiente y con validez ante AFIP.

Además, la herramienta ofrece un sistema 100% en la nube, un excelente soporte técnico con expertos siempre disponibles y una variedad de recursos de capacitación para ayudar a las pymes a aprovechar al máximo sus funcionalidades.

Elegir el sistema de gestión adecuado es fundamental para el éxito de un emprendimiento o pequeño negocio. Desde la automatización de procesos hasta la mejora de la eficiencia operativa, los beneficios aportados pueden ser determinantes para obtener una ventaja competitiva en el mercado.

Desde ya, la convergencia tecnológica y el contar con las últimas herramientas digitales son excelentes hábitos para las pequeñas y medianas empresas en los cambiantes tiempos que corren.

El economista Federico Sturzenegger nació hace 57 años en Rufino, Santa Fe, se crió en Gonnet, en las afueras de La Plata, estudió en la escuela y la universidad pública y después se doctoró en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Hijo de un integrante de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de origen radical, Adolfo Sturzenegger, Federico fue viceministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa en la megacrisis de 2001, después se sumó al PRO, presidió el Banco Ciudad, fue diputado y después encabezó el Banco Central en la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y sus remoción tras la devaluación de 2018. Ahora es el autor principal del decreto de necesidad y urgencia (DNU) y la ley ómnibus con la que Javier Milei pretende desregular y liberalizar la economía argentina para dar un giro desde la intervención estatal al “baño de liberalismo”, en palabras del doctor del MIT.

Aunque apareció en pantalla hasta en la cadena nacional en la que el presidente anunció el DNU, no tiene ningún cargo en el Estado. En su página web propia, cuenta que es profesor plenario en la Universidad de San Andrés y también da clases en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard y en el instituto de negocios HEC París. Además, en 2018 fundó con Gonzalo Lisarrague —dueño de una gestora de inversiones en Uruguay, Taicua— y financiamiento del canadiense David Thomson la oficina Latus View, que se dedica a empresas de la región con potencial de expansión global, en especial en los segmentos AgTech y Fintech, es decir, a la tecnología aplicada al agro y las finanzas.

Con la asesoría de un grupo de abogados jóvenes, Sturzenegger analizó durante el último año todas las leyes que a su criterio impiden el funcionamiento del libre mercado, según cuenta en uno de los principales estudios de la City porteña, es decir, de las grandes empresas. “No todos esos abogados quedaron conformes con el resultado final”, agregan. “Tenían poca experiencia en el derecho administrativo y eso se notó en los borradores porque no pasaban un mínimo control de constitucionalidad. Después hubo varias manos de abogados de grandes estudios, pero no los estudios en sí porque estaría reñido con la ética en el ejercicio de la profesión y con la matrícula. Pero hubo profesionales individuales de estudios determinados, como Sergio Arbeleche, de Bruchou & Funes de Rioja, o Roberto Silva, de Marval, O'Farrell & Mairal”, comenta el letrado consultado. 

Arbeleche —del estudio fundado por el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja— asesoró en el Régimen de Incentivos de Grandes Inversiones incluido en la ley ómnibus, pero al final no terminó como secretario de Minería, como se especulaba hasta que Milei negoció una alianza con el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, y colocó en esa cartera a Flavia Royón, exsecretaria de Energía de Sergio Massa. La mano de Arbeleche, exasesor de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), se advierte también en los cambios quirúrgicos que el proyecto aplica a la ley de protección de glaciares en beneficio de esos hombres de negocios. 

En tanto, Silva, que aconsejó en las leyes financieras, acabó como presidente de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue asesor de los bancos ABN AMRO, Comafi, Supervielle, ICBC, BST, de Valores -el de Juan Nápoli, excandidato a senador de La Libertad Avanza-, Itaú, Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, Nuevo Banco de Santa Fe, Galicia, Hipotecario y La Caixa y las empresas Atanor, Massuh, entre otras.

Sturzenegger mencionó públicamente a dos abogados. Uno es el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, que antes de ocupar este cargo fue consultor en la materia en España, también en un bufete de allí, Cremades & Calvo Sotelo. Rodríguez Chirillo trabajó antes en la eléctrica española Iberdrola. El otro citado es Jorge Muratorio, socio del Estudio O'Farrell. Muratorio trabajó para Edenor y las españolas Naturgy (gasífera), Telefónica y Autopistas del Sol, la concesionaria del grupo Abertis en el acceso Norte que está en litigio con el Estado tras la polémica renovación contractual en el gobierno de Mauricio Macri. También se desempeñó para defender los intereses de Ford, Farmacity, Medicus y Grupo Concesionario del Oeste, la concesionaria de Abertis en el acceso Oeste.

“Rodolfo Barra metió el control final”, se refieren en un estudio de la City al procurador general del Tesoro, de larga trayectoria en el derecho contencioso administrativo. Desde el punto de vista económico también aconsejó Lucas Llach, que había secundado a Sturzenegger en su paso por el Banco Central. Los textos finales también pasaron por el monitoreo último del secretario legal y técnico de la Presidencia, Javier Herrera Bravo, que había sido número dos de esa cartera en la administración Macri. “Antes de eso, hubo muchas manos, pero un divague eso de que intervinieron los estudios de las empresas”, intentan desmentir en el entorno de Sturzenegger. También mencionan a un abogado llamado Marcelo Julián Hernández. 

Sturzenegger comenzó su trabajo de revisión de leyes pensando en un eventual gobierno de Patricia Bullrich. Cuando ella perdió en primera vuelta y a las 48 horas pactó con Milei y Macri, el expresidente del Central se puso a disposición del libertario. En los estudios de la City comentan que en un principio fue asesorado también por economistas chilenos allegados a Andrés Velasco, exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, de familia exiliada durante la dictadura de Augusto Pinochet y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics.

Sturzenegger, Velasco y otro colega, Filipe Campante, escribieron juntos un libro en 2021 titulado ‘Macroeconomía avanzada’. En el régimen de Pinochet, los Chicago Boys que dirigieron la economía elaboraron un Ladrillo como guía de sus reformas neoliberales, similar al bodoque de hojas del DNU y la ley ómnibus que presentó con orgullo Sturzenegger. Velasco es antipinochetista, pero neoliberal como muchos otros economistas de la centroizquierda chilena. De todos modos, no está claro que en su entorno hayan quedados conformes con la labor de Sturzenegger, tanto por la supuesta falta de agradecimiento a sus colegas chilenos como por la incorporación a las reformas de ideas más vinculadas a negocios particulares, como las sociedades anónimas del fútbol que promovió Macri, según cuentan abogados corporativos. 

El DNU y el proyecto de ley fueron nutriéndose también de los aportes que le formularon a Sturzenegger algunas cámaras empresariales afines a su pensamiento liberal. “Se recogió lo que se venía observando en distintos foros y conferencias durante años de que así como estábamos no podíamos seguir”, comenta un abogado integrante del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA). “Federico se fue reuniendo con cámaras desde hace meses, fue muy serio, quería entender la problemática de cada uno”, agrega el informante.  

AR/JJD

Así como sucedió con los más de 300 artículos del decreto de necesidad y urgencia (DNU) de la semana pasada, ocurre lo mismo con los más de 600 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos presentada este miércoles: a partir de su lectura, queda claro que su autor intelectual y material, el economista Federico Sturzenegger, se fue reuniendo con algunas cámaras empresariales para tallar a la medida de cada una de ellas un marco económico que favorezca al mercado, a los negocios, aunque ello vaya en detrimento de parte de la población, del medio ambiente o de otros hombres de negocios. Presentamos aquí un abecedario de los cambios económicos que presente el proyecto de ley ómnibus que el presidente Javier Milei pretende que el Congreso resuelva el próximo mes. Para la comparación de la iniciativa con las normas que viene a echar por tierra, utilizamos el nuevo informe de la consultora de asuntos públicos y parlamentarios BLapp, de Esteban Bicarelli.

AR/JJD

El gabinete de Javier Milei es un gran abanico de posibles conflictos de intereses. Desde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la cúpula del equipo económico que lidera Luis “Toto” Caputo, hasta subsecretarios de Estado integran la lista de funcionarios provenientes del sector privado que deberán ir con pie de plomo a la hora de tomar decisiones que involucren a sus ex empleadores, socios y clientes. 

Al igual que durante el gobierno de Mauricio Macri, los nuevos roles de los hombres y mujeres que integran el nuevo gobierno implican cargos sumamente sensibles para el Estado porque se trata de quienes deben velar por los intereses de todos los argentinos por sobre empresas, empresarios y particulares, como el caso del procurador del Tesoro de la Nación, que encabezará el abogado Rodolfo Barra.

elDiarioAR elaboró una lista de los focos de posibles conflictos de intereses más sobresaliente, pero habrá decenas, como mínimo: secretarios y subsecretarios de Estado y directores son también cargos clave a la hora de tomar decisiones administrativas que involucran a los privados. La concesionaria de los aeropuertos, Corporación América, de Eduardo Eurnekian, es un exempleador recurrente en el gabinete -incluido el Presidente- pero también hay consultoras y estudios jurídicos y de asesoría a través de los cuales prestaron servicios a bancos, empresas de energía, alimentos, exportadores e inmobiliarios, entre otros rubros. 

Un caso sensible fuera del gabinete también será el del nuevo CEO de YPF, Horacio Marín, hasta ahora exdirector de Explotación y Producción de Tecpetrol. Tecpetrol pertenece al grupo Techint, de los Rocca, y es una de las empresas competidoras de YPF en el rubro del gas y petróleo. Milei quiere privatizar la compañía. Techint fue uno de los aportantes a la campaña de Milei.

Los funcionarios públicos -incluido el Presidente- no pueden dirigir, asesorar, representar ni administrar a personas o empresas que sean concesionarios o proveedores del Estado. Sería incompatible, como establece la Ley de Ética de la Función Pública. Tampoco pueden realizar actividades reguladas por el Estado cuando el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa con la actividad; ni pueden ser proveedores por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones.

Además, y aquí surge uno de los focos centrales para el nuevo gabinete, aquellos funcionarios que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de privatizaciones o concesiones de empresas o servicios públicos, tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios, durante tres años inmediatamente posteriores a la última adjudicación en la que hayan participado. Es decir, no pueden privatizar una compañía del Estado y participar de su control por tres años.

Pero el foco clave para varios de los funcionarios de Milei es que deberán abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvieron vinculados en los últimos tres años.

Si no lo hicieran, sus actos de gobierno respecto de estas empresas, personas o asuntos sobre los que tomaron decisiones o prestaron servicios serán nulos “de nulidad absoluta”, dice la ley.

El primer paso para estos funcionarios es realizar una declaración jurada de sus vínculos con el sector privado cuando presenten su primera declaración jurada patrimonial integral. Tienen un plazo de 30 días hábiles desde la asunción de sus cargos para hacerlo. En dicha declaración deberán informar a la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y empleadores durante los últimos tres años, hasta su asunción como funcionarios públicos.

Esas listas no son públicas pero quedan a resguardo de una dirección de la OA que se encarga de monitorear esos conflictos de intereses potenciales. Será el ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, el encargado de elegir al funcionario o funcionaria a cargo de la OA y del control último del gabinete.

Caputo y equipo

Tras su nombramiento como ministro de Economía, Caputo anunció a principios de diciembre que cerraría su consultora financiera, Anker Latinoamérica SA, que dirigía junto a Santiago Bausili, ahora presidente del Banco Central. Anker también estaba integrada por otros dos colaboradores del ministro, quienes se unieron al gabinete económico: Federico Furiase y Martín Vauthier, ambos asesores del Ministerio.

Anker cerró sus puertas este mes pero desde 2020 asesoraba en materia de macroeconomía y finanzas, realizaba informes y alertas, y brindaba charlas personalizadas “para hacer crecer su negocio”. Los cuatro nuevos funcionarios deberán ahora informar quiénes fueron sus clientes en estos tres años de trabajo, y abstenerse de tomar decisiones que los favorezcan. 

A través de Anker, Caputo y Bausili organizaron el fideicomiso para financiar el Espacio Gigena, una megaobra en el ex estacionamiento del Hipódromo de Palermo, que es terreno público de la Ciudad de Buenos Aires, como reveló elDiarioAR en agosto último. El gobierno porteño invertirá $3.000 millones para terminar obras de infraestructura del proyecto, publicó La Política Online.

Tanto Caputo como Bausili conocen de conflictos de intereses que terminaron en causas judiciales, en las que finalmente fueron favorecidos.

En 2017, el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel De Vedia, advirtió que el Comité Ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, del que Caputo formaba parte como ministro de Finanzas, adquirió LEBACs a través de un fondo de inversión del que el integrante del equipo económico fue director y presidente hasta diciembre de 2015, cuando asumió la función pública. La operatoria fue a través del fondo Axis, que cobró comisiones para adquirir esos instrumentos financieros, que antes se obtenían de manera directa y gratuita con el Banco Central.

Además, Bausili estuvo procesado por el juez federal Sebastián Casanello por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública en el marco de su intervención en el “megacanje II”. Bausili estaba acusado de haber favorecido a la entidad bancaria Deutsche Bank, que era su empleadora hasta que ingresó en la función pública. Fue favorecido pocos días antes de asumir como presidente del Banco Central por un fallo de la Sala II de la Cámara Federal porteña, que le dictó por segunda vez una falta de mérito y lo dejó al borde del sobreseimiento.

Caputo y Bausili siempre negaron haber intentado favorecer a Axis o al Deutsche Bank desde sus cargos en el gobierno de Mauricio Macri y el abogado de ambos, Matías Cuneo Libarona, apeló los fallos en contra de sus clientes hasta lograr desestimaciones, archivos o faltas de mérito. 

Cuneo Libarona y Justicia

El penalista Mariano Cuneo Libarona renunció al estudio jurídico que integraba con sus hermanos. Matías Cuneo Libarona, el menor del clan, absorberá la cartera de clientes del ministro, confió una fuente del bufete legal.  

Matías Cuneo Libarona ya representaba en los tribunales a Caputo y Bausili en las causas que se les iniciaron a ambos durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, además de los clientes de Mariano, suma al propio ministro de Justicia a su lista de defendidos en caso de que su hermano así lo requiera, contaron en el estudio. 

Los Cuneo Libarona conocen los tribunales penales de la A a la Z. En una entrevista con revista Noticias, de 2018, los hermanos se jactaron de que podrían ingresar a las dependencias judiciales con los ojos cerrados “y recorrer sus pasillos de noche y a oscuras”. Los conocen desde niños, escribió la periodista Nora Fernández.

El ministro de Justicia deberá abstenerse de intervenir en licitaciones y contrataciones a sus clientes, por ejemplo. Además debería abstenerse de participar en los concursos en los que participen algunos de los jueces a los que representó como abogado en los últimos tres años. 

La cartera de clientes de Mariano Cuneo Libarona es larga y variada. Desde el expresidente Carlos Menem y su cuñado Emir Yoma hasta Guillermo Coppola, el excomisario Juan José Ribelli, el empresario Víctor Stinfale -quien fue acusado en la tragedia de Time Warp-, pero también de empresarios con aceitados contactos con el Estado. En la causa de los cuadernos, defendió a la familia Eurnekian y a Sergio Taselli. También representaba hasta su asunción como funcionario público al exgobernador de Tucumán, José Alperovich, en el caso por presunta violación a su sobrina y colaboradora. 

En su CV también se destacan clubes del fútbol argentino y varios futbolistas: Claudio Caniggia, Martín Palermo y Ezequiel Lavezzi, entre otros. También a Alan Schlenker, exbarra brava de River Plate.

Bajo la órbita del ministerio de Justicia, otros funcionarios de menor rango tendrán a su cargo organismos sensibles a los conflictos de intereses: la propia OA, la Unidad de Información Financiera (UIF) -que debe controlar y denunciar sospechas de lavado de dinero y terrorismo- y la Inspección General de Justicia (IGJ), que controla a las sociedades comerciales, fundaciones y entidades. 

La OA cuenta con un Sistema de Monitoreo de Actividades Privadas y Públicas Anteriores y Posteriores al ejercicio de la función pública (MAPPAP), que tiene como objetivo cotejar y verificar el cumplimiento de las normas de ética pública por parte de las personas que ingresan y egresan de cargos públicos de alta jerarquía en el Poder Ejecutivo Nacional. Será clave el rol que le dará el Ministro a esta herramienta.

Posse y Corporación América

El jefe de Gabinete Posse era hasta julio último el gerente general de la Unidad de Negocios Sur de Aeropuertos Argentina 2000 (Corporación América), la empresa de Eurnekian que posee la concesión de los aeropuertos de todo el país. Posse fue el encargado de los aeropuertos de la Patagonia hasta que decidió sumarse al equipo de Milei, a quien conoció cuando el economista trabajaba para Eurnekian. Deberá abstenerse de intervenir de cualquier contratación o resolución que involucre al grupo empresario.

Barra, el Estado y las empresas

El procurador del Tesoro de la Nación es el jefe de los abogados del Estado, que debe litigar en nombre de la Administración pública contra empresas por demandas iniciadas por el propio Estado o contra el mismo. 

Barra es experto en Derecho Administrativo y tenía su propio estudio jurídico en el que representaba a los privados en las causas contra el Estado hasta antes de asumir en la función pública. También deberá declarar ante la Oficina Anticorrupción quiénes fueron sus clientes y abstenerse de resolver cualquier demanda que los involucre durante los primeros tres años de su mandato como funcionario público.

Tras excusarse, otros funcionarios que dependen de él deberán ocupar su lugar, lo que también plantea un escenario sensible. Quiénes serán los subprocuradores del Tesoro será clave también en esta etapa.

La jefa de la AFIP

Otro de los casos que abre un frente de posibles conflictos de intereses es la flamante titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Florencia Misrahi, experta en impuestos, aduanas y agronegocios. Fue socia del estudio Lisicki Litvin entre julio y su asunción como funcionaria. 

Este bufete representa a algunos de los argentinos más poderosos en sus embates contra la AFIP o por demandas del fisco en su contra, como en el caso de Susana Giménez por presunta evasión impositiva. Es, además, el estudio número uno en auditoría del país y uno de los que encabezó las demandas contra el impuesto a la riqueza impulsado por el kirchnerismo durante la pandemia. 

Misrahi también asesoró hasta julio último en materia de impuestos a Cargill, la agroexportadora de capitales estadounidenses que estuvo varias veces en la mira de la AFIP. 

La funcionaria deberá informar sus antecedentes laborales y los clientes a los que asesoró y representó desde diciembre de 2020 y abstenerse de intervenir en cualquier decisión que los involucre por el lapso de tres años. Lo mismo deberán hacer sus colaboradores y funcionarios de estratos inferiores en el organismo en caso de provenir del sector privado. 

Ferraro y KPMG

Guillermo Ferraro, el economista que asumió como ministro de Infraestructura, era directivo de KPMG Argentina, la consultora internacional que asesora en materia de impuestos, finanzas, negocios y auditorías.

Entre 2010 y abril de 2023, fue director de Infraestructura y Gobierno en dicha multinacional. Allí, lideró la evaluación y estructuración financiera del Túnel Ferroviario Aconcagua, la Central Hidroeléctrica de Chihuido, el puerto de cargas de Ushuaia y los modelos de Participación Público Privada para los corredores viales, de acuerdo a su perfil en LinkedIn.

Estos proyectos fueron liderados por Corporación América. Ferraro también trabajó como consultor independiente en los últimos entre abril y septiembre último, según su CV. Deberá informar la nómina de sus clientes en ambos trabajos y abstenerse por tres años de intervenir en asuntos entre estos y el Estado.

Energía y Rodríguez Chirillo

El secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, lideraba hasta hace poco ERC Consultores, una consultora en materia de energía (electricidad, renovables, gas y petróleo) con negocios en Argentina, México y España. También podría estar alcanzado por conflictos de intereses en su nuevo rol en el Estado y debería declarar la lista de sus clientes de los últimos tres años.

Subsecretaria de Ambiente 

Ana Lamas asumió como subsecretaria de Ambiente, bajo la órbita del ministerio de Capital Humano. Se trata de una de las áreas más sensibles para el ámbito privado. La ahora funcionaria, que ejerció en la cartera durante la gestión de María Julia Alsogaray y a nivel provincial y municipal, fue hasta su regreso a la función pública asesora legal ambiental empresaria.

Entre sus servicios a bancos y empresas se dedicó a la gestión de permisos, descargos administrativos, certificaciones ambientales, capacitaciones, auditorías, gestión de uso de energía y agua, de residuos y asesoría legal ambiental.

Desde 2018, asesoró a los bancos BBVA y Santander Río, al Hospital Italiano y a Telecom/Cablevisión. También a Bureau Veritas Argentina S.A. desde 2004 y a la compañía francesa SOGREAH, entre otras.

ED/DTC