Alguien que se adentra en una zona apartada del Amazonas suele esperar un entorno intacto, libre de residuos humanos y selva en calma. La idea de pureza absoluta acompaña siempre a quienes llegan a un rincón inhóspito, como si la distancia garantizara protección frente a la contaminación.

Sin embargo, la basura se abre camino incluso en esos espacios alejados, donde una botella flotando o un envoltorio arrastrado por la corriente recuerdan la presencia de los desechos. La paradoja de encontrar plásticos en los sitios más reconditos obliga a mirar de frente la magnitud del problema ambiental. Esa constatación nos lleva a la Amazonia, convertida en ejemplo extremo de cómo la contaminación penetra en los lugares más inaccesibles.

Los rincones más remotos ya no escapan a la invasión de plásticos

Un estudio publicado en la revista Ambio revisó 52 investigaciones científicas realizadas desde 2000 y concluyó que la contaminación plástica está extendida en toda la cuenca amazónica. El trabajo documenta la presencia de fragmentos en peces, aves, mamíferos acuáticos, suelos y aguas de consumo, con muestras recogidas en los nueve países que comparten el bioma.

La bióloga Jéssica Fernandes de Melo, de la Universidad Estatal de Santa Cruz en Brasil, relató a Mongabay que incluso especies que viven alejadas de asentamientos humanos aparecen contaminadas por microplásticos. También describió cómo algunas aves llegan a usar piezas grandes de plástico para construir sus nidos, y cómo es habitual encontrar envoltorios flotando en arroyos donde la gente se baña.

La primera evidencia que vinculó plásticos con la muerte de un animal en la región se registró en 2009, cuando un manatí apareció asfixiado por una bolsa. A partir de entonces se publicaron decenas de trabajos que confirmaron contaminación en peces, tortugas, aves y mamíferos, lo que permitió reunir el corpus analizado por la revisión de 2025.

El informe advierte además de un impacto importante en las comunidades humanas. Dos tercios de las especies con trazas de plásticos forman parte de la dieta local, lo que abre la puerta a la ingestión de fragmentos por parte de la población. Aunque la mayor parte de los hallazgos se concentran en el aparato digestivo de los peces, que suele descartarse al cocinar, todavía queda pendiente comprobar si los fragmentos penetran en los tejidos musculares, lo que tendría implicaciones más serias para la salud.

Los investigadores piden ampliar los estudios y acelerar medidas para frenar el avance de la contaminación

Las publicaciones analizadas revelan que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en Brasil y, sobre todo, en el cauce principal del río Amazonas. Amplias zonas del bioma siguen sin datos de campo, lo que deja abierta la incógnita sobre la magnitud real del problema en áreas periféricas.

Los investigadores recuerdan que los municipios más aislados carecen de programas de reciclaje y de sistemas adecuados de gestión de residuos. La acumulación de basuras termina inevitablemente en los ríos, que se convierten en autopistas para los desechos hasta llegar a los ecosistemas más alejados.

El vacío de información sobre nanoplásticos, los fragmentos más diminutos, resulta especialmente inquietante. La revisión subraya que todavía no se han realizado estudios sobre su efecto en la Amazonia, pese a que pueden atravesar tejidos animales y humanos con más facilidad.

Ante este panorama, los autores sostienen que ya existe base suficiente para impulsar políticas inmediatas que reduzcan la llegada de plásticos al medio natural. Reclaman ampliar la investigación a zonas inexploradas, evaluar con exactitud la presencia en aguas de consumo y analizar de forma prioritaria los riesgos de los fragmentos más pequeños.

Porque, como demuestra la basura en los rincones más apartados, lo que llega a la Amazonia acaba mostrando hasta qué punto la contaminación se cuela en todas partes.

El volumen de carne que sale desde Brasil al mercado mundial hace que, actualmente, sea casi imposible un sistema de producción que no deforeste la Amazonía. Una investigación de campo llevada a cabo por Greenpeace-Unearthed junto a The Guardian y Reporter Brasil muestra que JBS, la mayor compañía cárnica del mundo, será incapaz de cumplir con su compromiso de eliminar este año la destrucción ilegal de bosque que implica su cadena de suministro. Un compromiso anunciado en 2021, ampliado en 2022 y repetido en 2023.

JBS es un gigante mundial de la carne que ingresa unos 73.000 millones de dólares al año y suministra a empresas como McDonald's, Tesco o Walmart. La compañía, que comenzó como una carnicería en Brasil, tiene ahora la capacidad para sacrificar 14.000 vacas, 14 millones de pollos y 142.000 cerdos cada día. Esas cifras exigen una cría ingente de animales –y abrir grandísimos espacios para eso, de ahí surge parte del problema de la deforestación: aclarar bosque para hacer lugar al ganado–.

Durante tres viajes a la Amazonía de los estados brasileños de Pará y Rondonia, 29 productores locales describieron que el sistema de JBS para frenar la destrucción de bosque está lleno de agujeros y que se blanquean partidas de ganado criados en zonas deforestadas ilegalmente.

Con todo, los líderes de los sectores económicos implicados advierten que construir de verdad un sistema que evite la desaparición de bosque al terminar 2025–como afirmó JBS que haría– arruinaría a la mayoría de los pequeños granjeros que engloba la industria cárnica.

Un portavoz de JBS contestó a las preguntas de esta investigación que “la compañía está en desacuerdo con esta descripción” y añade que “sacar inferencias y conclusiones a partir de un número limitado de 30 granjeros, teniendo en cuenta que JBS dispone de más de 40.000 proveedores registrados, es totalmente irresponsable”.

El fiscal federal que vigila los progresos sobre deforestación de la industria cárnica en el estado de Pará, Ricardo Negrini, explica que “la evolución de JBS ha sido lenta, lo que no se corresponde con el tamaño de la compañía. JBS debería tener los mejores sistemas, los mejores controles y las mejores prácticas, pero no los tiene”.

Un compromiso repetido e incumplido

Las primeras promesas de los grandes procesadores de carne de Brasil, entre los que está JBS, llegaron en 2009 con el llamado Acuerdo del G4. El compromiso era detener el suministro directo de reses relacionadas con deforestación de manera inmediata y hacer lo mismo con los suministradores indirectos en 2011.

El acuerdo redujo la destrucción en la cadena directa de suministro, pero se perdió de vista la red de proveedores indirectos. Ahí está la debilidad del sistema. JBS no pudo cumplir con ese compromiso en 2011, pero reinstauró la promesa en 2020 introduciendo una aplicación para registrar la documentación necesaria en los traspasos de ganado.

Paulo Barreto, investigador del Imazon –el organismo encargado de monitorizar la deforestación de la Amazonía– explica que JBS podría haber detenido mucha destrucción “dejando de comprar reses en las zonas de riesgo y cerrando algunas plantas en esas regiones”.

Cuando JBS hizo sus promesas sobre deforestación tenía 14 mataderos en la Amazonía. Ahora tiene operativos 20. Las observaciones por satélite de la ONG AidEnvironment identificaron, al menos, 324.000 hectáreas deforestadas en la Amazonía asociadas a diversos mataderos de la cadena de producción de JBS desde aquel año 2009.

El etiquetado de orejas

En el estado de Pará, JBS está incorporado a un programa estatal para conseguir antes de fin de este año marcar individualmente en la oreja todas las reses desde su nacimiento de manera que se asegure que no provienen de zonas deforestadas. La empresa dice que donó tres millones de etiquetas y que “la solución definitiva solo llegará si se instala un sistema nacional obligatorio de etiquetado”.

Sin embargo, el director del sindicato rural Redenção, José Maria Goldschmidt, afirma que JBS “tiene la voluntad, como nosotros tenemos la voluntad”, pero, al mismo tiempo, agrega que si la empresa –a partir de enero de 2026– deja de comprar reses que no tengan esa etiqueta de trazabilidad, no conseguirán el suministro que demandan: “Dicen que lo van a implementar. Yo digo: es imposible”.

JBS afirma que sí consiguió eliminar por completo la deforestación entre sus proveedores directos –aunque en los últimos meses se publicaron casos en los que hubo compras a explotaciones que habían sido penalizadas por ese motivo–. La empresa exige a cada suministrador directo que le proporcione los datos de explotación de manera que pueda utilizar satélites para buscar (y en su caso detectar) trazas de deforestación sobre el terreno y cruzar la granja con las bases de datos sobre infracciones.

La cuestión de los proveedores indirectos (a los que la empresa no compra de primera mano) es otro cantar. La cadena de la carne en Brasil es tradicionalmente intrincada: el ganado va pasando por diversas explotaciones desde que nace hasta que termina en el matadero. Las granjas de cría y engorde suelen ser de menor tamaño y más propensas a estar ligadas a prácticas deforestadoras, como especificaba esta investigación de las universidades de Quebec y Winsconsin-Madison.

En un reciente informe, el Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) sobre este asunto dice que “todavía está pendiente el reto de controlar las granjas indirectas donde el ganado pasa la mayoría de su vida. Ninguna compañía probó que complete la trazabilidad de esas explotaciones”. Paulo Barreto apostilla que “esa vigilancia es difícil, pero realizable, especialmente si se tienen en cuenta todo el tiempo que transcurrió desde que hicieron sus primeras promesas sobre deforestación”

Bruno (nombre ficticio para proteger su seguridad) es un granjero en Anapu Pará que opina que JBS “es más estricta” que otras compañías. “No puedo comprar ganado si viene de zonas sucias para vendérselo aunque sea a través de mi compañía”, afirma el ranchero. Sin embargo, otros proveedores describieron para esta crónica los modos de sortear los controles.

JBS exige a sus proveedores directos los registros de los proveedores que les sirven a ellos al final del año. Goldschmidt, director del sindicato rural de Redencao, explica que eso es “humanamente imposible. No va a funcionar”. Y detalla cómo se sortea ese sistema de control: “Yo compro a 20 o 30 ganaderos distintos, escojo a dos o tres y digo que solo les compro a ellos. Cuando JBS va a inspeccionarlos solo ve a esos dos o tres”. El ganadero admite que no tiene mucho en cuenta la deforestación al operar: “Miro el ganado, me gusta, el precio es bueno. Compro y me voy”, dice.

César (nombre ficticio también) está seguro de que “el 60% o el 70% de los ganaderos aquí tienen infracciones” así que es poco realista conseguir una cadena de producción limpia. Él compra “de 15 o 20 productores diferentes cada mes” para su explotación de 6.000 cabezas de ganado al año en São Miguel do Guaporé (Rondônia). “Alguno va a presentar problemas”.

Escaparate de carne sostenible

Muchos rancheros predijeron que los precios premium que JBS aplica a su ternera “libre de deforestación” no iba a beneficiar a los productores. “La industria recibe un producto con trazabilidad que tiene una gran importancia en términos comerciales en el mercado internacional, pero los productores locales no estamos recibiendo ni un céntimo extra”, se queja la presidenta la comisión de mujeres agricultoras de la patronal ganadera CNA, Cristina Malcher.

Y añade: “JBS quiere el mercado internacional así que viene aquí y nos llena con un montón de reglas para producir el producto que quiere comercializar, pero no nos paga. JBS es un cáncer para la producción rural de Brasil”.

Muchos de estos productores ven las promesas de la empresa de acabar con la deforestación como un escaparate. “Es como comprar en un centro comercial”, dice Eduardo –también nombre ficticio– uno de los ganaderos más grandes de Rondonia. “No ves basura, es una carcasa muy bonita, pero por detrás hay mucho que arreglar”.

Lavandería de ganado sucio

En el corazón ranchero del sur de Pará, muy poco bosque queda en pie. Los pastizales ganaderos se estiran hasta el horizonte solo interrumpidos por algún ejemplar solitario de Ipé –un árbol que una vez fue abundante con flores de color amarillo o púrpura brillante– donde las reses encuentran sombra. Los caminos pavimentados soportan un constante flujo de camiones ganaderos transitando desde las granjas a los mataderos.

Los rancheros de este estado –con la segunda mayor cabaña ganadera de Brasil y la mayor tasa de deforestación– y los de Rondonia, una nueva frontera de destrucción forestal, describen cómo se blanquea el ganado para rodear los sistemas de monitorización de JBS.

Eduardo cuenta cómo los granjeros usan lo que llaman “jeitinhos” para saltarse las restricciones ambientales. Aquellos granjeros cuyas tierras fueron marcadas por infracciones alquilan una parcela limpia vecina para poder aportar la documentación necesaria a la hora de vender sus reses. “Se hace así en todo Brasil”, añade. “Muchas veces los mataderos lo saben pero miran para otro lado. Así son las reglas del juego”.

“Todo el mundo lo hace”, admite José de Carvalho Sobrinho, presidente del sindicato de productores rurales de Pimenta Bueno (Rondonia). “La gente traspasa su ganado de una granja a otra y para cuando llegan a la envasadora todo ha sido legalizado”.

¿Colapso de la industria?

En Rondonia, el sector ganadero está compuesto mayoritariamente por pequeños propietarios con algunos cientos de cabezas. En este contexto, los productores ven irrealizable que JBS mantenga la escala de sus operaciones y cumpla al mismo tiempo sus compromisos para excluir las granjas que hayan deforestado después de 2008 ya que cada eslabón de la cadena tiene sus maneras de “sortear los obstáculos”, dice el productor Eduardo. Conseguir esos objetivos “obligarán a utilizar un montón de jeitinhos”, advierte.

El director del sindicato rural Marabá en Pará, Jimmy Simpson, reflexiona que los pequeños productores carecen del tiempo, la documentación y las habilidades digitales paragarantizar la trazabilidad: “¿Habrá gente que regularice su situación? Sí, pero la inmensa mayoría no”.

El ganadero Cesar se pregunta cómo JBS va a obtener las reses que necesita: “La mayoría del ganado que llega [al matadero de Sao Miguel] pasó en algún momento por una granja que tiene limitaciones ambientales o algún problema en algún momento de su trayectoria”.

Así las cosas, algunos productores en los estados temen que si la gran corporación no consigue el material necesario, cierre sus plantas en la Amazonía. Mauro Lúcio –conocido defensor del ganado sin deforestación– afirma que si JBS no consigue la producción “cerrará sus operaciones aquí. No tiene ningún problema, pero para los productores de, por ejemplo, Pará, eso es un gran problema”.

Alex Guaitolini, presidente de la Unión de Productores Cacoal en Rondonia remacha que “afectaría no solo al campo sino también a las ciudades de la región que dependen de esta industria. Todo está interconectado”.

El fiscal Negrini contrapone que argumentar que detener la deforestación va a colapsar el sector se acerca al “terrorismo”. Negrini sostiene que JBS dispone de la capacidad tecnológica y la influencia en el mercado como para hacer efectivos sus compromisos y que fue “la falta de compromiso e inversiones lo que retrasó los progresos”.

Un portavoz de JBS respondió que la empresa “se toma muy en serio sus responsabilidades para afrontar los riesgos de deforestación de su cadena de producción. Sin embargo, los problemas del sector son bastante más grandes de lo que una sola empresa puede solventar. Creemos que JBS tiene una serie de políticas, sistemas e inversiones que están produciendo un impacto positivo en reducir ese riesgo”.  

En la localidad amazónica de Manaos, la comunidad indígena Inhaã-bé inauguró su primera sala de cine.

Cine Aldeia es una sala de cine en la selva amazónica. La iniciativa es de la productora indígena Thais Kokama: “Tenemos la oportunidad de ser proptagonistas de nuestra propia historia”, dijo.

“Tenemos actores indígenas actuando, creando los programas. Estamos empoderando a esta nueva generación para hacer el mismo trabajo y lo continúen por nuestros ancestros”, agregó.

El cine proyectará películas de temática indígena y medioambiental.

Es mediodía cuando partimos de la ciudad de São Vicente hacia el territorio indígena de Río Gregório, en el norte del estado de Acre y en lo más profundo de la Amazonía brasileña. En una canoa metálica propulsada por un motor de cola, me dirijo a la aldea de Macuã con Xinã Yura, un joven indígena yawanawá, y su esposa Érica Txivã Roni.

El paisaje es apocalíptico: durante las cinco horas de viaje, remontamos el Río Gregório que da nombre a este territorio, rodeado de un espeso humo. Es septiembre –la estación seca–, que este año ha exacerbado los incendios a nuestro alrededor al bajar drásticamente el nivel de los cursos de agua de la mayor selva tropical de la Tierra. Solo medio metro de agua separa el casco de nuestro barco del lecho del río.

Cuando llegamos a Macuã, el humo flota en la distancia. Fundada hace tres años, la aldea se compone de un trío de casas de madera. En la parte trasera, las plantaciones de plátano y mandioca proporcionan el sustento, mientras que un pozo de agua artesiano está a punto de construirse.

Aunque remota, la aldea ya cuenta con paneles solares y una antena para acceder a Internet vía satélite, como muchas otras comunidades amazónicas que empiezan a adoptar estas tecnologías.

Xinã, Érica y yo atamos nuestras hamacas bajo un gazebo de paja cerca de un arroyo y de un imponente ceiba. Estos árboles son sagrados para los pueblos yawanawá y noke kuin que habitan este territorio.

Allí, Xinã, de 33 años, iba a someterse a un importante ritual para convertirse en líder espiritual y curandero indígena: un chamán. Los chamanes son guardianes de antiguas tradiciones indígenas. También están intrínsecamente ligados a la conservación de la selva, por su uso de hierbas medicinales y su conexión con sus espíritus. Xinã, que vive entre este territorio y la ciudad de São Paulo, ve el ritual como una vuelta a sus orígenes ancestrales.

Una historia de violencia y explotación

Xinã nació en el territorio indígena de Rio Gregório en 1991, el mismo año en que fue demarcadopor el gobierno federal. Ese momento marcó un punto de inflexión en el destino de los pueblos yawanawá y noke kuin, que llevaban décadas sufriendo los impactos de las industrias extractivas, las obras de infraestructura y la intolerancia religiosa.

En la década de 1970, los padres de Xinã y muchos otros familiares suyos trabajaban en régimen de semiesclavitud para extraer látex de los árboles del caucho, originarios de la Amazonía.

“El padre de Xinã empezó a trabajar en la plantación de caucho cuando tenía 12 años”, dice la madre de Xinã, Shaneini, mientras prepara un desayuno de plátanos verdes y huevos. “Salía a las dos de la mañana con su lámpara y volvía a las cuatro de la tarde”. Los trozos de látex se secaban en la casa de la familia y se cambiaban por productos como aceite, café, sal, azúcar y jabón.

La industria amazónica del caucho, que surgió hacia 1880, alcanzó su apogeo durante las tres décadas siguientes, ya que abastecía a la creciente industria automovilística norteamericana a medida que avanzaba la Revolución Industrial. Enfrentados a la persecución y las enfermedades ―introducidas por los caucheros desde más allá del territorio―los noke kuin y los yawanawá unieron sus fuerzas durante este periodo para garantizar rutas de escape y sobrevivir a los ataques.

En la década de 1970, el gobierno militar de Brasil empleó mano de obra indígena para construir el tramo de Acre de la autopista BR-364. A cambio, los noke kuin recibieron un terreno a orillas de la carretera, lo que dio lugar a la formación de otro territorio indígena. 

En la actualidad, la BR-364 une la capital del estado de Acre, Rio Branco, con Cruzeiro do Sul, a más de 600 kilómetros al norte. Al igual que otras autopistas inauguradas durante la dictadura militar, la carretera pretendía impulsar la industrialización de los estados amazónicos. Sin embargo, provocó una intensa deforestación, y definió una lógica de colonización y ocupación de la selva tropical que persiste hasta nuestros días.

Apenas se había secado el asfalto de la carretera cuando los misioneros evangélicos de la Misión Nuevas Tribus de Brasil (MNTB) se instalaron en las aldeas de Yawanawá y Noke Kuin. Los indígenas se quejaron de que los representantes de la MNTB prohibieron la lengua local y demonizaron las prácticas chamánicas que estos pueblos habían conservado durante siglos.

Durante este periodo en la región, la medicina forestal -basada en la tríada del oni (ayahuasca; bebida elaborada a partir de una liana amazónica), el kapum (veneno de la rana kambô) y el rome (rapé; polvo elaborado a partir de plantas medicinales y tabaco)- dejó de practicarse .

“La gente dejó de tomar la medicina forestal”, dice Shaneini. “Cuando enfermábamos, no nos daban medicinas hasta que las pedíamos en portugués”.

Durante la ocupación misionera, los ancianos afirman que la transformación de la vida local fue abrumadora. La conversión a la fe evangélica en las aldeas fue concertada ―aún hoy, los ancianos conservan biblias y rosarios― y los hábitos culturales, alimentarios y espirituales tradicionales estuvieron a punto de extinguirse.

Cuando Dialogue Earth se puso en contacto con ellos, la MNTB negó con vehemencia “cualquier acusación de etnocidio”. La misión también afirmó que respeta la cultura, el libre albedrío y la autodeterminación de los pueblos que los acogen. Pero Xinã afirma que este proceso violento solo dio un nuevo giro debido a la resistencia interna. En los años 80, uno de los principales líderes de la región, el cacique Nixiwaka Yawanawá, fue a estudiar a zonas urbanas y regresó con ideas de emancipación de su pueblo. Con el apoyo de la desaparecida Comisión Pro-Indio, el MNTB fue expulsado a finales de la década y las tierras demarcadas.

La vuelta de las tradiciones yawanawá

Los años siguientes allanaron el camino para la reanudación de las tradiciones del pueblo yawanawá. Hoy son conocidos por organizar foros internacionales de ayahuasca y festivales espirituales, así como por forjar alianzas con marcas de productos forestales.

Una semana antes de mi llegada a Macuã, se celebró el 24º Festival Mariri. Este acontecimiento de cinco días permite a los visitantes sumergirse en las prácticas culturales y espirituales indígenas. Participar cuesta más de BRL 7.000, (USD 1.225), cuya recaudación se destina a preservar el territorio.

 “Los yawanawá tienen mucha influencia política”, dice Érica. “Muchos líderes han participado en diversas conferencias y rituales oni en Europa y Estados Unidos. La economía de Acre gira en torno a los indígenas”. La propia Érica es la creadora del Festival Indígena de la Unión de los Pueblos (Fiup), que reúne anualmente a líderes indígenas en debates políticos e intercambios culturales entre los municipios del estado de São Paulo.

En las tradiciones ancestrales noke kuin y yawanawá, solo los hombres mayores se convertían en chamanes. Pero desde su resurgimiento, las tías de Xinã, Raimunda Putani y Hushahu, han tomado la iniciativa de convertirse en chamanes.

Ambas mujeres asumieron de antemano estrictas dietas espirituales y ayudaron a guiar a Xinã en sus primeros pasos también . “Cuando tenía unos 16 años, mi tía [Hushahu] me preguntó si quería tomar oni”, recuerda Xinã. “Tomé un poco y vi cómo todo cambiaba”.

“Desde entonces”, añade, “la medicina me ha demostrado que tenía que ser fuerte en mi propósito de ayudar y curar a la gente”.

Xinã y Érica describen cómo durante la semana del Festival Mariri tomaron medidas para “limpiar” sus energías internas y espirituales. Este proceso incluye baños de hierbas y aplicaciones de las secreciones de la rana kambô. Se hacen pequeñas quemaduras en el brazo, y las secreciones secas de la rana se aplican dentro de estas heridas. Esto provoca reacciones físicas, como un sabor amargo en la boca, sofocos, temblores y vómitos. Simbolizan la expulsión del cuerpo de los espíritus destructivos que habitualmente consumen la vida cotidiana del individuo. 

En la cosmología Noke Kuin, la rana kambô fue el primer chamán de la historia, que curó a una mujer al borde de la muerte. Esta secreción, dice Tani, otro chamán, “ahuyenta todas las enfermedades que existen”. Muestra en sus brazos unas 200 cicatrices del ritual de la rana kambô.

La limpieza de Xinã y Érica había sido una preparación para un encuentro con una serpiente sagrada. Yo estaba aquí para presenciar ese encuentro y sus rituales asociados. Tani y Pocha Kamanawá, que dirigieron tanto la preparación como el ritual de la serpiente, se convirtieron en chamanes cuando aún eran niños, después de que cada uno de ellos se encontrara con una de las serpientes sagradas en el bosque.

El ritual de la serpiente

El viaje de Xinã comienza a la mañana siguiente, con una sesión de rapé. El kuripe, un inhalador fabricado con huesos de pacas ―grandes roedores originarios de América Central y del Sur― transporta el polvo como una flecha hasta la fosa nasal. La primera inhalación tiene lugar mientras se fuma corteza de árbol de sepá, que también se utilizó durante el ritual de limpieza de Xinã y Érica. La pareja se cubre de pies a cabeza con nane negro, una pintura hecha con el fruto del árbol genip. Formas geométricas cubren sus cuerpos, simbolizando el poder de la ayahuasca y acercándolos a la serpiente. “No le gustan los forasteros. Reconocen a los suyos por la pintura de sus cuerpos”, explica Pocha.

Subo de nuevo a la canoa metálica y navego con nuestro grupo durante diez minutos hasta la otra orilla del río Gregório. Nos adentramos en el bosque, hasta una plantación fangosa deburiti, o palmeras moriche. Tani corta una rama de siete metros de un árbol y la hunde en el suelo blando hasta que desaparece.

“Aquí es donde duerme la serpiente. Cuando se acerca el mediodía, la tierra se calienta mucho y salen de los agujeros para refrescarse”, explica.

Son las nueve y media de la mañana y el sol ya quema. Nos sentamos en esteras de paja mientras Pocha saca de su bolsa objetos chamánicos: un frasco de ayahuasca, pasta de achiote (hecha con las semillas del árbol autóctono Bixa orellana), un vaso con el grabado de una serpiente, un inhalador y rapé. La sesión comienza con oraciones y rapé para invocar a la vinö ronö, una anaconda que, según ellos, mide alrededor de un metro de diámetro y 18 metros de longitud. Azul y roja, forma parte de una familia de serpientes sagradas que guardan el portal entre el mundo físico y el espiritual.

“Tengo ganas de verla”, dice Xinã, con aprensión en la voz.

Mientras tanto, parece que Tani ha incorporado un jaguar, acogiendo su espíritu en su cuerpo. Tani conduce a Xinã hasta el borde del agujero, aspirando las yushin txaká, energías negativas, y escupiéndolas al suelo. Después de soplarse las manos, Tani coloca dos docenas de rumë, pequeños cristales que simbolizan serpientes, en la espalda, el pecho y la cabeza de Xinã, para eliminar los malos espíritus de su cuerpo.

Todos los demás permanecen sentados en silencio, inmersos en la ayahuasca y arrullados por las plegarias de los chamanes. Después, Érica pasa por el mismo proceso.

Estaba aprensivo, cámara en mano, con la esperanza de grabar a una anaconda de una forma sin precedentes. Pero mis esfuerzos fueron en vano. Durante las dos horas que pasamos cerca de la casa de vinö ronö, solo palomas y loros se acercaron al agujero para beber agua. “Puede que esté en el agujero, pero me enseñará por etapas, recibiendo mi presencia poco a poco, si realmente soy digno”, dice Xinã mientras caminamos de vuelta a la barca.

El primer sueño de la serpiente

Cae la noche al son de las cigarras, y un humo aromático envuelve la hamaca de Érica y Xinã. Los sueños se esperan con impaciencia.

Una poderosa energía se apodera de la pareja en su primera experiencia onírica desde su visita al nido de serpientes: relatan escenas de coches que explotan, de personas aprisionadas en fábricas de hierro y de fuego que consume el metal.

“A Vinö ronö le gustaban Érica y Xinã. Me lo dijo en sueños”, dice Pocha, que viene a nuestro refugio de paja al amanecer.

El día se iba a pasar descansando, para preparar el ritual de ayahuasca previsto para esa noche. Reconociendo la importancia de purificar mis energías antes de la consagración de Xinã, me abrí a la limpieza, que Pocha realizó con calma y eficacia mientras nuestros estómagos aún estaban vacíos.

Luego, para desayunar, nos sirven kaissuma, unas gachas de mandioca hervida. Lo preparan las mujeres del pueblo y lo empapan en su saliva. Esta será la base de la dieta de la pareja durante los próximos seis meses. 

Definidas por los chamanes, estas dietas duran hasta un año, con restricciones que van desde los dulces hasta la caza, además de no mantener relaciones sexuales ni fumar. Dicen que esta abstinencia fortalece el cuerpo, la mente y el espíritu, ayudando a que los sueños de Érica y Xinã no se vean interferidos.

“El silencio de la dieta aporta una claridad muy fuerte. Se trata de controlarse en todo, no solo en la dieta, sino también en las actitudes y las palabras”, dice Xinã.

Convertirse en chamán implica tres elementos: los sueños, la oralidad y las visiones oni. En los sueños se manifiesta el mundo de los espíritus, que revela las enfermedades y las plantas que las curan. La oralidad, como en muchas tradiciones indígenas, preserva y transmite el conocimiento. Es la vena palpitante de la cultura y la cosmología indígenas. La ayahuasca es la fuente de sabiduría de los yawanawá. A través de su consumo, lo divino les enseña sobre la vida, los animales y los humanos.

Los iniciados en el chamanismo aprenden sobre sus propios traumas y luego acceden a nuevos conocimientos. Los portales de este mundo enseñan que el tiempo no es lineal, promoviendo experiencias de regresión al pasado y premonición de acontecimientos futuros.

Atravesar el portal

El atardecer en la selva tropical ofrece una fantástica experiencia auditiva. Los pájaros regresan a sus hogares cantando en sinfonía. Las cigarras y otros insectos reverberan sonidos que se producen a decenas de metros de distancia.

Poco a poco, jóvenes de las aldeas vecinas, junto con los chamanes Tani y Pocha y sus familias, se instalan al pie de la ceiba donde nos hemos refugiado. Hay hamacas atadas a los árboles e instrumentos como una guitarra y un tambor djembê dispuestos junto a un altar improvisado. Sobre él hay una gran botella de oni y vasos adornados con serpientes de metal. Una lona cubre el suelo, rodeado de bancos hechos con trozos de un gran tronco.

En el centro del lienzo, Tani explica el motivo de nuestro encuentro en esta noche estrellada: el ritual marca una etapa importante en la formación espiritual de Xinã Yura, acompañado por Érica.

Tani y Pocha no tardan en entonar oraciones, como un dúo que invoca las fuerzas del bosque. Se forma una pequeña cola para los primeros tragos de oni, un líquido negro y denso con aroma a café. Poco a poco, los jóvenes se van calmando. Algunos se tumban, otros se apartan, mientras Xinã y Érica permanecen sentados. Hace frío; se distribuyen mantas.

A medianoche, se sirve la segunda dosis. La pareja dirige ahora las oraciones, y sus voces transmiten un impresionante poder espiritual.

Bajo los efectos de la ayahuasca, me doy cuenta de la conexión de la pareja con el mundo espiritual. El oni me produce una sensación maravillosa que marcará mi vida para siempre. Siento una intensa alegría, pero también lloro de tristeza, consciente de mi privilegio y de la realidad de que muchos nunca comprenderán la conexión ancestral de los pueblos amazónicos con la selva. 

Esta ignorancia seguirá acelerando su destrucción.

“La gente está conectada a la tecnología, no a la naturaleza”, dice Xinã, mientras amanece y algunas personas se despiertan. Con sus rituales completados, se levanta en este nuevo día habiendo dado pasos significativos para convertirse en un chamán yawanawá, pero es sólo el principio de su viaje: su propósito en la vida a partir de ahora será ampliar sus estudios sobre las medicinas indígenas.

Los chamanes siguen un viaje que profundiza continuamente en sus prácticas chamánicas. Es un compromiso de por vida que Xinã había adoptado años atrás. “Toda la cura para las enfermedades del mundo está aquí, en el bosque, y por eso nos preocupamos de mantenerlo vivo”, afirma.

El viaje de Xinã se ha entrelazado con el mío, ambos dedicados a preservar la selva. Llevo casi una década registrando los impactos de la colonización y ocupación de la Amazonía. Las experiencias chamánicas han reforzado mi compromiso y profundizado mi conexión con la naturaleza, que ahora llevo conmigo en mi olla de rome.

Producido por la editora multimedia Nanauí Amorós Silva y la editora de Brasil Flávia Milhorance.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

La Amazonia es el territorio que baña el río más largo y caudaloso del mundo, el Amazonas, que en sus 6.400 kilómetros de trayecto hasta el mar y transporta una quinta parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Se trata de un ecosistema selvático y virgen que alberga la mayor biodiversidad de la Tierra, además de algunas de las comunidades humanas menos contaminadas por la civilización.

Pero además de su valor genético y cultural, la Amazonia tiene un valor medioambiental incalculable como regulador de las lluvias en todo el mundo, y, por lo tanto, como estabilizador del cambio climático. La deforestación de sus bosques para convertirlos en campos de cultivo o pasto para ganado pone en serio peligro su función medioambiental.

Para llamar la atención sobre este hecho, el célebre fotógrafo brasileño Sebastião Salgado organizó la exposición Amazonia, que lleva a Barcelona desde este martes y hasta el próximo 20 de abril de 2025. En ella muestra las imágenes tanto de paisajes amazónicos como de algunas de las tribus que los habitan.

Una advertencia contra el libre comercio y el consumismo

Salgado, que achacó al consumismo los problemas de la Amazonia, aprovechó la presentación de la muestra para expresar su rechazo a un futuro acuerdo Mercosur de libre comercio entre Europa y Latinoamérica, que si bien de momento no está firmado, sí se debate actualmente en los parlamentos de países de ambos bloques.

Para Salgado, el acuerdo pondría en peligro la Amazonia, un territorio que “es más grande que toda Europa”. Advierte que, de firmarse el acuerdo, la selva amazónica “será deforestada y utilizada para crear ganaderías y cultivos” y asegura que “un 17% [de la citada selva] ya está deforestada”. A este respecto, según declaró hace unas semanas la periodista y escritora brasileña Eliane Brum, gran divulgadora de la riqueza cultural y biológica amazónica y activista contra la crisis climática, “los expertos avisan de que si llega al 20%, no habrá posibilidad de revertir el daño al ecosistema”.

“Si matamos la Amazonia, matamos la vida en el planeta y, por descontado, nuestra especie”, sentencia Salgado. El fotógrafo, con un énfasis dramático y severo, teme que los políticos terminen firmando el acuerdo porque “ello implicará que la demanda de productos hortícolas y ganaderos de Europa respecto de América latina se disparará”. “¿Saben de dónde saldrá el terreno para cultivar más tierras y criar más ganado para que ustedes tengan productos baratos?”, se pregunta Salgado para inmediatamente responder, mientras asevera enfáticamente con la cabeza: “Sin duda de la selva virgen, que desaparecerá”.

Más de 200 fotografías y música de Jean-Michel Jarre

La exposición Amazonia se aloja en el espacio expositivo de las Drassanes Reials de Barcelona y muestra de más de 200 fotografías, en gran formato y retroiluminadas, realizadas a lo largo de nueve años por Salgado. Amazonia se complementa con siete películas y una ambientación sonora especialmente compuesta para el proyecto por el músico francés Jean-Michel Jarre.

Jarre recurrió, para armar las composiciones, al archivo de sonidos de la selva amazónica que se encuentra en el Museo Etnográfico de Ginebra. En cuanto a las películas, consisten en siete videos donde se muestran imágenes de la vida de las comunidades indígenas amazónicas, a la vez que ofrecen las declaraciones de nueve líderes de estas tribus.

La comisaria de la muestra es Lélia Wanick, pareja del fotógrafo que desde los principios de su carrera se encargó de gestionar y exponer la obra de Salgado. Wanick explica que Amazonia pasó previamente por numerosas ciudades y que “la semana pasada se estrenó también en Singapur”. Antes viajó a Londres y pasó por Madrid, de donde procede el actual montaje de Barcelona.

Wanick también destaca que “se trata de una exposición con placas en relieve que permiten a los ciegos apreciar la información de las imágenes de Sebastião”. Adicionalmente, los visitantes pueden hacerse con unas lentes de realidad aumentada que les permiten sobreponer información complementaria a las imágenes que están observando, además de escuchar las explicaciones mediante audífonos.

Imágenes de gran formato

El formato de las imágenes, de dimensiones de varios metros de ancho, muestra el característico color blanco y negro fotográfico de las obras de Salgado, que le permiten resaltar formas, brillos y reflejos, siempre mostrando el contraste entre el agua y la densa vegetación circundante.

También recurre con frecuencia a la fotografía aérea, de la que explica que pudo realizarla gracias a los helicópteros del Ejército Brasileño. Así, colgado con cuerdas de la puerta abierta de estas naves, Salgado revela –y de este modo puede apreciarse en la exposición– que consiguió fotografiar espectaculares tormentas en la inacabable llanura selvática de la Amazonia. “Pero lo que más me enorgullece es haber traído a la muestra algo totalmente desconocido como son las montañas de la Amazonia, que constituyen las cotas más altas del territorio brasileño”, apostilla.

En diversas imágenes pueden observarse estos macizos rocosos y los espectaculares saltos de agua que parten de ellos. Respecto a la recurrencia del agua en sus imágenes, el artista, que a sus 80 conserva una excelente forma física y anímica, destaca que “las dos únicas formas de aproximarte a la Amazonia son a través del agua y por el cielo, porque la foresta es tan densa que es imposible penetrarla”.

Un país de agua

Pero el fotógrafo matiza que principalmente este territorio es un país de agua, un territorio surcado por ríos que deja innumerables islotes de selva donde habitan hasta 133 tribus étnicas que hablan otros tantos idiomas, por lo que lo define como una reserva de la diversidad tanto animal como humana. Concluye, así, que la principal manera de moverse en este vasto territorio es navegando sus ríos y afluentes.

Ilustra esta aseveración con una anécdota: “La primera vez que entré en la Amazonia lo hice a través de un barco que salió de Manaos; navegamos 21 días y entonces el capitán nos dijo que debíamos volver si no queríamos quedarnos sin gasolina”. Así lo hicieron en otros 21 días de regreso.

“En total estuvimos 42 jornadas viajando por la Amazonia, más de lo que te tomaría navegar desde Barcelona a Tokio y regresar”, enfatiza con su discurso elocuente y seductor. También pone en relieve la importancia del ecosistema fluvial amazónico desvelando que “mientras aquí una riada puede subir el nivel del agua hasta tres metros, allí puede alcanzar los 27 metros”.

Añade que una parte importante del bosque amazónico “permanece inundado casi seis meses”, pero incide además en la presencia de lo que denomina “un Amazonas aéreo”, en referencia al agua que se evapora de la selva y que forma enormes nubes cargadas de agua que entran en circulación planetaria, influyendo en el régimen de lluvias global. Asegura que “se estima que cada árbol de la selva puede evaporar hasta 1.200 litros de agua por día”.

Convivencia con las comunidades indígenas

Salgado también exhibe en Amazonia numerosas fotografías de la vida cotidiana de algunas tribus amazónicas, con sus integrantes en diversas actividades que comprenden la caza o la pesca. Son muchas de ellas imágenes de jóvenes muchachas y muchachos que miran la cámara entre la indiferencia y el desafío. Salgado explica que no fue nada sencillo llegar hasta estos poblados aislados en la impenetrable selva.

“En primer lugar tienes que solicitar visitarlas a la Funai, la Fundación Nacional de los Indígenas en Brasil, que es una fundación pública ligada al Ministerio del Interior y que ha conseguido que en torno de 25% del territorio de Amazonia sea selva indígena protegida por la Constitución”, explica.

A partir de ahí, un miembro de la Funai viajará hasta el territorio de la etnia en cuestión y preguntará si aceptan la visita de Salgado. “Pueden pasar una o dos semanas hasta que se reúnen y deciden democráticamente si me aceptan o no”, revela. Entonces comienza un viaje fluvial que puede durar semanas y durante el cual, el curso del río se va estrechando, de modo que si bien comienzan con buques fluviales, terminan con lanchas motoras.

“Una vez en la zona, hay que pasar una cuarentena fijada por la Funai para eliminar cualquier rastro de gérmenes que pudieran afectar a los indígenas, porque ellos no tienen anticuerpos contra nuestras enfermedades”, agrega Salgado, quien concluye que la aproximación siempre es compleja y escrupulosa. “Tengo que llevar traductor, tengo que llevar un antropólogo que trabaja con esta comunidad y que conoce sus costumbres y también a alguien de la Funai que supervise todo”, termina.

Hemos entrado a un territorio incierto y desconocido, el de los colapsos climáticos localizados, el de los eventos extremos, cada vez más frecuentes: inundaciones, olas de calor y de frío, vientos huracanados, tornados, sequías, incendios... Hoy es el turno de los incendios: se prende fuego la Amazonía, se prende fuego Córdoba, se prende fuego el Pantanal, el humedal más grande del mundo. El humo invade las ciudades de Asunción, llega hasta Buenos Aires. Incluso hay quienes dicen haber visto humo en las alturas de Machu Pichu.

En las últimas décadas, los incendios cambiaron de magnitud. Están por todos lados y ocupan cada vez más espacio en las noticias. Por su magnitud y escala, se trata de megaincendios. Resultaría contraproducente seguir entendiéndolos como “desastres naturales” sin problematizar la noción de “desastre natural”. Estos incendios son producto de la crisis climática que estamos atravesando como planeta, algo directamente asociado con la dinámica del capitalismo neoliberal, cuyo carácter concentrador y ecocida acelera aún más la espiral del colapso ambiental. Según National Geographic a estos megaincendios se los llama “incendios de sexta generación” ya que por su intensidad alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera y generan vientos que pueden ser muy difíciles de predecir, por lo que no es posible seguir el comportamiento del fuego. El fuego libera una gran cantidad de energía, dando lugar a que se forme una meteorología propia dentro del incendio. Los megaincendios devienen así muy destructivos e incontrolables.

Gran parte de los múltiples focos de incendios que hoy se esparcen son disparados por el cambio climático, con el aumento de las temperaturas, el estrés hídrico y la sequía. El peligro se multiplica en la temporada seca, como viene sucediendo en las últimas semanas en el valle de Calamuchita o en las Sierras Chicas, Córdoba. Hace unos días, el fuego llegó a la autopista que une Córdoba capital con Carlos Paz.

La sequía sacude también la gran región Amazónica. Y sucede, como escribe la periodista brasileña Eliane Brum, que esos ríos voladores de la Amazonía que en verano nos traen humedad, hoy, en la cada vez más extendida temporada seca, nos traen el calor y el humo. Así, con la emergencia climática, la temporada seca se amplía cada vez más y llega antes de lo previsto.

También sabemos, y nadie puede hacerse el distraído, que muchos incendios son intencionales, porque son enormes los intereses de quienes buscan arrasar los territorios, desmontando montes, bosques y humedales, y utilizar la tierra para actividades económicas, sin respetar los ciclos de la naturaleza. Esto sucede con la expansión de monocultivos como la soja, de la ganadería extensiva (la expansión de la industria cárnica es una suerte de tabú, que nadie quiere abordar, tanto o peor que la soja, por el aumento en las emisiones de CO2), y, por supuesto, el avance de emprendimientos inmobiliarios. Todas estas actividades requieren desmonte y cambios en el uso del suelo. Y generan otros impactos negativos, como la escasa absorción del suelo frente a lluvias torrenciales e inundaciones, entrampándonos cada vez más en un círculo perverso de eventos extremos, que se van potenciando entre sí, alimentados por un tipo de economía que no respeta las fronteras planetarias.

Todos recuerdan “el día del fuego” instaurado hace unos años por el expresidente J. Bolsonaro en Brasil, en el que los ganaderos y otros productores salen a hacer las quemas, práctica que está muy difundida tanto en Paraguay como en Argentina y Bolivia. En el vecino país andino, donde el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) benefició la expansión descontrolada de la soja como ninguna otra gestión, incluso en detrimento de territorios protegidos, hubo grandes incendios, como el de la Chiquitanía en 2019, cuando se quemaron más de 2 millones de hectáreas y casi seis millones de mamíferos perecieron. Sólo en lo que va de 2024, en Bolivia se quemaron ya el doble, unas cuatro millones de hectáreas, superficie equivalente a Suiza. Tal es la gravedad de los incendios que el gobierno boliviano, que recurrió a la ayuda de los países vecinos, acaba de prohibir la quema de pastizales por tiempo indeterminado. 

En Argentina, los incendios afectan todos los ecosistemas, todas las provincias. En 2022, Corrientes perdió casi 1 millón de hectáreas arrasadas por el fuego, el 12% de la superficie provincial. La sequía histórica y la crisis climática, asociada a la expansión de modelos concentradores de la tierra (como el monocultivo forestal) fueron la chispa del incendio que devoró una quinta parte de los Esteros de Iberá, el mayor humedal de la Argentina. ¿Cómo olvidar las imágenes de ese tremendo incendio, los cuerpos de animales carbonizados y aquellos yacarés que vimos en las fotos, buscando escapar del fuego, la muerte y el horror en los ojos?

Hablando de incendios, quisiera contar en esta columna que desde 2022, con escritoras y periodistas amigas, Claudia Aboaf, Soledad Barruti, Gabriela Cabezón Cámara, Dolores Reyes creamos la colectiva ecofeminista y socioambiental Mirá. Dicha grupalidad se formó al calor de la defensa de las costas bonaerenses y del mar argentino frente a la expansión petrolera offshore. Hoy, en 2024, nos une la urgencia de contribuir a la instalación del debate sobre la crisis climática (responsabilidad de los países más ricos), y su relación con el actual modelo neoextractivista en Argentina y América Latina, que impulsan los diferentes gobiernos, más allá del signo político, sean oficialistas u oposición.

La propuesta de Mirá Socioambiental es la de entrar en conversación con las voces de los territorios, y generar otros lenguajes de valoración, lenguajes eco-literarios; tratar de llegar ahí donde el periodismo ambiental y la investigación científica a veces no llegan, en relación con las problemáticas socioambientales. Por eso, acabamos de publicar el primer episodio de una serie, El territorio habla que tratará de los principales desafíos socioambientales de nuestro país. En el episodio 1, “Todas las Fuegas el fuego”, las integrantes de Mirá Socioambiental viajamos este verano de 2024 a Córdoba para hablar de los incendios y escuchar a las Fuegas, colectiva ecofeminista de brigadistas comunitarias, que entran y salen del fuego, creando al mismo tiempo comunidad. Con y junto a ellas nos preguntamos: ¿por qué se incendia América Latina? ¿Por qué se prende fuego Córdoba? ¿Qué hay detrás de la devastación de territorios, de la fauna, de la biodiversidad? ¿Qué formas toma la resistencia ante el avance del fuego y qué nuevos oficios se gestan ante la aceleración del cambio climático?

Difícil sería negar que la Argentina atraviesa uno de sus momentos más oscuros, de la mano de un gobierno de extrema derecha que además de favorecer a los sectores más ricos y concentrados, de arrasar con nuestros derechos, de buscar disciplinar a la sociedad y de desmantelar el Estado, es también negacionista desde el punto de vista climático (como lo son D. Trump y J. Bolsonaro). En esa línea no hay nada que esperar.

Este gobierno empeorará los impactos en términos de colapsos climáticos localizados. Mucho más ahora que se aprobó el RIGI (Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones), que construye un régimen de privilegio para las inversiones superiores a los US$200 millones. No cabe duda de que dichos emprendimientos significarán una mayor expansión de la soja, de la ganadería extensiva, del llamado “desarrollo inmobiliario”, y de todo tipo de extractivismo, transnacional y de capitales nacionales.

El presidente Javier Milei no cesa de hablar de los empresarios como “benefactores sociales”, muchos de los cuales son los máximos responsables de estos graves delitos ambientales, que tienen como consecuencia la destrucción de ecosistemas críticos, como montes, bosques y humedales.

Pero no es sólo el negacionismo terraplanista de este gobierno, que se regocija abiertamente en el ecocidio y cuyos seguidores y funcionarios pueden arrogarse el “derecho a contaminar”. Aunque no dudamos de que hay cada vez más argentines, sobre todo jóvenes, que son conscientes de los enormes riesgos ambientales que atravesamos, también existen sectores importantes de la sociedad que continúan abonando a una suerte de negacionismo climático implícito. Se preocupan hoy, cuando les arde la garganta por el humo de los incendios y se preguntan frunciendo la nariz de dónde viene, o se alarman cuando ven llegar el fuego, que amenaza incluso la vida protegida de los countries (como sucedió en la localidad de La Calera, vecina a Córdoba capital), y comprenden de golpe que, aunque “los sin muro” son más vulnerables, nadie está a salvo verdaderamente de estos desastres climáticos.

Pero al día siguiente, una vez más, cuando el último foco es apagado o el humo desaparece del horizonte, en vez de exigir urgentes políticas públicas y/o volcarse a la participación ciudadana, vuelven a actuar como si no pasara nada.

El deseo de retornar a la normalidad es humano, demasiado humano, y ciertamente atraviesa todas las clases sociales, pero también nos hunde más en el abismo de la negación. De nada sirve “volver a la normalidad” si esta ya no existe como tal. Sólo dilata nuestras respuestas, las pospone, las envía al inconsciente o las archiva en una zona de confort psicológica, hasta que el próximo evento extremo vuelva a trastocarlas y nos coloque de frente, una vez más, ante la insoslayable realidad urgente y oscura.

Como colectiva socioambiental, desde Mirá, como escritoras e investigadoras, también nos preguntamos: ¿qué estética y qué pedagogía tenemos que adoptar para conmover y generar un cambio cultural en la población respecto de los desafíos ambientales que enfrentamos?

Necesitamos interpelar a la sociedad, más que nunca, porque este cambio cultural que exige políticas públicas de regulación del capital, de protección de los bienes comunes y naturales, de adaptación a los riesgos climáticos y una amplia participación ciudadana, una política integral de cuidados no provendrá de un gobierno negacionista y liquidador de derechos, ni de los empresarios, hoy “benefactores sociales”. En eso, al menos, estamos todes de acuerdo. Necesitamos generar un cambio cultural, antes de que sea demasiado tarde. Y para ello, urge crear espacios luminosos en medio de la oscuridad.

ED 

Los incendios forestales en Sudamérica han alcanzado niveles críticos, afectando más de 4 millones de hectáreas en Brasil, Bolivia y Perú y llegando a Paraguay.

En Brasil, la sequía prolongada itensificó la actividad de los incendios, especialmente en el Pantanal y el Amazonas, donde se han consumido más de 10.000 hectáreas en menos de tres días. En Bolivia, se han declarado emergencias en varias regiones, con aproximadamente 1.250.000 hectáreas en llamas, mientras que en Perú, más de 4.000 incendios han dejado un saldo de un muerto y varios heridos.

Los gobiernos comenzaron a tomar medidas urgentes. Brasil envió una misión humanitaria compuesta por 37 bomberos militares y 25 efectivos del Cuerpo de Bomberos para combatir los incendios en la frontera con Bolivia. Asimismo, Bolivia actualizó sus sanciones para quienes provoquen incendios, implementando multas significativas.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas han criticado la respuesta gubernamental, argumentando que las medidas son insuficientes y piden un enfoque más integral que aborde las causas subyacentes de los incendios, como la deforestación y la agricultura insostenible. La situación continúa siendo crítica, y las previsiones no apuntan a una disminución inmediata en la actividad de incendios.

La situación es dramática

“Usamos ramas y hasta pateamos el fuego”, contó a La Razón Radio Ciriaco Rodríguez, el alcalde de la localidad de Riberalta, en el departamento boliviano del Beni, fronterizo con Brasil. Las autoridades carecen de equipos básicos para combatir las llamas. En ese panorama dramático, el presidente Luis Arce ordenó la contratación de aviones cisterna para que se sumen a la lucha contra los incendios en Bolivia.

Se estima que el fuego destruyó 3,8 millones de hectáreas de bosques y pastizales este año, aunque fundaciones privadas elevan la cifra a más de 4 millones. El gobierno declaró una “emergencia nacional”.

Qué está pasando con los incendios en Bolivia

Unos 3000 bomberos combaten las llamas en el Amazonas boliviano. Otros 60 llegaron desde el vecino Brasil. En los próximos días arribarán contingentes desde Chile, Venezuela y Francia. “Seguiremos trabajando para mitigar el impacto de los incendios, proteger nuestros ecosistemas y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas”, dijo Arce.

Los incendios afectan en especial el departamento de Santa Cruz, el más extenso y poblado del país. Una nube densa de humo cubrió este martes amplias áreas de Bolivia. Por ello, las clases se dictaron este martes en forma virtual en las regiones de Santa Cruz, Beni y Pando.

Los incendios comenzaron en mayo. Pero en las últimas semanas se descontrolaron, según advierten autoridades.

El alcalde de Riberalta dijo que su municipio carece de agua para combatir las llamas a causa de la sequía que afecta a la zona. “Necesitamos ayuda. El gobierno municipal solo tiene dos cisternas y eso no nos abastece para llevar agua. No tenemos recursos hídricos. No hay equipos. Usamos ramas y hasta pateamos el fuego”, precisó.

Los incendios también golpean Brasil

Pero los incendios también afectan a Brasil. Casi 5 millones de km2 se vieron afectados por el humo en Brasil, es decir, 60% del territorio, según estimaciones de Karla Longo, investigadora del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), a partir de datos por satélite.

Y “si tenemos en cuenta las zonas afectadas en los países vecinos y en el océano Atlántico, la superficie alcanzada el domingo es de 10 millones de km2″, precisó la investigadora en un correo enviado a la AFP.

Sao Paulo, la mayor ciudad de América Latina situada en el sureste de Brasil, figuró este lunes por momentos a la cabeza de la clasificación de las mayores metrópolis más contaminadas del mundo, según la empresa de vigilancia de calidad del aire IQAir, basada en Suiza. En tanto, la ciudad de Porto Velho, con casi medio millón de personas, amaneció este martes bajo una nube de humo.

Decenas de vuelos fueron cancelados en los últimos días por el humo en el área, informó EFE.

La Amazonía brasileña registra en lo que va de año más de 80.000 focos de incendios, el doble que el año pasado, ya considerado nefasto. Según el Gobierno, prácticamente todos fueron causados por el hombre.

Estos incendios, en su mayor parte de origen criminal y a menudo ligados a la actividad agrícola, se propagan más fácilmente debido a una sequía histórica que los expertos relacionan con el cambio climático.

Greenpeace denunció este martes que en Bolivia se quemaron casi 4 millones de hectáreas y Paraguay lleva ya 70.000 hectáreas consumidas por el fuego. Según advirtió, la sequía acelera la propagación de los incendios, amenazando estos biomas tan importantes, como el Amazonas y Gran Chaco, considerados los pulmones del planeta.

Porto Velho, la ciudad amazónica que no ve el sol

La ciudad brasileña de Porto Velho, con casi medio millón de personas, vive inmersa en una nube de humo causada por la ola de incendios que azota la Amazonía en la peor sequía de los últimos 75 años.

“El tiempo es bueno, pero hay un poco de humo”, avisa el piloto durante la aproximación. Es día de suerte, porque en el último mes decenas de vuelos han sido cancelados por culpa de la falta de visibilidad. Aún así, salir del aeropuerto es como entrar en una sala de fumadores: la garganta se seca, los ojos escuecen y una neblina blanquecina impide ver a lo lejos.

Según IQAir, una empresa que mide la calidad del aire, Porto Velho es en este momento la ciudad más contaminada de Brasil, con niveles que superan por mucho los de megalópolis como Nueva Delhi o São Paulo.

La concentración de partículas, que se infiltran fácilmente en el pulmón y en la sangre y pueden provocar enfermedades cardiovasculares y respiratorias, ha llegado este lunes a 194 microgramos por metro cúbico, 13 veces más que el nivel diario recomendado por la Organización Mundial de la Salud.

La ciudad es la capital de Rondonia, un estado fronterizo con Bolivia que antes estaba enteramente cubierto por selva y que ahora tiene buena parte de su territorio ocupado por soja o ganado. “Azul, nuestro cielo siempre azul, que Dios lo mantenga sin rival”, proclaman las letras de un himno regional en necesidad de actualización.

Jorge Suárez, un empleado municipal de 50 años que arregla la calzada de las calles, dice que no recuerda la última vez que vio el famoso cielo azul del himno. Tal vez dos meses ¿O más? “Es la peor sequía que he visto”, asegura, antes de exponer sus teorías sobre el origen de los incendios: un trozo de vidrio o una lata de cerveza sobre los que ha rebotado un rayo de sol.

La Amazonía brasileña ha registrado en lo que va de año más de 80.000 focos de incendios, el doble que el año pasado, ya considerado nefasto. Según el Gobierno, prácticamente todos han sido causados por el hombre, no por un trozo de vidrio.

El río Madeira bate un mínimo histórico

En la orilla de Porto Velho frente al río Madeira, uno de los principales afluentes del Amazonas, Gracemery Martins combate con la manguera de su jardín un pequeño incendio que está creciendo rápidamente delante de su casa.

“Irresponsables, qué desgracia, a quién se le ocurre”, barrunta, indignada y sudada, esta profesora de 67 años que ya impartió cursos de Ecología y Medio Ambiente a sus alumnos. Parece que el vecino se ha saltado la prohibición de hacer fuego impuesta por el Gobierno regional y ha querido quemar la basura en el patio trasero. Con la vegetación seca por la falta de lluvias, se ha salido de control.

Martins ha llamado a los bomberos, pero estos le han dicho que estaban demasiado rebasados como para ocuparse de un incendio menor.

Hace 30 años, se mudó a esta zona de la ciudad por las bonitas vistas sobre el río y por la puesta de sol. Pero el Madeira está en el nivel más bajo de su historia y apenas se ve por la neblina.

Al atardecer, el sol se vuelve tan rojo como el fuego. Ella, que está casada con un poeta, dice que el astro está pidiendo “socorro de la insensatez humana”.

“Si destruyes el medio ambiente te estás destruyendo a ti mismo. La mentalidad humana no aprende, pero solo nos queda seguir luchando…”, asegura, manguera en mano.

NB con información de agencias.

El río Madeira, uno de los principales cursos de agua de la selva amazónica, se encontraba en el nivel más bajo desde 1967 y provocaba racionamiento en ciudades de Brasil, sobre todo en Porto Velho, capital del estado de Rondonia (norte), que declaró la emergencia climática.

El Servicio Geológico de Brasil informó que el Madeira registraba el nivel más bajo para esta época del año, 2,07 metros en Porto Velho, lo cual impedía la actividad económica, afectaba la alimentación de poblaciones originarias y el abastecimiento, en tanto que generaba trastornos en la distribución de agua potable.

El factor principal es la falta de lluvias tanto en Brasil como en la vecina Bolivia, explicó el ingeniero hidrólogo del Servicio Geológico de Brasil, Marcus Suassuna, quien explicó que el río Madeira estaba el martes más de tres metros por debajo del promedio para esta época.

“La falta de lluvia está por debajo del promedio para la época. Existe una anomalía de lluvia significativa en toda la cuenca del Río Amazonas”, apuntó el especialista, quien también apuntó como una de las causas la sequía sufrida el año pasado en la misma región, de la cual no se ha podido recuperar el ideal de volumen de agua.

La alcaldía de la ciudad de Porto Velho pidió este martes a la población evitar desperdicios de agua potable.

Por la bajante, también se orientó a las personas a evitar entrar al río porque con las modificaciones del terreno es probable que aparezcan serpientes y caimanes.

La Agencia Nacional de Aguas (ANA), del Gobierno federal, declaró situación de escasez en la región del río Madeira.

Otras 17 ciudades de los estados de Acre y Rondonia se encontraban en situación de emergencia por sequía, según el Ministerio de Integración y Desarrollo Regional.

Con información de Xinhua/NA.

IG

La explotación del caucho, siringa o goma elástica conoció su clímax entre los finales del siglo XIX y los inicios del XX y es un hito indispensable para el conocimiento del pasado y el presente amazónicos. La industria cauchera perdió su esplendor, pero no todas sus vidas, con la difusión masiva del plástico. Pervive en el actual paisaje de Amazonia, creado a su medida. El caucho es mucho más que un capítulo capital de la historia económica local y que un asunto soterrado en el desarrollo del extractivismo regional y en el desenvolvimiento de la historia subcontinental. Constituye el hecho crucial que reconfigura para siempre el entero espacio de la Amazonía al abrir la selva al capitalismo y los mercados internacionales.

Como en Brasil, Colombia, Ecuador o Perú, también en Bolivia la industria cauchera crece rápidamente. La explotación se expande en el norte boliviano. El territorio del Acre, extremo sudoccidental de la Amazonia sudamericana, había sido pensado hasta entonces como un “desierto verde” inhóspito, estéril, sin más habitante que indígenas y fieras salvajes, insectos y malaria.

La explotación del caucho violenta la ecología amazónica. Abre la selva al resto de Bolivia, de América, y del mundo. Se fundan ciudades, se trazan y vuelven a trazar límites internacionales súbitamente litigiosos entre naciones vecinas repentinamente belicosas, se exploran zonas desconocidas que serán cada día mejor conocidas, y hasta el último rincón de la selva gana su lugar, su nombre, su latitud y longitud en la cartografía. Entran en escena los barcos de vapor, los ejércitos, los ferrocarriles, las aduanas. Se inauguran empresas y comercios con casas matrices en Londres, Belén do Pará o Manaos.

La investigación del CONICET recalibró la leyenda gomera y revalorizó la agencia y la memoria de las mujeres protagonistas del boom cauchero en la Amazonia. Rescata las voces de las trabajadoras indígenas que picaban la goma, cocinaban, lavaban la ropa, mantenían las plantaciones o las barracas. De las amantes, concubinas, y madres. Recopila el testimonio de mujeres criollas, y europeas involucradas en el boom gomero. Todas parejamente olvidadas o ignoradas por el sesgo sexista de las historias y memorias nacionales y extranjeras de la región sudamericana.

Llegan oleadas de migrantes internos bolivianos, y también extranjeros, seducidos por una riqueza fabulosa que promete cambiar sus vidas. Comienzan a circular las historias fantásticas de fortunas hechas de la noche a la mañana, de teatros de ópera erigidos en medio de la jungla, de prostitutas emancipadas que se hacen pagar su trabajo en libras esterlinas, de ríos de champagne francés en medio de la Amazonia. El cuadro pintoresco así construido es el que puede apreciarse en los excesos y las ambiciones de los personajes de Fitzcarraldo (1982), film de Werner Herzog interpretado por Klaus Kinski. En el norte boliviano rememoran hoy con vívida nostalgia aquel período legendario que funciona como mito fundacional de la colonización amazónica.

Sin embargo, al releer las crónicas de aquella añoranza la documentación histórica revela sus propios sesgos. Nos presenta un paisaje selvático y una imagen de la industria hiper-masculinizados. Rodeado por las banderas del orden, del progreso o del nacionalismo, el pionero ocupa el lugar central, donde lo ha colocado y consagrado el imaginario de la época: la figura de un varón, que vence en solitario los peligros de un paisaje hostil, exótico e ignorado. Según este discurso canónico, la mujer -indígena, criolla y aun blanca y europea— es un actor menor, secundario, transparente: en suma, invisible. Cuando no es eludida, apenas aparece referida de modo lateral, disimulado o indirecto. El mundo cauchero de la historia y memoria oficiales y oficiosas es un mundo de hombres.

Premiada por su investigación por la Unión Europea, que con la beca Marie Curie le permitió completarla en la Universidad Ca’ Foscari de Venecia, la antropóloga argentina Lorena Córdoba puso en marcha y llevó a término un trabajo colectivo de visibilización del trabajo invisibilizado de las mujeres trabajadoras y protagonistas del boom cauchero. En el libro La reina del Orthon: Crónicas femeninas del auge gomero se resume el proceso y se reúnen los resultados de esta labor reconstructora y repositora de la memoria y la identidad.

La investigación del CONICET recalibró la leyenda gomera y revalorizó la agencia y la memoria de las mujeres protagonistas del boom cauchero en la Amazonia. Rescata las voces de las trabajadoras indígenas que picaban la goma, cocinaban, lavaban la ropa, mantenían las plantaciones o las barracas. De las amantes, concubinas, madres o ‘esposas de monte’. Recopila el testimonio de aquellas otras mujeres criollas, y europeas, involucradas en el boom gomero y que fueron igualmente ignoradas por el sesgo sexista de las historias y memorias nacionales y extranjeras de la región sudamericana.

Después de contextualizar las diversas modalidades de participación de las mujeres en la historia y desarrollo económico de la explotación del caucho, la investigación del CONICET ha sabido reconstruir y narrar con detalle una historia de vida. Concluyó una recopilación y edición crítica de las cartas de la británica Elisabeth Hessel: el testimonio escrito a mano por una mujer que relata de primera mano la experiencia cotidiana en una barraca cauchera de Bolivia.

Una historia de vida única de una mujer única en el clímax del boom cauchero

Casada con Fred Hessel, que había sido contratado por el cauchero Antonio Vaca Diez, ‘el Livingstone boliviano’, Elizabeth ‘Lizzie’ Mathys llega a los 22 años a la Amazonía boliviana tras viajar por tierra desde París hasta Burdeos, y en barco desde este puerto en el Atlántico norte. Catorce meses en viaje hasta establecerse finalmente en la barraca de la firma en el río Orthon. Antes, hace escala en Lisboa, en la isla de Madeira, en el puerto brasileño de Belem do Pará, ya atravesado el Atlántico. Y también antes de llegar a su destino amazónico final, pasa por  Mishagua, donde presencia cómo mueren, ahogados, el boliviano Vaca Diez y su socio peruano el mítico Fitzcarraldo.  

Durante los años siguientes, Lizzie envía desde la empresa cauchera en el norte boliviano decenas de cartas a su familia en Londres. En ese epistolario abunda el calor, abundan los insectos y la malaria, no faltan, siquiera, las mascotas exóticas, las reuniones sociales, y las revistas de moda que hace traer de Europa.

Más allá de los ritos domésticos, Lizzie narra la operación cotidiana de hombres y mujeres en la industria del caucho. Registra con claridad y sin inexactitud la peculiar forma de hacer negocios en una frontera regida por la voluntad privada de los empresarios caucheros o, cuando ésta no basta, por la “ley del 44”, así llamada por el calibre del fusil Winchester. Relata que su empresa consigue hacerse de una aledaña plantación de goma emborrachando primero y manteniendo secuestrando después al dueño, quien finalmente entiende, accede y firma la venta de sus tierras.

Las cartas de Elizabeth ‘Lizzie’ Mathys, el mayor testimonio y la mejor fuente

Las cartas de Lizzie componen un testimonio de primer orden a la hora de reconstruir la vida diaria de los y las indígenas en las barracas gomeras, el trato que reciben, y los castigos que les infligen. Describe la captura  -no pocas veces muy violenta- de hombres, mujeres y niños que emplearán como mano de obra, venderán a otros caucheros, o destinarán al servicio doméstico.

A veces, la violencia era ejercida por mujeres. Lizzie reporta el caso de la esposa de Fitzcarraldo: “Tres de los esclavos de esta casa, dos niñas y un niño, escaparon hace poco, pero los cazaron y los trajeron de vuelta. Los encadenaron esa noche y al día siguiente los golpearon hasta que quedaron tan agotados que no lloraron más, con la señora Fitzcarrald mirando todo el tiempo. Es una bestia: estaba tan enferma que tuve que salir de la casa. Ahora los encadena todas las noches a su cama. Ella misma golpea a todos sus sirvientes aproximadamente una vez a la semana”.

Poco antes de la navidad de 1899, Lizzie enferma y muere en una epidemia de fiebre amarilla. Esta dama inglesa victoriana en sus últimas cartas se describía a sí misma como boliviana y “reina del Orthon”. La de esta mujer es una mirada descarnada y única, casi etnográfica y científica, a la hora de recomponer el cuadro de la realidad cotidiana en los centros gomeros. Su mirada pone sobre la mesa muchos de los prejuicios implícitos en la retórica del orden y el progreso, en el discurso colonial, en la ideología de clase, en la moral victoriana, en el sexismo, la violencia y hasta el racismo implícitos en un extractivismo rapaz.

Más allá de sus sesgos, de sus límites, de sus claroscuros, fue este testimonio de una mujer el que ayudó, como ningún otro, a la investigación del CONICET para recalibrar la leyenda extractiva. Porque cuestionó una historia escrita en clave exclusivamente masculina y ayudó a dar voz a todas aquellas mujeres que también protagonizaron los avatares —a veces heroicos y a veces macabros— del boom del caucho que cambió para siempre la imagen y la realidad de la Amazonia. 

AGB

En la ciudad brasileña de Belém se están llevando a cabo los preparativos para acoger la COP30, la conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, una reunión crucial para el futuro del planeta y de una magnitud sin precedentes para este rincón del norte de la selva amazónica que se llevará a cabo en noviembre de 2025. Mientras los ojos del mundo se vuelven hacia esta ciudad, la atención se centra en su capacidad para recibir a tantas personas y en los desafíos estructurales a los que se enfrentan sus residentes.

El llamamiento para que la Amazonía fuera la sede del evento fue liderado por el entonces presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, durante su visita a la COP27 en Egipto en noviembre de 2022. “Creo que es muy importante que las personas que defienden la Amazonía y al clima conozcan de cerca esa región”, dijo Lula en la conferencia. La candidatura oficial de Belém se lanzó tras su toma de posesión en enero de 2023 y fue aceptada por la ONU a finales de año.

La elección de la ciudad apodada “la puerta de la Amazonía” como sede de la COP30 es un reconocimiento al papel central que la selva tropical desempeña en la geopolítica y la economía del planeta, según los expertos. “Es el momento de fomentar el protagonismo que solo nosotros, en la región, podemos tener”, afirma João Cláudio Tupinambá, profesor de la Universidad de la Amazonía en Belém, y quien representa a la institución en los preparativos de la COP30.

Sin embargo, la ciudad, capital del estado de Pará, en el norte del país, sigue luchando por garantizar un medioambiente sano y servicios básicos a muchos de sus 1,3 millones de habitantes, un panorama similar al de muchos municipios de la región amazónica de Brasil. En medio de la mayor cuenca fluvial del mundo, tanto en volumen como en superficie, el 23% de los habitantes de Belém carece de acceso al suministro de agua potable de la ciudad, mientras que el 83% no está conectado al sistema de alcantarillado.

“Por aquí se oyen muchas promesas, pero cuando se trata de obras concretas, la realidad es otra”, afirma Renata Corrêa, vecina de Belém que se gana la vida vendiendo tapioca.

Corrêa destaca los vertederos al aire libre, un centro histórico en ruinas y una capacidad hotelera limitada como retos importantes de cara a la COP30, a la que se espera que asistan más de 40.000 participantes. Tanto por tierra como por mar, conectando con las islas de la bahía de Guajará sobre las que se asienta la ciudad, el transporte público es precario, hasta a veces inexistente en las zonas más remotas. Aunque el parque automovilístico de Belém crececada año ―a un ritmo superior al de la población―, sus carreteras siguen siendo estrechas y llenas de baches, lo que a menudo provoca un tráfico caótico. 

Con menos de dos años por delante y muchos desafíos que afrontar, los habitantes de Belém afirmaron que el camino hacia la COP30 puede ser accidentado, aunque algunos mantienen la esperanza de un futuro y un legado mejores tras el evento.

Obras prometidas

Desde la confirmación de Belém como sede de la COP30, se han anunciado al menos cuatro grandes proyectos relacionados con el evento, que financiarán los gobiernos regional y nacional, así como el sector privado. Entre ellos figura la renovación de uno de los hitos de la ciudad, el mercado de Ver-o-Peso, el mayor mercado al aire libre de América Latina, que alberga la mayor cantidad de pescado, carne y açaí de la ciudad.

Fundado como puesto aduanero tras la llegada de los colonos europeos a Belém hace más de cuatro siglos, el complejo de 25.000 metros recibirá inversiones por el valor de 63 millones de reales (12,6 millones de dólares) del Instituto Nacional del Patrimonio Histórico y Artístico de Brasil. Sin embargo, persiste el escepticismo entre los comerciantes del mercado, que llevan más de 20 años sin ver obras de envergadura en el lugar.

Maria Cristina dos Anjos do Carmo, de 63 años, lleva más de 42 vendiendo en el mercado hierbas medicinales originarias de la Amazonía. Aprendió a hacer banho de cheiro ― “baños aromáticos” de hierbas y plantas mezcladas muy populares en los rituales locales― en su casa de Marajó, una gran isla y zona protegida situada frente a la bahía de Guajará, en Belém.

“Ver-o-Peso me ha dado todo lo que tengo hoy: aquí es donde me gano la vida, fue con el dinero de mi trabajo aquí con el que pude comprar mi casa, y quiero que más gente en el mundo conozca nuestras hierbas”, dice Carmo desde su puesto. “Pero nuestro espacio está completamente abandonado”.

En Ver-o-Peso, a finales de febrero, nuestros periodistas vieron los armazones de los puestos corroídos por la intemperie, lonas rasgadas con reparaciones improvisadas y unos pocos trabajadores públicos limpiando las calles históricas, llenas de basura y maleza que asomaba entre los adoquines.

En cambio, João Alexandre Trindade da Silva, de 61 años, que también vende hierbas medicinales, espera reforzar sus ventas y cree que los comerciantes del mercado tienen la oportunidad de mejorar sus conocimientos a medida que se acerca la cumbre: “Aún no sé cómo se hará, pero imagino, en el futuro, un Ver-o-Peso en el que todos hablaremos inglés y haremos buenos negocios”.

No tiene sentido dar un lavado de cara a la ciudad solo para la COP. O se hace un buen trabajo o no se hace

Fernando Souza — Presidente del sindicato local de pescaderos

Fernando Souza, de 54 años, compra y revende los mariscos que los pescaderos del mercado adquieren en los alrededores de Belém, y es presidente del sindicato local de pescaderos. “Es un buen lugar para trabajar, pero necesita que los organismos competentes se ocupen mejor de él, ya que somos la mayor atracción de una postal de Belém”, afirma.

Souza teme que no haya tiempo suficiente para realizar proyectos de calidad que sirvan tanto para la COP30 como para la población: “No tiene sentido dar un lavado de cara a la ciudad solo para la COP. O se hace un buen trabajo o no se hace”. 

Otro proyecto previsto es la transformación de un aeropuerto en desuso en un complejo de 50 hectáreas con centros culturales, teatros, salas de exposiciones, patios de comidas y mercados. Este proyecto y la ampliación de Porto Futuro, un complejo portuario a orillas de la bahía de Guajará, van a ser financiados por Vale, la multinacional minera responsable de los derrumbes de las presas de Mariana y Brumadinho, en el estado de Minas Gerais, uno de los peores desastres medioambientales de la historia de Brasil, con graves daños y casi 300 muertos. La empresa también ha sido acusada por pueblos indígenas, como los awá guajá, de violar sus derechos territoriales.

Más allá de las infraestructuras

João Cláudio Tupinambá afirma que la ciudad debe considerar algo más que un legado de nuevas infraestructuras a la hora de analizar las oportunidades que ofrece acoger la COP30. “No debemos limitar la COP a un mero evento o a negociaciones superficiales sobre inversiones”, afirma. “Esto es demasiado poco ante la oportunidad y lo que tenemos entre manos: la selva amazónica, la inteligencia existente en la región y el conocimiento que ya hemos producido aquí”. Tupinambá cree que es una oportunidad para poner de relieve el potencial de la Amazonía, y afirma que es esencial que los representantes locales consigan acuerdos para el evento y el futuro de la región que garanticen que los beneficios se queden allí: “No hay precedentes de que los actores económicos locales hayan participado en las decisiones estratégicas sobre el modelo de desarrollo de la Amazonía”.

La elección de Belém como sede brasileña de la COP30 se produce tras una fuerte campaña del gobernador del estado de Pará, Helder Barbalho, que en los últimos años ha intentado vender un paquete de soluciones ecológicas al mercado internacional. Ha anunciado planes centrados en impulsar la financiación climática, promover la bioeconomía y emprender acciones para reducir la deforestación; desde 2006, Pará ha sufrido más deforestación que cualquier otro estado de la Amazonía brasileña.

En agosto de 2023, la capital de Pará acogió otro gran acontecimiento: la Cumbre Amazónica, que reunió a líderes de los países sudamericanos que comparten la selva tropical, con el objetivo de impulsar la cooperación para su protección. El encuentro terminó con la frustración de los observadores ante la falta de objetivos concretos para frenar la deforestación del bioma. Se calcula que en 2021 se habrá perdido el 17% de su cubierta forestal original, lo que se acerca cada vez más a un “punto de inflexión” irreversible que podría conducir a la muerte progresiva de la selva y tener importantes consecuencias para el clima y la biodiversidad mundiales.

Comunidades ribereñas

Ilha do Combu es una de las 39 islas que rodean Belém, en la bahía de Guajará, y es una zona protegida desde el punto de vista medioambiental. Hay pocos registros oficiales, pero se cree que fue fundada en el siglo XIX por poblaciones indígenas y negras que huyeron a las islas para evitar los impactos de la urbanización de la ciudad. En la actualidad, sus habitantes viven de la pesca y la silvicultura, sobre todo de la recolección de palmeras de açaí, que se encuentran por toda la isla.

Edienif Eva Costa, de 21 años, nació en la isla y es hija de ribeirinhos, nombre que reciben las comunidades ribereñas tradicionales. Su familia se gana la vida pescando y cultivando açaí para alimentarse. Para ayudar con los ingresos familiares, también trabaja en un restaurante local. Ni siquiera había oído hablar de la COP30: “Me entero de este evento ahora, porque estás hablando de él”.

Se carece de cifras oficiales sobre la población de las islas, pero según el ayuntamiento, unas 2.500 personas viajan en ferry desde la isla a Belém de lunes a viernes, mientras que 15.000 lo hacen los fines de semana. Ilha do Combu se ha hecho un nombre como lugar de ecoturismo, en gran parte gracias a su entorno de selva amazónica aún preservada, aunque sus habitantes también deben hacer frente a la contaminación del agua y a un servicio de recolección de residuos insuficiente. 

En un restaurante a orillas del agua, la camarera Suelane Costa, de 28 años, expresa sus dudas sobre la capacidad de la ciudad para acoger la COP30: “No dejo de imaginarme un acontecimiento de esta envergadura en Belém. Nuestra ciudad es hermosa, pero basta con mirar a nuestro alrededor para ver que está completamente en ruinas”. 

Mário Carvalho, de 44 años, es el gerente de un negocio que goza de buena reputación entre los turistas de la isla: Casa do Chocolate Filha do Combu, que produce cacao orgánico amazónico para su chocolate. Dice que la empresa ya ha empezado a invertir para prepararse para el aumento de visitantes de la COP30, con la construcción de una cafetería, un aumento de la producción de chocolate y mejoras en el camino que lleva a su plantación de cacao.

Carvalho viaja regularmente de Belém a la isla. Por eso, dice, además del turismo, le gustaría que se resolvieran antiguas reivindicaciones, como la mejora de la calidad del transporte por ferry y del suministro de agua potable. Pero, advierte, “la COP30 no cambiará nuestra realidad cotidiana, porque cuando piensan en nosotros, nos miran a través de los ojos del turismo”.

De aquí a noviembre de 2025, Belém se enfrenta a una serie de retos, no solo para garantizar su éxito a la hora de recibir al mundo, sino, sobre todo, para crear oportunidades sostenibles y duraderas para sus habitantes, afirma Carvalho: “La COP30 es una oportunidad única, pero los resultados solo serán positivos para quienes viven y defienden la Amazonía si los recursos se aprovechan realmente bien”.

Este artículo fue publicado originalmente en Dialogue Earth https://dialogue.earth/es/

La deforestación ilegal en la Amazonía brasileña cayó un 63 % en el primer bimestre de este año respecto al mismo período de 2023, según un informe publicado este lunes por una organización no gubernamental.

El estudio elaborado por el Instituto del Hombre y del Medio Ambiente de la Amazonía (Imazon) señala que, entre enero y febrero pasados, fue talada un área equivalente a 196 kilómetros cuadrados.

En el primer bimestre de 2023, la superficie destruida había sido de 523 kilómetros cuadrados en los nueve estados amazónicos del país, que concentran cerca del 70 % del mayor pulmón vegetal del planeta.

Según Imazon, que desde 2008 mide la deforestación con ayuda de imágenes de satélite, se trata de los menores índices de tala ilegal registrados en la Amazonía brasileña desde 2018.

Sin embargo, la organización no gubernamental agregó que el dato es muy superior a las tasas de tala ilegal en los primeros dos meses de 2016 y 2017, cuando, respectivamente, habían sido destruidos 52 y 69 kilómetros cuadrados.

La investigadora Larissa Amorim, una de las responsables del estudio, alertó de que, si bien los índices han mejorado, aún son elevados y representan un “gran desafío” para el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que se ha trazado la meta de llegar a una tasa de deforestación ilegal “cero” para el año 2030.

Para alcanzar ese objetivo, según Amorim, “una de las prioridades del Gobierno debe ser agilizar el proceso de demarcación de tierras indígenas” y crear nuevas reservas medioambientales, pues “son esos territorios los que históricamente presentan los menores índices de deforestación”.

Aún así, Imazon reconoció los esfuerzos del presidente Lula para recuperar los mecanismos de fiscalización medioambiental desde que asumió el poder, el 1 de enero de 2023.

La estructura de vigilancia de la Amazonía y las demarcaciones de tierras indígenas han sido retomadas gradualmente desde entonces, tras haber sido abandonadas entre 2019 y 2022, durante el Gobierno que presidió el ultraderechista Jair Bolsonaro. 

NB con información de agencia EFE

Hay cifras que, por muy graves que sean, no son suficientes para retratar en toda su dimensión las consecuencias que tiene la violencia. Entre 2012 y 2022, por ejemplo, 1.910 personas defensoras de ambiente y territorio fueron asesinadas en todo el mundo, de acuerdo con la organización no gubernamental Global Witness. Entre los países en donde más se han registrado este tipo de homicidios está Colombia. Al menos desde hace un lustro, esa nación está entre las cinco más peligrosas para quienes defienden los ríos, las montañas, los bosques y aquello que da sentido a un territorio natural.

La magnitud de esas cifras no reflejan lo que viven día a día las personas defensoras del ambiente y el territorio. Hay datos que diluyen lo que representa ser mujer y crecer en una región en donde la vida se moldea con el sonido de los ríos y de la selva. A veces, los números tampoco ayudan a dimensionar los desafíos que enfrentan quienes deciden dedicar parte de su cotidianidad a defender aquello que forjó su propia personalidad.

¿Qué es lo que lleva a una mujer a ser defensora del ambiente? ¿Qué actividades amenazan la vida en sus territorios? ¿Con qué obstáculos debe lidiar? ¿Qué violencias ha recibido y cómo las ha enfrentado? ¿Cómo afecta eso su vida familiar y comunitaria?

Mongabay Latam buscó responder estas preguntas al documentar la vida y la labor que han realizado cuatro defensoras del ambiente y el territorio. Las cuatro tienen algo en común: crecieron en la Amazonía colombiana, un territorio lleno de vida que se ha ido transformando conforme avanzan actividades como la minería, la deforestación o los cultivos ilícitos.

Entre la tragedia y el exilio

La placenta de la indígena Inga Soraida Chindoy Buesaquillo fue sembrada en las montañas del Putumayo, en la andinoamazonía colombiana. En su casa, le enseñaron a sembrar, a pescar, a recolectar y, sobre todo, a cuidar ese territorio en donde la selva amazónica se une con las elevaciones de los Andes.

Una tragedia fue lo que llevó a Soraida Chondoy a tener un papel activo como defensora de ambiente y territorio. A finales de marzo de 2017, ella y su familia miraron desde el segundo piso de su casa cómo una avalancha de lodo acababa con su comunidad y arrastraba a sus vecinos. La tragedia de Mocoa, como ahora se conoce a este evento, provocó la muerte de 336 personas y a cerca de 22.000 personas damnificadas, entre ellas a la familia de Chondoy.

Hoy la defensora lucha por evitar que la minería de cobre profane las montañas que para los Ingas son sagradas y aumente la deforestación que altera todos los ciclos del agua. “A mí me reconocen fácilmente y cuando estoy en los semáforos, ya sea en moto o a pie, a veces paran a decirme que deje de pelear por lo que peleo, que los deje trabajar. Seguramente porque tienen algún empleo con la minera”, cuenta Soraida Chondoy.

Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos.

Maydany Salcedo.

Mientras tanto, en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia, María Alis Ramírez se opuso a la minería, a la tala indiscriminada y a las consecuencias sociales y ambientales de la exploración petrolera. Por su defensa al territorio y al medio ambiente recibió amenazas de muerte y tuvo que abandonar su finca y el país. Desde 2019 se encuentra con el estatus de refugiada en Nueva Zelanda, un territorio muy diferente a la selva amazónica y al río Zavaleta que acompañaron su infancia.

“La amenaza de 2018, por la que tuve que salir del país, es bien confusa porque ya antes había recibido varias y tal vez ni yo misma sepa bien cómo ubicarla, no puedo decir con certeza quién está detrás porque son tantos los actores que violentan el territorio y a todos yo me he opuesto… desde las compañías que trabajan en el desarrollo de la minería legal hasta las minas ilegales, pasando por las grandes multinacionales que buscan petróleo y hasta por grupos armados como las disidencias de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). La verdad es que al protestar por el daño a nuestro entorno nos ganamos muchos enemigos. Eso es muy triste, muy duro”, relata desde la lejanía Alis Ramírez.

Yo sé que últimamente a los líderes que estamos en esta defensa nos han venido matando, pero si nos quedamos en la casa también nos matan, entonces prefiero que nos maten levantando la voz.

Soraida Chindoy.

En búsqueda de soluciones

En el municipio de Piamonte, en Cauca, Maydany Salcedo se ha opuesto al avance de la frontera agrícola en la Amazonía, a los cultivos de uso ilícito, a la contaminación petrolera, a la deforestación y a todo aquello que signifique un riesgo para el ambiente y el territorio.

En junio de 2013, Salcedo fundó la Asociación Municipal de Trabajadoras y Trabajadores Campesinos de Piamonte (Asimtracampic), con el objetivo de que en la región no se siembre más coca y no avance la deforestación. Eso desató que recibiera diversas amenazas. En agosto del 2023, un hombre le dijo: “Se lo advertimos, prepárese para llorar”.

Maydany Salcedo sigue firme en conseguir un anhelo que tiene desde hace años: crear corredores biológicos para las especies que habitan en Piamonte, entre ellas el mico bonito (Plecturocebus caquetensis), uno de los primates más amenazados en el mundo y que sólo se puede encontrar en los departamentos de Cauca y Caquetá. “Aún tengo mucho trabajo pendiente. Quiero dejar una Colombia diferente a mis nietos”, dice la defensora cuando habla de su labor.

Etelvina Ramos llegó a Puerto Caicedo, en el Putumayo, cuando era niña, a finales de la década de 1970. Su historia resume la guerra en la Amazonía colombiana: creció entre plantaciones de coca, presenció varias masacres, fue desplazada por la violencia y desde hace ya unos años, lucha para que se destruyan los cultivos ilícitos.

Cuando era niña, Etelvina Ramos tenía una pesadilla: una boa la engullía, le rompía sus frágiles huesos y dejaba su cadáver a la merced de otras bestias. Casi medio siglo después, ya no es una serpiente la protagonista de sus noches en vela, sino el gatillo de un arma de aquellos que quieren verla muerta.

“Ya no le temo a la naturaleza, esa se puede conocer, en cambio el hombre es cosa brava. Mis hijos aprendieron a verme amenazada, pero yo no quiero dejarlos solitos aunque ya estén grandes, eso sí me aterra”, dice la defensora que hoy busca crear una Reserva Campesina en Curillo, una figura que permite la gestión comunitaria del territorio y que, entre otras cosas, busca crear las condiciones para el desarrollo sostenible de la economía campesina.

La vida, las amenazas y los anhelos de las defensoras reflejan la compleja situación que se vive en los lugares colmados de bienes naturales, pero que se encuentran bajo el acecho de actividades extractivas tanto legales como ilegales.

Las mujeres que han asumido la defensa de esos sitios no entienden su propia existencia sin las montañas, los bosques, los animales o los ríos que han forjado ese territorio en donde ellas crecieron.

* Coordinación: Thelma Gómez Durán y Vanessa Romo. Edición: Thelma Gómez Durán, Antonio José Paz Cardona, Alexa Vélez Zuazo y María Isabel Torres. Investigación: Laila Abu Shihab Vergara, María Fernanda Lizcano, Natalia Pedraza Bravo, Diana María Pachón y Vanessa Romo. Ilustraciones: Leo Jiménez. Mapas: Fernando Pano. Video: Richard Romero. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin.

* * Esta cobertura periodística forma parte del proyecto “Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques”, una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

Minería ilegal, pistas aéreas clandestinas y grupos criminales en control del territorio quedan expuestas en “Corredor furtivo”, una investigación sobre la Amazonía venezolana, una de las joyas naturales de Sudamérica, realizada por los periodistas Joseph Poliszuk, María Antonieta Segovia y María de los Ángeles Ramírez y publicada por Armando.info (Venezuela) y El País (España).

En base a imágenes satelitales y el desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron identificar 3.718 puntos de actividad minera, la mayoría de ellos ilegales, en los estados de Bolívar y Amazonas; demás de pistas clandestinas utilizadas por el crimen organizado para el transporte de oro y droga, según revela el proyecto periodístico. 

La investigación ganó en septiembre último los premios Global Shining Light Awards (GSLA) en la 13ª Conferencia Global de Periodismo de Investigación (GIJC23, por sus siglas en inglés), y  encumbró así al periodismo latinoamericano y de habla hispana en uno de los principales galardones en investigación a nivel internacional. 

El certamen, que este año se realizó en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, premia al periodismo de investigación que vigila la corrupción y los abusos de poder en países en desarrollo o en transición, realizado bajo amenaza o en condiciones peligrosas. 

La investigación de los periodistas expuso la extensión de la explotación minera en la Amazonía venezolana, donde la actividad extractiva está vedada, y resumió dos ejes centrales de la conferencia global: el avance de la Inteligencia Artificial (IA) y el avance sobre medio ambiente y los derechos humanos en el mundo, una combinación letal para la humanidad.

A través del uso de imágenes satelitales e Inteligencia Artificial (IA), los periodistas pudieron ingresar virtualmente a un territorio controlado por grupos criminales, de extrema dificultad geográfica y en plena pandemia. Contaron con el apoyo del Pulitzer Center (Estados Unidos) y la organización Earthrise Media (Noruega).

Poliszuk había cubierto casos puntuales de minería ilegal en la zona, pero buscaba la forma de trascender la crónica y obtener el panorama completo. Durante la pandemia, comenzó a recibir alertas de sus fuentes en el territorio, que le advertían sobre la actividad ilegal en la selva. Fue cuando acudió al Centro Pulitzer con una idea: utilizar imágenes satelitales e IA para obtener la ubicación de la mayor cantidad de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales en un territorio inabarcable y en un momento en el que era imposible movilizarse. 

Las imágenes satelitales que se utilizaron como base para estudiar el territorio fueron obtenidas gracias al satélite Sentinel-2 de la Unión Europeo.

El algoritmo que desarrolló el equipo fue lo que les permitió a los periodistas construir el mapa de pistas aéreas clandestinas y minas ilegales. La tecnología recibía un comando específico: encontrar todas aquellas imágenes satelitales en la Amazonía venezolana que coincidieran con un mismo patrón: una mina y una línea recta en la tierra. “Gracias a la tecnología pudimos demostrar no sólo la deforestación sino la violación de derechos humanos”, aseguró Poliszuk. “No sabía si el algoritmo iba a funcionar pero el Pulitzer Center creyó más que nosotros en la idea y por eso estoy muy agradecido”, agregó el periodista.

“Más allá de las denuncias y de las noticias que salen de Venezuela, otra vez en el sur del país están pasando cosas muy graves que no se habían visto y a partir de nuestro trabajo los informes de Naciones Unidas si le han puesto el ojo”, explicó Poliszuk a elDiarioAR. Como consecuencia de la investigación, además, el algoritmo desarrollado para el reportaje fue abierto en Open Data y ha sido utilizado en Brasil.

–¿Cómo llegaste a la conclusión de que debías recurrir a la inteligencia artificial para desarrollar esta investigación? 

–Dicen que los periodistas tenemos obsesiones o temas que nos persiguen y este es uno de los temas que más me importan. En 2006, me enviaron a cubrir la masacre de la Paragua, cuando un grupo de militares del Teatro de Operaciones número 5 asesinó a seis mineros al sur de Venezuela, cerca de Brasil. Entonces los militares bombardearon una mina ilegal. Un exceso, un exabrupto que ahora entendemos que iba más allá. Lo que estaban esperando era su comisión –soborno–; y a partir de ese momento, al darse cuenta de que no podían intervenir directamente han cedido el territorio a mafias. Siempre había cubierto estos temas yendo a una o dos minas ilegales, pero la idea era justamente trascender la denuncia, trascender la crónica. Cuando el periódico El Universal me envió en 2006 a cubrir la masacre de la Paragua, empecé a ver el periodismo de investigación y que el periodismo iba más allá. Hace un par de años, decidí buscar la inteligencia artificial para trascender la denuncia. No estaba seguro de que iba a funcionar, pero sí sabía que de otra manera de seguro no iba a funcionar. El hallazgo es que a partir de allí tuvimos un mapa para poder ir a terreno y constatar las invasiones de estos grupos irregulares, y las violaciones a los derechos humanos que están sufriendo los indígenas de la zona, quienes incluso están siendo esclavizados. Fue una mezcla de metodologías.

–Entre las historias de violaciones a derechos humanos, ¿cuáles fueron los casos que más te impactaron?

–Lo que más me impresionó es que los indígenas están siendo esclavizados o que algunos de ellos, incluso, se están uniendo a estos grupos irregulares. Se están dividiendo y están siendo afectados tanto quienes se unen a los grupos irregulares como quienes están siendo víctimas, forzados a incurrir otra vez en trabajos forzosos. Hay incluso casos de matrimonios mixtos, pues están cambiando todo el tejido social de la selva. El mundo se impresiona y se rasga las vestiduras porque en el sur de China hay campos de concentración con población islámica, pues a mí el gran hallazgo y una de las cosas que más me han sensibilizado de esta investigación es que de este lado del mundo no nos hemos dado cuenta que eso está pasando con los indígenas del Amazonas, en este caso venezolano.

–¿Qué recursos necesita un periodista de investigación para desarrollar su historia con IA?

–Creo que un periodista de investigación lo que tiene que saber es cómo funcionan las cosas. O sea, cuál es la metodología, la mejor metodología para llegar a probar una conclusión, una hipótesis. No soy un geek ni soy un experto en Inteligencia Artificial. Simplemente empecé a averiguar si era posible lograrlo. Y es así como con ayuda de expertos, el Pulitzer Center y Earthrise Media, además de El País de España, empezamos a engranar un equipo multidisciplinario en el que pudimos programar un algoritmo, ver que esta metodología funcionara y probar así los hallazgos. No se trata de un juguete para usar las nuevas tecnologías. Se trata de que se complementen las metodologías. Primero recurrimos a Inteligencia Artificial, pero después fuimos al campo y el trabajo no fue menor, sino que a partir de ese mapa que logramos tener sabíamos a dónde ir. Estamos hablando de un territorio vasto, lleno de accidentes geográficos peligrosos, invadido por estos grupos irregulares y con escasez de todo. Si en Caracas hay escasez de gasolina, imagínate en la selva. Entonces todo este mapa nos permitió hacer una preproducción para saber a dónde ir y sobre todo, cómo ir y con quién contar.

–Además del impacto internacional de la investigación, ¿las autoridades venezolanas han tomado alguna medida a partir de la publicación?

–La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo que había dinamitado algunas pistas clandestinas después de que nosotros señaláramos dónde estaban y qué papel estaban jugando. Las autoridades lo twittearon, lo sacaron en redes, lo informaron, pero no tenemos constatación de esto ni estamos seguros. En el sur del país, en la selva, está ocurriendo una invasión progresiva y sistemática y las autoridades son ambiguas. Por un lado, dicen que están haciendo, que están desalojando estos grupos, pero por otro lado vemos que continúa la invasión en nuevos territorios. En los últimos informes de la Misión de Determinación de Derechos Humanos, nuestro trabajo ha sido citado y nos han entrevistado. Ha servido para registrar otras violaciones a los derechos humanos que no se habían visto.

Premiadas

“Corredor Furtivo” fue la investigación ganadora en la categoría Medios Grandes. En la misma categoría fue distinguida la investigación “Los bandidos señores de la guerra de Zamfara”, de BBC Africa Eye (Nigeria), un trabajo de dos años que expuso el conflicto en el estado de Zamfara, en el noroeste de Nigeria, que mató a cientos de personas en 2022 y desplazó a cientos de miles más. Tuvo una particularidad: el principal periodista del equipo no pudo recibir en forma presencial su premio porque Suecia le negó la VISA para ingresar al país y acudir a la ceremonia, explicó uno de sus colegas, quien subió a recibir el premio.

“Corriendo un gran riesgo personal, un joven periodista y estudiante de derecho nigeriano, Yusuf Anka, visitó a líderes de bandidos en campamentos remotos en todo el estado, incluido a uno de los hombres que en febrero de 2021 secuestraron a casi 300 niñas de una escuela secundaria en Jangebe”, señaló uno de los integrantes del jurado del certamen. “Demostró una valentía extraordinaria al ir al corazón del conflicto entre grupos étnicos en Nigeria, y estuvo en el lugar casi tan pronto como sucedieron algunos de los acontecimientos. Realmente nos llevó al corazón de una historia que no he visto a nadie más contar”, expuso otro juez del certamen.

Este año, el concurso estuvo abierto a reportajes publicados o emitidos entre 2021 y 2022, e incluyó trabajos sobre una prisión secreta en Bangladesh y fosas comunes en Ucrania. También sobre cómo un hospital de Macedonia del Norte realizó tratamientos de purificación de sangre no autorizados e inseguros a numerosos pacientes con Covid-19, al tiempo que ocultaba información vital sobre los pacientes y presuntamente manipulaba datos sobre infecciones. Este último trabajo (Bad Blood o Sangre Mala) ganó en la categoría de Medios Pequeños.

ED/MG

La rana Tepequém (Anomaloglossus tepequem) solía verse en grandes números en los arroyos en la Sierra de Tepequém, en el estado de Roraima. Es endémica de Brasil y de esta localidad específica, es decir, solo habitaba en ese lugar específico del planeta. Lamentablemente, ahora se cree que ha desaparecido de la naturaleza. Esta especie amazónica no ha sido vista desde la década de los noventa.

Esta rana es una de las 26 clasificadas como posiblemente extintas en el país, según el último estudio global de anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Los números son alarmantes: dos de cada cinco especies de anfibios están amenazados.

Más de mil expertos alrededor del mundo participaron en el estudio. Se analizaron 8.000 especies de anfibios, incluyendo sapos, ranas, salamandras, culebras ciegas y otras. Fueron casi 3.000 más que en el análisis más reciente, realizado en 2004.

Esta vez lo destacado es el creciente papel del cambio climático en el declive global de los anfibios, considerados los más amenazados de todos los animales vertebrados. El 40% de sus especies corre algún riesgo de extinción.

La deforestación, la pérdida de hábitat y la aparición de enfermedades como la quitridiomicosis que ha devastado poblaciones enteras, ya estaban documentadas como amenazas, pero ahora los biólogos advierten que las temperaturas en aumento, la baja humedad y la sequía, consecuencias del cambio climático, están aumentando aún más la presión sobre muchas especies de anfibios.

Según la investigación que estudió el periodo de 2004 a 2022, más de 300 especies estuvieron muy cerca de la extinción, y el 30% de estos casos fueron causados principalmente por la crisis climática.

“El agua es esencial para la reproducción de los anfibios. En ella se reproducen y nacen los renacuajos”, explica el biólogo Iberê Farina Machado, coordinador de Evaluación de Anfibios en Brasil de la Comisión de Supervivencia de Especies de la UICN y uno de los coautores del artículo.

Además, los cambios en la temperatura y la humedad tienen un impacto en su salud y ponen en riesgo su supervivencia. “Los anfibios tienen la piel húmeda y respiran a través de ella. Algunas especies utilizan un cierto porcentaje de sus pulmones y otro porcentaje de su piel para el intercambio de gases, o viceversa. Si el clima es demasiado seco, esto afecta su respiración”, agrega Machado.

26 especies posiblemente extintas en Brasil

Brasil es el país con la mayor diversidad de anfibios del mundo, albergando alrededor de 1.200 especies. Casi un tercio de ellos han sido evaluadas por primera vez en este nuevo informe.

La evaluación halló que 189 especies están actualmente clasificadas en la escala de la UICN como en “peligro crítico”, “en peligro” o “vulnerable de extinción” en Brasil. Además, el aspecto más preocupante es que la gran mayoría de las especies amenazadas son endémicas.

“El escenario es aún más desolador cuando tenemos en cuenta las 26 especies clasificadas como posiblemente extintas, ya que no han sido avistada en entornos naturales desde la década de los 80 o antes”, señala Machado.

Este es el caso de la pequeña rana verrugosa (Holoaden bradei) y la rana de piedra de Petrópolis (Thoropa petropolitana), ambas encontradas en la mata o bosque Atlántico —un bioma presente en Brasil, Paraguay y Argentina— en el siglo pasado. Sin embargo, la última vez que se vio a esta rana en los arroyos de la sierra de Río de Janeiro fue en 1982.

El biólogo explica que en Brasil, la deforestación, así como la expansión agrícola y urbana siguen siendo las principales causas de extinción de los anfibios. Sin embargo, el cambio climático está cada vez más presente.

Se estima que, por ejemplo, en los últimos 40 años, la Amazonía se ha calentado 1 grado centígrado y ha experimentado una reducción en las precipitaciones de hasta un 36% en algunas áreas. Las sequías extremas en el bioma son cada vez más recurrentes. En este mismo momento, los estados de la Amazonía están experimentando una de las peores sequías de la historia. Los ríos se han secado y la navegación se ha interrumpido, dejando a las poblaciones ribereñas sin acceso a alimentos y agua potable. Cientos de delfines han sido hallados muertos en el Lago Tefé.

“A medida que los humanos provocan cambios en el clima y los hábitats, los anfibios son incapaces de moverse muy lejos para escapar de la frecuencia e intensidad crecientes del calor extremo, incendios forestales, sequías y huracanes provocados por el cambio climático”, dice Jennifer Luedtke Swandby, coordinadora de la Autoridad de la Lista Roja del Grupo de Especialistas en Anfibios de la UICN y una de las involucradas en el estudio.

Los anfibios de alta altitud son los más afectados

La sequía es sinónimo de falta de agua y humedad. En este preocupante escenario para la supervivencia de los anfibios, uno podría imaginar que los que viven en zonas bajas serían los más impactados. Sin embargo, este no es el caso. Las especies que viven en áreas más altas, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, mueren más rápidamente.

En regiones con grandes cordilleras, como el Parque Nacional Itatiaia, en Río de Janeiro, o el Monte Roraima, en el norte del país, sapos, ranas, ranas arbóreas y otros anfibios sufren más las perturbaciones climáticas.

“Hemos notado que las líneas de nubes están subiendo cada vez más, lo que significa que hay menos humedad disponible para ellos en la cima de las montañas. Y dado que no pueden subir más, terminan convirtiéndose en rehenes del clima”, dice el biólogo brasileño.

La pérdida de tantas especies y la probable inminente extinción de otras son recordatorios de la urgente necesidad de contener las causas del cambio climático y mitigar sus efectos. Los anfibios son bioindicadores importantes de la salud de sus ecosistemas y, en consecuencia, del planeta.

“El mundo en calentamiento está perdiendo muchas más especies, lo que sirve como una advertencia para nosotros”, dice Machado.

“Los anfibios están desapareciendo más rápido de lo que podemos estudiarlos, pero la lista de razones para protegerlos es larga, incluyendo su importancia para la medicina, el control de plagas, que nos alertan sobre las condiciones ambientales y que hacen el planeta más hermoso”, añade Kelsey Neam, coordinadora de prioridades y métricas de especies en la organización Re:wild y una de las autoras principales del estudio.

*Cita del estudio: Leudtke, J. A., Chanson, J., Neam, K., Hobin, L., Maciel, A. O., Catenazzi, A., … Stuart, S. N. (2023). Ongoing declines for the world’s amphibians in the face of emerging threats.Nature. Retrieved from https://www.nature.com/articles/s41586-023-06578-4

*Esta historia fue reportada por el equipo de Mongabay Brasil y fue publicada por primera vez el 6 de noviembre de 2023 en el sitio web de Mongabay en ese país.

ED/JJD

“En este parque hay muchas complicaciones porque si un funcionario inicia trabajos ambientales con un líder comunitario durante un tiempo, no se sabe si se va a poder continuar porque puede que lo asesinen o le toque irse de la zona”, dice una fuente local que conoce de cerca el trabajo de un área protegida amazónica, a quien por seguridad protegemos en esta publicación. Testimonios como este se repiten en muchos de los parques y reservas de la Amazonía del país donde las constantes amenazas han terminado replegando del territorio a la primera línea de defensa de la biodiversidad de Colombia.

De hecho, los eventos de violencia hacen imposible que los guardaparques transiten por al menos 21 áreas protegidas nacionales, incluidos las 14 amazónicas. “Los grupos armados y economías ilícitas que impulsan y patrocinan la deforestación permanecen en el territorio, lo que pone en riesgo al personal”, le dijo Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN) a Mongabay Latam en una respuesta a una solicitud de información.

Los guardaparques que protegen los ecosistemas más representativos de la Amazonía colombiana pueden vigilar sólo algunas zonas muy específicas. Las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), agrupadas en distintos grupos armados ilegales que están en disputa, han declarado a varios de estos funcionarios objetivos militares y eso implica que si ponen un pie en el lugar donde operan, los matan.

Uno de los equipos periodísticos que llegó hasta el Parque Nacional Natural La Paya se topó con un retén armado de los Comandos de Frontera en el río Putumayo, quienes vestidos de verde, armados con fusiles y demás indumentarias militares se apuraron en dejar un mensaje: no son ellos los que deforestan, sino los del Frente Primero ‘Carolina Ramírez’, otra disidencia de las FARC. Esta declaración pone en evidencia la pelea vigente y constante por el territorio entre los grupos armados ilegales, disputa que se da muchas veces alrededor o dentro de los resguardos indígenas y con los bosques de la Amazonía como testigos.

“No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales”, le dijo PNN a Mongabay Latam. Además, agrega que “después de la operación Artemisa —una iniciativa militar lanzada por el gobierno de Iván Duque en abril de 2019— se amenazó gravemente a tres funcionarios, motivo por el cual dos de ellos renunciaron a la entidad y la otra persona (quedó) en grave riesgo”.

La prohibición de ingreso de los guardaparques a sus áreas de trabajo, como consecuencia de las acciones militares de Artemisa, afectó por lo menos la vigilancia y monitoreo en cuatro parques colombianos: Tinigua, La Paya, Sierra de la Macarena y Serranía de Chiribiquete.

El resultado de estas restricciones y de la sostenida escalada de violencia se puede ver en las cifras de deforestación. En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Esa extensión corresponde al 82 % de toda la deforestación registrada en áreas protegidas a nivel nacional, según las cifras del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), que podrían incluso ser mayores, como indican algunos expertos que han analizado la data publicada.

En 2022, se perdieron 10 299 hectáreas de bosque dentro de las áreas protegidas de la Amazonía colombiana.

¿Cómo proteger las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia con tantas prohibiciones y restricciones de movilidad para sus funcionarios? Mongabay Latam en alianza con Rutas del Conflicto y La Silla Vacía investigaron los eventos de violencia, las restricciones de ingreso para los funcionarios de PNN y los peligros para la biodiversidad en las 14 áreas protegidas de la Amazonía colombiana. Los problemas detectados van desde las amenazas y avance de varios delitos ambientales hasta la falta de presupuesto y logística para atender los ecosistemas clave del país, como pudimos corroborar en las bases de datos construidas para esta serie a partir de pedidos oficiales de información. Los periodistas, además, visitaron tres parques que se encuentran en grave riesgo: La Paya, Sierra de la Macarena y Amacayacu.

Un aviso del Parque Amacayacu señala que la tala ilegal y la contaminación están prohibidas. No obstante, la minería ilegal afecta el norte del área protegida, según la reportería realizada. Crédito: Juan Carlos Contreras.

Defender las áreas protegidas con la vida

Para tener una idea de la complejidad y la magnitud de la violencia en las áreas protegidas, basta mencionar que sólo las disidencias de la FARC están presentes en 33 de los 39 municipios y zonas no municipalizadas donde se encuentran las 14 áreas protegidas amazónicas de Colombia. Según los expertos consultados, estos grupos armados, además, son el motor de las economías ilegales que han deforestado las áreas protegidas.

Distintos estudios académicos han confirmado, en los últimos años, el incremento significativo en esta deforestación tras la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Entre 2015 y 2016, antes del acuerdo, la cifra anual de pérdida de bosque en las áreas protegidas de la Amazonía no superaba las 5336 hectáreas. Pero, a partir de 2017, el paisaje empezó a cambiar. La cantidad de hectáreas deforestadas ese año se disparó a 10 152 hectáreas y un año más tarde, casi se duplicó hasta alcanzar las 19 553.

Si sumamos la pérdida de bosque en las áreas amazónicas de Colombia entre 2015 y 2022, la superficie arrasada equivale al tamaño de Singapur. Estamos hablando de 86 828 hectáreas deforestadas, sólo a partir de sumar las cifras proporcionadas por el IDEAM.

Clara Solano, directora de la Fundación Natura y presidenta del Consejo Directivo de la organización civil veedora de las áreas protegidas Parques Cómo Vamos, explica que “la salida de las FARC implicó un vacío de gobernanza en algunos territorios y hubo personas dispuestas a ocupar esos espacios”. A su vez, si bien la existencia del conflicto armado ayudó a que ciertos sitios se conservaran, como explica Carlos Mauricio Herrera, especialista en Áreas Protegidas en la organización de WWF Colombia, tras las consecuencias inesperadas del Acuerdo de Paz, la situación se degeneró. “Lo que causa la violencia actualmente es la pérdida de gobernabilidad sobre las áreas, así como el aumento de las actividades ilícitas”, dice Herrera.

No hay garantías para ingresar a todos los sectores del área protegida. Hay un riesgo de ser asesinados tal cual se señala en los comunicados de grupos armados y en las conversaciones que se tienen con actores locales.

Actualmente, los funcionarios de Parques Nacionales Naturales sólo pueden visitar espacios muy específicos.

En el Parque Sierra de la Macarena no pueden entrar al sector Cabra Yarumales, Café y Guayabero, debido a amenazas y la presencia de grupos armados ilegales relacionados con la siembra de cultivos ilícitos.

En Tinigua, a través de panfletos distribuidos en el área, se anunció que los guardaparques tienen prohibido visitar los sectores de Uribe y Macarena. Mientras que en Cordillera de los Picachos, las zonas de Platanillo y Uribe están cerradas, desde 2018, por amenazas.

Los funcionarios de PNN no pueden ingresar tampoco a la parte norte del Parque Amacayacu, es decir, a las zonas de los ríos Cotuhé y Putumayo por la presencia de grupos armados ilegales. En Chiribiquete solo pueden entrar a uno de seis sectores, y en La Paya y Serranía de los Churumbelos también hay zonas vetadas.

Esta información entregada por las autoridades de PNN de Colombia confirma esta vigilancia fragmentada en la que muchas veces a los funcionarios solo les queda ser testigos de cómo las áreas protegidas son arrasadas. Si deciden intervenir, las consecuencias pueden ser fatales.

En 2008, José Martín Duarte del Parque Serranía de la Macarena fue asesinado por un grupo armado con disparos por la espalda. En 2011, murió el guardaparque Jaime Girón Portilla en el Parque Serranía de los Churumbelos a causa de una mina antipersonal. Entre 2011 y 2023, en el Parque Cordillera de los Picachos, al menos tres funcionarios fueron trasladados para otras áreas protegidas por temas de seguridad y otro funcionario del Parque Tinigua corrió con la misma suerte. En los parques nacionales Yaigojé Apaporis y La Paya, la situación es la misma: siete funcionarios han sido trasladados del primero y uno del segundo.

El procurador ambiental Gustavo Guerrero dice que el gobierno podría hacer más para garantizar la presencia de los guardaparques. “Se podría hacer mucho más para poder garantizar el regreso permanente del personal en parques como Tinigua, La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, áreas protegidas de gran importancia en nuestro país y para la Amazonía en general, donde se presentan grandes problemas asociados a la deforestación y a las comunidades que los habitan”. Agrega que las visitas esporádicas de los funcionarios a las áreas protegidas no son suficientes para un buen manejo. También señala que la gobernabilidad debe ser el resultado de la acción del Estado, “no de los actores al margen de la ley”.

El sector del río Guayabero ha sido afectado por la deforestación que se desprende de la construcción de la carretera ilegal Trocha Ganadera por parte de las FARC. Crédito: Ana María Rodríguez Ortiz.

En el Parque Sierra de la Macarena, fuentes de la zona le dijeron a los reporteros que la operación militar Artemisa del gobierno de Iván Duque incrementó la situación de riesgo de los guardaparques. Explicaron que los operativos en territorio, en las que se logró capturar al menos a 13 personas presuntamente responsables de deforestar al interior del parque, fueron el detonante para que las disidencias de las FARC declararan objetivo militar a los funcionarios de Parques Nacionales. “Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército. (…) También se comentó que las disidencias planeaban colocar una bomba al lado de la sede de Parques, pero que al estar al lado de la escuela prefirieron no hacerlo”, dice la fuente del territorio a la que protegemos por su seguridad.

Parques Nacionales le confirmó a Mongabay Latam que han registrado 12 amenazas contra guardaparques, entre 2019 y 2023, en las áreas protegidas de la Amazonía de Colombia. Todos estos eventos, según indicaron, fueron reportados por la entidad a la Fiscalía General para su investigación. Cinco amenazas ocurrieron en 2019, tres en 2022, dos en el 2021 y dos más en el 2022. Los funcionarios del parque Sierra de la Macarena, Tinigua y La Paya son los más amenazados, en el primero la autoridad tiene registrados cuatro casos y en los otros dos en total tres casos. A estos eventos de violencia se suman tres casos más recogidos en la reportería en terreno por el equipo periodístico.

Puestos quemados y poca infraestructura

Las pérdidas materiales también dificultan las tareas de vigilancia. Entre 2017 y 2020, tres puestos de control fueron quemados.

Además, las amenazas, los saqueos y los hurtos en los puestos de control son otro de los problemas reportados por la autoridad. En 2019, ocurrió un saqueo en la cabaña Naranjal del Parque La Paya en Putumayo. Un año más tarde, en febrero de 2020, en el parque Cahuinarí personas desconocidas irrumpieron en tres cabañas. Los atacantes se identificaron como miembros de las disidencias de las FARC y les prohibieron a los guardaparques continuar con sus labores.

Las lagunas del Parque La Paya son parte de sus ecosistemas biodiversos. Hoy en el área protegida no hay acceso a los guardaparques, a excepción de algunos funcionarios indígenas. Crédito: Sergio Alejandro Melgarejo.

En las 11 áreas protegidas, manejadas a través de la Dirección Territorial Amazónica de Parques Nacionales, hay 33 sedes de la entidad. De estas, sólo 22 están en funcionamiento y hay muchos sectores que por temas de seguridad no pueden contar con la presencia permanente de guardaparques.

En términos de instrumentos de transporte, la Dirección Territorial Amazónica no cuenta con aviones o helicópteros pese a que sus once áreas protegidas cubren más de 9 millones 700 mil hectáras y, según los datos entregados a Mongabay Latam, solo ha contratado tres sobrevuelos para vigilar las áreas protegidas entre 2021 y 2022, por un total de 70 millones de pesos (17 499 dólares). “Deberían tener una avioneta, no tienen nada. Estas áreas protegidas tienen millones de hectáreas (para vigilar)”, dice Solano de la Fundación Natura y Parques Cómo Vamos.

Prohibieron totalmente la entrada de los guardaparques a la Sierra de la Macarena. La gente no quiso volver a saber de ellos y las disidencias declararon a la entidad Parques su enemigo permanente por supuestamente avalar los operativos del Ejército.

Grupos armados en las áreas protegidas de la Amazonía

Indepaz ha podido identificar qué grupos armados operan en la Amazonía de Colombia. Las disidencias de las FARC, por ejemplo, son los actores con mayor presencia, ya que están en 33 de los 35 municipios que albergan áreas protegidas amazónicas. De estos grupos exFARC, el que tiene más presencia es el Bloque Suroriental, presente en 20 municipios; seguido de su rival la Segunda Marquetalia, en siete, y otro heredero de la guerrilla denominado Comando Coordinador de Occidente que está en tres. Según Indepaz, los grupos Bloque Suroriental y el Comando Coordinador de Occidente ahora conforman un solo grupo denominado Estado Mayor Central (EMC), al mando de alias ‘Iván Mordisco’, facción enemiga de la Segunda Marquetalia, liderada por alias ‘Iván Márquez’. Este último fue un exnegociador del Acuerdo de Paz y miembro del Secretariado de las FARC que volvió a las armas.

La guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), por su parte, está presente en cinco municipios y los herederos de los paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) se encuentran en nueve. El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez comenta que no ve que la situación de violencia vaya a cambiar pronto. “Colombia tiene más territorio que Estado y ese parece ser el caso de las áreas protegidas amazónicas”, señala.

En el municipio de Puerto Leguízamo, Putumayo, donde está el Parque La Paya, operan la Segunda Marquetalia y el Bloque Suroriental o Estado Mayor Central (EMC), este último a través del Frente Carolina Ramírez. Los periodistas de La Silla Vacía y Mongabay Latam que viajaron para investigar la situación de esta área protegida confirmaron de primera mano que hay presencia y controles del grupo armado ilegal Comandos de la Frontera, que responde a la Segunda Marquetalia.

Esta distribución de los actores armados en el territorio ha sido recientemente abordada en la publicación periodística Amazon Underworld, que documentó la presencia de múltiples actores armados en la Amazonía colombiana, incluyendo el Estado Mayor Central, el Frente Carolina Ramírez y Comandos de la Frontera.

El grupo armado ilegal Comandos de la Frontera apareció en el recorrido de los reporteros de La Silla Vacía y Mongabay Latam que visitaron la zona del Parque La Paya. Crédito: Santiago Rodríguez.

Las economías ilegales asociadas a estos grupos armados también están presentes en las áreas protegidas amazónicas. En 2022, se detectaron 4807 hectáreas de cultivos ilícitos de coca en las áreas protegidas amazónicas, un aumento de 45 % respecto a 2021, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Ministerio de Justicia. La Paya registraba 1840 hectáreas, seguida de la Reserva Nukak con 1622 y Sierra de la Macarena con 1284. Además, las rutas del narcotráfico también atraviesan las áreas protegidas. Entre 2017 y 2022, tras la firma del Acuerdo de Paz, 2.4 toneladas de cocaína fueron decomisadas en áreas protegidas de la Amazonía, según el conteo de incautaciones de cocaína en áreas protegidas del Ministerio de Defensa al que Mongabay Latam tuvo acceso tras una solicitud de información. Las cifras las encabeza la Reserva Nukak con una incautación de 1005 kilogramos en 2017, junto con otra de 249 kilogramos en 2020. La Paya tuvo la segunda mayor incautación con 800 kilogramos en 2020, seguido por la Serranía de Chiribiquete con 399 en 2018 y Sierra de la Macarena con 25 en 2022.

Sobre la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas, Candice Welsch, representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para la Región Andina y el Cono Sur, dice que “los grupos ilegales sacan ventaja de las reglas que hay en las zonas de manejo especial, donde el principal interés es la protección ambiental y donde hay restricciones para atacar los cultivos, como ocurrió en su momento con la aspersión aérea”. La experta añade que un foco clave de presencia de cultivos de coca es el departamento del Putumayo y la zona de frontera, así como el Parque Nacional La Paya. Welsch comenta que el caso de Putumayo está conectado a las áreas de cultivos ilegales en Perú, así como de rutas del narcotráfico que conectan ambos países y considera que “son los mismos grupos ilegales que están haciendo exactamente la misma actividad en ambos lados de la frontera y usan el río Putumayo para facilitar el tráfico, pasándolo por Ecuador hasta llegar a los puertos”.

En una carta enviada a Mongabay Latam, la subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales declaró que los guardaparques son los primeros afectados por esta situación de inseguridad. “Las personas vinculadas a Parques Nacionales (tienen) una vulnerabilidad muy grande frente a intereses particulares y redes ilegales en la región”, dice el sindicato.

Además, Herrera de WWF agrega que en algunas áreas protegidas, como Sierra de la Macarena, el conflicto armado ha tenido una mayor duración. “Los sitios de mayor biodiversidad en nuestro país coinciden en muchos casos también con esos lugares en donde ha estado más presente y vigente la guerra”, explica.

Minería ilegal y deforestación: dos enemigos de las áreas protegidas

Las cifras más recientes indican que hay una reducción de la deforestación en Colombia y las áreas protegidas para el año 2022. Sin embargo, para muchos expertos, como Clara Solano, “falta entender qué está pasando ahí, por ejemplo, estudiar si las reglas de los grupos armados ilegales que multan la deforestación tuvieron que ver u otros factores”.

El exministro de Ambiente Manuel Rodríguez señala que no es razonable que el gobierno de Gustavo Petro se atribuya todo el éxito de la disminución, ya que pudieron incidir otros factores que desincentivan la tumba y quema de bosques, como las lluvias intensificadas debido al fenómeno de La Niña. Además, no se sabe “si realmente hubo una tregua de los grupos armados ilegales para detener la deforestación”, agrega.

El aumento, sin embargo, sí se hizo evidente en cuatro áreas protegidas de la Amazonía colombiana: Cahuinarí, Río Puré, Serranía de los Churumbelos y Yaigojé Apaporis. En el primero, se pasó de tres hectáreas deforestadas en 2021 a 101 en 2022. En el parque Río Puré, donde en 2021 no se registró ni una sola hectárea deforestada, en 2022 se desmontaron 24 hectáreas. Mientras que en el Parque Serranía de los Churumbelos aumentó de 25 a 34 hectáreas y en el Yaigojé Apaporis pasó de 128 en 2021 a 143 en 2022.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Estos cuatro parques nacionales tienen algo en común: son afectados por la minería ilegal. Para el procurador Guerrero, el Parque Río Puré merece una especial atención debido a la presencia de minería ilegal que “provoca problemas sociales y ambientales importantes como la contaminación de los cuerpos de agua”. En el caso de esta área protegida, al menos 39 kilómetros del río Puré presentan una densidad media de extracción minera ilegal, según datos de 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). También, en 118 kilómetros del río Apaporis, colindante a los parques nacionales Serranía de Chiribiquete y Yaigoje Apaporis, hay una densidad media de actividades de minería ilegal. A esta lista de parques con presencia de minería se suman la Reserva Nacional Puinawai y el Parque Nacional Amacayacu.

Precisamente sobre este último, un estudio reciente de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en junio de 2023, señala que uno de los focos centrales de la minería ilegal está en el río Purité, justo en el límite del parque Amacayacu. Y esta información tiene un correlato con un sobrevuelo realizado por los expertos de la Alianza Regional Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro, mediante el cual pudieron observar, al menos, 13 dragas operando en el Purité.

Lo complicado, le dijo uno de los expertos de la Alianza a una periodista de Rutas del Conflicto, es que extraen oro en una zona de frontera y eso complica una posible intervención. “Si hay un operativo en cualquiera de los dos países, (para los mineros ilegales) es solo prender el motor y pasarse al otro”.

Para el exministro Manuel Rodríguez, “todos los países de la cuenca amazónica han fracasado en controlarla (la minería ilegal), no solo Colombia” y añade que en un área con tan poco control estatal, lo que ocurre es que “terminan imponiéndose los intereses económicos ilegales”.

Debido a que “hay economías ilegales como los cultivos ilícitos y la del acaparamiento de tierras que subsidian la deforestación, que son protegidas por grupos armados, se hace muy difícil la gobernanza de las áreas protegidas”, agrega el biólogo colombiano e investigador de la Universidad de Queensland en Australia, Pablo Negret. Por lo mismo, dice, “Parques Nacionales no puede resolver todo, necesita apoyo del resto del Estado”.

Durante su recorrido por las distintas áreas protegidas, los reporteros documentaron las acciones ilegales que las afectan. En el Parque Sierra de la Macarena, por ejemplo, los periodistas recogieron testimonios sobre la presencia de coca y ganadería, pero justamente es en esas zonas donde los guardaparques tienen prohibido entrar a verificar la situación. “Los trabajadores de Parques no pueden ir a las zonas en donde se supone que sucede eso”, explica una fuente entrevistada en terreno a la que protegemos por seguridad.

En La Paya, líderes indígenas que hablaron con los reporteros de La Silla Vacía dejaron en claro que la deforestación asociada a las economías criminales no respeta su cosmogonía ni el área protegida. “Nosotros los indígenas siona no queremos que haya más tala de bosque. Nosotros obtenemos de él la alimentación, la medicina y eso no lo queremos más en nuestro resguardo”, dice Javier, un líder de la zona al que protegemos su verdadero nombre.

Presupuesto para conservar

Aunque algunas áreas protegidas tienen las mayores pérdidas de bosque, estas no necesariamente se ubican en los primeros lugares para la asignación de recursos dentro del presupuesto de Parques Nacionales Naturales. Es el caso del Parque Nacional Tinigua que tiene la mayor deforestación acumulada de 2015 a 2022 con 37 840 hectáreas. Este parque, que concentra el 43 % de la pérdida de bosque en las áreas protegidas amazónicas, en asignación presupuestal acumulada para el periodo 2015-2022, ocupa el octavo lugar entre las 14 áreas protegidas que componen la Amazonía. Chiribiquete tuvo la tercera mayor pérdida de bosque con 8 711 hectáreas, pero ocupó el quinto lugar en asignación presupuestal.

“Si hay un parque como Tinigua que ha perdido más del 10 % de su bosque desde 2000, pero tiene el sexto u octavo presupuesto de la Amazonía, entonces cabe preguntarse ¿en qué se basa la asignación?”, comenta Negret.

Desde Parques Nacionales explicaron que la asignación de recursos de un área protegida depende de su plan de manejo, es decir, de sus objetivos prioritarios de conservación y de las amenazas más graves que enfrenta, pero que lamentablemente también incide la imposibilidad de realizar todas las tareas necesarias de cuidado ambiental debido a la situación de orden público. “Para la asignación del recurso al PNN Tinigua, se ha tomado como herramienta el plan de manejo y la revisión de las dinámicas del territorio (escenarios de conflictos por grupos ilegales) con el fin de garantizar el cumplimiento de sus compromisos institucionales y sociales en el territorio”, señala Parques. Agregan que las dinámicas territoriales han jugado un rol importante, teniendo en cuenta que “el ingreso de los funcionarios es limitado”. Y señalan que el presupuesto es acorde a las acciones que “se han logrado ejecutar en coordinación con los actores sociales e institucionales” para avanzar en la contención de las presiones que afectan al área.

Para el procurador Guerrero, la deforestación debe ser enfrentada con medidas de control efectivas y eso no se puede lograr si “el presupuesto de los parques de la Amazonía es bajo”. De hecho explica que a pesar de que existe una sentencia de 2018 de la Corte Suprema que prohíbe la ganadería en áreas protegidas de la Amazonía y ordena el aumento de recursos a parques, esto no ha sucedido.

La subdirectiva amazónica del sindicato Sintrambiente Parques Nacionales confirma que el presupuesto asignado a las áreas protegidas del país no les alcanza. “El presupuesto asignado a los Parques en el país es insuficiente para todas las acciones que requieren la administración y el manejo de las áreas protegidas. Cubren los mínimos de funcionamiento. En la mayoría de casos, varias líneas de los planes de manejo se encuentran desfinanciadas”. Además, critican la creación de nuevas áreas protegidas sin el presupuesto necesario para poder dotarlas de personal y un manejo adecuado, lo que las hace “áreas protegidas de papel”.

En el país la relación ya pasó de ser de un Guardaparque por cada 40.000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de un Guardaparque por cada 6.000 hectáreas.

También añaden un tema que afecta a muchas de las áreas protegidas de la cuenca amazónica: el número de guardaparques versus la cantidad de hectáreas que deben conservar. “En el país la relación ya pasó de ser de 1 Guardaparque por cada 40.000 hectáreas, cuando el promedio internacional es de 1 Guardaparque por cada 6 000 hectáreas”.

Pese a que el estado colombiano sostiene que la deforestación disminuyó en el país y en la Amazonía, la situación de seguridad de los guardaparques de las catorce áreas protegidas de este ecosistema aún no mejora. Las escenas vistas en la reportería de este trabajo lo demuestran, como el retén de Comandos de la Frontera en La Paya. O los testimonios recogidos cerca del Parque Sierra de la Macarena, donde la carretera que conecta al municipio de La Macarena con Vistahermosa no cuenta con presencia de miembros de la fuerza pública, sino de otros grupos ilegales. Al preguntarle a un habitante de La Macarena quién custodia el camino respondió que “en algunas ocasiones aparecen miembros de las disidencias de las FARC. La mayoría son jóvenes, tienen menos de 30 años”.

Este reportaje es parte de una alianza periodística entre Mongabay Latam, Rutas del Conflicto y La Silla Vacía de Colombia. Es reproducido por elDiarioAR.

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Edición general: Alexa Vélez y María Isabel Torres. Editores: Michelle Carrere, Juanita León de La Silla Vacía, Óscar Parra de Rutas del Conflicto y David Tarazona. Coordinación periodística: David Tarazona. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, David Tarazona y Vanessa Romo. Análisis geoespacial:Juan Julca. Equipo periodístico: Pilar Puentes y Juan Carlos Granados de Rutas del Conflicto y Santiago Rodríguez de La Silla Vacía. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño gráfico: Richard Romero, Manuela Galvis de La Silla Vacía, Fernando Pano y David Tarazona.  Producción de videos: Richard Romero. Fotografía y videos: Ana Rodríguez Ortiz y Juan Carlos Contreras de Rutas del Conflicto junto con Alejandro Melgarejo para Mongabay Latam. Programación: Alejandra Franco. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina Albarracin, Richard Romero y Kimberly Vega de Rutas del Conflicto.

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*Nota del editor de Mongabay Latam: Esta cobertura periodística forma parte del proyecto «Derechos de la Amazonía en la mira: protección de los pueblos y los bosques», una serie de artículos de investigación sobre la situación de la deforestación y de los delitos ambientales en Colombia financiada por la Iniciativa Internacional de Clima y Bosque de Noruega. Las decisiones editoriales se toman de manera independiente y no sobre la base del apoyo de los donantes.

ED

Empapado hasta los muslos, agazapado al final de la chalupa en marcha que corta el caudal vertiginoso, el conductor alza las manos y grita una advertencia: “No más fotos, nos están viendo”. Sobre la margen izquierda del río Cenepa, rugen los motores incrustados en balsas con techos de plástico y desde las cuales unos enormes tubos de aspiración penetran hasta el fondo del cauce. Son al menos ocho dragas en las que grupos de entre 15 y 20 mineros ilegales extraen oro, día y noche, a orillas de la comunidad nativa Pagki, en la selva peruana. Estamos casi en el punto medio de los 38 kilómetros del río que lleva el nombre de la jurisdicción que atraviesa (El Cenepa) hasta la frontera con Ecuador. No es el sector que concentra más dragas en toda la cuenca, pero sí el más peligroso. “Ni siquiera traten de mirarlos, solo debemos pasar muy rápido”. Esas son las instrucciones.

La tonalidad verdosa del río cambia a un ocre intenso del lado en que las balsas traquetean. Con el cuerpo hundido hasta la mitad, un hombre parece dirigir con apuro la operación de una de las dragas. Nada, agita los brazos y hace señales de aprobación a otro que está al pie de una rampa artesanal instalada en la carcomida ribera de Pagki. Todo lo succionado desde el fondo del río va a parar a estructuras como esta, donde una alfombra recibe las piedras y el lodo que después serán procesados para sacar las partículas de oro. Pero para seleccionar y amasar el metal en polvo, los ilegales utilizan altas dosis de mercurio, un metal pesado que contamina el Cenepa sin tregua y le imprime un aspecto pantanoso en varios tramos. El procedimiento se repite en todos los puntos de la orilla donde las balsas han sido colocadas.

Desde algún lugar de este foco de devastación, un ‘peque peque’ (canoa a motor) con tres mineros a bordo parte en aparente persecución nuestra. Hemos seguido las pautas del piloto con rigor, pero está claro que surcamos una zona dominada por el delito. “Hay un grupo armado que siempre vigila”, exclama el motorista sin quitar la mirada del frente. Mientras acelera, esquiva islas rocosas y las deformaciones que la continua extracción de oro ha dejado en el centro del cauce. Unos 60 metros de río separan las dos embarcaciones en carrera. Lo que consigue despistar al ‘peque peque’, paradójicamente, es un nuevo conjunto de dragas que operan en los bordes y al medio de esta parte del Cenepa correspondiente a la comunidad nativa San Antonio. Veinticuatro balsas dispersas despiden un sonido atronador. Y cada una encierra un pequeño submundo: mineros al mando de niños inmersos en la faena y de mujeres (algunas adolescentes) encargadas de cocinar o lavarles la ropa.

“Son explotados y no pueden salir de ahí. Los mineros duermen por ratos en las balsas y sacan oro hasta de madrugada”, señala un dirigente awajún, cuando el conductor baja la velocidad y los rostros insolados de los menores transcurren como en cámara lenta.

Una draga opera sin pausa al cuidado sigiloso de un minero ilegal en la comunidad de Tutino. Foto: Luis Taijin

Han pasado cinco horas desde que la chalupa que nos lleva salió del puerto Imacita, en Bagua, provincia ubicada al norte de la selva del Perú. Después recorrió el río Marañón hasta el ingreso al Cenepa, y franqueó en seguida las comunidades indígenas de Wawaim y Mamayaque. Aún sin la cantidad de dragas que aparecerían más adelante, ambos pueblos ya anunciaban la grave crisis ambiental y de seguridad a lo largo de la cuenca. Los contornos de árboles que antes envolvían aquí el río, hoy son apenas declives de tierra muerta en que se apilan cientos de cilindros cargados de mercurio. Sin embargo, el trecho que flanquean las comunidades de Tutino y Nuevo Tutino quizá sea el epicentro del infierno en que se ha convertido el río Cenepa. Las balsas mineras casi han copado este espacio fluvial: operan una al lado de otra formando una enorme muralla que bloquea el paso normal de cualquier embarcación. Por el peligro y número de dragas, el crudo panorama que comparten Tutino y Nuevo Tutino es similar a lo que luego encontramos en Pagki y San Antonio, situadas a seis kilómetros de distancia.

La comunidad de Huampami es la última parada en la navegación que Mongabay Latam y la ONG Paz y Esperanza han concretado por el Cenepa. Es 8 de septiembre de 2023 y el balance de lo hallado en el trayecto se torna abrumador: 70 puntos de explotación ilegal de oro. En 60, los mineros operan a través de balsas y en 10, con dragas en tierra. Los focos de succión y descontrol están principalmente en los territorios de Wawaim, Mamayaque, Tutino, Nuevo Tutino, Pagki, San Antonio y Huampami. Se trata de siete de las 63 comunidades de la etnia awajún que forman parte de la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas del Cenepa (Odecofroc). Hace un año, Mongabay Latam publicó un reportaje que daba cuenta del caos creciente en la zona. Para ese momento, una medición de Paz y Esperanza indicaba que 30 dragas funcionaban en todo el río. Los dirigentes de la Odecofroc proyectaban que era el doble. Hoy en día, el problema ya desbordó los cálculos más sombríos.

Vivir bajo el terror

Augostina Mayán ha regresado después de dos meses a la comunidad de Nuevo Kanam, un anexo de Tutino. La última vez que estuvo aquí, en julio de 2023, fue cuando rescató a su padre del encierro al que los mineros ilegales lo tenían obligado dentro de su propia casa. El hombre de 80 años había permanecido tres días sin alimentos, sin poder salir ni recibir a nadie, luego de que su hija denunciara la presencia de 15 dragas en el costado del Cenepa que está bajo sus chacras de yuca y cacao. La casa de los Mayán de pronto fue rodeada y el patriarca de la familia quedó solo y a su suerte. La ex presidenta de la Odecofroc dice que una turba de mineros y comuneros de Nuevo Kanam vinculados con el negocio del oro incluso destrozaron el bote de sus hermanos cuando llegaban en auxilio de su padre.

“Logramos sacarlo con ayuda de compañeros de otras comunidades. Teníamos a la nuestra en contra”, recuerda la lideresa y se le anuda la voz. En el puerto de Nuevo Kanam, donde su familia fue atacada, solo queda una draga que por ratos es vigilada por un adolescente awajún. Augostina Mayán está convencida de que las demás balsas que asolaban su comunidad no se fueron por el temor de los mineros a sus denuncias, sino porque acabaron con el oro de esta parte y ahora explotan sobre otros espacios de Tutino. Ella es parte de los líderes que conforman una línea de lucha por la conservación del Cenepa. El costo de su pugna han sido los amedrentamientos que la empujaron a dejar su pueblo.

En la cuesta que da acceso a la comunidad de San Antonio, el ingeniero agrónomo Leonardo Ujukam lanza un resoplido y apunta hacia la tienda que los ilegales convirtieron en un bar sin hora de cierre. Por tres meses (entre junio y agosto pasados), el local fue centro de peleas, bullicio y drogadicción para los mineros que operaban en el sector del Cenepa ubicado frente al ingreso a San Antonio. Pero para un pueblo que siempre vivió en calma, relata Ujukam, aquel escándalo diario fue un choque que replegó a sus habitantes, los hizo blanco de intimidaciones y muy endebles de reacción. La necesidad, además, los fue obligando en algunas oportunidades a aceptar lo que el dinero de los ilegales imponía. Algunas adolescentes y mujeres adultas se convirtieron en víctimas de los intereses de aquella economía ilícita.

“La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades”, comenta Augostina Mayán.

Las dragas que succionaban el lado del río que da a la entrada de San Antonio ahora están cerca del límite con Pagki y Tutino, territorio de las comunidades awajún que registran una deserción escolar en aumento. De acuerdo con un reciente diagnóstico elaborado por la ONG Paz y Esperanza, que trabaja con diversos pueblos indígenas de El Cenepa, los estudiantes de ambos pueblos optan por atender las necesidades diarias de los mineros para obtener cualquier beneficio económico. Un profesor, que pidió no hacer pública su identidad, asegura que las adolescentes empleadas como cocineras en las balsas algunas veces son víctimas de explotación sexual. Una situación que, según puntualiza el informe de la ONG, ya está fuera de control. En cuanto a los menores que dejaron el colegio, refiere el docente, el trabajo que los mineros les encargan es vigilar si el motor se va quedando sin combustible o alertar en caso asome algún extraño al lugar de las operaciones.

“Por cualquiera de esas labores, el pago que reciben es entre S/80 y S/100 al día” (entre $20 y $25)“, estima el profesor.

A una hora de navegación desde Huampami por los ríos Cenepa y Comaina, en dirección al límite con Ecuador, está la comunidad de Kusu Kubaim. A inicios de septiembre, de aquí bajaron muchas de las balsas que actualmente se agolpan en Nuevo Tutino y Pagki. Pero en los dos meses que los mineros ilegales permanecieron en Kusu Kubaim, ese fue un territorio tomado por la delincuencia. Felicio Sakash, exlíder del pueblo, bebe un sorbo largo de masato y explica que, por falta de ingresos o bajo amenaza, muchos comuneros tuvieron que alojar a los ilegales en sus viviendas. La convivencia, entonces, puso a los habitantes awajún de Kusu Kubaim en el centro de feroces disputas entre mineros por las mujeres del pueblo o las ganancias del día. A diferencia de San Antonio, Sakash comenta que el caos no solo tenía lugar en el bar de la comunidad, sino también dentro de las casas y jirones en cualquier momento.

“La población soportó mucha presión. Todo el día había peleas, amenazas, desastre. Varias muchachas de acá también se juntaron con los mineros y fueron abandonadas, a otras se las llevaron”, declara el exlíder bajo un techo de ramas que lo protege del sol implacable en este extremo de la Amazonía peruana. La violencia que vivió Kusu Kubaim, lo tiene claro Sakash, es la misma que ahora somete a pueblos como Sua Panki, un anexo de Pagki, y Nuevo Tutino, inexpugnables por la acumulación de mineros y su personal armado de custodia.

Denuncias sin nombre

El jefe de La Defensoría Municipal del Niño y del Adolescente (Demuna) de la Municipalidad Distrital de El Cenepa, Elías Autukai, indica a Mongabay Latam que en lo que va de 2023 su despacho ha recibido demandas por alimentos de ocho comuneras awajún, incluidas menores de edad, abandonadas por quienes ellas consideraban como sus parejas. En sus requerimientos, las mujeres precisan los nombres y oficios (agricultores en la mayoría de casos) que ellos les dieron. Sin embargo, Autukai señala que, tras indagaciones en campo, comprobó que los denunciados son en su mayoría mineros ilegales no indígenas, con identidades falsas, y en algunos casos comuneros awajún enrolados a la extracción de oro. “Los buscamos en el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) y no existen”, remarca.

Con los folios en las manos, el funcionario anota que en los ocho casos su oficina pudo admitir las demandas e iniciar investigación. Pero hay mujeres que llegan a la Demuna solo con un nombre o el apelativo del padre de sus hijos, lo cual, apunta Autukai, hace imposible el inicio de todo proceso. De cualquier modo, se trata de comuneras que intentaron remediar su situación presentando denuncias, un grupo muy reducido frente al subregistro —estimado en decenas por el jefe de la Demuna— de mujeres awajún que no han acudido a reportar sus casos.

Lo que ocurre en cuanto a las mujeres denunciantes no es un aspecto aislado. Ninguno de los comuneros o dirigentes indígenas entrevistados para este reportaje pudo identificar con nombre y apellido a los mineros ilegales que proliferan en sus pueblos. Si aluden a alguno debido a un suceso en específico, lo llaman por su alias, un solo nombre y, a veces, por un diminutivo: ‘Maquisapa’, ‘Betito’, o similares. Dante Sejekam, presidente de la Odecofroc y quien ha emprendido una defensa firme del territorio awajún, sostiene que ni siquiera los líderes de las comunidades donde los ilegales perforan el Cenepa en busca de oro los tienen empadronados. En lo que los pobladores coinciden es que los ilegales provienen de Pucallpa (Ucayali), Puerto Maldonado (Madre de Dios), Iquitos (Loreto), Puerto Inca (Huánuco) y el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem). Es decir, de lugares que registran frecuentes delitos ambientales que afectan a pueblos originarios, conforme lo ha ido reportando este medio durante los últimos años.

Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad.

Rubén Ninahuanca — Abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

Mongabay Latam navegó dos días la cuenca del río Cenepa y constató el infierno de minería ilegal instalado en su cauce.

Si bien el despunte del precio del oro, hacia el 2010 y 2011, motivó la expansión de la actividad extractiva en Madre de Dios y Puno, no fue sino hasta el 2018 cuando los primeros mineros ilegales aparecieron en las comunidades que bordean el Cenepa. El defensor awajún Zebelio Kayap, otro dirigente amenazado por oponerse a la explotación aurífera en el río, relata que con el brote del Covid-19 se agudizó la histórica desprotección del Estado a los pueblos indígenas de la cuenca fronteriza, y ello dio paso a un progresivo establecimiento de los enclaves de minería aluvial. Las carencias en cada comunidad, además, han sido un factor decisivo para esa suerte de dominio territorial alcanzado por los ilegales.

Explotación de la necesidad

La casa de Felicio Sakash es de las pocas en Kusu Kubaim provistas de un panel solar para recargar una batería que, por dos o tres horas de la noche, permite a su familia tener luz. En Kusu Kubaim no hay energía eléctrica, pero aquello no es el problema mayor, explica Sakash, si lo compara con no tener servicio de alcantarillado o contar apenas con el agua del río que la minería ha contaminado con mercurio. “Cuando comemos pescado, tenemos fuertes alergias y males estomacales”, lamenta. En San Antonio, Leonardo Ujukam cuenta que ya nadie en su comunidad utiliza el agua del Cenepa, como antes, sino la que discurre por las quebradas cercanas y sale de a poco por las piletas de captación. De hecho, el último estudio de la Administración Local del Agua Bagua-Santiago acerca de la calidad de agua superficial en el río Cenepa, indica que la concentración de plomo excede los estándares establecidos por el Ministerio del Ambiente. La evaluación subraya como posibles causas de la magnitud de plomo encontrada las actividades mineras en la parte alta de la frontera de Ecuador y los vertimientos de aguas residuales provenientes de algún tipo de proceso de manufactura.

El crudo panorama de Kusu Kubaim y San Antonio se replica en todas las comunidades de la cuenca: ninguna tiene servicios básicos, infraestructura educativa adecuada ni postas médicas abastecidas. Por eso, cuando algún poblador sufre una urgencia de salud, el tema alcanza niveles dramáticos. Dante Sejekam, el actual titular de Odecofroc, refiere que muchas veces por la falta de personal y medicamentos el paciente tiene que ser llevado a Huampami, la capital distrital, donde la demanda de atención obliga a un técnico en enfermería a hacer “de médico, obstetra, odontólogo y hasta de psicólogo”. “En una situación de gravedad, el técnico debe acompañar el traslado del enfermo a Nieva o Bagua, o sea, a cinco horas de viaje, aunque esto pasa solo si hubiera una embarcación disponible”, describe Sejekam. Es decir, las perspectivas de salud para los comuneros awajún son tan frágiles como las de seguridad y condiciones de vida diaria dentro de los territorios que habitan.

Tal contexto marcado por la necesidad y desatención del Gobierno peruano fue propicio para que las cuadrillas de mineros ilegales irrumpan en los pueblos awajún, negocien su permanencia y exploten el río a sus anchas. Según un acta de asamblea suscrita en agosto de 2022, los entonces apus (líderes) de Nuevo Tutino, Tutino y Mamayaque, por ejemplo, admitieron que captaron ingresos mensuales de la minería para la construcción de locales comunales, colegios, postas y otras infraestructuras urgentes en aquellas comunidades. Varios de esos proyectos aún no se han concretado, y los que se realizaron fue para resarcir por ahora lo que las mismas operaciones mineras habían inhabilitado. Este es el caso de la escuela inicial de San Antonio, cuyos cimientos se debilitaron debido a la erosión provocada con la acción de las dragas y por lo cual un nuevo colegio fue construido sobre una loma del pueblo.

El uso de fondos procedentes de la actividad ilegal ha generado desacuerdo dentro de la Odecofroc, y ha agudizado el conflicto social que venía tomando fuerza en las comunidades desde el 2022. El expresidente de la organización awajún, Hortez Baitug, tuvo que renunciar tras ser acusado de alentar la minería. Dante Sejekam, gestor ambiental de 25 años, asumió el cargo recién en julio y explica por qué se reportan divisiones dentro de algunas comunidades: “El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre”. A ello se suman las amenazas y presiones de los ilegales que llegan hasta el punto de conseguir la renuncia del líder contrario a las extracciones de oro. La crisis social regida por las diferencias entre comuneros es una grieta que se ha ido profundizando gradualmente. En Kusu Kubaim, por ejemplo, tres jefes fueron removidos desde el 2021, tiempo en que uno solo debió cumplir gestión.

“Existe la narrativa de que las comunidades aceptan la minería ilegal, pero no se toma en cuenta que detrás hay grandes cantidades de dinero y violencia que mueven a los líderes indígenas de una posición a otra en realidades de extrema necesidad”, opina Rubén Ninahuanca, abogado coordinador del programa de Gobernabilidad de la ONG Paz y Esperanza.

La estrategia de los mineros es convertirse en comuneros, como parejas de las mujeres awajún, para no ser expulsados. Con el dinero logran que las familias de estas mujeres los admitan y protejan. Así se van haciendo fuertes en las comunidades.

Augostina Mayán

Siniestro negocio en ascenso

Durante la primera asamblea que dirigió Dante Sejekam como nuevo presidente de la Odecofroc, el 11 de septiembre de 2023, más allá de las irregularidades detectadas internamente, los comuneros y apus reunidos se concentraron en discutir cómo los daños han recrudecido.

Las fuertes cifras que mueve la minería aluvial en el Cenepa corresponden a la alta cantidad de oro que cada draga puede absorber por día del río fronterizo. En un ‘alce’, o lo equivalente a una jornada de extracción, los ilegales llegan a conseguir por lo menos 200 gramos del metal, que luego venden a S/180 por gramo ($47). Así lo detallan a Mongabay Latam un minero procedente de Loreto y un comunero awajún que dejó sus labores agrícolas atraído por el oscuro negocio del oro. Sin hacer mayores cálculos, ellos responden que este 2023 la ganancia diaria por cada balsa es de S/36 000 en promedio ($9500), monto del cual se destina entre el 10% y 20% a las comunidades donde las dragas pueden succionar.

Uno de ellos tiene la tarea de mover las piedras que van saliendo a medida que avanza la absorción del río. Una faena por la que, asegura, los pagos son de entre S/1000 o S/2000 ($263 o $526). El otro se encarga de bucear mientras manipula el tubo que aspira la arena y rocas de las profundidades del río. Lo hace provisto de un equipo especial que le permite mantenerse dos o tres horas bajo el agua. En cada jornada, se sumerge unas seis veces. No quiere revelar cuánto gana, pero aclara que es mucho más de lo obtenido por cualquier otra labor en las balsas. Luego, baja la mirada y carraspea: “Unos 10 han muerto por hacer esto. Hubo derrumbes en el fondo y quedaron sepultados”. Nadie reclama los cuerpos, añade con indiferencia, y por eso tampoco los sacan.

En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales.

Zebelio Kayap.

En torno a la tensión en el río Cenepa, distintas fiscalías de Amazonas han abierto investigaciones, pero la mayoría de los expedientes están paralizados, asegura Rubén Ninahuanca. En la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Bagua obra uno, del 30 octubre de 2022, respecto de un ataque a balazos de los mineros contra una comitiva de fiscales y policías en la comunidad de Pagki, y otro elaborado a raíz de una geolocalización, en noviembre de 2021, que daba cuenta de 20 dragas en la cuenca fronteriza. El último de ellos, que contenía las primeras importantes evidencias de la expansión minera en el Cenepa, fue archivado por la fiscal adjunta Elva Amenero. Mongabay Latam tuvo acceso al documento fiscal en que se resuelve no continuar con la investigación preparatoria.

El abogado de la ONG Paz y Esperanza sostiene que las diligencias dispuestas por la misma fiscal en la investigación a 20 presuntos propietarios de las dragas son “absurdas e impertinentes para el contexto donde se desarrolla la actividad minera”. Por ejemplo, describe: “Requiere buscar información en redes sociales, o datos del Registro Integral Formalización Minera para saber si estos ilegales figuran en el padrón cuando está claro que desde el 2010 la minería aluvial fue prohibida en el Perú”. Mongabay Latam buscó tener una entrevista con la fiscal Elva Amenero y la buscó en Bagua, pero no fuimos atendidos.

El poder lo tienen los clanes familiares y priman sus intereses. Si en una comunidad las familias numerosas quieren la minería, entonces eso ocurre.

Dante Sejekam — Gestor ambiental.

La irritación que la falta de justicia ha causado en la población awajún fue constatada personalmente por la presidenta de la comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos del Congreso de la República, Ruth Luque, en un encuentro que días atrás tuvo con comuneros y líderes de la cuencas de los ríos Cenepa, Santiago y Nieva. “En nuestra cara limpian a los corruptos (en referencia a las investigaciones fiscales), fue su clamor”, indica la legisladora. Ella también recogió cifras oficiales acerca de otro incesante flagelo para los habitantes indígenas de las tres cuencas: “Hay 189 casos de VIH detectados solo entre enero y agosto de 2023, de los cuales 35 son gestantes y 12 de ellas, niñas y adolescentes”. La explotación sexual y violaciones en un escenario de abierta actividad ilegal, conforme lo registró Luque, influyen en el incremento de contagios. Pero también en los embarazos de niñas y adolescentes que, según reportó la congresista, es uno de los principales temas de atención en las redes de salud a donde acuden las comuneras awajún.

El domingo 1 de octubre, en cumplimiento con un acuerdo de la primera asamblea convocada por Dante Sejekam, 200 comuneros awajún junto con una patrulla de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional incautaron y destruyeron 11 motores y una balsa durante una interdicción en cuatro comunidades de la cuenca del Cenepa. Sejekam afirma que el resto de motores y dragas fueron escondidos en las quebradas o hundidos en el río para luego ser recuperados, pues los mineros tenían la advertencia de que una interdicción estaba a punto de ejecutarse. No hubo detenidos. “Tampoco tuvimos tiempo ni recursos para ingresar en más lugares. Necesitamos que la policía instale una base aquí”, anota el presidente de la organización awajún. Solo dos días después de la intervención, las balsas empezaron a aparecer de vuelta en el río.

“Es lo mismo que pasó tras las interdicciones anteriores. En necesidad, sin presencia del Estado y sin un control constante, la puerta seguirá abierta para los mineros ilegales”, puntualiza Zebelio Kayap en un tono encendido.

El director de Medio Ambiente de la Policía Nacional, general Gregorio Villalón, declaró para este reportaje que su personal está realizando un trabajo progresivo en los ríos Cenepa y Santiago pese a las limitaciones en recursos, humanos, logísticos y financieros que tiene. El 1 de octubre, narró, los mineros ilegales intentaron frustrar la intervención. El oficial sabe que unas 70 dragas devastan el Cenepa y que se enfrenta a una economía ilegal sólida capaz de recuperar rápidamente sus pérdidas: “Podemos destruir uno o diez motores, pero ellos en una semana vuelven a instalarse”. En esa línea, Villalón consideró como tareas pendientes dar sostenibilidad a las acciones contra la minería y fortalecer el trabajo articulado entre las partes involucradas (fiscalía, gobierno regional y dirigencias comunales). “No se trata de ir una vez, intervenir y ya no regresar porque todo se pone igual”, precisa. Y tiene razón.

Al cierre de este reportaje, dirigentes awajún informaron a Mongabay Latam que las dragas estaban operando de nuevo sobre diversas posiciones. El Cenepa presenta otra vez el mismo panorama apocalíptico que encontramos en septiembre.

ED/JJD

La deforestación galopante de la Amazonía no era, como podía parecer, un fenómeno inevitable. Tras doblarse la superficie anual destruida entre 2018 y 2022, la desaparición del bosque amazónico en Brasil revirtió su tendencia (desbocada) hacia la devastación: en lo que va de año se asoló un 50% menos de superficie que en el mismo periodo de 2022, según los datos del Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE) de Brasil. De 7.100 a 3.700 km2.

El cambio de rumbo ilustra un viraje en la gestión del bosque tropical: el descenso en la deforestación comenzó en enero pasado, cuando asumió la presidencia de Brasil Inacio Lula da Silva tras el mandato del ultraderechista Jair Bolsonaro. Brasil se convirtió en la gran potencia de pérdida de bosques primarios en el mundo. En 2022 fue responsable del 43% del total mundial, según el World Resources Institute (WRI) por delante de Rusia, la República Democrática del Congo o Bolivia. Allí se destruyeron, no solo en el Amazonas, 1,8 millones de hectáreas, unos 18.000 km2.

Para ponderar qué significa esa destrucción, además de la pérdida de biodiversidad, hábitats y tierras para grupos indígenas, 18.000 km2 menos de bosque primario en Brasil supuso liberar 1,2 Gt de CO2 a la atmósfera para exacerbar el efecto invernadero que recalienta el planeta y provoca el cambio climático. Multiplica por 2,5 las emisiones de país al quemar combustibles fósiles, que ese año fueron unas 0,497 Gt según Global Carbon Atlas.

El nuevo presidente aseguró al iniciar su gestión que adoptaría una política de “deforestación cero” para el año 2030. Tanto en julio como agosto de este año –los meses usualmente más destructivos– la pérdida de bosque se redujo un 66% respecto al año anterior. En septiembre el descenso fue del 56% en comparación con 2022.

El gobierno de Brasil ha retomado las operaciones de comando y control en la Amazonía lo que tiene un efecto directo sobre la deforestación en ese bosque y cambia la percepción de impunidad

Tom Kuchard — Investigador de Ecologistas en Acción

“El gobierno de Brasil retomó las operaciones de comando y control en la Amazonía”, explica el investigador de Ecologistas en Acción Tom Kuchard. “Y esto no solo tiene un efecto directo sobre la deforestación en ese bosque, sino que también cambia la percepción de impunidad de los que podrían cometer nuevos crímenes ambientales”, remata Kuchard.

En ese sentido, ilustra la situación anterior que, si bien la destrucción del bosque anual casi se había doblado durante el mandato de Bolsonaro, al mismo tiempo, el número de multas por deforestación ilegal y daños a la flora decrecieron un 40%.

También se decretaron recortes presupuestarios para las agencias de protección ambiental brasileñas. La organización austriaca All Rise remitió una petición a la Corte Penal Internacional en 2021 –en estudio– para que se investigara a Jair Bolsonaro por crímenes contra la humanidad por la destrucción masiva de la Amazonía.

El responsable de la campaña de Amazonia de Greenpeace Brasil, Romulo Batista, señala que “el cambio en el discurso del Gobierno federal, el incremento de las inspecciones y las acciones en el campo han hecho que aumentaran las multas y las incautaciones”. Además, insite, “se han lanzado algunas acciones como el Plan de prevención y combate contra la deforestación”

Kuchard añade que también comenzó un proceso “para identificar tierras públicas no destinadas a la agricultura y definirlas como tierras indígenas, territorios quilombolas [afrodescendientes] y unidades de conservación”. Eso, en teoría, las pone a salvo de la deforestación. Al estar en fase inicial “seguramente no hay efectos visibles todavía, pero habrá”, según la profesora e investigadora de la Universidad Federal de Bahía, Diana Aguiar.

En la organización de Batista subrayan que “la notable reducción de la deforestación en los ocho primeros meses del año abre una esperanza. Aún así, a pesar de ese descenso significativo todavía se ha producido un alto número de incendios”. Los incendios en la Amazonía no pueden ser un proceso natural como en el bosque mediterráneo o el boreal, no se dan por causas naturales porque hay demasiada humedad. “La deforestación cero es la gran contribución que Brasil puede hacer a la mitigación del cambio climático”, concluye la organización.

Un cuarto de la emisiones globales de efecto invernadero

Porque “la deforestación y degradación de turberas contribuyen con entre el 12% y el 20% de las emisiones globales” de gases de efecto invernadero, según explica la London School of Economics. Al destruirse las plantas, el carbono almacenado en ellas se libera y se añade a la costra de gases de efecto invernadero. De hecho, debido a la destrucción del bosque tropical la humanidad ya no puede confiar en que los árboles del Amazonas se queden con la contaminación de carbono que genera. En la década que va de 2010 a 2019, el bosque tropical amazónico emitió un 20% más de CO2 del que absorbió para realizar la fotosíntesis. (16.600 millones de toneladas por 13.900 millones). La deforestación a base de incendios y talas ha producido el cambio.

Romulo Batista dice que “es necesario intensificar la lucha contra la deforestación sobre todo en esta época del año que aquí se conoce como verano amazónico cuando la región sigue muy cálida”. También es preciso, prosigue el activista, “que los gobernadores se unan a la alianza para alcanzar la deforestación cero en 2030”.

La pérdida de bosques tropicales en el mundo no para. Pasó de unos 2,5 millones de hectáreas en 2002 a más de cuatro millones en 2022 –solo el 14% fue por incendios–. En 2022 se perdió “el equivalente a 11 campos de fútbol por minuto”, según los datos recopilados por la Universidad de Maryland (EEUU) que analiza el WRI.

“Toda esa pérdida de bosques produjo la liberación de 2,7 gigatoneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones anuales de India al utilizar combustibles fósiles”, ejemplifica el análisis del Instituto.

Con todo, el freno en la Amazonía brasileña tuvo un reverso en su ecosistema vecino de El Cerrado. Si la deforestación en el bosque tropical cayó, la de la sabana tocó cifras de récord. Allí se destruyeron 658 km2 en septiembre, un salto del 140% respecto al mismo mes de 2022. Es el dato más alto desde que hay registros por satélite (2018).

“Se presume que las operaciones en la Amazonía han redireccionado la expansión de la frontera agrícola en El Cerrado y otros biomas”, explica Tom Kuchard. Esto es, el aclaramiento de bosque para hacer sitio al cultivo de soja para piensos y la propia expansión de la ganadería. “Por eso pedimos que se incluya El Cerrado y otros ecosistemas en la meta de deforestación cero”.

Las autoridades de Brasil lanzaron este lunes una operación para comenzar a desalojar a cerca de 1.600 familias que ocupan ilegalmente dos tierras indígenas en la Amazonía, para devolver sendos territorios a los pueblos originarios.

Las zonas ocupadas ilegalmente, ambas ubicadas en el estado amazónico de Pará, son las tierras indígenas Apyterewa, que está protegida desde 2007, y Trincheira Bacajá, que es de uso exclusivo de los indígenas desde 1996, según un comunicado del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

Ambos territorios tienen una extensión sumada de 2,4 millones de hectáreas y albergan a cerca de 2.500 indígenas de las etnias Parakanã, Mebengôkre Kayapó y Xikrim, que viven repartidos en 51 aldeas.

“La situación no es fácil, pero cualquier ocupación ilegal es crimen y la legislación brasileña tiene que ser cumplida”, declaró durante una entrevista a la radio pública la ministra de los Pueblos Indígenas, Sônia Guajajara, quien dijo tener identificadas 32 tierras indígenas con invasores.

El Ministerio también resaltó que hay registros de indígenas que viven aislados en esos territorios selváticos y que han sido contactados recientemente.

Las autoridades están trabajando para que los no indígenas dejen la región de forma pacífica y voluntaria, al igual que en otras operaciones similares realizadas a comienzos de este año.

Algunos de los colonos ilegales se dedican a actividades como la ganadería y la minería ilegal y han contribuido a la tala ilegal en la zona.

Estas actividades ilegales han llevado a la tierra indígena Apyterewa a encabezar la lista de territorios con mayores índices de deforestación, subrayó la nota.

En la operación participan varios cuerpos de policía y varios organismos dedicados a la protección de los pueblos indígenas y del medio ambiente.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha retomado la política de protección de los pueblos indígenas, con medidas como la demarcación de territorios y la expulsión de colonos ilegales.

La demarcación de territorios indígenas fue totalmente paralizada durante los cuatro años de Gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro (2019-2022), que, además, impulsó medidas para permitir la explotación de minerales en esas áreas, pese a que están protegidas por leyes medioambientales.

EFE.

IG

La conservación de la selva no sólo es vital, sino que puede generar un gran beneficio económico a la Amazonia brasileña: 7.400 millones de euros extra para el PIB de 2050 respecto al escenario de referencia y 312.000 empleos más de los actuales.

Así de contundente es la conclusión del último estudio del World Resources Institute (WRI) Brasil titulado 'Nueva Economía para la Amazonia'. La conservación de la selva no sólo permitiría a Brasil cumplir con los Acuerdos de París sobre el calentamiento global, sino que provocaría crecimiento económico.

El estudio describe qué ocurriría en 2050 si se conservara la selva Amazónica brasileña y se recuperara parte del bosque degradado: se evitaría, entre otras cosas, la deforestación de 59 millones de hectáreas y las emisiones de carbono caerían un 94%.

De esta manera, se esquivaría el punto de no retorno de la Amazonia, que los científicos fijan en 2029. Si no se hace nada por remediarlo, en esa fecha la selva no conseguirá garantizar las lluvias necesarias para su propia existencia, hecho de consecuencias desastrosas para todo el planeta.

La bioeconomía

El estudio de WRI se centra en una actividad pujante que no había sido tenida en cuenta hasta ahora y denominada bioeconomía. El cultivo de azaí, una fruta energética que se exporta a todo el mundo, es un buen ejemplo: “La bioeconomía no se define por el producto, sino por el proceso. El azaí producido con monocultivo es una commodity [materia prima]. El azaí producido en sistemas agroforestales, diseminado en tierras con otros usos y rica en selva, es bioeconomia”, asegura a elDiario.es Fernando Barbieri, economista de WRI Brasil, uno de los coordinadores del informe.

Las prácticas de la Cooperativa Agrícola de Tome Açu (C.A.M.T.A), en el estado de Pará, visibilizan el funcionamiento de la bioeconomía. “Tenemos recetas para que el agricultor tenga cosecha continua. Cupuazú durante seis meses. Después se comienza a producir cacao. Luego, pimienta negra. Se acaba el año con azaí”, afirmaba Alberto Oppata, presidente de C.A.M.T.A, al programa televisivo Globo Reporter.

Además, la bioecomomía no es incompatible con la agropecuaria: “El agricultor es bienvenido en la Amazonia siempre que no deforeste y que trabaje en áreas infra aprovechadas”, señalaba al mismo programa Beto Veríssimo, cofundador del Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon).

La economía indígena tiene especial peso en la bioeconomía: del cultivo de alimentos a la distribución de hierbas medicinales, pasando por productos textiles o artesanales, el estudio contempla una economía “indígena basada en elementos comunitarios y en el reparto de los beneficios”.

Una economía que suele estar organizada en asociaciones, cooperativas, grupos de productores o iniciativas familiares y está usualmente liderada por mujeres. “La economía tradicional no reconoce nuestra forma de trabajar. Nuestros procesos tienen una escala menor, diferentes a los de la producción industrial”, afirma la antropóloga indígena Braulina Baniwá, una de las autoras del estudio.

Para Baniwá, el territorio pertenece tanto a los humanos como a los otros seres vivos y su biodiversidad merece respeto. “Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva”, asevera.

Necesitamos urgentemente que las personas se curen del deseo financiero y cuiden a quien cuida de la selva

En el estudio se apunta otro problema: la balanza comercial. La Amazonia brasileña tiene un déficit de 20.934 millones de euros (exporta 65.200 millones e importa 86.125 millones). A pesar de que el 75% de población amazónica vive en ciudades, la región cuenta con poca capacidad industrial, con la excepción de la Zona Franca de Manaos.

Muchos de los productos amazónicos se empaquetan en ciudades del sur y sudeste de Brasil. “Aumentar la capacidad de industrializar sus propios productos sería revolucionario. Provocaría la generación de riqueza para la región sin necesidad de deforestación”, reconoce Barbieri.

Por otro lado, el estudio de WRI revela que las demandas del resto de Brasil y el comercio internacional son responsables del 83% de la deforestación de la Amazonia legal (un territorio que excede a la Amazonia selvática).

La transición energética es otra de las recomendaciones del informe de WRI. “Los paneles fotovoltaicos, ya sea en sistemas flotantes sobre hidroeléctricas existentes o en pastos degradados, generarían el 55% de la electricidad de la región en 2050. Si los subsidios a los combustibles fósiles de Brasil en la última década se redireccionaran para las energías limpias, estas financiarían el 60% de la transición energética”, asegura Caroline Rocha, gerente de clima del WRI Brasil.

Inversiones para salvar la Amazonia

Pero para que el escenario del informe sea una realidad en 2050, se necesita una inversión equivalente al 1,8% del PIB de Brasil, frente al 1% en la actualidad. De los 470.000 millones de euros adicionales que se calcula que harían falta, 274.00 millones irían destinados a la mejora de la infraestructura (transporte fluvial y conexión a internet principalmente); 217.000 millones a la bioeconomía y a la restauración de la selva (22 millones de hectáreas); 81.200 millones a la agricultura y pecuaria de baja emisión de carbono y 75.300 millones a la transición energética.

“Las inversiones necesitan de dinero público (ya sea en forma de créditos o de subsidios), bancos de desarrollo, bancos privados, filantropía... El desafío es que ese capital llegue a las comunidades locales. Por otro lado, el coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas”, alerta Carolina Rocha.

El coste de no hacer la transición puede ser mucho más alto, más del doble que las inversiones sugeridas

También se necesita el capital internacional para salvar la Amazonia. Por ese motivo, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, está intentando reclamar el dinero prometido por el G7 en la COP celebrada en Dinamarca en 2019 por un monto de 100.000 millones de dólares.

Al mismo, tiempo el mandatario ha resucitado el Fundo Amazonia, programa estatal que antes de ser congelado por el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro destinaba capital internacional a proyectos de conservación.

La diplomacia verde de Lula ha conseguido que los financiadores históricos vuelvan a apoyar el fondo (Noruega y Alemania) y que se sumen nuevos países (Estados Unidos y China, entre otros). Sin embargo, a día de hoy, el Fundo Amazonia es insuficiente.

“Los recursos necesarios para la transición son cien veces mayores que la financiación del Fundo Amazonia. No obstante, es revolucionario. Por un lado, el fondo financia proyectos de conservación, restauración, fortalecimiento comunitario, investigación y desarrollo. Por otro lado, actúa como señal de lo que debe ser hecho para la transición, funcionando como un seed money [dinero semilla] que consigue más inversiones públicas y privadas”, asegura el economista Barbieri.

Sin ir más lejos, Francia, Reino Unido y España ya han mostrado interés en el Fondo Amazonia.

¿Explotar el petróleo de la selva?

El petróleo y su explotación es una de las amenazas para la Amazonia. Recientemente, el propio Lula declaró que quiere seguir “soñando” con la explotación de petróleo amazónico. La aparición de importantes yacimientos en la desembocadura del río Amazonas ha colocado al Gobierno brasileño frente a sus contradicciones.

Sin embargo, el gubernamental Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) negó a la empresa pública de petróleo Petrobras la licencia ambiental para la perforación del primer pozo cerca de la desembocadura del Amazonas, pero la petrolera ha recurrido la decisión.

Mientras Marina Silva, ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, se opone a la extracción, un sector poderoso del Gobierno (ministerio de Minas y Energías y el súper ministerio de la Casa Civil) ha defendido públicamente la explotación de este recurso.

En los diálogos Amazónicos que tuvieron lugar durante la Cumbre de la Amazonia, celebrada en Brasil, grupos de la sociedad civil pidieron el fin de la explotación petrolífera. La declaración que salió de esa cumbre, firmada por los ocho países miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), eludió mencionar el petróleo y de los dirigentes de esos Estados, el colombiano Gustavo Petro fue el único que propuso el fin de la explotación petrolífera.

Un punto de inflexión para la región podría llegar tras el referéndum de este domingo en Ecuador sobre la explotación petrolífera en la reserva natural de Yasuní, en plena Amazonia. La victoria del 'Sí' significaría aparcar la explotación del petróleo de Yasuní, hogar de pueblos indígenas aislados y del ecosistema más diverso del planeta (601 especies de aves, 140 de anfibios, 83 de reptiles y 20 de mamíferos).

En 2007, el entonces presidente ecuatoriano, Rafael Correa, propuso la creación de un fondo internacional para compensar a Ecuador la no explotación del Yasuní. La compensación fue cifrada en 3.600 millones de dólares (más de 3.300 millones de euros), pero la comunidad internacional acusó a Correa de chantaje y el presidente enterró su propuesta en 2013, afirmando que el mundo no había estado a la altura.

“En el primer Gobierno de Correa se trató de llevar adelante. Luego, el propio Gobierno boicoteó la propuesta porque había intereses petroleros que presionaron fuertemente”, explica a elDiario.es Juanma Crespo, coordinador de investigaciones de la alianza de organizaciones indígenas Cuencas Sagradas Amazónicas.

El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia

“El referéndum del 20 de agosto es consecuencia de que Correa decidiera finalmente explotar el Yasuní. Se trata de una movilización ciudadana que podría lograr algo sin precedentes en el mundo: mantener el petróleo bajo tierra por voluntad popular”, afirma el ecuatoriano. “El gran reto de la década será parar el petróleo en la Amazonia”, agrega.

La sociedad civil, de la que había surgido la iniciativa de una compensación económica, lleva meses preparando la campaña del 'Sí' de cara al referéndum del 20 de agosto, día en el que los ecuatorianos están llamados a las urnas para votar en las elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

El resultado del referéndum podría alterar la postura de otros gobiernos de los países amazónicos, divididos entre los que están a favor y en contra de explotar el petróleo, y todos profundamente dependientes de él.

De un lado a otro, unos monos tití (Saimiri sciureus) saltan por encima de las victorias regias, unas plantas acuáticas que parecen platos gigantes flotando en las orillas del río Marañón, al noroeste de la Amazonía peruana. Ema Tapullima, de 63 años, los mira pasar entre los árboles mientras recolecta agua a la entrada del Paraíso Natural Iwirati.

“Se acercan a nosotros porque aquí nadie les amenaza ni maltrata”, dice la lideresa kukama-kukamiria de la comunidad nativa de Puerto Prado. Ella es una de las guardianas de esta Área de Conservación Privada (ACP) Paraíso Natural Iwirati, de 100 hectáreas que resguarda la comunidad de forma voluntaria.

En su lengua, Iwirati significa árboles y es, entre imponentes cedros y shiringas, que Tapullima ha hecho posible un paraíso frente a la devastación que está empujando a toda la Amazonía a un punto sin retorno y la inminente extinción de sus especies.

Ella es una de tantas mujeres que están en la primera línea de defensa contra la tala y minería ilegal, tráfico de vida silvestre y otros delitos ambientales. Algunas ejercen el liderazgo de las iniciativas voluntarias de conservación, mientras que otras hacen un trabajo invisible y soportan el peso de la desigualdad.

La línea perdida

“No sabemos nada de conservación”, dijo Tapullima cuando en su comunidad empezaron a pensar en la creación de un Área de Conservación Privada (ACP), un reconocimiento del gobierno que permite a personas y empresas cuidar su territorio y ser parte del sistema de áreas naturales protegidas de Perú.

Fue así que, en 2014, el Paraíso Natural Iwirati se convirtió en la primera ACP que el Estado reconoció en una comunidad nativa. Desde entonces, las familias de Puerto Prado han hecho que la vida permanezca pese a las amenazas de madereros ilegales y cazadores furtivos.

En la actualidad existen 139 ACP que conservan más de 394.777 hectáreas en Perú, de las cuales al menos el 78% son bosques amazónicos. A estas se suman otras iniciativas voluntarias, como las 168 concesiones para conservación y ecoturismo otorgadas a la ciudadanía en tierras de dominio público hasta por 40 años renovables.

“Somos comunidades, familias, asociaciones productoras y gente de a pie en esta franja de conservación que nadie mira y, por tanto, no es valorada ni incentivada”, asegura Karina Pinasco, bióloga que ha liderado Amazonía que late, una red compuesta por 180 de estas iniciativas voluntarias que conservan más de dos millones de hectáreas en el país, lo cual ahorra al Estado 11 millones de soles (3 millones de dólares) cada año.

“Resguardamos territorios que queremos trascender a las siguientes generaciones, pero estamos prestas a mayores amenazas al ser invisibles”, agrega quien, además, es fundadora del ACP Pucunucho, un bosque que fue degradado por cultivos ilícitos de coca y que restauró junto a su madre.

Resguardamos territorios que queremos trascender a las siguientes generaciones, pero estamos prestas a mayores amenazas al ser invisibles

Karina Pinasco — Amazonía que late

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha advertido que estas iniciativas voluntarias, como las ACP y concesiones, lideradas por privados están “en riesgo de convertirse en uno de los ‘niños perdidos’ de la comunidad de áreas protegidas del mundo” al no ser respaldadas ni apoyadas plenamente por los gobiernos.

En Perú, pocas veces los datos están desagregados por género en temas de conservación, ni siquiera para dar cuenta de quién es titular de las iniciativas ni mucho menos de la fuerza laboral.

Para Eliana Rojas, experta en género y relaciones indígenas, este vacío “invisibiliza su manejo diferenciado y cómo aportan a la conservación”. “Están completamente invisibilizadas también en los mecanismos de protección para defensores ambientales”, agrega.

El análisis realizado por Diálogo Chino de los datos del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) reveló que sólo el 11% de las ACP en Perú están bajo la tutela de una mujer, frente al 29% de los hombres. La cifra es mucho menor en las concesiones en terrenos públicos, donde sólo el 6,5% están encabezadas por mujeres.

“Hasta ahora soy un ejemplo para otras comunidades porque aquí no ponen peros”, relata Tapullima quien en 2008 fue la primera mujer teniente gobernadora, algo que contrasta con el hecho de que apenas el 4% de las comunidades indígenas amazónicas tienen como jefa a una mujer, según el último censo nacional.

Las que se abren camino 

Diversos observadores han destacado el papel positivo que pueden desempeñar las mujeres en la conservación de la naturaleza debido a los conocimientos adquiridos en responsabilidades que, muchas veces, han dependido de ellas, como la producción de alimentos, el cuidado de semillas y la gestión del hogar, entre otras.

“Las pruebas demuestran que la participación y el liderazgo de las mujeres en la gestión de los recursos naturales y de la tierra conducen a una mejor gobernanza y a mejores resultados medioambientales”, dice una investigación realizada por WWF, CARE y EnGen Collaborative, un grupo de expertos centrado en la intersección entre género y medioambiente.

Sin embargo, según las organizaciones, suele pasarse por alto en las estrategias de conservación. Como resultado, las mujeres enfrentan barreras para participar, influir y beneficiarse de la conservación.

“Tenemos la convicción de que la conservación viene de los saberes ancestrales que ellas manejan”, afirma Mirko Ruiz, coordinador de género de Conservación Internacional, una declaración de la que se hicieron eco los líderes indígenas de la Amazonía peruana.

“Somos quienes estamos más en contacto con la naturaleza, aunque ellos aparezcan más”, señala Teresita Antazú, lideresa yanesa y responsable del Programa Mujer de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), organización vocera de los pueblos indígenas amazónicos. “Los dirigentes hablan de lo que afecta a las comunidades, pero casi nunca dicen que la mujer es quien siempre debe arreglárselas”.

Para Antazú, uno de los pasos decisivos se dio en 2018, con la creación de la Agenda de las Mujeres Indígenas de Aidesep que busca paridad y equidad en la toma de decisiones. Este es un eco feminista del mismo movimiento indígena de la Amazonía, en especial de Brasil, explica la experta Eliana Rojas. “Aunque Perú está más rezagado, está dándose mayor visibilización a las defensoras que dan la primera voz de alarma en los territorios”.

Amenazas en el camino

Perú es el tercer país de Sudamérica más peligroso para defensores ambientales. Según Global Witness, en esa violencia las mujeres enfrentan un doble desafío: la lucha por proteger el territorio y la defensa de su derecho a manifestarse.

“Mi voz no es escuchada”, repite Tatiana Espinosa, ingeniera forestal de 45 años que defiende árboles milenarios al borde de la extinción. Lo dice por las decenas de veces que ha intentado hablar con madereros que rodean —y hasta invaden— la concesión para la conservación que lidera con sus hermanas en Madre de Dios, región convulsionada por la minería ilegal al sur del país.

“Cuando me acercaba sola para detener las máquinas me decían de todo y ahí me di cuenta de que basta que haya un hombre a mi lado para que yo exista”, relata Espinosa que recibe constantemente amenazas por enfrentarse a ilegales y proteger este bosque de 916 hectáreas.

Pero no son solo los madereros. En su lucha, ha sido objetivo de burlas y ataques de otros ingenieros del sector maderero. “Me quieren ridiculizar diciendo que me la paso abrazando los árboles, que soy anti desarrollo y si acaso con mi sonrisa voy a ganar algo”, afirma quien, en 2018, fue condecorada con el Jane Goodall Hope and Inspiration Ranger Award. “Esas cosas no se las dicen a un hombre”.

Para Leyda Rimarachín del ACP Bosque Berlín es usual escuchar ese tipo de frases. “Cuando hablaba de conservación me decían que estoy loca”, asegura la bióloga que protege su bosque de 59 hectáreas, donde viven monos choros de cola amarilla (Lagothrix flavicauda), en peligro crítico de extinción.

Según un estudio de la UICN, este tipo de calificativos socavan la credibilidad de las defensoras ambientales y llegan a desalentar a otras. “Me decían que para qué estudié, si iba a volver al monte para hacer nada”, recuerda Rimarachín quien ahora es vicegobernadora en la región Amazonas.

La última resistencia

Perú es uno de los países que no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el primer tratado que protege a defensores ambientales en Latinoamérica y el Caribe. “Es como si las autoridades no estuvieran interesadas en atender esta ola de violencia”, sostiene Eliana Rojas.

Por el contrario, está en marcha un grupo de proyectos de ley que debilitaría el marco normativo ambiental, tal como han alertado distintas autoridades y organizaciones. “Detrás hay intereses económicos muy fuertes”, explica la bióloga Karina Pinasco.

En ese desamparo, Tatiana Espinosa no se rinde en su lucha por proteger la Amazonía y evitar que arrasen los últimos shihuahuacos. “Nos sentimos solas. Estamos poniendo en riesgo nuestras vidas con tal de defender este ecosistema. Ahora no solo debemos conservar, sino estar preparadas para una defensa total”.

Esta historia fue producida con el apoyo de Earth Journalism Network (EJN).

SJ / NB

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/