La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) publicó este mes su Informe número 75. Como todos los años, ofrece balance y prospectivas 2023-2024 de la agencia para el subcontinente de la Organización de Naciones Unidas (ONU): Estudio Económico de América Latina y el Caribe . El largo documento está disponible en el sitio web de la CEPAL (www.cepal.org), Como todos los años también, hay un tema monográfico que unifica en una argumentación única y contundente las preocupaciones coyunturales de la comunidad de especiaiistas cepalina. Lo revela el título: El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático. Tres grandes abordajes ofrece la CEPAL sobre este tema.

El Informe se abre con un “Informe macroeconómico regional y perspectivas 2023 y 2024”, que comprende el Capítulo I. Presenta el desempeño de la economía regional desde 2022 y el análisis de su evolución en 2023, así como las perspectivas de crecimiento para 2024. Se destacan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y que condicionarán el crecimiento económico en los próximos años. En la segunda parte, “El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático”, que comprende los capítulos II, III y IV, se  revisan las consecuencias macroeconómicas del cambio climático en las economías de América Latina y el Caribe y los posibles mecanismos financieros para facilitar las inversiones necesarias a fin de contar con economías resilientes e impulsar un crecimiento dinámico, sostenido y sostenible. La tercera parte compila informaciones diferenciadas sobre el desempeño económico de los países de la región y anexos estadísticos.

Macroeconomía de una macroregión 2022-2024

El “Informe macroeconómico regional y perspectivas 2023 y 2024” comprende el capítulo primero del entero documento. En su inicio  “Panorama regional”, se desarrolla el marco del contexto internacional en el que  se destaca el impacto duradero de los choques negativos de los últimos tres años, producidos por la pandemia, el conflicto entre la Federación de Rusia y Ucrania y el aumento de la inflación, junto con un endurecimiento de la política monetaria, en la economía global.

El comercio mundial continúa debilitándose, debido a factores no solo coyunturales, sino también de largo plazo.  Para 2024, se espera en general que la tendencia a la baja continúe en el caso de los bienes no energéticos, mientras que en el caso de los energéticos se podría observar una leve alza. De todas formas, en 2024 los precios de los productos básicos continuarían estando más de un 30% por encima de los niveles promedio de 2019, antes del inicio de la pandemia de Covid-19.

La volatilidad de los mercados financieros aumentó en marzo, en vista de los problemas en el sistema bancario en EEUU  y Suiza, aunque posteriormente esa tendencia se revirtió. Aunque los principales bancos centrales han optado por mantener el curso restrictivo de su política monetaria para continuar con el proceso de control inflacionario, se ha verificado que persisten riesgos a nivel mundial, cuya materialización no puede descartarse, dadas las vulnerabilidades que persisten en varios niveles.

Si bien, a mediados de 2023 se atraviesa un período de mayor calma financiera, no se puede descartar un nuevo empeoramiento del escenario financiero global. Los acontecimientos geopolíticos de los últimos tiempos, además de estar conduciendo al mundo hacia la inestabilidad y una creciente fragmentación geoeconómica, podrían ocasionar nuevas rondas de aumentos de precios de los productos básicos, tornando la inflación aún más persistente y redundando en más ajustes de política monetaria.

En el mediano plazo persistirá, por lo tanto, el triple desafío que las autoridades monetarias enfrentan desde comienzos de 2020: lograr simultáneamente la estabilidad de precios, la estabilidad del crecimiento y la estabilidad financiera. El principal riesgo reside en los mercados de la vivienda, que parten de una posición frágil en la mayoría de los países y en los que mayores dificultades de acceso a créditos hipotecarios. 

En los primeros cinco meses de 2023 la tasa de variación de la liquidez global presentó una importante reducción, debido a las políticas monetarias restrictivas adoptadas por los principales bancos centrales del mundo que las consideran un complemento al alza de las tasas de interés de corto plazo para combatir el aumento de la inflación. A la vez, se ha reducido el crédito transfronterizo y ha aumentado el endeudamiento para los países en desarrollo que se encuentra en máximos históricos. En el caso de América Latina y el Caribe, entre los países más vulnerables al sobreendeudamiento se incluyen la Argentina, Dominica, el Ecuador, El Salvador, Granada, Haití, San Vicente y las Granadinas, Suriname y la República bolivariana de Venezuela. Un contexto de bajo crecimiento puede agravar aún más el peso de la deuda.

La arquitectura financiera internacional no ha podido establecer mecanismos adecuados para el alivio y la reestructuración de la deuda en los países en desarrollo. En el caso de América Latina y el Caribe, Argentina, Ecuador, Suriname y República Bolivariana de Venezuela han recibido préstamos por parte de China.

Respecto al sector externo, en cuanto a los términos de intercambio, para América Latina se proyecta una caída promedio del 2%, con importantes diferencias subregionales, y para el Caribe una mejora de casi un 4 %, en razón de que la caída de los precios de los productos energéticos será más pronunciada. El grupo de países más afectado por la disminución de los términos de intercambio será el de los exportadores de hidrocarburos, (Estado Plurinacional de Bolivia Colombia, el Ecuador, Trinidad y Tabago y República Bolivariana de Venezuela). Por otro lado, la baja de los precios de los productos energéticos beneficia a los países importadores de estos bienes, en particular a los países del Caribe (con la excepción de Trinidad y Tobago), que son exportadores principalmente de servicios, y a países de Centroamérica, que verán un aumento en sus términos de intercambio. En el caso de América del Sur, el efecto es mixto, pero pesa más el efecto negativo que se produce en los países exportadores de hidrocarburos y de productos agroindustriales que el efecto positivo en los países que son exportadores netos de minerales (como Chile y el Perú), por lo que se prevé una caída de los términos de intercambio para la subregión en su conjunto.

En 2023 se esperó una reducción del déficit en la balanza de servicios de América Latina, debido sobre todo a la recuperación del sector turístico tanto en el Caribe como en Centroamérica y América del Sur. En cuanto a la llegada de flujos financieros netos a la región en 2022 fue sostenida únicamente por la inversión directa.Por su parte, la inversión directa de residentes en el exterior se duplicó con creces en el año,

Las emisiones de deuda de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales habían presentado una importante caída en 2022, aunque se incrementó la participación de las emisiones de bonos temáticos.En referencia a las emisiones de bonos temáticos, dirigidos a financiar programas de conservación del medioambiente y de apoyo socioeconómico a las comunidades, el principal emisor es el gobierno de Chile, seguido por las empresas privadas del Brasil, y el gobierno de México. El Uruguay, a pesar de haber realizado solo una emisión vinculada a sostenibilidad, tiene la particularidad de que dicha emisión es la primera en el mundo.

En la región el riesgo soberano había acrecido en la primera mitad de 2022, como consecuencia de los riesgos y tensiones financieras mundiales, y luego retomó una tendencia a la baja que se mantiene en 2023. A nivel de países se presentan importantes diferencias. Uruguay es el país con el nivel de riesgo más bajo de la región; siguen Chile, Perú y Paraguay. En situación contraria, República Bolivariana de Venezuela, Argentina y Ecuador.

En el desempeño interno, la actividad económica se ha estancado en América Latina y el Caribe. Salvo en  Brasil, en todos los países hubo una desaceleración. Las actividades de servicios, sobre todo las financieras y empresariales, y las de transporte y comunicaciones, siguieron siendo las más dinámicas, mientras que la contribución del comercio disminuyó debido al menor dinamismo del consumo privado. A lo anterior también se suma el mayor dinamismo del sector agropecuario sobre todo en Brasil y  Paraguay. En la industria, por el contrario, se registra una desaceleración

La inflación regional se incrementó en 2021 y 2022. El año 2023 siguió la inercia. Principalmente, en los países con inflación crónica (Argentina, Cuba, Haití y la República Bolivariana de Venezuela) A la vez existe preocupación sobre el curso de la inflación de los alimentos que esta podría seguir en los próximos meses debido a los problemas vinculados al cambio climático y a fenómenos como El Niño-La Niña.

La recuperación pospandemia de los mercados laborales de América Latina y el Caribe se encuentra ralentizada por la persistencia de muchos de los problemas estructurales, como los elevados niveles de informalidad y las grandes desigualdades de género.

En cuanto al trabajo, el año 2024 luce poco alentador según la CEPAL. Es posible que el empleo se vuelva más vulnerable, que reciba un nivel de protección social inferior, que se amplíe en sectores menos productivos y así aumenten pobreza y desigualdad.

Debido a que la capacidad adquisitiva del salario medio y la productividad laboral se han reducido en la región, para contrarrestar el efecto en los trabajadores y, en general, en los hogares de menores recursos, el valor nominal del salario mínimo se incrementó en toda la región. Pero las perspectivas no son alentadoras: es muy probable que los trabajadores se vuelvan más vulnerables, que el nivel de protección social que reciban sea inferior y que se empleen en sectores menos productivos, lo que se traducirá en un aumento del nivel de pobreza y desigualdad en la región.

En referencia a las políticas macroeconómicas, los ingresos provenientes de otras fuentes - los ingresos no tributarios, los de capital y las donaciones- también registrarían una reducción significativa. En particular, la contracción proyectada de los ingresos no tributarios provenientes de la exploración y la producción de hidrocarburos en países como Brasil, Ecuador y México, debido a la caída de los precios internacionales del petróleo y el gas natural. En algunos casos, se sumaron factores adicionales específicos de cada país, como devoluciones del IVA.

Se prevé que el gasto primario registre un crecimiento lento en América Latina, inferior a la expansión esperada del PBI. No obstante, ese incremento de la inversión pública podría ser difícil de lograr si los resultados fiscales se desviaran de las metas establecidas en los presupuestos del año. Aunque se prevé que en 2023 los pagos de intereses se mantendrán estables en relación con el producto, durante los primeros cinco meses del año se registraron incrementos significativos en varios países de la región. Al mismo tiempo, la dinámica de los precios incidió en el valor de los instrumentos de deuda indexados a la inflación. En lo que respecta al Caribe, se prevé que el gasto total del gobierno central caerá en 2023 y continuará la tendencia a la baja que comenzó a partir de 2021.

Los déficits fiscales aumentarían como resultado de la caída de los ingresos totales. Por su parte, la deuda pública mantiene una tendencia decreciente, pero aún permanecen altos los niveles de endeudamiento con relación al producto.  

Hasta el primer semestre de 2023, las tasas de interés activas de los países de la región presentaron, en general, una tendencia al alza.  En términos generales, el sector bancario de la región se encuentra bien capitalizado, con niveles bajos de mora y una rentabilidad comparable a la observada antes de la pandemia.  

El endurecimiento de la conducción de la política macroprudencial en la región no se hizo extensiva a los instrumentos orientados a riesgos crediticios, acaso para no restringir aún más la provisión de crédito en un contexto de políticas monetarias restrictivas. Y, las autoridades monetarias de la región buscan la adecuación de sus respectivos marcos regulatorios a los estándares de Basilea III.

Una tendencia reciente de las autoridades de regulación y supervisión del sistema financiero es la mayor atención que se presta a los riesgos financieros derivados del cambio climático y de fuentes potenciales de riesgo sistémico a corto y mediano plazo.

No se anticipa que las autoridades monetarias de la región comiencen un ciclo de relajamiento de la postura de política sino hasta que existan señales claras de que las presiones inflacionarias subyacentes a nivel nacional han disminuido y las condiciones financieras a nivel internacional se han relajado.

El financiamiento de una transición sostenible: inversión para crecer y enfrentar el cambio climático

En el Capítulo II, “Crecimiento y consecuencias fiscales de los choques climáticos en las economías de América Latina y el Caribe” con el propósito de evaluar el posible impacto del cambio climático sobre el crecimiento económico y las cuentas fiscales, se analizan seis países de Centroamérica y el Caribe: Barbados, El Salvador, Guatemala, Honduras, República Dominicana y Santa Lucía. Los países que componen este grupo son especialmente vulnerables a los cambios en las condiciones climáticas debido a su geografía, su elevada dependencia de actividades económicas que se verán muy afectadas por el cambio climático (como la agricultura y el turismo) y sus niveles de pobreza y desigualdad.

El número de desastres naturales por década se duplicó con creces a partir de la década de 2000, en comparación con el período comprendido entre los años 1970 y 1980.

El número de desastres por década se duplicó con creces a partir de la década de 2000, en comparación con el período comprendido entre los años ’70 y ’80. Los países del grupo también acusaron el impacto de una serie de grandes tormentas que causaron daños catastróficos, como entre otros el huracán Eta, que en 2020 afectó a millones de personas en Honduras y Guatemala.

Las estructuras económicas son vulnerables a los choques climáticos. Si no se controlan, se prevé que hacia 2050 el aumento de las temperaturas se traduzca en un drástico descenso del rendimiento agrícola y los países del Corredor Seco Centroamericano, incluidos El Salvador, Guatemala y Honduras, son especialmente vulnerables a estas perturbaciones de la agricultura.

Se prevé que el aumento de los fenómenos meteorológicos graves afecte el turismo que desempeña un papel central en los países del Caribe, incluidos los del grupo de países analizados

Todos los países del grupo registraron un descenso de la inversión pública en el período 2010-2019, con mayor baja en Guatemala, Honduras y República Dominicana y Barbados. En algunos casos, como El Salvador y Honduras, la alianza público-privada ha ido adquiriendo cada vez más relevancia.

Las necesidades de inversión para compensar el daño provocado por el cambio climático son excepcionalmente elevadas y, el margen fiscal para realizar inversiones proactivas orientadas a enfrentar el cambio climático es limitado. Estas inversiones tendrían que abarcar toda la economía, impulsando una transformación de la oferta que genere un crecimiento económico dinámico, sostenido y sostenible. Las políticas que quieran compensar las pérdidas producidas por el cambio climático deberían considerar otras inversiones en áreas como investigación y desarrollo, educación y formación y salud a fin de reforzar la productividad total de los factores.

La estrategia de financiamiento para impulsar la inversión climática y promover un crecimiento dinámico, sostenido y sostenible

¿Cuáles son los criterios para articular respuestas a los choques producidos por el cambio climático en los países de América Latina y el Caribe que tienen consecuencias de larga duración para su desarrollo económico y social? La Cepal recapitula interrogantes, y vías de solución posible.

Se trata de la creación de una senda de desarrollo sostenible para la región que depende de la inversión: en adaptación para crear resiliencia -fundamental para proteger y ampliar el acervo de capital, limitando así las pérdidas económicas y cualquier deterioro del nivel de vida-; anticipadas que mejoran la capacidad de los países para enfrentar el cambio climático y continuar invirtiendo; y de en mitigación para reducir las emisiones de conformidad con las contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN) que ha presentado en virtud del Acuerdo de París.

La viabilidad de un ambicioso programa de inversión vinculada al cambio climático se basa en la movilización de recursos públicos y privados a gran escala, que exigirá un enfoque multidimensional que alinee la política fiscal con los objetivos del cambio climático y genere las condiciones para desbloquear el capital privado y atraer la inversión. Aunque los niveles actuales de deuda pública son un motivo de preocupación, el costo del financiamiento de la deuda se destaca especialmente como un problema para las futuras inversiones vinculadas al cambio climático. Estas inversiones son de una envergadura considerable y no pueden hacerse recurriendo únicamente a deuda pública. Se necesita de una estrategia de financiamiento integral y coherente que comprende la movilización de recursos internos, crucial para cumplir todos los requisitos de inversión en iniciativas vinculadas al cambio climático, con intervenciones y políticas fiscales proactivas. La aplicación de prácticas de compras públicas verdes fomentará la integración de medidas de mitigación y adaptación en iniciativas públicas.

Políticas fiscales y decisiones monetarias

Respecto a la política fiscal en la región, varios países han establecido nuevos gravámenes o han modificado los impuestos especiales o los derechos de importación, para reforzar la tributación de los combustibles fósiles en función de su contenido de carbono. México aprobó un impuesto sobre las emisiones de carbono como parte de la reforma fiscal de 2014 como también Colombia, aprobado en 2016, La reforma fiscal ecológica más ambiciosa de la región hasta la fecha la realizó Chile en 2014.

La política monetaria verde aplicada de acuerdo con los mandatos legales de los bancos centrales puede servir de apoyo a las políticas climáticas de Gobierno en la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono. A su vez, las compras públicas verdes se definen como la compra de bienes, obras, servicios o consultorías que tienen los efectos menos perjudiciales posibles sobre el medio ambiente, la salud y la seguridad humana en comparación con otras compras similares que se presentan como competencia.

Las estrategias de cambio climático deben complementarse con esfuerzos para construir estructuras de gobernanza sólidas para los incentivos fiscales y garantizar que se empleen los instrumentos de incentivo más eficaces. Los países y las empresas de la región han tenido cada vez más éxito en la emisión de instrumentos de deuda verde, social y de sostenibilidad en los mercados financieros nacionales y mundiales, que han registrado un rápido crecimiento en los últimos años.

Bancos Centrales, todavía

En el Capítulo IV, “El papel de los bancos centrales y los supervisores financieros en el escalamiento de las finanzas y las inversiones sostenibles en América Latina y el Caribe” se caracteriza el rol de las instituciones bancarias respecto al cambio climático en la región. 

Al respecto, Cepal pondera tres temas centrales:

Las características de esos riesgos y su dimensión sistémica que inciden en los actores económicos requieren un enfoque macroprudencial. Las opciones de políticas que se pueden aplicar en ese ámbito por lo general se examinan a partir de los instrumentos disponibles en el marco de Basilea III, aunque este puede presentar límites en lo que respecta a la inclusión completa de riesgos climáticos. En esta línea, los instrumentos de política macroprudencial para abordar la urgencia climática se enfocan en facilitar la divulgación y la transparencia de la información respecto a los riesgos climáticos, realizar pruebas de estrés para medir el impacto de la materialización de los riesgos físicos y de transición sobre el sistema financiero y ajustar otros instrumentos macroprudenciales específicos.

Según la Cepal, el papelde los Bancos Centralesha sido capital en facilitar la divulgación de los riesgos relacionados con el cambio climático, contra el enfoque convencional en que los daños ambientales constituyen externalidades negativas

En América Latina y el Caribe, se han explorado ciertas opciones en función de las principales herramientas macroprudenciales disponibles en la región, en particular las diseñadas para mitigar el riesgo de liquidez y el cambiario, así como los riesgos de capital. En tanto el papel de los Bancos Centrales y los supervisores financieros inicialmente se ha enfocado en facilitar la divulgación de los riesgos relacionados con el cambio climático, los riesgos climáticos se siguen abordando más que nada desde un enfoque convencional en que los daños ambientales constituyen externalidades negativas. La creación del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD) en 2015 refleja esa tendencia a nivel internacional, cuya finalidad reside en establecer estándares de divulgación sobre el perfil de riesgos de las empresas en cuanto a la mitigación del cambio climático.

En América Latina y el Caribe, la dificultad de dimensionar la complejidad de los riesgos climáticos se refleja, por un lado, en lo difícil que es cuantificar el financiamiento que se necesita para cumplir con las políticas de mitigación y adaptación y, por otro lado, en la poca visibilidad de las fuentes de financiamiento disponibles.

AGB

En Balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe , su último informe anual, la Comisiòn Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) examina la dinámica económica y social de la región. Analiza el año concluido, y presenta también los  riesgos y desafíos políticos que enfrentará la región en 2023 para impulsar una recuperación renovadora-

El contexto internacional

El panorama internacional ha continuado deteriorándose y se han vuelto a revisar a la baja los pronósticos de crecimiento, tanto de la actividad económica como del comercio mundial.

Para 2023, se acentuará  la desaceleración, con un crecimiento del PIB mundial del 2,6 por ciento. Si bien estos pronósticos no apuntan todavía a una recesión mundial (definida como una disminución del PIB mundial total o per cápita), el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha estimado que más de un tercio de la economía mundial entrará en recesión en algún momento del bienio 2022-2023.

Respecto a los principales socios comerciales de América Latina y el Caribe, se prevé un crecimiento del PIB del 1,9% para EEUU, más de 2 puntos por debajo del pronóstico anterior a la guerra. En el caso de la zona del euro, la Comisión Europea pronosticó un crecimiento del 3,2% para 2022: 0,8 puntos por debajo de la publicada antes de la guerra. Para 2023, proyecta una gran desaceleración en un contexto de elevada incertidumbre, erosión del poder adquisitivo de los hogares y problemas relacionados con el suministro de gas natural en el contexto de la guerra.

En  el caso de China se espera un crecimiento del 3,3% -la menor tasa en más de cuatro décadas- en el marco del debilitamiento del sector inmobiliario, la quinta parte de la actividad económica- junto con los confinamientos debido a la política de tolerancia cero ante el Covid-19. El crecimiento de 2023 estaría además respaldado con medidas de política económica por valor de hasta el 2% del PIB con el fin de fortalecer la inversión en infraestructura.

La Organización Mundial del Comercio (OMC) ha revisado a la baja su proyección de crecimiento del volumen de comercio mundial en 2023. Se espera que aumente un 1% el próximo año, en vez del proyectado del 3,4 por ciento. La demanda de importaciones se verá afectada en la medida en que el crecimiento se desacelere en las principales economías y en que el endurecimiento de la política monetaria afecte el gasto en los sectores económicos más sensibles a las variaciones de las tasas de interés.

La inflación

Las crecientes presiones inflacionarias dieron lugar a uno de los episodios de endurecimiento de la política monetaria más sincrónicos a nivel internacional de las últimas cinco décadas. Tanto en las economías desarrolladas como en las emergentes, desde 2021 se habían observado crecientes presiones inflacionarias como resultado conjunto del repunte de la demanda con posterioridad a la crisis, los problemas de las cadenas de suministro y de la oferta, los altos costos del transporte internacional y el alza de los precios de los productos básicos. Las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania, acentuaron estas tendencias al alza aún más  de los precios de productos básicos -principalmente energía y alimentos- y agravar los problemas de suministro.

En el contexto de alta inflación, la respuesta de política monetaria también ha sido la más sincronizada a nivel mundial en varias décadas, con el mayor número simultáneo de alzas de tasas de interés de política observado desde por lo menos 1970.

La sincronización observada en la política monetaria restrictiva ha hecho que se disparen las alertas respecto de si los efectos sobre la actividad económica podrían terminar siendo mayores de lo previsto. La naturaleza altamente globalizada de la economía mundial actual amplifica el riesgo.

El valor de las cosas y el precio del dinero

Los niveles de precios de algunos bienes básicos permanecerán muy por encima de los niveles vigentes en 2021, antes de la guerra. En particular, los bienes energéticos permanecerán en 2023 más de un 40% por encima de los niveles de 2021; los alimentos, un 11% por encima; los metales básicos y minerales, serán más bajos que los de 2021.

Como resultado de las políticas monetarias restrictivas y sus efectos sobre la actividad, así como de las menores presiones desde el punto de vista de la oferta, se anticipa una baja en los niveles de inflación en 2023, tanto en las economías avanzadas como en las emergentes. Sin embargo, las  tasas se encontrarían muy por encima de las de la década anterior a la pandemia (2010-2019).

El riesgo soberano de América Latina se ha incrementado, en concordancia con el aumento de los costos del financiamiento en el mundo y una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas.  Este nivel de riesgo soberano difiere de un país a otro.  En la República Bolivariana de Venezuela se ubica en 45.000 puntos básicos, Argentina, con alrededor de 2.300 puntos básicos, y Ecuador, con cerca de 1.400 puntos básicos. Uruguay es el país con el menor nivel de riesgo de la región y presenta una tendencia que se ha mantenido relativamente estable a lo largo del año. Chile y el Perú también muestran niveles bajos. Algo más elevados se registran en Brasil y Costa Rica, pero con la particularidad de que se trata de los dos únicos países en los que el EMBI ha mostrado una tendencia a la baja a lo largo del año. 

Las necesidades de financiamiento externo de América Latina en 2023 ascenderían a unos 571.000 millones de dólares, lo que implica que la región necesita recibir flujos financieros externos por al menos esa magnitud. Estos requerimientos surgen en la medida en que los países deben enfrentar en 2023 compromisos financieros externos por aproximadamente 462.000 millones de dólares, así como financiar un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos que se estima en unos 109.000 millones de dólares para ese año

De no hacerse efectivas en 2023 entradas de flujos financieros por al menos esa magnitud, los países deberán hacer frente al monto faltante mediante la utilización de reservas internacionales.

La actividad económica

En 2022 las economías de la región continúan en el proceso de normalización de sus niveles de actividad en relación con los anteriores a la crisis y todo apunta a que en 2023 convergerán a tasas de crecimiento similares a las que se registraban antes de la pandemia. Solamente en tres países, México, Nicaragua y el Paraguay, las tasas mostraron en el tercer trimestre de 2022 un crecimiento mayor que el registrado en el segundo trimestre.

Se deterioran las dinámicas del gasto público y las exportaciones, mientras que el consumo privado se mantiene como el soporte fundamental del crecimiento del PIB. En el segundo trimestre de 2022 el crecimiento de la actividad económica fue impulsado, principalmente, por el consumo privado, que contribuyó con más de tres quintos al crecimiento del PIB en el segundo trimestre. También, un repunte de la inversión, especialmente en el segundo trimestre de 2022. Esta dinámica se explica fundamentalmente por el incremento en maquinarias y equipos, que contrarresta la caída que ha experimentado la inversión en la construcción. Los indicadores de confianza empresarial presentan un deterioro que, sumado a los mayores costos de producción, podría profundizar la tendencia a la desaceleración de la actividad económica y, en especial, de la inversión.

Los precios internos

La evolución de la inflación a nivel mundial y regional ha estado determinada por la interacción de factores de oferta y demanda, cuya importancia relativa ha cambiado a lo largo del tiempo. Las economías de América Latina y el Caribe están muy expuestas a que las presiones alcistas de los precios internacionales de los productos básicos se transmitan a los precios internos. 

El comportamiento de la inflación ha sido generalizado en la región, aunque con diferencias entre subregiones y países. El incremento de la inflación se ha presentado de manera diferente en los distintos componentes del índice de precios al consumidor, y es mayor en el caso de los bienes transables, en especial la energía y los alimentos.

Pese a la reducción observada en la inflación en el segundo semestre de 2022, se espera que durante 2023 esta variable se mantenga en niveles superiores a los de prepandemia.  La dinámica futura de la inflación en la región está muy ligada a lo que ocurra con la inflación a nivel mundial, ya que sus determinantes son muy similares.

Para 2023, se espera  una disminución de los precios de los bienes primarios, en especial de la energía y los alimentos, y menores tensiones en las cadenas mundiales de suministro.Las estimaciones apuntan a que en 2023 la inflación mundial debería reducirse. Además, las acciones adoptadas por los bancos centrales y el impacto de estas sobre la demanda agregada mundial y regional también deberían implicar menores tasas de inflación en el futuro, de forma coherente con la reducción de las tasas de inflación que se ha observado en el segundo semestre de 2022.

Sin embargo, la dinámica de la inflación podría moverse a un ritmo distinto, incluso en otra dirección, si se mantienen los problemas vinculados a los cuellos de botella en la oferta (mundial y regional); si nuevos cambios en el escenario geopolítico vuelven a perturbar los precios de la energía y de los alimentos, o si se producen nuevos aumentos de las tasas de interés de los bancos centrales de los países desarrollados, en especial la Reserva Federal de EEUU, lo que sin duda entrañaría una mayor volatilidad cambiaria en las economías de la región.

La política fiscal

Los ingresos públicos han exhibido un mayor dinamismo de lo esperado, impulsados por la recaudación tributaria.

La deuda pública sigue una trayectoria descendente, pero se mantiene en niveles elevados. Durante los primeros nueve meses de 2022, la deuda pública bruta del gobierno central en América Latina presenta una caída generalizada en relación con el producto. Esta disminución se debe principalmente al efecto denominador, en un contexto de crecimiento importante del PIB nominal. Este factor se evidencia en la dinámica de la deuda en Brasil, donde el crecimiento del producto generó una amplia reducción de dicha deuda, que logró compensar el efecto del incremento de los intereses nominales devengados sobre esta. De forma similar, la disminución de la deuda pública en Colombia se debe principalmente al efecto denominador, que contrarrestó otros factores relevantes, como la depreciación de la moneda nacional. A pesar de esta reducción del promedio del conjunto de América Latina, la deuda pública bruta se mantiene en niveles históricamente altos, similares a los observados hace 20 años.

En el Caribe, al igual que en América Latina, el repunte del crecimiento económico se tradujo en un fuerte efecto denominador, ya que los niveles de deuda pública en términos absolutos se mantuvieron relativamente estables durante la primera mitad del año. En este sentido, las reducciones en Antigua y Barbuda, las Bahamas, Guyana y Jamaica. En Guyana, se estima que el producto crecería por encima del 50% en términos reales, como resultado de la puesta en marcha de la producción de petróleo en alta mar. En cambio, se registra un aumento del nivel de endeudamiento en Suriname, que refleja el efecto de la devaluación de la moneda nacional sobre el acervo de deuda en moneda extranjera.

Si bien los niveles de deuda pública han disminuido en la región, se mantienen elevados y constituyen una fuente de vulnerabilidad. El efecto de diversos factores tanto internos como externos sobre la acumulación de la deuda pública, como el déficit fiscal primario, la tasa crecimiento del producto, la tasa de interés implícita y el tipo de cambio. Un factor de suma relevancia para la región, el deterioro de las condiciones en los mercados financieros domésticos e internacionales -que ha conllevado un aumento progresivo de las tasas de intereses-, sumado a la depreciación de la moneda local y las potenciales rebajas en las calificaciones crediticias, ha dificultado el manejo de los pasivos públicos. Estos factores incidirán no solamente en los pagos de intereses relacionados con el acervo existente sino también en los relacionados con nuevas emisiones, con condiciones financieras menos favorables. Durante la última década los países han recurrido a recortes de los gastos de capital para contener el crecimiento del gasto público, mitigando en parte el aumento de los pagos de intereses en el período.

Las condiciones menos favorables de los mercados financieros supondrán desafíos para la región en lo que respecta al refinanciamiento (rollover) de la deuda pública existente. Según las cifras de Bloomberg sobre instrumentos de deuda soberana para los que existe un mercado secundario, se estima que, durante los próximos diez años, los países de América Latina enfrentarán obligaciones crediticias por valor de 2,58 billones de dólares en concepto de pago del principal y los intereses de la deuda. La mayoría de estas obligaciones se cancelarán en moneda local, elresto en dólares estadounidenses.

Sin embargo, esta composición está fuertemente influenciada por las estructuras de Brasil y de México, donde las monedas locales representan la gran mayoría de los servicios de la deuda que deben cancelarse durante los próximos cinco años.

Retos de las políticas monetaria, cambiaria y macroprudencial para 2023

Las perspectivas de una tendencia a la baja de la inflación en 2023, a raíz del menor incremento de los precios de los alimentos y de la energía, la disminución de algunos problemas de oferta mundial y la caída de la demanda, reducirán la presión sobre las autoridades monetarias para aumentar nuevamente las tasas de política monetaria. Sin embargo, dado que el descenso de la inflación será lento y los precios continuarán en niveles elevados en términos históricos, no se esperan cambios drásticos en el corte de la política monetaria. No obstante, otros elementos, como la velocidad de la desaceleración de la actividad económica, la volatilidad de los mercados financieros internacionales y las consecuentes fluctuaciones cambiarias, condicionarán la política monetaria y el uso de instrumentos macroprudenciales, incluidas las reservas internacionales, para preservar la estabilidad macrofinanciera. En este sentido, recientemente han quedado de manifiesto las repercusiones significativas que pueden tener conflictos geopolíticos como el de Ucrania o crisis como la de la pandemia de Covid-19 sobre el alza de los precios de la energía y de los alimentos. Se ha subrayado a este respecto la necesidad de acelerar el proceso de transición hacia energías renovables y reducir la dependenciade las energías fósiles, especialmente en el caso de los países avanzados.

La urgencia de llevar a cabo una transformación “verde” a nivel mundial podría conllevar riesgos asociados a movimientos bruscos de capitales o fluctuaciones cambiarias excesivas, y generar fuentes de riesgo sistémico. Por lo tanto, resulta apremiante que los bancos centrales de la región tengan en cuenta los riesgos financieros derivados del cambio climático al definir las acciones de política necesarias para preservar la estabilidad macrofinanciera. Nuevamente, el reto para las autoridades monetarias radica en crear el espacio necesario para aplicar políticas que reduzcan esos efectos adversos sobre variables como la inversión, que afectarán la trayectoria del PIB a mediano y largo plazo, y evitar que los incrementos de la inflación y los movimientos excesivos del tipo de cambio continúen erosionando la capacidad adquisitiva de las personas y acentuando las desigualdades.

Riesgos climáticos y estabilidad financiera en América Latina y el Caribe

En la región, los riesgos financieros relativos al cambio climático cobran particular relevancia, dado que, por una parte, los canales de transmisión pueden verse amplificados por la situación geográfica y la repetición de las perturbaciones climáticas y, por otra parte, el cambio estructural hacia actividades sostenibles y verdes supondría costos elevados para las economías que dependen en gran medida de sectores productivos cruciales como la agricultura, la extracción de recursos naturales, el transporte y la construcción.

Las autoridades monetarias de la región manifiestan una creciente preocupación por la prevención y la mitigación de tales riesgos a fin de preservar la estabilidad financiera. Esta preocupación  se inscribe en el ámbito de la intervención, incluso aunque no se haga referencia explícita al cambio climático en los mandatos legales correspondientes. 

Perspectivas económicas para América Latina y el Caribe en 2023

En los diez años que van de 2014 a 2023, América Latina y el Caribe habrá crecido menos que durante la llamada “década perdida” de los años ochenta A los problemas estructurales que históricamente ha presentado América Latina y el Caribe, y que resultaron agravados por la crisis del covid 19, se fueron agregando en 2021 y 2022 desafíos crecientes debido a las fuertes presiones inflacionarias, los altos niveles de deuda soberana que dejó la crisis y -más recientemente- la guerra en Ucrania y sus efectos. Tras crecer un 3,7% en 2022, se espera que la desaceleración se acentúe en América Latina y el Caribe, con un crecimiento del 1,3% en 2023 en una coyuntura sujeta a importantes restricciones tanto externas como internas. Estas cifras significan que en los diez años que van de 2014 a 2023, la región habrá crecido menos, incluso, que en la llamada “década perdida” de los años ochenta.

La dinámica de la actividad económica durante 2022 en América Latina y el Caribe refleja una tasa de crecimiento mayor a la esperada durante la primera mitad del año y una desaceleración durante el segundo semestre. En el frente externo, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania afectó negativamente el crecimiento mundial -y con ello la demanda externa en la región-, además de acentuar las presiones inflacionarias, la volatilidad y los costos financieros. La mayor aversión al riesgo, junto con la política monetaria más restrictiva de los principales bancos centrales del mundo, perjudicaron los flujos de capital hacia los mercados emergentes, incluidos los de América Latina y el Caribe, además de propiciar depreciaciones de las monedas locales y tornar más onerosa la obtención de financiamiento para los países de la región. Para 2023 se espera que la desaceleración continúe y se profundice, por lo que cabe prever que la tasa de crecimiento del PIB será significativamente menor a la de 2022 y que América Latina y el Caribe muestre, en promedio, un crecimiento del 1,3 por ciento.

Los países de la región se verán nuevamente enfrentados a un contexto internacional desfavorable, en el que se espera una mayor desaceleración tanto del crecimiento como del comercio mundial, precios de productos básicos más bajos que en 2022 -que afectarán negativamente los términos de intercambio de los países exportadores de materias primas- y condiciones financieras a nivel mundial que seguirán influidas por la aversión al riesgo y las políticas monetarias restrictivas en los países desarrollados. En el frente interno, los países de la región enfrentarán nuevamente en 2023 un espacio limitado para la política macroeconómica, tanto fiscal como monetaria.

En el ámbito monetario, el aumento de la inflación condujo a los bancos centrales de la región, al igual que a los de la mayor parte del mundo, a aumentar las tasas de política, en algunos casos de manera sustancial, y a reducir el crecimiento de los agregados monetarios. Si bien se prevé que en 2023 este proceso llegue a su fin -en la medida que se vayan anclando las expectativas de inflación en los países-, los efectos de esta política restrictiva en el consumo privado y la inversión se harán sentir con más fuerza en 2023 dados los rezagos con que actúa la política monetaria.

En el ámbito fiscal, si bien se ha observado una reducción del déficit primario, las autoridades cuentan con un espacio fiscal reducido, ya que los niveles de deuda pública permanecen altos en un gran número de países. En un contexto de alta demanda de gasto, será necesario aplicar medidas para fortalecer la sostenibilidad fiscal y ampliar el espacio fiscal mediante el aumento de la capacidad recaudatoria y redistributiva de la política tributaria.

Todas las subregiones mostrarán un menor crecimiento en 2023: América del Sur crecerá un 1% (3,7% en 2022); el grupo conformado por Centroamérica y México un 1,6% (3,3% en 2022), y el Caribe (sin incluir Guyana) un 3,3% (4,5% en 2022). En América del Sur, algunos países se verán particularmente afectados por el bajo dinamismo de China, que es un importante mercado para sus exportaciones de bienes. Tal es el caso de Chile, Brasil, Perú y Uruguay, que destinan a China más del 30% de sus exportaciones de mercancías (40% Chile). América del Sur se verá también afectada por la disminución de los precios de los productos básicos y el impacto de la inflación en los ingresos reales y, con ello, en el consumo privado y la inversión.

¿Habrá más trabajo?

La evolución del mercado laboral en la región estará condicionada por un contexto macroeconómico complejo y una nueva desaceleración de la actividad económica.

En América Latina y el Caribe estará condicionada en gran medida por un contexto macroeconómico muy complejo. Al mismo tiempo, las repercusiones de una coyuntura caracterizada por una desaceleración de la actividad económica mundial, crecientes presiones inflacionarias, mayor volatilidad cambiaria y menos espacio para impulsar políticas expansivas hacen prever una nueva desaceleración del PIB de la región en 2023. La dinámica de la actividad económica lograda en el primer semestre de 2022, que fue mejor de lo esperado, permitió, entre otras cosas, reducir marcadamente la tasa de desocupación regional. Sin embargo, la desaceleración que se ha manifestado en el segundo semestre de 2022, y que se prolongará en 2023, siembra dudas sobre la posibilidad de seguir observando mejoras en los indicadores laborales de la región. Así, para fines de 2022, se estima que la tasa de participación laboral será del 62,6%, lo que supone una recuperación de 1,2 puntos porcentuales respecto del cierre de 2021. Para 2023, se espera que la tasa de participación laboral registre un nuevo incremento, de 0,5 puntos porcentuales, y que cierre en un 63,1 por ciento. Pese a los aumentos estimados, al cierre de 2023 la tasa de participación se mantendría por debajo del nivel observado en 2019, de un 63,3 por ciento.

De forma coherente con la dinámica descrita de la participación laboral y con las proyecciones de crecimiento antes presentadas, se estima que el número de ocupados crecería un 5,3% en 2022 y un 1,9% en 2023. Un factor que causa preocupación es que, como ocurrió en el primer semestre de 2022, los niveles de informalidad se han incrementado y el riesgo es que esta tendencia continúe en 2023, más aún si se considera que actividades como la construcción y la industria manufacturera pueden verse afectadas por el incremento de las tasas de interés que han adoptado los bancos centrales de la región para enfrentar el alza de los precios y la mayor volatilidad cambiaria, en especial en un contexto de elevado endeudamiento de los hogares y las empresas en algunos países de América Latina y el Caribe.

AGB 

Algo Prestado es un podcast de elDiarioAR realizado por Tamara Tenenbaum, junto a un invitado cada semana. Está alojado en Spotify, plataforma líder para la publicación de podcast, y también en otras aplicaciones de streaming.

TT

El informe Poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas y al femicidio o feminicidio: Reto clave para la construcción de una sociedad del cuidado  fue elaborado por el Observatorio de Igual de Género de América Latina y el Caribe (OIG). Este documento de la CEPAL expone la dramática situación de la violencia contra las mujeres y niñas y su expresión más extrema, el femicidio, feminicidio o las muertes violentas de mujeres y niñas por razón de género que visibilizan la persistencia de los nudos estructurales de la desigualdad de género y de la discriminación en América Latina y el Caribe.

En América Latina, los términos “femicidio” o “feminicidio” han sido incorporados en las leyes penales de 17 países, sin diferencia sustantiva entre ellos. Ambos términos describen a los asesinatos de mujeres por violencia de género; los dos dan cuenta, con sentido político, de un fenómeno social con características propias que lo diferencian del genérico “homicidio”. Se trata de una categoría del acervo teórico feminista que surge ante la ausencia de la perspectiva de género en la consideración de determinadas conductas delictivas. En los países del Caribe, debido a la ausencia de tipificación del delito, se privilegia utilizar la expresión “muertes violentas de mujeres por razón de género”.

Los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos basados en la cultura del privilegio son de los nudos más complejos de desarticular debido a su arraigo histórico y estructural. La violencia por razón de género contra mujeres y niñas tiene lugar de forma sistemática y persistente en la región; no conoce fronteras. Afecta a mujeres y niñas de todas las edades y se produce en todos los espacios, desde el ámbito doméstico hasta los espacios públicos. En los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y otros espacios educativos, en el ciberespacio y, sin dudas, en los propios hogares. “Pandemia en la sombra” la caracterizó Antonio Guterres,  titular de la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Para desatar los nudos estructurales de la desigualdad y transitar hacia una sociedad del cuidado tanto de las personas como del planeta desde un enfoque de género y en el marco de los DDHH, se requiere de políticas públicas y pactos sociales y fiscales que enfrenten las diversas formas de desigualdad, expandiendo los niveles de autonomía de todas las mujeres y niñas, en su diversidad, y ampliando la garantía de su derecho a una vida libre de violencia.

La implementación de compromisos colectivos de toda la sociedad para eliminar la violencia por razón de género contra mujeres y niñas es parte de la invitación del Secretario General de las Naciones Unidas, a través de la campaña “ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Reconocimiento y eco de la lucha histórica que han dado los movimientos de mujeres y feministas para instalar el tema en la agenda pública de los países de la región.

En América Latina y el Caribe, la fuerza de los movimientos feministas y de mujeres ha movilizado de manera permanente la lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas. Ante el silencio estadístico en la mayoría de los países, fueron las organizaciones y las activistas feministas quienes iniciaron el camino de recopilar datos y construir información sobre femicidios en varios países de la región. Su actuación, en conjunto con la de los mecanismos para el adelanto de las mujeres y los Parlamentos, ha sido y sigue siendo crucial para la aprobación de reformas legislativas, la formulación de planes de acción y políticas específicas para el abordaje integral de las violencias contra las mujeres y niñas, y la destinación de recursos para financiarlos. También es resultado de la Agenda Regional de Género, una agenda política progresista, innovadora e integral hacia la igualdad sustantiva y la autonomía de las mujeres, acordada a lo largo de 45 años en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Vinculada con la normativa internacional de DDHH, la Agenda Regional de Género tiene como marco principal la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1979, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará, de 1994), primer instrumento internacional de carácter vinculante que reconoció el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado.

Las reformas normativas impulsadas en las últimas décadas tendientes a abordar la violencia de género, en especial la aprobación en 13 países de leyes integrales sobre violencia y la promulgación en 17 países de normas que tipifican el delito de femicidio, cumplen un papel importante en la promoción de cambios culturales que favorezcan la construcción de sociedades en las que la violencia deje de ser socialmente tolerada. Sin embargo, la puesta en marcha operativa de las normativas para la preservación del derecho de las mujeres y las niñas a vivir una vida libre de violencia encuentra desafíos relacionados, entre otros aspectos, con el acceso de las mujeres a la justicia y la capacidad de los sistemas de administración de justicia de actuar con perspectiva de género e interseccionalidad, y de forma culturalmente pertinente.

Todos los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará. A la vez, todos los países cuentan con legislación para poner fin a la violencia contra las mujeres: trece países han aprobado leyes integrales que amplían la comprensión y el rango de acción frente a la violencia contra las mujeres y niñas. Diecisiete países han tipificado el delito de femicidio, feminicidio o muerte de una mujer por razón de género: diez países cuentan con normas sobre producción de datos e información sobre la violencia contra las mujeres y niñas y el femicidio. En la República Dominicana no se considera la tipificación del delito (Ley núm. 550 de 2014), dado que el Tribunal Constitucional del país derogó integralmente el texto del nuevo Código Penal, en el que constaba el delito de feminicidio. A la fecha, no existe en el país normativa específica sobre el tema.

La región también ha dado importantes pasos para romper el silencio estadístico en materia de violencia contra las mujeres y niñas. En América Latina, 10 países cuentan con normas que obligan al registro de datos sobre las diversas formas de violencia de género, incluido el femicidio o feminicidio, así como a su análisis y difusión. En algunos de ellos, dichas normas fijan responsabilidades sectoriales y establecen la puesta en marcha de sistemas de información de carácter interinstitucional (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay). Sin embargo, la coordinación interinstitucional y la disponibilidad de recursos financieros, humanos y tecnológicos adecuados para la generación de información de calidad sobre el tema siguen siendo desafíos pendientes.

Las encuestas nacionales disponibles en la región dan cuenta de que entre el 63% y el 76%  han experimentado algún episodio de violencia por razón de género en distintos ámbitos de su vida. Por otra parte, estimaciones para 2018 muestran que en América Latina y el Caribe alrededor de 43 millones de mujeres de entre 15 y 49 años -es decir, 1 de cada 4 mujeres de ese rango de edad- han experimentado violencia física y/o sexual por parte de su pareja al menos una vez a lo largo de su vida. Esta impactante cifra representa una estimación conservadora, porque las limitaciones metodológicas dificultan la obtención de información sobre la población femenina de todas las edades que es una realidad bastante heterogénea en América Latina y el Caribe.

Las estimaciones indican que más de un 30% de las mujeres han vivido violencia por parte de una pareja (Estado Plurinacional de Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana y Perú), mientras que en un amplio grupo este porcentaje varía entre el 20% y el 29% (Argentina, Belice, Brasil, Chile, Costa Rica, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Suriname y Trinidad y Tabago). En siete países se estima que la prevalencia es inferior a un 20% (Cuba, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela).

Las cifras revelan la persistencia contra las mujeres y niñas tiene un papel fundamental en la reproducción de la desigualdad de género. Por ejemplo, datos de la Encuesta Mundial de Valores muestran que, en al menos tres países latinoamericanos (Argentina, Chile y México), la proporción de personas que consideran justificable, en alguna medida, que un marido golpee a su esposa ha aumentado en la última década. En otros dos países (Brasil y Colombia), la disminución de este indicador no ha sido pronunciada (2 y 4 puntos porcentuales, respectivamente).

Femicidios en América Latina y el Caribe: una pandemia en la sombra

Desde hace una década y media, los estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia femicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado institucionalmente en la aprobación de leyes y protocolos y la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución. En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región (4.445 en 18 países y territorios de América Latina y 28 en 11 países y territorios del Caribe), según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región.

En 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior a 1 víctima de femicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de femicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), Estado Plurinacional de Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres).

En el caso del Caribe, 11 países y territorios entregaron información correspondiente a 2021 sobre muertes violentas de mujeres por razón de género, según la cual un total de 28 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en la subregión. Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de femicidio en el Caribe (3,5 y 2,0 por cada 100.000 mujeres, respectivamente), mientras que el mayor número absoluto de víctimas se registró en Jamaica (9 víctimas en 2021).

Al analizar las tasas de femicidio en 18 países y territorios de América Latina en el período 2019-2021, se observa que en 10 países estas se han mantenido iguales o superiores a 1 caso por cada 100.000 mujeres en todo el período (Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay).

La información disponible muestra que el femicidio persiste en la región, configurando una realidad inaceptable de flagrante violación de los derechos humanos de mujeres y niñas. De mayor incidencia resultan los contextos en los que existe fuerte presencia de la delincuencia organizada, violencia estructural y crónica, inseguridad ciudadana e intensos flujos migratorios. No ha sido posible identificar tendencias regionales de alza o disminución de esta forma extrema de violencia durante eventos de gran impacto, como la pandemia del Covid-19, que podrían suponer cambios sustantivos.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) acompaña a varios países de la región en el mejoramiento de sus registros administrativos sobre femicidio, y observa su fortalecimiento general en términos de fiabilidad, lo que potencia la comparabilidad a nivel regional. Respecto a la relación entre víctimas y victimarios, es posible notar una diferencia importante entre las dinámicas registradas en diferentes países de la región. En un primer caso, Chile, Paraguay, Ecuador, Perú, Uruguay y Argentina registraron que la mayoría de las muertes de mujeres por razón de género ocurrieron en el ámbito de las relaciones de pareja. A su vez, en la República Dominicana y Costa Rica esta misma vinculación entre víctimas y victimarios se registró en alrededor de la mitad de los femicidios. En El Salvador y Honduras, en menos del 25% de los casos los perpetradores fueron personas con quienes las víctimas tenían relaciones de pareja. Esto significa que, en estos últimos países, un número significativo de femicidios fueron perpetrados por sujetos con quienes las víctimas no habían mantenido relaciones de pareja, quienes pueden haber sido personas con quienes habían convivido o no, incluidas personas desconocidas. En estos casos, dinámicas más amplias relacionadas con la delincuencia organizada y la conflictividad social, expresadas en la violencia de género en el ámbito público, cumplen un papel importante.  

La información estadística de calidad sobre femicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas. Tiene importancia el conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros.

Reparaciones económicas y servicios de atención a niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa de femicidio

En 2021, al menos 781 niñas, niños y adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadoraa a causa del femicidio en 10 países de la región que cuentan con datos al respecto. Este número revela el gran impacto que tiene la violencia de género no solo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto. La reparación es uno de los pilares fundamentales de los abordajes integrales a la violencia por razón de género, y puede traducirse en indemnizaciones monetarias, prestación de servicios jurídicos, sociales y de salud, incluidos servicios de salud mental para una recuperación completa, así como garantías de no repetición, todas las cuales son extensivas a las víctimas indirectas. En América Latina, un grupo creciente de países ha ido incorporando en sus marcos legales y en políticas públicas la garantía para que los hijos e hijas de mujeres víctimas de femicidio reciban reparaciones económicas y servicios de atención integral. Este es el caso en Argentina (Ley núm. 27452, conocida como Ley Brisa, de 2018), Costa Rica (Ley de reparación integral para personas sobrevivientes de femicidio, de 2022), Ecuador (Decreto 696, de 2018), Perú (Decreto de Urgencia 005, de 2020) y Uruguay (Ley núm. 18850, de 2011). En México, los códigos penales de tres entidades federativas (Aguascalientes, Estado de México y Veracruz) hacen alguna referencia a la reparación del daño a niñas, niños y adolescentes.

La muerte de una mujer en un contexto de femicidio significa, además de una violación de su derecho a la vida, la exposición de sus hijos e hijas a una situación de vulnerabilidad. Los Estados deben asumir el compromiso y la responsabilidad de cuidar a estos niños y niñas, proveyendo los recursos y la atención necesarias para que ellos logren atravesar el trauma generado y desarrollarse en sus vidas de manera digna.

En 2021, factores críticos como la condición de embarazo de las víctimas y si estas tenían personas dependientes a su cargo solo fueron informados por un reducido número de países. A la vez, los datos proporcionados por los países reflejan un notorio subregistro de variables desagregadas, como la condición étnico-racial y la condición de ocupación, que evidencia la escasa aplicación, en los servicios vinculados a este tema, de enfoques interseccionales que contribuyan a ofrecer respuestas integrales a la complejidad de factores que conforman la violencia contra las mujeres y niñas.

Las variables en la información que el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe solicita a los países, con excepción del número de personas dependientes a cargo, son consideradas clave por la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos y el Marco estadístico para medir el homicidio de mujeres y niñas por razones de género aprobados por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas. Varios países, en informes y publicaciones oficiales, proporcionan información sobre otras variables como las siguientes: tipo de arma utilizada para consumar el femicidio o feminicidio (Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá, Perú y Uruguay), lugar de ocurrencia del delito (Argentina, Chile, Honduras, Perú y Uruguay), denuncias previas de violencia (Argentina y Chile), e identidad de género, orientación sexual y situación de discapacidad de la víctima (Argentina). Entre los 13 países que informaron sobre la nacionalidad de las mujeres víctimas de femicidio en 2021, se destacan Chile, donde las mujeres extranjeras fueron un 18% de las víctimas; República Dominicana, con un 13% de los casos, y Costa Rica, con un 11%. En el Caribe, Belice registró una víctima extranjera, lo que corresponde a un 14% del total de muertes violentas de mujeres por razón de género.

Entre las mujeres en situación de movilidad humana, factores como el miedo a buscar ayuda institucional debido a una situación de irregularidad, la falta de redes de apoyo, barreras idiomáticas y la discriminación interseccional relacionada con la condición étnico-racial y el estrato social, entre otros, generan una mayor vulnerabilidad frente al riesgo de violencia extrema por razón de género.

Niñas y adolescentes: la violencia por razones de género se inicia a temprana edad

La violencia por razón de género es un fenómeno que se expresa de diferentes formas y afecta a las mujeres de manera transversal. Para visibilizar diferentes aspectos de esta grave violación de los derechos humanos, el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe pone el foco en la situación frente a la violencia de niñas y adolescentes mujeres, dado que la discriminación de género adquiere particularidades específicas cuando se cruza con la edad y el ciclo de vida, factores que también representan un eje determinante de la distribución del bienestar y el poder en la estructura social. Es sabido que, en relación con sus pares varones, las niñas y adolescentes mujeres experimentan un abanico más amplio de formas de victimización y están más expuestas que cualquier otro grupo a formas específicas de violencia, como la violencia sexual y los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados.

De acuerdo a los datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021, se observa que adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio. La vez, más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años. Se ha constatado que tanto mujeres adultas como niñas y adolescentes mujeres presentan una mayor exposición a este tipo de violencia que los hombres de sus mismos grupos etarios.

Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados

Una manifestación de violencia de género y una práctica nociva y violenta, que afecta fuertemente el desarrollo integral de niñas y adolescentes, y las expone a situaciones de violencia, embarazos no deseados a temprana edad y sobrecarga de trabajo de cuidados cuando todavía no han consolidado sus trayectorias educativas o sus decisiones laborales. Los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una realidad extendida en América Latina y el Caribe y afectan a 1 de cada 5 niñas y adolescentes, reproduciendo y profundizando las desigualdades de género existentes en la sociedad. Esta práctica nociva y violenta impacta en la autonomía física de niñas y adolescentes y en el goce de sus derechos sexuales y reproductivos, y las expone a mayor riesgo de sufrir violencia obstétrica cuando son madres y al control sobre su cuerpo y sus decisiones por parte de su pareja y su familia, así como al riesgo de ser sometidas a aislamiento social y discriminación escolar, entre otras formas de exclusión que atentan contra su pleno desarrollo.

La persistencia inaceptable de las diversas manifestaciones de la violencia, en su carácter complejo y multicausal, hace evidente la dificultad de desatar los nudos estructurales de la desigualdad, específicamente el que se refiere a los patrones culturales patriarcales, discriminatorios y violentos. A ello se une el aumento de discursos de odio y grupos que los promueven en toda la región, lo que ha provocado un incremento de las hostilidades en contra de las organizaciones de mujeres y feministas, y en especial en contra de defensoras de los derechos humanos, activistas LGBTQI+, periodistas, influenciadoras digitales, lideresas indígenas y afrodescendientes, y otras lideresas que actúan en contra de la violencia sexista. 

AGB

El informe Tendencias de la población de América Latina y el Caribe: Efectos demográficos de la pandemia de COVID-19, realizado por el Observatorio Demográfico del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), presenta estimaciones y proyecciones del impacto de la pandemia de Covid -19 basadas en indicadores seleccionados de población de 38 países y territorios de América Latina y el Caribe.

En su conjunto, se destaca que aun cuando el crecimiento poblacional de la región empezó a desacelerarse en 1991, en 2020 y 2021 se observaron fuertes reducciones en el crecimiento a raíz de la pandemia: para el período 2015-2025 se estima una tasa de crecimiento anual de la poblacional de 8 por 1.000, mientras que la tasa de crecimiento en el período 2020-2021 fue de solo 5,9 por 1.000.

Según las estimaciones obtenidas, en 2022 la población de la región llegará a poco más de 660 millones de personas. El crecimiento cada vez menor de la población, como resultado principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas.

El método utilizado ha sido el de componentes por cohortes por edades simples y años calendario que ha permitido considera los indicadores de fecundidad, mortalidad, migración y población anualizados. Se han sumado a la información existente los nuevos datos de censos de población y vivienda, estadísticas vitales, registros administrativos y encuestas de hogares, garantizando así que las proyecciones de población tengan una buena calidad para la planificación de las políticas públicas.

Los censos de población y vivienda son la principal fuente de información demográfica y desde 1950 la mayoría de los países de América Latina y el Caribe fueron capaces de conducir rondas censales en intervalos de diez años. Sin embargo, se observan brechas significativas: tres países no han hecho censos desde 2010 (El Salvador, que realizó su último censo en 2007, Haití, que lo hizo en 2003, y Nicaragua, en 2005). A la vez, la pandemia retrasó la mayoría de los censos planeados para 2020 y 2021. Solo México y Aruba alcanzaron a levantar su censo en 2020 y cuatro países o territorios lo hicieron en 2021 (Barbados, Dominica, Islas Caimán y República Bolivariana de Venezuela).

Después del inicio del proceso de vacunación contra el Covid-19 en la región, en mayo de 2022 la Argentina fue el primer país que hizo el empadronamiento censal de manera presencial. Se espera que en el segundo semestre de 2022 realicen sus censos 19 países o territorios de la región: Anguila, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Brasil, Costa Rica, Curaçao, Ecuador, Granada, 1 Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y República Bolivariana de Venezuela Guyana, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, Montserrat, Paraguay, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago.

Sin embargo, la programación debe tomarse con cautela porque aún pueden producirse nuevas postergaciones. Muchos países todavía no han alcanzado un nivel de completitud de por lo menos el 90% de las defunciones y nacidos vivos a nivel nacional o presentan grandes disparidades regionales en lo referente a la calidad de los datos. Además, la pandemia tuvo un impacto significativo en el registro de los hechos vitales en los países de la región, pues muchas oficinas del registro civil cerraron las puertas durante los confinamientos y los hechos vitales no fueron registrados en el plazo correcto.

Para el logro de estimaciones y proyecciones de población cada vez más precisas, es fundamental que los países de la región persistan en el propósito de cumplir la meta 17.19 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), “de aquí a 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar indicadores que permitan medir los progresos en materia de desarrollo sostenible y complementen el producto interno bruto, y apoyar la creación de capacidad estadística en los países en desarrollo”, y en particular lo que se plantea en el indicador 17.19.2, que se refiere a la proporción de países que han realizado al menos un censo de población y vivienda en los últimos diez años, y de países que registran el 100% de los nacimientos y el 80% de las defunciones.

Sin embargo, en la evaluación de todos los datos obtenidos se ha tenido en cuenta que la pandemia no ha llegado a su fin. En consecuencia, aún no se puede conocer a ciencia cierta el impacto total del COVID-19 en la mortalidad en los países de la región.

El informe del Observatorio Demográfico está de acuerdo a las estimaciones y proyecciones obtenidas de población, fecundidad, mortalidad y migración

Tendencias de la población actual

Según la revisión de las estimaciones y proyecciones de población al 15 de noviembre de 2022, la población mundial ascendía a 8.000 millones de personas. En la región de América Latina y el Caribe, la población pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a 660,3 millones en 2022, y se espera que empiece a decrecer en aproximadamente 34 años. A la vez, está previsto que la población mundial siga creciendo hasta 2086, cuando alcanzará la cifra máxima de 10.430 millones de personas.

La región pasó de un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas entre 1950 y 1951, a un máximo de casi 8,3 millones de habitantes a inicios de los años ‘90. A partir de 1991, el crecimiento demográfico de la región empezó a desacelerarse. Actualmente, la población crece a un ritmo inferior a 5 millones de personas al año.

El crecimiento cada vez menor de la población, ocasionado principalmente por la disminución de la fecundidad, hará que la región alcance su población máxima en 2056, momento en que contará con un total de 751,9 millones de habitantes. En 2020 y 2021, se produjo una disrupción en la tendencia del crecimiento regional a raíz de la pandemia de Covid-19: el crecimiento pasó de 5,5 millones entre 2018 y 2019, a 5 millones entre 2019 y 2020 y a 4,26 millones entre 2020 y 2021. En 2023 y 2024, se prevé una recuperación del crecimiento demográfico que en 2025 proseguirá con la tendencia a la baja observada antes de la pandemia, si bien en menor magnitud.

A nivel regional, se distinguen diferentes tendencias de crecimiento entre los países. Algunos países y territorios ya alcanzaron su población máxima en 2022 (Aruba, Cuba, Guadalupe, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Jamaica, Martinica, Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas y Uruguay), mientras que otros la alcanzarán a fines de este siglo (Estado Plurinacional de Bolivia, Guayana Francesa, Haití y Panamá).

En líneas generales, a excepción de los primeros años de la pandemia, los países de América Latina presentan un crecimiento positivo, mientras que los países del Caribe registran un crecimiento nulo o negativo. Las estimaciones y proyecciones relativas a América Latina muestran que, en un extremo, la población de Cuba empezó a disminuir ya en 2016, mientras que, en el otro extremo, en Panamá y el Estado Plurinacional de Bolivia la población no comenzará a decrecer hasta 2086 y 2092, respectivamente. En Brasil, el país con más habitantes de la región, se espera que la población comience a disminuir a partir de 2046 y en México, el segundo país más poblado, se prevé a partir de 2052. En el Caribe se han contabilizado siete países cuya población ya ha empezado a decrecer. En cambio, en la Guayana Francesa se estima que la población seguirá creciendo, por lo menos, hasta 2100.

La población por edades

En el proceso de transición demográfica de la región, se destaca la acelerada caída de la fecundidad en la década de 1960, precedida por la reducción sostenida de la mortalidad desde la primera mitad del siglo XX. En 2022, se registra una esperanza de vida de 73,8 años para ambos sexos y una tasa global de fecundidad de 1,85 hijos por mujer.

La tasa de crecimiento anual en América Latina y el Caribe ha pasado del 2,6% a mediados del siglo XX, a tan solo el 0,67% en 2022. De acuerdo con las proyecciones, ascendería a 749,2 millones en 2050, para después bajar a 647,4 millones en 2100. 

Si en 1950 la población de la región representaba menos del 6,7% de la población mundial, en la actualidad se acerca al 8,3%.  Y este crecimiento varía marcadamente entre los distintos grupos de edad. En la década de los ’50,  la población crecía en casi todas las franjas de edad;  la que más aumentaba era la correspondiente a niñas, niños y adolescentes menores de 15 años. En la década actual, se proyecta una disminución del número de habitantes menores de 30 años acompañada de un crecimiento positivo de la población adulta en la región, sobre todo de los mayores de 50 años. De cumplirse los supuestos de las proyecciones de población, hacia finales de este siglo el único grupo poblacional que seguiría aumentando a nivel regional son las personas de 80 años y más.

Envejecimiento poblacional

El conjunto de la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada y está previsto que, para 2047, las personas de 60 años y más superen a las menores de 15 años. Sin embargo, persiste la heterogeneidad regional con distintos ritmos de envejecimiento. En América Latina, Cuba ya registraba un índice mayor a 100 en 2015, en tanto que Haití no alcanzará ese nivel hasta 2076. Respecto a los países del Caribe, aunque hasta 1980 presentaban una menor dispersión, a partir ese año comenzaron a distanciarse; entre ellos, destacan Puerto Rico, Martinica y las Islas Vírgenes de EEUU, que desde 2010 se han caracterizado por un acelerado proceso de envejecimiento.

Mientras que la disminución de la relación de dependencia  (número de niños con las personas en edad de trabajar) da cierta holgura demográfica en el mediano plazo (bono demográfico), el aumento de la relación que le sigue (envejecimiento de la población) entraña una serie de desafíos para las políticas públicas, sobre todo en las esferas relativas a las pensiones, los cuidados y la salud. Se estima que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, y marcó el inicio del bono demográfico. Se proyecta que en 2029 la población dependiente (menores de 15 años y de 65 años y más) crezca más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años). Esto se traducirá en un aumento de la relación de dependencia y en el fin del bono demográfico en la región que habrá durado cerca de 62 años.

Dieciséis países (Antigua y Barbuda, Aruba, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Curaçao, Guadalupe, Islas Vírgenes de EEUU, Martinica, Puerto Rico, Santa Lucía, Suriname y Trinidad y Tabago) ya han terminado, o están terminando, su etapa de bono demográfico. Otros ocho (Estado Plurinacional de Bolivia , Granada, Guatemala, Guayana Francesa, Guyana, Haití, Honduras y Paraguay) terminarán su etapa de bono demográfico después de 2040. Los demás lo harán entre 2022 y 2040. La duración del bono demográfico varía en función de la dinámica demográfica de cada país. El plazo de tiempo depende del proceso de envejecimiento, que está relacionado con la disminución de la mortalidad y la reducción de la fecundidad, así como por los procesos migratorios que afectan a los países de la región, sobre todo a los de Centroamérica y el Caribe.

Mortalidad

En América Latina y el Caribe la esperanza de vida al nacer aumentó en forma sostenida entre 1950 y 2019, como resultado de la disminución sin precedentes de las tasas de mortalidad a nivel regional a partir de la década de 1930. El desarrollo socioeconómico entrañó mejoras en la nutrición de la población y la infraestructura urbana, con la expansión del saneamiento básico y el acceso al agua potable, y permitió la importación de tecnologías médicas y sanitarias, así como la adopción de métodos modernos de salud, como el uso de antibióticos y la vacunación.

Esas transformaciones permitieron que en menos de 70 años la esperanza de vida al nacer para ambos sexos en la región pasara de 48,6 años en 1950 a 75,2 años en 2019. En comparación, países como Suecia y Gran Bretaña demoraron 90 años (1886-1976) y 83 años (1903-1986), respectivamente, en aumentar 25 años la esperanza de vida al nacer. En la región, la esperanza de vida de las mujeres pasó de 50,8 años en 1950 a 78,3 años en 2019, mientras que la de los varones aumentó de 46,5 a 71,9 años en el mismo período.

La llegada de la pandemia en 2020, en un contexto regional de elevadas desigualdades socioeconómicas y de salud, así como de grandes diferencias entre los países en lo que respecta a los sistemas de salud y las estrategias de respuesta frente a la pandemia, representó un cambio en las tendencias de mortalidad de la región. América Latina y el Caribe fue la región donde más se redujo la esperanza de vida al nacer al registrar una pérdida de 2,9 años en 2021 respecto de 2019. Lo que significó un retroceso de 18 años en la esperanza de vida al nacer en la región. Esta pérdida de años refleja el efecto total (directo e indirecto) de la pandemia de Covid-19 en la mortalidad; no solo representa la mortalidad por el coronavirus, sino también por otras causas que se vieron afectadas por la pandemia.

Desde 1950 hasta 2021, la pérdida de años de vida en 2020 y 2021 es mayor que en cualquier otro período de la historia reciente de la región. En 2021, la esperanza de vida al nacer de ambos sexos fue menor que en Asia. No obstante, se prevé una recuperación en 2022 a diferentes ritmos en los distintos países debido a las diferencias en el proceso de vacunación y en las medidas tomadas para combatir la pandemia. Específicamente, la esperanza de vida al nacer no volverá a niveles prepandémicos hasta 2025, dependiendo del país. El ritmo de recuperación depende de las pérdidas sufridas en 2020 y 2021, así como de la proporción de la población que esté vacunada con pauta completa en 2021.

La disminución de la mortalidad en la niñez en los últimos 70 años ha desempeñado un papel fundamental en el aumento de la esperanza de vida al nacer de la región. La tasa de mortalidad de niños menores de 5 años en la región pasó de 208,7 defunciones por cada 1.000 nacimientos en 1950, a 22,9 en 2010 y a 15,6 en 2022. Sin embargo, la mortalidad en la niñez sigue siendo alta y en la actualidad prácticamente cuatriplica (3,6) la de Europa. A nivel regional, se observa una gran diversidad de situaciones: once países poseen una tasa igual o inferior a 10 defunciones de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos, similar a las de América del Norte y Europa. Pero la tasa de 33,2 defunciones de menores de 5 años por cada 1.000 nacidos vivos, registrada en el Estado Plurinacional de Bolivia, es superior a la tasa promedio de Asia. Haití es el país de la región con la mayor tasa de mortalidad en la niñez (56,7 por cada 1.000 nacidos vivos). Si bien varios países de la región han avanzado considerablemente en la reducción de la mortalidad de los menores de 5 años, queda bastante camino por recorrer para eliminar las desigualdades en los países.

Desde 1950, en la región se observan distintos niveles de mortalidad en función del sexo. En general, la mayor esperanza de vida al nacer de las mujeres obedece a factores biológicos, diferencias en los comportamientos relativos a la salud, por ejemplo, en lo que respecta al consumo de alcohol y tabaco, diferencias en la alimentación, frecuencia de las visitas médicas (prevención) y menores comorbilidades. En la región, tienen especial importancia las muertes por causas externas (homicidios, accidentes y suicidios), que afectan más a los varones. De ese modo, la mortalidad de las mujeres ha disminuido de manera más rápida que la de los hombres.

Después de la pandemia, las proyecciones indican que la brecha en la mortalidad seguirá reduciéndose con el paso del tiempo y que llegará a ser de 3,6 años en 2100, con una esperanza de vida al nacer de 89,1 años para las mujeres y de 85,4 años para los varones. Sin embargo, existe una gran heterogeneidad en los países en lo referente a la esperanza de vida al nacer a raíz de la pandemia. 

De los 20 países del mundo con mayores pérdidas de esperanza de vida al nacer en 2020 respecto de 2019, seis pertenecen a América Latina; Ecuador (-5,1 años), México (-4,1), Estado Plurinacional de Bolivia (-3,4), Perú (-2,5), Nicaragua (-2,3) y Colombia (-2,0). En 2021, nueve países de la región se situaron entre los 20 con mayores pérdidas; entre los cuales siete de América Latina: Estado Plurinacional de Bolivia (-4,2), México (-4,0), Cuba (-3,9), Colombia (-3,9), Guatemala (-3,9), Perú (-3,8) y Ecuador (-3,6); y dos del Caribe: Belice (-3,5) y Guyana (-3,5).

El análisis de las tasas específicas de mortalidad por edad en 2019, 2020 y 2021 muestra un aumento considerable de la mortalidad en 2020 y 2021, principalmente para los mayores de 15 años. En los menores de 15 años no se observa diferencias sustanciales en la mortalidad.

La vacunación contra el Covid-19 se considera la herramienta fundamental para controlar la crisis sanitaria y también económica y social desencadenada por la pandemia. Los datos recientes muestran que la meta propuesta por la CELAC se logró: en la región el 70% de la población vacunada ha recibido la pauta completa;  78,6% de la población total una pauta parcial (al menos una dosis). En el Caribe, la mayoría de los países han tenido más dificultades para cumplir la meta de vacunación establecida.

Fecundidad

En 2022, la tasa global de fecundidad (TGF) de América Latina y el Caribe se estima en 1,85 nacidos vivos por mujer y desde 2015 viene situándose por debajo del nivel de reemplazo. Las proyecciones de la TGF en la región indican que seguirá bajando y llegará a 1,68 en 2100. La edad media de la fecundidad en la región registró una tendencia decreciente entre 1950 y 2000, debido a la disminución del número de hijos, y alcanzó su valor mínimo en 2000 al situarse en 26,9 años. A partir de 2013, empezó a subir y actualmente es de 27,6 años, lo que señala que la baja fecundidad va acompañada de una mayor cantidad de mujeres que tienen hijos a edades más avanzadas. De acuerdo con las proyecciones, se espera que esa tendencia continúe y que la edad media alcance los 30,4 años en 2100.

A pesar del incremento en la edad media de fecundidad, América Latina y el Caribe es la región con la menor edad media de la fecundidad del mundo: Asia (28,2), África (29,0), América del Norte (29,8), Oceanía (29,9) y Europa (30,2). De acuerdo a lo anotado, en 2022, la región aún se caracteriza por una fecundidad temprana en comparación con las demás regiones.

Si bien en los países de la región se observa cierta convergencia de las TGF hacia niveles bajos de fecundidad, la heterogeneidad persiste Las TGF más elevadas se encuentran en el Estado Plurinacional de Bolivia, la Guayana Francesa y Haití, donde se registran tasas superiores a 2,5 hijos por mujer en 2022. Las TGF más bajas se observan en Aruba, Bahamas, Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Santa Lucía, donde se sitúan por debajo de 1,5 hijos por mujer.

Durante la pandemia se produjeron cierres de los servicios de salud sexual y reproductiva, postergaciones de atenciones médicas, interrupciones del suministro y la entrega de anticonceptivos, lo que podría desencadenar un aumento de la fecundidad a nivel regional Sin embargo, en tiempos de crisis de mortalidad como fue el caso reciente de la epidemia de enfermedad por el virus de Zika ocurrida en 2016 en  Brasil, o de crisis económicas, por lo general el número de nacidos vivos disminuye en algún momento tras el comienzo de la crisis, normalmente nueve meses después, para más tarde regresar al nivel previsto. A nivel mundial, en los países de ingreso alto, se han observado caídas significativas de la fecundidad:  por ejemplo, España, Italia y Portugal. En América Latina y el Caribe, en los primeros meses de 2021, disminuyeron los nacimientos (Brasil, Chile y el Perú) En general, la TGF ha seguido descendiendo en la región, sobre todo entre 2019 y 2021 en la mayoría de los países, a excepción de algunos países y territorios del Caribe.

Respecto a la fecundidad entre las adolescentes de 15 a 19 años, las estimaciones y proyecciones muestran que la región de América Latina y el Caribe registra algunas de las mayores tasas y queda solamente por debajo de las tasas estimadas y proyectadas para África. Sin embargo, en promedio, el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente ha aumentado en la región desde 2010, y ha pasado de 73,1 hijos por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 19 años en 2010, a 52,1 en 2022.

Migración

La migración internacional ha tenido una presencia constante en la historia de los países de América Latina y el Caribe. Desde los períodos de la Colonia y la Independencia hasta mediados del siglo XX, la región recibió inmigrantes de ultramar. Posteriormente, pasó a ser una región expulsora de población y ha presentado saldos migratorios netos negativos desde 1950 hasta la actualidad. Uno de los principales desafíos para el estudio de la migración internacional es la disponibilidad de fuentes de datos que permitan conocer los patrones migratorios, los flujos y las características de la población migrante. A diferencia de lo que ocurre con otros hechos, como el nacimiento y la muerte, una persona puede migrar varias veces o bien puede no migrar nunca en toda su vida. Respecto a los movimientos migratorios recientes de países latinoamericanos y caribeños, notablemente la migración intrarregional cobra una creciente importancia. Así la reciente migración de personas haitianas a países sudamericanos y de los flujos migratorios de personas venezolanas.

En el Informe del Observatorio de 2022 de las estimaciones y proyecciones de población se publica el saldo migratorio de los países en cada año calendario, componente importante de la ecuación compensadora que define el tamaño de la población de un país, en conjunto con los nacimientos y las defunciones. El saldo migratorio provee el número neto de migrantes del país en un año determinado y es la diferencia entre el total de personas inmigrantes y emigrantes del país, independientemente de su nacionalidad.

Aun cuando se caracteriza como una región expulsora de población, con saldo migratorio negativo de 1950 a la fecha, América Latina y el Caribe presenta diferencias internas importantes en cuanto a los perfiles migratorios de los distintos países Por ejemplo, en los últimos años Colombia ha registrado un mayor movimiento de migrantes de la República Bolivariana de Venezuela. De manera similar, Perú, que históricamente se caracterizó como un país de expulsión, sobre todo en la década de 2000, pasó a ser un área de atracción en 2015, cuando se inició el proceso de fuerte emigración desde la República Bolivariana de Venezuela. De manera similar, Ecuador ha tenido un saldo migratorio positivo bastante considerable y en 2018 también presentó un saldo positivo histórico de 153.372 personas,. Finalmente, Chile se ha caracterizado como un país de atracción de migrantes dentro de la región y presenta una tasa de migración neta positiva desde inicios de la década de 1990, que alcanzó su valor máximo en 2018, con una cifra de 12,8 migrantes por cada 1.000 habitantes.

El flujo de personas migrantes venezolanas hacia países de la región como Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Brasil no tiene precedentes, en términos de intensidad, en la historia reciente de América Latina y el Caribe. Con el cierre de fronteras de algunos países de la región tras el inicio de la pandemia de Covid 19  ese movimiento se redujo y las proyecciones señalan un movimiento de retorno gradual a partir de 2022.

AGB

Lejos están los tiempos en que la Argentina era de los países con más clase media de Latinoamérica. De los 19 países de la región, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) evalúa en su Panorama Social difundido hoy los datos de pobreza de 15 de ellos. Faltan los de Cuba, Guatemala, Nicaragua y Venezuela. De los 15 con cifras, este organismo de la ONU las homogeneiza porque cada nación elabora una canasta distinta y desarrolla una estadística comparable. Es así que la Argentina, en lugar del 37,3% que midió el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) en 2021, aparece en este informe con un 27,9%, como el séptimo país con más pobres o como el noveno con menos, depende de cómo se lo mire.

Uruguay, con una pobreza del 4,8%, es el que menos registra, seguido por Chile (14,2%) y Panamá (15,6%). Después aparecen Costa Rica (17,3%), Perú (19,3%) y Paraguay (20,9%), dos países de los que siguen llegando inmigrantes a la Argentina, pese a todo. República Dominicana tiene un 22,5% de pobres y Brasil, un 24,3%. Peores indicadores que la Argentina registran los dolarizados Ecuador (28,5%) y El Salvador (30,7%), Bolivia (29%), Colombia (35,4%), México (37,4%) y Honduras (52,3%).

Por encima del nivel prepandemia

Pese a la leve disminución de la pobreza registrada en 2021, respecto de un 2020 de cuarentenas, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, alertó la CEPAL) en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 que presentó hoy en Santiago de Chile y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región, una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020, mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9%, 0,2 puntos porcentuales menos que en 2020.

La CEPAL proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población, lo que equivale a 201 millones de personas, y la pobreza extrema en 13,1%, unos 82 millones, es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, por los efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019. En el caso de la Argentina, la pobreza era del 27,2% en 2019, según CEPAL, es decir, 0,7 puntos menos que en 2021.

Retroceso

Los niveles proyectados de pobreza extrema en 2022 representan un retroceso de un cuarto de siglo para la región, subraya el organismo regional. Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019. En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

“La cascada de choques (shocks) externos, la desaceleración del crecimiento económico, la débil recuperación del empleo y la inflación al alza profundizan y prolongan la crisis social en América Latina y el Caribe”, planteó José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la CEPAL, durante la presentación del documento. “No se ha logrado revertir los impactos de la pandemia en materia de pobreza y pobreza extrema y los países enfrentan una crisis silenciosa en educación que afecta el futuro de las nuevas generaciones”, advirtió el alto funcionario, quien llamó a los países a invertir decididamente en materia educativa y a convertir esta crisis en una oportunidad para transformar sus sistemas.

La CEPAL advirtió que América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional: en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos, frente a 41 semanas en el resto del mundo. Esto exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad, según el organismo de la ONU de tradición de pensamiento económico heterodoxo. En la pandemia, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en ocho de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región.  De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje y en América Latina el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres). Persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos, es decir, el 25% más pobre. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

“Cascada de crisis”

El gasto social de los gobiernos alcanzó un 13% del PBI en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. El año pasado, la erogado en educación alcanzó 4,1% del PBI (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. “Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, el club de naciones ricas) en 2019 alcanzó el 4,9% del PBI, cifra levemente superior a la de la región (4% del PBI en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es seis veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

“Estamos ante una cascada de crisis que ha exacerbado las desigualdades y carencias de la región. No es momento para cambios graduales, sino para políticas transformadoras y ambiciosas”, dijo Salazar-Xirinachs. “Se requieren esfuerzos intersectoriales de política pública que vinculen la oferta educativa con la salud, el trabajo y la protección social, y que permitan asentar mecanismos para garantizar un nivel de bienestar e ingresos en una era de volatilidad e incertidumbre”, apuntó el alto funcionario e instó a los países a construir “nuevos pactos sociales acompañados de contratos fiscales para avanzar en el fortalecimiento de la democracia, la cohesión social y garantizar la sostenibilidad financiera de los sistemas de protección social en la región”.

AR

Esta semana, Argentina es el país anfitrión de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe) en conjunto con ONU Mujeres. Se trata del principal foro intergubernamental y regional sobre los derechos de las mujeres y la igualdad de género que termina hoy. 

Previo a su inauguración oficial, se realizó el Foro Feminista, un encuentro que históricamente acompaña en forma paralela a la Conferencia sobre la Mujer. El Foro es periférico, pero protagonista. Se realiza antes, pero resuena en el durante. Es una jornada autogestionada por organizaciones de la sociedad civil y movimientos feministas de la región y su rol clave es consensuar las demandas que serán presentadas a los Estados de la Conferencia para incidir en sus políticas públicas. 

De los territorios, a las agendas gubernamentales

El Foro Feminista 2022 se realizó en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA, donde se reunieron activistas feministas -desde la organización comunicaron una presencia de 3 mil personas- de distintos puntos del país y de América Latina para participar de talleres y conversatorios. Este año, el eje central de debate que atraviesa a la Conferencia Regional sobre la Mujer es “La sociedad del cuidado: horizonte para una recuperación sostenible con igualdad de género”, en clara referencia a un tema que cobró visibilidad a partir del impacto de la pandemia. Las actividades del Foro Feminista, entonces, abordaron esta problemática para ampliar los consensos sobre las políticas de cuidado. En la apertura del Foro hubo representantes de la sociedad civil, como organizaciones y líderes indígenas, sindicatos, movimientos de países vecinos y también de organismos internacionales y del sector público, como Ayelén Mazzina, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza. 

“Por los cuidados al centro, con las personas al centro, con el planeta al centro, con las mujeres indígenas”, fue una de las consignas que dio la bienvenida al Foro. Durante el encuentro, se celebró el trabajo colectivo como manera de integrar todas las perspectivas y debates de la jornada. “La pandemia hizo visible lo que nadie quería ver. Una de las más antiguas demandas feministas: que el trabajo de cuidado sea reconocido y retribuido”, relató una voz en off en un video que abrió formalmente el Foro. La importancia del evento radica en la posibilidad de transformar esas demandas del movimiento feminista en la conquista efectiva de derechos. A este tema se refirió la directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza: “Sociedad de cuidados significa basta de un modelo de desarrollo basado en nuestro trabajo gratis. Queremos cuidados sistémicos que nos permitan salir a trabajar, generar autonomía económica”. Por su parte, Ana Güezmes, directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, describió a la agenda regional de género como profunda, ambiciosa e integral, que se debe construir “con y en diálogo constante con los movimientos y organizaciones feministas”. La referente del Feminismo Comunitario Abya Yala de Tejido Chile, Carolina Pinilla, amplió la mirada de los cuidados a las vivencias de las mujeres de los pueblos indígenas: “Venimos para contribuir a la reflexión crítica y política. Están avanzando los pensamientos fundamentalistas. Estamos cansadas del hambre, del colonialismo, nuestros pueblos están enfermos y es necesario que entre nosotras hagamos una reflexión respecto de nuestras relaciones de poder. La convocatoria es hacia la transformación social”.

Agenda regional de género

El primer conversatorio, “La vida en el centro: desafíos hacia sociedades de cuidado feministas, ecológicas y con justicia social” sintetizó los lineamientos generales que las integrantes del Foro consideran que una sociedad de cuidados debe tener en cuenta. Las principales demandas giran en torno al reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado, tanto de infancias como de personas mayores y personas con discapacidad; la corresponsabilidad de los cuidados entre los géneros y la visibilización y el reconocimiento económico y social de los trabajos de cuidado. Terry Ince, coordinadora y fundadora del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en Trinidad y Tobago se refirió a la participación de las organizaciones de la sociedad civil como una cuestión vital para el monitoreo de las políticas públicas que ayudan a contrarrestar las desigualdades en la región. Y cuestionó: “¿Qué tanto implementan los gobiernos presupuestos con perspectiva de género? ¿Cuán bien planifican estos presupuestos con mirada de género? Debemos preguntar esto a los gobiernos todos los años, debemos saber cómo impactarán los presupuestos en las mujeres. Es algo por lo que debemos responsabilizar a los gobiernos. Tenemos que hacerles saber cuáles son las exigencias”. 

Además del énfasis en las personas, el Foro se posicionó en defensa del cuidado del agua, de la tierra y del planeta. En esa línea, se pusieron en común las críticas al modelo extractivista que se aplica sobre los territorios: “Es lo que vemos cada vez más implementado en la región de América Latina y en el mundo, y ese modelo ha generado grandes dificultades para la vida en la sociedad. Tenemos que pensar cómo superarlo y sabemos que las mujeres, especialmente las más empobrecidas de la población, las racializadas, indígenas, negras son las que vienen sufriendo más los efectos del neoliberalismo”, manifestó Graciela Rodriguez, de Brasil, abogada y activista de derechos laborales. 

Temáticas como el acceso y permanencia en la vivienda de personas LGBTIQ+, la remoción de barreras para el acceso a la educación sexual integral, la anticoncepción y el aborto, el acceso a la salud para las personas trans y travestis y la violencia de género fueron algunos de los ejes debatidos durante el encuentro feminista en la ex ESMA. El resultado fue la elaboración de un documento oficial que se presentará en la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. “Son ustedes quienes están en los territorios y nos tienen que acercar lo que va a surgir de este encuentro, que son justamente las políticas públicas que tenemos que poner en el centro como funcionarios públicos”, había dicho en la apertura del Foro la ministra Ayelén Mazzina. Mientras aún se desarrollaban las actividades de la jornada, en un encuentro con la prensa junto a la representante de ONU Mujeres y de CEPAL, Mazzina se refirió al rol del Estado en el tema de debate: “Cuando hablamos de cuidado hacemos referencia solamente a las mujeres, y los cuidados no son solo de las mujeres. Tenemos que poner en la agenda la responsabilidad compartida. No es una temática de las áreas de género sino una temática transversal”.

En esa línea, María-Noel Vaeza, de ONU Mujeres, reclamó que se reconozca al cuidado como un trabajo remunerado: “Es un trabajo que empieza cuando nacemos y nos atraviesa toda la vida, por eso desde ONU Mujeres y CEPAL hablamos de reducir, reconocer y redistribuir el trabajo de cuidado. Para nosotras es muy importante el Foro Feminista, escuchar a la sociedad civil es uno de los grandes beneficios porque desde ahí sale la creatividad que luego tenemos que transformar en políticas públicas. Por eso también es importante el Foro Parlamentario (que también forma parte del programa de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer), porque es necesaria una legislación para establecer sistemas de cuidado públicos e integrales. Lo que queremos es que existan los cuidados como un pilar más como la educación, la salud y que sea algo de todos”. El debate a partir de la declaración del Foro Feminista y de las participaciones intergubernamentales deberá tener en cuenta la crisis financiera global, las consecuencias de la pandemia y la emergencia climática para desarrollar políticas integrales y sostenibles que organicen de manera justa y equitativas las tareas de cuidado en la sociedad.  

JLC

La ministra de Igualdad de España, Irene Montero, está en Argentina en el marco de la XV Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Además de participar en el evento organizado por la CEPAL y ONU Mujeres, la funcionaria se reunió ayer con el presidente, Alberto Fernández, y más tarde con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Es muy productivo para seguir construyendo alianzas feministas internacionales”, sostuvo.

Este miércoles, Montero estuvo en Casa Rosada en una reunión bilateral con el presidente Fernández en la que hablaron sobre los avances en las políticas públicas impulsadas en ambos países en materia de géneros y diversidad. Según fuentes gubernamentales, analizaron la situación en Europa y en América Latina y el Caribe en materia de garantía de derechos de mujeres, lesbianas, travestis, trans y personas no binarias. El encuentro, del que también participaron la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, y la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, entre otras funcionarias, finalizó con un almuerzo. “Muchas gracias al presidente Alberto Fernández por recibirnos hoy en la Casa Rosada y estrechar los lazos que unen a nuestros gobiernos para trabajar por la justicia social, las políticas feministas y las democracias igualitarias”, escribió Montero en su cuenta de Twitter. 

Horas después, la ministra española estuvo en la Cámara de Senadores para reunirse con la vicepresidenta, Cristina Fernández, que también ejerce como presidenta de la Cámara Alta. Después del encuentro, la expresidenta publicó una foto en las redes sociales: “Junto a la compañera Irene Montero, Ministra de igualdad de España, que me visitó hoy en el Senado”.

Durante su presentación en XV Conferencia Regional, Montero hizo eje en la necesidad de generar políticas públicas que incluyan las tareas del cuidado. “La agenda de cuidados es la agenda de la democracia”, afirmó. “Son el sostén de la vida, es la actividad principal para poder vivir. Sin embargo, ninguna economía en todo el mundo reconoce la existencia de los cuidados desde la formalidad de esas estructuras económicas y de organización de la sociedad y la vida”, sostuvo la funcionaria en el panel de presentación del documento 'La sociedad del cuidado'.

Además, resaltó la importancia económica que tienen estas tareas: “No sé cuántos son los días que una economía podría sostenerse sin las labores de cuidado hechas de forma invisible, precaria y sostenidas mayoritariamente por los cuerpos de las mujeres”. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en España los cuidados no remunerados pueden representar el 15 % del producto interior bruto, con “datos muy parecidos” en los países de América Latina y Caribe

Por otra parte, indicó que darle centralidad a los cuidados es “hacer una verdadera revolución”. “Estamos impugnando al corazón del modelo de organización de la sociedad y la economía que el neoliberalismo nos ha impuesto en las últimas décadas. Esto convierte al movimiento feminista y a la economía feminista en la vanguardia de la articulación democrática de nuestros países y del mundo”, agregó. 

Después de su estadía en Argentina, Montero tiene previsto viajar a Bogotá, donde tendrá un encuentro bilateral con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y con la vicepresidenta, Francia Márquez. Se espera que firmen un Memorándum de Colaboración entre ambos gobiernos sobre políticas de igualdad. 

CDB/MG

El canciller Santiago Cafiero habló en el panel de cierre de la tercera jornada de la Asamblea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en la ciudad de Buenos Aires. Sostuvo que los países de América Latina y el Caribe tienen “herramientas para superar esta coyuntura”, marcada por las secuelas de la pandemia de Coronavirus y la guerra entre Rusia y Ucrania.

El ministro destacó los “tres días de intenso trabajo” en el 39° período de sesiones del organismo y analizó la presentación del documento “Hacia la transformación del modelo de desarrollo de América Latina y el Caribe”, donde describió “el contexto que nos azota, las consecuencias de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, la crisis ambiental y el debilitamiento de la globalización”.

Cafiero subrayó que la región enfrenta “brechas históricas” en materia de desigualdad, producción y género, “que se suman a las problemáticas actuales”. En ese marco, valoró “la hoja de ruta que plantea la CEPAL”.

De acuerdo con Minsitro de Relaciones Exteriores, el informe de la organización “no puede ser más actual” y no se limita a describir el contexto, sino que presenta “propuestas e iniciativas para superar la crisis”. Por eso, declaró que “los latinoamericanos y caribeños tenemos herramientas para superar esta coyuntura y generar el conocimiento necesario y así superar todos los avatares”.

El canciller ratificó lo discutido en la apertura de la Asamblea al señalar que “la CEPAL nunca fue un órgano tecnocrático, sino que desafió y se desafió en las coyunturas más interesantes” e hizo hincapié en la importancia del diálogo, “que enriquece no solo el debate sino también las proyecciones que hagan que la región transite el camino de desarrollo económico con justicia social”.

LC con información de agencia Télam

Mariana Mazzucato, una de las economistas más influyentes del mundo, profesora en la Universidad College de Londres, vino a Buenos Aires a participar de las sesiones bienales de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Este lunes expuso allí sobre su obsesión, cómo orientar la economía por misiones concretas, en alianza entre el Estado y el sector privado, como ocurrió con el viaje del hombre a la Luna en 1969. Después disertó en la Universidad de La Plata junto con el ex ministro de Economía Martín Guzmán y el Nobel Joseph Stigliz. Mazzucato, italiana que migró de pequeña con su familia a Estados Unidos, es citada por Alberto Fernández y el papa Francisco y fue consultada por políticos norteamericanos como las demócratas Elizabeth Warren y Alexandria Ocasio-Cortez pero también por el republicano Marco Rubio, los británicos Theresa May, conservadora, y Jeremy Corbyn, laborista, y por gobiernos como fue el de la alemana Angela Merkel. 

“Necesitamos un cambio, necesitamos una forma diferente de pensar, y creo fundamental para eso tener muy claro que necesitamos un nuevo pensamiento económico”, propuso Mazzucato. “John Maynard Keynes solía decir que no es solo que tengamos las políticas equivocadas, sino que los profesionales sobre el terreno que piensan que lo están haciendo bien y que están tratando de hacerlo bien, a menudo son esclavos de una teoría económica difunta”, aseguró, citando al economista que tanto irrita a Javier Milei y los demás neoliberales.

Aquí algunos de los tramos de su exposición:

La misión del Estado y el bla bla bla

La economista ítaloestadounidense se preguntó por el Estado: “¿Es solo un reparador del mercado o qué significa cocrear activamente el mercado? Esos son solo dos ejemplos en los que en realidad necesitamos no solo el bla, bla, bla, sino nuevas formas de gobierno realmente concretas. Revivir la capacidad institucional. Un nuevo marco para el propio proceso de formulación de políticas en torno a la configuración del mercado, lo que yo llamo misiones. Es cómo transformas una economía, sin dejar atrás ningún sector, sino formando misiones en torno al clima, la salud, la brecha digital, lo que realmente puede impulsar la inversión, que es amar la innovación, las nuevas formas de inteligencia colectiva en muchos sectores”.

Minería sexy

“Dentro de esa conversación, también se trata realmente de cómo nos aseguramos de que el sector de los recursos naturales, no solo el viejo sector petrolero y las viejas formas de minería, sino especialmente la nueva minería sexy como el litio, que no vuelva a caer en ese agujero de conejo de simplemente una economía extractiva. ¿Qué significa realmente construir un ecosistema, por ejemplo, en torno al litio que incluya servicios creativos y digitales realmente interesantes, que aseguren que sea un aporte a una estrategia de crecimiento sostenible donde la digitalización es clave para cualquier misión? Pero eso significa ir más allá de la idea de simplemente extraer el litio y venderlo a otra persona para que fabrique las baterías”, sugirió Mazzucato.

Desigualdad y asociación parasitaria

La profesora también abogó por “abordar la desigualdad”, pero de una manera distinta, tal cual lo propone Stiglitz. “Esta idea de hacer lo que dijo Joe, de abordarlo de una manera predistributiva, no creemos un lío a partir de cómo producimos realmente y luego solucionemos el lío arreglando las fallas del mercado, pero también a través de la redistribución. ¿Por qué no establecemos las condiciones correctas desde el principio, los precios correctos, los derechos de propiedad intelectual, la asociación correcta? Así es una asociación simbiótica. No es una asociación parasitaria. Y Pfizer es un ejemplo perfecto de una sociedad parasitaria del Estado”, criticó Mazzucato a la farmacéutica norteamericana, tal como lo hizo Stiglitz, por acaparar la patente de la vacuna contra el Covid-19 a costa de miles de muertes.

Burocracias creativas

“Desde hace diez años he estado despotricando sobre una de las empresas más financiadas del mundo y también muy disfuncional en términos de cómo negocia”, continuó sobre Pfizer. “¿Por qué no tenemos más condicionalidad, ya sea con los bancos públicos, ya sea con la contratación, con los programas de rescate?. Por último, el tema del espacio fiscal es necesario. Pero no solo necesitamos espacio fiscal, no es suficiente si no tenemos las capacidades del sector público que creo que han sido desmanteladas a propósito en los últimos 50 años. De hecho, he creado un instituto completo en Londres dedicado a repensar realmente el servicio civil en esa capacidad, las burocracias creativas que necesitamos.”

“Necesitamos crear una economía”, dijo a contramano del libre mercado. “No hay nada inevitable en la inflación, no hay nada inevitable incluso en el desplazamiento de mano de obra con la digitalización. No hay nada inevitable en tener burocracias lentas. Estos son los resultados de las decisiones que hemos tomado en realidad. El retraso de la productividad de muchos países latinoamericanos y del sur de Europa, como Italia, es el resultado de la falta de inversión en el sector público y el sector privado. Deberíamos hablar más de esa inercia.”

El hombre en la Luna

Después, Mazzucato explicó su idea de misiones como la de hombre a la Luna. “La idea que puede ayudarnos a formular misiones realmente concretas es el moonshot (disparo a la luna). Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (de la ONU) son fundamentales. Hay 17. Los tenemos desde 2015. ¿Por qué no los estamos logrando? ¿Existe una verdadera trayectoria de inversión e innovación para lograrlos? Y no se trata sólo de la inercia. A veces se trata del encuadre que tenemos de los 17 objetivos. Hay algo en el medio llamado misión. Con el alunizaje no fue solo vencer a los rusos, algo que hoy resuena. No era solo que queremos ser los primeros en llegar a la Luna. Era llegar a la Luna y regresar en un corto período de tiempo. Eso muy específico. Había 1.000 problemas de tarea que tenían que ser resueltos. Las soluciones nos consiguieron cosas como teléfonos con cámara, mantas de aluminio, software, fórmula para bebés. Esta idea de efectos indirectos dinámicos en el camino para resolver una misión significa que realmente también tienes que rediseñar los contratos, rediseñar las herramientas que tienes a tu disposición, como las adquisiciones.”

En Italia, el café viene de América Latina. Pero el valor agregado se hace en Italia.

Más litio

Mazzucato entonces volvió sobre el litio, que se concentra entre la Argentina, Bolivia y Chile, aunque no solo en estos países, y que es necesario para las baterías de los autos eléctricos que deben reemplazar a los de combustión. “Todos hemos oído hablar del triángulo de litio. Puede ser un problema si se ve a través de la vieja forma de ver la estrategia industrial, un sector para apuntalar, subsidiar, dar garantías o un aporte hacia una trayectoria de crecimiento sostenible y transformadora. Y se trata de subir en la cadena de valor, que por cierto, también deberías hacerlo con el café, porque todavía no he tomado un buen café desde que he estado viajando por América Latina. En Italia, el café viene de América Latina. Pero el valor agregado se hace en Italia. Entonces, realmente aumentar el proceso de valor agregado para estos recursos naturales, especialmente los nuevos y atractivos que quiere Elon Musk, no se trata solo de fabricar baterías aquí, sino de crear todo un ecosistema de, por ejemplo, servicios digitales en torno a eso”, propuso. “Así que no se trata de manufactura o servicios. Se trata tanto de una economía de inteligencia colectiva de aprendizaje dinámico como de un crecimiento inclusivo. Una vez más, obtenga las condiciones correctas desde el principio.”

El ejemplo de AstraZeneca

La docente aboga por “asociación público-privada”, pero aclara que “por supuesto se trata de la asociación”. “Al igual que un matrimonio o una pareja, sea cual sea el sexo, no siempre es una buena sociedad. A veces hay una asociación problemática. Luego, en el divorcio, somos rigurosos con el tipo de sociedad que queríamos. Ya hemos hablado del apartheid de las vacunas. Esa es la palabra: apartheid de vacunas. Pero no tiene por qué ser así.

Hubo un apartheid de las vacunas. Esa es la palabra: apartheid de vacunas.

De hecho, si observa las ocho vacunas que existen, la de Pfizer es enormemente problemática. Escuchamos AstraZeneca: es diferente. Negociaron bajo costo, precios bajos, intercambio de conocimientos, una temperatura que no sea demasiado baja. Así que puedes producirlo y almacenarlo también en África. Y esa fue la negociación con la Universidad de Oxford, que es pública. Esta asociación público-privada fue funcional y más simbiótica que esa asociación, que fue depredadora. Entonces, solo vamos a aprender cómo hacer mejor el capitalismo a través de la prueba y el error, pero también denunciando las cosas sin vergüenza.“

Mazzucato llamó a invertir más en ciencia, pero para beneficio de todos. “¿Qué se necesita para impulsar realmente un sistema simbiótico colectivo, alejándose de arreglar los mercados para cocrearlos, alejándose de esta idea de simplemente reducir el riesgo, dando la bienvenida a la incertidumbre, alejándose de elegir ganadores para elegir a los dispuestos? No nivelar, sino inclinar al alinear realmente cosas como los incentivos fiscales hacia la dirección del crecimiento verde, no la subcontratación, sino el desarrollo de capacidades”, concluyó el economista.

AR

Hace tres semanas, el economista costarricense José Manuel Salazar-Xirinachs asumió como secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), un organismo de Naciones Unidas que tradicionalmente ha sido un think tank de la receta económica heterodoxa de la región, en contraposición a la ortodoxia de los entes con sedes en Washington, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y los bancos Mundial e Interamericano de Desarrollo (BID). Fundada en 1948, la CEPAL fue encabezada por el argentino Raúl Prebisch, profeta del estructuralismo desarrollista, entre 1950 y 1963, último año en que la Argentina había sido sede de las sesiones plenarias bienales del organismo. En aquella reunión de hace 59 años, Prebisch ya advertía que la sustitución de importaciones no era suficiente y también había que exportar bienes industriales. Hoy, por iniciativa del gobierno de Alberto Fernández, la CEPAL ha vuelto a celebrar este evento en el país. Antes de la apertura, Salazar, Xirinachs, doctor en Economía en Cambridge, ex ministro de Comercio Exterior de Costa Rica y ex director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina, recibió a elDiarioAR en las oficinas porteñas de la CEPAL, que dirige Martín Abeles.

¿Cuáles son los temas de la economía latinoamericana que hoy en día son los de mayor preocupación?

Tenemos el documento de posición que presentamos este lunes. Hay dos categorías de temas. Una son las preocupaciones del corto plazo, en donde tenemos una coyuntura complejísima, una cascada de crisis. La pandemia fue el primer gran impacto. Ya con solo eso estamos en una situación grave. Pero luego vino la guerra, que terminó en pulsar más por el lado de la oferta un proceso inflacionario. Entonces ahora tenemos las crisis de shocks externos más las reverberaciones o impactos internos en términos de educación, en una crisis educativa importantísima, el apagón educativo que produjo la pandemia, con grandes pérdidas de aprendizaje y demás; la crisis de la salud, de la cual no hemos salido y ha habido unas consecuencias importantes. Es cierto que ya no estamos en pandemia, pero la pandemia puso un estrés muy grande sobre los sistemas de salud y desplazó procedimientos de operaciones y demás que se pospusieron por atender la pandemia. Tenemos una fila de otras situaciones que hay que atender. Y luego están los temas económicos puros, un ambiente mundial muy incierto, con inflación, con tasas de interés que los bancos centrales han venido elevando para poder controlar un poco el exceso de liquidez que había en el sistema. Y eso es algo que a la vez encarece el servicio de la deuda para los países. Entonces se ha reducido el espacio financiero internacional, algo que se habló mucho en las reuniones anuales del Fondo y del Banco Mundial. Entonces ahí tenemos todo un conjunto complejo y delicado de una situación de la coyuntura que los gobiernos tienen que calibrar. Hubo una expansión de gasto importante durante la pandemia. Parte de ese gasto se ha recogido porque no había el espacio fiscal para continuar, a pesar de que en muchos casos es un gasto social necesario. Por eso algunos gobiernos están también hablando de reformas tributarias para tratar de tener un poco más de recursos y mantener gastos sociales y otros que son importantes. Eso es todo un conjunto de temas de cual vamos a hablar en este período de sesiones.

La otra categoría de temas son las brechas estructurales...

Tenemos una crisis del empleo. Mucho de la nueva creación de empleo ha sido en el sector informal y ya estábamos antes de pandemia con un 50% de informalidad. Si era un tema clave antes de la pandemia, ahora más que nunca lo es el tema de la desigualdad. Somos la región más desigual del mundo. Es fundamental el tema de las políticas sociales y de protección social. Entonces tenemos ahí estados de bienestar todavía subdesarrollados, truncados dicen algunos. Es importante avanzar hacia esa universalización, lo cual plantea temas y ahora, en principio, con la revolución digital y con las bases de datos se puede hacer política social de precisión, etcétera. Eso es una oportunidad. Después viene educación y formación profesional. El apagón educativo vino cuando ya veníamos con problemas serios. Realmente esto puede dejar una cicatriz enorme y no por dos, tres o cuatro años, por décadas, es toda una cohorte ahí que se puede sacrificar, además de que es un golpe al crecimiento potencial de la región, porque el talento humano es uno de los motores del crecimiento sostenible. El cambio climático: esto es una agenda del siglo XXI. Todo lo que se está hablando en términos de transición energética, de mitigación y adaptación al cambio climático, de protección de la biodiversidad en una región que tiene la biodiversidad tal vez la más rica del mundo. Un reto de corto, mediano y largo plazo es la transformación digital. Migración es otro tema importantísimo que se ha acelerado. Hay una crisis humanitaria y estructural. Cómo lidiar con los flujos, cómo recibir a los migrantes, el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Integración económica, viejo tema de CEPAL, uno de las temas claves desde Raúl Prebisch, que está pasando ahora por la geopolítica, por la revolución tecnológica, por la competencia alrededor de quién tiene la supremacía tecnológica y ahora por la guerra. Ha habido una tendencia a la regionalización. Estados Unidos., Europa y Asia son las fábricas del mundo. Pero hay un reacomodo de cadenas de valor enorme. El nearshoring, frente en todo esto, crea muchas oportunidades para América Latina. Pero en la agenda de integración económica hay algo que es muy nuevo, que es toda la revolución en servicios que está creando una explosión. Todo lo que se exporta por las TIC (tecnologías de la información y la comunicación), por Internet, servicios modernos, back office service, call centers, pero eso es de poco valor agregado, pero hay diseño, gran cantidad de cosas y ahí hay una agenda que yo diría que es nueva para la integración latinoamericana. El tema de género y economía del cuidado es fundamental. Tenemos brechas enormes en tasas de participación de las mujeres y los hombres, casi 25 puntos en promedio en América Latina, todo tipo de variedad de discriminaciones en contra de las mujeres. Finalmente, el tema macroeconómico fiscal. Volvemos al corto y al mediano largo, porque todo termina en la posibilidad de que haya una fiscalidad sana potente que pueda financiar estas aspiraciones.

La CEPAL también habla de una lista de sectores impulsores de la economía. ¿Cuáles son esos sectores?

Transición energética, hidrógeno verde, litio, electromovilidad, economía circular, bioeconomía, agricultura sostenible, recursos genéticos, bioindustrialización, todo eso. Industria manufacturera, salud, digitalización, datos, plataformas, etcétera. La economía del cuidado y el turismo sostenible. También mipymes, que es un sector que se apoya y donde hay retos. Y todo el tema de economía social y solidaria.

¿Qué hacer ante la inflación que azota a América Latina?

Hay algunas noticias un poco positivas. Vamos a ver en el 4.º trimestre del 22 que estamos llegando en la eurozona, en Canadá, en el Reino Unido, en Estados Unidos, aparentemente a un pico de la inflación y las estimaciones nuestras y de otros organismos es que se va a reducir durante el año 23. Los productos primarios, el petróleo, los fertilizantes, algunos alimentos ya están haciendo la curva. Claro, todo esto va a ser muy despacio. Primero porque uno asume que no haya otro cisne negro y otra crisis o algo que reversa esto. Ojalá eso signifique que más pronto que tarde los bancos centrales empiecen a bajar la tasa política monetaria, porque ya no es necesaria en vista de las expectativas inflacionarias hacia abajo. Son buenas noticias. La mala noticia es que es un proceso lento. No es algo que vaya a pasar para enero, febrero o marzo. Se va a llevar el año. Con lo cual un país como Argentina y todos los países van a poder tener un escenario un poquito mejor. El problema es que es lento, es gradual. La previsión que tenemos es que el crecimiento para el año entrante va a ser más bajo que el crecimiento para el año 22. América Latina y el Caribe en el 2022 crecerá 3% y estimamos que va a ser 1,4% en 2023. El problema es que la economía mundial va a pasar de 3,1 a 2,7, o sea, también una desaceleración del crecimiento, lo cual no nos ayuda. Estados Unidos va a crecer solo 1,2%. La zona del euro va a pasar de crecer 3,1% este año a 0,9%, y es uno de los socios comerciales más importantes de muchos países latinoamericanos. Lo mismo que China, que va a pasar de 3,2% a 4,7%, mejora, pero es muy poco para China. Es una economía mundial donde nuestros principales socios comerciales tienen un crecimiento bajo. O sea que eso no nos va a jalar, como si nos jaló, por ejemplo, la crisis financiera, el boom de los commodities de China, que ha ayudado mucho a que la recuperación de América Latina fuera rápida. Ahora no pareciera que haya una ayuda, un viento de cola.

¿Cómo ve a la Argentina?

Veintiún países de América Latina tienen acuerdos con el Fondo, es decir, prácticamente todos. Es natural, y para eso fue creado el Fondo, para contribuir y dar un colchón y ayudar a las transiciones cuando los recursos financieros son escasos. En ese sentido es positivo que la Argentina tenga este acuerdo con el Fondo. Da respiro. No es un acuerdo que vaya a resolver los problemas, pero ciertamente es mejor un escenario de acuerdo con el Fondo que si no hubiera. Yo creo que el Gobierno argentino, por lo que he conversado, ha tenido bastante claridad sobre motores de crecimiento, sobre los sectores a los que se está apostando para una recuperación, sobre mantener y fortalecer algunos de los programas de ayuda para mitigar o compensar a sectores sociales afectados, es una situación delicada. Son aguas turbulentas para todos los países el año entrante. Tenemos estas no buenas noticias en materia de crecimiento. Yo creo que lo importante es que los sectores políticos conversen, discutan y vean que en estas cosas la situación siempre puede ser peor. Es muy triste ponerlo así, pero la cosa puede ir todavía más para abajo. Eso que se tocó fondo nunca es muy claro. El fondo puede moverse aún más para abajo.

Por último, quería preguntarle sobre el tema de las recetas, porque hoy en día en muchos países se debate por opciones políticas y económicas muy disímiles en el mundo. Hay unos que quieren, como en Gran Bretaña, bajar los impuestos a los ricos y otros, poner impuestos a los ricos. Y eso está marcando un poco el debate en muchos otros países, hay opciones muy radicalmente opuestas, en la Argentina, en Brasil. ¿Cómo lo ve usted en América Latina?

Lo importante es sacar lecciones de las diferentes crisis y ser pragmáticos.Entre más simple sea una receta que diga mire, la inflación se va a controlar subiendo las tasas de política monetaria o Inglaterra va a crecer bajando los impuestos, lo que suene simple y más efectivo, más tramposa y más equivocada es. La realidad de todos los temas que hemos conversado es compleja y se requiere todo un movimiento de acción social, no son solo unos cuantos. Las que salen adelante son las sociedades en conjunto. El problema es cuando hay soluciones que parecen muy simples y muy efectivas. Generalmente no hay nada de eso, o hay muy poco o hay un desastre como vimos en Inglaterra. Tenemos que ser pragmáticos, realistas, pies sobre la tierra, y comprender que esta acción colectiva, ojalá con grandes liderazgos que le tocan al gobierno y a las instituciones públicas para marcar la pauta y convocar a los diálogos y hacer las hojas de ruta.

AR

El presidente Alberto Fernández afirmó este lunes que en la región “la brecha entre ricos y pobres es la más profunda del planeta”, y sostuvo que “se impone el imperativo ético de cambiar este presente y unirnos en ese esfuerzo común”, en el marco de la inauguración del 39 período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que tiene lugar hasta el miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en el centro porteño.

En esa línea, sostuvo que “la desigualdad que afrontamos es consecuencia directa de quienes pugnan por un Estado ausente que deja en manos del mercado”, y subrayó que “la riqueza se acumula en paraísos fiscales y no se derrama entre los afectados”.

Asimismo, expresó que, como región, “este período nos encuentra en una coyuntura internacional muy compleja luego de la pandemia y como consecuencia del impacto negativo sobre la economía global del conflicto bélico, que exige enfrentar creativamente nuevos desafíos”.

“La coyuntura actual de la región requiere una mirada crítica y respuestas innovadoras para diseñar políticas y soluciones hechas en América Latina y para América Latina y el Caribe”, aseguró.

También se refirió a la crisis climática y medioambiental, y dijo que “en la emergencia, debe ser aliviado el esfuerzo” de los países que no son generadores de la crisis climática y sin embargo son los más afectados, y remarcó la necesidad de “reducir la brecha tecnológica, lo que se relaciona con la localización de las inversiones productivas en nuestros países”.

En ese sentido, llamó a “cooperar como región en políticas públicas para democratizar la actividad y trabajar en una agenda 4.0 de los países de América Latina y el Caribe”, en áreas como inteligencia artificial y ciberseguridad.

Al respecto, destacó que “el documento núcleo que presenta la Cepal plantea ejes de trabajo muy valiosos en relación a reducir la brecha tecnológica”, y consideró que “brindan la posibilidad de identificar los vectores que permitan asociarnos en la cadena de valor como eslabones que agreguen tecnología y empleo en el proceso de producción”.

Además, destacó la importancia estratégica del litio en los países de la región para su desarrollo y llamó a “la cooperación regional en la búsqueda de financiamiento de parte de los organismos multilaterales de crédito”.

Por otro lado, Fernández destacó también la necesidad de generar “acciones afirmativas en la región que promuevan el sistema de cuidado y plena participación de mujeres y diversidades en política y economía para una recuperación transformadora”.

“En este tiempo nadie se salva solo”, afirmó parafraseando al papa Francisco, e invitó a los representantes de la región a que “estemos juntos”.

Argentina es país anfitrión y asumirá la Presidencia Pro Tempore del organismo para el período 2022 – 2024.

Con información de agencias.

IG

Los matrimonios infantiles se consideran prácticas culturales o tradiciones perjudiciales, junto con la mutilación genital femenina, el infanticidio femenino y la selección prenatal del sexo, la violencia relacionada con la dote, los ataques con ácido, los crímenes cometidos en nombre del honor y el maltrato de las viudas.

El reciente documento Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados: Prácticas nocivas profundizadoras de la desigualdad de género en América Latina y el Caribe elaborado y dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la alianza estratégica de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, con el Programa Conjunto Interinstitucional para Poner Fin al Matrimonio Infantil y a las Uniones Tempranas en América Latina y el Caribe, liderado por el UNICEF y ONU-Mujeres, tiene como declarado propósito visibilizar la práctica de los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranos y Forzados (MUITF), particularmente como un factor que detona y profundiza las desigualdades de género para  niños, niñas y adolescentes, enfocado  en  las consecuencias particulares que sufren las niñas.

Los MUIT son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente, marcos legales y políticas inadecuadas, limitadas o inexistentes, que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. Los MUITF son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y en la toma de decisiones para las mujeres y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes de zonas rurales, hogares en situación de pobreza y con menos acceso a la educación. En algunos países la pertenencia a pueblos indígenas se relaciona significativamente con mayor prevalencia de MUITF.

Los MUITF constituyen una violación de los derechos humanos y son considerados una práctica nociva que pone en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes. El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas reconoció en 2015 que “[…] el matrimonio infantil, precoz y forzado constituye una violación, un abuso o un menoscabo de los derechos humanos y una práctica nociva que impide que las personas lleven una vida sin ninguna forma de violencia, y que tiene consecuencias múltiples y negativas para el disfrute de los derechos humanos, entre ellos, el derecho a la educación y el derecho al más alto nivel posible de salud, incluida la salud sexual y reproductiva” (CDH, 2015).

El término “infantil” hace referencia a todos los matrimonios y uniones que tienen lugar antes de los 18 años, el final de la infancia según la Convención sobre los Derechos del Niño. La palabra “temprano”  refiere al hecho de que el matrimonio y la unión de niñas y adolescentes conspira contra su escolarización, su entrada al mercado laboral y su desarrollo físico, psicológico y emocional  y ayuda a enfatizar  que un matrimonio o unión puede ser disruptor en el desarrollo de una joven y tener consecuencias negativas en diferentes momentos de su vida adulta. El término “forzado” resalta las relaciones de poder desiguales entre hombres y mujeres que impulsan y generan los MUITF que determinan si un matrimonio o una unión es realmente una “elección” para las niñas y adolescentes. Algunas de estas condiciones dan cuenta de las bajas expectativas que tienen las niñas o sus familias con respecto a su futuro, las situaciones de pobreza o violencia en el hogar, el trabajo doméstico, el control que experimentan en sus hogares y el compromiso limitado con su escolarización.

Usos y costumbres de la inequidad de género

En la base de esta práctica nociva se encuentra un conjunto de normas y estereotipos que visibilizan las desigualdades de género que comienzan en la infancia y se perpetúan en la vida adulta: ubican a las niñas en el ámbito de lo doméstico y privado, y los niños en el ámbito público y productivo, reproduciendo patrones socioculturales de subordinación y dependencia de la mujer frente al hombre desde la primera infancia. Para muchas niñas y adolescentes educadas bajo estos mandatos de género, el matrimonio no sólo es algo deseable, sino un objetivo de vida al haber interiorizado su supuesto rol naturalizado de madre y esposa y tener limitadas perspectivas y oportunidades más allá de estos roles. La idealización del amor romántico y de la vida de pareja también lleva a muchas niñas y adolescentes a entrar en MUITF, con el triste descubrimiento a menudo de que la realidad es el aislamiento, una vida de trabajo no remunerado o el abandono de la pareja y valerse por sí mismas y por sus hijos/as.  En la región se agrega el término “uniones” para reflejar los matrimonios informales o uniones libres que son más habituales. El término “matrimonio” incluye las uniones que no están formalizadas por el Estado pero que son bastante equivalentes al matrimonio en términos de la forma que asume y el impacto en las vidas de niñas y adolescentes.

Estas normas de género inequitativas arraigadas desde la primera infancia llevan a que el matrimonio, la maternidad y el cuidar a otros se perciba como un objetivo en la vida de las niñas y las adolescentes de la región. La maternidad es más valorada que el logro escolar en República Dominicana, más que el logro escolar. En El Salvador, las niñas deben asumir trabajo doméstico que compite directamente con la escolarización: cuidado, cocina, limpieza y tareas domésticas. En Guatemala, incluso cuando las niñas estudian, su proyecto de vida consiste en actividades domésticas no remuneradas y en servir a sus esposos e hijos. En el Estado Plurinacional de Bolivia  para las niñas su función es “pensar en sus hijos, cuidar de la casa y obedecer [a sus maridos]”.

Las horas que invierten las niñas en el cuidado de otros y en las actividades domésticas se restan a su desarrollo personal. En algunos países de la región los MUITF aumentan las horas de trabajo no remunerado para las niñas y adolescentes, incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado al cuidado, duplicando el número de horas que sus pares solteros dedican a estas mismas actividades y llegando a ocupar tanto tiempo como una jornada laboral completa. Las niñas y adolescentes casadas o en uniones como mínimo duplican la cantidad de horas de tiempo dedicado al trabajo no remunerado –incluyendo el trabajo doméstico y el tiempo dedicado a los cuidados- que sus pares varones casados o en convivencia, y llegan a quintuplicar (Ecuador, Guatemala) y hasta octuplicar (República Dominicana) la carga horaria.

Pobreza, deserción escolar y violencia

El matrimonio infantil y las uniones tempranas tienen cinco veces más probabilidades de ocurrir en hogares en situación de pobreza, en poblaciones rurales, y está vinculado con la pertenencia étnica- racial. En República Dominicana, el 58,6% de las niñas del quintil más pobre, se casa o une antes de los 18 años y el 23% lo hace antes de cumplir los 15 años  En México, a nivel nacional, el 37,3% de las mujeres que se casaron antes de los 18 años, se ubicaban en un estrato socioeconómico muy bajo, en comparación con el 4,2% de las que pertenecían a un estrato alto. Las jóvenes hablantes de lengua indígena presentaron proporciones muy elevadas de matrimonio infantil, superiores al 40% en Chiapas, Guerrero y Veracruz  La misma tendencia se presenta en Paraguay, donde el 25% de las adolescentes de 15 a 19 años actualmente casadas o en unión pertenece al quintil más pobre, frente al 4% del más rico; y el 30% de las niñas pertenecientes a pueblos indígenas están casadas o unidas frente al 14,2% que habla solamente castellano.

La escolarización de las niñas es menos valorada que la de los niños y el embarazo y el MUIT conducen a que las niñas y adolescentes abandonen la escuela, limitando sus oportunidades de formación y empoderamiento. En República Dominicana, de las niñas que se casan antes de los 18 años, el 64% terminó la escuela primaria. En El Salvador, el 89,2% de las niñas abandonaron la escuela debido a responsabilidades derivadas de la maternidad o unión/matrimonio.

Los MUITF exponen a las niñas y adolescentes a mayores riesgos de violencia sexual, física y psicológica y el tiempo dedicado al cuidado propicia la violencia económica – entendida como el control del acceso de las mujeres a los recursos económicos, disminuyendo su capacidad para mantenerse a sí mismas. La violencia basada en género de niñas y adolescentes es mutidimensional y a menudo experimentan múltiples tipos de violencia de manera simultánea.

La violencia obstétrica es prevalente en la región, lo cual incluye adolescentes que sufren abuso, falta de respeto y negligencia durante el parto. Estar casada o en unión antes de los 18 años aumenta la probabilidad de convertirse en madre a una edad muy temprana. Muchas veces, los padres que descubren que sus hijas tienen relaciones sexuales presionan a los compañeros masculinos para que se casen con sus hijas, y así salvar el “honor” de la familia.  En Brasil, el principal factor que impulsa la decisión de unirse es el embarazo, aunque sea no planeado o no deseado. En El Salvador, el 84,2% de las niñas que dieron a luz en 2012, se casaron o estaban en unión antes o un año después del nacimiento del niño En Guatemala, el 70% de las madres-niñas estaban casadas o en unión en el momento del parto.

Las cifras para la región indican que la mayoría de las mujeres que contrajeron matrimonio durante su niñez dieron a  luz antes de cumplir 18 años; y la mayoría de estos embarazos fue no deseado. Entre las causas de los embarazos no deseados se encuentran las barreras para que las y los adolescentes ejerzan su sexualidad de manera informada y con acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, así como la violencia sexual. El embarazo adolescente -como los MUITF- significa para miles de niñas y adolescentes dedicarse mayoritariamente al trabajo de cuidados, poniendo en riesgo su educación, sus ingresos laborales y oportunidades de desarrollo. La escasa deseabilidad y la mantención de una alta fecundidad adolescente en la región muestran que las políticas públicas no han garantizado el acceso universal a educación sexual integral y servicios que garanticen el ejercicio de tales derechos, en un contexto en el que el inicio de la sexualidad activa en la adolescencia se ha adelantado y es independiente de las intenciones reproductivas.

La igualdad sustantiva de mujeres, niñas y adolescentes  

Un marco legal sólido para abordar el matrimonio infantil y las uniones tempranas debe estar respaldado por normativas y políticas que promuevan la igualdad sustantiva de mujeres, niñas y adolescentes. El marco normativo internacional con respecto al MUITF ha ido ampliándose y volviéndose más específico, partiendo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el libre y pleno consentimiento para contraer matrimonio, a la última resolución específica sobre matrimonio infantil del Consejo de los Derechos Humanos (2021) con lenguaje contundente sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, incluida la autonomía corporal y la educación integral en sexualidad. A nivel regional, la Convención Belém do Pará, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y los consensos y estrategias regionales de las Conferencias de la Mujer de América Latina y el Caribe de la CEPAL, han sido claves para avanzar en los compromisos de los países de la región y promover las modificaciones y armonización de los marcos jurídicos nacionales.

A nivel nacional, el matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en nueve países de América Latina y dos del Caribe. El último país en legislar esta prohibición fue República Dominicana en enero de 2021. Sin embargo, 13 países de la región todavía permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, los representantes legales o de un juez. En seis países de la región donde está permitido casarse antes de los 16 años por motivos calificados. En Colombia las niñas pueden casarse a partir de los 14 años con autorización de sus padres o representantes legales y en Argentina la menor de edad que no haya cumplido la edad de 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial.

Las uniones infantiles, tempranas y forzadas –en las cuales niñas conviven sin estar casadas– se encuentran poco reguladas pese a que conciernen a la mayoría de los MUITF en la región. Si bien existen países que reconocen efectos jurídicos a las uniones de hecho, este reconocimiento apunta a extender los efectos patrimoniales del matrimonio a la convivencia no registrada. Por ejemplo, la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia  dispone que las uniones libres o de hecho que reúnan condiciones de estabilidad, singularidad, y sean mantenidas entre una mujer y un hombre sin impedimento legal, producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. Por su parte, la Constitución Federal de Brasil dispone que, a los efectos de la protección del Estado, la unión estable entre un hombre y una mujer se reconoce como entidad familiar y la ley debe facilitar su conversión en matrimonio. De la misma forma, Colombia reconoce las uniones por la  Ley 54 de 1990, al igual que Uruguay a través de la Ley 18.246 de 2007. Estas uniones son válidas en la medida en que sean conformadas por personas que tengan la capacidad jurídica para contraer matrimonio, y hasta la fecha en ninguno de estos países se ha prohibido el matrimonio infantil.

Con independencia de algunas iniciativas y programas, el MUITF no forma parte de la agenda pública de la región, registrándose muy pocos avances en la atención y erradicación de esta práctica nociva a través de políticas públicas adecuadas, integrales y con fondos asignados. La mayoría de las políticas públicas de la región para abordar los MUITF se inscriben dentro de las acciones en materia de prevención del embarazo adolescente y  generalmente carecen de medidas específicas para prevenir y atender los MUITF, de estrategias para articular cómo las acciones indirectas impactarán sobre los MUITF, de indicadores para medir los avances relativos en esta materia, ni de presupuesto específico. A nivel regional, no se cuenta con un marco común de referencia de leyes, políticas públicas, programas o protocolos integrales y multisectoriales que guíen la acción de los países en la prevención y atención de los MUITF, y que sirvan como un estándar para monitorear y medir el progreso de los países. Muy pocos países de la región reconocen explícitamente la problemática de los MUIT y su vínculo con otros temas de desarrollo y de derechos humanos en sus políticas y programas Solo 8 países (El  Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, República Dominicana y Trinidad y Tabago) mencionaban los MUITF en los planes de prevención del embarazo adolescente o en la normativa de retención escolar de embarazadas.

AGB

América Latina y el Caribe afrontan el riesgo de una “generación perdida” en razón de los millones de niños, niñas y adolescentes que no fueron a clases presenciales durante la pandemia, dijo este viernes Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“Todos nos fijamos mucho en la crisis sanitaria, pero la crisis de la educación ha sido gravísima”, dijo Bárcena en una intervención telemática en la XXXVI Asamblea General del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), ente regional que tiene su sede permanente en la Ciudad de Panamá.

La secretaria de la Cepal precisó que en la región los niños, niñas y adolescentes “perdieron 56 semanas” de clases, que “alrededor de 35 millones (de ellos) no pudieron asistir a clases presenciales”, y que “3,1 millones de estudiantes están en riesgo de no volver a la escuela”. “Creo que este es el riesgo más grande que estamos enfrentando hoy, el riesgo de una generación perdida (porque) el cierre escolar comprometió el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes”, afirmó.

Señaló como un dato “muy doloroso” el que “66 millones de hogares en la región no tienen una conexión adecuada a internet”, una herramienta muy necesaria para la educación a distancia que impuso la pandemia, “y los niños y las niñas tienen que subirse al techo o competir con el papá con el teléfono móvil”. Para Bárcena, “ese es el tema de fondo, garantizar la inclusión universal del acceso al internet”.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL alertó que "esta es una crisis silenciosa que requiere un nuevo contrato social" porque hay que "innovar en la forma de educar y se va a requerir ver a la educación como un bien público, que sea gratuito, de calidad".

La secretaria ejecutiva de la Cepal alertó que “esta es una crisis silenciosa que requiere un nuevo contrato (social) porque hay que reabrir las escuelas, ni duda cabe, pero hay que innovar en la forma de educar y se va a requerir ver a la educación como un bien público, que sea gratuito, de calidad, porque esto realmente es un tema de fondo que va a marcar a las futuras generaciones”.

Igualmente destacó que hasta ahora la recuperación durante la pandemia ha sido muy insuficiente, y que en 2021 “no se pudo por supuesto recuperar todo el problema (social) que enfrenta la región”, y dijo que “desde luego está la vacunación, que es un gran tema”.

Detalló que la protección social ha sido fundamental para contener la pandemia. En 2021 los gobiernos de la región transfirieron unos 45 mil millones de dólares en ayuda social, “la mitad de lo que invirtieron en 2020”.

En cuanto al esquema de vacunación de la región, indicó que “26 de los 33 países no han vacunado al 70 % de su población”, lo que crea una asimetría que se puede vencer si hay un acuerdo “para poder hacer realmente una solidaridad interna, una especie de Covax regional”.

“Esta pandemia no ha terminado, esta pandemia se va a traducir posiblemente en una epidemia que va a requerir vacunación anual, y por lo tanto tenemos que fortalecer nuestros sistemas internos, no nos puede volver a pasar que haya una concentración (de vacunas) en los países desarrollados”, alertó Bárcena.

Recordó que la Cepal le presentó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños un plan de “autosuficiencia sanitaria” que contempla que en la región se puedan producir vacunas; coordinar las seis entidades reguladoras regionales en una agencia reguladora “tipo Europa” (Agencia Europea de Medicamentos, EMA); y compras conjuntas de vacunas.

Bárcena dijo que aunque esta emergencia sanitaria ha generado una “crisis social prolongada”, es una “oportunidad histórica para un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza” en la región, mediante planes de recuperación basados en inversión, empleo y sostenibilidad ambiental y la construcción de una sociedad del cuidado.

AGB

La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Así, como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones, informó este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

“Pese a la recuperación económica experimentada en 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. La crisis también ha puesto en evidencia la vulnerabilidad en que vive buena parte de la población en los estratos de ingresos medios, caracterizados por bajos niveles de cotización a la protección social contributiva y muy baja cobertura de la protección social no contributiva”, señala el informe anual Panorama Social de América Latina 2021 lanzado en conferencia de prensa virtual por la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena.

Según el informe, la región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, se constató un aumento de la desigualdad.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en 7 países.

Pese a lo anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.

“La ‘recuperación’ económica de 2021 no fue suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población”, declaró Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, quien llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada.

El documento sostiene que la desigualdad aumentó entre 2019 y 2020, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El Coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso- aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la pandemia.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar. Asimismo, el cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022, subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.

En el estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.

La región presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de defunciones por COVID-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.

Al 26 de enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su población con el esquema completo.

Para alcanzar dicho objetivo, apunta la Comisión, urge fortalecer los programas de compra de vacunas y los mecanismos de cooperación y coordinación regional, en línea con el Plan de autosuficiencia sanitaria para América Latina y el Caribe aprobado por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y elaborado por la CEPAL.

“La pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes. Vienen años de menor crecimiento económico y, si no se mantienen los esfuerzos para proteger el bienestar de la población, serán mayores los aumentos en pobreza y desigualdad en la región”, declaró Alicia Bárcena.

Un pacto social requiere de un nuevo contrato fiscal con progresividad, acompañado de objetivos muy concretos, como darle sostenibilidad financiera a una protección social universal y con niveles de suficiencia adecuados que incluya al conjunto de la población, apuntó.

También urge reestructurar los sistemas de salud, avanzar hacia una cobertura universal, con atención oportuna y de calidad para toda la población, y que el Estado actúe como garante del derecho a la salud.

Finalmente, el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, concluye el documento.

Con información de la CEPAL.

IG