Los senadores de Unión por la Patria (UxP) Martín Soria y Juliana Di Tullio embistieron este miércoles contra el presidente Javier Milei, a quien calificaron como un “estafador serial” a raíz de los últimos hallazgos del caso $LIBRA, y señalaron que cobró “más de cinco millones” de dólares en concepto de sobornos a cambio de la promoción de la criptomoneda. Fue durante la sesión de la Cámara alta por los pliegos de Carlos Mahiques y Lucila Crexell.

El exministro de Justicia, Martín Soria, opinó que el lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero del 2025 “no fue un error” sino que reveló “un modus operandi” del jefe de Estado.

“Estamos en presencia de una estafador serial”, fulminó el senador rionegrino al exponer su cuestión de privilegio contra el presidente.

En los últimos días se filtró el contenido de un informe surgido de un peritaje judicial que está incorporado al expediente que lleva el fiscal Eduardo Taiano, el cual da cuenta de numerosas llamadas telefónicas entre Milei y el lobbysta cripto Mauricio Novelli en los minutos previos y posteriores al tuit de lanzamiento del token $LIBRA.

En el peritaje al teléfono de Novelli también aparecieron pruebas de conversaciones telefónicas con la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, con el exjefe de gabinete de Asesores de Presidencia, Demian Reidel, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

En su cuestión de privilegio contra Milei, Juliana Di Tullio aseveró que “este es un gobierno de estafadores”. E insistió: “El presidente de la República Argentina es una estafador y quiero que la ciudadanía sepa que cobró más de 5 millones para estafar a 40.000 personas”.

Un rato más tarde, la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, salió al cruce de las críticas contra Javier Milei e hizo una enfática defensa: “Nuestro presidente es absolutamente inocente”. 

“La Justicia está actuando, dejen actuar a la Justicia”, continuó la exministra de Seguridad, que denunció la “hipocresía” del peronismo por denunciar al jefe de Estado cuando tiene a su líder Cristina Kirchner presa con condena firme.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, afirmó este viernes que, con la aprobación por parte del Senado del pliego para que continúe cinco años más en su cargo la camarista Ana María Figueroa, quedó en evidencia que “el único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución”, y advirtió que buscan “hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial”.

“El único conflicto de poderes es entre la Corte y la Constitución. Si insisten con hacer cesar a una jueza porque no es del Partido Judicial, estarán violando -una vez más- facultades constitucionales propias del Consejo de la Magistratura (Art 114) y del Senado (Art 99.4)”, dijo Soria desde su cuenta en X (antes Twitter).

El funcionario completó su posteo con una imagen de la tapa del diario La Nación de este viernes, cuyo título principal señala que “El kirchnerismo votó el pliego de una exjueza contra la Constitución”.

La aprobación del pliego

La Cámara de Senadores aprobó este jueves el pliego de la jueza Ana María Figueroa, la camarista de Casación cuyo retiro había sido indicado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un fallo en el que consideró que la magistrada, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, debía cesar de ejercer su cargo a partir del día de su cumpleaños número 75 pese a que aún estaba en consideración de la Cámara alta el pliego con su pedido para continuar en funciones por cinco años más.

La decisión del cuerpo fue tomada en una ajustada votación en la que debió desempatar la presidenta provisional del Senado, Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Luego de tres horas de debate, el oficialismo logró imponer su decisión de aprobar el pliego, aunque tuvo que aceptar una moción presentada por Juntos por el Cambio para votarlo de manera separada de los otros 32 que formaron parte de la discusión.

La primera votación resultó empatada en 35: por un lado sumaron apoyos el Frente de Todos, su aliada riojana María Clara del Valle Vega y tres de los integrantes del bloque Unidad Federal, Guillermo Snopek, María Eugenia Catalfamo y Edgardo Kueider.

Del otro, votaron el interbloque de Juntos por el Cambio, el representante de Juntos Somos Río Negro y habitual aliado del oficialismo, Alberto Weretilneck; y los otros dos senadores de Unidad Federal: el correntino Carlos Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo.

Las dos ausentes a la hora de votar fueron la misionera Magdalena Solari Quintana, del aliado al oficialismo Frente Renovador de la Concordia, y la opositora Lucila Crexell.

De acuerdo con el Reglamento de la Cámara, si la primera votación sale empatada, debe realizarse una segunda y, de continuar con la paridad, quien ejerce la presidenta del cuerpo debe desempatar.

En este caso, la oficialista Abdala de Zamora, que presidía la sesión al momento de la votación, manifestó su voto favorable al pliego de la jueza Figueroa.

La extensión por cinco años del cargo de la jueza Figueroa había sido incluido desde mayo pasado en distintas oportunidades en el temario de asuntos a tratar por la Cámara, pero la falta de quórum había hecho que, hasta el jueves, no se pudiera ratificar o rechazar el asunto.

Con información de Télam.

IG

Patricia Bullrich, precandidata a presidente del PRO dentro de Juntos por el Cambio,  denunció al ministro de Justicia Martín Soria por concretar la intervención de su Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), encabezada por el Ministerio de Justicia que dispuso intervenir por 180 días hábiles.

La titular del PRO en uso de licencia responsabilizó al ministro de perseguirla políticamente y acusó al Gobierno de buscar “correr la atención de su gestión desastrosa”.

Bullrich ya había denunciado a Ricardo Nissen, titular de la Inspección General de Justicia, por “perseguir a las entidades de los opositores”, mientras que amplió su denuncia contra Soria a quien apuntó por “haber ejercido abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”.

La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, encargado de la investigación.

Según lo expuesto por Silvina Martínez, abogada de Bullrich, “lo que se busca es controlar, restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que no sean afines al gobierno kirchnerista”. En el escrito, Martínez preguntó de irónicamente si la intervención consistía en colgar fotografías de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizó en que la denuncia realizada por Nissen está basada en recortes de diarios.

“No solo se difunden supuestas irregularidades en el funcionamiento de una entidad civil que preside Patricia Bullrich, sino que se persigue a las personas jurídicas y humanas que resultaron donantes de la entidad o bien asistieron a las distintas actividades que la entidad realizó”, relató la letrada al tiempo que aclaró que “se divulga información sobre el financiamiento de la entidad civil, violando los derechos de asociación y privacidad, criminalizando la actividad asociativa”.

En esa línea, Martínez subrayó: “Menciona el titular de la IGJ que se pone en dudas la real existencia de la actividad educativa y su vinculación con el objeto social por el solo hecho que algunas de las actividades se organizan bajo la forma de seminario, almuerzos o cenas. Como si solo pudieran dictarse charlas en un horario determinado y bajo una modalidad establecida en la cabeza de Ricardo Nissen”.

Para la abogada, la causa contra Bullrich se manejó “en secreto” y detalló que la intervención se realizó a pesar de que la Justicia rechazara la posibilidad de proceder. 

“Desde el año 2014 el Ministerio de Justicia no interviene una entidad civil. 9 años!!! [sic] Ello porque la ley orgánica de la IGJ (22315) establece que el organismo puede solicitar al Ministerio de Justicia de la Nación la intervención en los siguientes casos: 1) si verifica actos graves que importen violación de la ley, del estatuto o del reglamento; 2) si la medida resulta necesaria en resguardo del interés público; 3) si existen irregularidades no subsanables; 4) si no pueden cumplir su objeto. Nada de esto ocurre en el caso”, concluyó.

LC con información de agencia NA

Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC), por irregularidades contables y otros cargos.

Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se “busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

En ese contexto, Soria dispuso la intervención de la asociación civil con sede social en la ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 10, inciso J, de la Ley 22.315.

La medida generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.

“Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, acusó la precandidata presidencial y agregó: “Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”.

Rápidamente, Soria le contestó por el mismo medio: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!”.

La intervención, solicitada por el Inspector General de Justicia Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, donde se determinó que desde el instituto presidido por Bullrich “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, indicaron oficialmente.

Además, se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un “crecimiento exponencial” de los ingresos y egresos del instituto, “pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.

En esa línea, se explicó que el incremento de los ingresos es “coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”.

El sumario, instruido por la IGJ incluyó “visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, El Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES”.

La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta después que la resolución recaída en la causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, adquirió firmeza.

Por último, la IGJ determinó que la “utilización estructural y financiera” del IEES para la campaña política nacional de Bullrich “no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles”, sino que también podría “implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.

“La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros”, recordaron.

Cabe destacar que la IGJ es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.

El ministro Soria explicó en declaraciones a Radio 10 que se demostraron “un cúmulo de irregularidades tremendas” en el funcionamiento de la organización civil y criticó a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una “muestra más de la impunidad”.

“Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores”, lanzó el titular de la cartera de Justicia.

El pasado 10 de abril, la IGJ había resuelto la intervención judicial de la asociación civil y el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva, tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022. En respuesta, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a la coalición, al señalar que se utilizó “el poder del Estado” para perseguir “a entidades civiles que presiden dirigentes opositores”.

Posteriormente, en mayo, el fiscal Carlos Stornelli ordenó el allanamiento a la sede del IGJ, mientras que su titular, aseguró: “El allanamiento es una cosa que no se vio nunca. Es un amedrentamiento inaceptable para un organismo del Estado especializado en estas cosas, es un mensaje mafioso, una intimidación berreta”.

Reacciones de la oposición a la intervención de la fundación de Bullrich

Propuesta Republicana (PRO) respaldó a la precandidata presidencial por la intervención de la IEES. En particular, su adversario en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que el accionar de la IGJ constituye una campaña sucia y apoyó a la ex ministra de Seguridad. “Utilizar el estado para perseguir opositores es ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina”, aseguró vía Twitter.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, se expresó en la misma línea. “Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich”, publicó.

El ex mandatario Mauricio Macri también extendió su respaldo a la precandidata presidencial y cuestionó el accionar de la gobierno nacional. “Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir opositores”, sostuvo en redes sociales. Su primo y precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que se trata de un golpe bajo para ensuciar a Bullrich por el temor de una eventual pérdida del oficialismo en las elecciones nacionales.

Con información de agencias

Tal como informó la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó hoy un escrito ante la Corte Suprema de Justicia en el que solicita que se declare inconstitucional la reforma impulsada por el gobernador jujeño, Gerardo Morales.

De acuerdo con el Gobierno, el texto sancionado por la Convención Constituyente jujeña “vulnera los derechos y garantías establecidos en la Constitución Nacional, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y tratados internacionales que integran el bloque de constitucionalidad junto con la Carta Magna, así como con el Convenio 169 de la OIT”.

En particular, se cuestiona el inciso 4° del artículo 67 referente a los derechos de reunión, protesta y huelga, y los artículos 94 y 95 que afecta de manera directa a los pueblos indígenas. “Los artículos referidos al régimen de agua y tierras fiscales debieron ser objeto de consulta, en virtud de que se encuentran directamente vinculados al territorio y no contemplan el uso tradicional de las comunidades indígenas”, afirma el documento.

En el escrito presentado, el Gobierno destacó la gravedad institucional resultante del proyecto aprobado. “Está en juego el orden institucional de la república y el sistema democrático, así como los valores que lo sustentan”, aseguraron. Según argumentan, el reclamo también se sustenta sobre lo expresado por organismos internacionales de derechos humanos ─entre ellos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ACNUDH)─ tras los hechos de represión ocurridos tras su promulgación.

En comunicación con radio 10, el ministro Soria aseguró que el objetivo del Gerardo Morales es criminalizar la protesta y perseguir a quienes no comparten sus ideas económicas. “Esta película ya la vimos: ajuste, hambre, miseria y represión contra el pueblo. Es la Alianza del 2001 y Cambiemos en 2016”, sostuvo.

En este contexto, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente junto a Horacio Rodríguez Larreta defendió el proyecto aprobado por la Legislatura provincial y espera una resolución favorable de la Justicia. “Lo mejor que puede pasar es que la Corte Suprema analice el nivel de ampliación de derechos que consagra esta Constitución”, expresó.

Con información de agencias

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, presentará mañana ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y aprobada la semana pasada en la legislatura, la cual derivó en graves incidentes.

Así lo confirmó la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, tras una conversación que mantuvo con el propio Soria una vez concluida la habitual conferencia de prensa de los jueves que ofrece la funcionaria en Casa Rosada. Señaló que la medida se realizó por instrucción del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con los periodistas acreditados en Casa de Gobierno, Cerruti manifestó que el mandatario “sigue muy de cerca la situación en Jujuy” y recordó que Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos, “viajó a Jujuy y está permanentemente en contacto”.

De esta manera, el funcionario nacional llevará adelante un pedido que realizó el propio presidente Alberto Fernández durante una declaración realizada a la prensa desde la sala de conferencias de la Casa Rosada.

“Entendemos también que hay denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también está siguiendo muy de cerca la situación”, dijo y agregó: “Hemos denunciado la represión en Jujuy y el Presidente mismo se ha expresado exigiéndole al gobernador Morales que cese con la represión y al ministro de Justicia que se presente para plantear si existe inconstitucionalidad en los artículos cuestionados de la Constitución Nacional”, algo que se confirmó minutos después.

“Con mucha preocupación seguimos esa situación y también con mucha preocupación vemos que la fuerza opositora, en lugar de preocuparse por la represión, premió al gobernador que llevó adelante la represión nombrándolo como candidato al vicepresidente”, completó la portavoz en referencia a la fórmula que comparte con Horacio Rodríguez Larreta.

Además, en el Gobierno Nacional no descartan la posibilidad de intervenir el Partido Justicialista jujeño, dado que legisladores provinciales de ese espacio votaron a favor de la reforma constitucional.

“He instruido al Ministro de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva la sanción de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, había anunciado Fernández en el mensaje que emitió el pasado 21 de junio.

LC con información de agencias

Martín Soria, ministro de Justicia, amplió este lunes la denuncia contra los jueces federales y funcionarios porteños que viajaron a Lago Escondido en octubre pasado, y reclamó que se investiguen “las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario británico Joe Lewis” adoptadas con posterioridad al viaje, como así también los intentos de los imputados de ocultar la escapada patagónica.

Se trata de la causa por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “dádivas”, iniciada luego de que saliera a la luz ese viaje del que participaron, entre otros, los jueces federales Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials; el exministro de Seguridad y Justicia porteño Marcelo D'Alessandro y directivos del Grupo Clarín.

En el afán de comprobar si existió una maniobra para ocultar el viaje, Soria reclamó que se secuestren los celulares de los imputados. Esto es luego de que varios medios de comunicación dieran a conocer versiones que los propios involucrados intentaron instalar una versión que se trató de un paseo financiado por cada uno de ellos.

“La idea de los sindicados era instalar la versión de la simple realización de un viaje de placer por parte de un grupo de amigos, costeado por cada uno de ellos, y que nada tuviera que ver con intereses espurios, ni financiamientos prohibidos”, remarcó el ministro.

El exdiputado planteó también que “otro hecho que corrobora la veracidad de la denuncia original es el intento de manipulación -por parte de los sindicados- de periodistas y de medios de comunicación para establecer versiones de los hechos que hicieran parecer a las acciones delictivas llevadas adelante por la comitiva como carentes de ilegalidad”.

“Esta actividad por parte de los aquí denunciados se vio reflejada en un buen número de notas periodísticas, que dieron cuenta las maniobras que varios de ellos llevaron a cabo con la finalidad de ocultar la existencia del viaje a los ojos del público en general”, sostuvo el funcionario.

La ampliación de la denuncia fue informada por el propio ministro a través de sus redes sociales, donde anunció: “La presentación solicita investigar, entre otros hechos, las resoluciones judiciales favorables al Grupo Clarín y al empresario Joe Lewis dictadas con posterioridad al viaje, así como el intento de los imputados de manipular medios y periodistas para ocultar su accionar ilícito”.

Por ejemplo, al referirse a esas resoluciones posteriores al viaje, el ministro citó en la denuncia que “el Juez Cayssials benefició directamente a Telecom -empresa del Grupo Clarín-, lesionando directamente el patrimonio del Estado Nacional, mediante la declaración de la prescripción de una multa millonaria que el Estado Nacional había impuesto a dicha empresa en 2011”.

“El 14 de noviembre del 2022, a menos de un mes calendario de concretarse las supuestas dádivas y tráfico de influencias que vuestra señoría investiga, el Juez Federal benefició a la empresa de la cual el sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey -también sindicado en autos por haber participado del viaje a Bariloche-, es director de Asuntos Legales e Institucionales”, agregó Soria.

El titular de la cartera también mencionó que “el 21 de octubre de 2022, a menos de una semana de retornar del sur de nuestra Patria, los abogados de Clarín exigieron celeridad a Cayssials a la hora de definir su competencia en la causa judicial en la que tramita una deuda de Papel Prensa con la AFIP, o si debía excusarse”, a lo que respondió “tan solo 7 días más tarde”. “Haciendo honores a la rapidez reclamada por los abogados del grupo con los cuales el juez viaja y se encuentra en Lago Escondido, Cayssials estableció 'la competencia del Juzgado para entender en las presentes actuaciones', resolviendo justamente la situación pretendida por este grupo”, sostuvo Soria.

El ministro remarcó incluso que “tan escandalosa fueron estas intervenciones de Cayssials que, una semana después de que las mismas se hicieran públicas a través de los medios de comunicación, no le quedó otra alternativa que excusarse en una de esas causas”.

El escándalo por el viaje a Lago Escondido

El escrito presentado hoy amplió la denuncia interpuesta por Soria el 7 de diciembre pasado, quien cumplió instrucciones del presidente Alberto Fernández, en el episodio que investiga el viaje presuntamente pagado por el Grupo Clarín a los mencionados jueces y funcionarios.

Al viaje patagónico asistieron Ercolini, Mahiques, Yadarola, Cayssials, el exministro porteño D'Alessandro y el fiscal general de la Ciudad Autónoma, Juan Bautista Mahiques; todos ellos fueron imputados penalmente en diciembre pasado por la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare.

En el mismo trámite, por el ofrecimiento de “dádivas”, la fiscal involucró en la causa a Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín; Pablo Casey, director de Asuntos Legales e Institucionales de Telecom/Clarín; Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis; Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Según informó esta jornada oficialmente el Ministerio de Justicia, la ampliación de denuncia “expone la decisión coordinada de los integrantes del vuelo privado, con destino al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, de ocultar el carácter de dádivas de los regalos y beneficios recibidos”. Para fundar esta afirmación, Soria aportó las publicaciones que dieron cuenta de que “los magistrados habrían reconocido ser beneficiados por este viaje sin tener que haber abonado nada a cambio”.

Otro de los reclamos del Gobierno es que se investigue si el juez Ercolini incurrió en un accionar irregular cuando no se excusó de intervenir en una denuncia presentada por un abogado para que se investigue una filtración de los chats de D'Alessandro: el magistrado no se excusó (tampoco realizó movimiento alguno) y así facilitó que el caso llegara a manos del juez Sebastián Ramos, quien finalmente la archivó a requerimiento del fiscal Carlos Stornelli durante la feria judicial.

“En mi rol de ministro de Justicia y Derechos Humanos, no puedo dejar de advertir que en causas en las que está en juego la honorabilidad del Poder Judicial, el mensaje que se transmite a la sociedad parece ser claro: la Justicia es lenta para investigar a sus propios miembros, pero muy rápida para garantizar su impunidad”, afirmó Soria al ampliar la denuncia.

LC con información de agencia Télam

La Argentina atraviesa un nuevo proceso de evaluación sobre sus políticas para combatir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para evitar volver a caer en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la organización intergubernamental que fija los estándares internacionales sobre qué países cumplen y qué países no cumplir con las exigencias de la comunidad internacional en materia de lavado de activos. 

El Gobierno de Alberto Fernández deberá presentar un primer informe técnico sobre cómo el país cumpliría con las 40 recomendaciones ante los evaluadores en septiembre, en plena campaña electoral. En noviembre, tiene que elevar un segundo informe sobre efectividad y allí cuenta con dos obstáculos, de acuerdo a las consultas realizadas a fuentes oficiales por elDiarioAR.

Uno de los obstáculos está en manos del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo envió hace un año un proyecto de ley para cumplir con las exigencias del GAFI en un objetivo central para Estados Unidos y los países de la Unión Europa: herramientas legales para ordenar el congelamiento administrativo de fondos y otros activos, antes de la intervención judicial, aunque con comunicación inmediata al sistema judicial. 

A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco

Cristina Fernández de Kirchner — Vicepresidenta

El interés internacional está puesto en paralizar dinero presuntamente vinculado no sólo al financiamiento del terrorismo sino también a “la proliferación de armas de destrucción masiva”, un aditivo que permite ampliar las inmovilización de fondos ligados a Irán y Corea del Norte en Argentina. En el proyecto de ley participaron no sólo el ministerio de Justicia sino también la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal y los ministerios de Relaciones Exteriores y de Economía.

Existe otro obstáculo para la evaluación positiva de Argentina, sostienen en el Ejecutivo, y está directamente relacionado con el desempeño del poder Judicial. En el último informe que se presentó ante el GAFI, las autoridades publicaron que entre 2017 y 2021 se iniciaron en el país 1.386 procesos penales por lavado de activos y sólo se dictaron 58 condenas.

De esas 58 condenas, alrededor de un cuarto ni siquiera encuadran dentro de casos de gravedad: 14 son sentencias a personas que ingresaron o sacaron dinero sin declarar por las fronteras. Otras 34 fueron por activos provenientes de la narcocriminalidad. Además, el país tampoco tiene mucho que mostrar en materia de recupero de activos del lavado de dinero. 

Fue la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quien el martes último volvió a mencionar la problemática del lavado de dinero y sus sospechas sobre la supuesta inacción del poder Judicial frente al blanqueo del dinero del narcotráfico, con la problemática de Rosario nuevamente en la agenda política.

“A ver si nos vamos a creer que bandas con nombres de analfabetos son los que arman la ingeniería para lavar los miles de millones del narco”, afirmó en un encuentro del Grupo Puebla, junto a Evo Morales, Rafael Correa, Ernesto Sámper y José Luis Rodríguez Zapatero, y mientras Argentina se encontraba recibiendo a una misión de la Unión Europa que llegó el lunes a pedido del Ejecutivo para capacitar al tercer sector en la evaluación de riesgo del lavado. 

Uno de los puntos que el ministerio de Justicia informará este año al GAFI es sobre la estrategia nacional de evaluación de riesgo de lavado y financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Para ello, los organismos que participan en el comité fijan una lista de amenazas. 

41 organizaciones criminales

El informe de evaluaciones nacionales de riesgo informó que se identificaron “41 organizaciones criminales de envergadura” en Argentina dedicadas al narcotráfico, trata de personas o intermediación financiera no autorizada. El narcotráfico movilizaría más de US$230.000.000 anuales en el país, de acuerdo con una estimación del informe.

Los delitos aduaneros superan los US$451.000.000 anuales.

“Extensión y falta de control en las fronteras”, “el mercado informal de cambio”, y la necesidad de reforzar “el control de personas y estructuras jurídicas, y la identificación de beneficiarios finales” de las empresas radicadas en el país son otras de las amenazas identificadas. También, la corrupción.

Lista Gris

En 2014, durante la última presidencia de Fernández de Kirchner, Argentina salió de la lista gris del GAFI, como se denomina a los países para evitar caer en la llamada “lista gris”, que habiéndose sometido a un proceso de evaluación, no lograron alcanzar los estándares exigidos.

Soria mantuvo en febrero último una audiencia con el presidente del GAFI, Raja Kumar, para informarle sobre los avances de Argentina durante 2022 en la carrera hacia octubre de 2024, cuando el plenario del organismo analice qué tan buena alumna ha sido la Argentina. Posiblemente, para entonces Alberto Fernández ya no estará a cargo del Ejecutivo, pero el GAFI evalúa a los países, no a los gobiernos.

Desde 2016, el ministerio de Justicia cuenta un área específica para el diseño y coordinación de las políticas antilavado y el cumplimiento ante el GAFI: el Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, actualmente a cargo del abogado Agustín Carrara.

Dichas políticas antilavado son discutidas y coordinadas por Soria en un comité con los 14 organismos directamente involucrados en la materia: desde la Unidad de Información Financiera (UIF), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) hasta la dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), entre otros.

ED/MG

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, pidió hoy que la jueza María Eugenia Capuchetti y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, se tomen “una larga licencia hasta que se esclarezcan estos bochornos”, en torno a un posible vínculo de Justicia con el Gobierno de la Ciudad.

“Me parece que todas estas personas, tanto Capuchetti como Rosatti, deberían tomar el ejemplo del ministro de (Justicia y Seguridad) Horacio Rodríguez Larreta, (Marcelo) D'Alessandro, y tomarse una larga licencia hasta que por lo menos se esclarezcan todos estos bochornos”, apuntó Soria al programa “Toma y Daca” que se emite por radio AM750.

El ministro subrayó: “Si no están dispuestos a dejar el cargo, que por lo menos se tomen una licencia hasta que todo esto se esclarezca”.

“Que por lo menos tengan la dignidad de hacer lo que tienen que hacer que es aplicar el código procesal y excusarse de intervenir en todas aquellas causas en las cuales es evidente que no están dispuestos a hacer justicia”, retrucó el funcionario nacional.

En ese marco, afirmó que le “encantaría que haya un juicio político contra Capuchetti, pero no se puede porque Horacio Rosatti y la Corte Suprema paralizaron el órgano que la Constitución prevé que sea precisamente donde se investiga la inconducta de los magistrados y funcionarios judiciales, que es el Consejo de la Magistratura”.

Además, Soria afirmó que el Ejecutivo nacional “padece un bloqueo político e institucional” y señaló: “”Hace tiempo que se perdieron el decoro y la delicadeza en la Justicia“.

“No todos los jueces son los mismo pero hay un puñado clave que están con la camiseta amarilla puesta”, enfatizó el dirigente del Frente de Todos, quien acusó al macrismo de haber creado “un Estado paralelo cuasi-mafioso” junto con el Poder Judicial.

En otro tramo de la entrevista aludió a los cuatro integrantes del máximo tribunal de justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes definió como “cuatro cortesanos”.

“Estamos en manos de cuatro cortesanos que, entre cuatro paredes y con mensajes con personajes como D'Alessandro, deciden la suerte de cada uno”, sentenció.

Soria denunció ayer en un hilo que publicó en su cuenta de la red social Twitter: “La jueza Capuchetti está contratada por el Gobierno de Larreta desde 2019 en el órgano encargado de asesorar a la conducción política de Seguridad de CABA: el ministerio de (Marcelo) D'Alessandro”.

Capuchetti encabeza el juzgado federal número 5 y está al frente de la causa en la que se investiga el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la cual delegó en el fiscal Carlos Rívolo luego de que la querella la recusara.

Además, investiga la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y tiene el expediente conocido como Mesa Judicial, en el que se analizan, entre otras cosas, las maniobras desplegadas por el gobierno de Cambiemos para lograr la renuncia de la exProcuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

CRM con información de las agencias NA y Télam

Cuando las causas calientes llegan a los tribunales de Comodoro Py 2002, pueden suceder dos situaciones: que algunos jueces se disputen los expedientes o que nadie quiera quedarse a cargo. Cada caso tiene sus particularidades y cada juez tiene sus razones. La causa contra Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, tiene las suyas. 

Quien asuma como juez o jueza para investigar las denuncias contra la mano derecha de Rosatti tendrá que decidir sobre el punto más sensible de este caso: el juez federal Guillermo Molinari, de Santiago del Estero, ordenó a la Policía Federal Argentina (PFA) que ubique a Robles y la exija la entrega de sus teléfonos celulares, algo que el vocero del juez supremo no ha concretado. La Federal tampoco pudo notificar a Robles en dos domicilios.

El juez Molinari actuó tras el pedido del gobernador de su provincia, Gerardo Zamora, quien se reunió al día siguiente con el presidente Alberto Fernández para acordar el pedido de juicio político a Rosatti y los otros tres ministros de la Corte Suprema por el fallo que le ordenó al Gobierno Nacional aumentar la cantidad de fondos públicos que debe enviar a la Ciudad para financiar la policía porteña. 

La pelea judicial por al menos $40.000 millones vino de la mano de la filtración de chats o supuestos chats (D’Alessandro afirma que son falsos) tras el hackeo (D’Alessandro denunció que fue hackeado) del teléfono del funcionario porteño que está a cargo de la Policía de la Ciudad. Una de las conversaciones filtradas es entre D’Alessandro y Robles sobre el fallo que la Corte iba a dictar a favor del gobierno que integra D’Alessandro, y en la que, según denunció Zamora, hablan del resultado que tendría la demanda en el máximo tribunal y la presunta influencia de Robles para que ese resultado ocurra. 

El secuestro de los teléfonos de Robles sería para peritar su contenido y probar si esos chats son veraces o adulterados, como sostiene el ministro porteño. Como daño colateral, implica el acceso a las conversaciones privadas de la mano derecha del juez más enemistado con el kirchnerismo.

El juez de Santiago del Estero cumplió con la medida solicitada por el gobernador de su provincia y luego se declaró incompetente (ni los hechos ni las personas están en su jurisdicción). Envió el expediente a Comodoro Py, donde ya había dos denuncias contra Robles en el juzgado de Lijo. 

D’Alessandro asumió en 2016 como Secretario de Seguridad de la Ciudad y se le encomendó la gestión de la flamante policía porteña. Supo construir una relación de amistad con una de las jueces más poderosas del fuero federal: María Servini. Pero con los años, algo quebró la confianza entre ambos.

Servini está a cargo del juzgado de Lijo porque el juez se tomó vacaciones de verano. Cuando le llegaron las denuncias contra Robles y como los hechos denunciados involucran al ministro D’Alessandro, la magistrada explicó en un escrito firmado el miércoles último que decidió inhibirse y envió el expediente completo a sorteo, de acuerdo con el escrito que consta en la causa. En los tribunales de Retiro, varios especularon con que el paso al costado de Servini había tenido que ver con un presunto robo en la casa de la magistrada mientras era custodiada por la policía porteña, pero tres fuentes allegadas a la jueza y una cuarta del gobierno porteño lo desmintieron.

Sin juezas

Tras la decisión de Servini, la causa contra Robles volvió a sortearse y este viernes fue asignada a la jueza María Eugenia Capuchetti. Durante la tarde, el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó a la magistrada por dar clases en el Instituto Superior de Seguridad Pública, donde se forman policías de la Ciudad. Dijo que estaba “contratada por el gobierno de (Horacio) Rodríguez Larreta desde 2019”. Según un comunicado del instituto, Capuchetti da clases y es investigadora desde 2014, cuando pertenecía a la Policía Federal. De hecho, es habitual que jueces y fiscales den clases a los policías. 

¿Qué sucedió con la causa contra Robles de la que depende el contenido de sus teléfonos? Ahora está en manos de la Cámara Federal de Apelaciones, que este lunes deberá decidir quién queda a cargo del expediente.

 Sobre D´Alessandro, Servini afirmó en su escrito que “en tiempos anteriores supe tener un vínculo amistoso con el mencionado y familiares del ahora Ministro”, pero que “con el transcurso de los años desavenencias funcionales desde el lugar que cada uno ocupa, sumado al grave hecho sobrevenido durante el 2022, que motivó la solicitud de sustitución de custodia en mi domicilio particular, en virtud de los hechos acaecidos con el personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del Ministro D´Alessandro”, dijo la jueza en el escrito.

Ese “grave hecho” ocurrido en 2022 generó la formación de un sumario en la Comisaría Vecinal 2B, en Barrio Norte.

Los hechos

La custodia de los jueces federales siempre estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) pero luego del traspaso de gran parte de la fuerza a la Policía de la Ciudad, varios magistrados solicitaron que se mantenga al personal habitual hasta entonces en sus domicilios, explicó a elDiarioAR una fuente del gobierno porteño. Fue el caso de Servini.

Sin embargo, al menos tres episodios generaron malestar e incubó sospechas en la magistrada, según explicaron tres fuentes cercanas a Servini.

El primero, ocurrió en 2017. A la magistrada le abrieron el auto en las inmediaciones de su domicilio y la custodia no se encontraba en el lugar. El segundo fue un robo a uno de sus nietos, a quien le sustrajeron de su auto una mochila con las llaves del departamento de Servini. 

El tercer episodio fue en octubre último. La jueza había recibido en el correo electrónico del juzgado una amenaza de muerte de parte de una mujer que desconoce y por la que realizó la denuncia (investiga Lijo). En esos días, Servini salió de su departamento y bajó a la calle. Vio que la custodia habitual del domicilio no estaba y que en su lugar había una joven oficial. Las decisiones sobre la custodia al domicilio son tomadas por la comisaría del barrio. 

“¿Vos sabés quién soy?”, le preguntó la jueza a la agente, quien no se había percatado de que su custodiada estaba en el lugar. “No, señora”, le respondió. Fue la gota que rebalsó el vaso entre Servini y D’Alessandro, ya que la jueza entendió que su custodia ni siquiera sabía a quién debía custodiar, explicaron dos fuentes del entorno de la magistrada. El episodio fue confirmado por una fuente del gobierno porteño ante la consulta de este medio.

Luego se sucedieron reclamos de la jueza a la comisaría y D’Alessandro que no terminaron en buen puerto, según contó la magistrada a sus allegados.

Servini ya se había excusado de intervenir como jueza en la causa iniciada por el funcionario porteño y el diputado Diego Santilli (Juntos por el Cambio y antecesor de D'Alessandro en el ministerio de Seguridad porteño), quienes denunciaron que sus teléfonos celulares -en realidad sus líneas- fueron hackeados con dos días de diferencia en octubre último. La denuncia quedó a cargo de la jueza Servini, quien se excusó el 7 de diciembre último y envió el caso a sorteo. Quedó finalmente radicado en el juzgado de Lijo.

La Cámara Federal de Apelaciones porteña, que revisa las excusaciones de los jueces de primera instancia, confirmó el 16 de diciembre la decisión de Servini.

ED

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció este viernes que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Es por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro”, consignó el ministro en su cuenta de Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Soria informó que en la mañana de este viernes se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, donde pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro porteño por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las filtraciones, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que es “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide también investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesta por D'Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban estrategias en el marco de la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A continuación, el texto de la denuncia:

LC con información de agencia Télam

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este miércoles que existen posibilidades de que el Gobierno reforme el Consejo de la Magistratura a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).

“Hay posibilidad de reformar el Consejo de la Magistratura por decreto”, expresó el funcionario nacional en declaraciones radiales, poco tiempo después que el presidente Alberto Fernández presentara ante el Congreso el pedido de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La respuesta de Soria se dio luego que le preguntaran en Radio con Vos si era posible que el Gobierno modifique el Consejo de la Magistratura a través de un decreto. “Claro que sí hay posibilidades”, afirmó.

Los argumentos de Soria sobre la reforma del Consejo de la Magistratura por decreto

“El bloqueo al Consejo de la Magistratura es lo que está pasando en el Congreso de Nación”, señaló Soria como argumento principal para explicar por qué se evalúa tal medida. 

“Esta oposición que se opone a todo y porque si, o mejor dicho porque nada, bloquea el funcionamiento del Congreso”, subrayó.

“La propia Corte en ese fallo insólito del 16 de diciembre de 2021, que es una fecha crucial porque nunca antes en la Argentina jueces de la Corte se habían animado a revivir una ley derogada por el Congreso de la Nación hace 16 años, que la derogaron para meterse a manejar el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que investigar y sancionar a los jueces que incumplen con sus funciones”, agregó.

DA con información de NA

Martín Soria, el ministro de Justicia, operó en las últimas 72 horas como enlace entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Desde el domingo, tras publicarse en Tiempo Argentino, Perfil y El Cohete a la Luna, los chats entre jueces y funcionarios sobre un viaje a Lago Escondido, Soria se convirtió en el hacedor, entre las indicaciones del presidente y las sugerencias de la vice, de una tarea que se convirtió, a las 7 AM del miércoles, en una denuncia contra los participantes de ese encuentro secreto en el sur.

Soria, con terminales directas en la vice, oficio de ejecutor del mandato de Fernández para confeccionar una denuncia sobre el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios hicieron a Bariloche invitados por el grupo Clarín. El ministro siguió una pauta precisa: armar un escrito que no dé lugar a pedidos de nulidad, en particular por la información que surgió al publicarse los supuestos mensajes del grupo de Telegram bautizado “Operación Página 12”, a raíz de una noticia publicada en ese medio el 17 de octubre pasado que fue la primera información sobre el viaje.

El dato no es menor y explica, según indicaron fuentes oficiales a elDiarioAR, un dato llamativo: en la denuncia judicial, y en el comunicado oficial que se difundió sobre la misma, no figura Pablo Casey, Director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, sobrino de Héctor Magnetto, Ceo del holding, y uno de los candidatos a suceder al propio Magnetto en la conducción del mayor grupo de medios del país. La explicación a esa omisión fue que “no había” información que pueda dar cuenta de la presencia de Casey por lo que, se dijo, si su inclusión en la denuncia daba lugar a que la fuente de la acción sean los chats filtrados, podría derivar en un eventual pedido de nulidad.

Ese era el contexto cuando se radicó la denuncia porque, hasta entonces, no había trascendido la imagen que muestra a Casey y Jorge Rendo, presidente del grupo Clarín, en el aeropuerto de Bariloche junto al grupo de jueces, fiscales, funcionarios y exagentes de inteligencia.

Lecturas

La omisión, aunque tiene esa explicación jurídica, tiene una derivación en una interpretación del escándalo que circula entre dirigentes de extrema confianza a Cristina Kirchner y que ven la difusión de los chats, no está claro si es producto de una filtración interna o de un hackeo, como parte de una interna en el grupo. La inclusión de Rendo en la denuncia pero no de Casey alimentó las interpretaciones febriles. A veces, las explicaciones son más sencillas. En rigor, la omisión de Casey no hizo más que poner la lupa en el detrás de escena de la denuncia.

El miércoles, la fiscal federal de Bariloche, María Etchepare, imputó a los mencionados en la denuncia efectuada por el Ministerio de Justicia nacional y, además, a Casey. Se trata de los jueces federales Julián Ercolini, Pablo Yadarola, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials, el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, al fiscal general porteño Juan Bautista Mahiques, al empresario Tomás Reinke y al exfuncionario de la SIDE Leonardo Bergroth. En paralelo, elevó un pedido a la justicia para que active medidas sobre el rol que tuvieron Rendo y, también, Casey. La fiscal es mencionada, sin citar su apellido, en los chats filtrados.

La denuncia oficial fue el paso posterior a la decisión de Fernández de realizar, el lunes, una cadena nacional que tuvo como motivo central darle visibilidad a un tema que hasta entonces no había llegado a algunos medios, en particular los del grupo Clarín, pero también La Nación. La presentación de Justicia, hecha por Soria por indicación del Presidente, lleva esa postura a otro escalón porque aparece, incluso, una derivación empresarial el hecho de que haya una posible imputación a Rendo, presidente del grupo Clarín.

El martes, Cristina cenó en Ensenada con un grupo de dirigentes y dio algunas pistas sobre lo que viene: pidió profundizar la denuncia sobre eso que llama “mafia judicial”, postura que el miércoles al mediodía explicitó la senadora Juliana Di Tullio, presidente del bloque de Unidad Ciudadana, en una conferencia de prensa de legisladores del oficialismo en la que se solicitó una audiencia con el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.

La vice, como lo mostró en su discurso post sentencia, está dispuesta a desplegar un arsenal político y de comunicación que tiene, como punto inicial, la identificación directa de los protagonistas. Así, por ejemplo, en su mensaje del martes mencionó en varias ocasiones a Magnetto. Este miércoles, en distintos puntos del gran Buenos Aires aparecieron pintadas con una frase de la vice: “Mascota de Magnetto jamás”.

Para Cristina, así y todo, la cadena nacional de Fernández y la denuncia penal del gobierno no parecen ser suficientes como para volver a compartir escenario con el presidente. Está en preparación, para el lunes, una actividad en el CCK por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, evento que por propuesta del presidente se convertirá en un “Encuentro Internacional de Solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner”, del que participarán referentes de varios países. Si bien está contemplado que participen ambos, estaba por definirse si se mostrarán juntos: la apertura estaría a cargo de Fernández y el cierre a cargo de la vice.

Este martes, según fuentes del FdT, el presidente y Cristina tuvieron un contacto luego de conocerse la sentencia sobre la causa Vialidad, y tras el mensaje que la vicepresidente dio a través de sus redes sociales en las que anunció que no será candidata “a nada” en el 2023.

Otro efecto colateral que siguen desde el FdT, y que estuvo en la sobremesa de la cena que el martes tuvo la vice con dirigentes bonaerense en Ensenada, tiene que ver con las derivaciones dentro del dispositivo del PRO. Uno muy específico respecto a que, entienden, tarde o temprano, Horacio Rodríguez Larreta va a “mover” de su gabinete a Marcelo D’alessandro. Surgen, de ahí, un nudo de especulaciones sobre quien pidió, y o financió, el supuesto hackeo al funcionario. No falta, nunca, la interpretación de que formó parte de la interna del PRO.

PI

El Gobierno Nacional denunció este miércoles a los jueces federales, al CEO del Grupo Clarín y a otros participantes del viaje a Lago Escondido realizado a principios de octubre pasado el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas”, según se informó oficialmente.

“Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento”, se indicó en un comunicado oficial.

El comunicado

Por instrucción del Presidente de la Nación Argentina Alberto Fernández, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, presentó una denuncia penal en la Fiscalía Federal de Bariloche para que se investigue los hechos vinculados al vuelo 26917 de la empresa Flyzar y particularmente lo relacionado a su financiamiento.

En el escrito presentado por el Ministerio de Justicia de la Nación, sin perjuicio de que en el devenir de la investigación resulten implicadas más personas, se denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y admisión de dádivas, en los términos de los artículos 248 y 259 del Código Penal, a:

● Julián Ercolini, juez del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 10.

● Carlos Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.

● Pablo Yadarola, juez del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2.

● Pablo Cayssials, juez del Juzgado Nacional de 1º instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

● Juan Bautista Mahiques, actual Fiscal General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

● Marcelo D’alessandro, actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que sindica por ofrecimiento de dádivas en los términos del art. 259 del Código Penal a:

● Jorge Rendo, CEO del Grupo Clarín.

● Nicolás Van Ditmar, administrador del inmueble de Lago Escondido perteneciente a Joe Lewis.

● Leonardo Bergroth, exdirector de asuntos jurídicos, de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

● Tomás Reinke, publicista especializado en publicidad digital y política.

Los hechos a ser investigados tuvieron lugar durante la semana del 13 de octubre, cuando los denunciados compartieron un vuelo en un avión privado, desde San Fernando (Buenos Aires) a Bariloche (Río Negro), con financiamiento desconocido.

Una vez concluido el vuelo, a la comitiva se habría sumado el CEO del Grupo Clarín, Jorge Rendo, y el director de Asuntos Legales e Institucionales del mismo grupo empresario y sobrino de Héctor Magnetto, Pablo Casey, entre otras personas aún no identificadas. Según la información que tomó estado público, una vez concluido el vuelo, la comitiva completa se dirigió en vehículos privados de Joe Lewis hacia la estancia del magnate británico ubicada en Lago Escondido.

El escrito plantea que “en caso de corroborarse que el traslado, alojamiento y/u otras actividades de los funcionarios públicos descriptos, entre ellos magistrados de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, no fue solventado por ellos mismos, sino por privados, estaríamos ante la existencia de una entrega y aceptación de dádivas, dando lugar a la comisión de diversos delitos que el Ministerio Público Fiscal tiene, además, el deber internacional de investigar y sancionar, en virtud de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.

Al mismo tiempo evidencia que “la recepción de las dádivas no solo constituye una afectación repudiable desde el punto de vista de la independencia judicial y de la ética republicana exigible a los mencionados funcionarios; sino que es, esencialmente, un incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, constitutivo del delito previsto en el artículo 248 del Código Penal”.

Entre las múltiples medidas de prueba solicitadas en la denuncia del Gobierno Nacional, se requiere la entrega de los aparatos de telefonía celular de todos los implicados y, de ser necesario, el secuestro de los mismos aparatos.

El cuerpo de la denuncia argumenta que el escrito “responde al objetivo constitucional de preservar la independencia del Poder Judicial” y, en cuanto a ello, agrega que “se han naturalizado en nuestro sistema de justicia las relaciones indebidas entre actores que, para quienes nos preocupa el resguardo de la independencia judicial, jamás deberían producirse.

Es justamente la falta de reacción por parte del órgano disciplinario –en este caso, el Consejo de la Magistratura- ante hechos similares que reiteradamente se han denunciado, lo que habilita a que jueces y juezas se desentiendan de sus deberes de no participar activamente en política“.

Asimismo, el escrito presentado por el Ministro Soria contiene un pedido de tener al Estado Nacional por parte querellante: “gran parte de los sindicados como autores de los graves delitos ostentan los cargos de magistrados del poder judicial de la nación.

En ese entendimiento, y sin perjuicio que el artículo 4° de la ley n° 17.516 faculta al “estado” en su conjunto asumir el rol de querellante, es el artículo 22 de la ley de ministerios (ley n° 22.520, t.o. 1992 y modificatorias) el que pone en cabeza del ministerio de justicia y derechos humanos, como órgano del poder ejecutivo, la facultad de actuar en todos aquellos asuntos relacionados con el poder judicial y con el ministerio público“. 

Cristina Kirchner cenó con dirigentes y les pidió que “tomen el bastón de mariscal”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner les pidió a dirigentes del peronismo nacional y bonaerense que “tomen el bastón de mariscal, militen, hagan política y salgan a la cancha para defender el proyecto nacional y popular” de cara a las elecciones presidenciales de 2023, de las que ella se autoexcluyó, en el marco de una cena que compartieron anoche en Ensenada, luego de que se conociera su condena a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Luego de conocerse el veredicto que pronunció el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 en la causa Vialidad y de su discurso en el que afirmó que no será “candidata a nada” en 2023, la Vicepresidenta participó de una cena con un nutrido grupo de funcionarios, ministros nacionales, provinciales, intendentes, dirigentes sindicales y de los movimientos sociales en el Complejo Recreativo “Cristina Fernández de Kirchner” de la localidad de Punta Lara, en Ensenada.

Varios de los dirigentes presentes en ese encuentro confiaron a Télam que, pese al fallo adverso, vieron a la expresidenta “muy entera” y con la firme convicción de que hay que “dar una batalla” contra lo que considera una persecución judicial pergeñada entre un sector de la justicia, de la oposición y de los medios hegemónicos.

Además, todos coincidieron en que Fernández de Kirchner les pidió “usar el bastón de mariscal, militar, hacer política y dar las peleas que haya que dar para defender al modelo y las banderas del peronismo” de cara a las elecciones presidenciales del año próximo.

“Cristina hizo un llamado a la organización y a que tengamos una cuota relevante de coraje ante este verdadero ataque a la democracia. El mensaje que Cristina le dijo a la militancia y a la dirigencia es 'llevan el bastón de mariscal en la mochila, empúñenlo'”, contó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de los presentes en la cena de anoche.

“Fue un llamado al activismo para que se entienda la importancia que tiene una proscripción al peronismo y a la persona más importante del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense en declaraciones formuladas a El Destape Radio que realizó esta mañana y agregó que “quitando la cuestión electoral, que falta mucho, hay un llamado a la organización y a dar una respuesta muy contundente del punto de vista de lo que está en juego”.

Fuentes partidarias explicaron que se trata de la octava reunión entre dirigentes y referentes de distintos espacios que se reúnen una vez por mes, con la particularidad de que, en este caso, la Vicepresidenta decidió estar presente.

Según varios de los referentes políticos que estuvieron en el encuentro, allí Cristina Kirchner planteó que “existe un desafío colectivo que la trasciende a ella para enfrentar la crisis actual y que va más allá del proceso electoral, por lo que hay que buscar definiciones de fondo”.

Además de Kicillof participaron de la cena en Ensenada el diputado y presiente del PJ provincial Máximo Kirchner; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro; y el ministro de Desarrollo bonaerense y secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque.

También estuvieron el titular de la AFIP, Carlos Castagnetto; la directora ejecutiva de Anses, Fernanda Raverta; los ministros bonaerenses de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez, y de Trabajo, Walter Correa; intendentes como Mayra Mendonza (Quilmes); Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fabián Cagliardi (Berisso), Gustavo Barrera (Villa Gesell) y Pablo Zurro (Pehuajó).

Los legisladores bonaerenses Teresa García, Susana González, César Valicenti, Omar Plaini y Adrián Grana; los diputados nacionales Carlos Heller, Vanesa Siley y Leopoldo Moreau; y la titular del Instituto Cultural, Florencia Saintout fueron otros de los participantes.

De igual modo, estuvieron el subsecretario de Ejecución de Obra Pública, Edgardo Depetri; el secretario general de La Bancaria, Sergio Palazzo; el secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Abel Furlán; el titular de Suteba, Roberto Baradel; el secretario adjunto de Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Paco Manrique.

El subsecretario de Articulación y Comunicación Comunitaria del Ministerio de Desarrollo, Lauro Grande; la comisionada del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Diana Conti; y el titular de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar), Martín Sabbatella fueron otros de los que dieron el presente.

En declaraciones radiales, Larroque también confirmó esta mañana que el encuentro en Ensenada se trató de una “reunión habitual de las que se hacen una vez por mes como un espacio de debate donde ayer ella (Cristina Kirchner) decidió participar luego de un día muy especial”.

“Más allá de eso, creo que estamos ante una situación límite, un punto de inflexión. Cristina lo expresó con toda claridad ayer y yo creo que convoca al conjunto del pueblo, a todas las organizaciones sociales, políticas, sindicales y a la dirigencia en su conjunto a asumir cuál es la pelea real en la Argentina”, cerró.

En declaraciones a Télam, Correa aseguró que “pese a este intento de proscripción al peronismo, vi a Cristina muy entera. Está haciendo lo que corresponde, que es conducir el frente nacional” y agregó: “En los '80 y '90 no teníamos conducción, luchábamos como podíamos. Con ese criterio maternal que ella tiene, nos dijo: 'ya están grandes, hagan lo que tienen que hacer”.

“Anoche Cristina fue muy concreta, nos dijo: ustedes son peronistas, así que saquen el bastón de mariscal” y detalló: “tenemos el Poder Ejecutivo, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, dirigentes sindicales: hagamos lo que tengamos hacer para defender la patria”.

Correa interpretó que Fernández considera “que debe haber un recambio generacional: Evita fue Evita a los 26, Perón fue Perón a los 42” y graficó: “Nuestro gobernador tiene 51 años, Máximo, Wado y el Cuervo son cuarentones largos”.

“Es muy difícil que ella de marcha atrás con lo que dijo sobre no ser candidata. Ella nos interpela hacia adentro y también hacia afuera. Ella piensa a futuro, en el desafío que tenemos como peronistas para resolver los problemas de los argentinos”, resaltó.

En igual tono se expresó Saintout ante esta agencia al contar que en el encuentro de anoche la titular del Senado convocó a los presentes “a hacernos cargo de encontrar una salida, de organizarnos y luchar por eso” y añadió: “Nos tenemos que hacer cargo de defender y reconstruir la democracia que la mafia de Héctor Magnetto intenta destruir, tenemos que decidir si estamos con la mafia o con la democracia”.

En sintonía con ello, Secco dio detalles a Télam sobre la charla de anoche: “Charlamos con sinceridad con los compañeros. Ella es una mujer extraordinaria con un coraje tremendo. Nos pidió que nos hagamos cargo, todos los que estábamos allí tenemos la responsabilidad de salir a pelearla, y eso es lo que haremos porque están lastimando la democracia”.

Por su parte, Barrera también coincidió en que Cristina Kirchner “está bien y entera a pesar del fallo”, calificó al encuentro como “emotivo” y coincidió con el resto de los dirigentes en que les dijo “que cada uno tenemos ahora el bastón de mariscal”.

Destacó que Fernández de Kirchner les dijo a los presentes “que hay que salir a jugar y a bancar porque esto que le pasa a ella, perjudica a todo el pueblo” y añadió: “Hay que salir a explicarlo para que todos lo entiendan. Está en riesgo todo el sistema democrático. Hay un antes y después de esta sentencia”.

El apoyo de Diputados y Senadores del FdT

Este miércoles, referentes del Frente de Todos de las Cámaras de Diputados y Senadores dieron una conferencia de prensa para respaldar a Cristina Kirchner. “No hay Poder Judicial, fue reemplazado por una mafia judicial empleada de los poderes económicos”, denunció la senadora Juliana Di Tullio, tras conocerse el fallo de la causa Vialidad

El contacto con los medios se celebró en el Salón Pasos Perdidos de la Cámara baja y Di Tullio se refirió a la filtración de chats donde funcionarios judiciales, empresarios de medios y políticos, presuntamente planifican su desvinculación del escándalo que se desató tras trascender un viaje que realizaron en un avión privado a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, cerca de Bariloche. 

Para la senadora, acompañada de unos 50 legisladores nacionales, la “mafia judicial no solamente afecta al peronismo; afecta a todo el pueblo argentino. Y toda la sociedad va a tener que hacerse cargo de esta mafia judicial”. 

Asimismo, aseguró que con el fallo de la causa Vialidad, la Justicia condenó a la Vicepresidenta por ser “la única dirigente política capaz de pelearse con el poder económico más importante” y recordó que en la década del '90, “el poder se sintió impune y mandó a matar a un periodista”, en alusión al fotógrafo José Luis Cabezas.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este domingo que los mensajes intercambiados en la aplicación Telegram por jueces federales, el procurador porteño, directivos del Grupo Clarín, exmiembros de la AFI de la gestión macrista y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, tras compartir todos ellos un viaje a Lago Escondido, “constituyen la radiografía precisa de la podredumbre del lawfare”.

A través de un hilo de Twitter, Soria se refirió a la información publicada este domingo por los diarios Tiempo Argentino y Perfil junto al portal El Cohete a la Luna, en la que difundieron el contenido del grupo de Telegram filtrado tras un hackeo.

Para el funcionario, las mensajes difundidos reflejan “una extraordinaria confesión de múltiples delitos”, entre ellos “dádivas, tráfico de influencias, falsificación de documentos, prevaricato y hasta eventuales tormentos y privaciones ilegítimas de la libertad”.

“La primera reacción de estos jueces y camaristas es plantar pruebas falsas y esconder la verdad”, añadió el ministro para cuestionar la conducta de los jueces que formaron parte del vuelo privado de tipo charter que partió desde San Fernando a San Carlos de Bariloche el último 13 de octubre y entre sus pasajeros figuraban Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, titular de la sala II de Casación Penal.

Al referirse a Ercolini, Soria lo definió como “el mismo que elevó a juicio oral una causa armada sin pruebas como la de Vialidad” y a partir de los audios difundidos lo acusó de “incitar a sus pares a buscar facturas truchas e inventar coartadas”.

Finalmente, el titular de la cartera de Justicia advirtió que los intercambios revelados en el grupo de Telegram demuestran que aquellos que “deben impartir justicia no hacen más que conspirar por su propia impunidad y la de sus socios, además de perseguir al peronismo”.

Para Soria, lo más grave de todo este episodio es la constatación de “cómo la justicia, los medios y el macrismo le atan las manos a la democracia”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, expresó este viernes que al ex presidente Mauricio Macri “no lo sobresee la Justicia” sino que “lo salvan sus amigos”, luego de conocerse la decisión de la Cámara Federal porteña, que lo sobreseyó en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a familiares del submarino ARA San Juan.

“Cuando no son los jueces de la Corte que Macri puso por decreto, son los de Casación que jugaban pádel con él”, publicó Soria en su cuenta de Twitter.

La Cámara Federal porteña sobreseyó este viernes al ex presidente Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

Al trascender este fallo, Soria subrayó: “No lo sobresee la Justicia: lo salvan sus amigos”.

“Cuando no son los camaristas que trasladó ilegalmente, son los jueces que entraban a escondidas a la Rosada”, resaltó Soria en alusión a los encuentros que los camaristas de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos mantuvieron con el ex presidente Macri en la Casa Rosada y en la Residencia de Olivos.

El tribunal de apelaciones entendió que no se cometieron delitos en el marco de las denominadas “avanzadas presidenciales” que se disponen para cuidar la seguridad de los presidentes.

Con información de agencias.

IG

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, volvió a rechazar este sábado 4 los dichos del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz -quien días atrás dijo que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad”- y consideró que sus declaraciones “contradicen la Constitución” Nacional.

“Ellos piensan así. Lo que dice Rosenkrantz se contradice con la Constitución que habla en su primer artículo de ampliar los derechos a todos los ciudadanos del pueblo argentino”, afirmó el ministro en declaraciones a Radio Diez.

El pasado 26 de mayo, en el marco de una conferencia titulada “Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica”, organizada por la Universidad de Chile, Rosenkrantz afirmó que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad” al expresarse sobre la “proclama populista” y sus dichos despertaron fuertes rechazos por parte de referentes del oficialismo.

Para el ministro de Justicia, “a ningún argentino le sorprende las declaraciones de algunos jueces que tenemos” tras remarcar la “escandalosa autovotación” en la que resultó electo.

“La Corte responde a las provincias poderosas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos afirmó que el país cuenta con una Corte Suprema de Justicia que responde a “las provincias poderosas”, como Santa Fe, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, y explicó que por ese motivo esos distritos no apoyan el proyecto de elevar el número de sus miembros para convertirla en un tribunal “federal”.

Soria se refirió así al proyecto de ley presentado esta semana por el presidente Alberto Fernández ante gobernadores y vicegobernadores de 17 provincias que contempla elevar de cinco a 25 el número de miembros de la Corte Suprema, con la integración en ese cuerpo de al menos 12 mujeres.

Para Soria es “lógico” que falte la adhesión de algunas provincias a esa iniciativa ya que esos distritos “sí están representados, porque tenemos una Corte de las provincias poderosas”.

“Faltaron las firmas de Santa Fe, de Córdoba y de CABA, porque ellos ya tienen sus representantes ahí”, puntualizó el titular de la cartera judicial.

El jueves, el presidente Alberto Fernández presentó a los mandatarios el proyecto que trabajó con la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, presentes también durante el encuentro con los gobernadores provinciales.

En la reunión participaron los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Omar Gutiérrez, (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Gustavo Melella (Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

También asistieron los vicegobernadores Laura Stratta (Entre Ríos), Omar Carlos Arce (Misiones), Roberto Gattoni (San Juan), Carlos Silva Neder (Santiago Del Estero); mientras que por Salta estuvo el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Esteban Amat Lacroix.

Este viernes, los gobernadores se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con el objetivo de continuar con el debate de ese proyecto y difundieron un documento en el que se pronuncian en favor de un máximo tribunal que sea “federal, con paridad de género y que garantice la unidad nacional y la calidad institucional”.

 En sus declaraciones, Soria también lamentó que exista una “oposición cerrada” en el Congreso Nacional que impida que se realicen los “cambios necesarios” en la Corte Suprema de Justicia“ y aseguró que ”trabajan para que ninguna de estas modificaciones se realicen“.

 “Tenemos una oposición cerrada que trabaja para que ninguno de estas modificaciones se realicen en el Congreso”, afirmó el funcionario.

 No obstante, el ministro destacó que los gobernadores “han dado una muestra altísima como nunca antes en una dirección muy importante, haciendo pública la necesidad de ampliar y de modificar la Corte” en virtud de que el máximo tribunal “carece de una perspectiva federal”.

 Esta ausencia de federalismo “se observa por ejemplo en la imparcialidad para elegir los casos que aborda”, según argumentó Soria.

 En tanto, Soria recordó que el Gobierno “ha insistido desde un principio en ampliar la Corte y en la reforma del Ministerio Público Fiscal”.

“Lo dijo el Presidente (Alberto Fernández) cuando asumió en su discurso. Además, el año pasado el Presidente anunció en el Consejo Económico y Social que estábamos analizando impulsar una reforma de la Corte que hoy se esta debatiendo en el Senado”, añadió.

 Soria afirmó que desde que asumió el peronismo, el Alto Tribunal “se puso a hacer política como nunca antes”, y remarcó que los cambios necesarios “se realizan con los votos en el Congreso, como la ley de reforma del ministerio público fiscal y de la magistratura que se está debatiendo en la Cámara baja, y tiene media sanción del Senado”.

Por otra parte, Soria se refirió a la necesidad de que la Corte tenga un “reglamento ético” al abordar cuestiones como la edad de los jueces y la paridad de género.

“En Uruguay ningún juez se quiere quedar después de los 70 años”, concluyó.

LG con información de Télam.

En tiempos de internas feroces y dardos venenosos en los diferentes estamentos y poderes que conforman el arco político argentino, este miércoles, dos de los máximos referentes de la Justicia cruzaron críticas a través de medios de comunicación y redes sociales. Primero, fue el turno del juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien le apuntó al ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, al asegurar en TV que en el máximo tribunal no ven “ninguna gestión” por parte del funcionario del gobierno del Frente de Todos. Casi de inmediato, el mismo titular de la cartera nacional de Justicia recogió el guante y, en Twitter, le respondió: “Si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario”.

“Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión, de manera que la Corte está haciendo lo que hizo siempre”, expresó Lorenzetti en una entrevista con el canal LN+.

Según el magistrado, la Corte no tiene “ninguna propuesta del ministerio para tratar, ni de diálogo, ni de modificaciones legislativas. Siempre hemos tenido políticas de Estado del Poder Judicial que lidera la Corte y que son conocidas. Las hemos mantenido durante más de una década. Ahora uno de los temas centrales va a ser vinculado a la selección de jueces y a la administración porque la Corte está a cargo del Consejo de la Magistratura mientras que el Congreso no decida otra cosa”, recalcó.

Sobre la relación de la Corte con Soria, Lorenzetti aseguró no haber tenido “más que una visita, que fue pública. Después no hemos tenido ninguna relación”. Y fue más allá en su disputa pública con el Gobierno: “No hay una política judicial concreta que habilite al diálogo. El diálogo debería ser con el Congreso ahora que está tratando leyes”, en alusión al debate en Comisiones que Diputados está haciendo estos días entre los cuales se trata un proyecto de ley para modificar la composición de la Corte Suprema de Justicia y elevar el número de sus representantes.

Sobre este particular, Lorenzetti pidió “no cambiar a cada rato la cantidad de miembros de una Corte como la del Congreso o como la de la presidencia. Hay que tratar de dar tranquilidad. Eso creo que es muy importante. Los ciudadanos, lo que quieren y necesitan urgentemente, es tranquilidad y que las instituciones los protejan. Entonces, si los cambiamos constantemente, generamos un alto nivel de incertidumbre”. Y agregó: “Creo que cualquier cambio que se haga en el Congreso es interesante que se discuta también con los Poderes del Estado. Nosotros siempre estamos abiertos al diálogo institucional”.

En cuanto a la reforma del Consejo de la Magistratura, el organismo que designa y remueve jueces, Lorenzetti aseguró haber “escuchado en los últimos días distintas personas que hablan de este tema. Habló Boudou, habló Moyano y ahora habló Carrió. Hablan por razones políticas y tienen todo el derecho de hacerlo y la prensa de reflejarlo. Institucionalmente eso es absolutamente irrelevante”.

“Lo que la Corte dijo es muy claro: primero, que la ley fue declarada inconstitucional; segundo, todos los ministros coincidimos que el Congreso tiene que dictar una nueva ley; tercero, restituir la ley anterior y ahí yo no compartí. Es el criterio de la mayoría y es lo que corresponde aplicar”, concluyó.

Por su parte, el Gobierno salió a responderle a  Lorenzetti a través del mismo ministro de Justicia, Martín Soria, a través de su cuenta de Twitter: “Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser Ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web”, tuiteó Soria contra el juez.

Y citó un posteo propio de 2020, donde denunciaba: “Mientras La Nación difundía conversaciones privadas y vaticinaba llamados a indagatoria, #Macri se reunía con Morales Solá y Lorenzetti en Casa Rosada, sede oficial de la #MesaJudicialM. Utilización de la Justicia y los medios para dañar al adversario político: eso es el #Lawfare”.

“Lorenzetti, el mismo que promovía la persecución ilegítima a funcionarios kirchneristas, y Morales Solá, el que unos días después del cónclave con Macri vaticinaba llamados a indagatoria. #Lawfare al palo”, cerró Soria.  

IG

Con los números en contra y la tensión política al máximo, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, comenzará a presidir el Consejo de la Magistratura con el objetivo puesto en acelerar el trámite de los concursos para la designación de jueces nacionales y federales, aseguró a elDiarioAR una fuente con conocimiento directo de las tratativas del magistrado en el organismo.

El Consejo de la Magistratura se ocupa de parte de la selección de jueces y de su control (sanciones y juicios políticos). No sólo interviene en el diseño del poder Judicial que investiga casos de presunta corrupción, narcotráfico y trata de personas. También define quiénes son los jueces nacionales que deciden sobre el destino de denuncias de homicidios, violaciones y abuso sexual, estafas, demandas laborales, divorcios, tenencias de niños y niñas, demandas civiles y comerciales.

En plena batalla entre oficialistas y opositores por dos cargos de consejeros en el organismo, el viernes último por la tarde, Rosatti mantuvo una reunión en las oficinas de la presidencia del Consejo con el secretario general del organismo, Mariano Pérez Roller, y con el administrador general, Claudio Cholakian. El presidente de la Corte escuchó un resumen de la situación actual del Consejo y aseguró el normal funcionamiento administrativo: pago de salarios del poder Judicial, ejecución presupuestaria, entre otros aspectos del día a día. “Empezó el diálogo”, dijo a este medio una fuente con conocimiento directo de la reunión. 

El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa.

Manuel Garrido — Abogado, exfiscal y exdiputado.

“Rosatti -que asume la presidencia del Consejo tras el fallo que dictó en diciembre la propia Corte- va a llevar al Consejo el espíritu de la Corte, que es el de celeridad. En 2021, la Corte sacó unas 8.000 sentencias, esa es la impronta que deberá traducirse en los concursos en trámite”, agregó la fuente. 

En el Consejo de la Magistratura, hay unas 150 vacantes de juzgados y tribunales en trámite, 67 de ellas ya tienen sus concursos abiertos pero el organismo padece de demoras de antaño. La falta de acuerdos políticos es la principal causa de un Consejo prácticamente paralizado.

Sólo por mencionar un caso reciente, a mediados de marzo último, los consejeros de la Magistratura debían acordar 18 ternas para juzgados y tribunales federales de distintos puntos del país y enviar los candidatos al Presidente para continuar con el proceso para ocupar vacantes centrales en el sistema judicial. Sin embargo, los representantes de los jueces y la oposición se opusieron a votarlas -a pesar de un acuerdo previo entre las fuerzas- y ninguno de los concursos avanzó finalmente. Todo quedó en suspenso.

¿Logrará Rosatti activar los concursos para cargos de jueces y juezas? ¿Cómo? El presidente de la Corte apuesta al diálogo con los consejeros, aseguró una fuente de su entorno. Será un trabajo arduo. Más allá de los litigios judiciales entre oficialismo y oposición por los consejeros que representan a las segundas minorías legislativas, hay otras complicaciones que Rosatti deberá enfrentar. Ninguna fuerza en el Consejo tiene quórum propio, mucho menos los dos tercios de los votos para aprobar una terna de jueces.

Rosatti es plenamente consciente de que el diálogo será con consejeros que son delegados, sin poder propio, en la mayoría de los casos. Representan un poder ajeno. Alrededor de la mitad responde al oficialismo, en especial a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

La otra mitad de los consejeros se alinea con la oposición. Mauricio Macri y su espacio tienen a varios consejeros que responden directamente a sus intereses. En ambos casos, no sólo son legisladores de los espacios de Fernández de Kirchner y Macri. “En 1994, cuando se reformó la Constitución y se creó el Consejo de la Magistratura, la idea fue despolitizar la selección de jueces, pero terminó sucediendo lo contrario. Los consejeros que representan a los profesores, jueces y abogados, es decir, los no políticos, están alineados de un lado u otro de la grieta”, afirmó Manuel Garrido, abogado, profesor universitario, exdiputado y exfiscal.

“El fallo de la Corte es un parche hasta que salga una nueva ley, pero incluye puntos de apoyo para pensar dónde radican los problemas del Consejo y corregirlos en la nueva normativa”, aseguró Garrido.

El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%.

Agustina Díaz Cordero — Jueza y consejera.

¿Nuevo escenario?

El Consejo funciona como un pequeño parlamento, con representantes de las fuerzas políticas en el Senado y Diputados; de los jueces; abogados; y académicos. Tras el fallo de la Corte en diciembre, debían asumir seis nuevos consejeros para distribuir mejor las fuerzas entre los distintos sectores. Ya juraron cuatro nuevas consejeras y hay otros dos en trámite de jurar en el cargo, el senador Martín Doñate y la diputada Roxana Reyes.

El poroteo del Consejo tiene 19 consejeros divididos en dos bloques políticamente antagónicos. Oficialismo y oposición tiene nueve consejeros cada uno. La consejera número 19 es la diputada Graciela Camaño -que integra el organismo desde hace años- y que es considerada una “independiente”, aunque suele concordar con el oficialismo mucho más que con la oposición. El número 20 es Rosatti, cuyo voto vale doble sólo en casos en que deba desempatar (no válido para garantizar el quórum). Dentro del sector opositor, el juez Juan Manuel Culotta no es considerado un “duro” sino otros “independiente” y también puede en ciertos casos encontrarse del otro lado de la grieta.

En el mejor de los casos, el oficialismo o la oposición podrían llegar a contar con once o diez consejeros, pero se requieren trece para el quórum, según la ley que reinstaló la Corte de manera momentánea. El poroteo es válido, al menos, por siete meses. En noviembre, vencen los cargos de trece de los 20 consejeros. 

¿Cómo logró el organismo funcionar hasta ahora? Cuando funcionó, fue en base a la negociación de las vacantes en juzgados y tribunales entre los distintos sectores, según admiten fuentes de los principales grupos en el organismo. En general, los consejeros políticos -senadores y diputados- y los consejeros jueces fueron los ganadores de esas negociaciones. Cuando no existen posibilidades de negociar los cargos, el organismo se paraliza.

El proceso de selección de magistrados empieza en el Consejo de la Magistratura pero el organismo es uno de los eslabones de una cadena bastante oxidada. Los datos oficiales del Consejo y del Ministerio de Justicia, registran 239 vacantes en la Justicia federal y nacional. Además de las 150 que están en trámite en el Consejo de la Magistratura, hay 51 vacante que se encuentran en el Ejecutivo a la espera de que Alberto Fernández elija a su candidato o candidata en las ternas, informó el ministerio de Martín Soria ante la consulta.

En el Senado también hay 38 pliegos de candidatos a ocupar juzgados y tribunales que aguardan que la Cámara alta trate los pliegos enviados por Presidencia, según los datos oficiales del Consejo de la Magistratura. No sólo se trata de concursos que se realizaron durante la gestión de Fernández, sino que algunos concluyeron en 2018 y 2019 y nunca fueron resueltos.

Estas vacantes están en los juzgados y tribunales laborales, civiles, de familia, comerciales y penales con competencia nacional y asiento en la Ciudad de Buenos Aires. También en la Justicia federal de todo el país.

La Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento.

Marcos Aldazabal — Abogado.

Lo que el Consejo hace o deja de hacer impacta en la vida de muchos argentinos y las vacantes y los concursos que no avanzan son una de las principales críticas al organismo. En marzo último, el juez Alberto Lugones, consejero alineado con el oficialismo, solicitó a los consejeros que aprobaran las ternas para el fuero de familia. Las listas de candidatos para esos juzgados ya habían sido consensuadas, pero faltaba el voto final. No tuvo eco. 

La jueza de familia Agustina Díaz Cordero -exfuncionaria del ministro Germán Garavano por un corto periodo- juró el miércoles último como cuarta consejera por los jueces. “El fuero de familia tiene cinco vacantes y la falta de jueces se suma a que el fuero mantiene la misma estructura desde 1988 y desde entonces las causas crecieron un 462%”, explicó a elDiarioAR.

Díaz Cordero afirmó que en el fuero de familia, central en la administración de justicia para los ciudadanos, niños y niñas, alrededor del 30% de las causas actuales son por denuncias de violencia familiar.

¿Qué hacer con este organismo? 

Tras el fallo de la Corte, que declaró la inconstitucionalidad de la ley de 2006 que regía el funcionamiento del Consejo, el organismo deberá funcionar con esta nueva estructura y la ley de 1997. Será hasta que el Congreso sancione una nueva ley que garantice el equilibrio de poder entre los distintos sectores. 

El abogado Marcos Aldazabal sostiene que “la Constitución da un margen amplio para hacer varios cambios que no requieren una reforma constitucional y que pueden ayudar a transparentar el organismo y mejorar su funcionamiento”. “Por ejemplo -dijo-, en el caso de los concursos, no hay ningún motivo para que exista una entrevista personal con los concursantes y para que esa entrevista termine alterando el orden de mérito de los exámenes”. “Esa entrevista permite al Consejo que el candidato con el mejor puntaje en el exámen tal vez quede quinto en el orden de mérito”, explicó.

“El proceso de selección sigue siendo lento y los concursos, que fueron un gran avance porque ponían límites al Ejecutivo y establecen un piso de competencia e igualdad entre los aspirantes a jueces, siguen manchados de sospechas”, afirmó Garrido. “Creo que uno de los puntos clave es que el Consejo de la Magistratura debería ser más profesional y no debería estar integrado por legisladores. Tampoco tiene sentido que un juez de la Corte integre el organismo”, aseguró el exfiscal de Investigaciones Administrativas.

“En el caso de las sanciones y remociones, los encargados de investigar y decidir sobre las acusaciones a los jueces no deberían ser sus pares, que pueden ser reticentes a sancionar por corporativismo y por temor de generar estándares que se les puedan aplicar a ellos”, dijo Aldazabal.

Son sólo algunas ideas para una ley que, hasta el momento, no ha tenido el consenso suficiente para ser sancionada.

ED

Un escenario de enorme incertidumbre política y choque de poderes se abrió hoy entre la Corte Suprema de Justicia y el Gobierno, al ser el primer día hábil luego de cumplido el viernes pasado el plazo impuesto por el máximo tribunal para reformar el Consejo de la Magistratura, el órgano que designa y remueve jueces, cuya composición actual de 13 miembros fue declarada inconstitucional.

Ante la expectativa de si finalmente el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, asumirá al frente del órgano, el oficialismo salió a pedir 90 días más para que la Cámara de Diputados pueda darle la sanción definitiva a la ley votada por el Senado hace dos semanas. En caso contrario, según expresó el titular de la bancada parlamentaria del Frente de Todos, Germán Martínez, habrá “un escenario de gravedad institucional”.

“Si hoy el presidente de la Corte asume la Presidencia del Consejo de la Magistratura, se consolidará un hecho gravísimo para la vida institucional argentina. Los posibles caminos están bien definidos: darle tiempo al Congreso para legislar, o insistir en un escenario de gravedad institucional”, dijo Martínez en un comunicado.

La intención del oficialismo es clara: evitar a toda costa que Rosatti asuma en el órgano judicial, que además es el encargado de administrar el presupuesto de todo el Poder Judicial. La propia vicepresidenta Cristina Kirchner habló anoche de una “casta” y el ministro de Justicia, Martín Soria, apuntó sobre cómo llegó Rosatti a la Corte: “Fue el mismo que Macri designó a dedo; que se auto votó para presidir la Corte y que dictó el fallo que lo puso a la cabeza del órgano que designa y remueve jueces”.

Pese a las críticas del kirchnerismo, durante el fin de semana fuentes del máximo tribunal confirmaron a elDiarioAR que hoy Rosatti queda formalmente a cargo de la presidencia del organismo. En la sede del Consejo, en Libertad 731, por estas horas hay expectativa sobre cómo sería el modo en que elegirá el máximo tribunal hacerse cargo de la situación, e incluso se espera una manifestación de “autoconvocados” en las puertas del edificio ubicado en el microcentro porteño “por una Justicia democrática”.

En la sede del Consejo, en Libertad 731, por estas horas hay expectativa sobre cómo sería el modo en que elegirá el máximo tribunal hacerse cargo de la situación, e incluso se espera una manifestación en las puertas del edificio

“¿Cómo salir de esta situación? ¿Cómo evitar un gravísimo antecedente institucional? ¿Cómo evitar este conflicto de poderes? ¿Cómo encauzar institucionalmente el tema? Con una sola palabra: TIEMPO. Si la CSJ le concediera al Congreso 90 días más para poder abordar con profundidad el tema, avanzando sobre la media sanción del Senado, todo se podría ordenar”, señaló Martínez en su comunicado. Según el diputado, “sobre ese nuevo plazo, la Cámara de Diputados podría ir consensuando una metodología de tratamiento de la media sanción del Senado. Y todo se podría ir encauzando”.

Sin embargo, el kirchnerismo se empantanó en su reforma del Consejo, ya que pese a darle media sanción en la Cámara alta, no cuenta con los votos necesarios en la Cámara baja. La diferencia con la oposición es clara: su iniciativa excluye a la Corte Suprema del organismo.

El conflicto por los integrantes

El conflicto entre la Corte y el Gobierno comenzó en diciembre pasado, luego que se declarara la inconstitucionalidad de la norma porque no respeta el equilibro que manda la Constitución Nacional entre los representantes de la política y de los técnicos, y dio un plazo de 120 días corridos para que el Congreso dicte una nueva ley que regule el organismo. Al no haberse sancionado una nueva norma, el Consejo debe volver a su anterior composición de 20 miembros y ser presidido por el titular del máximo tribunal. Lo que discuto el oficialismo es que esa composición corresponde a una ley de 1997 que ya fue derogada por la reforma votada en 2006, a instancias de Cristina Kirchner cuando estaba en el Senado.

Como hasta ahora el Consejo contaba con 13 miembros, la acordada de la Corte estableció que los siete consejeros restantes debían ser electos por los jueces (1), los abogados (2), los académicos (1), la oposición parlamentaria (2) y el titular del alto tribunal. Además se señaló que si para el 15 de abril no asumía una nueva integración, todo lo que el Consejo hiciera sería nulo.

Ante ese panorama, la voluntad de la Corte para hacerse cargo del Consejo quedaría explícita cuando se convoque a los nuevos consejeros a la jura en los cargos, que solo el alto tribunal puede formalizar. La pregunta en el Consejo es si la Corte hará hoy lunes jurar a los consejeros técnicos, prescindiendo de los políticos que debe elegir el Congreso, pero en un proceso que estaba detenido por una medida cautelar. Si la Corte convocara hoy a la jura de los consejeros se abriría otra línea de conflicto porque su integración no estaría completa y, por tanto, sus eventuales decisiones, carecerían de legitimidad.

Horacio Rosatti ya está designado -como titular del máximo tribunal-; al igual que la jueza, Agustina Díaz Cordero y las abogadas Jimena de la Torre y María Fernanda Vázquez. Pero restan otros tres nuevos miembros. Hoy se confirmaría a Pamela Tolosa, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur, de Bahía Blanca, como representante de los académicos. Solo faltaría resolver la trama político-judicial, en la cual están involucrados Alberto Fernández, la vicepresidenta, Sergio Massa y el presidente de la Corte, que empantanó la designación de los representantes de la oposición en el Consejo.

Juntos por el Cambio pidió que sean la diputada radical Roxana Reyes y el senador Luis Juez. Sin embargo, un fallo del juez federal de Paraná Daniel Alonso le ordenó a la presidenta del Senado y al titular de Diputados que se abstengan de hacerlo hasta que se resuelva un planteo presentado por el diputado oficialista Marcelo Casaretto. En rechazo a la decisión judicial, el titular del bloque de JxC en Diputados, Mario Negri, tiene previsto hoy presentar un per saltum para que sea la misma Corte Suprema la que defina la situación de los designados por su espacio para integrar el Consejo de la Magistratura.

MC