Ricardo Darín estuvo durante el fin de semana en el programa de Mirtha Legrand para hablar del éxito de “El Eternauta” y resultó criticado por haber opinado sobre la propuesta del Gobierno de usar los dólares que los argentinos tienen guardados “bajo el colchón”. El actor cuestionó esta idea por considerar que la mayoría no tiene ni siquiera lo básico para sobrevivir y puso como ejemplo el precio de las empanadas.

El hecho empezó el pasado sábado en el programa de Mirtha Legrand, cuando el actor expresó su descontento con la situación económica actual. “Fui a comer empanadas con unos amigos y me cobraron $48,000 la docena”, afirmó. “Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de lo que están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”, agregó.

Luego, el ministro de Hacienda, Luis “Toto” Caputo, le dio una entrevista al periodista Luis Majul y habló de los dichos del actor. “Todo bien si él puede comprar empanadas en 'Mi Gusto' o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito; es como que mañana vayas a Porsche y le digas a Mirtha que los autos valen 200 mil dólares... No, quedate tranquilo Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos”, afirmó.

Sobre esto, Darín fue interrogado por el programa de espectáculos Intrusos.“Qué revuelo se armó”, dijo. “Cada uno interpreta lo que quiere con eso. En realidad, si mirás bien, se entiende claramente a qué me refiero. Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas, depende del barrio que te toque. Pero en realidad me parece que quedas claro de qué estaba hablando”, agregó.

“Los precios están elevados, la gente lo sabe. Esto no tiene nada que ver con hablar mal del Gobierno y del señor Caputo que me trató de Ricardito. Fue bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia”, opinó el actor enterado de que el ministro de Economía también dijo que “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez”.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice ‘Ricardito, lo que dijo es una estupidez’, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Más allá de eso, reinterpretar lo que quise decir va en cada uno. Es una oportunidad para comprobar cuanta gente hay cargada y que vuelca todo su odio. Te acusan de cosas que no soy”, explicó el protagonista de El Eternauta.

De todas formas, el actor consideró que es importante opinar: “Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia. Yo respeto al Gobierno, no le falto el respeto, hay que cuidar las formas. Si desde arriba no te tratan bien, es difícil sostenerlo abajo, nosotros estamos abajo, somos ciudadanos”.

Además, en diálogo con LN+ advirtió que “enseguida que alguien dice algo que pueda herir las susceptibilidades”, desde el oficialismo “te salen a atacar” y consideró: “Eso sí me parece grave. Me parece más grave que los precios”.

MM con información de la agencia NA.

El dólar contado con liquidación (CCL) bajó este lunes a $1.097, el menor valor desde mayo, y el dólar blue, el que se compra en las cuevas, cerró en $1.100. El MEP, a $ 1.074. En la pizarra electrónica del Banco Nación este mismo lunes el llamado dólar oficial minorista se vendió (a quienes pueden comprarlo libremente, que son muy pocas personas, y solamente hasta US$200 por mes) a $1.032. Esta caída del dólar redujo la brecha cambiaria a entre el 5% y 9%, lo que podría parecer una buena noticia. De hecho, el gobierno del tándem de economistas Javier Milei-Luis Caputo lo festeja con bombos y platillos. Pero no.

El cepo cambiario sigue vigente, sin novedades al respecto de parte del gobierno de La Libertad Avanza, que les viene prometiendo a los trabajadores y a los sectores económicos que un día lo va a levantar y se producirá la bendita unificación cambiaria, para ser “un país normal”. Y en este contexto, como consecuencia de los dólares baratos no son ni pocos ni menores en tamaño los sectores de la economía nacional que viven una grave crisis: el campo, la industria, el turismo receptivo y el sotftware, entre otros.

Los brasileños que vinieron el último fin de semana a Buenos Aires para ver la final de la Copa Libertadores entre Botafogo y Atlético Mineiro en la cancha de River se agarraban la cabeza de lo caro que les parece hoy la Argentina que hace un año era baratísima. Pero para los argentinos también es caro vivir en la Argentina porque los ingresos de la gran mayoría de los ciudadanos no se han recompuesto al nivel de la inflación, que va en baja pero este año cerrará, con suerte, en el 105%. La apertura de las importaciones, en este contexto, supone además un golpe de nocaut a la producción nacional.

En el mercado oficial de cambios, este lunes, el dólar mayorista escaló $1 a $1.012,50. El mes pasado trepó cerca de un 2% y en el año acumula una suba de 25,12%, contra una inflación que lo cuadruplica.

En el comienzo del último mes del año, el Banco Central (BCRA) vendió dólares por segunda jornada consecutiva, con un resultado negativo neto de US$52 millones, que se sumaron a los US$171 millones vendidos el viernes. Mientras tanto, las reservas brutas internacionales se recuperaron parcialmente al alcanzar los US$31.324 millones.

En cuanto al dólar futuro, el contrato de diciembre cedió 0,2% a $1.037, mientras el de enero recortó 0,1% $1.059,5. Para el resto de los plazos de 2025 se observaron comportamientos muy dispares; en todos la tasa nominal anualizada (TNA) se ubicó por debajo del 30%.

No todo lo que brilla es verde

El modelo económico y específicamente cambiario y de comercio exterior aperturista que proponen Milei y Caputo provoca, por ejemplo, que la industria automotriz enfrente costos en dólares que superan los niveles regionales, lo que llevó a algunas empresas a analizar su traslado a Brasil. El turismo también muestra señales de alerta: las reservas en la costa bonaerense disminuyen, mientras que los argentinos que pueden pagárselas eligen destinos como Brasil (que para colmo produjo una devaluación del real) y Chile, donde los costos son más competitivos.

Sectores como el agro y las economías regionales también sufren. La importación de productos como carne porcina, tomate en lata y vino chileno crece exponencialmente, desplazando a los productores locales. El cine y el software no escapan a esta crisis: productoras argentinas se mudan a Uruguay y otras analizan paralizar proyectos por costos insostenibles.

Estas problemáticas rememoran la crisis de los años 90, cuando la paridad cambiaria y las políticas de apertura dejaron un saldo de cierres fabriles y pérdida de empleos. Las políticas actuales del gobierno libertario parecen repetir ese camino: priorizan la estabilidad nominal del dólar a través del carry trade y la intervención del Banco Central a costa de la producción, el empleo y la competitividad estructural.

Mirtha Legrand lo había advertido en 1991, en los albores de la década de gobierno de Carlos Menem (Partido Justicialista), en una entrevista que le concedió a Jorge Guinzburg, en su programa Peor es nada, que se viralizó en redes sociales en las últimas semanas (no por casualidad). “¿Qué opinás de este gobierno?”, le preguntó el conductor y humorista a la diva, que le dio una visión suya que se terminaría confirmado con el correr de los años hasta que el país estalló en diciembre de 2001, un diagnóstico que se pareció a una premonición: “No me gusta la enorme cantidad de gente que está sin trabajo, no me gusta nada. Y no me gusta la vida cara en la Argentina. Es muy cara la Argentina. Los sueldos no son altos y, en ese sentido, realmente hay mucha gente que no lo está pasando bien (...) Hay un caudal de argentinos que no lo están pasando bien”.

Treinta y tres años después de las palabras de Mirtha Legrand, la película parece la misma aunque ahora con guion libertario. En lugar de la paridad cambiaria de los 90, el uno a uno establecido por la ley de Convertibilidad, hay una pretendida y prometida unificación cambiaria que sigue en veremos; y en lugar de estabilidad, una inflación que baja pero con sueldos que siguen aplastados y la producción, ahogada. Eso sí, siempre queda el consuelo de los números en las pizarras y las reservas que “se recuperan parcialmente”. Porque si algo hemos aprendido en esta tierra es que, entre espejismos y realidad, el dólar siempre será el gran protagonista.

JJD

Si se compara la evolución de los precios internos contra el incremento en el valor del dólar financiero, para tomar una referencia legal y semilibre, desde el 10 de diciembre a la actualidad es posible evidenciar un significativo encarecimiento de los precios de los bienes locales medidos en moneda extranjera. Esto quiere decir que cada vez se necesitan gastar más dólares para comprar los mismos bienes.

Si bien en términos de servicios tales como transporte, tarifas, alquileres y demás bienes no transables —aquellos que no pueden exportarse— los precios están por debajo de los estándares internacionales, en los productos más elementales como alimentos, combustible y ropa, los valores están muy similares a los reflejados en Europa y Estados Unidos. Una nota publicada en este diario hace poco más de dos meses ya advertía este proceso. 

Entre diciembre del año pasado y abril del corriente, la inflación (tomando la inflación de abril como un promedio de lo que relevan diferentes consultoras) se ubicó en torno al 108% mientras que el dólar contado con liquidación —el utilizado para transacciones financieras con el exterior y al cual liquidan el 20% de las exportaciones— aumentó tan solo un 13%. Es decir que, en términos generales, el IPC arrojó una inflación en dólares del 85% en tan solo cinco meses. 

¿Cómo llegamos a este cálculo? Supongamos que al momento en que Milei asumió el dólar valía $100 y ahora vale $113, lo cual significa un aumento del 13%, mientras que una gaseosa salía $100, es decir US$1, y ahora sale $208, lo que da una inflación del 108%; si tomamos el valor actual de la gaseosa, $208, y lo dividimos por el dólar actual, $113, nos da que para comprar la misma gaseosa que antes pagábamos US$1 ahora pagamos US$1,85. Es decir, un 85% más en dólares para comprar el mismo bien.

Sin embargo, al hacer el mismo cálculo para obtener el incremento del precio del trabajo, el salario, se evidencia un aumento de tan solo el 50% en pesos para el Salario Mínimo Vital y Móvil —entre diciembre y abril— y del 58% en el promedio de los salarios registrados de la economía —entre diciembre y marzo—. 

¿Puede funcionar la economía con esta relación de precios y salarios?

El profundo deterioro de los ingresos generales de la población está causando estragos en la actividad económica. Sin poder de consumo, la demanda experimenta una retracción muy significativa.

Según el Estimador de Actividad Económica (EsAE) elaborado por la consultora Eco Go, la caída del producto mensual en marzo fue de 10% interanual, un número muy similar al de la pandemia.

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) registró una caída del 12,6% en las ventas minoristas Pyme respecto de marzo del 2023. En lo que va del año, el desplome ronda el 22%. A este dato se le suma el 11,9% de caída en la industria Pyme durante el tercer mes del año, acumulando una merma del 19,1%.

Otro dato que evidencia cuan profunda y marcada es la recesión es el incremento en las suspensiones, despidos y retiros voluntarios. En este sentido, uno de los pilares de la campaña —que se está cumpliendo— es la paralización total de la obra pública, que provocó la cesantía más de 100.000 trabajadores según la Cámara Argentina de la Construcción. Una de las primeras empresas en cerrar sus plantas por un mes fue la metalúrgica Acindar, implementando la suspensión de horas extras, retiros voluntarios y vacaciones anticipadas.

El último dato publicado por el INDEC sobre la utilización de la capacidad instalada se ubica en torno al 57,6%, casi 8 puntos porcentuales por debajo del mismo mes del año pasado —febrero contra febrero—.

En este punto es preciso preguntarse cuáles serían los drivers de una potencial recuperación de la economía que impacte en la calidad de vida del conjunto de la población.

Fernando Morras, director de Análisis Macroeconómico de Suramericana Visión le dijo a elDiarioAR: “Si vos miras el RIPTE —remuneración promedio estable— se observa que el salario recuperó un poco, obviamente no lo que cayó y no creo que en el año se vaya a recuperar el poder de compra respecto de la caída, que fue de alrededor del 20%. Ahora sí, con una inflación que va bajando bastante rápido, en gran parte por la recesión y con una normalización de los precios importados, es posible tener algo de recuperación en el salario real. Creo que la apuesta va a ser que la apreciación cambiaria sea uno de los vehículos para recuperar salario en dólares. Al final del día vas a tener un poco de recuperación del poder de compra real más focalizado en bienes transables y otra de las apuestas va a ser la vuelta del crédito con la baja de las tasas de interés”.

Precios altos en moneda dura y salarios bajos en moneda local

Hay que tener cuidado a la hora de realizar un diagnóstico sobre la realidad de precios y salarios en la economía argentina. Actualmente se mezclan dos situaciones que juntas componen un cóctel explosivo: precios altos o encareciéndose en dólares y salarios bajos, no sólo en dólares sino en relación con los precios internos.

En este punto, Matías de Luca, economista de la consultora Empiria aseguró que “generalmente, cuando un país tiene un nivel de renta alto en dólares los precios terminan siendo altos” y que “acá lo que pasa es una anomalía porque tenes precios altos y salarios bajos, lo cual te da un indicio es que esto debería ser transitorio”.

“Los últimos meses subió todo en dólares porque, entre otras cosas, hay muchas restricciones a la competencia, sobre todo a los productos importados, entonces todo eso encarece los productos internos. Además, el impuesto PAIS subió del 7,5% al 17,5% con lo cual todo lo importado se encareció, como mínimo 10%”, agregó.

El hecho de que el país esté encareciéndose en moneda dura trae consecuencias que ya han sido vividas en la historia económica reciente y no tanto. Esta situación erosiona la competitividad argentina respecto del mundo ya que si un bien producido acá vale más que un bien producido en otro país, las compras del resto del mundo a la Argentina se verán reducidas y las ventas del resto del mundo a la Argentina aumentarán. Esto generaría un potencial déficit comercial que actualmente no se está experimentando a causa del cepo —dificultad para importar— y la alta recesión —poca necesidad de importar bienes, dado el bajo consumo—.

Entendiendo que el gobierno de Javier Milei tiene como objetivo levantar el cepo, esta situación de desequilibrio en la balanza comercial podría hacerse presente una vez que esto suceda. 

Sin embargo, frente a esta situación hay al menos tres alternativas que pueden corregir el atraso cambiario.

En primer lugar, una devaluación del tipo de cambio oficial que sea significativamente superior al incremento de precios que traería aparejada. Un aumento del dólar haría que los precios internos representen un menor valor en términos de moneda dura y, por ende, sean más atractivos para el resto del mundo. Esta alternativa no parece estar en la mente del Gobierno ya que, en reiteradas ocasiones, el presidente Milei aseguró que “no tiene ningún sentido acelerar la suba del tipo de cambio oficial”.

Otra alternativa para que los precios comiencen a bajar en dólares es, dado un tipo de cambio estable, que la recesión o depresión económica empuje hacia abajo el valor de los bienes en pesos. Es importante señalar que un proceso de este tipo se da, solamente, por una significativa y persistente caída en el nivel de actividad económica.

Sin mejoras estructurales y con la obra pública parada parece muy difícil imaginarse un salto en la productividad de la economía para mejorar su competitividad a pesar de tener altos precios en moneda internacional. Es decir, si llegaran inversiones que permitieran bajar los costos de producción o incrementar lo producido por hora trabajada —incremento de productividad—, los precios relativos de los bienes en moneda internacional podrían bajar sin afectar la rentabilidad ni los salarios. 

“La manera de revertir esto es creciendo y para crecer hay que liberar el cepo para que vengan inversiones y después tenes que mostrar buenos resultados en lo fiscal y en la acumulación de reservas. Si a esto le sumas la lenta recuperación salarial -por el ajuste atado a la inflación pasada- y una normalización impositiva, creo que ahí la economía podría comenzar a recuperarse” concluyó de Luca.

Si bien esta alternativa parece ser la más virtuosa, es también la que más tiempo toma y la más improbable en el corto plazo. ¿Quién invertiría en medio de una depresión económica con una utilización de la capacidad instalada en torno al 50%? 

Por último, pero no menos importante, está el hecho de que, aún si la Argentina pudiera volver a estar competitiva en dólares, el poder adquisitivo de la población tiene que mejorar. De nada sirve recuperar competitividad a costa de tener salarios e ingresos deprimidos. En una economía en que más del 70% es consumo deteriorar tanto el poder de compra es pegarse un tiro en el pie porque pone en jaque todo el plan económico ya que sin consumo no hay demanda, tampoco actividad y tampoco recaudación fiscal, con lo cual, cerrar el déficit de manera sostenible se va a ir haciendo cada vez más difícil sumado a las presiones sociales que, si esto no mejora, inevitablemente comenzarán a hacerse cada vez más presentes. Entonces, la pregunta que vuelve a realizarse es hasta cuándo soportará la economía argentina.

IC/JJD

Los primeros contratos firmados por propietarios de viviendas e inquilinos comenzarán a vencer a partir del próximo sábado 1 de julio, el día en que cumplirá tres años de vigencia la llamada Ley de Alquileres, cuya continuidad pusieron en duda las principales fuerzas políticas que competirán en las elecciones nacionales de octubre.

El panorama del mercado inmobiliario, como el del país, aparece muy diferente al de mediados de 2020, cuando el Congreso aprobó la norma en medio de la pandemia por el Covid 19 y con una votación bajo la modalidad virtual. La Ley de Alquileres, como se la conoce, introdujo varias modificaciones en el vínculo entre inquilinos y rentistas, entre ellas la extensión a tres años en los contratos de locación -antes era de dos años- y la actualización anual del valor pautada a partir del Índice de Contrato de Locación (ICL), un coeficiente que elabora el Banco Central (BCRA) tomando en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec y la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE). 

Este coeficiente estableció un aumento del 100% para los contratos de alquileres que se actualizaron el 1 de junio, una cifra que, por primera vez, alcanzó los tres dígitos desde que la ley fijó la nueva fórmula de cálculo. En mayo, el ICL había sido de 95,94% cuando la inflación interanual fue de 114,2%. 

Hasta la entrada en vigencia de la nueva ley, los aumentos en los alquileres se pactaban de común acuerdo entre inquilinos y propietarios, en algunos casos intermediados por las inmobiliarias. El lapso de ese vínculo variaba entre los seis meses y los dos años. La norma que rige desde 2020 le dio una mayor previsibilidad a los inquilinos al extender el plazo del contrato a tres años y fijar una modalidad de actualización por el ICL. 

El primer vencimiento de los contratos acordados bajo la nueva ley no solo abre a partir de julio la incertidumbre acerca de qué porcentajes de aumento propondrán los propietarios de las viviendas a los inquilinos, sino también si mantendrán esos inmuebles bajo el esquema tradicional de renta o lo harán bajo la modalidad de alquiler temporario, por ejemplo, en plataformas como Airbnb o Booking, que les permiten recibir un ingreso en dólares y esquivar las actuales condiciones legales. En ese caso, se profundizará la escasa oferta de departamentos y casas en alquiler que se observa en la mayor parte del territorio argentino mientras crece la demanda de las y los argentinos con salarios golpeados por la inflación.

Según publicó días atrás la agencia de noticias Télam, la cantidad de propiedades en alquiler cayó más de 30% en la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, un relevamiento del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO) realizado en mayo indicó que el 52% de las ofertas de alquileres en territorio porteño es en dólares. A ese panorama se suma el incremento registrado en los valores de entrada a un departamento en alquiler. En mayo, el precio promedio de un monoambiente en CABA fue $92.500, un 115,1% más que en el mismo mes de 2022. De ese modo, el Salario Mínimo Vital y Móvil, fijado en $84.512, alcanza para cubrir el 91,4% de un alquiler. Si se tratara de una vivienda de dos ambientes, el valor del ingreso fue 140% mayor que el año pasado. 

“¿Qué escenario imagino para los nuevos contratos a partir de julio? En Argentina no existe la renovación de contratos, sino el final de uno y el comienzo de otro. La decisión de llevar a cabo un nuevo contrato siempre la toma el rentista y/o la inmobiliaria que lo representa. No hay una negociación de precios entre el inquilino y el propietario. Por ese motivo, si no hay un Estado que intermedie y establezca un valor, estamos fritos”, dijo a elDiarioAr Fernando Muñoz, integrante de la organización Inquilinos Agrupados y autor del libro “La desigualdad bajo techo. Más de cien años de alquiler”.  

elDiarioAR: ¿Evalúa la posibilidad de que algunos propietarios decidan no renovar contratos y trasladar su viviendas a esquemas de alquileres temporarios, que aparecen como más rentables y en dólares? ¿Puede evitarse esa situación? 

Muñoz: El alquiler tiene una anomalía de origen. El Estado fija un valor de la propiedad en pesos, que es el llamado valor fiscal. Sin embargo, el mercado calcula el valor en dólares. Si el Estado no fija un valor para la renta, el mercado, naturalmente, se va ir corriendo hacia la renta más conveniente. Mientras el Estado no controle, el mercado hará lo que quiera. Puede vaciar la vivienda sin ninguna sanción o puede alquilarla al turismo o de manera temporaria como se le antoje

 elDiarioAR: ¿Qué opciones de reclamo tienen los inquilinos ante escenarios de abusos en los valores para un nuevo contrato?

Muñoz: No hay muchas opciones: hay resignación o la búsqueda de una nueva vivienda. En Argentina rige desde 1979 la Ley de Normalización de Locaciones Urbanas, como la llamaron Jorge Rafael Videla y José Alfredo Martínez de Hoz, que puso fin al control que el Estado tenía de los precios de los alquileres. Por eso quieren derogar ahora la Ley de Alquileres, porque los rentistas y las inmobiliarias quieren fijar los valores y las condiciones para alquilar. Aquí la discusión es si el alquiler es caro o no. Si es caro, como creemos todos, el Estado debe bajar el precio. Los propietarios tienen que pedirle al Estado que subsidie parte de la renta que pierde de ganar por la baja de alquileres. Los inquilinos, los perdedores de siempre, necesitan una solución y una decisión contundente de las clases dirigentes y no seguir pagando estos alquileres que son los más caros de la historia con relación a los ingresos de los trabajadores.

En abril pasado, un informe llevado a cabo por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR-CONICET), la Escuela IDAES de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Red Contested Territories destacó que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) pagar un alquiler se lleva una porción cada vez más grande de los ingresos mensuales: más de la mitad de los hogares inquilinos padecen incrementos mayores a los que establece la ley y se endeudan para poder abonarlos. En 2021, el 24% de los hogares relevados destinaba más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler, pero en 2020 esa proporción aumentó al 32%. Esta situación, indicó el estudio, también se evidencia en los niveles de endeudamiento: el 63% de los hogares admitió que contrajo deudas para pagar el alquiler. En otros casos, ante la dificultad de poder afrontar el valor del alquiler de un departamento, las familias deciden solo rentar una habitación (en esa situación se encuentra el 35% de los inquilinos en AMBA, según ACIJ) o alojarse en inmuebles que no están registrados en el mercado formal o padecen deficiencias estructurales: el 25 de abril pasado, una vivienda habitada por unas 36 familias se derrumbó en el barrio porteño de Floresta y causó la muerte de una mujer de 72 años, un joven de 19 y una niña de 12. Según los sobrevivientes, las familias pagaban mensualmente un alquiler. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires señaló que entre enero de 2021 y septiembre de 2022 unas 691 familias fueron desalojadas de donde vivían. En algunos casos, sus contratos de locación habían vencido o adeudadan desde hacía meses su alquiler.

En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el Ministerio de Economía anunció la construcción del Índice de Crianza (IC). El objetivo principal de dicho índice será contribuir a la organización, a la planificación familiar y a la gestión del cuidado. Asimismo, una vez que esté construido será tomado como valor de referencia para saber cuánto dinero destinan las familias a cuidar, a alimentar y a vestir niños, niñas y adolescentes por lo que se podrá utilizar en los procesos de separación de parejas 

La creación de este índice está motivada por varias razones. En primer lugar, según la EPH-INDEC hay más de 1,6 millones de hogares monomarentales y representan un 11,7% de los hogares. Asimismo, los ingresos de las jefas de estos hogares son casi un 20% menores que en el resto de los hogares por lo que un 26% de las mujeres no alcanzan a cubrir los gastos de la canasta básica individual. Esta situación lleva a que muchos de estos hogares (un 59%) destinen una gran parte de sus ingresos al pago de deudas que contrajeron para comprar alimentos o medicamentos En segundo lugar, hay una motivación internacional ya que según datos de UNICEF el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre de los/as niños/as no recibió ningún tipo de cuota alimentaria en los próximos seis meses y el 12% sólo recibió dicha cuota algunos meses. En otras palabras, más de la mitad de los hogares a cargo de las mujeres no reciben el pago de las obligaciones alimentarias en tiempo y forma.

Es importante destacar, que las mujeres se encuentran en una situación más precaria en el mundo laboral que los varones. Por ejemplo, del total de desocupados/as un 22,6% son mujeres de hasta 29 años y un 23,3% son mujeres de 30 a 64 años. Asimismo, la informalidad es de un 41,5% para las mujeres y esta situación se agrava en los hogares monomarentales llegando a valores superiores al 46%. Un dato que aún complica más el panorama es que 2 de cada 10 de las jefas de estos hogares trabajan en casas particulares, un sector que tiene una informalidad superior al 78%. Esta alta informalidad es un problema para el futuro de esos hogares, ya que esas jefas de hogar no podrán acceder a una jubilación, pero también es un problema en el presente ya que son hogares sin ningún tipo de cobertura de salud y con un aumento en los ingresos que raramente coincide con el aumento de los precios. Esta situación se agrava en un contexto altamente inflacionario como el actual ya que durante el año 2022 el aumento interanual de los salarios de las personas no registradas fue de 72,2% mientras que la inflación registró una suba interanual de 98,8%.

Asimismo, si analizamos los últimos datos publicados acerca de los índices de pobreza en nuestro país un 39,2% de las personas son pobres y en el caso de los/as niños/as la situación es mucho más crítica ya que hay un 54,2% de niños/as entre 0 y 14 años en situación de pobreza. Asimismo, un 26,1% de las jefas de hogares monomarentales no logran tener un ingreso que cubra la Canasta Básica Total y un 4,6% no logran cubrir la Canasta Básica Alimentaria, es decir no poseen un ingreso necesario para cubrir los requerimientos calóricos para satisfacer un mínimo de necesidades energéticas.

Las tasas de actividad, empleo y desocupación tampoco arrojan valores alentadores. En el mercado laboral 5 de cada 10 mujeres trabajan o buscan trabajo de manera activa pero en el caso de las mujeres jefas de hogares monomarentales casi 8 de cada 10 son activas. Otro dato interesante, es que la tasa de empleo de jefas de hogares monomarentales es 26,5 puntos más alta que la de las mujeres en general lo que nos indica que es un sector que debe trabajar mucho más que el promedio para satisfacer sus necesidades. Los sectores que más emplean a estas jefas de hogar son además del trabajo de casas particulares el comercio (un 14,6% de las jefas de hogares monomarentales) y la Enseñanza (un 12,9%) Dada esta situación, el desempleo en estas mujeres es muy bajo (4,8%) pero como se mencionó anteriormente casi la mitad no se encuentran registradas.

Un último tema que motiva la creación de este índice es que estas jefas de hogar no tienen con quién compartir el cuidado de sus hijos/as. Por ejemplo, en los hogares con niños/as de menos de 13 años las mujeres destinan aproximadamente diez horas al Trabajo de Cuidados No Remunerado lo que nos trae el fenómeno de doble jornada laboral (e incluso en este caso el cuidado lleva más horas que una jornada laboral habitual) que ya es conocido para muchas mujeres pero que se profundiza en las jefas de hogar monomarentales. Estos valores bajan a casi 8 horas en hogares con un menor de 13 años y a un poco más de 4 horas en hogares sin menores de 13 años.

Dadas estas situaciones, es imprescindible que el Estado trabaje en generar algún tipo de herramienta estadística que mida el costo del cuidado y que se analice su evolución a lo largo del tiempo dado el contexto altamente inflacionario que atraviesa la economía argentina pero también es importante que, mujeres y varones se hagan cargo equitativamente de la obligación de alimentar, vestir y trasladar a la escuela a sus hijos/as.

Economista y docente. Paridad en la macro

Nuevamente preocupa la inflación luego de que se conociera el dato de enero. El Ministerio de Economía insiste con la idea de que la política macroeconómica debería conducir a una desaceleración de la tasa de inflación. Las razones principalmente se encuentran en una expansión menor de la cantidad de dinero para financiar al Tesoro, algo que podría ser auspicioso pero no en un contexto donde el público rechaza al peso para tenencia. La caída de la demanda de dinero genera un exceso de liquidez igual al de la emisión por señoreaje, agravado actualmente por la emisión endógena que provocan los pasivos remunerados del BCRA.

Por otro lado, la política fiscal si bien está haciendo su proceso de ajuste, tampoco es una reducción del déficit sustancial que pueda provocar una reducción de precios por merma de la demanda agregada. Nuevamente, la huida del peso genera un efecto de compensación de esa demanda.

Básicamente el país está en un proceso de inflación inercial, el solapamiento de contratos que se actualizan constantemente le dan un impulso propio a la suba de precios y eso genera expectativas hacia delante que provoca que se mantenga ese comportamiento. Es complejo salir de este tipo de inflación porque requieren un cambio de régimen, pero qué asegura que una nueva política económica implique un “cambio de régimen” es una pregunta que deberían empezar a realizarse quienes deseen gobernar este y los próximos años.

El diagnóstico de la oposición muchas veces esgrimido es que el fracaso de la gestión económica residió en el gradualismo, lo que implica que bajo esa premisa que en una nueva gestión alcanzará con una política de shock. Cerrar el bache fiscal y el financiamiento monetario es más una condición necesaria que suficiente en estos contextos e incluso el tiempo en que se realiza esa corrección es una cuestión de segundo orden mientras exista, lógicamente, financiamiento, pero principalmente una visión del lugar a donde converge la economía a mediano plazo. El ejemplo actual grafica bastante esa situación; una corrección fiscal en 2022 y 2023 que no tiene efecto en la nominalidad debido a que no se asume, ni se lo pone en palabras, al ajuste fiscal y monetario, sino que incluso se esconde en el discurso.

De ahí que la perspectiva del rumbo a mediano y largo plazo que trace la próxima gestión será más importante que la velocidad del ajuste en sí mismo. Esto no quiere decir que no haya que hacer el trabajo necesario para cerrar el déficit fiscal, sino que implica no poner el carro delante del caballo. Cerrar el agujero fiscal per se como si fuera un objetivo en sí mismo no dará resultados, no será suficiente.

Posiblemente para guiar el proceso de desinflación posiblemente haya que recurrir a reglas vinculantes tales como un ritmo de depreciación determinado del peso, una dinámica nominal muy pautada del ritmo de variación del gasto público, una política monetaria consistente, entre otras. En resumen, una concatenación de elementos de política monetaria, fiscal y cambiaria coordinadas y consistentes internamente entre ellas. Incluso, la política distributiva en un país como el nuestro se vuelve una tarea conjunta del BCRA y el Ministerio de Economía.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista

Por lo pronto, para el 2023 no se puede esperar a tener grandes resultados en el corto plazo. El Gobierno se ilusiona con una inflación que ronde el 60% cuando en realidad se observa un piso de 90% para este año, en caso de que no existan situaciones de estrés financiero, algo de lo que no estamos exentos.

La dificultad de prometer inflación del 60% anual es que genera comportamientos inconsistentes, no hay una pauta creíble y el resultado puede ser peor que el que existiría en un escenario donde la pauta fuera más realista. Esto sucede debido a que cuando no existe una señal clara, el comportamiento es el sálvese quien pueda, y el que puede se protege de la inflación futura aumentando los precios y los salarios corren atrás de esa dinámica aumentando los costos y dándole más inercia al proceso.

En el cortísimo plazo no vemos chances de que la inflación mensual comience con 3%. Febrero posiblemente encuentre un piso más que un techo en el 6%. Para el mes de marzo el aumento de precios regulados nuevamente mantendrá un guarismo elevado para el registro mensual de aumento de precios.

Los esfuerzos por controlar precios o firmar acuerdos de aumentos de precios bajo una pauta no suplen al rol de coordinación que tiene que efectuar la política económica desde el discurso. Es decir, no es una cuestión de control, sino de coordinación. Algo en lo que falló sistemáticamente el actual gobierno.

Nunca me habían echado de un trabajo y ese día llegó después de pasarme meses leyendo sobre los famosos “layoffs” en tecnología. Cuando se lo conté a mi profesora de inglés, me dijo que cambiara la expresión “I was fired”, fui echada, por “I was made redundant”, fui desvinculada, porque la empresa debía reducir personal. No pude distinguir si me lo corrigió para próximas entrevistas o para hacerme sentir mejor, pero en español sigo diciendo que me echaron. Un poco para sacarle el tabú al mundo laboral exitista que nos hace sentir vergüenza al contarlo porque se nos mancha el currículum, creyéndonos a nosotros mismos con la misma pureza que una hoja de papel. Pero, también, para no quitarle a lo que pasó el peso que se merece.

Es innegable que hoy en día las empresas tech son un buen lugar para trabajar: los salarios suelen estar por arriba de la media o pagarse en dólares, se puede hacer home office sin problemas ni excusas (permitiendo tener una vida en paralelo), alientan la gestión proyectos de forma dinámica con métodos que promueven la agilidad (donde se entrecruzan la programación, diseño o investigación con producto y el área de operaciones o marketing). Pero, no menos cierto es que cada tanto aparece una crisis económica a nivel mundial que las lleva a despedir -tan rápido como los contrataron- a cientos de empleados. 

Trabajé en una startup argentina con sede en México que, así como contaba con los mismos beneficios que las compañías grandes de tecnología, también compartió su destino catastrófico: al no llegar a revertir los números en rojo que la acompañaban hace meses, despidió de un día para el otro al 70% de sus 300 empleados. Más allá de qué otras empresas tomaron esta decisión -en un futuro cada persona podrá googlear y decidir si quiere o no trabajar en las mismas- son parte de una realidad que va de la mano con el momento que estamos viviendo: un frenesí por facturar y, en consecuencia, por contratar como si no hubiera un mañana hasta que ese mañana llega para decirnos que este presente ya es insostenible. El problema detrás de todo esto es que, de un miércoles a un jueves, se derrumba la agenda personal a las que nos habíamos acostumbrado.

En las primeras cuarenta y ocho horas, mi LinkedIn se volvió una catarata de publicaciones. Me llegaron mensajes de colegas de trabajos anteriores, contando que se habían enterado. Me preguntaban, conmovidos, si estaba bien y me ofrecían, sinceramente, que contara con su ayuda. Esperaba, debo decirlo, que otras personas tuvieran la misma actitud, pero sus mensajes nunca llegaron. No pude dejar de percibir cierto aire de condescendencia, el mismo -me di cuenta- que yo tuve con personas que habían vivido algo parecido en una anterior temporada de despidos. No es la mirada que más fortalece, porque creo que nos hace sentir un poco desdichados. Pero eso lo supe recién cuando me pasó a mí. 

Al poco tiempo aparecieron ofertas laborales que no me convencían del todo, mails, entrevistas, publicaciones de desempleados de otras compañías angustiados pidiendo trabajo y, en paralelo, personas anunciando su nuevo puesto o ascenso. De vuelta el frenesí, la sensación abrumadora de la rapidez, de que el tiempo corre y que si no corremos a la par nos quedamos atrás. También la evidencia de que la indemnización percibida en algún momento se va a terminar, cuestionándome sobre cómo voy a darme el lujo de esperar para elegir la mejor opción cuando nunca se sabe si va a volver a aparecer otra posibilidad. La maldita ansiedad. Si no fuera porque crucé algunas palabras con dos de mis compañeras y coincidimos en que teníamos que entrenar la paciencia y respetar nuestros tiempos para volver al ruedo, hoy me sentiría sola. De estos temas no se habla en las redes sociales ni en los grupos de WhatsApp multitudinarios. Las tres decidimos borrar LinkedIn del celular. Con tanto ruido no se puede pensar. 

La semana siguiente a la que me consideraron “redundant”, fui a ver Los Imprenteros de Lorena Vega, una obra de teatro documental que cuenta sobre una imprenta del conurbano bonaerense en la que se criaron tres hermanos rodeados de papeles, tintas y guillotinas, y que les fue arrebatada. Cuando terminó, no pude parar de llorar. Era de esos llantos que emergen con angustia después de contenerla por días. Me había emocionado por el relato de toda una vida familiar que había transcurrido alrededor de un eje, un espacio que ya no estaba. Había desaparecido como también se terminan las etapas, se borran los recuerdos o se desvanecen los vínculos, a veces, de un día para el otro. Pero creo que lo que más me conmovió fue la pérdida de lo artesanal, esos oficios que el mundo tech de hoy se lleva puestos. Un mundo que dejó de estar preparado para que las personas nos tomemos nuestro tiempo, sino para que temamos perderlo. Por eso nos da culpa hacer el duelo que corresponde a cada momento, porque cedemos a creer que ya tenemos que prepararnos para correr hacia la próxima meta. La mía hoy es tenerme paciencia.

Julieta Rabinovich es licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en curso de Antropología Social por la Universidad Nacional de San Martín y una diplomatura en Diseño Centrado en las Personas, dictada por la misma institución. En la actualidad, trabaja en el área de investigación aplicada al diseño en empresas de tecnología.

JR

Habitualmente se utiliza la analogía de “poner una piedrita en una puerta giratoria” para definir a los efectos de los controles de capitales  o cepo, como le decimos en la Argentina. Hasta el propio presidente Alberto Fernández usó la metáfora cuando estaba en campaña, señalando al cepo como un problema para la economía. Pero no fue consecuente. 

La piedrita traba la salida de capitales y eso sirve para cuidar las reservas y evitar devaluaciones, pero viene a un costo muy elevado para la sociedad porque la piedrita también traba los ingresos de capitales de todo tipo. Nadie trae capitales a un lugar donde no se los puede llevar. Encima, con un tipo de cambio que sin duda está sobrevaluado, el que entra sabe que está comprando pesos caros y evalúa que cuando quiera irse (o cuando lo dejen) seguramente el precio del dólar será mucho más caro en términos reales. O, análogamente, tendrá que recurrir a los dólares de mercado que hoy valen el doble que el oficial.  

Estos conceptos que pueden parecer teóricos tienen un correlato muy fuerte en la realidad. En el año 2022 la entrada de fondos para inversión extranjera directa fueron sólo US$570 millones medidos en base caja, según el informe que produce el Banco Central. Este es el menor valor en al menos 20 años. 

El BCRA empezó a contabilizar los flujos que cruzan la frontera en 2003 y hasta ahora el valor más bajo era de US$732 millones del año pasado y luego US$897 millones de 2003 que, ajustados por inflación, serían más de US$1.500 millones de la actualidad. Dentro de los US$570 millones hay casi US$200 millones de los sectores estrella en la Argentina de hoy que son minería y petróleo, pero estos sectores tienen regímenes especiales que les permite algo más de flexibilidad. 

En el cepo de Cristina Fernández de Kircher (2012-2015) los incentivos eran similares, pero la brecha cambiaria no era del 100% como en la actualidad y la apreciación cambiaria no era tan grave, aunque lo terminó siendo hacia 2015. Para ponerlo en contexto, Cristina puso un cepo con un dólar que era casi 25% más caro de lo que es en la actualidad allá por noviembre del 2011. Pese al lío del cepo, algunas compañías se animaban a tomar alguna pérdida entrando dinero al dólar oficial porque no veían un tipo de cambio tan malo hasta 2014.

Una curiosidad del cepo de la década actual es que para algunas compañías ni siquiera está abierta la posibilidad de que, ante cualquier eventualidad, usen el dólar de mercado y se vayan. Como se sabe, comprar dólares MEP o contado con liquidación es una posibilidad que no está abierta a todo el mundo. Por caso, los importadores tienen vedada esa posibilidad. Y casi todas las compañías multinacionales industriales tienen algún componente importado. Así que ni siquiera puedan apretar el botón de eyección. Todo atenta contra traer plata, y hay que decir que los que traen plata tienen algunos regímenes especiales.  

En las cuentas nacionales la inversión extranjera se mide de manera distinta porque cuenta la reinversión de utilidades de multinacionales como parte de la inversión. Eso es una práctica estándar en todos los países. Pero en la Argentina del cepo es como hacer trampa al solitario porque en buena medida es dinero que saldría en forma de dividendos, pero el Banco Central no autoriza. Mucho de ese dinero, en teoría reinvertido, termina en fondos comunes de inversión, depósitos a plazo fijo y bonos. Algunas multinacionales aprovechan para comprar máquinas u oficinas nuevas y en ese sentido se podría decir que la inversión extranjera neta son más que los US$570 millones mencionados, pero no mucho más.    

Este número de inversión es quizás el más incómodo de los muchos datos que revelan las inconsistencias de vivir con cepo de manera permanente. En general se entiende que frente a la emergencia, como ocurrió en septiembre de 2019, hay un argumento para fijar controles. El problema es que los controles se multiplicaron y la situación pasó de medida de emergencia a política permanente. 

Otro ejemplo de lo mal que hace el cepo es la falta de financiamiento al sector privado. Con un dólar barato, no hay nadie que quiera traer plata del exterior. Al contrario, el mejor negocio para una empresa con deuda en dólares es repagar esos préstamos. Desde que se puso el cepo el sector privado devolvió préstamos en dólares en términos netos por más de US$21.000 millones. El último mes que el sector privado ingresó plata (neta) en forma de préstamos fue marzo del 2019. La estimación es que los próximos meses seguiremos pagando préstamos porque no hay incentivos para hacer lo contrario.  El ingreso de dólares para inversiones de portafolio fue apenas US$69 millones en 39 meses de cepo. 

Y todo esto sin entrar a discutir los gigantes problemas para importar bienes y servicios que hacen que casi todas las semanas escuchemos de alguna firma que tiene que parar por falta de insumos.  

En resumen, con el cepo es muy difícil crecer y salir del estancamiento de más de 10 años que padece la Argentina. Pero el Gobierno no parece tener ninguna respuesta y seguramente será el próximo el que lo resuelva, o al menos lo intente. Si no se cuenta con inversiones extranjeras, si no se consiguen préstamos del exterior y tampoco vienen siquiera los dólares financieros a proveer liquidez al mercado local, ¿de dónde se va a financiar el crecimiento? Vivir con lo nuestro, seguro no es la respuesta correcta.

El 2022 está pronto a cerrarse y parece un buen momento para hacer un balance de cómo ha sido el año para las y los trabajadores en Argentina. Este balance, con luces y sombras, contrasta claramente con las expectativas que se abrían un año atrás.

En términos económicos, una buena noticia ha sido la continuidad de un crecimiento significativo, que alcanzó en el tercer trimestre el 5,9% interanual. Tras esa expansión, la economía alcanzó prácticamente el mismo nivel de actividad que tuvo en el último trimestre de 2017. Es decir que la importante recuperación económica iniciada tras el fuerte impacto de la pandemia de Covid-19, implicó recuperar lo perdido durante la pandemia y en la crisis final del gobierno de Macri. Salir del pozo.

Este crecimiento de la economía impulsó un aumento importante del empleo, otra buena noticia. Hacia el segundo trimestre se habían creado más de un millón y medio de puestos de trabajo en términos netos en el transcurso de un año. 

La cifra es muy importante, pero vale resaltar que la composición de estos nuevos puestos muestra un deterioro en la calidad del empleo. Casi el 60% de los nuevos puestos correspondieron a relaciones laborales no registradas y sólo 23% fueron puestos asalariados registrados. Otro 18% correspondió a puestos no asalariados; se trata principalmente de trabajadores por cuenta propia.

Este deterioro de la calidad del empleo, sobre el que es preciso poner atención, marca una continuidad con el incremento de la no registración que ya se había verificado durante el gobierno de Macri. Así, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), de una tasa de no registración de poco más de 33% en 2016 se llegó casi al 36% al final de ese gobierno y prácticamente al 38% según la última medición disponible al momento de escribir esta columna.

Aún así, el empleo asalariado registrado en el sector privado, que se suele tomar como indicativo de la capacidad de la economía para generar empleo genuino, llevaba al mes de septiembre 21 meses consecutivos de crecimiento y los relevamientos oficiales auguraban también incrementos para octubre. Más aún, el crecimiento durante 2022 fue más fuerte que en el año previo: mientras que en 2021 el número de trabajadores asalariados registrados en ese sector creció en casi 17.000 mensuales, en 2022 se expandió en 25.000 por mes aproximadamente.

En este contexto de crecimiento económico y expansión del empleo, los salarios, sin embargo, no han tenido la misma prosperidad. En un año caracterizado por la aceleración inflacionaria, que va a cerrar con un incremento de precios cercano al 100% anual, las remuneraciones apenas lograron seguir ese ritmo.

Las negociaciones paritarias, que cubren prácticamente al 80% de los asalariados registrados del sector privado, se modificaron adaptándose al mayor ritmo de inflación. Las negociaciones tuvieron lugar por períodos inferiores a un año, con reaperturas cada vez más frecuentes y cláusulas de revisión presentes en todos los acuerdos. Estas negociaciones casi permanentes fueron eficaces para sostener el nivel salarial en términos reales pero no para lograr incrementarlo. Entre diciembre del año pasado y septiembre del año corriente, según la última información disponible, los salarios registrados perdieron 1,5% en su poder adquisitivo, quedando en un nivel similar al que tenían al final del gobierno de Cambiemos. 

Pero como durante ese gobierno los salarios ya habían experimentado una disminución muy importante en su poder de compra, cercana al 20%, el mantenerse en el mismo nivel implica sostener los bajos niveles relativos. Así, el salario registrado promedio real se ubicaba en septiembre de este año casi 21% por debajo del nivel que tenía en diciembre de 2015, al finalizar el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Para ponerlo en términos más gráficos, esta pérdida sería equivalente a perder dos sueldos y medio en un año.

La caída real resulta sustantivamente mayor cuando el poder de compra del salario se mide en alimentos, dados los mayores aumentos que tuvieron sus precios. La capacidad de compra de alimentos del salario promedio registrado en septiembre de 2022 resultó casi 7% inferior a la de diciembre de 2019 y más de 24% menor a la de diciembre de 2015. Por ello, quienes tienen menores ingresos, y gastan una mayor proporción en alimentos, se vieron más afectados por esta inflación que superó a las remuneraciones.

Ante este panorama, durante todo el año se debatió al interior del Frente de Todos la posibilidad de definir un incremento salarial por decreto, que fuera a su vez más fuerte para quienes tienen los menores salarios y que seguramente hubiese tenido un efecto positivo indirecto también sobre los ingresos de los trabajadores informales. Dicha medida nunca se concretó. 

En su lugar, existieron refuerzos en las asignaciones familiares que cobran los asalariados con remuneraciones más bajas. Entre septiembre y noviembre, cuando esta medida fue más fuerte, la suma de refuerzos alcanzó los $20.000 por hija o hijo para los trabajadores con salarios inferiores a $131.200. Para los trabajadores informales hubo también refuerzos de ingresos, en distintas instancias a lo largo del año.

Sin entrar en detalle sobre estas medidas, cabe resaltar que se trató de esfuerzos presupuestarios asumidos por el Estado, al tiempo que no se alteró la distribución del ingreso entre el trabajo y el capital. Y precisamente esta distribución es la que se vio afectada ante la caída salarial durante el macrismo y su falta de recuperación posterior, aumentándose el excedente empresario.

Para diciembre se definió finalmente un “bono” salarial de $24.000 que deberá pagarse íntegro a quienes ganan menos que $161.860 netos en diciembre y será menor para quienes alcancen hasta los $185.860 netos.

Más allá de que se trata de un pago por única vez que no modifica el nivel salarial (como lo habría hecho un aumento salarial de suma fija), el monto resulta escaso y también el universo de trabajadores comprendido, que no alcanza a la mitad de los asalariados registrados del sector privado. Para ponerlo en perspectiva, vale considerar que los asalariados que en diciembre cobren $185.860 habrán perdido en los primeros nueves meses del año (porque no hay información más allá de septiembre) el equivalente a más $50.000 actuales.

Para cerrar, podemos destacar una buena noticia, más allá de la victoria mundial de la selección argentina: en noviembre la inflación mostró un descenso significativo por primera vez en varios meses. Con este dato, es posible que los salarios formales puedan terminar el año recuperando algo de lo perdido. Una menor inflación es fundamental para que las y los trabajadores puedan mejorar su situación.

En pocos días las y los argentinos estaremos brindando por un mejor 2023. Sabiendo que el año próximo se avecina más difícil en términos económicos, sigue siendo fundamental el logro de un cambio progresivo en la distribución del ingreso y de mejoras reales en las golpeadas condiciones de vida de las y los argentinos.

Las perspectivas para lo que queda de 2022 y el año 2023 son de dudoso crecimiento en los principales países del mundo. Las nuevas perspectivas económicas publicadas en noviembre por la OCDE señalan que 2022 finalizará con un crecimiento mundial del 3,1%, con fuertes caídas en Ucrania y Rusia, y una contracción de la producción en China y en los Estados Unidos. Y para 2023 las expectativas no son mejores, sino todo lo contrario. El coronavirus que sigue rondando, la alta inflación, las políticas restrictivas de los bancos centrales y las consecuencias del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania harán de 2023 un año para el olvido en términos de actividad global. Se estima que la Eurozona comenzará el año con recesión mientras que en Estados Unidos esta llegará hacia fines de año. En el caso de China se estima que crecerá a una tasa superior al 5%, siempre y cuando no se agraven los casos por Covid ni la crisis del sector inmobiliario. En cierta forma, por haber priorizado frenar la inflación, algunas recesiones fueron buscadas.

En el caso argentino, se prevé que el crecimiento se ralentizará al pasar de un promedio cercano a 5% interanual (i.a) en 2022 a una tasa del 2 a 3% el año próximo o incluso menor según las estimaciones menos optimistas. Y es que desde mediados de este año los analistas ya advierten un menor dinamismo en el mercado interno: la tendencia cambió en mayo cuando el consumo masivo pasó de crecer al 6% i.a. para ubicarse en 0,4%, según datos de la consultora Scentia. En septiembre se registró el primer retroceso luego de 14 meses (-0,8% ia.) y en octubre dicha caída se agudizó hasta un -4,5%. En términos de comercio exterior, las importaciones ya redujeron considerablemente su expansión en el mes de octubre: aumentaron 15,8% ia., cuando en la primera mitad de año los aumentos interanuales superaban el 40%.

Sin embargo, hay otros elementos en el frente externo menos prometedores como es el ingreso de dólares por la vía comercial amenazado por la sequía en la zona núcleo que no cede. La Bolsa de Comercio de Rosario señala que la campaña de soja y maíz sufre las peores condiciones climáticas de los últimos treinta años y se estima una caída de los ingresos de divisas de US$10.000 millones, según el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral. En cuanto a la situación con el trigo, estará atravesada por el efecto cantidad, debido a la sequía, y por el efecto precio, ya que no se darán las mismas condiciones de principios de 2022 donde el precio del trigo superó los US$400 por tonelada. 

Por el lado de la actividad industrial, las proyecciones también son menos optimistas que en 2022, ya se muestran signos de desaceleración en el ritmo de crecimiento de la mayoría de los sectores. Las dificultades con el acceso a divisas para la adquisición de maquinarias y partes y piezas críticas que no se fabrican en el país, están poniendo un freno a la actividad industrial y se espera que la situación se extienda durante el próximo año. Con lo cual, el sector deberá hacer frente a los desafíos macroeconómicos que se proyectan de cara a 2023 para poder sostener su nivel de producción y cumplir con las demandas de pedidos.

Ello nos lleva al que podría ser el gran interrogante 2023 para la economía doméstica: la evolución del tipo de cambio y el poder de fuego del Banco Central para evitar un salto discreto en medio de tensiones de todo tipo. Y es que a las dificultades que presenta el frente comercial externo se suman los vencimientos de deuda, y las tendencias a la dolarización propias de un año electoral que agudizan las conductas precautorias y especulativas. De hecho, no solo la deuda en moneda extranjera preocupa al analizar el frente cambiario sino la deuda en moneda local. Se debe a que en 2023 hay una intensa agenda de vencimientos del tesoro y se espera que se abulte cerca del tercer trimestre por el rollover de los primeros meses del año. Y, si bien el 59% de estas tenencias corresponde a deuda intra-sector público y un 13% en manos de los- regulatoriamente acotados- bancos, hay un 28% en manos de un sector privado que deberá decidir si permanecer en estos instrumentos en esta moneda, u optará por migrar, atentos a las tensiones, especulaciones y expectativas propias de un año electoral y el fantasma del reperfilamiento que carga la oposición en su historial.

Las cuentas fiscales también se enfrentan a una gran definición que quedó en el olvido con los hechos políticos y deportivos de la segunda mitad del año, pero aún no tiene resolución: la disputa entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por los puntos de coparticipación. Varios medios anticiparon que una medida cautelar favorable a la Ciudad saldría a fines de diciembre. La situación complicaría aún más las finanzas del Gobierno Nacional si la medida cautelar a favor de la Ciudad obligara al Tesoro a restituir la totalidad del porcentaje reducido, su impacto representaría una reducción de recursos nacionales del 0,2% del PBI en 2023.

Por último, resta determinar si los precios volverán a ser, como en 2022, los grandes protagonistas del año electoral que se avecina. Con relativa independencia de la teoría de los precios a la que se suscriba, existe cierto consenso de que casi cualquier movimiento económico y político en Argentina tiene efectos inflacionarios, y 2023 promete tener movimientos al por mayor. Las tensiones cambiarias, las restricciones fiscales, los subsidios en retroceso, los precios internacionales, los ribetes electorales de economía, los ribetes económicos de las elecciones, las resoluciones judiciales y el juego de alianzas, rupturas y disputas que caracterizan a los años impares en argentina, probablemente determinen que la estabilización se haga esperar un poco más.

Tras más de medio siglo sufriendo la inflación, hablar sobre sus costos parece ocioso. Sin embargo, la relación entre inestabilidad de precios y pérdida de bienestar no siempre es evidente, y la razón es que el propio fenómeno de la inflación es confuso y difícil de interpretar. 

Dos períodos de la economía argentina bastan para ilustrar este punto. Primero, entre 1950 y 1970 la inflación promedió un 25% anual, pero lejos de afectar el poder adquisitivo y empobrecer a la población, la economía tuvo un desempeño más que aceptable, con elevadas tasas de crecimiento y un reparto de la riqueza recordado como equitativo. Segundo, la Convertibilidad logró domar la inflación durante la década de los '90, pero tras algunos años de crecimiento a tasas elevadas, en 1998 comenzó la lenta agonía que culminó en el estallido de 2001, sin que la inflación tuviera nada que ver.

La inflación es un fenómeno complejo, en ambos sentidos. Por un lado, es complicada de entender y de combatir mediante políticas inmediatas. Por el otro, tiene una propiedad de “emergencia” típica de los sistemas complejos: actuando descentralizada y coordinadamente fijando precios, los agentes económicos terminan provocando una descoordinación agregada. Como todo sistema complejo, la inflación crea dificultades en el momento y la dimensión menos esperados. Y dada su manifestación emergente, es común fallar en la identificación de sus causas y de sus consecuencias.

La dinámica de la inflación y sus consecuencias pueden asimilarse al “efecto rana hervida”. El experimento que le da nombre consiste en poner a una rana en agua a temperatura ambiente, e ir calentándola lentamente. Según la creencia popular, el calentamiento será tan sutil que su cuerpo se irá adaptando al cambio, hasta que finalmente la rana morirá hervida, casi sin notarlo. 

La inflación opera de manera similar, sólo que los primeros calores pueden resultar incluso bienvenidos. En efecto, en un economía en expansión, las primeras presiones inflacionarias se reconocen, pero sus daños no. Al principio sus perjuicios no se sienten y ni los consumidores, ni las empresas, ni los gobiernos se quejan demasiado. Diez puntos de inflación por año, después de todo, es un ritmo aceptable para tomar decisiones informadas, y un número fácil de domar llegado el caso. 

Aquel crecimiento con inflación moderada de los '50 y '60 se reprodujo en otros países de América Latina y de Asia, pero en el caso argentino fue activando cuatro procesos. El primero fue el acostumbramiento a convivir con la inflación. Cierta incomodidad sin caos macroeconómico es una fórmula vivible, y nadie nota los pequeños desarreglos que se acumulan. Casi sin darse cuenta, los agentes-rana comienzan a incorporar la temperatura de la inflación a su memoria de largo plazo...

Segundo, si bien la inflación promedio del período no fue elevada, exhibió saltos bruscos que hoy recordamos como los ciclos stop-go. Una inflación baja pero inestable no ayuda a que se asignen recursos eficazmente. La economía empezó a funcionar sin preocuparse demasiado por los retrasos en el desarrollo de algunos mercados, como los financieros. La rana siente calor y deja de nadar para compensar la mayor temperatura...

El tercer proceso atañe al gobierno. La inflación comenzaba lentamente a dificultar la ejecución y la efectividad de las políticas económicas. Los presupuestos poco precisos, las políticas de crédito que la inflación transformaba en meros subsidios y los aprietos para administrar las cuentas públicas fueron los más evidentes. Con una economía en expansión, estos obstáculos tendían a resolverse pateándolos para adelante, pero al costo de financiarse crecientemente con emisión monetaria, profundizar regulaciones, y mantener una economía cada vez más cerrada. La llama que calienta la olla se vuelve más y más difícil de regular…

El cuarto proceso fue un lento pero inexorable aumento de la fragilidad de la economía ante potenciales disrupciones en un mundo que, de repente, disponía que ya no había fronteras para el capital. Cuando la globalización se hizo realidad y Argentina se sumó a esta tendencia, se reveló que la olla comenzaba a calentar demasiado en relación a lo que ocurría en otros países…

Y es así que en los '70, el agua hirvió. De la moderación pasamos casi sin notarlo a un régimen de alta inflación, ahora sí explícitamente dañino. Pero como la maduración tardó tanto, pocos reconocieron que alguna vez estuvimos en aquella olla en proceso de calentamiento. La historia, sabemos, no terminó allí. En los '90 se produjo un transitorio milagro y el fuego cesó. El agua se enfrió rápida e inesperadamente, brindando un saludable clima más fresco (aunque no sin costos). Tras el regreso a la inflación moderada de los 2000, algunos evocaron aquellos grados extra de inflación de 50 años antes, sin notar que aquel experimento terminaría por quemarnos. Y una vez más, sin que mediara aviso, la inflación con crecimiento dejó paso a la inflación con estancamiento. Los viejos problemas de memoria inflacionaria, las dificultades para implementar políticas y la vulnerabilidad a las perturbaciones externas renacieron.

La enseñanza es que la inflación moderada pero sostenida en el tiempo genera daños en el mediano plazo. Los costos inmediatos de atacar lo que inicialmente parece una molestia suelen ser mayores que sus beneficios, lo que induce un sesgo en favor de retrasar la estabilización. Recordemos resumidamente estos costos.

La inflación alta y volátil (siempre van de la mano) produce redistribuciones indeseadas e inequitativas. La capacidad de cobertura ante shocks imprevistos de inflación es diferente según el actor. Quienes logran transferir los aumentos a sus precios de oferta logran resguardarse, o incluso ganar. En el corto plazo, las grandes firmas y los bancos suelen ser los más privilegiados. Los trabajadores registrados ajustan sus salarios pero con un retraso, y los informales sufren más porque no gozan de ningún contrato de ajuste inmediato de sus servicios. Los jubilados y los más vulnerables dependen del estado de las finanzas públicas, que rápidamente entra en dificultades. Los desempleados, naturalmente, son los más perjudicados.

Además, las tenencias de efectivo son en términos relativos mayores en los más pobres, por lo que sufren más el impuesto inflacionario. Mientras tanto, los más ricos gozan de más opciones para cubrirse, ya que pueden ahorrar no solo en instrumentos financieros con cobertura, sino también en durables. Y están los que tienen información privilegiada y se benefician a costa de los demás. Las redistribuciones regresivas producen un enorme malestar. Toda idea de meritocracia es desmentida de plano a la luz de las interacciones económicas que se viven, y los comportamientos colaborativos se reducen a un mínimo.

La inflación es, en todo tiempo y lugar, un fenómeno costoso. Sus presuntos beneficios de corto plazo son en realidad cantos de sirena, encantamientos temporarios que llevan al barco de la economía a estrellarse contra la hiperinflación, o bien a navegar sin rumbo por los procelosos mares de la incertidumbre, la pobreza y la desigualdad.

PM

En los últimos meses se ha venido agitando el peligro que representaría el crecimiento de la deuda en pesos del Banco Central y del Gobierno Nacional. Dado que el principal instrumento de deuda del Banco Central son las Letras de Liquidez (Leliq), la búsqueda en Google de la expresión “bomba de las Leliq” arroja miles de resultados. La lógica es: si esta deuda está creciendo muy por encima de cualquier otra variable con la que se compare (inflación, dólar, PBI a precios corrientes, base monetaria, etcétera), entonces llegará un momento en que se saldrá de control y eso llevaría a una hiperinflación (por aumento desmedido de la emisión monetaria) o a un “Plan Bonex” (conversión forzosa de deuda en pesos de corto plazo por deuda en dólares de largo plazo). Recientemente, un alto ejecutivo de una de las principales calificadoras de riesgo del mundo (de esas que no vieron venir la crisis financiera internacional del 2008, ni la insostenibilidad de la deuda que acumuló el gobierno de Macri hasta principios de 2018), advirtió que la deuda en pesos del Gobierno Nacional tenía riesgos de refinanciamiento significativos y no descartó que se vea forzado a aplicar un plan Bonex. 

Los pasivos remunerados de corto plazo del Banco Central (Leliq y “pases”) han venido, efectivamente, aumentando muy por encima de la inflación. Estos pasivos devengan intereses (cuya tasa efectiva anual se duplicó entre marzo y septiembre) que es un gasto para el Banco Central. Al no tener ingresos genuinos para pagarlos, el BCRA tiene un “déficit cuasifiscal”, que se suma –desde el punto de vista de las necesidades de emisión monetaria– a los requerimientos que le haga el Tesoro Nacional. Para evitar que la emisión acelere la inflación, el Banco Central financia estas necesidades emitiendo más pasivos; lo que implica más devengamiento de intereses futuros. Parece válido preguntarse, ¿se está generando una “bomba” que puede estallar en cualquier momento, haciendo un desastre?

En mi visión, el foco exclusivo en la deuda remunerada del Banco Central puede llevar a conclusiones erróneas. Para una visión más amplia, hay que analizar el comportamiento del conjunto de los pasivos monetarios del Banco Central: los remunerados (Leliq y pases) y los no remunerados (la emisión de pesos hecha por el Banco Central: la “base monetaria”). ¿Por qué? Porque, en alguna medida, son intercambiables. Una parte de la base monetaria está constituida por las reservas de los bancos, que en su mayoría están depositadas en el Banco Central (por lo tanto, no son pesos que estén en circulación en la economía). El Banco Central podría cancelar Leliq y aumentar simultáneamente los “encajes” (reservas obligatorias de los bancos), con lo cual cambiaría la composición de sus pasivos, sin mayor efecto monetario inmediato. Y, en la medida en que este cambio no sea compensado por un alza de las tasas de interés, implicaría un menor déficit cuasi fiscal. 

Pero, claro, nada es gratis: si reemplaza pasivos remunerados por pasivos no remunerados, el Banco Central deja de pagar intereses, pero los bancos dejan de cobrarlos, lo que afecta su rentabilidad. Si los bancos fueran libres de fijar las tasas de interés que quieran, el Banco Central podría decir “que se arreglen”. Pero en un contexto de tasas de interés reguladas, hay que prestar atención a cómo quedan sus números. 

¿Qué ha estado pasando con los pasivos monetarios del Banco Central? Los remunerados (Leliq y pases) aumentaron, pero los no remunerados (base monetaria) bajaron en términos reales.

En julio de 2020 los pasivos remunerados del Banco Central tenían un nivel similar al de la base monetaria. En octubre de 2022 más que la duplicaban. En valores corregidos por inflación, esos pasivos remunerados crecieron desde julio de 2020 hasta octubre pasado 21%, mientras la base monetaria se redujo 44%. 

¿A qué se debió la reducción de la base monetaria? Por un lado, disminuyó el valor real de los billetes y monedas en circulación, especialmente a partir de febrero de este año, debido a la aceleración de la inflación, que hace que la gente se desprenda rápido de su dinero. Pero, en forma más pronunciada, disminuyeron –tanto en pesos constantes, como en porcentaje de los depósitos bancarios– las reservas de pesos de los bancos, que forman parte de la base monetaria. Esa disminución no implica riesgos para el sistema, debido a la liquidez a corto plazo que les proveen a los bancos sus tenencias de Leliq y pases.}

Si sumamos todos los pasivos monetarios del Banco Central (remunerados y no remunerados), no se observa una tendencia al crecimiento en términos reales. 

Para verlo en una perspectiva más amplia, podríamos sumar también las deudas del Tesoro Nacional en pesos con el sector privado. El motivo es que las deudas en pesos del Banco Central y del Gobierno Nacional también podrían considerarse intercambiables: ante una necesidad financiera del Tesoro, el Banco Central podría prestarle dinero y, para eso, aumentar sus pasivos monetarios. O bien el Tesoro Nacional podría emitir su propia deuda para financiarse, con lo cual no aumentarían los pasivos del Banco Central, pero sí la deuda del Tesoro con el sector privado. Que es la que podría tener riesgo de refinanciación: la deuda entre organismos oficiales, como la del Tesoro con el Banco Central, no presenta ese riesgo.  

La deuda del Tesoro Nacional está detallada por instrumento; en algunos casos, queda claro que el acreedor es un organismo oficial (por ejemplo, los “Adelantos Transitorios” del Banco Central); pero, en los títulos públicos que cotizan en bolsa (gran parte de los cuales está en posesión de organismos oficiales, como el Banco Central o el ANSES), eso no es posible. Pero si computáramos la totalidad de los títulos públicos en pesos, más las “Letras de Capitalización”, y los sumáramos a los pasivos monetarios del Banco Central, se concluye que no ha habido en los últimos meses una tendencia a que los pasivos del sector público nacional (incluyendo al Banco Central) crezcan en términos reales.

Si supiéramos qué proporción de títulos públicos en pesos están en manos de organismos oficiales, probablemente veríamos con más claridad que no estamos en un “pico” de deuda en pesos del sector público nacional consolidado. Porque, en los meses de junio y julio, el Banco Central habría adquirido en el mercado títulos públicos por alrededor de 1,3 billones de pesos, haciendo que la deuda del Tesoro en manos del sector privado disminuya.

En conclusión, al menos por ahora, el análisis no avala la tesis de “bomba de las Leliq”. Tal vez la preocupación deba estar, no en el aumento de la oferta de pesos, sino en la demanda: la aceleración de la inflación produjo una caída importante en la cantidad real de dinero, tanto en lo que hace a efectivo como en cuentas a la vista. Pero, si sumamos los plazos fijos en pesos (que han venido aumentando en los últimos meses), la disminución –en términos reales– de la demanda de pesos no es tan pronunciada. Es decir: no es que se haya huido masivamente de los pesos, sino que se pretende que una porción lo más grande posible de los pesos devengue intereses, para compensar –aunque sea parcialmente– por la mayor inflación.  

¿Qué puede pasar en los próximos meses? Algunas de las variables a tener en cuenta son:

Más allá de la conclusión principal de este artículo, de que no parece que el crecimiento de los pasivos monetarios del Banco Central en los últimos meses sea explosivo, la situación actual, en la que la mayor parte de los activos de los bancos comerciales son pasivos del sector público (sea Banco Central o gobiernos), no es deseable. Conviene que se vayan reduciendo, y que los bancos redirijan sus activos hacia préstamos en pesos al sector privado. El nivel de esos préstamos es apenas equivalente al 7% del PBI (algo menos de la mitad de los depósitos bancarios del sector privado); muy poco para que el sistema bancario pueda cumplir eficazmente con su función de movilización de capitales, directa o indirectamente, hacia proyectos productivos potencialmente rentables. 

Los últimos datos relevados por el INDEC dan cuenta de una de las principales tensiones que atraviesa la economía argentina actualmente: la caída de los ingresos reales de parte de su población. La semana previa, la Cuenta Generación del Ingreso (CGI) mostró una nueva caída de la participación de los trabajadores en el total del producto, lo que se relaciona con la dinámica de los salarios reales en el último tiempo.

La economía argentina se encuentra recuperándose de la doble crisis macrista-pandémica que sufrió entre 2018 y 2020. Aunque la actividad económica ya opera a niveles de febrero de 2018 y el empleo registrado privado muestra un crecimiento significativo; el poder adquisitivo de los salarios no ha podido recuperarse e inclusive cayó durante el actual mandato del Frente de Todos. 

Los últimos datos relevados muestran que el salario real del conjunto de los trabajadores cayó un 3,8% desde diciembre de 2019 hasta julio de 2022. Y si bien este dato debe interpretarse en el marco de una economía que debió atravesar la pandemia de COVID-19 y la herencia macroeconómica del gobierno de Mauricio Macri, es interesante analizarlo para encontrar heterogeneidades en su interior.

El poder adquisitivo del salario de los trabajadores presenta una caída constante desde el comienzo de la crisis macrista, desde donde descendió un 17,3% hasta el final de su mandato. Si bien el Frente de Todos trajo consigo la promesa de incrementar el poder adquisitivo de los salarios, estos tampoco han logrado recuperarse en los casi tres años que lleva al mando. Con diferencias, entre diciembre de 2019 y julio de 2022, todos los sectores han reducido su poder de compra, principalmente el sector privado no registrado (-14,3%) y el sector público (-2,8%), mientras que el privado se encuentra apenas por debajo (-0,4%). 

Está caída se explica por el deterioro del salario en el 2020 (-2,3%) y el 2022 (-3,1% hasta julio), ya que en 2021 los salarios reales crecieron (+1,7%). En el presente año, la caída de los salarios reales acumula un 3,1%, con reducciones del 2% en el sector privado, 0,8% en el sector público y 9,9% en el sector no registrado. 

Si analizamos la evolución del salario real por sector de actividad, podemos observar que en el periodo analizado únicamente tres de ellos lograron ganarle a la inflación y así incrementar su poder adquisitivo: transporte y almacenamiento (+6,6%), industria (+2,6%) y comercio (+0,7%). 

La dinámica reciente puede explicarse teniendo en cuenta el salto que tuvo la inflación desde diciembre de 2021, el impacto de la guerra rusa-ucraniana desde marzo de 2022 y el ruido político del gobierno nacional durante los meses de junio-julio. Estos factores generaron un salto en el régimen inflacionario que trajo mayores dificultades para que los salarios mantengan su poder adquisitivo. La estrategia actual de la gestión económica de priorizar el orden macroeconómico para reducir la inflación podría resultar una herramienta eficaz para ayudar a los sectores no registrados, los cuales tienen las mayores dificultades para actualizar sus ingresos. A diferencia de estos, los asalariados formales tienden a tener mayores niveles de sindicalización, lo que puede permitirles mayores niveles de indexación de sus remuneraciones.

Sin embargo, también es posible pensar otras políticas públicas según el sector de empleo. Para los no registrados, las políticas de ingresos pueden ayudar a sostener el poder adquisitivo de los salarios, pero también se requiere una actualización del salario mínimo (que para septiembre presentó un aumento interanual del 64,6% vs una inflación interanual proyectada en más del 80%), utilizado de manera indirecta para fijar referencias. En cambio, para los segmentos registrados puede resultar conveniente realizar aumentos de suma fija en vez de continuar la indexación de los salarios. Esto podría ayudar a disminuir la inercia inflacionaria y a la vez sostener un nivel de ingresos reales constantes. 

Otra herramienta posible, que entendemos el Gobierno aplicó con éxito, es la de aplicar una política de fomento industrial. Como se observa en el último gráfico, el sector de la industria es uno cuyos salarios vencieron al crecimiento de los precios. De todas formas, la segmentación en la política pública orientada a mejorar el ingreso de los trabajadores parece ser el camino indicado para que el Gobierno pueda cumplir con uno de sus mandatos electorales.

Uno de los temas que más atravesó el año en términos económicos (y que seguirá siendo tema de debate en los meses que quedan) fue la carrera entre los salarios y la inflación. Si bien es sabido que es una carrera muchas veces despareja, siempre es bueno hacer un análisis detallado de la situación para mejorar la situación de los trabajadores y las trabajadoras.

Según los últimos datos del INDEC, el índice de salarios se incrementó un 5,5% mensual y un 68,7% interanual. Este crecimiento está traccionado por los aumentos en el sector público (7,3% mensual y 74,7% interanual) y le sigue el sector privado registrado (5,5% mensual y 68,7% interanual). Históricamente, el sector más perjudicado es el sector privado no registrado y esta vez no fue la excepción (3% mensual y 58,9% interanual).

Estos valores son esperables ya que los/as trabajadores/as no registrados/as no poseen ningún tipo de representación gremial que negocie el salario y demás condiciones laborales en una negociación paritaria. Por otro lado, tampoco sorprende que los trabajadores/as del sector público lideren la suba ya que ese sector tiene la necesidad de recuperar la pérdida de poder adquisitivo en el período 2016 - 2020. Asimismo, es esperable que en los próximos meses este indicador siga al alza para el sector privado no registrado ya que diversos gremios cerraron sus negociaciones paritarias (seguridad privada 85,7% en cinco cuotas, bancarios 94,1% en cuatro tramos y recibidores de granos 70% por ocho meses entre otros).

Por otro lado, la semana anterior se publicó el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para el mes de septiembre y arrojó un aumento de 6,2% respecto al mes anterior, siendo el rubro que lidera los aumentos el de prendas de vestir y calzado (10,6%) y la suba de alimentos y bebidas no alcohólicas fue lo que más incidió en todas las regiones, especialmente el aumento de las frutas y verduras. Asimismo, la región más perjudicada fue la Noroeste con un aumento de 6,8%. En línea con esto, los precios acumularon un alza del 66,1% en todo lo que va del 2022 y la variación interanual fue de 83%. Si bien es un tema complejo la inflación en nuestro país y existen tantas ideas como economistas para desacelerarla, en el corto plazo es necesario controlar y reducir  la brecha entre el salario y la inflación.

Dada esta disparidad entre los precios y los salarios es necesario debatir a través del Estado, de las empresas y de los sindicatos otro tipo de mejoras en las condiciones de trabajo que no sean estrictamente salariales pero que representen un mayor bienestar a los/as trabajadores/as, sobre todo aquellas que les brinden más tiempo de calidad.

En primer lugar, es importante que se siga trabajando para modificar la actual organización social del cuidado en nuestro país ya que es bien sabido que los trabajos de cuidado no remunerados, suelen ser una responsabilidad de las mujeres por lo que tienen una doble jornada laboral. Por ejemplo, según los datos de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), las mujeres destinan seis horas y media  al trabajo de cuidado, mientras que los varones dedican tres horas y media. Es por eso, que se deben debatir proyectos como el de Cuidar en Igualdad que otorguen licencias y que también se incorporen a los/as monotributistas en estos derechos. Por ejemplo, de las mujeres que hoy deciden ser madres solo un 38% obtiene una licencia paga por maternidad, las que no están en relación de dependencia tienen cero días (ya sea que pasaron por un parto o decidieron adoptar). Y también se debe debatir con urgencia la ampliación de la licencia por paternidad, aunque muchos convenios amplíen los dos días estipulados por la ley.

En segundo lugar, la ENUT arrojó el dato de que la gran mayoría de los trabajadores/as destinan gran parte de su tiempo en viajar a sus puestos de trabajo. Por ejemplo, en el GBA se destinan, en promedio, noventa y cinco minutos por día ara ir y volver del trabajo. Si llevamos este guarismo a una persona que trabaja de manera presencial veinte días por mes, esa persona destina 31 horas y 40 minutos a viajar. Cabe destacar que el viajar al puesto de trabajo no sólo implica tiempo sino que también reduce el ingreso disponible de los/as trabajadores/as para satisfacer otro tipo de necesidades (alquiler, alimentación, indumentaria, entre otras). Es por eso, que en los casos que sea posible (por ejemplo en las empresas de servicios o algunos sectores de empresas de bienes y también ciertas áreas de la Administración Pública) se deben debatir entre los sindicatos y las empresas esquemas de trabajo mixto donde los/as trabajadores/as puedan reducir sus tiempos de viaje hacia sus oficinas y también reducir costos dado el atraso de los salarios respecto de los precios.

Por supuesto que implementar estos esquemas sería muy difícil sin la adecuada capacitación de la dotación de la empresa. En este sentido, los institutos de formación profesional de los sindicatos y también la negociación paritaria juega un rol clave ya que el año pasado 169 convenios incluyeron cláusulas de capacitación, mientras que en el año 2020 fueron 102 (+39,6%). También es importante que se debatan otras cláusulas como aquellas relacionadas con la higiene y la seguridad ya que mejoran el bienestar de los/as trabajadores/as aunque no se vea reflejado en un aumento salarial. La cantidad de estas cláusulas aumentaron un 42,3% interanual.

Como conclusión, se podría decir que al estar rezagados los salarios respecto de la inflación es necesario, junto con políticas de aumento del salario real, mejorar las condiciones de trabajo en los sectores y ampliar las licencias (especialmente aquellas relacionadas con las tareas de cuidado) ya que si bien no implican mejoras en los salarios de bolsillo impactan directamente en el bienestar de las personas.

Economista, docente y miembro de Paridad en la Macro

DT

La Argentina posee una menor proporción del déficit total de su Producto Bruto Interno (PBI) en comparación del promedio de las economías emergentes y de ingresos medios, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). El nuevo informe de monitoreo fiscal, publicado en el marco de las reuniones anuales del organismo y del Banco Mundial, añadió que el país tiene una “presión fiscal” menor que las principales potencias.

El FMI estima que el déficit total del país, es decir primario y financiero, sea del 3,5% del PBI para el 2022 y de 3,3% en 2023, lo cual significa una caída frente al 4,3% de 2021. Para este año, la cifra es menor al promedio de todos los países emergentes (6,2%), al igual que la media de los países latinoamericanos (4,2%) y de los países emergentes que forman parte del G20 (7,3%). También es menor frente al promedio de economías avanzadas (3,8%) donde países como Estados Unidos, Francia, España, Reino Unido e Italia poseen un déficit proyectado de entre 4% y 5,7%.

En cuanto al déficit primario, que excluye los intereses de la deuda pública, se prevé que se reduzca frente al pico de 6,2% de 2020 (año de la crisis por la pandemia de Coronavirus) y del 2,5% del 2021, a 1,9% para este año, 1,4% en 2023, 0,5% en 2024. Finalmente, se estima un superávit primario de 0,5% en 2025, el cual llegaría al 2% en 2027.

Estas cifras son más bajas que las metas acordadas firmadas entre el Gobierno y el FMI en marzo pasado, el cual estipula un déficit primario de 2,5% en 2022, 1,9% en 2023, 0,9% para 2024 y 0% para 2025. Tal como en el caso del déficit total, el primario previsto para 2022 y 2023 es menor que el promedio de economías emergentes (4,3% para 2022 y 3,3% para 2023) y avanzadas (2,4% y 2,3%).

Recaudación, “presión fiscal” y gasto público

Por otra parte, el FMI difundió estimaciones respecto de la recaudación, conocida como “presión fiscal”, y del gasto público. Se espera que la recaudación de la Argentina caiga de 33,5% del PBI al 33% este año, número el cual se reducirá a 32,3% en 2023, para luego repuntar nuevamente en años posteriores.

Esta proporción es superior al promedio de todos los emergentes para el 2022 (25,1%), pero es similar a los países emergentes europeos (33,6%), latinoamericanos (27,9%) y a Estados Unidos (33,4%) y Brasil (31,8%). Además, la presión fiscal es menor al promedio de las economías avanzadas (37,4%), y al de la Eurozona (46,9%) con países como España, Italia, Alemania y Francia llegando al 44%, 48,6%, 46,4% y 53,3%, respectivamente.

En tanto, el FMI estima para este año un gasto público del 36,6% del PBI para Argentina (1,3 puntos menos que en 2022) y del 35,6% en 2023. En este caso, la cifra es ligeramente mayor al promedio de los emergentes (31,2%) y menor al de las economías avanzadas (41%, alcanzando el 50,7% en la Eurozona) para este año.

Deuda bruta de la Argentina

Según el FMI, la deuda bruta del país será de 76% del PBI en el 2022, cifra menor respecto al 102,8% de 2020 y al 80,9% de 2021, así como la registrada en 2018 (85,2%) y 2019 (88,8%), durante los últimos dos años del gobierno de Mauricio Macri y Cambiemos. En su informe, el FMI destacó que “la mayoría de los gobiernos se encuentra enfrentando una mayor presión en sus finanzas públicas, ya afectadas por la pandemia”.

La suba de la inflación global, la debilidad de las divisas y el salto en las tasas de interés derivó en una escalada del endeudamiento, cuyo promedio mundial se estima que será del 91% del PBI, 7,5 puntos más que los niveles previos a la pandemia.

Esto afecta especialmente a los países de bajos ingresos, donde el 60% de ellos se encuentra en situaciones de “sobreendeudamiento”. La delicada situación en materia fiscal se vio agravada por las medidas que varios gobiernos tuvieron que realizar, frente a la suba de los precios alimenticios y energéticos, como recortes de impuestos, transferencia de recursos y subsidios.

En este marco, el organismo recomienda que la asistencia sea segmentada hacia los más vulnerables, como puede ser a través de descuentos para el uso básico en las facturas de servicios públicos familias de bajos o medianos ingresos. Al mismo tiempo, desaconsejó que los gobiernos “limiten los aumentos de precios mediante controles de precios, subsidios o recortes de impuestos”, ya que “terminan siendo costosos y, en definitiva, inefectivos”.

LC con información de agencia Télam

La inflación es, sin duda, uno de los principales problemas económicos de la Argentina actual y está muy vinculada con la falta de crecimiento y la pobreza, que tienen causas comunes: en particular, los desequilibrios macroeconómicos que nos han llevado de una crisis a otra. Priorizar el crecimiento o la lucha contra la inflación es una opción falsa. Con una inflación como la actual, puede haber reactivación luego de una recesión (como en 2013, 2015, 2017 y 2021) pero no se logra un crecimiento sostenido y significativo de los ingresos por habitante. En los últimos 11 años hubo una inflación promedio de casi 3% mensual, un crecimiento total nulo y caída en los ingresos por habitante.  Con una inflación del orden del 6/7% mensual no podemos pretender que nos vaya mejor. Es imperioso bajarla. 

Para eso, lo primero es entenderla. La inflación no siempre tiene como causa a la emisión monetaria que excede a la demanda de dinero. A corto plazo la inflación es multicausal: puede ser originada y alimentada por varias causas, con importancia variada según el momento. Influyen los desequilibrios monetarios, pero también la inercia inflacionaria, las expectativas, los aumentos de algunos precios que impactan en los costos en forma casi generalizada (como el dólar, los combustibles o las tarifas de electricidad, transporte y gas) y la formación de precios a partir de decisiones de empresas con poder de mercado. 

En un mundo de mercados competitivos, en los que nadie tenga una posición dominante, donde todos cuenten con información suficiente para maximizar sus beneficios (las empresas), o la satisfacción de sus necesidades (las familias), los precios se fijarían de modo que se igualen la oferta y la demanda de cada bien –si un vendedor estableciera un precio más alto, nadie le compraría–, y los recursos productivos estarían plenamente ocupados. En esas condiciones, si los consumidores tuvieran más dinero, tratarían de usarlo para adquirir más bienes y servicios; al no producirse más –debido a la plena ocupación de recursos– aumentarían los precios. La inflación dependería únicamente de la política monetaria. 

Pero, en el mundo real, los precios suelen ser fijados unilateralmente por los vendedores, y la información de que disponen los compradores sobre las calidades y precios es incompleta, lo que limita su capacidad para defenderse de aumentos de precios. La información más cierta que suelen tener los vendedores es la correspondiente a sus costos, por lo que tienden a fijar precios de modo que cubran esos costos, más un margen de ganancia (mark-up). 

Entonces, si hay subas de precios que impactan en los costos en forma generalizada (tipo de cambio, precios internacionales, tarifas de servicios públicos, combustibles, salarios, etcétera), el aumento tiende a difundirse en la economía, aunque no haya oferta excedente de dinero; porque los precios de los bienes y servicios se fijan en cada uno de sus mercados, no en el mercado de dinero. Así, el dinero pierde valor frente a los bienes, no porque haya oferta excedente de dinero, sino porque los precios de los bienes aumentan por la suba de costos. Al valer menos, si no se emite más, el dinero circulante no alcanza para que la gente compre los bienes y servicios que antes compraba; se restringirán los gastos y, por la caída de las ventas, también se frenará la producción. 

Si las causas que originaron la suba de precios no tienen continuidad, la inflación irá cediendo, pero una desaceleración rápida sólo ocurrirá bajo la presión de una recesión. Actualmente gran parte de los países está enfrentando una disyuntiva: en el contexto de una inflación, inusual para ellos, del orden del 10% anual –en gran medida originada en aumento de precios de combustibles, minerales y alimentos a partir de la invasión de Ucrania por parte de Rusia– hay quienes proponen políticas monetarias que induzcan una recesión que frene la inflación, mientras otros dicen que la inflación puede ir cediendo sin necesidad de eso, simplemente por desaparición de las causas que la generaron. 

Pero el problema es bastante más grave cuando ya hay en marcha un proceso de alta inflación, que aumenta la incertidumbre sobre el futuro. Cada vendedor trata de que el precio que cobra no quede retrasado, aunque tenga que vender menos: ante la duda, prefiere quedarse con la mercadería y no venderla a bajo precio. Y se acentúan las carencias informativas de los compradores: no sólo ignoran qué precios regirán en el futuro; incluso pueden no saber a qué precio ofrecen los distintos vendedores un producto (o productos similares), lo que hace más difícil que tomen las mejores decisiones. 

Eso hace que los mercados sean menos competitivos y, en consecuencia, los márgenes de ganancia crecen; parte de la demanda no puede acceder por los precios “inflados” por esos mayores márgenes; la producción se restringe por la depresión de las ventas y, al haber menos producción, hay menos ingresos. Así, la distribución del ingreso se hace más desigual, porque quienes tienen menos autonomía para aumentar los valores que cobran son los asalariados, jubilados y perceptores de ayuda social, y los que más sufren la caída en el nivel de actividad económica son los trabajadores por cuenta propia. 

Cuando, por la alta inflación, los costos de reposición son inciertos, las guías para establecer los precios son el pasado y las expectativas sobre el futuro, que suelen guiarse por determinadas noticias, como los cambios del dólar. Mirando al pasado, se tiende a querer recuperar el precio relativo que se tenía antes, aumentando los precios según los últimos datos conocidos de inflación, lo que lleva a inflación inercial. El efecto es más pronunciado cuando hay indexación (ajustes de precios o salarios por un índice) generalizada. Pero, aun cuando no la haya, el solo saber, por ejemplo, que la inflación del mes pasado fue 7%, induce a subir el precio que cada uno fija un 7%, con la convicción de que en realidad no se lo está aumentando, sino sólo manteniéndolo en relación a los demás precios. 

De cara al futuro, se trata de no perder (o de ganar) en la puja distributiva, más dependiente de los precios (que varían en mayor magnitud) que de las cantidades. Entonces, cuando se tiene la expectativa de que la inflación se acelera, cada uno trata de aumentar con mayor intensidad sus precios, con lo que la expectativa se transforma en realidad. 

La estructura de los mercados importa: cuanta más competencia haya, más posibilidad tienen los consumidores de defenderse de los márgenes de ganancia exagerados de algunos vendedores, ya que les pueden comprar a otrosp. Pero cuando son más concentrados, los empresarios tienen mayor libertad para fijar márgenes de ganancia más altos.  

Ahora bien: inercia, expectativas y concentración de mercados inciden en la inflación, pero especialmente cuando ya hay inflación. La “inflación de costos” sí la puede originar, pero no la sostiene más allá de la “onda expansiva” del aumento original de costos. 

Si hubiera baja inflación, no nos preocuparíamos demasiado por la inercia ni por las expectativas inflacionarias. En Brasil, entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015 el dólar aumentó 67% y los precios 8%, y en los cinco primeros meses de 2020 el dólar aumentó 38%, mientras los precios casi no aumentaron. La devaluación del Real no provocó pánico; el aumento del dólar presionó sobre los costos, pero no fue una señal para que todos los vendedores suban sus precios en magnitudes similares a la suba del dólar. 

Y, en cuanto al argumento de que la inflación se debe a los mercados concentrados, tengamos en cuenta que en nuestros vecinos latinoamericanos los mercados no son estructuralmente distintos de los nuestros, y tenían hasta hace poco una inflación inferior a 10% anual, a la que volverán en poco tiempo. Nuestro país es especial por la alta inflación, que hace que nuestros mercados sean particularmente poco competitivos.

A veces la falta de competencia en un mercado se debe a sus características: en los “monopolios naturales” lo más eficiente es que haya un solo vendedor: por ejemplo, para la provisión de agua, cloacas, electricidad y gas domiciliarios. En esos casos, lo más conveniente es que los precios estén regulados por el Estado. Si, en cambio, un mercado puede ser competitivo, se suele recomendar que el Estado trate de que lo sea; por ejemplo, evitando la concentración en pocos oferentes, penalizando la “cartelización” (cuando los competidores se ponen de acuerdo para fijar los precios), removiendo barreras a la entrada de nuevos competidores, mejorando la información de los compradores, etc. Un caso interesante fue cuando, a principios de siglo, se obligó a recetar los medicamentos por su droga básica; eso logró hacer más competitivos a los mercados de medicamentos que podían serlo. 

Hay quienes quisieran que el Estado controle prácticamente todos los precios para evitar que suban, pero habría al menos dos problemas. El primero es que, si la oferta de un bien disminuye o su demanda crece, tenderá a haber demanda insatisfecha que recurra a un mercado paralelo, al que se irá desviando la oferta para vender más caro, con lo que existirían mercados legales con faltantes de mercadería y mercados ilegales con precios más caros que los que habría habido sin control del gobierno. 

El segundo problema surge si el gobierno no tiene la capacidad o la autoridad para controlar simultáneamente centenares de miles de precios. En ese caso, se deterioraría su credibilidad y los precios que menos subirían no serían aquellos cuya demanda suba o su oferta baje, sino los que el gobierno pueda controlar más, distorsionándose el sistema de precios como señal para asignar los recursos a la producción. 

¿Cómo detener la inflación? Se tienden a plantear dos alternativas: “shock” o gradualismo. 

¿Cómo sería el shock? Las tres experiencias más notables de “estabilización súbita” de las últimas décadas fueron el Plan Gelbard (junio de 1973), el Plan Austral (junio de 1985), y la Convertibilidad (marzo de 1991). En las tres se atacaron la inercia y las expectativas inflacionarias. Para estas últimas, fue crucial la acción sobre el dólar: en los tres casos, a partir del shock hubo una disminución del tipo de cambio real. Replicar eso ahora no parece viable, al menos sin una fuerte devaluación previa, ya que el tipo de cambio real (oficial) está por debajo del necesario para el equilibrio externo; con pocas reservas internacionales, no hay margen para atrasarlo más. 

Por otra parte, en los tres casos el gobierno intervino de alguna manera en los precios, cambiando las reglas de juego entre particulares: congelando precios y/o salarios, desindexando (mediante el “desagio”) o prohibiendo la indexación. Este tipo de intervención se hace más factible cuando la situación parece insostenible y también cuando el gobierno tiene mucha autoridad para imponer sus políticas. Lo primero ocurría al anunciarse el Plan Austral: en el primer semestre de 1985 la inflación superaba el equivalente a 1.500% anual. Lo segundo, en el Plan Gelbard (1973). A veces se dice que ahora hay una crisis terminal, pero en realidad la inflación es mucho más baja que la que había en las vísperas del Plan Austral y de la Convertibilidad. Basar un plan en que el Poder Ejecutivo Nacional imponga sus decisiones al sector privado (por ejemplo, congelando precios) en este momento podría ser riesgoso: no contaría con el apoyo del Congreso y es posible que sea frenado por el Poder Judicial. 

¿Cómo sería el gradualismo? Debería atacar los factores que están detrás del fenómeno de inflación alta y persistente. Destacaría, en ese sentido, al déficit fiscal que, por su magnitud, tarde o temprano termina siendo financiado con emisión monetaria. Porque, más allá de su origen, el combustible de la inflación es esa emisión, que se torna inmanejable si está al servicio de financiar un déficit fiscal que no se puede controlar. 

Un país ya estabilizado tiene “espacio fiscal” para tener déficits fiscales moderados, especialmente si está en un proceso de crecimiento productivo (con lo cual una suba de su deuda pública puede compensarse con un aumento de su capacidad de pago) o si está creciendo la demanda por su moneda. No es el caso de Argentina, que no crece ni su moneda tiene aceptación, precisamente debido a su alta inflación. Inevitablemente, el camino a una estabilización de precios con crecimiento de la producción y el consumo pasa, como condición necesaria, por una notoria mejora del resultado fiscal. 

Ayudaría, también, mejorar la competencia en los mercados. Si rigiera un tipo de cambio favorable a la producción nacional, no sería necesario limitar las importaciones; y no habría que hacerlo, porque los precios en los mercados internos concentrados tienden a ser altos, aun cuando el dólar sea barato, por la libertad que tienen los empresarios, sin competencia externa, para fijar márgenes de ganancia. 

Si se muestra una clara determinación de eliminar el déficit fiscal (y también el cuasi fiscal, el del Banco Central) y, al mismo tiempo, eliminar el déficit externo a partir de un tipo de cambio suficientemente alto como para equilibrar a mediano plazo el balance de pagos, habría alguna mejora de las expectativas que ayudaría a desacelerar la inflación. Pero no habría una solución mágica. Sería un camino largo y difícil, es muy probable que lleve años consolidar un nivel de inflación razonable, como le llevó a nuestros vecinos. Pero, a la larga, valdría la pena. 

¿Otra alternativa? Sí: ceder a todas las presiones financiando el déficit consecuente con emisión monetaria y liberar totalmente el tipo de cambio, hasta llegar a un punto en el que la inflación sea tan alta que haya consenso social y político suficiente para cortar bruscamente el proceso. En ese punto, se tomarían las medidas necesarias para eliminar de golpe el déficit fiscal y cuasi-fiscal, se congelarían transitoriamente precios y salarios y se modificarían otros contratos, de modo de amortiguar los cambios en la distribución del ingreso que ocurrirían al pasar de un régimen de altísima inflación (o hiperinflación) a una “inflación cero”. Por ejemplo, hay indexaciones y tasas de interés que son lógicas en un contexto de muy alta inflación, pero impagables si la inflación se frenara bruscamente. El Plan Austral, por ejemplo, contempló estas situaciones. Pero, decididamente, no es una alternativa que aconsejaría.  

DT

En su informe de perspectivas económicas globales publicado este martes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mantiene en el 3,2% su previsión de crecimiento de la economía global para este año, pero la bajó al 2,7% para el 2023, cuando espera que buena parte del mundo se acerque o caiga en recesión. En este contexto de desaceleración mundial, mantuvo las proyecciones económicas para la Argentina y estimó que crecerá 4% en 2022 y 2% en 2023.

Los datos fueron dados a conocer hoy martes, durante la presentación oficial del World Economic Outlook (WEO) en el marco de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, donde advierten que los riesgos que ya frenaron la evolución económica mundial van a persistir. Según el Fondo, al menos un tercio de las economías mundiales entrarán en recesión técnica el próximo año, donde tendrán al menos dos trimestres consecutivos de contracción de su producto bruto interno (PBI).

“La economía global está experimentando una serie de desafíos turbulentos. Una inflación más alta que la vista en varias décadas, el endurecimiento de las condiciones financieras en la mayoría de las regiones, la invasión rusa de Ucrania y la persistente pandemia de Covid-19 pesan mucho en las perspectivas”, resume el informe presentado hoy por Pierre-Olivier Gourinchas, el Consejero Económico y Director del Departamento de Investigación del FMI.

Se prevé que la inflación mundial aumente del 4,7% en 2021 al 8,8% en 2022, pero disminuya al 6,5% en 2023 y al 4,1% en 2024. En este contexto, calculan un 25% de probabilidades de que la situación empeore y el crecimiento global del 2023 no llegue al 2%, cosa que no se daba desde 2001, exceptuando el primer año de pandemia de Coronavirus. Por eso, el FMI anima a los bancos centrales a seguir endureciendo sus políticas monetarias, aunque lleve a una inevitable ralentización económica.

El pronóstico para la Argentina

El FMI prevé una inflación del 95% para 2022 y de 60% para 2023, en línea con las proyecciones del Gobierno en el proyecto de Presupuesto 2023, y en el marco del acuerdo que la Argentina mantiene con el Fondo. En cuanto al crecimiento de la economía nacional, espera que crezca un 4% en 2022 y 2% en 2023, en línea con la situación global.

Estos datos se dan a conocer un día antes que el ministro de Economía Sergio Massa visite Washington para participar de la Asamblea Anual, y tras la reciente aprobación de la segunda revisión del acuerdo, el cual gatilló US$ 3.800 millones que pasaron a las reservas del país.

“Lo peor está por llegar”

“En resumen, lo peor está por llegar, y para mucha gente 2023 se sentirá como una recesión”, dijo Gourinchas en la introducción de este informe, marcado por sus previsiones poco prometedoras. Para el Fondo, los factores que frenan la evolución económica mundial y seguirán haciéndolo son la invasión rusa de Ucrania, que sigue “desestabilizando poderosamente” la economía mundial y ha llevado a Europa a una “crisis energética severa”, así como la espiral inflacionaria en todo el mundo y la ralentización de la economía de China.

En cuanto a las economías avanzadas, el Fondo empeora las previsiones de crecimiento para Estados Unidos (bajó al 1,6% cuando en julio fue del 2,3%), pero mantiene las de 2023 (+1%). En el caso de la zona Euro, cerrará este año con un crecimiento del 3,1%, medio punto más que en la anterior previsión. Es gracias a varios factores, como el mantenimiento de los fondos de recuperación, una política monetaria menos restrictiva y el empuje de España e Italia con sus buenos números en el sector turístico. 

Sin embargo, menciona que las principales economías del Euro se verán especialmente resentidas el año que viene, recalcando las “significativas” diferencias entre los países, augurando un freno mucho mayor para los más dependientes del gas ruso. Por eso, en 2023 la zona Euro sólo avanzará el 0,5 %, siete décimas menos que lo que el Fondo calculaba. 

Si China frena, el mundo también

El gigante asiático crecerá el 3,2% este año y el 4,4% el que viene según el Fondo, lo que significa una disminución del 1% y 0,2% de lo que calculaba el informe anterior, respectivamente. Apuntan a la política china de Covid cero y sus continuos cierres como los factores que han pasado factura al conjunto de su economía, a lo que añade que sectores clave como el inmobiliario se han “debilitado rápidamente”. 

El freno de China es uno de los factores que más afecta el rumbo económico mundial, sobre todo por los graves problemas que está produciendo en las cadenas de suministro. El Fondo Monetario Internacional estima que la situación seguirá “pesando fuertemente sobre el comercio y la actividad globales”.

LC con información de agencias

La gran incertidumbre reinante en el mercado local, sumado al hecho de que 2023 es un año electoral, hacen que sea sumamente complejo y arriesgado elaborar proyecciones precisas para el año entrante. Pero lo que sí es factible es comenzar a esbozar bandas dentro de las cuales es muy probable que se mueva la economía argentina. Hay varias aristas del escenario 2023 que a grandes rasgos ya conocemos, y otros aspectos sobre los cuales podemos plantear dudas y riesgos de desvío:

1) El viento externo soplará de frente en 2023. Los bancos centrales de las principales economías del mundo han iniciado hace ya unos meses una política monetaria contractiva, cuyo impacto sobre la actividad se verá con mayor intensidad a partir de fin de año. Muchos analistas prevén una recesión a escala global, menor liquidez en los mercados internacionales, la depreciación de las monedas emergentes frente al dólar y episodios de tensión financiera en algunos de esos mercados. 

Se proyecta, además, un empeoramiento de los términos de intercambio de nuestra economía. Los precios de contratos de futuro hacen prever una caída en el precio internacional de los commodities agroindustriales y un aumento del precio del gas natural licuado que se importa. Aunque todavía es prematuro, la evidencia proveniente de la temperatura del mar ecuatoriano sugiere que el fenómeno climatológico de “La Niña”, que se caracteriza por lluvias inferiores al promedio en la zona agrícola núcleo, se extenderá hasta el verano, lo que afectaría no sólo los rindes de la cosecha fina, sino que posiblemente también los de la gruesa. Esto podría implicar que la producción agropecuaria no crezca, o incluso caiga, en 2023. No pareciera entonces que el mundo o el clima ayuden a revertir las tendencias estanflacionarias con las que Argentina comenzaría 2023. 

2) La estrategia electoral delineará el rumbo de la política económica en 2023. ¿Puede el Gobierno aspirar a tener competitividad en las elecciones de octubre del año próximo con 100% o más de inflación? ¿Tiene incentivos Massa para llevar a cabo un plan de estabilización? Si así fuera, cabe preguntarse si está en condiciones de hacerlo y si el resto de los otros actores lo van a dejar.

Sin un plan de estabilización, las perspectivas para las principales variables nominales en 2023 son que corran a un ritmo promedio mensual de mínima del 6%, lo que pondría un piso de inflación del 100% para el año entrante. La tradicional ancla cambiaria que permitiría una mayor recomposición del poder adquisitivo de los salarios en la previa electoral -el tipo de cambio- no estaría disponible en 2023 producto de la escasez de reservas, el atraso del dólar oficial y la elevada brecha cambiaria. Las herramientas disponibles por el Ejecutivo para moderar la inflación son escasas: ni un ajuste fiscal ni una política monetaria menos expansiva alcanzan por sí mismas para bajar significativamente del piso de 6% mensual.   

Implementar un plan de estabilización con chances de ser exitoso requiere de capacidad y voluntad política para llevarlo a cabo, eliminar o reducir significativamente el déficit primario, subir el tipo de cambio oficial y las tarifas de servicios públicos, contar con reservas en el Banco Central, reducir significativamente la brecha cambiaria y, sobre todo, contar con entrada de dólares a la economía. Hoy Argentina no cuenta con estos requisitos y el camino para conseguirlos involucraría altos costos políticos. A casi un año de las elecciones de octubre de 2023, es claro que el horizonte temporal es angosto: ¿llegarían a verse los resultados de un potencial plan de estabilización o sólo se asumirían sus costos? 

Difícilmente el oficialismo asuma este riesgo, y por eso, lo más probable es que opte por una estrategia fiscal más expansiva a medida que se aproximen las elecciones de 2023, que incluiría utilizar las tarifas de servicios públicos como ancla nominal para que los salarios puedan ganarle a la inflación, inyectar recursos en los hogares sectores de menor poder adquisitivo y crédito blando para el consumo.

3) Las metas acordadas con el FMI exigen algo de disciplina fiscal, cambiaria y monetaria. Esto implica que el déficit primario sea sólo 1,9% del PBI, que el financiamiento monetario del BCRA al Tesoro no supere el 0,6% del PIB y que el Central maneje la política cambiaria de modo tal que le permita acumular reservas netas. ¿Qué tan probable sería que el FMI le quitara el financiamiento al gobierno, empujándolo hacia una crisis a pocos meses de la elección de 2023? Poco probable. Pero aun cuando la amenaza de dar por caído el acuerdo sea poco creíble, el FMI podría presionar con comunicados y diplomacia para que el gobierno no se desvíe mucho de las metas del acuerdo.

El gran interrogante en material fiscal es si el Gobierno dejará que la inflación haga todo el trabajo de recortar el gasto en un escenario en el que la inflación no cede. ¿Tendrá el convencimiento y el apoyo político necesario para llevar adelante un significativo recorte del gasto en un año electoral, incluso si esto significa licuar prestaciones y tensar relaciones con movimientos sociales? ¿O volverá a otorgar bonos extraordinarios como ocurrió en 2022, erosionando buena parte del ahorro fiscal? Si el Gobierno se decidiera por esta última alternativa, y además decidiera utilizar a las tarifas de servicios públicos como ancla cambiaria, no quedaría demasiado margen para recortar gasto primario. 

Independientemente de la flexibilidad en la posición del FMI en torno al cumplimiento de las metas, el sendero fiscal y monetario debería mantenerse encarrilado como resultado de las restricciones financieras del propio mercado local. Aun manteniendo desvíos acotados respecto a la meta de déficit primario para 2023, las necesidades financieras podrían ser demasiado grandes con relación al apetito del sector privado por deuda en pesos del Tesoro. De hecho, ya hemos visto en junio de este año que ante la menor duda acerca de las posibilidades de refinanciamiento de vencimientos venideros, el sector privado ha optado por migrar masivamente hacia “Riesgo BCRA”, generando el desplome del precio de títulos en pesos del Tesoro e incrementando significativamente el costo del nuevo financiamiento. Y si el mercado da la espalda ya sabemos que toda asistencia adicional del BCRA podría presionar sobre los tipos de cambio alternativos y, en consecuencia, sobre la dinámica inflacionaria, que tiene de por sí un piso elevado.

Salvo algún shock que nos tome por sorpresa, la economía tendría en 2023 un techo de crecimiento bajo y un piso de inflación elevado. La política económica no contaría con demasiados grados de libertad para impulsar paquetes muy expansivos, ya sea por los lineamientos del acuerdo con el Fondo o por las propias restricciones domésticas que limitan el financiamiento y atentan sobre la estabilidad cambiaria. Se inauguró la temporada de elaboración de proyecciones, y seguramente irán surgiendo diferentes matices y desvíos respecto a los números oficiales del Presupuesto. Pero lo cierto es que, si bien la ruta que atraviesa 2023 tiene diferentes carriles, el camino pareciera ser bastante estrecho. 

Alguna vez la economía se basaba en investigar la psicología de la sensación. Estos desarrollos fueron utilizados posteriormente por los economistas conductuales modernos y por los psicólogos que investigan el juicio y la toma de decisiones.

Pero fue en el primer año del siglo XX que Wilfredo Pareto propuso la primera fórmula para que la economía se desvincule de la psicología. Pareto argumentó que las teorías económicas debían deducirse de proposiciones empíricas firmemente establecidas sobre la elección y no sobre la sensación. Esta fue la piedra fundamental para que la economía se constituyera como una ciencia separada de la psicología y la sociología. Entonces, ¿de qué va la ciencia económica? La economía, o al menos la economía pura, debía ser la ciencia de la acción lógica, no sensible. El carácter deductivo que inauguró Pareto fue profundizado por la teoría económica marginalista hasta los años 30 y 40.

La separación duró poco. En la Teoría General Keynes habló de la influencia decisiva de los animal spirits en las decisiones de inversión, poniendo como foco central de su libro el estado de ánimo de los inversores como explicación de las fluctuaciones macroeconómicas y de las crisis. Pocas décadas después la profesión abrazaba el papel central de las expectativas futuras de los agentes económicos como centrales para entender los fenómenos agregados más importantes. Expectativas fallidas podían dar lugar a situaciones de recesión y desempleo.

En los 70 una teoría llamada “expectativas racionales” intentó dar a estas inestabilidades un límite de coherencia. Si todos formamos expectativas teniendo en cuenta toda la información relevante disponible para todos, y si procesamos esta información adecuadamente, entonces la economía no sufrirá oscilaciones demasiado graves, ni tampoco crisis.

En el presente, sin embargo, la discusión se ha sensibilizado. Los sentimientos económicos y sus consecuencias suelen ocupar las primeras planas de los medios. Por ejemplo, se ha vuelto no solo importante sino fundamental que los empresarios se sientan seguros para llevar adelante sus negocios. El principio de seguridad jurídica apunta justamente en este sentido. 

Más en general, el grado de confianza que las empresas y los consumidores tienen acerca del estado de la economía pasó a ser una condición necesaria para que una economía logre establecer un sendero de crecimiento. Una economía confiable es una economía sin sorpresas; ya que las perturbaciones inesperadas podrían alterar y entorpecer el funcionamiento económico.

Pero esto no es todo. En los últimos tiempos quedó claro que no hay futuro si el gobierno o el Banco Central no tienen la suficiente credibilidad en la consecución de sus políticas. Desafortunadamente, según reza la teoría, una política poco creíble no tendrá un efecto nulo, sino una consecuencia seguramente negativa para la economía. Más aún, la sensibilidad de la economía a pequeños cambios poco creíbles en la política económica pueden tener derivaciones dramáticas. El llamado “efecto 28d” fue un caso en cuestión. Aparentemente, un cambio menor en las señales de la política monetaria del Banco Central el día 28 de diciembre de 2017 dio por tierra con el modelo de endeudamiento del gobierno anterior.

Ciertamente, que la economía esté afectada por un mundo de sensaciones no parece tan disparatado. Pero hemos quedado lejos de aquellos tiempos deductivos de Pareto y sus acólitos y la teoría económica se encuentra de repente con la necesidad de reconsiderar las percepciones humanas, las mismas que quiso empezar a descartar hace más de cien años. 

¿Cuánto sabemos los economistas sobre la formación de expectativas de los verdaderos humanos? ¿Si necesitamos de la confianza, cómo hacemos para lograrla? ¿Podemos hacer más creíbles nuestras políticas económicas? Es raro hacer estas preguntas a un economista, pero en la práctica deberían responderlas porque cada vez más sus teorías se basan en entender las sensaciones del público.

Esta nueva moda de psicología pop en la economía ha sido tierra fértil para la aparición de analistas que pasan por profundos refiriendo a la necesidad de atender el rol de las sensaciones humanas. La solución está en generar confianza, relata el observador medio tras diagnosticar con jerga afectada que tenemos un problema de sostenibilidad fiscal y externo derivado de no respetar las restricciones presupuestarias y la condición de transversalidad de la economía. 

Cuesta mostrarse conforme con la conclusión de que la economía necesita la consulta de una psicóloga social, y aún así este es el camino que ha tendido a desarrollar la teoría tradicional en las últimas décadas. Quizás apelar a los sentimientos sea la reacción natural ante una realidad que por momentos se vuelve ingobernable, pero debemos tener en cuenta algunos puntos cuando se trata de considerar su papel en la economía.

Primero, los sentimientos son cíclicos, no fijos. Las olas de optimismo y pesimismo son un hecho incontrastable de la macroeconomía, y responden a la actitud usual de varios actores de imitar y retroalimentar las percepciones ajenas. Así, es más importante determinar los cambios en las dinámicas de la emoción que su estado estacionario.

Segundo, las economías “sin shocks” simplemente no existen. No se puede esperar estar tranquila y confiada para actuar, porque esta circunstancia nunca llega. Más aún, en los últimos años el mundo parece ser sacudido por shock tras shock, sin solución de continuidad. La gran recesión de 2007-2009 fue reemplazada por la crisis de los países periféricos de Europa hasta casi 2013, tras lo cual sobrevino la pandemia y, como frutilla del postre, la guerra en Ucrania.

Tercero, no solo los shocks se han vuelto más frecuentes, sino que además la economía global se revela como mucho más vulnerable que en el pasado, en parte por su crecientes vínculos productivos y financieros. En este mundo, pequeñas disrupciones parecen tener efectos ampliados y persistentes.

Cuarto, la economía depende de la emoción, sí, pero no sólo de ella. Las políticas confiables a veces no funcionan, porque la credibilidad por sí sola no define su eficacia. Un ajuste fiscal puede ser todo lo creíble que se requiera, pero sus impactos recesivos de corto plazo siguen existiendo, y pueden minar su efectividad y su sostenibilidad.

Sin dudas, la economía necesita expandir su comprensión de la personalidad humana y de las interacciones sociales. El giro de Pareto es visto en el presente como un intento desatinado de separar la economía de la psicología y de la sociología, pero reducir la economía exclusivamente a las sensaciones es simplista y habilita las intervenciones de los charlatanes, siempre listos para introducir soluciones facilistas y milagrosas.

PM

Hace diez años que, ininterrumpidamente, la economía argentina crece en años impares (electorales) y se contrae en años pares (no electorales). Esto es así porque durante los años pares se suelen generar las condiciones (acumulación de reservas, corrección de precios relativos, etcétera) para, al año siguiente, poder aplicar la típica receta de los años electores: atraso cambiario, ingresos reales creciendo, incentivos adicionales a la demanda vía crédito subsidiado y política fiscal expansiva tanto por mayor gasto social como en obras públicas. 

Este año viene siendo, por ahora, una excepción a la regla: la economía creció en el primer semestre y se ubicó en junio un 1,3% por encima de los niveles de diciembre. Hubo dólares para importaciones y no se registraron cortes significativos de energía en las industrias. El tipo de cambio oficial avanzó 21,9% en el semestre, mientras que la inflación trepó al 36,2%. Como contrapartida, al Banco Central se le volvió cuesta arriba comprar dólares en el mercado y tuvo que poner un fuerte torniquete a las importaciones a fines de junio para sumar reservas netas. 

Por el lado fiscal, el balance de junio mostraba un déficit primario viajando al 3,4% del PBI en los últimos doce meses, casi un punto por encima de la meta de 2,5% acordada con el FMI, con todos los rubros del gasto creciendo más que la inflación. La escasa previsibilidad económica, la incipiente crisis política y las crecientes dudas de los inversores acerca de las posibilidades del gobierno de refinanciar vencimientos venideros, hicieron colapsar al mercado de deuda en pesos en junio. La historia a partir de allí es por demás conocida: el Banco Central emitió más de un billón de pesos para sostener el precio de los títulos públicos y en medio del -desprolijo- cambio de nombres en el Ministerio de Economía se dispararon nuevamente los dólares alternativos. 

A falta de poco más de cuatro meses para cerrar el año, el escenario macroeconómico es muy diferente al del típico año par: 1) el Central está lejos de conseguir un colchón de divisas que le permita apreciar el tipo de cambio real el año próximo; 2) el Ejecutivo no tiene margen para hacer política fiscal expansiva porque no cuenta con fuentes “genuinas” de financiamiento; 3) el persistente desbalance de precios relativos pone un piso a la inflación de los próximos meses y dificulta el repunte de los ingresos reales. 

Lo cierto es que a la economía argentina no le queda demasiado espacio para seguir apreciando el tipo de cambio en términos reales y financiando importaciones “baratas” a costa de una sangría constante de reservas internacionales. Dado que la devaluación del tipo de cambio oficial no está en la agenda del Gobierno, para fortalecer las reservas internacionales el flamante ministro trabaja en mecanismos para incentivar la oferta de divisas en el mercado de cambios, a la vez que busca cerrar préstamos con bancos internacionales y organismos multilaterales de crédito. Lo cierto es que si no llegan los dólares suficientes anticipados del campo o préstamos generosos de bancos extranjeros y organismos internacionales, la única forma de ahorrar divisas sin devaluar es volviendo a poner un torniquete a las importaciones, afectando la actividad económica. 

Donde sí hubo algunos avances concretos en las últimas jornadas fue en el plano fiscal. Con el propósito de ajustar el gasto en subsidios energéticos y reducir el déficit operativo de AySa, la semana pasada se anunció la segmentación tarifaria para los servicios de electricidad, gas y agua. La mejora fiscal se concentraría principalmente en electricidad, ya que la temporada alta de consumo de gas va quedando atrás junto con las bajas temperaturas invernales, y la segmentación para el caso del agua comenzará recién en noviembre. El ahorro total entre subsidios a la electricidad, gas y agua sumaría 0,2 puntos del PBI respecto al escenario en el que no se aplica la segmentación. En cambio, si simulamos que la segmentación y el tope al consumo residencial para los casos de la electricidad y del gas se hubiesen aplicado a comienzos del año, el ahorro en subsidios hubiera sido de 1,6 p.p. del PBI. 

En cuanto a la inflación, el impacto directo de todo el proceso de segmentación de tarifas, que comienza en agosto y termina en marzo de 2023, será de casi 2 p.p. adicionales sobre la inflación general, de los cuales un punto se sumaría a la inflación de 2022 y el resto durante el primer trimestre de 2023. Si sumamos el impacto indirecto (suba de costos de los comercios), el efecto total sobre la inflación podría rozar los 3 puntos porcentuales. En concreto, este año la suba de tarifas y el impacto sobre la inflación serán elevados y el ahorro fiscal en subsidios será bajo, pero esta relación se invertiría en 2023. Y en esta instancia, la pregunta es si el Gobierno seguirá ajustando tarifas en los próximos meses para que los subsidios no vuelvan a inflarse debido al incremento en los costos o utilizará el margen generado este año para dejar atrasar nuevamente las tarifas de servicios públicos y mejorar el ingreso disponible del electorado. 

A la fuerza, más que por decisión propia, parece haber arrancado el ajuste de los años pares. Esta vez, la intención política es que sea sin un ajuste brusco del tipo de cambio oficial. A pesar de que la economía crecerá en el promedio del año favorecida por el arrastre estadístico que dejó 2021, en el segundo semestre del año registraría una caída no menor a 2%. Los dos grandes interrogantes son si el gobierno logrará hacerse de los dólares necesarios para llegar a 2023 sin sobresaltos cambiarios y si los contratiempos podrán evitarse de otra forma que no sea a costa de una fuerte recesión. De esta dinámica dependerán las chances electorales del oficialismo. 

LG