La Cámara Federal porteña confirmó el martes último el procesamiento del exfuncionario Gustavo Marcelo Gentili por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y lavado de activos, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Gentili se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre 2008 y 2015, durante el último gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cumplió un rol central en el manejo del dinero de los peajes que millones de usuarios pagan de su bolsillo al transitar por las rutas.

A finales de marzo, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Gentili; a su segunda esposa y también exfuncionaria, Laura Andino; a su hermano y a otros cinco imputados que habrían actuado como sus prestanombres o cómplices en la adquisición de una consultora privada y en el supuesto desvío de un millón de dólares, como adelantó este medio. Si bien los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II del tribunal de apelaciones, confirmaron los procesamientos, declararon la nulidad de los montos embargados por el juez de primera instancia, de entre $900 millones y $400 millones. También revocaron las prohibiciones de salida del país a los procesados, medidas que habían sido dictadas por Casanello. 

La investigación del juzgado federal número 7 sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas entre 2008 y 2010 (peajes de los corredores viales número 4 y 8) que exigían que los postulantes realizaran sus ofertas con el “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, según el procesamiento. 

Los dos grupos de empresas que ganaron las licitaciones de los corredores fueron los que contrataron para esa tarea a Consular, que sería del exfuncionario Gentili .El corredor 4 fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por CCI Construcciones y Corsan Corviam Construcciones SA; mientras que el corredor 8 se adjudicó a Corredor Central SA, una alianza entre Supercemento, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA. No se conocen aún las explicaciones sobre sus motivos para contratar a Consular y si habrían o no incurrido en alguna irregularidad. 

Gentili presidía entonces la “Comisión de Concesiones” que analizaba las ofertas de las compañías y que debía emitir las recomendaciones finales. Además, la contratación de la consultora sólo podía modificarse con la autorización previa del organismo que dirigía Gentili, el Occovi, según consta en el procesamiento. 

Como parte del negocio, la consultora no sólo ganaba contratos para hacer los estudios exigidos por el Occovi sino que además seguía cobrando a lo largo de la concesión, durante años: debía ser contratada por las concesionarias para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juez.

Vínculos con la consultora

Según la investigación, en 2005, Gentili y dos empresarios habrían adquirido Consular, sólo que Gentili lo habría hecho a través de un presunto prestanombre: su abogado Ricardo López Naon, quien se negó a declarar ante el juez durante su primera indagatoria.

La segunda esposa de Gentili, Laura Andino, era entonces interventora del Estado en Autopistas del Sol (entonces a cargo de un consorcio integrado por Sideco, de la familia Macri). Pero además, trabajó en Consular realizando tareas administrativas, según explicó en un escrito ante el juzgado, en el que sostuvo que no participó de ninguna decisión contable, comercial o financiera.

Entre otras pruebas recolectadas por el juzgado, se estableció que Gentili y su esposa también utilizaban un Audi A3 que pertenecía a uno de los socios visibles de Consular, explicó el juez, y que el funcionario era copiado en los e-mails que intercambiaban los socios visibles de la consultora. Uno de ellos, incluso, registra, hasta 2011, 1.340 entradas al country donde viven Gentili y Andino.

La sospecha de lavado

El expediente tiene un segundo capítulo enfocado en el patrimonio de Gentili y su relación con sociedades en el extranjero, según informó una fuente judicial del caso.  El matrimonio también está imputado por el supuesto desvío de alrededor de un millón de dólares a partir de 2013, a través de transacciones con presuntos prestanombres, sociedades extranjeras, préstamos simulados y compra de bonos. Parte de ese dinero, fue utilizado para la refacción de la casa del country donde vivían pero otra porción de los fondos tiene destino incierto para los investigadores, según confirmó una fuente directa del expediente.

Durante su primera indagatoria ante el juez, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante. Ante la Cámara Federal, su abogado dijo que el acuerdo entre la consultora y las concesionarias de los corredores 4 y 8 era un acuerdo entre privados. 

En 2016, Gentili fue blanco de los Panamá Papers por la vinculación de su hermano con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario La Nación. Dicha offshore es una de las compañías en la mira del juzgado.

La empresa Consular, por otra parte, sigue operando en el mercado de la obra pública. En una presentación ante el juzgado, los socios de la consultora solicitaron que se levante la inhibición general de bienes que pesa en su contra (una medida que se extendió a todos los imputados) para poder continuar en el registro de proveedores del Estado. Según los representantes de la compañía, sus principales clientes actualmente son los gobiernos provinciales y la inhibición les impide licitar y afrontar sus gastos, lo que, sostienen, podría llevar a Consular a la quiebra.

ED

El oficialismo busca llegar a diciembre con los candidatos para ocupar al menos cuatro vacantes clave en los tribunales federales de Comodoro Py, principal foco de tensión entre el gobierno de Alberto Fernández y el Poder Judicial.

Los concursos para seleccionar jueces están a cargo del Consejo de la Magistratura, el organismo que también controla y sanciona a los magistrados federales y nacionales. El programa para este año es resolver entre junio y julio las ternas de al menos dos juzgados de primera instancia y dos vacantes en la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los magistrados que investigan causas de presunta corrupción. Así, el oficialismo apuesta a que los candidatos de Fernández tengan sus pliegos en el Senado para diciembre próximo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales en el Consejo de la Magistratura. 

Se trata de los juzgados federales de primera instancia número 11 y 6, que dejaron vacantes Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (quien se jubiló a mediados de 2020). Son dos de los tres juzgados de Retiro vacantes (el tercero es el número 12, que dejó Sergio Torres para asumir en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires).

Jura Boico 

Este miércoles, Roberto Boico jura como juez en la Cámara Federal porteña. El exabogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el segundo camarista nombrado por el Presidente en el tribunal de apelaciones, pero el primero que atravesó un concurso durante la gestión de Fernández. En febrero, el juez Eduardo Farah fue reasignado a su antigua vocalía en la Sala II de la Cámara, tras la resolución del Consejo y la aprobación final del Presidente.

Pero además, el oficialismo apuesta a que Fernández envíe al Senado alrededor de diciembre a sus candidatos para ocupar las vocalías que actualmente están a cargo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Eso le permitiría a Fernández nombrar a cuatro de los seis miembros del tribunal, si logra el acuerdo del Senado.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde otros tribunales a la Cámara Federal porteña en 2018 (durante el gobierno de Mauricio Macri), pero deberán dejar esos cargos por impulso del oficialismo y un fallo de la Corte Suprema que los confirmó de manera transitoria hasta que finalicen los concursos pendientes para esas vacantes. 

Las funciones de los camaristas son centrales para el poder político: son quienes deben confirmar o revocar los procesamientos, sobreseimientos, prisiones y libertades de los investigados por presunta corrupción, entre otras atribuciones, como indicar medidas de prueba a los jueces de primera instancia.

Cuatro de seis

El 13 de abril, se vence el plazo para que el diputado Pablo Tonelli (uno de los representantes de la oposición en el Consejo) presente la orden de mérito del concurso para las dos vacantes que deberán dejar Bruglia y Bertuzzi, informó una fuente del Consejo. Luego, el organismo debe analizar los exámenes escritos, tratar las posibles impugnaciones y realizar las entrevistas a los concursantes para la elaboración de la terna. “Los tiempos dan para comenzar a elaborar las ternas a mediados de año”, aseguró una fuente de la oposición ante la consulta de los planes del oficialismo.

Luego será el turno de los juzgados federales 6 (Canicoba Corral) y 11 (Bonadio). En los próximos días también comenzará el concurso para cubrir dos vocalías en la Cámara Federal de La Plata, otro tribunal que el poder político observa con interés.

El representante del Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, es quien busca lograr los votos de los aliados circunstanciales del oficialismo para elaborar las ternas de candidatos a ocupar los juzgados. El oficialismo requiere 9 de los 13 votos del organismo para aprobar las ternas de jueces que envía al Presidente. Fernández luego debe seleccionar a uno de los tres candidatos para enviar su pliego al Senado y lograr su aprobación. 

“En esas alianzas, los representantes de los jueces en el Consejo son clave, aunque no siempre votan o votarán con el oficialismo”, aseguró una fuente de la oposición en el organismo. “La negociación es día a día y dependen mucho de las ternas. Todo va a ser parte de arreglos. Los jueces también quieren nombrar a sus propios candidatos para las vacantes en juzgados y tribunales”, agregó la fuente consultada.

El Consejo de la Magistratura está integrado por trece miembros: tres legisladores del oficialismo y otros tres de la oposición; tres representantes de los jueces; dos en representación de los abogados; el representante del Ejecutivo; y el actual presidente del Consejo, Diego Molea, por los académicos, alineado con el Gobierno. 

ED