El 29 de marzo de 1962 quedó marcado como una de las fechas más significativas de la inestabilidad política argentina del siglo XX. Ese día, el presidente Arturo Frondizi fue derrocado por las Fuerzas Armadas tras una profunda crisis institucional que venía gestándose desde semanas atrás.

El conflicto se desató luego de las elecciones provinciales en las que el peronismo —proscrito a nivel nacional desde 1955— logró imponerse en varios distritos clave. La decisión del gobierno de permitir su participación electoral generó un fuerte rechazo en sectores militares, que consideraban inadmisible cualquier avance del movimiento liderado por Juan Domingo Perón en la vida política argentina.

Presionado por las Fuerzas Armadas, Frondizi intentó sostener su gobierno mediante intervenciones a provincias y negociaciones políticas, pero la crisis escaló rápidamente. Finalmente, en la madrugada del 29 de marzo, fue detenido en la residencia de Olivos y trasladado bajo custodia a la isla Martín García.

Tras su derrocamiento, se abrió un escenario de incertidumbre institucional. Para evitar una ruptura total del orden constitucional, se instrumentó una salida formal: el presidente provisional del Senado, José María Guido, asumió la primera magistratura. Sin embargo, su llegada al poder estuvo fuertemente condicionada por las Fuerzas Armadas, que mantuvieron un rol decisivo en el rumbo del país.

El episodio evidenció la fragilidad de la democracia argentina en aquellos años, atravesada por la proscripción del peronismo, las tensiones ideológicas de la Guerra Fría y la recurrente intervención militar en la política. La caída de Frondizi no solo interrumpió su mandato, sino que también profundizó un ciclo de inestabilidad que se prolongaría durante la década.

Presidente de la república entre 1958 y 1962, Frondizi representa, para muchos el ejemplo más cabal del político de ideas, del estadista con vista de águila. Su nombre está asociado al proyecto desarrollista, que quiso hacer de la Argentina una moderna nación industrializada, que crecía gracias al concurso del capital extranjero.

Para otros, sin embargo, la figura de Arturo Frondizi evoca el maquiavelismo político y la política sin principios. En este episodio de Historiar, Carlos Altamirano recorre la biografía de Frondizi, desde sus modestos orígenes en una familia inmigrante, pasando por su militancia en la izquierda de la Unión Cívica Radical, su llegada a la Casa Rosada, los dilemas que enfrentó durante su gobierno, y su derrocamiento y ocaso como figura pública.  

Conducción: Roy Hora

Entrevistado: Carlos Altamirano

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

Historiar es un podcast creado y producido por la AsAIH, la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

El nombre de Arturo Frondizi está asociado al proyecto desarrollista, que quiso hacer de la Argentina una moderna nación industrializada, que crecía gracias al concurso del capital extranjero. Para otros, sin embargo, su figura evoca el maquiavelismo político y la política sin principios.

En este episodio de Historiar, Carlos Altamirano recorre la biografía de Frondizi, desde sus modestos orígenes en una familia inmigrante, pasando por su militancia en la izquierda de la Unión Cívica Radical, su llegada a la Casa Rosada, los dilemas que enfrentó durante su gobierno, y su derrocamiento y ocaso como figura pública.

Conducción: Roy Hora

Producción y edición de sonido: Ian Gutiérrez y Martín Schindell

HistoriAr es un podcast creado y producido por la Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH). Cada episodio aborda un tema específico de historia argentina, latinoamericana o mundial.

AsAIH

Los flashes en el quinto piso del Ministerio de Economía empiezan a apagarse. La llegada rutilante de Sergio Massa, dos meses atrás, y los resultados iniciales que alejaron el colapso inminente abren paso ahora a una etapa donde el camino será más escabroso, tenso, friccionado. La muy relativa calma financiera, lograda con fórceps y alquimias cambiarias, sobrevivirá si –y solo si– el Gobierno logra reducir la inflación de forma sensible. 

Es impensable que a velocidades de 7% mensual solo el enfriamiento que ya se observa en la actividad económica y la restricción fiscal y monetaria que está implementando el ministro alcanzarán para dar vuelta el escenario proyectado de los precios en los próximos meses. Son instrumentos necesarios, sin duda, que bajo ciertas circunstancias desinflan los precios. Pero el tiempo para que eso suceda y los equilibrios sociales en las sociedades democráticas muchas veces complican el proceso. El ajuste es apenas una condición necesaria, pero se requiere más, bastante más, para lograr una estabilización consistente. 

Así como están presentadas las cartas, es inviable que la inflación pueda bajar 40 puntos en 2023, como proyecta el presupuesto. Pensamiento mágico, que esconde el habitual uso discrecional de los excedentes fiscales al que apela todo gobierno cuando la meta es superada. O, tal vez, la pista de que está en proceso un intento más consistente de estabilización del que está puesto sobre la mesa hasta ahora. 

La historia de las desinflaciones, aquí y en el mundo, enseña que los planes se van consolidando, a veces durante largos meses, con medidas previas, que pueden incluir retoques en ciertos precios (combustibles, tarifas) o incluso salarios y jubilaciones. Están los programas basados en típicos ajustes macroeconómicos, o los que buscan consensos sociales más o menos amplios para hacer menos dolorosa la transición. 

En la Argentina hubo de todo tipo. Las experiencias de 1959 (Frondizi-Alsogaray) con 120% de inflación y 1985 (Alfonsín-Sourrouille) con 700% giraron sobre la disciplina fiscal y monetaria y la contracción de la actividad y los salarios. El “hay que pasar el invierno” de Alsogaray incluyó una devaluación real del 15% y un apretón monetario de 8 puntos del PBI, en el contexto de un acuerdo con el FMI. El Plan Austral, en tanto, redujo 4 puntos el déficit primario y en 1985 el PIB cayó 7 puntos. 

Por el contrario, el Pacto Social de 1973 fue un ajuste expansivo (subieron salarios, PIB y agregados monetarios), se apreció el tipo de cambio real y no hubo ajuste fiscal. Todo centrado en “coincidencias programáticas” y un plan trianual que logró bajar la inflación… un año.

En el otro extremo aparece la convertibilidad, que pulverizó la inflación a costa de una grave desarticulación productiva y un desempleo muy elevado, pero que además requirió de un masivo flujo de dólares y un violento ajuste previo (la cuasi-hiper de 1989 y el draconiano recorte fiscal y monetario de 1990). Nada de eso está disponible hoy. 

Massa ya tiene en la cancha varios instrumentos estabilizadores. El ajuste del gasto primario en términos reales es significativo, para cualquier comparación de este período de gobierno. Las tasas de interés vuelven a ser positivas, como en la era Macri. Se viene acelerando la depreciación diaria del peso y las tarifas públicas abandonan sus tiempos populistas. Habrá quienes digan que no es lo suficientemente agresivo para bajar la inflación, pero lo cierto es que el viraje hacia la ortodoxia es innegable. Es un ajuste peronista inserto en un equilibrio social inestable.

Sin embargo, una anatomía más adecuada y quizá posible para cierta estabilización de los precios hasta el final de la gestión Fernández requiere de otros elementos. El principal, dólares en las reservas para estabilizar las expectativas una vez decidida la devaluación. En 1959 los dólares ingresaron por el fuerte impulso a la inversión extranjera directa, aportes del FMI y la liberalización del mercado de capitales, que llevó el déficit de cuenta corriente por encima de los 4 puntos del PBI en 1961. En 1985 las reservas fueron apuntaladas por el FMI y el Tesoro norteamericano. En 1991, por las privatizaciones y el seguro de cambio de la convertibilidad.

No solo eso. Esta inflación, un bestia que cambió de forma en los últimos años y se volvió más resistente, demanda acciones para reducir la inercia, el ajuste de contratos (salarios incluidos) mirando la inflación pasada. Es probable que no se necesite, como en 1985, un “desagio”, pero sí un congelamiento posterior a la corrección y ruptura de contratos. 

El riesgo de espiralización sigue latente si no se anclan las expectativas (para lo que se necesitan suficientes dólares en las reservas del Banco Central), y siguen sin aparecer señales claras respecto de la política salarial. 

La estabilización es un camino doloroso, que demanda tiempo (escaso para este gobierno) y coordinación. Si sus costos iniciales se sostienen políticamente y las reformas y acuerdos son creíbles, la inflación empieza a ceder. ¿Massa cuenta con opciones menos duras? Seguir con este ritmo inflacionario es condenarse a una rápida aceleración. ¿Podrá instrumentar cierta estabilización en el último año de gobierno, elecciones mediante? Casi siempre, las temporadas en el quinto piso del Ministerio no son como se quieren, sino como se pueden. 

RD

Por más lejano que pueda sonar para la Argentina todo lo relacionado a la Reina Isabel II del Reino Unido, fallecida a los 96 años, la histórica referente de la Realeza británica tuvo algunos puntos de contacto con el país, a pesar de que se destaca el hecho de que varios miembros de su familia visitaron estas tierras pero ella no.

El mismo día en que asumió al frente del trono, el 2 de junio de 1953, rechazó una propuesta del entonces presidente argentino, Juan Domingo Perón, para comprar las Islas Malvinas, que llevaban en ese momento 120 años ocupadas por el Reino Unido.

El encargado de llevar la oferta fue el vicepresidente, Alberto Teisaire, un contraalmirante mendocino que viajó con el título de embajador extraordinario y plenipotenciario con la misión especial de representar a la Argentina en la ceremonia de coronación de la flamante monarca, quien se aprestaba a reemplazar en el trono a su fallecido padre, Jorge VI.

Aquel martes, Teisaire estuvo ubicado en uno de los palcos tapizados de azul del coro de la Abadía de Westminster, lugar en que estuvieron los representantes extranjeros.

“La Argentina quiso honrar doblemente a Gran Bretaña, enviándole a la personalidad que sustituye al presidente Perón cuando éste se halla ausente y que es, al mismo tiempo, en eminente representante de aquella de las tres armas que cuenta con la predilección británica”, publicó al día siguiente el diario Clarín basándose en un cable de la Agence France Presse (AFP).

Pero la “misión especial” del contraalmirante no se limitó a representar al país en la coronación de la monarca, sino que también fue el encargado de formalizar una propuesta de Perón para recuperar las Islas Malvinas.

Durante un encuentro privado en el Park Lane Hotel, el vicepresidente informó al entonces subsecretario de Exteriores británico con responsabilidad sobre los asuntos latinoamericanos, lord Reading (Gerald Rufus Isaacs), sobre la intención de la Casa Rosada de comprar el archipiélago ocupado por el Reino Unido desde enero de 1833.

Según documentos oficiales británicos desclasificados en enero de 1984, el mendocino manifestó que el Gobierno “deseaba que las relaciones económicas anglo-argentinas se establecieran sobre una base firme, y que su propuesta era que, como parte de algún arreglo a largo plazo, Gran Bretaña debería renunciar a todos los derechos y reclamaciones sobre las Islas Malvinas”.

Aunque no se ofreció una cifra específica, el funcionario del Reino Unido rechazó tal propuesta y justificó la negativa al señalar que “los habitantes de las Islas Malvinas eran británicos, y si se celebraba un plebiscito, votarían prácticamente por unanimidad para permanecer bajo la bandera británica”. En el documento se agregó, entre paréntesis, que “el almirante estuvo de acuerdo en que probablemente era cierto”.

También quedó registrado en esos informes desclasificados que lord Reading le dijo a Teisaire que “era inconcebible que cualquier Gobierno británico considerara la venta de las islas”.

“Si lo hicieran, se produciría de inmediato un tremendo clamor popular y el Gobierno ciertamente sería derrocado”, analizó en aquella reunión privada el subsecretario de Exteriores británico con responsabilidad sobre los asuntos latinoamericanos.

Siete años después, en el marco de una gira por Europa, el presidente Arturo Frondizi recibió una invitación del Gobierno británico para hacer una escala en Londres: el referente desarrollista aceptó y aterrizó con motivo de una visita oficial.

Una de las tantas actividades que mantuvo el líder del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) en la capital del Reino Unido fue la asistencia a un banquete ofrecido por la Reina Isabel II.

En ese contexto, Frondizi fue condecorado con el título de Caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge.

En tanto, en 1998 el entonces mandatario, Carlos Menem, también estuvo en el Reino Unido y tuvo la oportunidad de compartir un almuerzo con la soberana británica en el Palacio de Buckingham: allí, el riojano protagonizó un insólito momento para el protocolo real cuando colocó sobre los hombros de la monarca un poncho de vicuña.

Al igual que Frondizi, Menem también fue condecorado con el título de Caballero de la Gran Cruz de la Orden de San Miguel y San Jorge.

Uno de los datos que sorprende en el vínculo entre la Argentina y la fallecida Reina es el hecho de que nunca haya visitado el país: varios miembros de la familia real estuvieron por estas tierras, pero lo más cerca que estuvo ella fue cuando visitó Brasil y Chile en 1968 junto al príncipe consorte Felipe.

Éste último, fallecido el 9 de abril de 2021 a los 99 años, sí había estado en la Argentina: dos veces en las Islas Malvinas (ocupadas por el Reino Unido desde 1833) y otras dos ocasiones en el territorio continental, donde incluso se comenta que tuvo un amorío con Magdalena “Malena” Nelson Hunter de Blaquier, una hermosa mujer de la clase alta que había estado casado con el empresario Juan José Silvestre Blaquier Elizalde.

Su segundo hijo varón, el Príncipe Andrés, combatió en la Guerra de Malvinas como piloto de helicópteros en el portaaviones HMS Invincible.

También es recordada la visita de la princesa de Gales, Lady Di, en noviembre de 1995, ocasión en la que -entre otras actividades- tomó el té en Gaiman, una ciudad chubutense reconocida por la influencia de los inmigrantes galeses.

En octubre de 2018, la Princesa Ana, hija de la fallecida monarca, estuvo en Buenos Aires en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Además, la actriz estadounidense Meghan Markle, casada con su nieto el Príncipe Harry, tuvo un paso por la Argentina en 2002, tras obtener un doble título en Relaciones Internacionales y Teatro en la Northwestern School of Communication, en Illinois.

Concluida su etapa universitaria, Markle, que en ese momento tenía 20 años, aplicó para una práctica en el Departamento de Estado norteamericano y logró un puesto en la representación diplomática ante la Argentina.

“Terminé trabajando en la Embajada en Buenos Aires por un par de meses. Fue durante la devaluación económica”, recordó una vez la artista en una entrevista.

Y agregó: “El secretario del Tesoro en ese momento, Paul O ´Neill, estaba allá. Tenía 20 años, en Buenos Aires, en una caravana, haciendo todo eso. Pensé en serio que tendría una carrera en política”.

Sin embargo, al finalizar su pasantía la joven volvió a Estados Unidos y allí tomó contacto con un productor de televisión, en lo que fue el comienzo de su historia artística.

Con información de NA.

IG

A comienzos de los años 60, el gobierno de Arturo Frondizi tomó una medida trascendental para la historia de la represión en la Argentina: la autorización a las Fuerzas Armadas para que intervengan en la persecución política de civiles en el marco de la “resistencia peronista”. El Plan de Conmoción Interna del Estado (CONINTES) se aprobó inicialmente el 14 de noviembre de 1958 mediante el decreto secreto 9880, en plena vigencia del estado de sitio y en un contexto dominado por los conflictos sindicales que comenzaban a resurgir en diferentes puntos del país. 

La amenaza interna se asociaba con los trabajadores sindicalizados, mencionando el decreto 9880 un “grave estado de necesidad” existente. Esto se debía a una serie de “perturbaciones advertidas en distintos aspectos de la vida nacional” que ponía en peligro sus instituciones y el orden público. Se expresaba que “las Fuerzas Armadas deben proceder con toda rapidez y absoluta energía a efectos de asegurar el pronto restablecimiento del orden público”. 

El Plan CONINTES se activó el 13 de marzo de 1960 a través de un decreto que otorgaba a las Fuerzas Armadas el mando de las fuerzas de seguridad, estableciendo además un sistema de jurisdicciones especiales. De esa forma, las Fuerzas de Seguridad quedaron bajo el control operativo de las Fuerzas Armadas, una disposición que se repetiría varias veces en los años siguientes. El Plan se activó para enfrentar una ola de atentados ejecutados por los “comandos” de la “resistencia”, aunque en sus inicios se lo había delineado para la represión del movimiento obrero. 

Los resultados del Plan CONINTES muestran que tuvo un efecto devastador sobre los “comandos” de la “resistencia” y el movimiento obrero, eliminando sus acciones en poco más de un año. Si 1959 y los primeros meses del año siguiente marcaron el punto máximo de la cantidad de atentados y operaciones clandestinas, a partir de marzo de 1960 se mostró una cara inversa. Ese año indica el punto crítico en que las acciones de los “comandos” comenzaron a separarse de las bases obreras, debilitadas por la marcada reducción en la cantidad de huelgas, la desmoralización, la represión y la detención de miles de militantes peronistas. A este panorama se agregaba la recesión por las políticas económicas aplicadas desde 1959.

La puesta en marcha del Plan surgió de una decisión de las autoridades políticas y las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se gestó esa opción? Gran parte de la bibliografía sobre el tema considera que fue el resultado de la presión castrense sobre el gobierno: éste se habría visto forzado a dictar los “decretos CONINTES” para contener la amenaza golpista de los militares, dándoles la autorización para reprimir a la “resistencia peronista”. Un conjunto de nuevas fuentes disponibles en el Fondo del Centro de Estudios Nacionales, en la Biblioteca Nacional, ayuda a complejizar este cuadro de situación y muestra una faceta antes desconocida. 

La discusión de las medidas a aplicar contra los detenidos sirvió para que el gobierno y los militares debatieran sobre el tipo de estado de excepción a implementar. El 14 de marzo de 1960 tuvo lugar una reunión clave en el despacho presidencial entre las autoridades políticas y los representantes de las Fuerzas Armadas. En ella participaron Arturo Frondizi junto al ministro de Defensa, Nacional Justo Villar; el secretario de Guerra, general Rodolfo Larcher; el secretario de Marina, contralmirante Gastón Clement; el secretario de Aeronáutica, brigadier Jorge Rojas Silveyra y el jefe de la Casa Militar, brigadier Baldomero Llerena.

Luego del inicio del CONINTES, el secretario de Guerra Larcher le pidió al presidente que declarara la ley marcial con urgencia. La ley marcial –a diferencia del estado de sitio– implicaba el reconocimiento de una situación de guerra, poniendo en cuestión el orden constitucional. Esto implicaba el establecimiento de una lógica bélica para la conducción del Estado: la unidad de los mandos político y militar. La justicia castrense adquiría un rango de primacía por sobre el fuero civil.

Los militares querían imponer un estado de guerra interna para tener mayores prerrogativas, una opinión que contaba con un amplio apoyo en las tres armas. El 26 de mayo de 1960 tuvo lugar una reunión de oficiales superiores de la Armada y la Aeronáutica en el portaviones Independencia: el objetivo fue analizar diferentes aspectos de la coyuntura de conflictividad interna en curso. En el encuentro – consignado en un informe que poseía Frondizi– marinos y aviadores coincidieron en que “no existe otra alternativa que actuar con las Fuerzas Armadas no como función policial, con restricciones contraproducentes, sino con plenas atribuciones militares”. Se señalaba algo similar a lo expresado por el general Larcher al afirmar que “el Estado posee medios legales tales como la ley marcial, que aplicada por un breve plazo no superior a las 48 horas y con esa duración fijada de antemano por el decreto respectivo, se conseguiría clarificar totalmente el estado ambiental terrorista que viven ciertos sectores del país”.

El actor castrense se mostraba en desacuerdo con la aplicación del Plan CONINTES. Según el informe, los representantes de la Marina y la Fuerza Aérea opinaban: “actualmente, la intervención militar […] prolonga innecesariamente, la solución del problema. […] la expresión ‘ni chicha ni limonada’ es bien gráfica para definir la situación con el Conintes actual. Es decir que la aplicación de la ley marcial por un plazo determinado y mínimo es una de las conclusiones a que se arriba en este tema”. 

Los militares advertían que el Plan era ilegal debido a que sólo tenía las firmas del presidente y el secretario de Guerra, sin mención a los demás ministros. Otro informe –también en poder de Frondizi– que reunía la opinión del alto mando del Ejército se inscribe en una tendencia similar. Se consideraba que “el Presidente de la República debe proceder a levantar la vigencia del Plan Conintes, que a la fecha está ocasionado ‘creciente malestar’ en las Fuerzas Armadas y muy especialmente en el Ejército”. Se indicaba, no obstante, que aquella medida debía tomarse luego de que el Congreso sancionara una “Ley de Seguridad Social” e interviniera las universidades, iniciando un plan de lucha contra el “comunismo”. 

Las Fuerzas Armadas opinaban que debía avanzarse en la creación de un estado de excepción que incluyera la pena de muerte y se extendiera más allá de cualquier marco legal de tiempos de paz, incluida la Constitución. En otro informe que poseía Frondizi, el general Carlos Peralta se mostraba de acuerdo con tener una ley que eliminara el “terrorismo” por medio de la pena capital. El general Juan Picca, por su parte, afirmaba que “a los terroristas hay que fusilarlos. Urge la ley [de pena de muerte]”. Varios militares más expresaban su preocupación frente a un poder legislativo que –según ellos– era hostil frente a esa solución. El teniente coronel Jorge Shaw señalaba que “nuestra preocupación máxima es el Congreso. Están en el torpe propósito de allegar votos mientras el país quiere ser dominado por las bombas. ¿Hasta dónde se podrá ir en este problema?”.

El coronel Osiris Villegas fue quien mejor sintetizó la encrucijada entre el orden legal y el enfoque contrainsurgente: “la situación es grave; si hay que tomar medidas inconstitucionales, a ello nos obligarán los hechos. Por encima de la constitución está el país. Parece mentira que el Congreso se oponga al orden en el país. ¿Qué es lo que pretenden? Urgen las medidas: si no, no sé qué ocurrirá”. La declaración de un estado de necesidad buscaba constituirse en la garantía para la transgresión de la ley. La lógica de la excepción determinaba una concepción de la Constitución y del Congreso que los asociaba con obstáculos para la acción represiva. 

Para Frondizi, la declaración de la ley marcial significaba algo que no estaba dispuesto a reconocer: una situación de guerra civil. En la reunión del 14 de marzo el presidente sostuvo que los tribunales militares podían establecerse bajo el amparo de la normativa de defensa de tiempos de Perón, ya que “la misma considera el estado de Conmoción Interna, y tal estado existe. No podemos dar un bando para todo el país, además cualquier juez ante un pedido de amparo y por la falta del Estado de Guerra, hará lugar al mismo y pondrá en libertad al recurrente”. Ante la insistencia del general Larcher para dictar la ley marcial, el presidente convocó a los asesores legales de las Fuerzas Armadas: se debía discutir la herramienta jurídica para que el actor castrense juzgara a los civiles. 

Una vez que los asesores militares llegaron a la reunión, Frondizi los interrogó sobre la cuestión más problemática: “¿El Poder Ejecutivo puede en cualquier caso imponer la pena de muerte? Sería cuestión de analizar: 1). La actitud de un juez ante un bando. 2). La aplicación de la Ley 13234 con los Tribunales Militares. 3). La pena de muerte para cualquier procedimiento”. La respuesta del auditor de las Fuerzas Armadas coronel Horacio Mainar fue contundente: mientras los poderes ejecutivo, legislativo y judicial estuvieran funcionando normalmente, el presidente no podía gobernar mediante bandos militares en tiempos de paz.

El presidente no podía arrogarse dentro la Constitución la facultad de declarar la pena de muerte. El general Larcher sentenció en desacuerdo: “es necesario salirse de la Constitución para defenderla”. Sin embargo, el secretario de Guerra no obtuvo lo que deseaba. Frondizi ordenó a los asesores legales militares redactar un proyecto dentro de los marcos constitucionales que no pudiera objetarse jurídicamente.

La postura de Frondizi terminó por imponerse después de arduas discusiones. El general Larcher insistía en declarar la ley marcial, proceder a la creación de tribunales militares facultados para juzgar civiles y, de ser necesario, dictar la pena capital. El secretario de Guerra manifestó: “existe una gran inquietud en el Ejército, se pide que se den las armas para castigar. El estado Conintes nos transforma en simples policías. Si se puede tomar una medida legal y vigorosa, creo que esta inquietud desaparecerá”.

El presidente defendió el Plan CONINTES y salió al cruce afirmando: “el pasaje de la policía a depender del Ejército se realizó por pedido del Comandante en Jefe del Ejército [el general Carlos Toranzo Montero]”. Luego de este planteo, las autoridades políticas y militares llegaron a un acuerdo: el 15 de marzo se publicó el decreto 2639 que estableció los consejos de guerra para civiles. En esta discusión la posición de Frondizi prevaleció por sobre la del general Larcher, que resumía la opinión mayoritaria dentro de las Fuerzas Armadas.

Se desprende una idea bastante diferente de la que sostiene la historiografía: el presidente puso en ejecución el Plan CONINTES en un contexto en el que el actor militar era contrario a esta opción. La mayor parte de la oficialidad de las fuerzas terrestres, la Marina y la Aeronáutica era partidaria de la declaración de la ley marcial por decreto o mediante un bando y el establecimiento de la pena de muerte para los delitos vinculados con actos de “terrorismo”. Había una excepción nada desdeñable: el Comandante en Jefe del Ejército, general Toranzo Montero. El presidente y el Comandante en Jefe del Ejército alcanzaron un punto de acuerdo. Esto era algo destacable: Toranzo Montero, un oficial que era tan antiperonista como anticomunista, tuvo numerosos enfrentamientos con Frondizi desde su nombramiento en 1959, especialmente por la estrategia integracionista: era partidario de una línea dura, basada en la proscripción electoral y la aplicación de medidas represivas.

La posición de Frondizi no fue de debilidad total, pudiendo imponerse en este caso. Se evitó decretar la ley marcial y la pena de muerte, una situación que desde su punto de vista hubiera implicado reconocer que el país se hallaba en un estado de guerra civil. El punto de discordia con las Fuerzas Armadas se refería a los métodos pero no al enemigo. El presidente participaba del abordaje contrainsurgente y de la vinculación del movimiento peronista con el “comunismo”. En el mensaje al Congreso de 1961, Frondizi afirmó que “el papel previsto para las fuerzas armadas ya no se limita a la defensa de la Nación de los ataques armados exteriores, sino que se extiende a la defensa del frente interno, que es donde fundamentalmente se desarrolla la guerra ideológica mediante la infiltración de individuos de ideas disolventes”. El Ejército se planteó que se debía tener un orden legal permanente para el uso de las Fuerzas Armadas en el plano interno: el gobierno nacional se propuso elaborar y sancionar un marco normativo que reemplazara la Ley de defensa 13234.

En el futuro será necesario indagar en la figura de Frondizi y buscar hasta qué punto el propio presidente estaba de acuerdo con los militares respecto de la necesidad de militarizar la seguridad interna frente a una supuesta amenaza interna revolucionaria. Por lo tanto, puede decirse que por el momento se pudo comprobar que tanto el actor político-civil como el actor militar encontraron en los tempranos sesentas un terreno de común acuerdo respecto de considerar a la seguridad interna como una esfera de intervención de las Fuerzas Armadas en clave antisubversiva. Las implicancias y la permanencia de este punto de acuerdo entre los actores señalados proyectaron su sombra sobre los años siguientes hasta llegar a la oscuridad del terrorismo de Estado de mediados de los años 70.