Javier Milei decía cuando era candidato a presidente que como economista cobraba la consulta hasta US$25.000. Su patrimonio oficial no refleja que haya acumulado tanta fortuna, aunque en su reciente declaración jurada de 2023 le apareció de repente una cuenta de US$63.000. Ahora que es jefe de Estado encabezará este miércoles una cena en la que efectivamente se cobra US$25.000 el cubierto en lo que será el lanzamiento de la Fundación Faro, un nuevo think tank libertario que le organizó su asesor estrella Santiago Caputo y que presidiriá el politólogo y bestseller ultraconservador Agustín Laje. La cita será en un hotel porteño, pero la invitación no informó cuál. Los comensales esperan un e-mail un día antes que confirme el lugar.

El hermano del consejero, el coach Francisco Caputo, fue quien se encargó de la recaudación. En general apuntó a que todas las grandes empresas nacionales compraran mesas enteras para ocho comensales al costo de US$200.000 cada una. La idea es recaudar en blanco. Una fuente cercana a Milei contó que entre las invitadas estuvieron el grupo Techint –de Paolo Rocca, de recientes elogios al Gobierno, aunque críticas a la falta de política industrial, el cepo cambiario y hasta la liberalización de la importación de chatarra–, IRSA –de Eduardo Elsztain, el que lo alojó en su hotel en la campaña y lo acompaño en visitas a la tumba de un rabino en Nueva York–, Vista Oil & Gas –de Miguel Galuccio– y Pan American Energy (PAE, de Marcos y Alejandro Bulgheroni, cuya esposa, Betina, fue designada embajadora de la Marca País).

Pero en Vista sostienen que no tienen idea del asunto y en PAE niegan haber comprado mesa. “Muchas tecnológicas y energéticas compraron”, comenta un pope empresario. Mercado Libre, de Marcos Galperin, fan de Milei, es una fija. En grupos como Clarín o Arcor comentan que no compran nunca mesas en cenas políticas. Uno de los argentinos más ricos también descarta comparecer: “El único hombre del traje gris con quien empatizo es (Joaquín) Sabina …no (Benjamín) Parravicini”, artista conocido como el “Nostradamus argentino”. A su vez, hay invitados que irán gratis porque mantienen una relación estrecha con algunos de los convocantes, como Jorge O'Reilly, fundador y director de la desarrolladora inmobiliaria Eidico, que ha compartido con Laje militancia antiabortista y ha asesorado a la Secretaría de Culto en el gobierno actual.

Los empresarios que han participado de forma activa en la génesis de la fundación son unos hermanos amigos de Caputo del country Martindale: Patricio y Germán Neuss, dueños de un grupo diversificado con 125 años de historia. Son hijos de Jorge Neuss, que en los 90 se asoció con la francesa Thales Spectrum para que el gobierno de Carlos Menem le dé el control del espacio radioeléctrico. Neuss padre y el entonces presidente jugaban juntos al golf. Después la administración de Néstor Kirchner le rescindió el contrato, sospechado de corrupción. En 2020, asesinó a su esposa y se suicidó. Sus hijos quedaron al frente de los negocios, que incluyen la distribuidora eléctrica rionegrina Edersa, energías renovables, desarrollos inmobiliarios en la Argentina, Nueva York y Miami, la empresa de verificación técnica vehicular (VTV) Sud, campos, un haras y una bodega. Estuvieron interesados en los campos maduros que vendió YPF en Chubut. La presencia de los Neuss alejó a algún empresario fan del libre mercado: “No me gustan los que sólo saben hacer negocios con el Estado”, dijo.

La Fundación Faro busca erigirse como superadora de la Pensar, la de Mauricio Macri y el PRO. Es la de Milei y La Libertad Avanza. Planea formar cuadros técnicos para dejar de depender de alianzas con otras fuerzas políticas que nada tienen que ver con las ideas del Presidente. Para ello eligió para dirigirla a Laje, politólogo por la Universidad Católica de Córdoba y master en filosofía por la de Navarra (la del Opus Dei), autor de libros contra la “nueva izquierda”, los “mitos setentistas”, la “mentira kirchnerista”, la “ideología de género” y el “adolescentrismo” y a favor de una “batalla cultural” a favor de la “nueva derecha”.

AR/MG

Aunque alineado al Gobierno, el macrismo salió a advertirle a Javier Milei sobre la creciente pobreza. Un informe publicado por la fundación Pensar, que encabeza María Eugenia Vidal y que apadrina Mauricio Macri, destaca que en la Argentina hay 25,8 millones de pobres, aproximadamente la mitad de la población. El documento se conoció este lunes, justo en el inicio de la semana en que el INDEC revelará la estadística social durante el primer semestre de la gestión libertaria. 

El informe tiene la sutileza de no cuestionar directamente a la Casa Rosada, sino que carga las tintas sobre la herencia de los gobiernos anteriores, sobre todo del kirchnerismo, pese a que la administración de Macri tampoco cumplió su promesa de campaña de “pobreza cero”. El reporte, parte de la serie que publica todos los meses la fundación sobre la coyuntura, hace un repaso histórico de la problemática: “La democracia nos trajo libertad pero no progreso. Desde 1983, Argentina sumó 17 millones de personas: 14 millones de pobres y 3 millones de no pobres. Es decir que el 82% del crecimiento demográfico fue el crecimiento de la pobreza. Hoy es pobre 1 de cada 2 argentinos y 7 de cada 10 chicos”, afirma en un extracto que consignó el diario Clarín.

El informe califica a la pobreza como “la gran deuda de la democracia”. La fría estadística de que el 70 por ciento de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza se traduce a la dura realidad en que en el país hay un millón de niñas y niños que se saltean la cena por problemas económicos en sus familias. 

Para alertar sobre el proceso nacional, pone en perspectiva la situación latinoamericana: “Argentina es el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años, medido por el Banco Mundial”. En una comparativa sobre la evolución de la pobreza en el resto del continente, destaca que en promedio se pudo reducir la pobreza en 20 puntos entre el 2000 y el 2022. Allí aparecen territorios con realidades muy diferentes entre sí, como México, Chile y El Salvador.

Uno de los puntos en cuestión que toma el informe de Vidal es el aporte de la ayuda estatal. “El Estado, ¿presente?” se pregunta, justo cuando Milei acaba de enviar un Presupuesto 2025 al Congreso donde se perpetúa la regla del ajuste fiscal, aunque el rubro de “promoción social” estima que subirá 37,8%, frente al 28% de inflación promedio que dibuja la iniciativa. “Una familia tipo que solamente percibe ingresos por asistencia del Estado se encuentra un 11% abajo de la línea de indigencia y un 60% abajo de la línea de pobreza”. Critica el uso del gasto social de “los sucesivos gobiernos kirchneristas” por supuesta falta de efectividad: “Durante los gobiernos kirchneristas, el gasto social aumentó a un ritmo del 11% anual, 11 veces mayor que el macrismo”. 

En ese sentido recuerda que “la crisis de 2001 duplicó la cantidad de beneficiarios de planes sociales y de empleo” y que hubo “un salto mayor aún a partir de 2009 con la introducción de la AUH, cuando la cantidad de beneficiarios casi se triplicó (+185%)”. También cuestiona el peso del Estado en el kirchnerismo: “desde 2007 el empleo público creció el doble que el empleo privado (80% vs 42%).

En el balance estadístico de cuatro décadas de democracia, el promedio es de un 35% de pobres. El punto más alto fue en 2002 –post crisis de Fernando de la Rúa–, con el 65%, y un piso de 25% en dos momentos distintos: principios del gobierno de Carlos Menem y en 2016, primer año completo de Macri, un dato que Vidal quiere ponderar a su favor.

El documento de la fundación Pensar avala en líneas generales el plan de austeridad de Milei, pero advierte: “Después de ordenar la macro, ¿qué?”. Reconoce que “sin una macroeconomía estable, la pobreza no va a bajar”. Y destaca lo que le cuesta al país recuperarse de las sucesivas crisis, tanto producidas por causas endógenas como exógenas. “La hiperinflación, la crisis de 2001 y la pandemia muestran cómo las crisis se pagan caras: toma al menos el cuádruple de años de la duración de la crisis para retomar al nivel anterior de la pobreza”. 

MC/JJD

El expresidente Mauricio Macri cerró este jueves la jornada de relanzamiento de la Fundación Pensar en la provincia de Entre Ríos, evitó las críticas hacía el mandatario nacional Javier Milei y calificó de “bochorno” las acusaciones contra Alberto Fernández.

“El poder es para transformar y construir. Es una cosa tan maravillosa y peligrosa. Hemos visto -con mucho bochorno y dolor- lo que hizo el ex presidente con el poder”, afirmó Macri, al hacer referencia a las denuncias por violencia de género contra Fernández.

El exjefe de Estado evitó criticar a Milei en medio de la escalada de tensión de las últimas semanas, pero hizo referencia a las cenas con “milanesas” en la Quinta de Olivos junto al mandatario.

“La idea sin premeditación y sin una fecha no existe. Es una hoja que se la lleva el viento”, aseguró Macri al hacer mención al contenido de las charlas que tuvo con el Presidente.

“La idea hay que clavarla, porque sino se vuela”, enfatizó Macri. “Fui un pésimo diputado, hay que saber lo que se hace ahí”, dijo el exmandatario en otro pasaje de su intervención al hacer referencia a su paso por el Congreso entre 2005 y 2007, y agregó que la cuestión parlamentaria es otro de los temas que debate con Milei.

Por otro lado, Macri sostuvo que si la Argentina sale “definitivamente” de la inflación, va a empezar a hablar en “un idioma diferente”.

“El primer deber del Estado es cumplir con el valor de la moneda”, afirmó.

El exjefe de Estado fue el protagonista de la actividad después de la cena que mantuvo con Milei en Olivos, con quien tiene una tensa relación de apoyo y rechazos que se expresa en los distintos debates del Congreso.

El evento de dos días de la Fundación Pensar, que convocó a un “Encuentro Regional sobre Federalismo”, reúne a los equipos provinciales de la fundación y cuenta con la participación de los gobernadores de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri; y la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

Bajo el lema “La refundación de Pensar”, el relanzamiento tiene lugar en el Hotel Marán de Paraná, donde se presenta el rediseño de la fundación tras la asunción de la diputada María Eugenia Vidal como su presidenta en junio pasado.

El puntapié inicial del encuentro de Pensar lo dio a las 16 el anfitrión Frigerio; acompañado por la vicepresidenta del espacio, Silvia Lospennato.

Luego, a partir de las 17.30 y antes del cierre que protagonizó el ex presidente, tuvo lugar la Mesa de Gobernadores moderada por Scaglia, con la participación de Jorge Macri, Torres y el propio Frigerio.

MM con información de la agencia NA.

El unicornio tecnológico Despegar, la prepaga y obra social de los empresarios OSDE, la misteriosa Fundación de Ciencias Políticas Tercer Milenium y la fundación democristiana alemana Konrad Adenauer fueron los cuatro principales aportantes de la Fundación Pensar, el think tank del PRO, entre 2013 y 2015, los años en que allí se prepararon la campaña y los planes de gobierno que llevaron a Mauricio Macri a la presidencia. En la lista de financiantes, que hasta ahora se había mantenido oculta, figuran además Minera Alumbrera, el banco español Santander, Sancor Cooperativa de Seguros e IRSA, el grupo inmobiliario de Eduardo Elzstain.

En 2017, este cronista investigó quiénes habían financiado a las fundaciones vinculadas a los principales candidatos presidenciales de dos años antes: Macri, con sus fundaciones Pensar, Formar (que dirigía Guillermo Dietrich) y Suma (que presidía Gabriela Michetti); Daniel Scioli, con Dar, que ni siquiera había presentado un balance; y Sergio Massa, que sostenía que carecía de una estructura similar. Las fundaciones del PRO habían presentado balances con demora, recién durante el gobierno de Cambiemos, pero la Inspección General de Justicia (IGJ) sólo había intimado a Formar y Suma a detallar sus aportantes, no a Pensar. Entonces este cronista solicitó que se procediera de la misma manera con la principal fundación del PRO. La entonces jefa del Departamento de Control Contable de Entidades Civiles de la IGJ, Catalina Dembitzky, consultó a la fundación, que a su vez respondió que no le correspondía informar sus donaciones porque supuestamente los montos eran menores al nivel a partir del cual era obligatorio detallarlas. La funcionaria no volvió a insistir y el requerimiento se archivó.

Pero en 2018 la Dirección de Entidades Civiles de la IGJ reflotó el expediente y se lo encargó a la inspectora Estefanía Di Bella, que también investigó los donantes del Instituto Patria. La contadora cumplió con una auditoría técnica: requirió a Pensar que detalle la lista de aportantes y la fundación esta vez cumplió con su obligación legal de informarlos.  Tras el cambio de gobierno, en 2020, Di Bella le pidió por escrito al actual jefe de la IGJ, Ricardo Nissen, que interviniera en el caso al considerar que Pensar no había presentado las declaraciones de origen y licitud de los fondos y se había negado a informar en un principio sobre donaciones que en realidad debían detallarse. También señalo que se registró en 2015 un aporte anónimo de $ 1 millón de entonces (US$ 93.632 de entonces, según el tipo de cambio promedio de ese año) y en diciembre varias empresas recibieron una devolución parcial o total de sus contribuciones de aquel año electoral, como fueron los casos de Sancor Seguros, Gyl Group, TTS Viajes, Minera Argenta, Editando SRL, la firma de servicios informáticos Datastar, Valid Soluciones y Servicios, Corporate Corp, Activia, Caseros SA, Catalinas Center, Copelle SRL y la china de telecomunicaciones ZTE. Nissen no avanzó en la investigación y en 2022 desvinculó a Di Bella de la IGJ.

Los aportantes

Para dimensionar el valor de las donaciones en pesos recibidas por Pensar entre 2013 y 2015, elDiarioAR las convirtió a dólares según el tipo de cambio promedio de cada uno de esos años. La conclusión es que Despegar, el portal de viajes creado por Roberto Souviron, Martín Rastellino, Christian Vilate, Mariano Fiori y Alejandro Tamer, fue el mayor aportante en ese trienio clave para la preparación del programa de gobierno que después ejecutó Macri con una contribución de US$ 110.201. Lo siguió OSDE, que preside Juan Carlos Palacios, con US$ 82.906. 

En tercer lugar apareció la Fundación Tercer Milenium, que carece de página web y cuenta con sede social en un edificio austero de la calle Venezuela 1969, en el barrio de Montserrat, y otros dos domicilios alternativos en una casa de Mataderos y en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero. Figura como proveedora de la ciudad de Buenos Aires y, como tal, participó sin suerte una licitación de estudios de satisfacción de contribuyentes en 2015 en la que el entonces ministro de Hacienda porteño y actual intendente de Lanús, Néstor Grindetti, declaró vencedora a una empresa de Diego Kravetz, su actual jefe de Gabinete en ese municipio bonaerense. elDiarioAR consultó al entonces presidente de Pensar, Francisco Cabrera, quiénes estaban detrás de la Fundación Tercer Milenium. El ex ministro de la Producción de Macri respondió: “No tengo ni idea, ni me suena”.

En cuarto término, Konrad Adenauer aportó US$ 74.268 a Pensar. Después, como presidente argentino, Macri supo entablar una excelente relación con la entonces canciller (primera ministra) de Alemania, la democristiana Angela Merkel. El quinto mayor donante, con US$ 60.487, fue Minera Alumbrera, la empresa de la suiza de commodities Glencore que contaba con la que fue la mayor mina de cobre del país, Bajo La Alumbrera, en Catamarca. Su representante legal en aquellos años era Raúl Mentz. El sexto lugar fue para Air SRL, que se autodefine como el mayor mayorista y distribuidor de productos informáticos del país. Es una firma rosarina propiedad de Sergio, Carlos y Sandra Airoldi que aportó US$ 58.199.

En séptimo puesto figuró la Fundación Gestión y Desarrollo, que sí cuenta con página web en la que informa que afirma que persigue el “desarrollo personal, intelectual y espiritual de las personas y las organizaciones de distintos ámbitos”. Cuenta con tres institutos, de Desarrollo Pyme, Tecnología y Desarrollo e Innovación Social. En su web no informa quiénes la dirigen, pero en LinkedIn figura que esta fundación con sede en Barrio Norte está presidida desde 1998 por Roberto Olivero, el también presidente de Datastar.

El octavo mayor donante fue el Santander, el banco de la familia española Botín cuya filial argentina es presidida desde 2002 por Enrique Cristofani, uno de los empresarios que más abogó por la presidencia de Macri. La entidad puso US$ 52.088. El noveno financiante fue Exo, fabricante porteño de computadoras que preside Luis Szychowski. Donó US$ 49.772. El top ten se completó con la productora audiovisual Vod Argentina, que en aquellos años presidía Martín Kraft y contribuyó con US$ 44.823.

En la lista de donantes 2013-2015 aparecen más de 110 empresas. Entre ellas figuran la Administración Enrique Duhau, dueña de campos; Bodegas Esmeralda, de Nicolás Catena; Sancor Seguros, que en ese entonces presidía Carlos Casto; IRSA y el empresario Federico Zorraquín, en el top 20. Después, Establecimientos El Orden (del grupo Adecoagro, de Mariano Bosch), La Caja Seguros (que por aquellos años los Werthein vendieron a la italiana Assicurazioni Generali), Boldt Gaming (de Antonio Tabanelli), la constructora Rovella Carranza, Transportadora de Caudales Juncadella (de la española Prosegur), el banquero Julio Patricio Supervielle, Techint (de Paolo Rocca), Banco Columbia (de Santiago Ardissone y Gregorio Goity), la biotecnológica Biosidus y el laboratorio Sidus (ambas de Marcelo Argüelles), la de neumáticos Fate y la de aluminio Aluar (ambas de Javier Madanes Quintanilla), Bañado del Salado (otra firma de Adecoagro), los constructores Alberto, Eduardo, Juan Pablo y Santiago Tarasido, propietarios de Criba; o la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba. Para más información, se puede consultar aquí el listado completo.

AR

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED