La Cámara Federal de Casación Penal declaró este martes la nulidad de todo lo instruido por el fallecido juez federal Claudio Bonadio, a quien antes había recusado, en el proceso que investigaba el presunto uso irregular del avión presidencial por parte de los exmandatarios Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta.

La Sala II del máximo tribunal penal también ordenó apartar a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, quienes intervinieron en el expediente como tribunal de apelaciones, según fuentes judiciales.

La decisión fue adoptada por mayoría a través de una acuerdo liderado por el juez de Casación Alejandro Slokar, quien se refirió al derecho que tienen los imputados a ser juzgado por un juez imparcial, además de la expresa prohibición legal que impide a quien denunció un hecho intervenir luego como juez, como fue el caso de Bonadio.

“Menester es destacar que el derecho a ser juzgado por un juez o tribunal imparcial constituye una garantía esencial del debido proceso legal”, escribió el magistrado en el fallo en el marco de la causa que investiga el supuesto uso irregular de la flota de aviones presidencial para el traslado de muebles hacia el sur del país entre 2003 y 2015, ahora está radicada ante el juzgado que encabeza Sebastián Casanello.

En este expediente, se dio la situación de que el denunciante fue luego el juez del caso, según surge del criterio exhibido por la Casación: ocurrió que la causa de los aviones se inició por una extracción de testimonios ordenada por el juez Bonadio en la causa “Cuadernos”, después de llamar a declarar a los pilotos de los aviones presidenciales.

“Resulta a todas luces evidente que con toda la asertividad posible el juez denunciante prefijó la totalidad de los extremos que constituirían a posteriori las piezas inaugurales de la presente causa, individualizando la prueba relevante e incluso tipificando las conductas con la adecuación legal que ponderó de aplicación, la cual -no sin sorpresa- replicó ulteriormente en el dictado del auto de mérito”, sostuvo el juez Slokar.

“No puede omitirse que el incumplimiento de apartarse por parte del juez denunciante -luego ocurrido por vía de recusación- vio comprometer irremediablemente el deber de imparcialidad, condición indispensable para asegurar un proceso debido, a la par que atributo esencial de la función a fin de procurar la confianza ciudadana en el Poder Judicial”, continuó Slokar. “En definitiva, es en virtud del quebrantamiento a una garantía básica que afecta al orden justo, que debe fulminarse con la sanción de nulidad todo lo actuado por el juez denunciante y a la vez instructor en la causa”, sentenció.

La jueza Ángela Ledesma, quien adhirió a la solución alcanzada por la mayoría, opinó que “la actuación del magistrado denunciante como juez del caso ha transgredido la garantía de imparcialidad del juzgador, principio estructural básico para dotar de validez al procedimiento penal en un Estado de Derecho”.

Además, los jueces de Casación dispusieron el apartamiento de los camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens, quienes en el pasado, luego del apartamiento de Bonadio, habían confirmado el procesamiento de la expresidenta en la causa. En el caso de Llorens, en 2022 se pronunció a favor de la detención de Fernández de Kirchner y propuso notificar al Senado para que avance en el juicio político de la expresidenta, una postura que no fue resolutiva por ser minoritaria.

En la resolución de Casación de este martes, el juez Guillermo Yacobucci no se expidió sobre el fondo, en el entendimiento de que el recurso era “inadmisible al no dirigirse contra sentencia definitiva o equiparable”.

La causa por los vuelos irregulares es uno de los procesos por los cuales Bonadio había convocado a la expresidenta a una seguidilla de ocho declaraciones indagatorias en un solo día, el 25 de febrero de 2019: tuvo origen en la causa “Cuadernos”, desde donde el magistrado denunció la formación del proceso y se quedó con el expediente.

LC con información de agencia Télam

El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

Con el objetivo de desacreditar las principales pruebas en su contra, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que ordene pericias y nuevas medidas de prueba que podrían permitirle a su defensa solicitar la nulidad del juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la corrupción en la obra pública, de acuerdo al escrito al que accedió elDiarioAR.

Tras lograr en 2021 los sobreseimientos anticipados y la anulación de los juicios Dólar futuro, Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, el único juicio en contra de la expresidenta en pie -además de Vialidad, que llegó a su fin este diciembre- avanza lentamente, aún sin fecha de inicio. 

Carlos Alberto Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, abogados de la vicepresidenta, solicitaron el 29 de septiembre último la realización de cuatro pericias y otras tres medidas. En primer lugar, los penalistas pidieron un estudio caligráfico y scopométrico sobre todos los cuadernos originales manuscritos por Oscar Centeno, ex chofer del exfuncionario Roberto Baratta. La medida nunca había sido realizada por el juez de primera instancia, Claudio Bonadio, pero recientemente, fue ordenada en otro expediente por otro magistrado.

En el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi tramita un expediente paralelo en el que el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Los jueces del tribunal número 7 deberán analizar si ordenan la primera pericia caligráfica oficial sobre la totalidad de los cuadernos en los que el ex chofer de Roberto Baratta registró reuniones entre el ex funcionario kirchnerista y empresarios para el cobro de dinero ilegal entre 2005 y 2015. La medida, como informó elDiarioAR, ha sido solicitada también por otras defensas de los imputados. Los abogados de Fernández de Kirchner fueron mucho más allá y profundizaron en otras medidas que serán clave.

Manuscritos y videos

Los abogados de Fernández de Kirchner plantearon que las pericias oficiales “deberán determinar si los textos conformados en dichos cuadernos pertenecen o no a un mismo puño escritural, si éste (o en su caso estos) se corresponde con las grafías de Oscar Centeno y si se aprecian sobrescritos, testados o cualquier tipo de alteración y/o modificación en tales escrituras”. 

Además, en caso de encontrar estas posibles alteraciones en los cuadernos, solicitaron “estudiar tales alteraciones y/o modificaciones, individualizándose a cada una de ellas y explicándose detalladamente cómo fueron efectuadas”. “Los expertos intervinientes -agregaron los penalistas- deberán analizar, a través de los medios técnicos correspondientes, si en los referidos cuadernos se han utilizado y/o empleado uno o varios implementos escritores y estilos de tinta, informándose la calidad, la cantidad y las características de sus componentes”.

También solicitaron que los peritos establezcan “la antigüedad que registran todos los textos obrantes en los aludidos cuadernos, precisando si éstos guardan correspondencia o no con las fechas consignadas en los mismos”.

La vicepresidenta también solicitó al tribunal que se realice una segunda pericia oficial para “determinar la fecha en que fueron realizadas todas y cada una de las filmaciones” que Centeno realizó durante las supuestas visitas de Baratta a la Quinta de Olivos y al departamento de Fernández de Kirchner en Recoleta para la entrega de los bolsos con dinero de los sobornos. El exfuncionario siempre ha negado, al igual que Fernández de Kirchner, haber participado de ilícitos.

El teléfono de López

En agosto último, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola expusieron durante las audiencias de alegatos en el juicio oral y público por el caso Vialidad -que le valió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua a Fernández de Kirchner- el contenido inédito de los teléfonos de José López, secretario de Obras Públicas entre 2003 y 2015. 

Los mensajes intercambiados por López con el empresario Lázaro Báez y otros fueron parte de la prueba que involucró a la vicepresidenta como parte de una defraudación a la Administración pública a través del direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

Semanas después, los abogados de la expresidenta solicitaron al tribunal del caso cuadernos “un estudio pericial sobre los aparatos telefónicos pertenecientes a José Francisco López que fueron secuestrados en el marco de la causa” por los bolsos con US$9 millones en su poder y que fueron ofrecidos como prueba por parte de la fiscal Fabiana León en el juicio de los cuadernos. 

Fernández de Kirchner pidió a través de sus abogados “obtener un listado completo de todos los contactos telefónicos que surjan de tales equipos” y se reservó la facultad de “ampliar el estudio pericial, ante el caso de que una vez efectuada la constatación requerida surja información que pueda resultar útil a los fines de este proceso”.

El juez y el fiscal

La vicepresidente quiere que el tribunal ordene a todas las compañías de telefonía fija y celular del país a fin de que indiquen los números de los abonados registrados a nombre del fallecido juez Bonadio y del fiscal Carlos Stornelli, quienes llevaron adelante la instrucción de la causa.

Luego de que la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado Poder Judicial (DAJUDECO) elabore un informe con la totalidad de los registros de comunicaciones de esas líneas entre el 1° de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2019, cuando ambos llevaban adelante la causa de los cuadernos, para identificar a “todos los interlocutores con los que se hubiesen entablado llamadas entrantes o salientes y/o intercambiado mensajes de SMS o a través de cualquier sistema de mensajería (WhatsApp, Telegram, etc.)” para establecer “la existencia de indebidas interferencias por parte del poder político en el trámite de este proceso, así como también para corroborar irregularidades en los actos de inicio y desarrollo de la causa, en particular, en lo que respecta a la manera en que se obtuvieron las declaraciones de los denominados ‘arrepentidos’”.

Arrepentidos

Durante los últimos años, en los tribunales de Comodoro Py corrió un rumor: la presunta existencia de actas notariales en las que ciertos empresarios que declararon como arrepentidos ante el fiscal Stornelli habrían manifestado en privado, frente a un escribano público, que admitieron el pago de sobornos a Baratta y los Kirchner supuestamente “coaccionados” por el fiscal y el juez. ¿Con qué los habrían “coaccionado”? Con la prisión preventiva. Ese rumor nunca fue comprobado.

Fernández de Kirchner solicitó a los jueces que pidan al Colegio de Escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se requiera todos los escribanos inscriptos ante dicho colegio que informen si alguna las personas que han prestado declaración como arrepentidos “requirió en el período que va desde el 1° de agosto de 2018 hasta el día de la fecha que se protocolizara alguna manifestación vinculada con los dichos que prestaran en estas actuaciones” y que se remitieran las actas correspondientes.

Estrategia

El caso de los cuadernos se encuentra en una etapa previa al debate oral y público, denominada “instrucción complementaria”, en la cual la fiscalía y las defensas pueden solicitar al tribunal que realizará el debate oral y público que ordene la producción de pruebas que no se realizaron durante la investigación en primera instancia. 

Fue en el marco de esta etapa que la defensa de Fernández de Kirchner logró que los tribunales orales ordenaran pericias en las que luego basaron los pedidos de nulidad del inicio del juicio de las causas Dólar Futuro, Memorándum y Hotesur-Los Sauces, aunque en los tres casos esas decisiones están en etapa de revisión en la Corte Suprema y la Cámara Federal de Casación.

El tribunal del caso cuadernos aún debe analizar los pedidos de nuevas pruebas de la fiscalía y las defensas y decidir qué medidas ordena y cuáles rechaza. Los abogados de la vicepresidenta ya adelantaron que ante la negativa, recurrirán a instancias de la Corte y organismos internacionales para reclamar.

ED

La Corte Suprema finaliza 2022 sin haber tratado un caso que fijará un antecedente clave para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner: su sobreseimiento anticipado en el caso Dólar Futuro. La expresidenta debía atravesar un juicio oral y público por este caso de presunta administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública pero fue sobreseída de manera anticipada en abril de 2021.

Tras la queja del fiscal general Raúl Pleé, el caso llegó al máximo tribunal en junio de 2021 pero el expediente ni siquiera circuló por los despachos de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkranzt y Ricardo Lorenzetti, de acuerdo con los registros públicos del máximo tribunal y las consultas de elDiarioAR a fuentes directas de la Corte. 

¿Por qué es clave para la vicepresidenta? En primer término, por los plazos. ¿Cuánto tiempo se tomará eventualmente la Corte para analizar y dejar firme su condena en el caso Vialidad si aún no ha decidido sobre Dólar Futuro, que lleva dieciocho meses en el Palacio de Justicia?

En segundo lugar, si bien existen diferencias amplias entre Dólar Futuro y los casos del Memorándum con Irán y Hotesur-Los Sauces, una decisión de la Corte podrá fijar precedentes sobre estos otros dos sobreseimientos anticipados que aún están pendientes de revisión. 

El caso Dólar Futuro se centró en una supuesta administración fraudulenta por los valores pactados por el Banco Central en contratos de dólar a término celebrados en 2015. Fernández de Kirchner no había sido denunciada pero el juez Claudio Bonadio la procesó y envió a juicio en la causa. 

En abril de 2021, tras varias idas y vueltas, la Sala I de la Cámara Federal de Casación -el máximo tribunal penal- sobreseyó por inexistencia de delito a la expresidenta y a los otros trece imputados, entre ellos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; y al titular del Banco Central, Miguel Pesce. 

El fiscal general Pleé solicitó entonces que la Corte revisara los sobreseimientos dictados por los jueces Ana María Figueroa, Daniel Petrone y Diego Barroetaveña. 

La Corte no debe decidir sobre el fondo de la cuestión -si los acusados son inocentes o culpables de los delitos que se les imputaban- sino sobre si tiene competencia para revisar los sobreseimientos dictados a Fernández de Kirchner y los otros acusados y si entonces el juicio oral y público debe o no realizarse. Es decir: puede dejar firme el sobreseimiento de la vicepresidenta o revocarlo.

Si los jueces hacen lugar a la queja y fallan a favor del fiscal, podrían revocar los sobreseimientos y ordenar la realización del juicio. O podrían rechazar el planteo de Pleé por cuestiones técnicas (si correspondía o no presentarlo).

Una fuente de la Corte informó a este diario que, a priori, los jueces no se reunirían durante la última semana del año para firmar fallos y que el último acuerdo del máximo tribunal fue el del miércoles, cuando los cuatro ministros ordenaron que el Gobierno nacional le pague al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipable. Ese mismo día, los jueces dictaron un total de 273 sentencias y resolvieron 524 causas.

El fallo a favor de la Ciudad, que demoró poco más de dos años, elevó todavía más la ya instalada tensión entre la Corte y el Ejecutivo: el presidente Alberto Fernández anunció este jueves por la noche que no acatará la orden del máximo tribunal.

A diferencia de la demanda de la Ciudad, el caso Dólar Futuro nunca estuvo entre las prioridades de la Corte durante 2022, afirmaron fuentes cercanas a los ministros del máximo tribunal. El estancamiento del expediente lo confirma. Además, el máximo tribunal no tiene plazos y maneja los tiempos de sus decisiones.

Durante el último año, los jueces del máximo tribunal resolvieron 21.366 causas con el dictado de 8.409 sentencias, según los últimos datos de la Corte. La mayoría de estos expedientes son previsionales (jubilaciones y pensiones).

Movimientos

Los sobreseimientos en Dólar Futuro llegaron a la Corte el 16 de junio de 2021, hace más de dieciocho meses y el caso ha tenido desde entonces escasos movimientos. De hecho, ninguno de los cuatro jueces del máximo tribunal han visto o revisado formalmente expediente, ya que éste no ha circulado entre sus despachos o vocalías, de acuerdo con los registros públicos del sitio web del Poder Judicial de la Nación en el que puede seguirse la ruta de los expedientes.

Unas 48 horas después de haber recibido la queja del fiscal Pleé, los jueces de la Corte decidieron enviar el caso a la Procuración General de la Nación para que Eduardo Casal, jefe de los fiscales, dictamine sobre el planteo realizado por Pleé. Este paso es opcional para los ministros de la Corte, quienes sí decidieron que el Procurador interino debía opinar. No le fijaron plazos, como sí dispusieron en otros casos. 

Casal presentó su posición sobre el incidente dieciséis meses más tarde, el 1° de noviembre último, según consta en los registros públicos y en el dictamen publicado por el sitio web del Ministerio Público Fiscal. “Es un plazo intermedio comparado con otros dictámenes que han llegado a la Corte”, dijo una fuente de la Procuración ante la consulta de elDiarioAR por el plazo del dictamen. 

La postura de Casal tampoco es vinculante para los jueces de la Corte, quienes pueden seguir o no la línea planteada por el jefe de los fiscales.

El Procurador interino sostuvo que la Corte debe admitir la queja de Pleé y revocar el fallo de los jueces Figueroa, Petrone y Barroetaveña que terminó los sobreseimientos de la vicepresidente y el resto de los involucrados en la causa. 

Desde que el expediente regresó a la Corte, hace 53 días, se encuentra en la secretaría número 3, encargada de los casos penales que llegan al máximo tribunal. Allí, el secretario penal de la Corte trabaja con otros secretarios letrados que se especializan en distintos campos del derecho penal y son quienes intervienen para realizar un informe con una propuesta de resolución ante los jueces del máximo tribunal. Este informe tampoco es vinculante y los ministros pueden obviarlo en su análisis. 

Antes de la Corte

¿Cómo llegó el caso Dólar Futuro a la Corte Suprema? El fallecido juez Claudio Bonadio envió a Fernández de Kirchner y al resto de los imputados en el caso a juicio oral y público. El debate debía ser realizado por el Tribunal Oral Federal número 1. Luego de que el expediente llegara a dicha instancia, la defensa de Pesce solicitó que se realizara una medida de prueba complementaria que Bonadio se había negado a hacer: una pericia contable.

El tribunal aceptó el pedido y se la encomendó al Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales de la Corte Suprema. El resultado: las operaciones de dólar futuro celebradas durante el 2015 coinciden con los precios de dos mercados institucionales -el Mercado Abierto Electrónico (MAE) y el Mercado a Término de Rosario SA (ROFEX), tal como lo exige el artículo 18, inc. a) de la Carta Orgánica del Banco Central.

Con esa carta, varias defensas interpretaron que se confirmaba su postura: los funcionarios no habían cometido ningún delito. Entonces solicitaron al tribunal los sobreseimientos anticipados en base a la nueva prueba, pero dos de los jueces del tribunal rechazaron el planteo y siguieron adelante con el juicio.

Las defensas fueron en queja para insistir con los sobreseimientos y la nulidad del juicio ante el tribunal inmediatamente superior al tribunal oral federal: Casación.

En abril de 2021, la Sala I de la Casación, integrada por Figueroa, Petrone y Barroetaveña dictaron los sobreseimientos y anularon la realización del juicio oral y público.

En su dictamen, Casal sostuvo que los planteos de las defensas que llegaron a Casación y terminaron con el sobreseimiento de los acusados nunca debió haberse tratado porque la decisión del tribunal oral de seguir adelante con el juicio oral y público no era equiparable a una sentencia definitiva -circunstancia que amerita la intervención de Casación- y porque no restringía los derechos de los imputados, ya que ninguno estaba privado de su libertad y todos tendrían un juicio acorde a las reglas, sostuvo el jefe de los fiscales.

El jefe de los fiscales también dijo que “la decisión de Casación fue contrario a la conocida doctrina” de la Corte. “Los magistrados apoyaron sus opiniones exclusivamente en la valoración fragmentaria y aislada del informe pericial que se llevó a cabo en la instrucción suplementaria, sin relacionarlo ni cotejarlo con los restantes elementos incorporados al expediente y que constituyeron el sustento del impulso que tuvieron las actuaciones hacia la etapa del juicio oral”, afirmó Casal.

ED

Mientras el juicio oral y público por la causa de los cuadernos avanza a paso lento, sin fecha de inicio, en un expediente paralelo que comenzó a crecer en los tribunales de Comodoro Py, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi intenta determinar si los cuadernos escritos por el chofer Oscar Centeno fueron adulterados y por quién. 

Hasta ahora, los cuadernos nunca habían sido peritados, a pesar de los insistentes pedidos de algunas de las defensas. Martínez de Giorgi ordenó una pericia caligráfica a la Policía Federal Argentina (PFA) a pedido de uno de los empresarios imputados, Armando Losón, del Grupo Albanesi, quien declaró como arrepentido en la causa original pero sostuvo que sus pagos ilegales al entonces funcionario Roberto Baratta fueron aportes ilegales de campaña y no fueron sobornos. Baratta niega haber recibido dinero de los empresarios.

La pericia oficial se realizó sobre las fotografías digitalizadas de tres de los ochos cuadernos, que son en los que se menciona a Losón: los cuadernos 4, 7 y 8. Los expertos de la Policía Federal ratificaron que los cuadernos fueron escritos por el chofer Centeno pero detectaron ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8, de acuerdo al informe pericial al que accedió elDiarioAR.

Estas modificaciones sobre los originales consisten en tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco (liquid paper). Por ejemplo, a pedido del abogado de Losón, se determinó que el nombre de pila del empresario había sido agregado por posterioridad sobre otro nombre (“Marcelo”), sobre el que se reescribió “Armando”. Sólo se estudiaron las menciones a Losón y a la dirección de su compañía en estos tres cuadernos.

Tras analizar los resultados de la pericia caligráfica, el siguiente paso en el expediente es intentar determinar quién sería este “otro escribiente”, que habría corregido o alterado menciones a Losón en los cuadernos 7 y 8. 

Allegados

El juez busca información sobre dos personas de las personas que admitieron haber estado en contacto con los cuadernos antes de que éstos llegaran a la Justicia: la ex esposa de Centeno, Hilda Horovitz; y su amigo Jorge Bacigalupo, el hombre que entregó una caja con los ocho cuadernos originales a La Nación en 2018. Ninguno de los dos ha reconocido haber alterado los escritos del ex chofer de Baratta y fueron testigos en la causa de Bonadio.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Para comparar las escrituras de Horovitz y Bacigalupo, Martínez de Giorgi rastrea en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) las fichas que el Estado solicitaba décadas atrás a las personas para completar sus datos personales para la confección del Documento Nacional de Identidad (DNI). Estas fichas se completaban a mano por parte del solicitante del documento y se firmaban de puño y letra, lo que puede aportar “rasgos de escritura” de las personas. Con esas muestras, el juez buscará que los peritos de la Federal logren determinar si alguno de ellos es el “segundo escribiente” que dejó su escritura en los cuadernos 7 y 8.

Ni Centeno ni sus dos allegados han sido citados en la causa ni están formalmente imputados en el expediente.

Además, la querella, es decir, el abogado de Losón, presentó ante el juzgado una nueva pericia privada -ya había presentado su propia pericia caligráfica que motorizó la realización de la oficial-, esta vez, realizada por expertos en lingüística. Martínez de Giorgi busca que peritos oficial, posiblemente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) realicen el mismo tipo de estudio: una pericia lingüística sobre los cuadernos 4, 7 y 8 para analizar las expresiones escritas en los textos e intentar determinar si los tres cuadernos fueron escritos con la misma lingüística. 

La querella sostiene que los primeros cuadernos -el 4, por ejemplo- fue escrito de una forma más rudimentaria con respecto a los cuadernos posteriores, como el 7 y el 8.

¿Qué pasará si los peritos oficiales determinan que ni Horovitz ni Bacigalupo son el “segundo escribiente”? 

Vuelo corto, viaje largo

En sí misma, la causa iniciada por Losón tiene vuelo corto para los fines penales. Una fuente directa de la investigación dijo a elDiarioAR que si los peritos oficiales no logran identificar al “segundo escribiente”, el expediente terminará archivado, ante la imposibilidad de identificar a los supuestos adulteradores de los cuadernos.

Losón busca que la acusación en su contra por el caso cuadernos sea neutralizada por las pericias oficiales. El expediente contra el empresario por los pagos ilegales a Baratta durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner -otra de las imputadas- aún no ha sido elevado a juicio debido a los planteos de la defensa.

Pero, además, los resultados de estas pericias oficiales podrían impactar de lleno en el caso de los cuadernos y otorgar a las defensas de otros empresarios una nueva carta para disputar el veredicto. La defensa de Baratta, a cargo de Alejandro Rúa, ya solicitó al Tribunal Oral Federal número 7 que antes de iniciar el juicio de los cuadernos, ordene pericias caligráficas a los seis cuadernos originales en papel que el tribunal guarda bajo siete llaves. 

Aún así, el escenario es incierto para todos. La fiscal Fabiana León, quien encabeza la acusación contra la vicepresidenta y decenas de empresarios y exfuncionarios, tiene las múltiples cartas de las declaraciones de los arrepentidos, quienes admitieron los pagos ilegales a Baratta. 

Mientras tanto, Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal. El fallo podría salir antes de finales de año, afirmó una fuente directa del tribunal de apelaciones.

ED

El juicio oral y público por el caso de los cuadernos de la supuesta corrupción en la obra pública ingresó en una etapa clave para el futuro del caso que involucra a decenas de los empresarios otrora más poderosos del país y a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner mientras una pericia oficial abrió la puerta a un escenario todavía incierto.

El Tribunal Oral Federal número 7 se encuentra en condiciones de analizar qué pruebas solicitadas por la fiscalía de juicio y los abogados defensores realizará antes del debate oral y público por la causa madre -hay otros expedientes que vienen más atrasados-. Esto significa que el caso ya comenzó a moverse en el tribunal. Pero el proceso viene lento. La fiscal Fabiana León solicitó que se termine de digitalizar el expediente de los cuadernos para poder acceder a la totalidad de la causa. 

Mientras tanto, en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi un expediente paralelo a la causa de los cuadernos tiene a varios de los involucrados a la expectativa. En el caso, el juez ordenó por primera vez una pericia caligráfica oficial sobre tres de los ochos cuadernos que ratificó que estos fueron escritos por el ex chofer Oscar Centeno pero detectó ciertas alteraciones en el texto original realizadas “por otro escribiente” en los cuadernos 7 y 8.

Esta no es la “contracausa” de los cuadernos, afirmaron dos fuentes directas del expediente a cargo de Martínez de Giorgi ante la consulta de elDiarioAR. La pericia oficial fue realizada por expertos caligráficos de la Policía Federal Argentina (PFA) tras una denuncia del empresario Armando Losón, quien fuera el presidente del Grupo Albanesi, uno de los principales proveedores energéticos y constructores de gasoductos, hasta que fue detenido y procesado por el caso cuadernos, en agosto de 2018. Desde entonces, su defensa, a cargo del abogado Carlos Vela, sostiene que la mitad de los diez hechos que se le imputan en la causa que instruyó el juez Claudio Bonadio son “falsos”. Por eso, la pericia oficial sólo se centra en las menciones a Losón. 

Losón aún no ha sido enviado a juicio por los cuadernos, la Cámara Federal de Apelaciones porteña ordenó revisar su caso y actualmente su expediente continúa en primera instancia, a diferencia del resto de la megacausa de los cuadernos. En paralelo, además, Losón inició esta segunda causa penal en los tribunales de Comodoro Py, que recayó en el juzgado de Martínez De Giorgi y en la fiscalía de Gerardo Pollicita. 

El empresario sostiene que parte de los cuadernos tendrían datos adulterados sobre su persona a través de alteraciones a los escritos originales de Centeno. En este segundo expediente, Losón es querellante, también representado por el abogado Vela. 

La defensa del empresario contrató un equipo de peritos caligráficos privados para que analicen los ocho cuadernos de Centeno. Luego, presentó al juez Martínez de Giorgi los resultados de los tres cuadernos que implican a su cliente: el número 4, un espiralado de marca “America Nos”; el número 7, un Rivadavia tapa dura y cosido de color azul; y el número 8, un Gloria espiralado de colores naranja y azul. Son aquellos en los que hay menciones a encuentros y pagos del empresario al entonces funcionario Roberto Baratta.

La causa iniciada por Losón moviliza desde hace meses el tablero de Comodoro Py. El fiscal Carlos Stornelli aguarda un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña: el fiscal de los cuadernos planteó al juez Julián Ercolini -quien subroga el juzgado de Bonadio- que le plantee al juez Martínez de Giorgi que debe inhibirse de la causa iniciada por la denuncia de Losón y enviarla al juzgado de la causa original de los cuadernos, donde Stornelli interviene como fiscal. Ercolini rechazó el planteó de Stornelli y el fiscal apeló a la Cámara Federal.

Los resultados de la pericia privada, que demandó un año, sobre los otros cinco cuadernos no han sido presentados ante la Justicia, confirmó una fuente del caso a elDiarioAR. Los resultados generaron expectativas en otros empresarios y exfuncionarios que deben afrontar el juicio por los cuadernos, y cuyas defensas, en algunos casos, ya solicitaron que se incorpore la pericia caligráfica de la Policía Federal al juicio oral y público.

Los jueces del Tribunal Oral Federal número 7, a cargo del caso cuadernos, ya están en condiciones de comenzar a evaluar los pedidos, informó una fuente judicial. El tribunal tiene, además, los originales en papel de seis de los ocho cuadernos, pero ni siquiera la fiscal Fabiana León habría podido acceder a ellos, explicó una fuente de la causa. Esos nunca fueron peritados. Los jueces deberán decidir si ordenan una pericia caligráfica.

La pericia

Cuando el juez Martínez de Giorgi ordenó a la Policía Federal que realizara una pericia caligráfica oficial, envió una serie de puntos de pericia, que marcan las pautas para el análisis que deben realizar los expertos y que sólo se circunscriben a las menciones a Losón y su empresa. 

Al no poder contar con los originales en papel, tras la negativa del tribunal número 7, los peritos oficiales debieron trabajar con las fotografías digitalizadas de los cuadernos originales.

El magistrado solicitó a los peritos que analicen si los textos de los cuadernos corresponden al mismo puño escritural -es decir si fueron escritos o no por Centeno-; si se distinguen adulteraciones o modificaciones sobre el original (y cómo serían); que expliquen los estilos de tinta e instrumentos escritores (lapiceras); si se detectan borrados, agregados y cómo se plasmaron esas correcciones, borrados, agregados; y con qué frecuencia se repiten a lo largo de los textos.

La querella está especialmente interesada en el estudio de las anotaciones de su representado, Losón. En los puntos de pericia solicitó que se determinara el contenido de las anotaciones originales en las que se enmendó la palabra “Armando” -en referencia al empresario- en dos fechas de 2013. También, que se analizaran las anotaciones de “Alem 855”, dirección de los encuentros entre el empresario y Baratta. Y si los agregados sobre el original pertenecen al mismo puño que el de quien escribió los originales y si corresponden a Oscar Centeno.

Para comparar los cuadernos analizados con la letra de Centeno, los peritos de la Federal se basaron en una carta redactada de puño y letra por el ex chofer de Baratta y presentada al juez Bonadio en 2018, que quedó archivada en su legajo como arrepentido en la causa madre de los cuadernos. 

Los peritos recibieron una copia digital de los cuadernos 4, 7 y 8, que para el juzgado debía tomarse como “prueba indubitable”, es decir, que son imágenes digitalizadas del cuaderno original sin alteraciones. 

Aún así, en la causa resta establecer si hay forma de probar quién habría adulterado los cuadernos. 

Qué dicen los trazos

Los peritos explicaron en el informe final que alterar los originales de un escrito implica “agregarle o quitarle palabras, cifras, etcétera, de modo que el documento exprese o atestigüe cosas distintas de las que expresaba o atestiguaba en su estado primitivo”. “Técnicamente -explicaron en el informe- consiste en modificar intencionalmente la apariencia o sentido de un documento auténtico mediante la adición, supresión o sustitución de signos o elementos”.

Los expertos de la Federal realizaron estudios cromatográficos, ópticos y lumínicos. Alejandro Matías Centofanti, comisario jefe a cargo de la División Scopometría de la Policía, declaró ante el juez Martínez de Giorgi que a través de la escritura puede determinarse la posición del escribiente, es decir el lugar de apoyo; y también el elemento escritor (la lapicera).

“Cuando uno escribe día a día, la escritura sufre ciertas modificaciones inherentes a distintas causales”, ya sea por la posición del espacio gráfico, del elemento que se utiliza para escribir, de la temperatura, el temperamento, el estado de ánimo, declaró Centofanti. En el cuaderno 4, sí se registra esa “diferencia de constancias diarias”, pero no así en los cuadernos 7 y 8, aseguró el experto. Por ejemplo, dijo, “el cuaderno 7, en su análisis, no revela estos cambios”; “surge como un relato estable y continuo”. 

Para establecer cuándo se habrían escrito los cuadernos 7 y 8, el perito declaró que necesita los originales en papel. En el cuaderno 7 -sostuvo el perito- “se evidencia en el trazado y correlato de la escritura que la misma se mantiene estable con las alternancias naturales”. Esto, agregó, “permite inferir una secuencia continua de escritura sin alternancia temporal, discrepante de la modalidad de registro que usualmente se lleva para un llenado de constancias diarias”. Es decir, que podría haberse escrito de corrido a pesar de que registra hechos ocurridos en diferentes fechas.

Aún así, ratificaron que fueron escritos por Centeno, a excepción de ciertas modificaciones sobre los originales: tachaduras, reescrituras y correcciones con líquido blanco.

El origen

La defensa de Losón, a cargo del abogado Carlos Vela, había solicitado la pericia caligráfica desde el primer momento en que su cliente quedó preso, en agosto de 2018, por orden del juez Claudio Bonadio. Un gerente de la empresa de Losón le dijo al abogado que en uno de los encuentros registrados por Centeno en sus cuadernos, el chofer de Baratta había apuntado un encuentro entre el funcionario y el empresario en una fecha en la que Losón se habría encontrado en Santiago del Estero. Entonces, Vela solicitó al juez de los cuadernos una pericia caligráfica y presentó el plan de vuelo de esa fecha para defender al empresario.

Losón terminó declarando como arrepentido pero admitió sólo pagos ilegales de aportes de campaña para el kirchnerismo por entre 2 y 3 millones de pesos, registrados en los cuadernos en fechas cercanas a distintas elecciones. La defensa del empresario sostiene que las cifras de los pagos no podrían ser sobornos para obtener contratos con el Estado porque serían sustancialmente menores con respecto al monto de los contratos que obtuvo la empresa de Losón durante esos años (alrededor de $5.000 millones).

Reconocer los pagos ilegales registrados en los cuadernos como aportes de campaña tiene consecuencias directamente beneficiosas para los imputados: buscan encuadrar los hechos en una irregular electoral (con escasas consecuencias judiciales) y lejos del delito penal de cohecho activo con penas de prisión (pago de sobornos a funcionarios públicos) con fines de defraudación a la administración pública (si los sobornos son para obtener contratos con el Estado). Este planteo también está pendiente en la Cámara Federal de Apelaciones y los camaristas de la Sala I deberán definirlo. 

Nota: este artículo se corrigió el sábado 19 de noviembre de 2022 por un error. Se corrigió “vicepresidente” por “vicepresidenta”.

ED 

En una escalada que vuelve a profundizar la tensión entre el kirchnerismo y el poder Judicial, la Cámara Federal porteña confirmó este miércoles el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto peculado -malversación de fondos- mientras el presidente del tribunal, Mariano Llorens, a quien la expresidenta criticó hace cuatro semanas por su participación en los partidos de fútbol en la quinta Los Abrojos, de la familia Macri, planteó la “necesidad” iniciar el juicio político contra la funcionario y detenerla para salvaguardar la investigación.

La causa, que había sido instruida por el fallecido juez Claudio Bonadio, tiene dos capítulos: una investigación por la utilización de la flota presidencial para trasladar muebles y otros elementos a los hoteles de la familia Kirchner, en El Calafate; y el transporte de diarios y partes de prensa a través de los mismos aviones a Río Gallegos y El Calafate. 

Por este caso, Fernández de Kirchner enfrenta una posible pena de entre dos y diez años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los camaristas de la Sala I, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, confirmaron parcialmente el procesamiento de Fernández de Kirchner, ya que revocaron la medida en su contra por el uso de la flota presidencial para el traslado de diarios y reportes de prensa a Santa Cruz entre 2007 y 2015, al entender que estar informada era parte de sus funciones como mandataria. 

Los jueces también dictaron la falta de mérito del senador Oscar Parrilli, entonces secretario general de la Presidencia, por considerar que no hay pruebas suficientes para mantenerlo procesado como partícipe necesario del delito.

Cada juez del tribunal de apelaciones escribió su fallo. El de Llorens sobresalió por el tono extremadamente crítico hacia Fernández de Kirchner y porque instó al juez de primera instancia, Sebastián Casanello -quien quedó a cargo del expediente-, a notificar al Senado sobre el fallo de la Cámara para que se analice un juicio político contra la vicepresidenta y que considere su prisión preventiva. 

La vicepresidenta y el presidente cuentan con fueros por los que sólo pueden ser detenidos si se encuentra cometiendo un delito (in fraganti) o tras su destitución por juicio político. 

Al mismo tiempo, revocó otro procesamiento por el traslado de diarios en la flota 

Dardos cruzados

A principios de agosto, mientras los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola avanzaban con el alegato de acusación en el juicio oral y público del caso Vialidad, Fernández de Kirchner recusó a Luciani y al juez Rodrigo Giménez Uriburu, integrante del Tribunal Oral Federal número 2 que lleva adelante el proceso.

“Del Liverpool de Los Abrojos salió la banda de Macri”, publicó Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, luego de que Página/12 publicara fotos en las que se veía a ambos magistrados integrando el equipo de fútbol “La Liverpool” en un torneo en la propiedad de la familia Macri. En una de las imágenes se veía también a Llorens, quien fue nombrado por Macri en la Cámara Federal porteña luego de un concurso.

“A que no sabés a qué equipo le hizo el gol Macri? Siiiii!!! Adivinaste!! A Liverpool! el equipo del Fiscal Luciani, del Pte. del Tribunal Giménez Uriburu y del camarista Llorens, el que sobreseyó a Macri en la causa por espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan”, escribió entonces la vicepresidenta.

Llorens, quien ya había firmado fallos duros contra la exmandataria, escribió en el fallo de este jueves que “tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional”, en referencia a la utilización de la flota presidencial para trasladar mobiliario a los hoteles de El Calafate.

Estos hechos, dijo el juez, “evidenciaron un quiebre permanente de la prudencia, la mesura y la austeridad como guías indiscutibles del comportamiento que deben asumir aquellos a quienes les es confiado el ejercicio de la función pública, y cuyos orígenes pueden reconocerse en nuestra gesta revolucionaria, reveladora de un enérgico repudio por la ambición, la avaricia, la ostentación, el refinamiento, la extravagancia y el lujo por parte de aquellos que tienen a su cargo el manejo de la cosa pública”.

Llorens sostuvo: “Tampoco puede desconocerse que una perspectiva integral y conjunta de todos esos expedientes, pusieron en evidencia la instrumentación de un esquema de corrupción estatal, instaurado entre los años 2003 y 2015 con distintas manifestaciones”. Por este motivo, dijo, “habré de encomendar un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba que, recabados en el marco de otras actuaciones- tales como aquellas en las que se investiga el traslado de bolsos o valijas con dinero en efectivo (Vialidad, José López y Cuadernos)-, permitan corroborar comportamientos jurídico-penalmente relevantes que tengan alguna clase de gravitación y vinculación con las conductas analizadas en el presente expediente”.

Estas circunstancias “imponen la obligación de examinar” los posibles “riesgos procesales” para considerar si Fernández de Kirchner debe conservar los fueros que le da su función, afirmó Llorens. Consideró que los hechos investigados forman parte de “una matriz de corrupción especialmente dañina para los destinos de la Nación, que debe ser prevenida, erradicada y sancionada” y por ese motivo encomendó al juez Casanello “analizar si el camino para asegurar las medidas de cautela personal es el juicio que la Constitución Nacional impone para la separación del funcionario del ejercicio del rol con el que fue investido, a fin de tornar efectivo su encarcelamiento provisional”.

“Corresponde poner en conocimiento de las autoridades competentes del Parlamento Argentino esta resolución para que, en el ámbito de su competencia, evalúe el inicio del proceso constitucional en cuyo marco se analice el desempeño revelado por los imputados”, en referencia también al senador Parrilli.

Tanto ella -por Fernández de Kirchner-, como su familia, eran los beneficiarios directos de la utilización de los servicios pagados con el presupuesto nacional.

Mariano Llorens — Presidente de la Cámara Federal porteña.

Mobiliario

Llorens citó a los testigos que declararon durante la investigación. Resaltó que el Tango 01 “se utilizó para trasladar muebles para equipar el hotel que la familia presidencial había construido en la localidad de El Calafate”.

Uno de los citados fue José Alberto Luna, mecánico del avión presidencial Tango 01, quien declaró recordar “un solo vuelo en el que llevamos muebles, televisores y rollos de cables violetas que se usan para enterrar, subterráneos, y equipamientos varios, todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la Presidenta”. 

Gabriel Omar Falaschi,  otro mecánico del Tango 01, sostuvo que “en una oportunidad solo llevamos cosas de mueblería, mesas de vidrio y muebles, que creo que fue para El Calafate”. 

Ángel Alejandro Heitt, comisario a bordo de la misma aeronave oficial, declaró cómo era el procedimiento de carga y descarga del equipaje, refiriendo que “a veces era equipaje y a veces eran muebles, por ejemplo, hacia El Calafate, que estimo que eran para un hotel por la cantidad”.

Otros testigos dijeron haber visto el traslados de “aparatos para gimnasios, como cintas o bicicletas fijas”. 

Nota: este artículo se corrigió a las 20:51 del 20 de septiembre. El juez que está actualmente a cargo del expediente en primera instancia es Sebastián Casanello y no Julián Ercolini, como se había consignado.

ED

La tragedia de Once, ocurrida hace una década, tiene 22 condenados durante dos juicios orales y públicos por dos delitos que gestaron el choque del tren Chapa 16 del ferrocarril Sarmiento, el 22 de febrero de 2012, a las 8.33 de la mañana. Sin embargo, de acuerdo con los documentos, fallos y testimonios consultados por elDiarioAR, un capítulo judicial, en el que ya intervinieron al menos ocho jueces federales, sigue sin cerrarse.

Durante los últimos diez años, tres de los jefes de los bomberos de la Policía Federal Argentina (PFA) que rescataron aquel día a más de 700 de heridos y recuperaron los cuerpos atrapados de 52 víctimas fatales cargan con una acusación por supuesto incumplimiento de los deberes por el retraso en el hallazgo del cuerpo de la víctima 52: Lucas Menghini Rey, de 20 años. 

Al momento del accidente de Once, Menghini Rey viajaba en una cabina auxiliar del conductor, en el cuarto vagón del tren, un espacio en el que estaba prohibido viajar pero en el que los pasajeros del Sarmiento encontraban refugio de los vagones abarrotados de personas en hora pico. Solían ingresar a estas cabinas vacías porque la empresa TBA no las había clausurado, según surgió en el juicio. 

Menghini Rey murió tras el impacto, cuando el tren chocó contra la cabecera del andén, según estableció la autopsia, por lo que el hallazgo del joven antes de tiempo no le hubiese salvado la vida, aseguró Paolo Menghini, su padre, en diálogo con elDiarioAR. 

El resto de los pasajeros del cuarto vagón se salvaron, incluso pudieron autoevacuarse, según consta en la sentencia del juicio a los bomberos, pero la cabina quedó aplastada por el tercer vagón, producto del acaballamiento entre vagones que generó la maniobra de freno, la falta de mantenimiento del ferrocarril y su refacción con elementos más baratos y de materiales que no correspondían, de acuerdo con la sentencia del juicio oral y público por la Tragedia de Once.

Menghini Rey fue hallado el 24 de febrero a las 18.20 horas (aproximadamente cincuenta y ocho horas después del impacto) ¿Por qué no fue hallado el día del siniestro? ¿Por qué no fue hallado al día siguiente, el 23 de febrero, cuando los bomberos continuaron con la búsqueda del joven desaparecido? ¿Qué sucedió realmente durante esos tres días, hasta que el bombero Raúl Abuin dio con sus restos?

Paolo Menghini y María Luján Rey son querellantes en el caso contra los bomberos y sostienen desde hace diez años que los rescatistas incumplieron con su deber y que no quisieron buscar a su hijo, cuyo cuerpo sin vida se encontraba en un sitio de fácil acceso, según sostuvieron en el juicio. Los bomberos sostienen que hicieron todo lo posible por dar con el joven fallecido. 

El fiscal federal Federico Delgado estableció en 2018 que fue el juez Claudio Bonadio quien había dado la orden de detener la búsqueda el 23 de febrero por temor a que la utilización de una sonda para determinar la ubicación de restos cadavéricos alterara el estado de los vagones antes de las pericias oficiales que debían determinar la causa del siniestro, según las actas policiales analizadas en la causa. Delgado solicitó que se cite a declarar a Bonadio como testigo pero eso nunca sucedió. El fiscal luego pidió las absoluciones de los bomberos.

En abril de 2018, la jueza federal María Servini decidió absolverlos, según consta en los documentos consultados. Sin embargo, el juez Juan Carlos Gemignani, de la Cámara Federal de Casación, anuló el fallo de Servini y le ordenó revisar la sentencia absolutoria. Eso sucedió en noviembre de 2018. Se espera una pronta definición de Servini, para quien no existen pruebas de que los bomberos no hayan tenido la intención de buscar y encontrar el cuerpo de Menghini Rey, afirmó a elDiarioAR una fuente judicial del caso.

El caso

Durante 2012, el primer juez del caso, Claudio Bonadio, quien investigaba las causas de la tragedia de Once, formó un nuevo expediente sobre la búsqueda de Menghini Rey y avanzó contra siete bomberos. Perfil publicó ese año un acta policial fechada el 23 de febrero, a las 13 horas, en la que el comisario Sergio Gustavo Aguilar, jefe de la División Sarmiento, dejó asentado que los policías y bomberos dejaron de buscar a Lucas por “orden de Su Señoría”.

Según el acta, que forma parte del expediente de la tragedia de Once, los bomberos le ofrecieron a Bonadio instalar una sonda para “encontrar restos cadavéricos” pero el juez lo rechazó y pidió que “no se modifique la escena hasta que no se hicieran las pericias de rigor”, según consta en el documento policial que constaba en el expediente madre de la tragedia.

El 23 de febrero, el superintendente de la División de Bomberos ordenó a su tropa que fuera a revisar nuevamente los vagones, pero cuando llegaron al andén número 2, una guardia de la Policía Metropolitana impidió las tareas. Quedó registrado en otra acta, a las 10.31, que también constaba en el expediente que llevaba adelante Bonadio. El juez había ordenado que nadie tocara los vagones. Los bomberos aguardaron la llegada del juez para supuestamente convencerlo de continuar con la búsqueda de Menghini Rey y el encuentro quedó registrado en las cámaras de seguridad del andén, aunque sin sonido.  

El 5 de octubre de 2012, la Cámara Federal porteña apartó a Bonadio del caso de los bomberos. Los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Eduardo Cattani sostuvieron que resultaba “prudente” apartar del conocimiento de dicha investigación al juez “a fin de aventar toda duda sobre el lugar desde el cual desarrolla la encuesta” y remitió la causa para que se sortee un nuevo juez “que habrá de continuar interviniendo con la celeridad que el caso exige”.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo del expediente y procesó a los siete jefes y superiores que habían participado en el operativo de rescate de heridos y víctimas fatales. El 5 de febrero de 2014, uno de los bomberos procesados, Leonardo Day, murió mientras intentaba apagar el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en el barrio de Barracas. Una pared se desmoronó sobre él y otros nueve bomberos que integraban el operativo. 

Day había sido el primer jefe de bomberos en llegar a Once la mañana de la tragedia y quien organizó el operativo de rescate, según relató uno de sus compañeros a este medio. Era comisario y jefe de cuartel. “La familia bomberil de todos los cuarteles, todos decíamos lo mismo, que era una injusticia total” para los jefes enjuiciados, dijo a elDiarioAR Luis Díaz Gauna, amigo y colega de Day, y bombero sobreviviente del incendio de Iron Mountain. “Leo se deprimió mucho. Estaba muy dolido, estaba muy triste. Estaba desahuciado” por la causa en su contra, dijo Díaz Gauna. 

Luego de su muerte, la Justicia federal sobreseyó a tres de los bomberos del caso Menghini Rey y envió a juicio a los tres superiores que integraban el grupo de procesados: Carlos Alberto Medina, Omar Alberto Vacca y a Raúl Héctor Abuín por el supuesto delito de violación de los deberes de funcionarios públicos. En noviembre de 2015, el juez Lijo envió el caso a juicio. 

Casi dos años más tarde, la jueza federal María Servini debió llevar adelante el juicio oral, que se extendió en cinco audiencias. En el fuero federal penal, determinados casos continúan siendo juzgados con el código viejo, cuando los jueces y fiscales de primera instancia se turnaban para realizar los juicios.

La querella 

La querella, integrada por los padres de Menghini Rey, sostuvo que los acusados no habrían revisado la totalidad del tren, como se los exigía el “Plan de Acción Coordinada Argentina” y que “por protocolo” exigía “que ordenasen a sus dependientes el ingreso a la cabina. ”No hubo torpeza por no saber buscar sino que, en realidad, no hubo búsqueda cuando el achatamiento de la cabina era visible desde el terraplén de la vía 1, desde su andén, y desde el interior del tren“, aseguraron. 

Paolo Menghini dijo a elDiarioAR que cree que el expediente debería remitirse a un nuevo juez y un nuevo fiscal. Sostiene que los bomberos son “los responsables de haber dejado abandonado el cuerpo de mi hijo 60 horas arriba de un tren”. Sobre las actas que demostrarían que cumplieron orden de Bonadio, Menghini sostuvo: “Lo que queda claro en todo el desarrollo de la investigación es que los bomberos son auxiliares de la Justicia. Cuando el juez detiene la búsqueda es a instancias de lo que los propios jefes del operativo le dicen”. 

“El lugar donde estaba Lucas -sostuvo Menghini- era absolutamente accesible desde el exterior. Lucas entra por un lugar que tendría que haber estado cerrado y que estaba abierto. Y como no podía entrar al tren por la cantidad de gente que había, se mete ahí adentro. Primera responsabilidad de la empresa. Segundo, cuando ocurre lo que ocurre, la chapa (del tren) retrocede setenta centímetros aprisionando a Lucas. En el exterior hay una escalerilla de tres escalones para que los motorman se subieran en Castelar o en cualquier lugar donde hiciese trasbordo los Motorland. De hecho, cuando lo encuentran, lo hacen desde esa escalera. O sea, claramente ellos no revisaron”. 

De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario.

María Servini — Jueza federal.

“Es más, los vagones tres y cuatro fueron utilizados como morgue circunstancial el día de la tragedia y se iban depositando allí los cuerpos, con lo cual ellos pasaron por ese lugar una enorme cantidad de veces. Se veía desde el exterior y se podía acceder desde el exterior, con lo cual ellos no necesitaban ninguna sonda, ni ningún sistema extraño ni ultramoderno. Era subir tres escalones y mirar para adentro. Y no lo hicieron”, afirmó el padre de Menghini Rey. “Fue impericia”, agregó.

La absolución

La defensa, encabezada por Julián Orlando, letrado de la Federal, afirmó que los bomberos y el resto de los actores en ningún momento tuvieron la intención de no buscar a la víctima 52, como alega la querella. La fiscalía también apoyó esa postura, en base a las pruebas recolectadas.

En el juicio, Servini sostuvo que “no ha quedado acreditada” la responsabilidad de los acusados y las pruebas del expediente sólo le dejaron dudas “la existencia de culpabilidad” y “si omitieron la búsqueda adrede, con conocimiento de la ilegalidad de su conducta”. “De la totalidad de las probanzas colectadas a lo largo del legajo, no logro encontrar certeza en la postura acusadora sino más bien, por el contrario, una serie de indicios que, dada su falta de univocidad, resultan indicadores de una posible negligencia, si se quiere torpeza o inexperiencia en las tareas de salvamento que se desarrollaran el día del accidente, pero en modo alguno advierto la configuración del dolo específico reclamado”, escribió la jueza. 

De haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo.

Juan Carlos Gemignani — Juez de la Cámara Federal de Casación.

Casación

A finales de 2018, el juez Juan Carlos Gemignani revisó la sentencia absolutoria a pedido de la querella. En su fallo, el magistrado sostuvo que las absoluciones debían ser anuladas y que la causa debía regresar al juzgado de Servini, debido a la supuesta “valoración fragmentada de la plataforma fáctica” y por entender que el fallo “peca de fundamentación aparente”. 

Gemignani citó el relato de uno de los testigos del juicio. El oficial de la Policía Federal, Nicolás Pablo Vega, quien participó de la búsqueda de Menghini Rey el 24 de febrero de 2012, había declarado: “Cuando hago la inspección exterior del cuarto vagón del tren, específicamente de la cabina del motorman, lo que observo es que el interior estaba aplastado, había algunos fierros retorcidos, instrumental volcado y llego a ver algo que podrían llegar a ser restos humanos. Recuerdo que vi una mochila, y detrás un objeto oscuro que podrían ser restos de un cuerpo en descomposición”. 

El juez resaltó que si bien el testigo no respaldó la posición de la querella sobre que el cuerpo de Menghini Rey era fácilmente visible desde el exterior del tren, pero afirmó que sus dichos “dejan al desnudo que de haberse llevado a cabo una atenta y fina búsqueda, la inspección hubiera arrojado resultado positivo”, “más allá del innegable caos y confusión que en los albores del siniestro reinaba en el lugar del hecho debido a su magnitud y a las personas que resultaron heridas y fallecidas”, dijo Gemignani.

Desde entonces, la jueza Servini debe volver a analizar la prueba que en su momento la llevó a determinar que no había existido dolo por parte de los bomberos. A diez años de la tragedia, una fuente judicial del caso estimó que la magistrada volverá a emitir un fallo pronto.

ED

El fiscal Fernando Arrigo se encuentra a unos 300 kilómetros de Plaza Miserere y a diez años de la Tragedia de Once, pero en sus respuestas, esa distancia en espacio y tiempo parece no existir. En la fiscalía de Rosario que ocupa actualmente, Arrigo recuerda como si fuera hoy el juicio oral y público de 2014 y 2015, en el que encabezó la acusación contra los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, los empresarios Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliani -finalmente absuelto-, y otros 24 imputados por el accidente ferroviario del 22 de febrero de 2012. 

Arrigo no puede evitar las lágrimas cuando rememora las historias de las víctimas y todavía alega como si estuviera frente al Tribunal Oral Federal número 2 las pruebas que demostraron que funcionarios, empresarios y ejecutivos sabían que el ferrocarril Sarmiento era una bomba de tiempo y eligieron no hacer nada para evitar el choque que le costó la vida a 51 pasajeros -y una niña por nacer-, y atravesó las de 789 heridos y de incontables familiares y seres queridos de las víctimas. 

Entonces, Arrigo subrogaba la fiscalía número 4 ante los tribunales orales federales de Retiro y se le asignó por sorteo llevar adelante la acusación del juicio por la Tragedia de Once. 

El juicio oral y público conocido como Once I comenzó el 18 de marzo de 2014. Gobernaba Cristina Fernández de Kirchner y seguía en su cargo el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, a quien el juez Claudio Bonadio había excluido de la lista de procesados por la tragedia ferroviaria. Durante el juicio -afirma el fiscal Arrigo- “trabajábamos en la fiscalía, en Comodoro Py. Coincidentemente con que empecé a interrogar al (funcionario) testigo (Gustavo) Simeonoff -ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN)- sobre quién era el jefe que establecía las renegociaciones (con los concesionarios de trenes) y empezó a mencionar a De Vido, nos dijeron que teníamos que dejar la oficina de la fiscalía”. 

¿Debía dejar la fiscalía mientras encabezaba la acusación en el juicio?

Presidencia designó al nuevo titular de la fiscalía 4 y nos mandaban a una fiscalía que estaba con gente, así que simultáneamente empecé a preparar el living de mi casa para mudarme ahí con el grupo de gente (abocada al juicio). Temiendo que podía pasar algo así, había hecho dos grupos en la fiscalía, uno estaba enteramente dedicado al juicio. Gracias a una compañera, Judith König -entonces titular de la Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (OFINEC) del Ministerio Público Fiscal, que colaboraba en el juicio-, que me hizo un contacto con la obra social de la Armada me facilitaron un lugar que era justo frente a la sala de tribunales, con lo cual facilitó mucho la cosa. La oficina que nos decían (en la Procuración) que nos ofrecían estaba en la calle Tucumán. Era pequeña y estaba ocupada. Esa gestión duró durante todo el mes de enero (de 2015). (Ver más sobre esto al final de la entrevista).

¿Cuánto tiempo pasó entre que la fiscalía consigue en el juicio que el asesor de De Vido lo incriminara y que les comunicaran que debían dejar la oficina de Comodoro Py? 

Fue a la semana siguiente.

¿Cómo y quién se lo comunicó?

El concurso de la fiscalía 4 había quedado trabado y se destraba. En esa fecha sale la designación del nuevo fiscal titular. Venía el fiscal nuevo. Johanna Cristallo, que era la secretaria privada de la Procuradora y quien se comunicaba con los fiscales, me dice que me habían conseguido una oficina en la calle Tucumán. Le pedí las llaves y me dijo: “Está ocupada”. Ahí empecé a ver la posibilidad de preparar la fiscalía en mi casa. 

¿Esto fue en pleno juicio?

En audiencias de testigos.

¿La persona que se lo comunicó le dijo si era una decisión de la procuradora Alejandra Gils Carbó?

No porque planteado como estaba era que no tenían lugar, lo cual no era nada nuevo, y que la designación (del nuevo fiscal titular) en definitiva había salido del Ejecutivo y que tenía que dar lugar a ellos.

“El director de la Obra Social nos dio un espacio que estaba abandonado -afirmó Arrigo a elDiarioAR-. Ya le habían dado algunas dependencias al Poder Judicial. Tenían el depósito de expedientes. Le dije: ‘No hace falta ni que tenga ventanas, que tenga ventilación es suficiente’.  Compré la heladera, la cafetera, el microondas. Las cosas que necesitábamos llegaron cuando terminó el juicio. Se los mandé”.

“Entonces -recuerda Arrigo-, en un diario, un periodista publicó que me había dado un pico de presión porque me habían dicho que tenía que dejar la fiscalía porque un día apareció la ambulancia en Comodoro Py y me llevaron en una bandejita -bromea-, pero era una apendicitis. La verdad es que no tenía que ver con eso, tenía que ver en realidad con un ritmo de trabajo y de alimentación complicado, mucho café y almuerzos salteados. La semana laboral tenía siete días”. 

¿Puede contar más sobre cómo surge la figura de De Vido en el juicio?

Una mecánica que nosotros veíamos en ese momento y de la que no se hablaba era que a partir de la decisión presidencial de congelar las tarifas, los concesionarios del Estado solicitaban al Ejecutivo que los compensaran de alguna forma porque el desequilibrio entre los costos y ganancia. Entonces empiezan a hablar de una renegociación para ver si mantenían las concesiones o no y le solicitan al Estado que compense de alguna forma. Había una comisión de renegociación y la designación de los integrantes dependía de De Vido. Resulta que en ese momento no estaba conformada, con lo cual quien resolvía todo era Sinmenoff, que respondía órdenes y decía que hacía lo que mandaba su jefe, pero nunca lo mencionaba. Entonces le empecé a preguntar quién era. 

Once fue la destrucción de la vida a nivel transversal.

“Quedó ahí planteado que había una mecánica, siguiendo un razonamiento que parecía diabólico -aseguró Arrigo- porque los empresarios iban creando deudas en la medida en que el Estado les reclamaba a ellos las multas que tenían que pagar por incumplimiento con el contrato de concesión. Con relación a Schiavi, nosotros planteamos que se superó el porcentaje de multas y que por el propio pliego de licitación se les podía quitar la concesión y eso no lo hicieron. La mantuvieron. Y particularmente en el caso de Schiavi, una prueba de la toma de conocimiento de ese riesgo creado que generó la responsabilidad de su conducta es cuando en varios canales de televisión salió llorando, hablando del estado deplorable en que estaban (los trenes)”.

Tras las condenadas a Jaime y Schiavi, hubo un segundo juicio oral y público contra De Vido y Simeonoff en 2017 y 2018, pero ¿podría explicar usted la consecuencia de haber traído la figura de De Vido al primer juicio de Once?

En el marco de esa renegociación perpetua que venían llevando, le preguntamos a Simeonoff dónde estaban los papeles de trabajo y él contestó que no tenía papeles de trabajo para que no hubiera pruebas. Fue así de terrible. Ahí es donde surge su intervención (de De Vido) y su relevancia, a criterio nuestro, en ese momento, con el resultado, porque justamente esa situación de indefinición y de mantener la concesión, tenía que ver con que TBA siguiera incumpliendo, discutiendo algo indefinido que, dicho sea de paso, era la única empresa que conseguía que el Estado a través de asignación de recursos le pagará las reparaciones. Con ese dinero que daba el Estado, hacían licitaciones para las reparaciones y en las licitaciones, ¿quiénes ganaban? Las empresas del mismo grupo de ellos.

¿Tenían una serie de compañías tercerizadas que eran del mismo grupo TBA y que le proveía servicios a TBA para las refacciones y mantenimiento de los trenes?

Exactamente. Ellos mismos se cobraban servicios de asesoramiento, donde estaba Cirigliano, y cobraba honorarios por asesorarse a él mismo. Era una mecánica de inventar gastos, en definitiva. Contrataron un jet privado, por ejemplo, que en realidad usaba la familia para ir a Punta del Este y a Necochea. Establecimos un nivel de ingresos en el período investigado de $3.000 millones del Estado, desde el momento en que empezaron la concesión hasta el momento en que se la quitaron. Cobraban por un servicio por el cual se habían comprometido a que si el tren se quedaba, iban a buscar a los pasajeros en colectivos. El grupo económico tenía varias empresas de colectivos. Le pregunté a todos los pasajeros que vinieron a declarar como testigos si alguna vez los habían trasladado y dijeron que nunca. 

Del motorman al ministro

Desde hace cuatro años, Arrigo encabeza una de las fiscalías ante los tribunales orales federales de Rosario, desde donde se conecta vía zoom con elDiarioAR, el jueves último por la tarde, luego de una audiencia de testigos en el juicio contra 19 policías de la ciudad santafesina por la desaparición forzada de Franco Ezequiel Casco, ocurrida el 6 de octubre de 2014.

“Una vez (el periodista) Nelson Castro me preguntó: ‘¿Cómo puede ser que el que maneja un tren y el funcionario que controla sean condenados por el mismo hecho? Yo le dije: porque ahí hay un entrecruzamiento de riesgos creados que dieron como consecuencia ese resultado”, recuerda Arrigo. “El clímax, digamos, de esa conjunción fue ese día”, aseguró el fiscal, en referencia al miércoles 22 de febrero de 2012, a las 8:33 de la mañana, cuando el tren número 3772 chocó en la cabecera de la estación de Once.

El tren era conducido por Marcos Córdoba, quien terminó condenado a tres años y medio de prisión por estrago culposo e inhabilitado por siete años para desempeñarse como conductor ferroviario (Casación redujo luego su pena). Otras 20 personas fueron condenadas a penas mayores. Arrigo había solicitado penas de entre 10 años y medio y 11 años para los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios de TBA, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y estrago culposo. Las querellas hicieron sus propios alegatos.

“Uno de los peritos determinó que había un patrón de conducta en la forma de manejar del motorman (Marcos) Córdoba. Descubre que siempre aceleraba y frenaba en las mismas condiciones. Determinamos que esa formación estaba conformada por 16 vagones que habían sido sacados de circulación por pérdidas generalizadas de aire. Las formaciones Toshiba tienen un sistema de freno de lógica inversa: si en la cañería, el tren no tiene suficiente presión de aire, no funciona. Los caños de las formaciones sacadas de circulación por la empresa, en vez de ser del material que tenían que ser, eran mangueras de plástico. Perdían aire por todos lados”, relató Arrigo. 

“Además, por la falta de mantenimiento, no tenían la cantidad de compresores que correspondía, tenían muchos menos. Entonces el aire se perdía y no se comprimía a la velocidad que se tenía que comprimir. Esto generó la pérdida generalizada de aire en la formación”. Continúa su explicación: “El motorman aplica el freno degradado. Cuando, pasando la Cabina B, determina y ve que esos frenos no funcionaron correctamente, su obligación hubiera sido aplicar el freno de emergencia en ese momento. Continuó circulando. Y ahí se gastó un montón de aire. Realizó varias aplicaciones sucesivas. Cuando llega a la cabeza de emergencia y ve que no frena, aplica un freno de emergencia, que según la velocidad del GPS, aparece como un freno de emergencia degradado porque ya se había gastado el aire”. 

“Estando en la cabecera del andén, el perito Brito observó que el parachoques del Chapa 16 no estaba chocado y sí lo estaba el parachoques de tierra firme, que es un neumático. Él explica que en esa aplicación de freno, como están conectados todos los vagones, el tren empezó a bajar y subir, y así pasó. Si la formación hubiera tenido el mantenimiento, la cantidad de compresores y de cañerías que necesitaba, el freno de emergencia hubiera funcionado”, concluyó el fiscal.

El negocio de desinvertir

Arrigo sostiene que “el no mantenimiento no fue desidia, era un negocio para la empresa”. “Cuando pudimos desencriptar los correos electrónicos, los propios empresarios decían que para después del carnaval iba a reventar. Decían que con altas temperaturas y en un fin de semana largo, vamos a tener un accidente”.

¿Esos correos encriptados que obtuvieron eran entre ejecutivos de TBA?

Entre ejecutivos de TBA. Los funcionarios públicos también tenían conocimiento por la imposición de multas en forma descarada. 

¿El análisis de los documentos contables de las empresas del grupo TBA fue clave en el juicio?

Sí, contamos con la colaboración de Guillermo Bellini, quien quedó implicado en la compra del edificio de la calle Perón (la causa contra la entonces Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó). Hizo un análisis impecable de los libros de actas de reunión de las sociedades. Se la pasaba dentro del tribunal revolviendo papeles. A través de las discusiones en el acta de directorio surgía quién tenía en definitiva conocimiento de esa situación, de la defraudación. Después nos ayudó mucho la oficina de comunicaciones de la Procuración con todos los Power Point empresariales, con personajes que se iban repitiendo en las distintas empresas, los movimientos de fondos. Todo apuntaba a los mismos: Sergio Claudio Cirigliano y Mario Cirigliano. Estaban ellos al final de absolutamente todo.

El tribunal absolvió a Jaime por el estrago culposo y sólo lo condenó por defraudación a la administración pública, pero la fiscalía lo había acusado por ambos delitos como al resto de los exfuncionarios, ejecutivos y empresarios…

Si, absuelven a Jaime diciendo que Jaime estaba muy lejos del estrago -había dejado el cargo en julio de 2009-, pero no importa cuán lejos estaba. Lo que importa en el delito culposo es el aporte que se ve reflejado en el resultado. Es la causalidad. En el caso de Jaime por más lejos que esté, es culpable. El mejor ejemplo es el de un tipo que pone una bomba, el sistema retardador no funciona y explota 20 años después. ¿Por qué está lejos no tiene nada que ver? No, puso la bomba. Justamente Jaime empieza con el incumplimiento de exigirle a la empresa los mantenimientos o el pago de las multas, todas las acciones que después se mantuvieron en el tiempo y se reflejan en el resultado. El tribunal dijo que la falta de mantenimiento tenía una relación directa con la existencia de óxido en la formación. Gracias al óxido de la formación hubo acaballamiento de la formación y la muerte por aplastamiento de 51 personas más una por nacer. 

Absolvieron también a Mario Cirigliano, a quien usted había acusado…

Sí, cuando leí los fundamentos de la sentencia presenté un recurso (para que se revise) la absolución (parcial) de Jaime. Con respecto a Mario Cirigliano me pareció bien fundamentado (su absolución) por el tribunal porque también es una forma de corregir mi propia actuación como fiscal. Pero en el caso de Jaime se equivocaron.

¿El accidente fue consecuencia de acciones que comenzaron durante el gobierno de Néstor Kirchner o que venían incluso de antes?

Uno de los problemas que tuvimos para la determinación de la prueba fue que en la gestión anterior a Jaime no había documentación ni argumentación de nada, de incumplimiento ni cumplimiento, absolutamente nada. Con lo cual nosotros, a partir de la prueba que obtuvimos, dijimos bueno, esto empezó en esta época. De hecho, la concesión era anterior a Jaime pero no teníamos pruebas. El tribunal nos dijo que empezáramos a ver desde 2003 en adelante porque si no era el infinito. Como dijo Jaime en una entrevista en Página/12, las concesiones quedaron en manos del Presidente, de él y de De Vido. No hubiésemos conseguido lo que conseguimos si cada uno no hubiese cumplido su rol. Sólo en el equipo de la fiscalía, Adrian Folliero, Mariana Aiello, Daniela Capmany, Federico Aversa, Esteban Heldt, Mariana Aiello y Guillermo Bellingi. También el equipo de comunicación de la Procuración.

Usted describe una combinación entre el congelamiento de tarifas, la defraudación con subsidios y el desvío de los fondos para mantenimiento, además de una acción del motorman. ¿Cuánto influyó la situación económica, el congelamiento de tarifas y la corrupción?

Con la inflación y el congelamiento de tarifas, la subsistencia (de TBA) dependía casi 100 por ciento del subsidio, pero si, por ejemplo, la comisión de renegociación se hubiera implementado, hubieran quitado la concesión, hubieran visto el tema de los incumplimientos, incluso habiendo subsidios, no hubiera pasado lo mismo. En un momento empezaron a hacer trenes doble piso con trenes de un piso usados, viejos, lo reforzaban y lo querían vender al Estado. Para mí, el congelamiento de tarifas fue, digamos así, el caldo de cultivo que después se unió con estos ingredientes.

Culpables

¿Cómo fue su relación en el juicio con los sobrevivientes y los familiares de las víctimas?

Es una parte del juicio en la que claramente, como fiscales, tenemos que participar sin ser, digamos… sin violar secretos de la investigación pero sí mantener la comunicación. Sos un abogado y te paga el Estado pero estás defendiendo a la gente, velando por sus intereses y representando a la gente que trabaja. En ese marco, fue que tomé contacto con ellos. Les iba contando cuáles eran las distintas etapas, les fui avisando que iban a escuchar cosas de las defensas y que no se tenían que enojar para que no desalojen la sala. Les dije: “La presencia de ustedes ahí es importante”. Cada tanto venían y nos juntábamos, me preguntaban por qué habían dicho tal cosa, por qué no decía yo tal otra. Y yo le decía que había distintos momentos para cada una de las situaciones.

¿Qué historias lo marcaron más y le siguen viviendo en los recuerdos del juicio?

Cada vez que me acuerdo se me escapa una lágrima… (sigue con la voz entrecortada y no evita las lágrimas) El papá que perdió a su mujer y a su bebé… Fue terrible… Un hijo que una vuelta escuché en un acto que le despedía a su papá… Cuando los bomberos contaban que querían sacar a las víctimas apretadas. Se produce una reacción química en el organismo cuando ese organismo está apretado por más de determinado tiempo, no recuerdo en este momento si es media hora, 45 minutos, una hora. Empieza a largar toxinas y el cuerpo se empieza a morir. Ellos quisieron sacarlos y de tan apretados que estaban y le sacaron el brazo a una de las víctimas y de pronto empezaron a ver cómo se iban muriendo siguen muriendo. La historia de (Lucas) Menghini Rey… porque fue la desesperación, la angustia de cualquier papá y cualquier mamá que pierde un hijo. Como una vez me dijo un jefe mío que había perdido un hijo, es como si estuvieras muerto pero siguieras caminando. Y después la culpa generalizada de todos los que sobrevivieron, que no estuvieron en el tren pero que lloraban y decían (se toma unos segundos): “Si esa mañana le hubiera dicho ‘Viejo quédate a tomar unos mates’. No hubiese muerto”. Es como si hubieran seguido sufriendo, como si no hubiera terminado ese día, con la angustia de los parientes que estaban ahí desesperados, buscándolos en la morgue. El relato de un chico que sobrevivió y en el juicio dijo: “Señores jueces, perdónenme lo que voy a decir. ¿Puedo puedo decir una guarangada? El servicio del tren Sarmiento era una mierda. No lo puedo describir de otra forma. Entrábamos por la ventana. Estábamos amontonados entre los asientos. Íbamos con la puerta abierta, enganchados porque llegábamos tarde al trabajo”. Recordemos que las personas que viajaban en el tren eran las que menos recursos tenían porque el boleto era lo más barato que había, con lo cual era un grupo de lo más vulnerable, en la peor situación, que era un negocio para una empresa. Su reclamo y su presencia echaron luz sobre algo diabólico: alguien que veía hacer un negocio para construirse una casa frente al mar o ir a Punta del Este en un jet privado, y cobrar todo lo que se podía a costilla de la inseguridad de un grupo social, el más vulnerable, el que trabaja. El factor común de todos fue la destrucción anímica, afectiva y familiar; 52 fueron los que murieron, pero multiplica eso por un número incansable de personas vinculadas a ellos que quedaron destruidos y que hoy, o por lo menos la última vez que yo estuve (con ellos), siguen sintiendo culpa de estar vivos y creen que podrían haber dicho algo para que no murieran su mujer, su marido, su papá, una mujer embarazada con su hijo.

¿Cada cuánto recuerda la Tragedia de Once?

A ver, bastante seguido… (se toma unos segundos) Hay una constante en casi todos los hechos que vemos en cotidiano los fiscales y tiene que ver con… con el dolor de la destrucción. Ahora, es la droga y la desintegración social familiar de quienes están en el narcomenudeo, del que es víctima de homicidio, de una persona adicta. Y Once fue eso. Esta destrucción de la vida a nivel transversal, de la sociedad, de una época, de un momento y de un lugar, como pasa acá en Rosario. Es terrible. Fue muy revelador de cómo juega el delito, cómo daña y cómo atraviesa a la víctima directa, a la familia y a la sociedad. Cada tanto, cuando tomo un tren y me quedo mirando el sistema de freno, que ahora son mucho más evolucionados, se ve que son frenos de disco como los autos, o a veces que he tomado también el Sarmiento, se me vienen automáticamente los relatos de los pasajeros, cuando iban escuchando cómo golpeaban las vías por falta de mantenimiento. Y es como si volviera cada tanto en otro juicio, con alguna noticia. Otra de las cosas que me quedó de ese juicio, que aprendí un montón, es lo que dicen los principales desarrolladores de trenes que hoy andan a velocidades infernales: la frecuencia del tren y la frecuencia del servicio es como la presión arterial de un ser humano. Cuando tenés un servicio en horario y que tiene la cantidad suficiente de trenes para que la gente vaya en los metros cuadrados que corresponde, es la primera señal de que un sistema funciona. 

¿Qué más le sorprendió del relato de los bomberos?

Que fue desesperante. Me acuerdo de (el jefe del SAME, Alberto) Crescenti. Fue un trabajo a contrarreloj porque tampoco podían poner una sierra, si metían la sierra, mataban al que le metía la sierra. Era desesperante, era tal la compresión que no entraba nada. Y las propias víctimas que sobrevivieron dijeron que escuchaban cómo dejaban de hablar otros y era que se estaba muriendo. Y los bomberos sabían eso. Fue terrible para los bomberos y para los paramédicos.

¿Cómo recuerda a los funcionarios imputados? ¿Cómo vio que vivían ese juicio?

El único que recuerdo que sí lo vivía con mucha angustia y era ostensiblemente diferente al resto era Schiavi. Se lo veía muy angustiado. Recuerdo que en un momento, se me habrá cruzado por la calle y me preguntaba qué iba a pasar. Yo le dije: “La verdad, no depende de mí. Y dicho sea de paso, usted tiene para lo que yo veo, dos de los mejores abogados que he visto en Comodoro Py, vaya a hablar con ellos y confíe en ellos. Que ellos van a hacer un excelente trabajo y yo voy a ser el mío a medida que va apareciendo la prueba”. 

¿Y cómo lo atravesaron los ejecutivos y empresarios de TBA?

Una de las actitudes que me llamaba la atención era casi de ofendidos porque estaban ahí; como que estaban lejos de todo. “Nosotros no tenemos nada que ver”, apuntando que la culpa la tenía el motorman y de alguna forma la primera línea que estaba ahí en los controles, pero que ellos no tenían nada que ver, que no sabían. Recuerdo a uno de los abogados, muy buen abogado también, que planteaba que habían salido 10.000 tren o una cosa así y sólo había habido un accidente. Tenía una actitud de distancia con el hecho. Hasta se reían. Recuerdo justamente a Sergio Claudio Cririgliano en algunas ocasiones que me llamaban la atención.

El 29 de diciembre de 2015, los jueces Jorge Gorini, Jorge Tassara y Rodrigo Giménez Uriburu condenaron a 21 de los 28 acusados, según el Centro de Información Judicial (CIJ). Schiavi recibió una pena de ocho años de cárcel; Jaime, de seis años de prisión. Sergio Claudio Cirigliano, nueve años. El resto de los ejecutivos y exfuncionarios condenados recibieron penas más bajas.

En mayo de 2018, los jueces Juan Carlos Gemignani, Eduardo Rafael Riggi y Carlos Alberto Mahiques, de la Cámara Federal de Casación, elevaron la pena de Jaime de seis a siete años pero bajaron la mayoría de las condenas del resto, incluyendo la de Cirigliano, que pasó de 9 años a 7 años. Dos años y medio más tarde, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dejó firme la decisión del máximo tribunal penal federal pero dejó pendiente revisar la condena de Jaime.

Tras la sentencia de 2015, tanto la fiscalía como el tribunal oral impulsaron la acusación contra De Vido. Bonadio debió citarlo a indagatoria y lo procesó el 10 de mayo de 2016, según los registros del Centro de Información Judicial (CIJ). El exministro fue condenado en octubre de 2018 a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta en contra de la administración pública. El Tribuna Oral Federal número 4 lo inhabilitó de por vida para ejercer cargos públicos. Atravesó el juicio desde la cárcel de Marcos Paz, detenido de manera preventiva por otro expediente conocido como el caso Río Turbio. Obtuvo la prisión domiciliaria y luego recuperó su libertad, gracias a que su condena en Once II no está firme en la Corte Suprema, cuando el kirchnerismo hizo entrar en vigencia artículos del nuevo Código Procesal Penal. El Tribunal Oral Federal número 4 dispuso en abril de 2021 que el exfuncionario esté monitoreado por una tobillera electrónica.

Este artículo se modificó el 20 de febrero de 2022 para corregir un error referido a la concesión del Belgrano Norte. Se corrigieron también epígrafes referidos a Sergio Claudio y Mario Cirigliano.

ED

El presidente de Grupo Techint, Paolo Rocca, y dos de sus directivos de confianza, Luis Betnaza y Héctor Zabaleta, cerraron su capítulo del caso de los cuadernos. Los sobreseimientos de los tres imputados por pagos ilegales de un millón de dólares al exfuncionario Roberto Baratta en 2008 quedaron firmes esta semana, luego de que el fiscal Carlos Stornelli y la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querellante en el expediente, no apelaron el fallo del juez Julián Ercolini, según el escrito al que accedió elDiarioAR y la confirmación de fuentes judiciales de la causa. 

El grupo de los Rocca, que lidera el mercado de tubos de acero para la industria petrolera, tiene otros procesos abiertos por presuntas coimas sin muchos avances en los tribunales de Comodoro Py, pero sí tiene dos frentes judiciales activos en Italia y Brasil por las mismas acusaciones, como informó este medio el domingo último. Otras acusaciones contra el grupo de Rocca por supuestos pagos indebidos a funcionarios públicos van desde el caso Skanska hasta una licitación en Uzbekistán, en el Mar Caspio. Este último le valió una sanción millonaria en los Estados Unidos.

En 2018, los ejecutivos Betnaza y Zabaleta admitieron ante Stornelli y el juez Claudio Bonadio que el primero había ordenado ocho pagos a Baratta que el segundo director ejecutó en varias entregas, que incluyeron un bolso de dinero y paquetes de billetes entregados al entonces funcionarios en el subsuelo de la sede central de la compañía, en Retiro. Rocca, en cambio, declaró ante la Justicia que no conocía los pagos y que no se responsabilizaba por los hechos.

El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños.

El juez Julián Ercolini entendió que Techint pagó un millón de dólares en dádivas y no en sobornos al entonces funcionario Baratta en “estado de necesidad”, una figura del Código Penal que permitió argumentar que las coimas admitidas por Betnaza y Zabaleta se pagaron para “evitar un mal mayor”, en el marco de la expropiación de Sidor en Venezuela y hechos de tensión y violencia contra ejecutivos de la compañía en ese país. 

Baratta, quien al momento de recibir los pagos ilegales de Techint era mano derecha del entonces ministro Julio De Vido y hombre clave del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en la relación con los empresarios, quedó procesado por el supuesto delito de dádivas por haber presuntamente exigido alrededor de un millón para mediar entre la multinacional ítalo-argentina y el gobierno de Hugo Chávez, en Venezuela, ante la estatización de la empresa Sidor. También se le dictó un embargo sobre sus bienes.

El abogado de Baratta, Alejandro Rúa, sí apeló el martes último el procesamiento de su cliente ante el juzgado de Ercolini por lo que el caso llegará nuevamente a la Cámara Federal porteña para su revisión, según el escrito que consta en la causa y la confirmación del defensor. Baratta niega las acusaciones, sostiene que Betnaza y Zabaleta mintieron sobre los pagos, que sólo tuvo reuniones de trabajo en la sede de Techint y que no tenía ninguna injerencia para intervenir por Sidor en Venezuela.

Al conceder el recurso de apelación de Baratta, el juez Ercolini -quien subroga este año el juzgado que dejó vacante Bonadio tras su muerte- también dejó asentado en el expediente que los sobreseimientos de Rocca, Betnaza y Zabaleta quedaron firmes.

Stornelli y la UIF tenían plazo hasta el martes último para apelar los sobreseimientos de los hombres de Techint e incluso también el procesamiento por dádivas de Baratta, ya que podrían haber alegado que se trató de un delito más grave: el de cohecho pasivo. Sin embargo, ninguno de los dos acusadores se presentó en el expediente.

Ante la consulta de elDiarioAR, el organismo antilavado dijo esta semana que los plazos estaban vencidos para proceder con una apelación pero que la UIF estaba estudiando los pasos a seguir en el caso y no daba por descartada una acción judicial. Stornelli no respondió las consultas de este medio.

Estado de necesidad

En 2018, el juez Claudio Bonadio ordenó la detención de Héctor Zabaleta, quien aparecía en los registros de Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, funcionario del ministerio de Planificación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. 

Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas.

Paolo Rocca — Presidente de Grupo Techint.

El exgerente de Administración de Techint, contador de confianza de los Rocca, declaró como arrepentido que había entregado un bolso y paquetes de dinero por un total de un millón de dólares a Baratta en 2008 a pedido del director corporativo del grupo, Betnaza.

Según la declaración de Betnaza como imputado colaborador en la causa, “Zabaleta sacó la plata para hacer los pagos de los dividendos de los accionistas del grupo”. “Esto pasó por una cuestión humanitaria”, dijo el ejecutivo en su indagatoria. En las causas que tramitan en Brasil e Italia, Zabaleta es sindicado como un presunto gestor de pagos ilegales de Techint a nivel mundial.

A finales de 2018, Bonadio procesó a Paolo Rocca como co-autor de un supuesto cohecho activo (sobornos) y lo embargó por $4.000 millones. Entonces, el magistrado también procesó a Betnaza por el pago de sobornos. El fiscal Stornelli, junto a su par Carlos Rívolo -quien ya no interviene en el expediente- llegó a pedir la detención de Rocca por este expediente. Bonadio rechazó la medida.

Tras sus procesamientos, Rocca y sus ejecutivos fueron beneficiados con varios fallos entre 2019 y 2021. Siete jueces revisaron ya el caso, además de Bonadio (sus dos sucesores en el juzgado sumados a los miembros de la Sala I de la Cámara Federal y de la Sala I de la Casación). 

Desde la Cámara Federal hasta la Casación, Techint y el resto de los acusados en este capítulo de los cuadernos -que algunas instancias incluyó fallos a favor de Fernández de Kirchner- fue favorecido con el revocamiento de los procesamientos y el dictado de faltas de mérito, hasta llegar a los sobreseimientos firmes de esta semana. 

“Yo no estuve involucrado en los pagos a los cuales se me ha hecho referencia, ni lo autoricé ni estuve en conocimiento de los mismos hasta que surgieron en la prensa en las últimas semanas”, declaró Rocca en la causa.

El presidente de Techint sí admitió que intercedió ante Fernández de Kirchner, Lula da Silva y Dima Russeff para pedirles que mediaran con Chavez por el conflicto de Sidor. “Mi involucración en el tema fue la de mantener el contacto en máximo nivel con los países involucrados para contener la violencia, asegurar la incolumidad de nuestra gente, promover una retirada ordenada de la sociedad”, afirmó en el expediente.

En el último reporte semestral de Tenaris -la principal compañía del grupo- a sus inversores, la multinacional informó: “Operamos a nivel mundial y realizamos negocios en ciertos países que se sabe que experimentan altos niveles de corrupción”. “Aunque estamos comprometidos a realizar negocios de manera legal y ética de acuerdo con los requisitos legales locales e internacionales y estándares aplicables a nuestro negocio, existe el riesgo de que nuestros empleados, representantes, afiliados u otras personas puedan asumir acciones que violen las leyes”, agregó la multinacional, “con el propósito de obtener o mantener negocios”. Techint declinó responder las últimas consultas de este medio.

Dádivas

El juez Ercolini entendió que la prueba en el expediente “no deja lugar a dudas” acerca de la existencia de los pagos ilegales “ejecutados por Zabaleta y ordenados por Betnaza”. Sin embargo, el juez concluyó “que los pagos efectuados por Zabaleta a Baratta habrían tenido origen en ese pedido de ayuda a las autoridades del gobierno” por el caso de Sidor en Venezuela.

“Su accionar habría tenido como única y forzada motivación: la de evitar serias afectaciones a la libertad e integridad de las personas que trabajaban en Venezuela”, afirmó el juez. “El daño que pudo haber supuesto el pago ilegal de una suma importante de dinero a un funcionario público del gobierno, habría estado justificado por la necesidad de salvar o evitar mayores daños”.

Esto pasó por una cuestión humanitaria.

Luis Betnaza — directivo de Techint.

Los pagos indebidos a Baratta fueron la opción “menos lesiva” que tenía Techint “de todas las acciones que tenía a su alcance”, sostuvo el juez. El magistrado basó su decisión en los testimonios de cuatro ejecutivos de distintas empresas del grupo Techint, e-mails que relatan la situación de tensión en Venezuela y pruebas aportadas por la multinacional, como la contratación de la firma “Control Risk” para elaborar “un plan de emergencia para proteger la integridad física de sus dependientes y garantizar que puedan salir de Venezuela hacia Colombia”, que nunca se llegó a ejecutarse.

Baratta desmiente haber recibido pagos. Sin embargo, en el expediente, el ex funcionario Claudio Uberti declaró ante el fiscal Stornelli que él personalmente retiró entre cinco y seis coimas de Techint dirigidas a Néstor Kirchner en 2006. Esos dichos fueron negados por Betnaza en el expediente.

El caso sigue abierto. Ercolini ordenó a los ministerios de Relaciones Exteriores y Energía que informen si durante 2008 el Ejecutivo realizó gestiones formales a los efectos de tomar intervención en los hechos de violencia en Sidor. También pidió análisis de cruce de llamados

ED

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes los sobreseimientos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; del exministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich; y otros tres funcionarios porteños por el supuesto direccionamiento de la obra del Paseo del Bajo, según el fallo al que accedió elDiarioAR.

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

La investigación debía determinar si las autoridades de Ciudad y Nación cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra. El expediente había sido cerrado el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. El fallo de la Cámara se esperaba para fines de mayo, tras más de un año de la apelación, según las fuentes del tribunal de apelaciones, pero se demoró hasta el viernes.

La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal.

A principios de 2020, la fiscal del caso, Alejandra Mangano, y el fiscal general Sergio Rodríguez (Procuraduría de Investigaciones Administrativas, PIA) apelaron el cierre de la causa por “prematuro”, debido a que el juez no había realizado la totalidad de las medidas de pruebas en la investigación. Tampoco había indagado a ninguno de los acusados. El fiscal general ante la Cámara también había acompañado la apelación. 

Sin embargo, los jueces Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, miembros de la Sala I de la Cámara Federal porteña, resolvieron este viernes confirmar los sobreseimientos en un fallo de unas 30 páginas en las que sostuvieron que no había evidencia en el expediente que justificara producir nuevas medidas de prueba, según el escrito. 

“La valoración de los elementos de prueba incorporados en autos permiten descartar que la alteración del orden de apertura de los sobres en la licitación haya tenido algún propósito merecedor de reproche penal”, sostuvieron los camaristas.

“La variación referenciada se debió a un objetivo lícito y razonable, dirigido exclusivamente a obtener un préstamo bancario que beneficiaría el financiamiento y concreción de la obra, circunstancia que se encuentra plenamente corroborada”y “anula toda sospecha relacionada con un posible direccionamiento del proceso licitatorio tendiente a beneficiar a una empresa en particular”, sostienen los jueces en el fallo. 

Los camaristas argumentaron que las supuestas irregularidades en la licitación no pueden encuadrarse en una hipótesis penal. “Es destacable el esmerado esfuerzo del Ministerio Público Fiscal de señalar posibles fallas o irregularidades en las tramitaciones administrativas” de la licitación -sostuvieron los magistrados- “pero lo que no logra mostrar es la configuración o vinculación que logre unir a alguna de las supuestas fallas postuladas con una hipótesis de relevancia penal”, dice el fallo. 

Según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: modificaron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa era central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones, que terminó adjudicado a Iecsa.

Llorens, Bruglia y Bertuzzi entendieron que “no era posible que las autoridades o empresas competidoras conocieran las ofertas con anterioridad a la apertura de los sobres” y favorecieran así a Iecsa, según los testimonios tomados por Bonadio y el análisis de la documentación oficial, dijeron los jueces. “Las modificaciones sobre el orden de prelación fueron anteriores a la recepción de las ofertas (con tiempo suficiente)”, agregaron.

“El 26 de octubre del 2016, cuando se dictó la primera circular modificatoria -que disponía alterar la apertura de los sobres-, no podía saberse qué empresas se presentarían, ni cómo serían sus ofertas”, afirmaron los camaristas. “Este es un punto básico, en razón de que el favorecimiento a la UTE (Unión Transitoria de Empresas) integrada por Iecsa” no encuentra “respaldo”, aseguraron. Los fiscales habían solicitado producir nuevas pruebas (testimonios, por ejemplo) para seguir investigando esa hipótesis.

Los fiscales también habían sostenido en su apelación que la alteración de la apertura de los sobres habría causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que de haberse mantenido el orden de prelación previsto originalmente la obra hubiese costado unos $75 millones menos. 

Los camaristas argumentaron, en cambio, que “ no es atendible construir una hipótesis delictiva en torno a un perjuicio patrimonial cuya apreciación depende de circunstancias posteriores al desarrollo de la licitación y, que no podían ser conocidas ni previstas con antelación por ninguna de las partes involucradas”. Agregaron que, con posterioridad, “se terminó abonando una cifra menor al precio base fijado en los pliegos”, según el fallo.

La causa tenía cinco funcionarios investigados. Los camaristas también confirmaron los sobreseimiento del entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y de dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

La explicación de los funcionarios investigados fue que los sobres se alteraron para cumplir con los plazos de un crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF), actualmente Banco de Desarrollo de Latinoamérica, con el que se financiaría una parte de la obra por US$400 millones. Ese crédito era el aporte del Gobierno de Macri al proyecto, según determinaron los fiscales.

“Este préstamo debía intentar obtenerse antes de que culmine el año 2016, ya que el cupo de dinero que Argentina tenía asignado por parte de la entidad financiera para ese período, conforme prueba testimonial producida, no había sido utilizado al máximo y se perdería al año siguiente”, dice el fallo de la Cámara.

Antecedentes

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mangano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los investigados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

ED

El oficialismo busca llegar a diciembre con los candidatos para ocupar al menos cuatro vacantes clave en los tribunales federales de Comodoro Py, principal foco de tensión entre el gobierno de Alberto Fernández y el Poder Judicial.

Los concursos para seleccionar jueces están a cargo del Consejo de la Magistratura, el organismo que también controla y sanciona a los magistrados federales y nacionales. El programa para este año es resolver entre junio y julio las ternas de al menos dos juzgados de primera instancia y dos vacantes en la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los magistrados que investigan causas de presunta corrupción. Así, el oficialismo apuesta a que los candidatos de Fernández tengan sus pliegos en el Senado para diciembre próximo, según confirmaron a elDiarioAR fuentes oficiales en el Consejo de la Magistratura. 

Se trata de los juzgados federales de primera instancia número 11 y 6, que dejaron vacantes Claudio Bonadio (fallecido en febrero de 2020) y Rodolfo Canicoba Corral (quien se jubiló a mediados de 2020). Son dos de los tres juzgados de Retiro vacantes (el tercero es el número 12, que dejó Sergio Torres para asumir en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires).

Jura Boico 

Este miércoles, Roberto Boico jura como juez en la Cámara Federal porteña. El exabogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es el segundo camarista nombrado por el Presidente en el tribunal de apelaciones, pero el primero que atravesó un concurso durante la gestión de Fernández. En febrero, el juez Eduardo Farah fue reasignado a su antigua vocalía en la Sala II de la Cámara, tras la resolución del Consejo y la aprobación final del Presidente.

Pero además, el oficialismo apuesta a que Fernández envíe al Senado alrededor de diciembre a sus candidatos para ocupar las vocalías que actualmente están a cargo de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Eso le permitiría a Fernández nombrar a cuatro de los seis miembros del tribunal, si logra el acuerdo del Senado.

Los jueces Bruglia y Bertuzzi fueron trasladados desde otros tribunales a la Cámara Federal porteña en 2018 (durante el gobierno de Mauricio Macri), pero deberán dejar esos cargos por impulso del oficialismo y un fallo de la Corte Suprema que los confirmó de manera transitoria hasta que finalicen los concursos pendientes para esas vacantes. 

Las funciones de los camaristas son centrales para el poder político: son quienes deben confirmar o revocar los procesamientos, sobreseimientos, prisiones y libertades de los investigados por presunta corrupción, entre otras atribuciones, como indicar medidas de prueba a los jueces de primera instancia.

Cuatro de seis

El 13 de abril, se vence el plazo para que el diputado Pablo Tonelli (uno de los representantes de la oposición en el Consejo) presente la orden de mérito del concurso para las dos vacantes que deberán dejar Bruglia y Bertuzzi, informó una fuente del Consejo. Luego, el organismo debe analizar los exámenes escritos, tratar las posibles impugnaciones y realizar las entrevistas a los concursantes para la elaboración de la terna. “Los tiempos dan para comenzar a elaborar las ternas a mediados de año”, aseguró una fuente de la oposición ante la consulta de los planes del oficialismo.

Luego será el turno de los juzgados federales 6 (Canicoba Corral) y 11 (Bonadio). En los próximos días también comenzará el concurso para cubrir dos vocalías en la Cámara Federal de La Plata, otro tribunal que el poder político observa con interés.

El representante del Ejecutivo en el Consejo, Gerónimo Ustarroz, es quien busca lograr los votos de los aliados circunstanciales del oficialismo para elaborar las ternas de candidatos a ocupar los juzgados. El oficialismo requiere 9 de los 13 votos del organismo para aprobar las ternas de jueces que envía al Presidente. Fernández luego debe seleccionar a uno de los tres candidatos para enviar su pliego al Senado y lograr su aprobación. 

“En esas alianzas, los representantes de los jueces en el Consejo son clave, aunque no siempre votan o votarán con el oficialismo”, aseguró una fuente de la oposición en el organismo. “La negociación es día a día y dependen mucho de las ternas. Todo va a ser parte de arreglos. Los jueces también quieren nombrar a sus propios candidatos para las vacantes en juzgados y tribunales”, agregó la fuente consultada.

El Consejo de la Magistratura está integrado por trece miembros: tres legisladores del oficialismo y otros tres de la oposición; tres representantes de los jueces; dos en representación de los abogados; el representante del Ejecutivo; y el actual presidente del Consejo, Diego Molea, por los académicos, alineado con el Gobierno. 

ED

La Cámara Federal porteña definirá en los próximos días si reabre la investigación por supuesta corrupción en la licitación del Paseo del Bajo, una obra emblemática del gobierno de Mauricio Macri, que tiene como imputados al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich, según confirmaron a elDiarioAR fuentes judiciales con acceso al expediente. 

La causa en la que se debía determinar si las autoridades cometieron los presuntos delitos de administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público en adjudicación de uno de los tramos de la obra a la empresa Iecsa, entonces propiedad del primo de Macri, Angelo Calcaterra, fue cerrada el 27 de diciembre de 2019 por el juez federal Claudio Bonadio, 39 días antes de su muerte. 

Los tres jueces del tribunal de apelaciones se debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito que permitiría reabrir la investigación. Uno de los votos ya emitidos confirma los sobreseimientos de Bonadio, es decir que es favorable para los funcionarios y exfuncionarios, aseguraron las mismas fuentes a este medio.

Fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales.

El magistrado dictó el sobreseimiento de todos los imputados sin completar las medidas requeridas por los fiscales Alejandra Mángano y Sergio Rodríguez, según los escritos analizados por este medio. Durante el año que duró la instrucción del expediente, el juzgado tampoco citó a indagatoria para interrogar a los investigados ni ordenó declaraciones testimoniales a los empresarios y ejecutivos que participaron de la licitación en 2016, de acuerdo al escrito del juzgado. “A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos”, concluyó Bonadio. 

El juez basó su decisión en descargos por escritos presentados por algunos de los imputados que defendieron la licitación de la obra y las decisiones que habían tomado los funcionarios. Los fiscales, en cambio, sostuvieron en su apelación que las explicaciones oficiales dejaron contradicciones y sospechas que se debían seguir investigando, según el escrito analizado por este medio.

En la causa también estaban imputados el entonces ministro de Desarrollo Urbano y Transporte de la Ciudad, Franco Moccia (actual presidente de la Fundación Pensar y director del Banco Ciudad) y dos altos funcionarios de Autopistas Urbanas SA (AUSA), la empresa de la Ciudad que estuvo a cargo de la licitación. Calcaterra no está imputado en el expediente. Todos han negado siempre las acusaciones.

Bonadio sostuvo en su fallo que la alteración de la apertura de sobres no implicó un perjuicio para el Estado Nacional o porteño. Los fiscales calcularon el presunto perjuicio en unos $75 millones.

Los fiscales apelaron la decisión de Bonadio en febrero de 2020 y desde entonces el expediente está pendiente en la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa las decisiones de los jueces que investigan causas de presunta corrupción en Comodoro Py 2002. Es la única causa de alto impacto político ingresada en la sala durante 2020 sobre la que los camaristas aún no han resuelto, informaron en el tribunal ante la consulta. De reabrirse, el caso quedaría a cargo de los mismos fiscales, Mángano y Rodríguez, y del juez Julián Ercolini, quien se encuentra subrogando el juzgado de Bonadio, vacante desde su muerte en febrero del año pasado.

El juez Mariano Llorens escribió y presentó su posición sobre el caso durante el segundo semestre de 2020, según pudo confirmar elDiarioAR, pero la definición del resto de los camaristas se demoró al punto de que el 24 de febrero último, el fiscal general adjunto ante la Cámara Federal, José Luis Agüero Iturbe, solicitó “expresamente que el Tribunal se pronuncie a la brevedad en la causa, pues se han sobrepasado los plazos establecidos por la ley”, según el escrito al que accedió este medio. En 2020, Agüero Iturbe había apoyado los argumentos de los fiscales Mángano y Rodríguez para que se reabra la causa.

A esta altura, y en base a los elementos extensamente analizados, no cabe más que concluir en la inexistencia de actos irregulares o ilícitos.

En la Cámara, afirmaron que la dilación se debe en parte a que la Sala I estuvo atravesada por la disputa política y judicial sobre los traslados de dos de sus integrantes, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes regresaron en noviembre a sus cargos tras un fallo de la Corte Suprema y luego del intento del gobierno de Alberto Fernández y del kirchnerismo de desplazar a ambos del tribunal. 

Además de Llorens, el juez Bertuzzi ya emitió también su voto, confirmó una fuente del tribunal. Resta la opinión del juez Bruglia, quien en los próximos días terminará de analizar el caso, confirmó la misma fuente judicial de la Sala I. Luego las tres posiciones podrán debatirse durante la reunión de acuerdo de la Cámara.

Las cartas no están echadas para Larreta, Dietrich y el resto de los imputados. Los jueces debaten entre confirmar los sobreseimientos o dictar una falta de mérito. Esta última opción revocaría los sobreseimientos dictados por Bonadio y permitiría reabrir la investigación, como vienen solicitando los fiscales. 

El caso

El Paseo del Bajo es una obra de 7,1 kilómetros que conecta las autopistas Illia y Buenos Aires-La Plata, con un presupuesto original de $8.700 millones. La obra estuvo a cargo de Autopistas Urbanas (AUSA), pero el proyecto se financió en un 57% con fondos aportados por el Estado Nacional que provenían de un préstamos del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF). El 43% restante lo aportó la Ciudad de Buenos Aires. 

Una investigación preliminar de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que dirige el fiscal Rodríguez, y otra denuncia de la presidenta de la Auditoría General de la Ciudad, Cecilia Segura (Frente de Todos), sostuvieron que la licitación internacional se direccionó para que el consorcio liderado por la constructora Iecsa fuera adjudicado con el tramo más caro de la obra.

Para hacerlo, según las denuncias, los funcionarios alteraron las normas de la licitación a través de circulares sin consulta e incumpliendo con reglas del pliego: alteraron el orden de apertura de los sobres de ofertas de las empresas. Esta etapa es central ya que en la apertura de sobres se definen cuáles son las mejores ofertas para el Estado y, en esta obra en particular, se definía qué empresa se quedaría con el tramo más caro de la obra: el tramo C, con un presupuesto estimado en $4.480 millones. 

El gobierno de Rodríguez Larreta sostuvo ante la consulta de elDiarioAR que “las denuncias no tienen sustento” y que la licitación fue aprobada por la Procuración General de la Ciudad y que el organismo que depende del Ejecutivo porteño no detectó ninguna irregularidad administrativa en el pliego, el proceso y la adjudicación del contrato. Sobre la alteración en el orden de apertura de los sobres, la Procuración de la Ciudad entendió que la decisión “estaba dentro de las atribuciones de los funcionarios y que en ningún momento actuaron contra los intereses del Gobierno porteño”. 

Cerca de Dietrich sostienen que “fue una licitación internacional 100% transparente y cumpliendo todos los requisitos de los organismos multilaterales”, aunque señalaron que el proceso estuvo a cargo de la Ciudad.

Allegados a Calcaterra no respondieron aún su posición pero cerca del empresario ya han manifestado que resulta “imposible” que las autoridades o las empresas que concursaron pudieran conocer de antemano las ofertas para poder alterar las reglas que terminaron adjudicando el tramo más caro de la obra al consorcio encabezado por Iecsa. La constructora fue vendida en marzo de 2017, tres meses después de la adjudicación del tramo C. Allegados al empresario han desmentido que el contrato haya influido en la capitalización de la compañía.

ED