El asesinato de Juan Gabriel González, ocurrido en plena Navidad en Villa Lugano, volvió a poner en el centro del debate el accionar de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y el uso letal de la fuerza en el espacio público. Mientras el Gobierno porteño evita dar explicaciones oficiales, una reconstrucción minuciosa difundida por la cuenta de X Mapa de la Policía desarmó, una vez más, la versión policial y aporta elementos clave para la causa judicial.

Según se supo este sábado un oficial primero de la Comisaría Vecinal 8A fue pasado a disponibilidad en el marco de la causa que investiga el caso y la decisión fue tomada “a fin de facilitar al Juzgado interventor la investigación de los hechos ocurridos”. Todavía no se sabe el nombre del asesino.

Juan Gabriel tenía 45 años, era trabajador de la construcción y estaba profundamente ligado a su barrio. Hacía poco había comprado una camioneta para trasladar a los jóvenes que trabajaban con él en las obras: su objetivo era que no faltaran y, sobre todo, alejarlos de los consumos problemáticos. Vecinos y familiares lo recuerdan como alguien solidario, comprometido y generoso, que “daba laburo” y contenía a pibes de Villa Lugano. Ese recorrido vital se interrumpió el jueves 25 de diciembre, pasadas las 13, cuando murió durante un operativo de la Policía de la Ciudad en plena vía pública y ante la mirada de los vecinos.

Según los testimonios recogidos en el lugar, Juan Gabriel González recibió un disparo a corta distancia. “Fue un escopetazo, era algo redondo, no tenía nada de cortado”, relató un vecino que intentó auxiliarlo. Junto a su hermana, enfermera, procuraron reanimarlo, pero denunciaron que los efectivos policiales se los impidieron. González fue trasladado al Hospital Piñeiro, donde horas después se constató su fallecimiento por una herida en el tórax.

El hecho quedó registrado en un video casero filmado en el cruce de Chilavert y Araujo, pero con el correr de las horas comenzaron a sumarse otras tomas, desde otros ángulos, que reconstruyeron cómo el uniformado disparó a quemaropas sobre la víctima.

En esas imágenes se ve a Juan Gabriel González con el torso desnudo, en short negro y descalzo, defendiéndose con golpes de puño de los policías que lo rodean. Recibe bastonazos, esquiva otros, hasta que se escuchan dos disparos. Luego cae de espaldas sobre la vereda. En la escena aparecen efectivos con armas largas y refuerzos que descienden de una camioneta policial negra. El despliegue resulta desmedido frente a la explicación extraoficial del operativo: una supuesta pelea vecinal y “disturbios en la zona”, que derivaron en la intervención de la División Unidad Táctica de Pacificación.

El minucioso trabajo de Mapa de la Policía

Sobre ese material, y otros registros aportados por vecinos, trabajó el Mapa de la Policía, una plataforma colectiva que se dedica a reconstruir episodios de represión estatal a partir del cruce sistemático de imágenes. En un hilo publicado en X, el colectivo afirmó: “El 25 de diciembre, la Policía de la Ciudad asesinó a Juan Gabriel González en la Villa 20. Estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza”. En otro tramo, sostuvieron que “a Juan Gabriel le dispararon a quemarropa con un arma letal” y que su esposa, Nelly Portillo, también resultó herida y permanece hospitalizada.

La reconstrucción permitió identificar el tipo de arma utilizada. Según el Mapa de la Policía, el agente que disparó portaba lo que “parece ser una escopeta Mossberg”, un arma letal. Tras el disparo, el efectivo se retiró del lugar. Para el colectivo, el material audiovisual desmiente la versión policial que asegura que no se utilizaron armas de fuego y que solo se empleó material antidisturbios.

El protocolo de uso de la fuerza es claro: las armas letales solo pueden emplearse ante un peligro inminente para la vida. “Nada de eso ocurrió”, afirmaron desde el colectivo, que además aseguraron que el autor material del crimen ya está individualizado y que su identificación es inminente. La causa tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, con apoyo de la Policía Federal, y para el colectivo se trata de “un nuevo caso de gatillo fácil en la Ciudad de Buenos Aires”, cuya responsabilidad política recae en el Gobierno de Jorge Macri.

Las denuncias se multiplicaron. El docente Oscar Villaverde sostuvo que González fue “asesinado a quemarropa”. Su hermano Daniel fue contundente: “Mi hermano estaba descalzo, en shorts, en cueros, peleando con las manos; la policía vino a matar”. En el barrio, el clima es de temor a represalias. Organismos de derechos humanos, la CORREPI y agrupaciones políticas repudiaron el hecho, mientras los vecinos convocaron a una protesta en el cruce de Cruz y Escalada.

La violencia policial no terminó con la muerte de González. Su esposa, Nelly Portillo, de 42 años, resultó herida de bala y permanece detenida e incomunicada en el Hospital Cecilia Grierson, acusada de “resistencia a la autoridad”, según denunció el CELS. Dos hombres más, de 21 y 32 años, fueron detenidos y luego liberados.

La Policía de la Ciudad, sin emitir un comunicado oficial, sostuvo a través de una fuente en off que habló con elDiarioAR que los efectivos fueron agredidos con piedras y botellas y que tres policías resultaron heridos. También informó que entregó celulares, cámaras y elementos utilizados para la investigación y que se inició un sumario interno. Sin embargo, negó que se trate de un caso de gatillo fácil, aunque interviene la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad.

Cómo se mueve el colectivo que pone en jaque a las fuerzas de seguridad

En ese escenario, el trabajo del Mapa de la Policía cobra una relevancia central. Se trata de un espacio de coordinación horizontal entre colectivos, medios autogestivos, activistas, fotógrafos y realizadores, que funciona como plataforma de investigación y archivo de la represión estatal. Su metodología prioriza la imagen, pero también la paciencia y la precisión: cada foto o video es geolocalizado, cruzado con metadatos, comparado con otros registros e integrado en una secuencia narrativa inspirada en técnicas de arquitectura forense. Así logran establecer responsabilidades y avanzar en la identificación de los efectivos involucrados.

El corazón de ese trabajo es el archivo A.H.O.R.A. (Archivo Histórico de la Represión en Argentina), alimentado de manera artesanal con material que envían vecinos y testigos. No es la primera vez que sus reconstrucciones llegan a la Justicia: ya ocurrió en otros casos emblemáticos, como el de Pablo Grillo, y sus informes son utilizados como prueba en causas judiciales.

Frente al silencio oficial y a las versiones policiales que buscan diluir responsabilidades, el Mapa se define como un contraarchivo. “No somos un medio de comunicación, pero salimos a disputar la verdad”, sostienen. En el caso de Juan Gabriel González, esa disputa ya dejó en evidencia una escena que contradice al poder: un hombre desarmado, asesinado a quemarropa por la policía, en un operativo que hoy vuelve a interpelar a la Ciudad y a su política de seguridad.

Unas 40 personas fueron desalojadas este viernes por la Policía de la Ciudad, tras ingresar a dos edificios de departamentos deshabitados y que forman parte del complejo habitacional Padre Mugica en Villa Lugano. Reclamaban al Gobierno porteño la entrega de las viviendas.

La situación comenzó ayer jueves, en las plateas 12 y 13 del complejo ubicado en Zelarrayán al 6800, y terminó la tarde de hoy viernes con un operativo policial que registró momentos de tensión. Algunos vecinos aseguraron que hubo violencia sobre una mujer embarazada.

Fuentes oficiales porteñas informaron que el personal del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), el organismo que regula la política habitacional, “realizó un trabajo con las familias” que permanecían dentro de los departamentos “las cuales accedieron a retirarse”, a lo que luego se procedió a iniciar tareas para “tapiar” los ingresos.

Además, señalaron que no hubo “una orden de desalojo” por parte de la Justicia porteña, y que el personal policial cumplió “tareas de prevención” que fueron indicadas desde el Ministerio de Seguridad local a cargo de Eugenio Burzaco.

El ingreso de los ocupantes a los edificios hizo que desde la medianoche se presentara personal de la Comisaría Vecinal 8A de la Policía porteña, para evitar el ingreso y egreso de personas al lugar. En tanto, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas 34 a cargo de Adriana Bellavigna dispuso mantener la custodia del lugar y no adoptar medidas respecto de las personas que ingresaron.

Adolfo, un vecino de la zona dijo este mediodía a la señal de noticias Todo Noticias que “estas viviendas son del Programa Sueños Compartidos, nunca se concluyeron por el Instituto de la Vivienda, y son personas que necesitan una vivienda”.

“Es una asignatura pendiente de varios gobiernos, que no pudieron atender esos requerimientos, las personas se desbordaron y decidieron ocupar las viviendas, es la inequidad del Estado”, agregó el vecino.

Por su lado, un hombre que salió por sus propios medios del edificio 12 aseveró que se retiró por la promesa de los representantes del IVC, la cual consiste en darles una noche de hotel y de que el lunes retomarían el diálogo para buscar una solución al reclamo habitacional. “Un representante del IVC tomó nota de los datos”, dijo sobre la información de los ocupantes.

Según denunciaron vecinos de la zona, los efectivos de Infantería de la Policía de la Ciudad retiraron por la fuerza a algunas de las personas que permanecían dentro de los departamentos, entre las cuales había una mujer embarazada y otra con un niño. “Arrastraron a mi prima que está embarazada”, afirmó un hombre en las cercanías de los edificios 12 y 13, desocupados por los agentes de Infantería pasadas las 16.

Antes del operativo policial, el Gobierno porteño informó que “los edificios tomados por los vecinos no están en condiciones de habitabilidad”. Desde el IVC, detallaron que el complejo “fue construido por el programa Sueños Compartidos, de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con fondos nacionales”.

“La selección de la empresa constructora estuvo a cargo del Gobierno Nacional, el Instituto de Vivienda de la Ciudad no formó parte en ningún momento del proceso de licitación”, aclararon desde el Instituto y agregaron que los departamentos se entregaron en 2012.

Además, sumaron que con los años “empezaron a aparecer una serie de problemas asociados a la mala construcción como filtraciones, humedades o problemas en las cañerías”, por lo cual desde el IVC se realizaron “obras de emergencia para prevenir posibles daños”.

“Actualmente, el IVC está en proceso de licitación para finalizar la construcción de los edificios que no se encuentran en condiciones de habitabilidad”, consignaron desde el organismo y aclararon que “las personas que usurparon estas viviendas no son las destinatarias finales de las mismas. Son vecinos del mismo barrio Mugica” y otras zonas aledañas.

LC con información de agencia Télam

El Tribunal que tenía a cargo el juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio en julio del 2018 de un vecino del barrio Samoré, ratificó este martes la suspensión del debate, ordenó el cese de su arresto domiciliario y que se le quite la tobillera electrónica que le habían colocado para monitorearlo. Además, dispuso la Justicia Civil lo supervise en su tratamiento de rehabilitación por el consumo de sustancias, hasta que esté en condiciones psíquicas.

En un fallo de 31 páginas los jueces Juan Martín Ramos Padilla, Gustavo Goerner y Hugo Navarro del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 29 porteño, resolvieron como primer punto rechazar el pedido de sobreseimiento de Álvarez, requerido por el José Marino. El defensor oficial consideraba que “Pity” debe ser declarado inimputable debido a su estado de salud y sus padecimientos psicológicos y psiquiátricos por el consumo de sustancias.

“Teniendo en cuenta los informes médicos y demás constancias obrantes en autos, sin perjuicio de las afecciones que presenta Cristian Gabriel Álvarez Congiu -trastorno cognitivo mayor, trastorno depresivo, trastorno adictivo de consumo de sustancias crónico y diversos factores de riesgo-, ello no permite aseverar que, en la actualidad, el nombrado resulte inimputable”, indicó Goerner en sus argumentos, al que adhirieron sus pares.

No obstante, en la resolución, los magistrados sí hicieron lugar a la suspensión del debate oral por el crimen en Villa Lugano de Cristian Maximiliano Díaz (36), al considerar que el exlíder de “Viejas Locas” e “Intoxicados” no está en condiciones psíquicas de afrontar un debate oral.

Por ese motivo, se ordenaron informes trimestrales para conocer la evolución en la salud de Álvarez y establecer si, en algún momento, podrá ser juzgado por el delito de “homicidio simple”, el cual prevé una pena de 8 a 25 años de prisión.

Por otra parte, los jueces ordenaron el cese del arresto domiciliario del músico y que se le retire su tobillera electrónica, que fue provista para controlar su atención médica en el tratamiento por sus adicciones en una clínica, desde donde se informó que “no presenta adherencia y no participa en los tratamientos”.

Un informe del Cuerpo Médico Forense aportado por la defensa del artista concluyó que “las facultades mentales de Álvarez Congiu no encuadran dentro de los parámetros considerados como normales desde la perspectiva médico legal, ya que presenta un cuadro de deterioro psicoorgánico, compatible de acuerdo a la evaluación psiquiátrica con Trastorno Cognitivo Mayor, que le impide la autonomía adecuada para desenvolverse en la vida diaria, y un Trastorno Depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía, por lo que en la actualidad no estaría en condiciones de estar en proceso debido a su deterioro psicoorgánico, que le dificultaría su adecuada defensa en el proceso”.

“Al respecto, debe recordarse que el psiquiatra del Cuerpo Médico Forense expuso que si bien el daño psiconeurobiológico que presenta Álvarez Congiu resultaría mayormente irreversible, no puede descartarse una mejoría que podría producirse en caso de recibir un tratamiento adecuado, luego de lo cual podría volver a ser evaluado”, sostuvieron los jueces en su mencionado fallo.

Fue por ello que el tribunal dispuso la intervención del Juzgado Nacional en lo Civil 4 “ante la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”.

Luego de conocer la decisión judicial, Jacqueline Guazzardi, hija del hombre cuyo crimen se le atribuye a Álvarez Congiu, se mostró molesta y se preguntó: “¿Cómo es posible que si estando con sus adicciones mató a una persona, hoy, cinco años después, luego de estar en rehabilitación, esté peor?”. “Con sus adicciones, mató a una persona, y no solo la mató, sino que la remató en el piso, escondió el arma, se fue a bailar, estuvo prófugo, le mandó un audio a la madre y también está la grabación de cuando fue a la comisaría y dijo que era él que disparó”, declaró.

Guazzardi afirmó que el músico “en todo momento demostró que estaba consciente de lo que hizo”, por lo que no entiende por qué “luego de estar en rehabilitación no está en condiciones de entender lo que sucede”.

En una entrevista a Télam, el único testigo del homicidio, quien prefirió no revelar su identidad, afirmó sobre Álvarez: “Siempre estaba drogado y enfierrado; era una bomba de tiempo que iba a explotar en cualquier momento y explotó ahí. Espero que pague por lo que hizo”.

LC con información de agencia Télam

El juicio que iniciaba el próximo miércoles al que iba a ser sometido Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de un vecino del barrio Samoré de Villa Lugano en julio de 2018, fue suspendido. Esto fue luego de que un informe pericial determinara que el exlíder de “Viejas Locas” tiene su capacidad de pensar “marcadamente dañada” y que padece “un cuadro de trastorno depresivo y de apatía”.

La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29, el cual iba a estar a cargo del debate, cuyos jueces recibieron un informe del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional y de los peritos de la Defensoría General de la Nación. El mismo indicaba que el acusado no se encontraría en condiciones de afrontar la realización del debate.

En ese mismo sentido se expresó el fiscal Sandro Abraldes, en un dictamen donde consideró que “el acusado carece de las posibilidades indispensables y necesarias para el ejercicio de su derecho de resistencia a la acusación y el proceso no puede avanzar hacia la realización del debate oral y público sin avasallarlo, de manera que, en los términos contemplados en el artículo 77 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde disponer la suspensión del trámite de las actuaciones”.

En el informe pericial, los expertos que analizaron la conducta del ex “Intoxicados” establecieron que padece “un cuadro de deterioro psico orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor”. Indicaron también que presenta “un cuadro de trastorno depresivo, con intensa anhedonia (incapacidad para sentir placer) y apatía”, y que su capacidad para pensar “se halla marcadamente dañada”.

Ante esta situación, el tribunal le corrió vista a las partes para que opinen, y el fiscal Abraldes entendió que era lógica la suspensión del debate. Abraldes pidió que se le ordene al Cuerpo Médico Forense que evalúe al imputado cada seis meses para establecer “si persisten los síntomas psicopatológicos que padece al día de hoy” y determinar si puede afrontar el juicio más adelante.

Por otra parte, el fiscal marcó que los peritos no brindaron respuesta sobre si Álvarez resulta peligroso para sí mismo o para terceros. “Este extremo deviene trascendente, no solo por el cuadro de marcado deterioro neurobiológico que padece, sino porque en la propia entrevista frente a los galenos, Álvarez Congiú manifestó tener pensamientos suicidas”, explicó.

La fiscalía recordó también que en el informe aportado se dejó asentado que el músico presenta los síntomas de deterioro que producen la pasta base, alcohol y cocaína, que dañan marcadamente el cerebro frontal, en su región basal, que organiza los valores preventivos de la conducta social.

“Si a la información presentada, se agrega que los especialistas también han indicado que la única manera de que el prenombrado consiga mejorar su cuadro es someterse a un tratamiento en una clínica de rehabilitación con apoyos personalizados, surge clara la posibilidad de que, eventualmente, sea necesario disponer su internación involuntaria en un dispositivo adecuado para afrontar su cuadro de salud mental”, se indicó.

Recuento de la causa

El hecho por el que el cantante, guitarrista y compositor está acusado ocurrió el 12 de julio de 2018, frente a la Torre 12 B del barrio Samoré, en Dellepiane Sur y avenida Escalada, de Villa Lugano. Según los investigadores, Álvarez salió de allí junto a su novia y de repente se acercó a ellos Cristian “Gringo” Díaz, un conocido del barrio con quien comenzó a discutir.

Según la acusación, la discusión fue porque la víctima le recriminó al “Pity” andar diciendo que él le había robado unas pertenencias de una mochila. Testigos afirmaron que Díaz empujó e intentó pegarle al músico, momento en que éste extrajo una pistola calibre .25 y le efectuó a la víctima un primer tiro en la cara y luego lo remató de otros tres.

Poco después, Álvarez se subió con su novia a un Volkswagen Polo y a los pocos metros le pidió a la joven que arrojara la pistola en una alcantarilla. Acto seguido, ambos fueron al local bailable “Pinar de Rocha” de Ramos Mejía.

Álvarez estuvo casi un día prófugo, hasta que el 13 de julio de 2018 se entregó en la comisaría 52, el único momento en el que se refirió al hecho cuando le dijo a la prensa: “Lo maté porque era él o yo. Y creo que cualquier animal haría lo mismo”.

LC con información de agencia Télam

Un hombre fue condenado este martes a 22 años de prisión por secuestrar, retener, ocultar e intentar abusar de una niña raptada en marzo de 2021 en el barrio porteño de Villa Lugano y a quien tres días después, mientras la buscaban más de mil policías, hallaron en el partido bonaerense de Luján, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Carlos Alberto Savanz, a quien el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1, integrado por los jueces Fernando Ramírez, Luis Salas y Adrián Pérez Lance, halló culpable del rapto de la nena de 7 años.

De acuerdo al fallo de tres páginas, los magistrados le atribuyeron a Savanz los delitos de “sustracción, retención y ocultación de un menor de diez años, en concurso real con el delito de abuso sexual agravado por acceso carnal y por ser cometido por quien tenía la guarda de la niña, en grado de tentativa”.

El tribunal también dispuso se obtenga el material necesario para incorporar el perfil del ahora condenado al Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

A su vez, los jueces resolvieron que los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el 9 de agosto próximo a las 13.30.

La pena de 22 años que se le aplicó al acusado fue menor a la que había solicitado el fiscal del juicio Guillermo Morosi, quien había pedido 30 años de prisión para Savanz por el secuestro, retención, ocultamiento y abuso sexual de la niña.

Sin embargo, Jorge Alfonso, abogado defensor, explicó a Télam que el tribunal no dio por acreditado que se consumó el abuso sexual -tal como lo había manifestado el fiscal -, por lo que respecto de ese delito lo condenaron en grado de tentativa.

El letrado adelantó que va a apelar la sentencia ante Casación Penal ya que tampoco considera que haya existido la sustracción de la menor.

De acuerdo a la acusación, el 15 de marzo de 2021 Savanz sustrajo a la niña en Villa Lugano, donde vivía con su madre en situación de calle y, de acuerdo al recorrido que se pudo reconstruir a través de cámaras de seguridad de la ciudad y de diversas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, la llevó en bicicleta hasta la localidad de Luján, donde fue detenido tres días después.

Durante esas jornadas, la situación fue monitoreada por los medios de comunicación y se lanzó una “Alerta Sofía”, un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad en situaciones que presenten un alto riesgo inminente sobre su integridad física, que alude al caso de desaparición de Sofía Herrera.

En ese marco, se implementó una inmediata búsqueda hasta que vecinos de Luján alertaron que la nena era llevada en una caja en la parte trasera de la bicicleta que conducía su captor, quien fue detenido.

El hallazgo se produjo la madrugada del 18 de marzo de 2021 en el cruce de Las Heras y Gamboa, a unas cinco cuadras de la Universidad de Luján, cuando más de mil efectivos de tres fuerzas de seguridad con motos, camionetas, helicópteros y perros centraban la búsqueda en esa zona y en General Rodríguez, donde la niña y el captor habían sido filmados por las cámaras de seguridad y vistos por testigos.

Para dar con la niña, los pesquisas analizaron decenas de cámaras de seguridad de la Capital Federal, ferrocarriles y de municipios de la zona oeste del conurbano bonaerense, además de cientos de llamados recibidos a las líneas 911 y 134 del “Alerta Sofía” durante 72 horas.

Al momento del arresto Savanz no ofreció resistencia y se comportó como si no supiera que lo estaban buscando.

En aquel entonces, el abogado Alfonso dijo que creía que Savanz era “inimputable”, lo que luego fue desestimado por la Justicia.

El 1 de abril del mismo año Savanz fue procesado con prisión preventiva por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional Alejandra Alliaud, a pedido de la fiscal de la causa, Laura Belloqui.

Días después, el 16 de ese mes, la sala 6 de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la prisión preventiva de Savanz y dispuso que fuera alojado en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, ya que hasta entonces había estado detenido en una dependencia de la Policía Federal Argentina (PFA).

Los camaristas Magdalena Laíño, Julio Marcelo Lucini y María Inés Di Pace consideraron en su escrito, al que tuvo acceso Télam, que la hipótesis relatada por la defensa del acusado respecto a que el hombre planeaba llevar a la niña al zoológico de Luján fue “pueril”, y aseguraron que Savanz la mantuvo engañada, le decía que se encontraban perdidos y le daba respuestas “evasivas” cuando le pedía que la llevara con su mamá.

Con información de agencias.

IG

Lugano se encargó de nuevo de que sepamos dónde queda. Porque Lugano sigue siendo Lugano, como cuando hace dos meses desapareció M. Pero esta vez no es el Lugano con la cara de la nena a la que buscaban todos. Es la cara más brava. El barrio de los que sufren a los chorros y a los narcos. El lugar más lejano de la Ciudad, el triángulo que se arma entre Castañares, la General Paz y la autopista, donde ni los políticos se animan en campaña. Ese territorio en el que todos los días hay tiros pero que solo entra en el mapa cuando prenden gomas y frenan a los autos. 

Esta vez fue en la casa de una vecina, que se había cansado de denunciar a las bandas de la zona. Era madrugada y todos dormían, los balazos dieron al lado de las ventanas. Su perro, aturdido, corrió hacia afuera, y también le dispararon. Los pibes armados siguieron corriendo pero el perro no. Tenía la lengua afuera, respiraba despacio, la vecina lo levantó en brazos, como una Piedad de barrio bajo. La escena desató la indignación en ese polvorín al que le sobra fuego cotidiano.

El primer reflejo es pedirles a las fuerzas que les garanticen la vida ahí adentro. Es un reclamo de existencia, más elemental que cualquier otro. Esta vez no es por comida, trabajo, educación o salud. Pero lo que hoy les sucede lo provocó la ausencia de todo eso junto. Hace un tiempo, en otro reclamo, pidieron patrulleros y les pusieron una enorme reja, denunciaron a las bandas y los mandaron a hablar a Tribunales. Anoche, mientras atrás ardía un contenedor, otra mujer dijo una frase que le repicó al periodista que la entrevistaba: “Queremos el pedazo de Estado que nos toca”. Simple y sencilla y dolorosa también. Porque, en el fondo, se sabe que difícilmente le toque algo.

Otra mujer dijo una frase que le repicó al periodista que la entrevistaba: “Queremos el pedazo de Estado que nos toca”. Simple y sencilla y dolorosa también. Porque, en el fondo, se sabe que difícilmente le toque algo.

Eso que reclama no es para ella. A su lado estaba su hijo, con barbijo, escuchándola. Su miedo es que se lo maten, pero también que se tiente porque no vea otra y termine con alguna de las bandas, o robando o vendiendo. De la guerra que se desató en la madrugada de ayer aún no quedan claros los detalles más finos. Se sabe que fue entre narcos y ladrones, que se tiraron en la oscuridad, pero los que lo investigan no entienden si fue porque los narcos pasaron a territorio vecino o porque no toleran que los ladrones roben a sus clientes. Esta es una de las razones por la que los negocios de narcos y chorros estallan en los barrios cada vez más seguido. 

Los disparos de ayer son esquirlas de una guerra mayor. El control por la droga en el Bajo Flores, allí donde la Gendarmería tiene todos los meses 700 hombres. El grupo que perdió la batalla está ahora en Lugano, se refuerza y espera su momento para volver. Los vecinos lo miran como una serie de Netflix, pero de la que les toca ser parte. Sus chances de que el guión cambie son muy pocas. En estos días de estridencia en los medios intentarán sacar lo que más puedan. Porque saben que en breve volverán a olvidarse de Lugano, como se olvidaron de M. Hasta la próxima vez que Lugano se encargue de recordarnos que sigue ahí. 

AM

Vecinos del barrio Padre Mugica de Villa Lugano realizaron diferentes protestas, con cortes en Avenida General Paz incluidos, en reclamo de más seguridad en la zona, luego del enfrentamiento a disparos entre dos bandas criminales que se disputan el dominio del lugar.

Durante la noche de este martes, los habitantes de la zona elevaron el nivel de protesta y quemaron dos contenedores, lo que generó enfrentamientos con efectivos de la Policía de la Ciudad que derivaron en dos mujeres detenidas. 

En la zona que abarca la colectora de la Avenida General Paz y la Avenida Castañares se encontraba custodiando la fuerza porteña, con apoyo del Cuerpo de Policía Motorizada para evitar que vuelvan los conflictos.

Tarde de tensión

Este martes por la tarde, tras unos minutos de tensión con automovilistas que quedaron atorados con motivo de un piquete, los manifestantes liberaron primero la banquina de la avenida y luego un carril para que los vehículos pudieran avanzar, esquivando el corte.

Finalmente, luego de negociaciones con la Policía, los vecinos liberaron totalmente la traza de General Paz y cortaron la colectora, del lado de la Capital Federal, aunque esa calma se terminó entrada la noche cuando volvieron los conflictos.

Allí quemaron los dos contenedores y se enfrentaron con los uniformados, quienes reprimieron a los manifestantes, lo que derivó en la detención de las dos mujeres, hasta que volvió la tensa calma.

Este lunes por la noche, efectivos de la Prefectura Nacional, con apoyo de la Policía de la Ciudad, habían desalojado una protesta similar sobre la General Paz.

En esa ocasión, agentes de Prefectura utilizaron escopetas cargadas con balas de goma para liberar la avenida que divide a la Ciudad de la provincia de Buenos Aires.

Los vecinos, cansados por el enfrentamiento de bandas narco

Unos 50 vecinos realizaron la protesta en reclamo de mayor seguridad en el Barrio Padre Mugica, esgrimiendo que “dos bandas de delincuentes suelen mantener enfrentamientos entre sí” en esa zona de la Capital Federal y “ponen en peligro la integridad física de los residentes”.

En ese sentido, los dos grupos delictivos se disputan el dominio del barrio, lo que incluye el negocio de la venta de drogas, precisaron habitantes del lugar.

“Se trata de una banda de narcos poderosos peruanos, que tiene su bunker detrás del Barrio Mugica, pegado a un asentamiento que se emplaza sobre la calle Bermejo, junto a las vías del tren, contra un grupo conformado por jóvenes delincuentes, muchos de ellos menores de edad que viven dentro del barrio”, relataron a NA un grupo de vecinos que prefirió no dar su identidad por miedo a represalias.

La situación violenta en el lugar no es de ahora, sino que viene desde que se creó el complejo habitacional.

“En 2013, cuando el Gobierno nacional, mediante el plan de viviendas Sueños Compartidos, realizó un censo para adjudicar los departamentos de ese complejo habitacional, en lugar de venir gente trabajadora que realmente necesitaba el techo y estaba dispuesto a pagarlo, arribaron delincuentes de distintos asentamientos de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”, relató un vecino a Noticias Argentinas.

Asimismo, prosiguió: “Eso generó enfrentamientos dentro del barrio entre bandas que provenían de distintas villas y entre las cuales ya había disputas. Entonces, al menor roce dirimían el asunto a tiros. Y lo que pasó ayer no fue la excepción. La idea es quedarse con el dominio absoluto de todo, drogas, armas, y otras cuestiones”.

En 2010, cuando los vecinos del Barrio Piedrabuena, ubicado enfrente de Padre Mugica, se enteraron de las personas que podían arribar, realizaron diversas protestas para evitar que llegara gente conflictiva, pero lo único que lograron fue que ambos complejos fueran separados por rejas, algo que no evitó la inseguridad.

Si bien la Policía de la Ciudad custodia la zona y en reiteradas oportunidades realiza operativos antidrogas y contra el delito dentro de ese barrio, los enfrentamientos a tiros no cesan y los habitantes de la zona tienen miedo, más aún cuando hay un colegio dentro de los monoblocks y otro situado a una cuadra.

Hay varios edificios que tras el escándalo con el plan de viviendas ejecutado por Madres de Plaza de Mayo que se frenó por falta de pago a los empleados quedaron sin terminar, lo que provocó verdaderos “aguantaderos” de delincuentes y búnkers para vender drogas, según pudo constatar Noticias Argentinas en una recorrida.

En uno de los últimos operativos efectuados por personal de Policía de la Ciudad hallaron entre los huecos de los departamentos sin terminar, drogas, dinero, chalecos con la inscripción de Gendarmería Nacional y un poderoso arsenal que incluyó una escopeta y un fusil.

Durante la noche del lunes, momentos de tensión se registraron en el marco del desalojo, después de que vecinos del barrio, al igual que volvieron a hacerlo en el mediodía de este martes, quemaran neumáticos sobre la calzada de la General Paz e interrumpieran el tránsito.

Manifestantes difundieron a la prensa incluso imágenes de video en las que se observa, presuntamente, el accionar de las bandas que se disputan el poder territorial en el Barrio Mugica.

DA

Una nena de 7 años que vive en situación de calle en el barrio porteño de Villa Lugano es intensamente buscada por su familia y se emitió el Alerta Sofía a nivel nacional, luego de que desapareciera con un hombre que le prometió cambiar su bicicleta y no regresó, según contó su madre.

Este martes, un sujeto fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno por su vinculación con el sospechoso por la desaparición de Maia Yael Beloso, pero luego se estableció que se trataba de un primo del acusado y fue liberado. El hombre contaba con un pedido de captura por encubrimiento en una causa trata de personas realizado por un Juzgado Federal.

Las últimas imágenes indican que la niña fue vista junto a su secuestrador mediante el Centro de Monitoreo Urbano del Gobierno porteño ingresando a la estación Liniers del tren Sarmiento el lunes por la mañana, cerca de las 9:50, para arribar a la estación Castelar 20 minutos después. Según pudo saber elDiarioAR, las fuerzas de seguridad de la Ciudad estuvieron trabajando toda la noche con rastrillajes en CABA y en provincia de Buenos Aires.

A medida que las fuerzas policiales avanzan con la investigación, las cámaras de seguridad los vuelven a ubicar en zona oeste. En esta ocasión, una panadera informó que el lunes a la mañana vio a la niña ingresando al local para pedir comida. Según sus declaraciones, Maia ingresó al negocio Barrio Alberdi, ubicada en Av. Eduardo Muñiz 595, Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires. Lugar donde la policía está haciendo rastrillajes.

Para dar a conocer el caso, un grupo de vecinos del barrio Cildañez cortó este martes la autopista Dellepiane, a la altura de Escalada, en el barrio de Parque Avellaneda, y poco después se dirigió a uno de los accesos, a la vera de la autovía. Por pedido de la tía de la víctima, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se hizo presente en la manifestación este miércoles. “Le expliqué a la familia y a la madre lo que estamos haciendo. Estoy en contacto permanente con el ministro de Seguridad de la Ciudad, trabajamos cámara por cámara hasta encontrar un lugar donde nuestra inteligencia criminal nos indique que se pueda hacer un rastrillaje”, aseguró el ministro de Seguridad bonaerense.

Además, Berni indicó que el Gobierno bonaernese colabora con el Gobierno porteño para hallar a Maia. “Sabemos que es como buscar una aguja en un pajar”, agregó el ministro.

Sabemos que es como buscar una aguja en un pajar

Sergio Berni — Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires

La denuncia de la desaparición de Maia fue radicada por su madre, quien señaló ante personal de la Comisaría Vecinal 9 C que se encuentran en situación de calle y que frecuentan la zona de la colectora de la Autopista Dellepiane y Escalada, frente al Barrio Cildañez, en Parque Avellaneda.

Según consta en la denuncia, todo se inició este lunes a las 11 cuando la mujer le permitió a su hija Maia que vaya a cambiar su bicicleta por una más grande con un hombre, identificado como Carlos Savanz, alias “Carlitos”, al que había conocido hacía tres semanas y con quien suele “cartonear”, explicó.

“Yo le permití ir a cambiar la bicicleta; ella se había encariñado con este hombre. Él jugaba siempre con ella adelante mío, no sé qué se me dio por darle permiso”, afirmó la mujer, de nombre Stella, a la prensa.

Además, la madre de la menor dijo no tener más datos del hombre, solo que es delgado, con barba candado, de unos 35 años, aproximadamente, y que vestía una remera y pantalón negros, zapatillas blancas y gorra bordó.

En horas de la tarde, la fiscalía en lo Criminal y Correccional 54, a cargo de Laura Belloqui, dispuso dar intervención a Búsqueda de Personas.

Mientras tanto, esta tarde del martes fue detenido en la localidad bonaerense de Moreno Carlos Alberto Savanz de 35 años, homónimo del hombre buscado por la desaparición de Maia, quien fue ubicado gracias a un llamado recibido en el 911 en un asentamiento situado en calles Ñanduti y Chopin.

Al realizarse una consulta por sistema, surgió un pedido activo vigente contra Savanz por trata de personas a requerimiento del Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora porque no se había presentado a una audiencia.

Luego, una comisión de la División de Sumarios y Brigada de la Comuna 8 de la Policía de la Ciudad mantuvo una entrevista con Savanz y con los familiares de la nena y establecieron “que el mismo no se trataba de la persona sindicada como autora del hecho de investigación, sino que sería su primo”, informaron fuentes policiales.

“La División Minoridad en Conflicto con la Autoridad de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires también certificó fehacientemente que no resultaba ser la persona sindicada como autora del hecho de investigación”, agregaron los voceros.

Tras verla por última vez, la madre de la niña describió que su hija, de cabello negro, vestía remera blanca y pantalón y sandalias rosados al momento de la desaparición.

La actual pareja de la mamá de Maia dijo en declaraciones al canal TN que “son horas demasiado tristes, no duermo, no como, no tengo ganas de nada; hasta que no aparezca Maia no voy a dormir, estoy amargado porque para mí es como mi hija con la que todos los días desayunábamos y jugábamos. Yo cambié mi vida por ella”.

“Antes que yo me junte con la mamá de Maia ella le había dado un lugar a esta persona y cuando tomamos la decisión de juntarnos le dije que se tenía que ir, y después de haberlo echado volvía para ver a la nena”, completó.

Antes que yo me junte con la mamá de Maia ella le había dado un lugar a esta persona y cuando tomamos la decisión de juntarnos le dije que se tenía que ir

La última vez que se al sospechoso con la niña es sobre la rotonda ubicada en Zelarrayán, Av. Argentina, Larrazábal y Dellepiane, ambos en bicicleta.

Respecto a la bicicleta que apareció en un contenedor de basura ubicado en Santander y Av. Dellepiane, en las imágenes de las cámaras de seguridad no se registró lo denunciado por la familia, que aseguró alguien la había arrojado allí.

Según contó la madre al canal de noticias C5N, unos vecinos vieron a un cartonero sacar la bicicleta de la menor de un contenedor de basura en Dellepiane y Miralla, tras lo cual dos tíos de la niña se la llevaron al interior del barrio Cildañez, donde continuaban las investigaciones para dar con el paradero de la nena.

Ante este escenario, desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se emitió este martes el Alerta Sofía, un programa de emergencia ante casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos que puedan encontrarse en grave peligro.

“La niña fue vista por última vez el 15 de marzo de 2021 a las 09:17 en el cruce de la colectora Dellepiane y Larrazábal, Barrio Villa Lugano, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La niña podría encontrarse en compañía de una persona de sexo masculino, de alrededor de 40 años de edad y aproximadamente 1,70 metro de altura”, se precisó en el aviso de búsqueda, y aclararon que se pueden hacer denuncias anónimas al 134 o a denuncias@minseg.gob.ar.

El recorrido del secuestrador junto a la menor de edad

AB con información de agencia Télam.