Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

En lo que va del año, el fuego consumió en Córdoba 69.500 hectáreas de bosques nativos, el equivalente a tres veces y media la superficie de la Ciudad de Buenos Aires con un total de 20.000 hectáreas. La falta de una estrategia a largo plazo, el retaceo de recursos y el desfinanciamiento del Plan del Manejo del Fuego, el avance de la frontera de los cultivos de soja y los establecimientos ganaderos, el déficit habitacional y la necesidad de mudarse a zonas donde los incendios son moneda corriente y los proyectos urbanísticos sin control son algunas de las razones que explican por qué, desde 1987, en Córdoba se quemaron más de 2 millones de hectáreas.

“Todo fuego es político”, repiten en Córdoba cada año, cuando los incendios devoran día a día miles de hectáreas de bosque nativo. Las estimaciones de brigadistas, bomberos voluntarios, del Instituto Gulich –creado por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)– y del Plan Provincial de Manejo del Fuego señalan que en lo que va de 2024, los incendios forestales consumieron casi 70.000 hectáreas. Es un número inexacto porque existen muchos focos que no son captados por las imágenes satelitales, por eso, los ambientalistas y brigadistas sostienen que la cifra podría llegar a las 113.000 hectáreas consumidas por el fuego.

Lo cierto es que ya la cifra de 69.500 hectáreas coloca a los incendios de este 2024 como uno de los peores de la provincia.

Andrés Lighezzolo, coordinador de la Unidad de Emergencias y Alertas Tempranas de la CoNAE dice que hasta el martes 24 se habían quemando sólo en la zona Capilla del Monte cerca de 39.000 hectáreas, a los que se suman los fuegos en Chancaní y Villa Berna (en los departamentos Pocho y Calamuchita, en el oeste provincial) que ya consumieron otras miles de hectáreas.

“Nosotros con nuestro equipo de la CoNAE vamos relevando, estamos ascendiendo a 69.500 hectáreas en el 2024”, señala Lighezzolo a elDiarioAR, y compara esa cifra con los incendios desatados en los últimos cinco años: “En 2020 hubo 340.000 hectáreas quemadas; y los años posteriores, 2021, 2022 y 2023, hubo entre 40.000 y 80.000 hectáreas quemadas”.

36 años, 2 millones de hectárea quemadas

El Instituto Gulich mantiene un relevamiento desde el año 1987 sobre los incendios en la provincia. En en base al análisis de imágenes satelitales tomadas a lo largo de 36 años, hasta 2023, se pudo determinar que en Córdoba se consumieron por incendios forestales 2.182.805 de hectáreas, una superficie equiparable con 38 veces el tamaño del departamento de la Capital donde está asentada la ciudad de Córdoba.

Entre 1987 y 1998, durante los gobiernos de los radicales Eduardo Angeloz y Ramón Bautista Mestre, el fuego arrasó 927.744 hectáreas de bosque nativo, siendo 1988 el peor año, con 350.145 hectáreas consumidas por el fuego.

Mientras que entre 1999 y 2023, durante los gobiernos del peronismo cordobesista de José de la Sota y Juan Schiaretti, los fuegos acabaron con 1.255.061 hectáreas de monte virgen. Con 341.000 hectáreas de bosque incendiado, 2020 se presentó como el peor año para las administraciones cordobesistas en materia de daño ecológico.

¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos

Joaquín Deón — Geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario

Por su parte,  el investigador Joaquín Deón, geógrafo, becario del CONICET, brigadista voluntario e integrante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas explicó que “un bosque con especies como las que crecen en nuestras sierras necesita al menos 30 años para recuperarse. Para Córdoba, estos incendios implican un impacto enorme a escala ambiental, por eso los investigadores hablamos de emergencia climática global, no de cambio climático. Vivimos una crisis sistémica donde se relacionan lo económico, lo social y lo ambiental. No es el fuego, es el capitalismo voraz que depreda y hace negocios sobre lo depredado”.

Para este investigador cordobés “los fuegos ahora son más desastrosos por dos razones: se levantó la emergencia nacional, apenas asumió Milei, esa emergencia nacional llegaba hasta enero del 2024. Y además se desfinanció el Sistema Federal de Manejo del Fuego, contribuyendo lamentablemente eso a una pérdida de coordinación entre las fuerzas nacionales”.

Deón señaló que esta vez los incendios forestales arrasaron con decenas de viviendas porque “debido al empobrecimiento de las condiciones de vida, muchas personas buscan terrenos baratos para irse a vivir; no puedo pagar alquiler, ‘compro terrenito y me voy a las sierras’. Son muchas familias que se han mudado en una condición de déficit habitacional enorme, donde la carencia de vivienda y la necesidad de dejar pagar alquiler les ha llevado a adquirir posesiones o inmuebles y hasta viviendas con título en zonas riesgosas de incendio, no dotadas con servicios. Por ahí muchas casas no tienen agua para poder contener o frenar el fuego. Y al mismo tiempo son esas familias las que están sufriendo también la presión tras cada incendio, por ser desalojadas. ¿Por qué? Porque al perderlo todo, se desvaloriza su propiedad, se desvalorizan los costos; pero a la vez no tienen poder adquisitivo para poder reconstruir”.

Este militante de la Coordinadora  Ambiental y de DD.HH. de Sierras Chicas pone en duda los verdaderos motivos sobre una intención en los incendios: “¿La intencionalidad puede ser el descuido? Los fuegos de las últimas décadas demuestran que no. Si nos vamos al norte de Córdoba, donde años atrás se quemaron más de 30 mil hectáreas en Ischilín o Charbonier, los incendios pasaron por muchos establecimientos ganaderos que pueden verse beneficiados por estos fuegos. En esta zona el avance ganadero va de la mano con la sojización. A medida que la sojización avanza en los llanos del norte de Córdoba, se desplaza la ganadería”, advierte Deón.

Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa

Raúl Montenegro — Presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM)

El biólogo Raúl Montenegro preside la prestigiosa Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) y en 2004 recibió el premio Right Livelihood Award. En diálogo con elDiarioAR asegura: “Hay que dejar en claro que cuando se produce un incendio forestal, no sólo está esta parte trágica de las viviendas que se queman y obviamente el riesgo para las personas, lo que se está destruyendo es biodiversidad, no se trata solamente de que se estén quemando árboles, arbustos y pastizales; sino que se destruyen miles de especies que conforman esos ecosistemas y que por lo tanto la pérdida es mucho más grave de lo que uno puede llegar a percibir”.

Y precisa: “Las 69.000 hectáreas que hasta ahora se han quemado, en realidad se agregan a todas las hectáreas quemadas anteriormente; porque de esas más de 300.000 hectáreas quemadas en 2020 no se recuperaron todas. Pero va quedando cada vez menos biodiversidad nativa, menos posibilidades hay de que se recompaginen esos ambientes, de hecho, esta violenta destrucción sistemática característica de Córdoba, una de las provincias ambientalmente peor manejadas de Argentina, hace que los procesos de recuperación con esta suma de superficies quemadas se va haciendo cada vez más lento, dificultoso y seguramente con pérdidas irrecuperables”.

El biólogo cordobés aseguró que “estos incendios son el precio que hay que pagar en Córdoba de decisiones políticas que no se tomaron: ante la detección temprana de fuego, debió tomarse una acción rápida para evitar que alcance dimensiones difíciles de controlar, que es lo que está pasando en estos momentos. No hay que olvidar que durante el gobierno de Juan Schiaretti, que yo creo que va a pasar a la historia como una de las gestiones que más contribuyó a la destrucción del ambiente en Córdoba, se descartaron todos los sistemas de torres vigías para la detección temprana de fuegos. Y ahora estamos pagando el precio por políticas cambiantes, con ideas poco claras; que coinciden a nivel nacional con un Plan de Manejo del Fuego que no está ni remotamente disponible de lo que debería estar”.

El presidente de la FUNAM advirtió que “lo venimos diciendo desde hace años, el agronegocio en Córdoba, tanto por la expansión de los cultivos transgénicos, como para la expansión de la ganadería intensiva, está detrás de los desmontes, sigue habiendo desmonte, y estos incendios terminan facilitando mucho esta tarea”.

Agronegocios y déficit hídrico

Christine Edward es una inglesa que vive en Córdoba desde hace más de medio siglo, y eligió La Granja como su lugar en el mundo. Militante ambientalista y pacifista en Inglaterra desde los años ’60, hace poco más de una década, en 2012, ayudó a fundar la Mesa del Agua y Ambiente La Granja, en las Sierras Chicas de Córdoba, a pocos kilómetros de esta Capital. “Los incendios de ahora tienen una mayor intensificación, porque hay mucha más gente afectada –cuenta–. Antes era sólo bosque nativo, ambiente. Ahora, el fuego afectó a la gente, por eso la mirada es distinta. Las urbanizaciones crecieron exponencialmente después de la pandemia, muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay, en este caso, del fuego”. La Granja tuvo uno de los focos más activos de incendios forestales de la última semana.

Muchas veces, la gente edificó sin planificación, fuera de las zonas urbanas, invadiendo las áreas naturales, con todos los riesgos que hay

Christine Edward — Mesa del Agua y Ambiente La Granja

Para Edward no escapa “el cambio climático” a la hora de la mayor actividad de los fuegos: “Cuando hace calor, hace mucho más calor; y la sequía es mucho más pronunciada, es más larga, abarca la época de invierno y primavera. Se nota la falta de agua, el déficit hídrico”.

Ya en épocas del inicio del tercer gobierno de José de la Sota (2011-2015), esta ecologista anglocordobesa denunciaba la falta de políticas ambientales por parte del Estado: “Hubo una histórica alianza entre los sectores del agronegocio y el Gobierno de Córdoba, pasó con De la Sota, durante el gobierno de (Juan) Schiaretti su política atacó deliberadamente el medioambiente, es como si fuera una venganza. En La Granja trabajamos por un plan de desarrollo urbano con ordenamiento ambiental. Pero avanzaron en toda la zona de las Sierras Chicas los desarrollos inmobiliarios, sin importar la falta de agua. Por los medios nos inundan con publicidad del Gobierno que dice que las autovías traerán desarrollo y conectividad, pero las autovías serán más anchas, tendrán más tráfico y traerán más problemas. Esperemos que con Llaryora la situación cambie; porque muchas veces las autoridades, los funcionarios, no se organizan y no defienden como se debe, lo que deben defender”.

Medardo Avila Vázquez es médico integrante de la Red Universitaria de Ambiente y Salud y secretario general de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba). Investigador desde hace más de dos décadas de la acción de los agroquímicos en los pueblos fumigados.

Para este especialista cordobés, los fuegos que aún persisten en las sierras de Córdoba, tienen directa relación con los fuegos de hace cuatro años atrás: “El incendio del 2020, que se quemó Córdoba, todas las sierras, el Pan de Azúcar, es fundamental para entender los fuegos de 2024: ese incendio fue el que decidió la construcción de las brigadas comunitarias. Todo el mundo vio cómo se quemaba todo y desde el Plan de Manejo del Fuego se limitaban a mirar cómo corría el fuego hasta que se apagó solo, porque el problema de base es ese, para quiénes dirigen el Plan de Manejo del Fuego no es prioridad apagar el monte, ni el bosque, ni el pastizal, para ello el monte se quema normalmente, naturalmente, periódicamente. Aparte de terminar con el bosque nativo, esa zona queda habilitada para un negocio inmobiliario, urbanístico o de agronegocios. Ya lo vimos, lo venimos viendo desde 1999”.

Avila Vázquez, uno de los opositores a la traza de la autovía de la Ruta 38 que atraviesa el valle de Punilla destacó ante elDiarioAR que “el de 2020 no fue un incendio casual”.

La autovía de montaña cuya traza fue defendida por el gobierno de Juan Schiaretti tenía varios problemas de alto impacto ecológico, por caso, atravesaba yacimientos de uranio, con el peligro que ello conlleva. “En 2019 se frenó el desmonte, hubo una audiencia pública que fue gigantesca,  movilizaciones y al final Schiaretti levantó el proyecto ¿Y qué pasó al año siguiente? En 2020, cuando llegó la época de sequía, le prendieron fuego a toda la traza de altura, de media altura que tenía el proyecto de la autovía, que nosotros lo habíamos prohibido para cuidar el monte. Le prendieron fuego a todo, y quemaron más de 300.000 hectáreas”, denunció Avila Vázquez.

Las 2,2 millones de hectáreas arrasadas por los fuegos en estas casi cuatro décadas no son sólo números de Excel, sino como sostienen especialistas, es la destrucción de la biodiversidad, desde bacterias imperceptibles hasta comadrejas y pumas, desde pequeños arbustos hasta imponentes quebrachos. En los expedientes judiciales y de la Secretaría de Ambiente de la Provincia se niega la existencia de ese bosque, se lo invisibiliza y sólo se habla de los incendios a secas, sin dimensionar el ecocidio que sufre Córdoba desde hace décadas: “El desmonte es consecuencia de la complicidad de los actores privados con el poder político municipal, provincial y nacional; con estudios de pre factibilidad para explotación agraria, minera o inmobiliaria, como queda evidenciado en los expedientes oficiales. El Estado provincial no es ajeno al desmonte”, denuncia Deón.

Para los ambientalistas cordobeses, el combo sequía-incendios-inundación es el terreno ideal para que los empresarios generen proyectos urbanísticos y amplíen el avance de los agronegocios donde antes había bosques nativos.

GM/MG

La FAO estima que un 30% de los alimentos que se producen en el mundo nunca se llega a consumir. Por eso, muchos países hoy abordan esta grave situación. La Argentina cuenta con un Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos, integrado por una red amplia de ONG, empresas, universidades y gobiernos locales, entre otros actores. En este marco, especialistas de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) desarrollaron una metodología para conocer en detalle el impacto del problema a nivel nacional. Para eso, analizaron 10 cadenas agroalimentarias clave y en una primera aproximación detectaron que las pérdidas serían cercanas al 30% en manzana, tomate y naranja, e inferiores al 10 % en arroz, carne bovina, girasol y trigo.

“Uno de los grandes desafíos a nivel productivo es alimentar a una población mundial creciente. Sin embargo, una gran cantidad de los alimentos que se producen no se llega a consumir. Por eso, desde hace 10 años, en todo el mundo se investiga cómo podemos reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos. Nuestro país es pionero en el tema. En 2013 se creó un espacio para tratar este problema en el entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, y en el año 2018, el Congreso lo convirtió en Plan Nacional”, comentó Mariano Villani, Coordinador General del Programa de Agronegocios y Alimentos de la FAUBA.

Villani explicó que “si se piensa a la producción de alimentos como una cadena, se consideran ‘pérdidas’ a las mermas que se dan en el campo, en el transporte, en el almacenamiento, en las industrias o en el comercio mayorista. Cuando ocurren de ahí en adelante —o sea, en el comercio minorista, en los hogares, hoteles o restaurantes— se habla de ‘desperdicios’”. En el 2015, y a través de aplicar metodologías internacionales, se estimó que en la Argentina se perdía o desperdiciaba un 12,5% de los alimentos producidos.

El equipo de Agronegocios de la FAUBA ajustó los cálculos globales a la realidad nacional, y desarrolló una metodología que incorporó las pérdidas desde la producción en los campos. “Para ello, reunimos un equipo multidisciplinario y elegimos las diez cadenas alimentarias más representativas en términos de lo que consumimos, de sus aportes a la economía y de su distribución territorial. Entre ellas incluimos trigo, girasol, arroz, naranja, manzana, tomate, papa, carne bovina, leche y azúcar. En esta estimación preliminar, hallamos una gran variabilidad; hasta un tercio de pérdidas en las cadenas de manzana y tomate, y un cuarto en naranja. Vimos valores mucho menores en arroz, girasol, carne bovina y trigo”.

Junto con actores de esas diez cadenas se identificaron los segmentos en los que ocurren grandes porcentajes de pérdidas. “A nivel precosecha, los factores climáticos y las enfermedades son muy importantes. En la cosecha, se ven ineficiencias y falta de tecnología adecuada. Los precios bajos son claves también. Por ejemplo, en ocasiones, se decide no cosechar los tomates o tirarlos, por no llegar a cubrir sus costos comerciales”.

“En las hortícolas se pierde mucho en el almacenamiento o el transporte, ya que no todos los productores poseen cámaras o transportes refrigerados para extender la vida útil de los alimentos”, remarcó Mariano, y subrayó que conocer dónde ocurren grandes mermas abre posibilidades de acción y mejora.

Multiplicar los esfuerzos

Villani destacó que el equipo de Agronegocios de la UBA también trabajó con 30 municipios argentinos para motorizar planes estratégicos de reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos. “Las características particulares de cada localidad nos lleva a enfrentar el problema con medidas concretas, considerando la lógica local. Si un municipio tiene al turismo o a la gastronomía como sector productivo preponderante en su economía, nos enfocamos en disminuir los desperdicios de los restaurantes u hoteles”.

Como parte de las estrategias, se llevan adelante capacitaciones, planes de comunicación e incentivos a las buenas prácticas. También es posible diseñar recetarios que incluyan partes de alimentos que no se suelen consumir como hojas de remolacha o pencas, entre otras.

En este sentido, agregó que lograron generar iniciativas en numerosos lugares gracias a la cantidad enorme de actores en el Plan Nacional. “Es una red abierta de actores públicos, como gobiernos provinciales y municipales, privados como empresas multinacionales y pymes agroalimentarias, y ONG. La red ya generó información valiosa sobre la temática y sigue creciendo día a día”.

Para finalizar, Mariano Villani aseguró que desde el Programa de Agronegocios comparten todo lo aprendido, tanto en el ámbito académico local como en el internacional. “Llevamos la información a cursos, maestrías y posgrados que dictamos en la FAUBA, y también a instancias internacionales para detectar posibilidades de apoyo y cooperación”.

“Conocé las carreras que se ofrecen en la Facultad de Agronomía de la UBA en www.agro.uba.ar”

Las empresas agroexportadoras liquidaron en agosto más de US$3.387 millones, un 5% por encima del nivel de julio y 11% más que en el mismo mes del año pasado.

Así lo informaron este jueves la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas.

Según el reporte mensual de CIARA-CEC, las empresas del sector liquidaron durante el mes pasado un total de US$3.387.888.431 millones, el registro más alto para agosto de los últimos 20 años.

Así, el monto liquidado desde el 2 de enero último ascendió a US$25.696.907.401 millones y es el récord histórico desde que existen registros (un 10% por encima del último año).

Las divisas ingresadas mensualmente quedan en poder del Banco Central que entrega pesos a tipo de cambio oficial a los exportadores, para poder realizar las operaciones de compra y venta de granos en el mercado nacional.

Las entidades señalaron además que la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los efectos “de una macroeconomía y mercado cambiario volátil”.

“Esto profundizó la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja, que sigue trabajando con márgenes negativos aun en plena campaña gruesa y que está llevando a aplicar ceses de líneas de producción”, añadieron.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año pasado el 48 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2% del total), seguido por el maíz (11%) y aceite de soja (6,9%).

Con información de NA.

IG

En 2018, tras una fuerte devaluación y el regreso del Fondo Monetario Internacional, el entonces presidente Mauricio Macri le pidió al campo “un último esfuerzo temporal”. Frente a un auditorio convocado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que lo recibió con un fuerte aplauso, explicó su decisión de aumentar las retenciones a la exportación. “No hay otro camino”, dijo.   

Cuatro años después, en un contexto internacional en el que una pandemia y una guerra dispararon el precio de los alimentos, el discurso de la oposición es otro. Y, según explicó el presidente Alberto Fernández, es justamente la actitud de sus adversarios políticos y su esperable reflejo en una eventual votación en el Congreso lo que lo disuade de impulsar una suba de retenciones, aun cuando las considera el “instrumento idóneo” para desacoplar precios internos y externos. 

El Ejecutivo no cuenta con la delegación de facultades del Congreso para modificar los tributos a la exportación, dado que el 31 de diciembre de 2021 venció la ley que lo habilitaba. Esa ley, llamada de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública, había sido sancionada en diciembre de 2019, no bien asumió el gobierno del Frente de Todos. 

Con esa atribución el Poder Ejecutivo aumentó tres puntos porcentuales las retenciones a la soja (actualmente de 33% para el poroto) y dispuso del margen para subir las de trigo y maíz del 12% actual al 15%, algo que no hizo. El Ministro de Economía, Martín Guzmán, incluyó en el Presupuesto 2022 un artículo que prorrogaba esta potestad hasta 2024 pero, al no ser aprobado en el Congreso, este punto quedó en suspenso. 

De todos modos, esto no alcanza para explicar plenamente la decisión de no avanzar. En estas mismas condiciones, con las facultades vencidas para hacerlo, el Gobierno decidió en diciembre pasado bajar retenciones para economías regionales y, en marzo de este año, subir dos puntos porcentuales las retenciones para harina y aceite de soja.

Es cierto que esa estrategia del Ejecutivo no fue gratis y le abrió un nuevo frente judicial. En febrero la Sociedad Rural Argentina junto con la Sociedad Rural de Jesús María ya habían presentado en los tribunales federales de Córdoba una “acción colectiva” de amparo argumentando la inconstitucionalidad de las actuales retenciones ante la falta de Presupuesto. Esta semana hubo novedades en esa causa. La Justicia cordobesa aceptó la apelación que hizo la AFIP, que argumentó que que la SRA no tiene potestad para representar a la totalidad de los productores rurales afectados por las retenciones.

Más allá de la dimensión política, si es que acaso es posible separarlas, ¿hay argumentos económicos para no avanzar con las retenciones? Juan Ignacio Paolicchi, de la consultora Empiria, que dirige el exministro Hernán Lacunza, sí los hay. 

“Por un lado, seguís castigando a un sector que es el que más dólares te aporta, y el Gobierno todavía tiene que transitar 2023. Ya solo la expectativa de que llegue al poder un nuevo color político, que imponga menos retenciones o tenga un mayor nivel del tipo de cambio, podría generar que no tengas una buena liquidación en 2023”, apuntó. Esto quiere decir: los productores podrían retener sus granos, no venderlos, hasta que se resuelvan las elecciones presidenciales. Guzmán transparentó sus reparos a las retenciones en una entrevista reciente: “Para poder darle continuidad a la recuperación económica, la Argentina necesita dólares”.

Por otra parte, Paolicchi considera que “desincentiva que las exportaciones crezcan en cantidades”. “Hoy no están creciendo en volumen y, si llegan a caer los precios, el impacto comercial sería muy significativo”, dijo. Otra pregunta que se hace el Gobierno es si, de hacerlo, el esfuerzo político generaría un reflejo de la misma magnitud en los números. “Hoy el 75% de los rubros crece a más de 4% mensual; el problema no está solo en el trigo, maíz o soja”, advirtió el economista. 

Es cierto que la suba de un par de puntos de retenciones serviría para suavizar la diferencia de precios, pero podría ser insuficiente frente a un escenario en el que el precio de los alimentos se disparó a niveles récord. De acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), los alimentos subieron 33,6% en promedio en 2021 y se espera que suban otro 23% este año. En marzo de 2022 se registró el mayor salto desde el inicio de los registros, en 1990.

DT

Las organizaciones campesinas e indígenas de Paraguay advirtieron que tras la aprobación de la Ley 6830/2021 se suceden sin parar los desalojos y los ataques a las comunidades . La norma, más conocida como “Ley Zavala-Riera”, por los apellidos de los senadores derechistas que la impulsaron, incrementó hasta diez años de cárcel la pena para las personas que participen en una ocupación de tierras.

“Al menos tres mil personas quedaron en la calle, sin techo y sin tierra. Siete comunidades campesinas y cuatro territorios indígenas fueron desalojados en apenas dos meses” según datos relevados por el Observatorio de Tierra, Agronegocios y Derechos Humanos de la ONG Base Investigaciones Sociales (Base IS).

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras.

La lucha por la tierra es problema central del Paraguay, el país con la peor distribución de tierras del mundo, donde un 2,5% de la población tiene casi el 85% de las tierras. Hay 900 conflictos en curso en asentamientos campesinos e indígenas.

De acuerdo a lo expuesto, la ley parece funcionar como un aval indiscriminado para la expansión del agronegocio que ya se extiende en un territorio de 3,5 millones de hectáreas y ahora busca llegar a los 4 millones, talando bosques y desalojando campesinos e indígenas ante la indiferencia del aparato estatal/judicial. Por consiguiente, se repite la secuencia de los desalojos. Una situación que ya concitó denuncias en jurisdicciones internacionales, como la que hiciera la comunidad indígena de Hugua Poty, ante la delegación paraguaya de las Naciones Unidas.

Durante el largo gobierno del general Alfredo Stroessner (1954-1989), este presidente colorado repartió a amigos y amanuenses más de 7 millones de hectáreas de tierra. Así lo estableció la Comisión de Verdad y Justicia (CVyJ) que estudió los crímenes de lesa humanidad del período. Lo concreto es que caído este militar por un golpe de Estado en febrero de 1989 y remplazado en la presidencia por su consuegro el general colorado Andrés Rodríguez, organizaciones campesinas e indígenas ocuparon parte de estas tierras. Muchas de ellas eran latifundios improductivos. De este modo, pudieron hacerse de un espacio para la agricultura de subsistencia, en principio y de renta cuando la escala lo permite.

Es así que por lo común indígenas y campesinos tienen disputas por la titularidad de los campos contra agroempresarios que literalmente se “compran” títulos falsos que luego hacen valer ante un Poder Judicial que ha sido considerado como el más corrupto de América del Sur.

Por ello, actualmente hay 900 conflictos y procesos judiciales en curso en asentamientos campesinos e indígenas donde viven entre 40 y 250 familias y que tienen entre 2 y 40 años de lucha y resistencia.

Como tibia reacción a los últimos desalojos, los senadores del Frente Guasu, el movimiento que lidera el ex presidente Fernando Lugo, presentaron un proyecto para derogar la Ley Riera-Zavala, más como una cuestión testimonial ya que no tienen los votos como para lograr hacerlo.

Se insiste allí que la norma viola derechos constitucionales de los pueblos indígenas reconocidos como anteriores a la conformación del Estado. Por ello, previo a la sanción de la Ley Riera-Zavala la jurisprudencia indicaba que era imposible desalojar a una comunidad indígena sin seguir un protocolo para verificar la posesión tradicional o ancestral de sus tierras.

“Movilización permanente”, declararon, entre otras, la Federación Nacional Campesina (FNC); el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP); la Organización de Lucha por la Tierra (OLT); el Movimiento Agrario y Popular (MAP); la Coordinadora de Mujeres Campesinas e Indígenas (CONAMURI); la Plataforma Social de Derechos Humanos, Memoria y Democracia; y la Coordinadora Estudiantil de la UNA (CEUNA).

 “Nos nucleamos este día para la concreción de la articulación de un espacio de lucha en contra de la política llevada a cabo por el gobierno de Mario Abdo Benítez y la cúpula de los partidos de poder enraizados en el Congreso y la Corte Suprema de Justicia avalando el despojo, desalojos y saqueos masivos y criminales efectuados por las fuerzas represoras (Policía Nacional y Fiscalía general del estado)”, dice el manifiesto de convocatoria a la marcha.

Hicieron también un llamamiento a campesinos, indígenas y sectores populares “a resistir organizadamente contra los desalojos, la criminalización de la lucha social y a todos los sectores patrióticos, democráticos y sociales, a generar un gran debate nacional, fomentar un espacio de unidad amplia y avanzar en la construcción de una patria nueva”, según expone el documento.

Aparición con vida

La marcha se dará en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos. también pedirá “la aparición con vida de (la niña) Lichita”, nombre con el que se conoce a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 15 años, quien permanece desaparecida desde diciembre de 2020.

Lichita es hija de Carmen Villalba, presa del Estado paraguayo desde hace más de 17 años y prima de las niñas de nacionalidad argentina Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, asesinadas en un operativo militar contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en septiembre de 2020.

Si bien se reclama la aparición con vida de Lichita, se estima que habría corrido la misma suerte que sus primas. 

AGB

“Todo. La mandioca, el maíz…Pero también nuestras gallinas, nuestros chanchitos, hasta las vacas. Todo se muere”, dice Rosa Britez, vecina de San Pedro, en Capiibary, una localidad rural a 500 kilómetros de Asunción, capital del Paraguay. Rosa tiene 34 años, tres hijos -10, 8 y 5 años- y una costumbre: encerrarse junto a ellos en su casita de madera cada vez que fumigan en el campo vecino, sembrado de soja, y el aire se vuelve irrespirable.

Rosa usa labial rosado y tiene la sonrisa fácil, sólo que hoy no se le nota tanto. No sonríe, de hecho. Su abuelo, campesino como ella, acaba de morir y “ahora estamos con la novena. Entre rezos, por su alma”.

Paraguay, el país de Rosa, es el más católico de Latinoamérica (90% de adultos se declara como tal), pero también ocupa el primer puesto en algunos rankings un poco más tristes. Por ejemplo, el primer país del mundo condenado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización para las Naciones Unidas (ONU) a raíz de una muerte por agrotóxicos.

De una muerte no: de un muerto. Un muerto joven, sano. Un muerto hermoso, campesino como Rosa.

Ese muchacho de veintiséis años que le valió a Paraguay en 2019 una condena internacional era Rubén Portillo Cáceres. Falleció el 6 de enero de 2011 en un lugar llamado Colonia Yerutí pero que tranquilamente podría haberse llamado de cualquier otro modo porque en América Toxina lo que se nombra es siempre lo mismo: horizonte idéntico de sojales, maizales o algodonales, según la estación, fumigado por aire y por tierra con sustancias que- como el bifentrin, el clorpirifós, el paraquat o la atrazina- están prohibidas en los países que las fabrican y las exportan a la chatarrería de pesticidas del mundo. Las mandan a América Toxina y al Paraguay, una radiografía viva de este desastre en proceso.

Un país volcado por entero a la producción de commodities (soja, maíz, algodón) que, al tiempo que exporta granos crecidos repletos de plaguicidas, tiene que importar lo que come. La razón: 94% de la tierra cultivable está dedicada a las commodities, por lo que 7 de cada 10 alimentos vienen del exterior. Y ese modesto territorio destinado a la producción para consumo humano es cada vez más chico.  Según datos de Con la soja al cuello 2020- Informe sobre agronegocios en Paraguay, elaborado por la ong BASEIS- entre 2018 y 2019 la superficie dedicada a la agricultura familiar y campesina creció apenas 194 hectáreas. El agronegocio, en cambio, sumó 108.000 has. 

En Colonia Yerutí, el pueblo donde vivió y murió Rubén Cáceres, se planta soja transgénica, el cultivo del que Paraguay, pese a su limitada extensión, es el séptimo productor mundial, compitiendo con gigantes sojeros como Estados Unidos, Brasil o Argentina. Con sólo 7 millones de habitantes, este pequeño país del sur es un gigante exportando commodities. Es, por caso,el cuarto productor mundial de maíz transgénico, resistente a varios pesticidas y capaz de matar por envenenamiento a los insectos que intenten comerlo. Y todo eso, claro, no es gratis. No al menos para gente como Rosa o como Rubén. No para quienes resisten solos y a campo abierto el avance de este mar verde dólar.

En Colonia Yerutí, departamento de Canindeyú, había hasta no hace tanto todo chacras que producían maíz, mandioca y maní, además de algunos establecimientos ganaderos. Hasta que a fines de los noventa llegó la primera soja transgénica –la tristemente célebre Round Up Ready o RR1, diseñada por la empresa Monsanto para sobrevivir a las fumigaciones con glifosato, también patentado por esa compañía- y la vida de Rubén y tantos otros cambió para siempre. El muchacho vivía junto a su familia en una casa pegada a la Estancia Cóndor S.A, una finca dedicada a cultivos biotecnológicos.

Primero murieron las gallinas, entre espasmos. Más tarde falleció Rubén, entre vómitos y diarrea. Durante tres años el estado paraguayo ignoró el reclamo de su familia, que terminó llegando a tribunales internacionales que le dieron la razón. Hubo una sanción para Paraguay pero en última instancia no dejó de ser una formalidad. Hoy, los responsables de esa la muerte siguen libres. Y a esa impunidad, en Paraguay, la gente la resume con una palabra en guaraní: “opareí”.

“Significa que no pasó nada, que quedó todo a mitad de camino”, traduce Rosa. Su pequeño mundo en San Pedro, lleno de maíces quemados, árboles de naranjo que se secan desde la copa y enormes gusanos verdes que huyen del campo fumigado y se refugian en el cultivo de Rosa bien podría llamarse Villa Opareí. La tierra de la justicia ausente.     

Ahogarse fuera del agua

Ella conoce de memoria cómo es eso de denunciar y volver a denunciar los atropellos sin que nada pase. O sí: los sojales están cada vez más cerca y por eso escapar se hace cada vez más difícil.

Explica: “Acá en la chacra producimos lo que vamos a comer y para vender también. Pero frente a nuestra casa hay un gran plantío de soja y muchas veces, cuando ellos pasan secante o algún fungicida fuerte provocan alergias, irritaciones en la piel y en los ojos sobre todo de los niños. El agua que tomamos da diarrea y muchas veces tiene olor a veneno. Los pececitos del arroyo ya no existen. Ya no existen, ya no hay más. Muchas veces hasta nuestros animalitos mueren. Nuestra gallina, nuestros chanchos, vacas…Esta vez tuvimos mucha muerte de vacas y no sabemos de qué. Es decir: nosotros sí sabemos de qué es pero no tenemos cómo justificar, ¿verdad? No tenemos cómo investigar porque somos pobres. 

“Uno tiene que salir de la chacra, ir al centro, llegar a Asunción, buscar una persona que te pueda ayudar, abogados…Y eso es costoso. Por eso muchas veces se deja que pase esto porque no tenemos forma, no hay recursos para defendernos. Nunca pasa nada, todo queda en el camino o, como decimos nosotros, opareí”. 

Con todo, las comunidades campesinas paraguayas se unen para enfrentar al agronegocio y desde 1993 la Organización de Lucha por la Tierra (OLT) reúne, asesora y defiende a campesinos y campesinas. Nicolás Maidana es miembro de esa organización, además de maestro de escuela, y desde Colonia Unión Agrícola -un asentamiento de 150 familias campesinas en el departamento de Caazapá, uno de los más pobres del país- explica que ellos-como Rosa tampoco usan agroquímicos.

“Usamos cosas naturales, porque producimos alimentos”. Nombra entonces el azufre, las ramas de paraíso maceradas. “Todas cosas naturales”, insiste, y explica que cada tanto organiza capacitaciones sobre agroecología con compañeros campesinos que están en la misma lucha por la tierra pero también por la salud.

Cuenta entonces el caso de V, una niñita de su comunidad. V no camina, pero sonríe desde su silla de ruedas. Los suyos no saben qué tiene porque nadie les explica demasiado. “Su familia viene de una zona donde se usaban muchos agrotóxicos y ella ya nació así. Por eso se vinieron para acá”, explica Nicolás.

“Acá en las zonas sojeras hay muchos abortos espontáneos. La gente les dice ”angelitos“ y los entierran alrededor de la casa adonde ocurrió el caso”, cuenta Augusto Acuña, también miembro de la OLT, además de técnico agroecológico y referente campesino. “Pero no hay denuncias porque la gente tiene miedo. Los sojeros, principalmente brasileños, son muy violentos. No respetan ninguna ley ambiental y la gente sufre intoxicaciones diarias, principalmente los niños y niñas en edad escolar, que además tienen que pasar camino de la escuela por sojales sin barreras”.

En la familia Britez hubo también un angelito. Una angelita, en realidad: Carina Nuñez, una prima de Rosa. La última foto que le tomaron la muestra conectada a un respirador.

“Ella vivía en la ex Colonia Laterza Cue, en Caaguazú. Ahí hay empresas transnacionales que cultivan maíz y soja. Ahí vivía mi prima. Sus padres siguen ahí. La empresa se encargó de que ella pudiera ir mensualmente a su doctor, a hacer su quimio. Ofrecían un vehículo para llevarla y dinero para comprar su medicamento. Porque la empresa sabe de qué ella se enfermó. Y sabe que si había denuncia y una buena investigación, iban a gastar más. Entonces la ayudaron así, de a poquito, ofreciendo dinerito para que no hicieran la denuncia. 

“Yo hoy le pregunto a mi tío por qué no hizo la denuncia y él me pregunta: ”¿Y para qué, si yo necesitaba plata para mi hija para poder llevarla al doctor? Yo no tenía tiempo para estar haciendo denuncias“. Ni los doctores quieren dar su diagnóstico. Los doctores no les entregan los análisis a los parientes. Ellos tratan la leucemia nomás. No daban ni para sacar fotos a sus análisis hasta que no pudo más ella. Y falleció. Y todo quedó así. Opareí” 

Entre 1991 y 2018, según precisa Agrotóxicos en América Latina: violaciones al derecho a la alimentación y a la nutrición adecuada, el informe 2020 de la Food First International Action Network (FIAN), más de 100.000 familias campesinas paraguayas abandonaron sus tierras y 300.00 hectáreas de selva y bosque fueron arrasadas para el agronegocio. En ese contexto, personas como Rosa, Rubén o Carina no entran en la ecuación. O, si lo hacen, es sólo cuando se enferman o mueren a raíz del infernal ritmo de uso de agrotóxicos. Sólo un dato: entre 2011 y 2013, Paraguay cuadruplicó la importación de pesticidas, pasado de 8.8   a 32.4 millones de litros.

Desde hace más de una década la pediatra Stela Benitez Leite – médica, profesora de pediatría clínica en la Universidad Católica y definitivamente la sonrisa más radiante del Hospital del Niños de Asunción- investiga el impacto de los plaguicidas en niños y neonatos. Comenzó en 2007, con un estudio que evidenciaba la correlación entre exposición agroquímicos de las gestantes y el nacimiento de bebés con malformaciones congénitas. Una década más tarde y con ayuda del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) logró ponerle imágenes y datos al daño.

Investigando el ADN de niños de entre cinco y diez años de la localidad rural de San Juan, en Canindeyú, comprobó que casi la mitad  (45,9%) tenía daño genético, algo que no sucedía con los niños de Sargento Báez, un pueblo libre de fumigaciones y utilizados como control. La médica aclara que “no existen investigaciones oficiales sobre el tema y no contamos con información específica sobre estas situaciones, pero sí con testimonios de campesinos afectados que no recibieron el tratamiento adecuado”. Al igual que sucede en Chaco, Argentina, a las víctimas de las fumigaciones se las trata con antialérgicos, antigripales o como si sufrieran de asma, borrando así la relación ambiente y estado de salud.

Justamente por eso los resultados del trabajo científico liderado por Benitez-Leite cayeron como una bomba en el sojal: fue la primera vez que -oficialmente- el rastro del veneno se dejaba ver del otro lado del microscopio, sobrevolando el futuro de todos esos chicos. Porque ese daño puede terminar generando desde abortos espontáneos hasta Mal de Parkinson, afectar el neurodesarrollo o provocar malformaciones. “Hay tres generaciones afectadas”, dice la médica. 

“Cuando comenzaron a difundirse los resultados por los medios de comunicación, se apuntó a descalificar el trabajo y lo que revelaban los datos: la evidencia del daño genético en el grupo de niños expuestos a agrotóxicos”. Lo mismo que, de hecho, les sucede a los fetos cuyas madres viven en áreas fumigadas. Eso que Benitez Leite comenzó a estudiar una década atrás y muestra datos inquietantes. “Hoy en nuestro país las malformaciones congénitas constituyen la segunda causa de mortalidad neonatal, cuando antes ocupaban el quinto lugar”, explica. Opareí, diría Rosa, bajo su sol tremendo.

Guerra adentro

En Brasil hay un bot llamado Robotox que twittea cada vez que el gobierno aprueba un nuevo agrotóxico. En 2019 no twitteó una ni diez ni cien veces: lo hizo 474. Hoy en el Brasil del presidente Bolsonaro hay 3.231 agrotóxicos aprobados y allí se repite –sólo que a escala faraónica- lo mismo que se ve alrededor.

Todo el sur del continente es tierra de sacrificio, un animal abierto del que se extraen granos, minerales y combustibles para el resto del mundo. A cambio llegan bienes pero sobre todo males, en forma de millones de toneladas de pesticidas que viajan desde Europa a seguir alimentando la máquina venenosa.

En Pernambuco, en medio de ese paisaje que Joao Cabral de Melo Neto usó para ambientar su Muerte y vida severina, hoy vive Geovanni Leao, miembro de la Comisión Pastoral de Tierras y activista por los derechos de campesinas y campesinos en ese norte donde hoy se enfrentan quienes habitan y trabajan la tierra desde hace generaciones y quienes ven en este paisaje apenas un primer escalón hacia la fortuna.

Aquí suenan tiros. Aquí la policía es el brazo ejecutor de las empresas agropecuarias, una de las cuales –Mata Sul- controla unas 5.000 hectáreas en donde vive más de la mitad de la población del municipio de Jaqueira. Aquí también los agrotóxicos- que gozan de beneficios impositivos y están exentos del pago del Impuesto Sobre los Productos Industriales- vuelven a ser lo que siempre han sido: armas de guerra, modos perversos de persuadir. “Porque, si se queman los cultivos, los animales se mueren y los hijos se enferman, ¿quién va a querer quedarse, ah? Nadie”, pregunta y se responde Geovanni. Y cuenta que en 2019 “la empresa ordenó la destrucción de una plantación de plátanos y echaron veneno sobre la plantación destruida para que no volviera a crecer”

Pero no se quedaron conformes y el 7 de abril de 2020, en plena pandemia, volvieron al ataque. Ese día, “la empresa contrató un helicóptero que fumigó con agrotóxicos en las comunidades de Fervedouro y Barro Branco. Esta fumigación afectó a los cultivos y a los propios agricultores, para obligarlos a abandonar sus propiedades porque también contaminaron las aguas”. Y, como estaban en pandemia y restricciones para circular, no pudieron ir al hospital y debieron soportar el ahogo y las reacciones alérgicas con remedios caseros.

El video, filmado por los vecinos con sus propios celulares, confirma lo que cuenta Geovanni: un helicóptero sobrevuela las casas y los plantíos, arrastrando la nube venenosa como si fuera una cola de novia. Pero aquí no se siembra soja ni algodón. Aquí hay vacas y caña de azúcar, y muchas ganas de arrancar a la gente de su tierra.

Del agua: según cuenta, hace algún tiempo la empresa Agropecuaria Mata Sul rodeó con una cerca de alambre la fuente adonde iban a buscar agua los campesinos. ¿La idea? Expulsarlos de los campos adonde han vivido desde siempre pero que desde 2017 fueron alquilados por las autoridades a esa empresa, con ellos y ellas adentro.

“Los niños y las niñas sufren sobre todo secuelas psicológicas porque viven como los chicos de ciudad: adentro de sus casas. No pueden salir a jugar, no pueden correr, no pueden comer las frutas, no pueden nada”, explica Leao. Algunos niños han visto cómo la policía se llevaba presos a sus padres, y todos le tienen un enorme temor a los uniformados.

Hacen bien: dos campesinos han sido golpeados, doce han sufrido amenazas de muerte y uno de ellos -Edeilson Alexandres Fernandes Da Silva- fue emboscado y atacado. Le pegaron siete tiros. Sobrevivió. Los medios locales –algunos, un medio local- hablan de “listas de muerte”, de personas reconocidas por el agronegocio como enemigas y marcadas para morir. Entre ellas, varios de los dirigentes y familias instaladas en la zona del ex ingenio Usina Caneca, un terreno de 5.000 hectáreas en donde existen seis comunidades campesinas forzados a enfrentar no ya a los sojeros y “reyes del ganado” sino también a las autoridades que cierran filas con los poderosos de turno.

A Leonardo Melgarejo - investigador, miembro de la Sociedad Brasileña de Agroecología, miembro de la Unión de Científicos Comprometidos Con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL) y responsable del estudio 2020 de la FIAN- lo que sucede en Pernambuco lo impacta pero no lo asombra porque ve en esto una postal más de una democracia completamente capturada por las corporaciones. Y da un ejemplo: “la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, ANVISA, alteró la forma de clasificación de la toxicidad de los agrotóxicos. Pasó a priorizar las intoxicaciones agudas con riesgo de muerte, y gracias a eso muchos agrotóxicos accedieron a una ”reducción“ de su nivel de riesgo. 

“La mayor parte de los nuevos agrotóxicos autorizados son productos antiguos, algunos de los cuales tienen limitaciones de uso en otras regiones del planeta. En América Latina se venden productos prohibidos en otras regiones, lo que los vuelve más baratos. Esto está siendo interpretado como ”beneficioso“ para el agronegocio de países poco preocupados por el impacto de estos agrovenenos sobre la salud humana y ambiental. Pero los desastres ambientales deben llevar al cambio de nuestros gobernantes. La población va a exigir eso, en defensa de la vida y de la soberanía de los pueblos, en toda Latinoamérica”. 

Mientras tanto en Jaqueira, donde vive Geovanni, quienes defienden la vida y la soberanía son las mujeres y los hombres que resisten las amenazas, los golpes, la cárcel.

Los niños y las niñas, quienes también resultan ser los más afectados por un sistema de envenenamiento que- para ocultar el daño- esconde a las víctimas. Así, según datos presentados por la investigadora Larissa Bombardi, geógrafa y profesora de la Universidad de San Pablo, por cada caso de intoxicación contabilizado por el sistema de salud hay otros 50 que no se registran. De allí que la cifra oficial de bebés de entre 0 y un año intoxicados por agrotóxicos en Brasil entre 2010 y 2019 trepe de los 500 que registró el Sistema Unico de Salud (SUS) a los más de 25.000 que menciona Bombardi.

Para ella, en nuestra región “La gente vive una relación que no es de asimetría sino de fosa abismal entre la realidad de América Latina y la realidad de los países de economía fuerte. Y eso es algo que es intolerable. Debemos caminar en el sentido de una regulación internacional y como Humanidad debemos pensar en la superación de este modelo”.

La otra primavera silenciosa

En Argentina la llegada de la primavera coincide con el momento en el que millones de hectáreas son fumigadas para “limpiar” los lotes que recibirán millones de semillas de soja que pagan patente, resisten cada vez más venenos y cuyos granos se exportan tanto a China como a la elegante Europa, que sólo en 2018 exportó a Sudamérica 6.842. 542 de litros de agrovenenos que fabrica pero prohíbe usar en su propio territorio. De hecho- a excepción de España y Portugal- tampoco siembra OGMs aunque acepta de buen grado que el Mercosur siembre una superficie equivalente a la de Francia con soja transgénica y cuyo costo humano y ambiental pagaron otros. Y otras, como Estela Lemes, una maestra rural de la provincia de Entre Ríos que todavía lleva en el cuerpo lo que el veneno le hizo: se cae, le cuesta coordinar algunos movimientos, ha dejado de hacer muchas cosas y está en tratamiento médico.

Como maestra de la escuela rural 44, Bartolito Mitre, desde hace décadas denuncia las fumigaciones sobre ella y sobre sus niños.

Recién en 2021, un tribunal laboral escuchó su reclamo y obligó a su empresa de atención médica a pagarle el tratamiento que necesita y al estado, a indemnizarla por los daños.

“Hoy, los dos campos linderos a la escuela, después de las denuncias, tienen pradera y pusieron animales. Pero los cercanos a la escuela siguen, siguen fumigando. Viene el ingeniero agrónomo y me dice que va a fumigar al otro día, que es sábado. Entonces me presenta la receta agronómica y el permiso de la policía. Pero yo no soy quién para estar mirando y además que no haya niños en la escuela porque es sábado no significa nada. Igual la deriva llega y hay gente viviendo en los alrededores, en un barrio. Entonces, no fumigan a los chicos en la escuela pero sí los fumigan en sus casas”, protesta.

En la Argentina transgénica, ésa que es –detrás de Estados Unidos y Brasil- el tercer productor mundial de soja, las maestras rurales expuestas a fumigaciones sufren daños en su salud que nadie parece haber previsto y por los que nadie parece tampoco dispuesto a pagar. Pero, ¿qué es lo que sucede entonces con todos esos  niños y niñas expuestas a fumigaciones durante los catorce años que en este país abarca la educación obligatoria?

La doctora María del Carmen Seveso –médica intensivista, miembro de la Red de Salud Popular Ramón Carrillo y defensora del derecho a la salud de los pueblos fumigados- es clara: “Estos productos son venenos. Ve-ne-nos. Y como los niños tienen, por una cuestión de desarrollo, menos enzimas hepáticas que son las que metabolizan todos estos tóxicos, son más frágiles. Pero, además, tienen las meninges menos desarrolladas y el veneno impacta directamente en su sistema nervioso central. Tanto el feto como el niño pequeño son los que más daño reciben por la inmadurez de su sistema de defensa. Son organismos que se están desarrollando y por eso mismo, son más vulnerables”.

Ana Zabaloy, maestra rural de la zona de Areco, luchó durante años en defensa de sus alumnos, niños y niñas a los que -como Rosa Britez- también tenía que encerrar en el aula cuando los campos linderos eran fumigados por aire y tierra.

Ana, psicopedagoga y directora de la Escuela Rural 11, fue fumigada en más de una oportunidad y recibió en plena cara una descarga de 2-4 D. Para proteger a sus alumnos lo hizo todo, y más: consiguió testigos, hizo denuncias, pidió ayuda a los científicos para analizar el agua que bebían los chicos, consiguió un amparo legal, dio charlas y les contó a todos los que pudo que todo en su escuelita rezumaba agrotóxicos. Que los chicos estaban tan acostumbrados al veneno que en el campo, junto a las vacas y los molinos, dibujaban a las avionetas como si fueran parte del paisaje.

Por eso Ana ayudó a redactar una ley (la Ordenanza 4226/17, que prohíbe las fumigaciones aéreas en la zona) y explicó en una sola frase por qué los niños y niñas del campo deben ser especialmente protegidos: “porque una escuela pública rural es un pedacito de Estado. Una isla en medio de la nada para recordarles a estos chicos que ellos son sujetos de derechos”.  

Hoy, exactamente hoy, se cumplen dos años de su fallecimiento. Murió de cáncer. Y de opareí.

FS

Raquel Chan es bioquímica, está especializada en biotecnología vegetal y, después de trabajar durante un tiempo en el exterior, volvió a la Argentina a hacer ciencia en 1992. Dos años más tarde, Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía de Carlos Menem, instaría a la comunidad científica a “que se vaya a lavar los platos”.

“Fue una decisión personal la vuelta, pero fue muy difícil por el contexto. No había plata, cargos, pero uno se acostumbra a pelearla. Ahora con respecto a ese año estamos increíblemente mejor: hay subsidios, becas, ingresos a la carrera de investigador. Pero faltan años luz todavía. Hubo un gran progreso pero no sé si el que tendría que haber habido en tres décadas, y la Argentina sigue siendo un país donde el desarrollo de la ciencia todavía es chiquito respecto de países como Estados Unidos, por ejemplo. Aquí nuestra inversión es del 0,3% o 0,4% del PBI, y en otros países llega al 5%”, evalúa.

Nombrada este año integrante de la Academia Nacional de Ciencias y reconocida por la BBC como una de las diez científicas latinoamericanas más destacadas, Chan dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que depende del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en la que también es docente. Es en ese instituto en el que llevó adelante el desarrollo de HB4, una tecnología transgénica que se investigó allí y llevó adelante la empresa Bioceres para lograr que el trigo y la soja obtengan mayor resistencia ante un escenario de sequía. Ahora mismo, cuenta Chan a elDiarioAR, el equipo que encabeza trabaja en distintos proyectos.

“Por un lado, ya han obtenido buenos resultados los ensayos que hicimos con la tecnología que estamos trabajando para combatir el exceso hídrico en cultivos de maíz. A la vez, estamos trabajando mucho en el proyecto 'Argentina contra el hambre', que se propone el aumento de la producción en economías familiares”, sostiene, y describe la iniciativa: “Hemos descubierto, a través de ciencia muy básica, que poniéndole un peso determinado a las plantas en un período determinado de su desarrollo y por dos días logramos aumentar muchísimo la producción de esa planta. Es una carga sobre el tallo, un recursos que no sirve para agricultura extensiva porque es una tecnología muy manual. Hay que poner y sacar ese peso a mano, que hace la planta pelee contra el peso, lo que ensancha el tallo y aumenta el número de tubos por los cuales la planta transporta agua y nutrientes. Eso genera más producción al final del ciclo en plantas de tallo único como el tomate, la chía, la quinoa, el girasol. Es un proyecto muy lindo pensando en la economía familiar y lo tenemos teóricamente financiado. En algún momento llegará el dinero”.

¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo “transgénico”?

Nuestra experiencia es que la mayoría de la gente no sabe de qué se trata. Hemos hecho encuestas preguntando a gente común en los parques, y encontramos respuestas como “tiene que ver con el cambio de género” o “es una marca de dentífrico”. Lo dice muy claramente Mayra Arena hablando de otra cosa: hay peleas que se dan en ámbitos que no tocan a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad ni sabe ni le preocupa qué es transgénico porque sus problemas son otros, como no llegar a fin de mes o qué comer esa noche. En una parte minoritaria de la sociedad sí se da este debate y hay grupos ambientalistas que están en contra. Meten todos los transgénicos en la misma bolsa y suelen decir que aumentan el uso de agroquímicos. Nuestro desarrollo para tolerancia a la sequía, HB4, no es cierto que aumente el uso porque el trigo “normal” ya usa agroquímicos. Toda la agricultura extensiva usa agroquímicos porque cuando no usaba, hace 5 siglos, se servía del trabajo esclavo. La maleza se sacaba a mano a las 5 de la mañana. Muchos de los gritos en contra de los transgénicos implican la vuelta a eso, y los que gritan no son los que van a tener que volver a ese trabajo.

La agricultura orgánica está perfecta, puede coexistir con la extensiva. Pero la orgánica la hacés en tu patio de 20 metros cuadrados y sacás la maleza agachada, una por una, a la mañana. Si tenés un campo de 500 hectáreas no podés sacar eso a mano a menos que tengas esclavos. Nadie va a defender a los agroquímicos pero hoy en día ningún agricultor extensivo va a sembrar sin usarlos porque va a generar un rendimiento muchísimo más bajo. Lo que hay que buscar son alternativas menos tóxicas. La ciencia está en eso, pero no somos magos.

En el caso del cambio climático, los científicos vienen pidiendo medidas políticas, pero nos supera. Somos técnicos. Yo puedo decir “la solución es tal”, pero el que toma la decisión política es otro, no yo.

¿Cómo se desarrollan estos “mejoradores” genéticos como el que encabezó para trigo y soja?

Son trabajos que llevan muchísimos estudios a nivel mundial. La agricultura desde hace siglos busca mejoramientos. Si tengo 20 plantas de maíz y las siembro todas juntas, alguna se va a portar mejor que otras ante el déficit hídrico. Entonces, desde hace mucho tiempo, el agricultor se queda con esa, la cruza con la que, por ejemplo, aguantó mejor los insectos, y esa cruza da “hijos”. El agricultor elige a los mejores hijos y los vuelve a cruzar, aunque no tenga la menor idea de qué está pasando biológicamente en el interior de una planta. Desde el lado de la ciencia, avanzó el conocimiento sobre el ADN y sabemos que hay genes que responden mejor al estrés hídrico. Se toma un gen, se lo estudia en plantas modelo y se lo pone en una planta. Se ve si se comporta mejor ante ese estrés, siempre comparando con una planta sin el gen. En el caso del desarrollo para trigo y para soja ante sequía, efectivamente demostró buenos resultados.

¿Cuál es el impacto económico del uso de esta tecnología?

El estrés abiótico no es cuantificable como otro tipo de cosas. Puede ser extremo, moderado, que no llueva durante algunos días seguidos y después sí. No se puede llevar a un número concreto, lo que dificulta un cálculo concreto del mejoramiento del rendimiento, pero en promedio, es de un 20%. En la pampa húmeda, donde crece trigo y soja, en un año en el que se produce el fenómeno de La Niña tenés un 25% más de rendimiento con trigo HB4 que con el común, en promedio.

La tecnología aún no fue aprobada en China y Brasil, movimientos que deben ocurrir para que se use también acá: ¿por qué no la autorizan?

El trámite para soja está en China y el de trigo, en Brasil. Se están moviendo pero no salen. En el caso de soja esperamos desde 2015, y en el de trigo, desde el año pasado, porque la aprobación final en Argentina fue en octubre de 2020. Cualquier cultivo genéticamente modificado con ingeniería genética requiere de aprobación en todos los países involucrados.

Argentina tiene un sistema de regulación dividido en tres oficinas, todas dependen del Ministerio de Agricultura. CONABIA audita que no haya daño al medio ambiente. Se compara que no haya variaciones respecto del impacto ambiental que desencadena el cultivo sin transgénicos. Eso pasó hace un montón para los dos cultivos. Después está el SENASA, que determina la sanidad para la alimentación humana o animal. Se alimenta a ratas con eso y se demuestra, siempre comparando con el trigo o la soja comunes, que no los animales crecen de igual manera. Eso también se aprobó hace un montón. La tercera oficina es la Oficina de Mercado, que determina que no haya daño económico para el país. Esa aprueba en forma condicional, y termina de aprobar si Brasil aprueba o si China aprueba. Esto es porque nosotros exportamos toda la soja que producimos a China, y si China no aprueba fundís al país.

Brasil es un país “friendly” con los transgénicos. En cuanto a China, quieren que se hagan todos los ensayos allí, algo que Bioceres ya hizo. Están los papeles pero no los sacan. Supongo que por algún motivo económico no les conviene o están viendo cómo copiarlo.

Ustedes trabajaron en mejorar la resistencia ante una sequía y ahora investigan escenarios de exceso hídrico. ¿La ciencia puede ganar la carrera contra el cambio climático?

Respecto del cambio climático las condiciones lamentablemente empeoran. La ciencia trabaja todo lo que puede con los recursos que puede. Si el cambio climático va más rápido o más lento que la ciencia, eso no lo sé. La pandemia demostró que la ciencia fue más rápida que la industria en cuanto a las vacunas: el desarrollo fue mucho más rápido que el escalado productivo que debían hacer las farmacéuticas.

En el caso del cambio climático, los científicos vienen pidiendo medidas políticas, pero nos supera. Somos un sector de la sociedad chico, poco escuchado, y no hay políticas que acompañen. Somos técnicos. Yo puedo decir “la solución es tal”, pero el que toma la decisión política es otro, no yo. 

JR

La charla de Alberto Fernández con Pedro Rosemblat volvió a circular en las últimas horas entre las multinacionales cerealeras, los concesionarios de la Hidrovía y las empresas navieras que recorren los 820 kilómetros del canal troncal que une el Río de la Plata con la zona de Confluencia en Corrientes. Con una sirena policial que advierte sobre un “bloqueo en la Hidrovía por parte del Estado” y afirma que “peligran las exportaciones”, el spot armado por una “red ciudadana de inteligencia colaborativa” llamada “Plan País Argentina” rescata las definiciones del Presidente, hace poco más un mes. En el video se a un Fernández, muy cómodo en la noche de Olivos, que busca refutar planteos que provienen de su propio espacio, dice que “el problema de la Hidrovía no es un hecho revolucionario” y afirman que de lo que se trata es de dragar el Río Paraná y el Río de la Plata, algo que no puede hacer cualquiera. “Si lo quisiera hacer el Estado tendría que hacer una inversión millonaria. No tenemos la maquinaria, la tecnología necesaria para meternos a decenas de metros del Paraná y sacar esa arena y ese barro, no lo podemos hacer”.

La declaración, según cree al unísono el sector involucrado en el tema, acaba de ser desmentida por un decreto del propio Fernández. El decreto 427/2021 modifica la estructura de la Administración General de Puertos y le otorga la concesión de la vía fluvial por un período de 12 meses, “prorrogable hasta la toma de servicio por parte de quien o quienes resultaren adjudicatarios de la licitación encomendada por el Decreto N° 949/20” . A la inversa, desde el cristinismo hay quienes festejan lo que se cree es un nuevo viraje de un presidente que ya dio tantas vueltas en un tema estratégico como para desorientar a todos por igual. La infinidad de anuncios, declaraciones, y decisiones contradictorias tomadas por parte del propio Ejecutivo delatan la confusión y la falta de claridad para definir un rumbo en la vía fluvial por la que salen entre el 75% y el 80% de las exportaciones de la Argentina siempre sedienta de dólares, en su mayoría soja y cereales.

Otorgada por Carlos Menem y prorrogada por decreto durante un período de 25 años por presidentes como Eduardo Duhalde y Cristina Fernández, la concesión de la Hidrovía estuvo en manos de un consorcio integrado por la multinacional belga Jan De Nul y la argentina Emepa, del empresario Gabriel Romero. El contrato venció finalmente el 30 de abril pasado y, en esa oportunidad, Alberto Fernández hizo por primera vez lo que dijo que no iba a hacer: extender todavía más la concesión. Lo hizo por 90 días hábiles que vencen el próximo 13 de septiembre. A partir de ese momento, la AGP que tiene como gerente al santacruceño José Beni se hará cargo del tema y el Estado dejará de estar ciego en un universo en el que los privados manejan todo y los controles de organismos como la Prefectura y la Aduana nunca existieron. 

En el artículo 3 del nuevo decreto se especifica que el ministerio de Transporte de Alexis Guerrera confeccionará un nuevo contrato de concesión con la AGP y en el inciso b aparece el cambio principal en el corto plazo: en la nueva etapa, “la base tarifaria y el mecanismo de financiamiento por el sistema tarifa o peaje” la percibirá la AGP. El Estado a través de una de sus sociedades comienza a recaudar lo que durante el último cuarto de siglo embolsó la alianza de los belgas con Romero, el empresario que en 2018 declaró como arrepentido ante el juez Claudio Bonadio y afirmó haber pagado 600 mil dólares por el decreto de CFK que en 2010 le extendió la concesión por una década.

Más allá de que el Estado tome intervención para comenzar a cobrar, nada indica todavía una contradicción de Fernández en lo que respecta al dragado de la vía fluvial, el tema central en el que nadie cree que el sector público pueda hacerse cargo en este momento. Al contario, todo sugiere que la tarea que hoy lleva adelante Jan de Nul seguirá en manos de los privados. Distinto es el tema del balizamiento, algo que según algunos de los actores principales del negocio reconocen que puede hacer empresas nacionales o el propio sindicato de Dragado y Balizamiento que preside Juan Carlos Schmid. Tan experimentado como cuestionado, el legendario Romero se convirtió en un problema para todos: desde la vicepresidenta a la que el dueño de Emepa involucró en la causa Cuadernos hasta los socios belgas que deslizan desde hace tiempo que la alianza dejó de convenirles hace rato. 

Sin embargo, debido a las diferencias en el gobierno y a la falta de previsión para abordar un tema central que estaba en la agenda desde que asumió Fernández, la cuestión de fondo sigue sin resolverse y la definición se dilata: los pliegos para la licitación internacional de la que deberá surgir un nuevo consorcio o dos empresas distintas que se hagan cargo de dragar y balizar.

La Administración General de Puertos se queda con el timón después de que naufragaran tres iniciativas del Presidente de las que nada se supo. Primero, la “Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado”, que el Presidente presentó en agosto de 2020, en la localidad de Puerto San Martín, a orillas del Paraná y rodeado de los gobernadores. Después, el DNU 949 de noviembre de 2020, que delegaba en el Ministerio de Transporte la el llamado y adjudicación de la Licitación Pública Nacional e Internacional y que el ex subsecretario de Vías Navegables de CFK, el empresario naval Horacio Tettamanti, definió como una “apología de la década del noventa al servicio de las multinacionales”. Tettamanti figura ahora entre los que aprueban con reservas el nuevo decreto. Para el ex funcionario, el presidente se aleja de la doctrina del fallecido Mario Meoni, que era hija del consenso de Washington, aunque Guerrera “es una figura decorativa sin formación” y la AGP “es el peor lugar” porque se trata de un “ente residual gente sin experiencia”. En ese punto el cristinista Tettamanti coincide con representantes del sector privado que miran con desconfianza a la AGD y la cuestionan por su actuación en el Puerto de Buenos Aires. Sin embargo, según pudo saber elDiarioAR, Beni se propone presentar los pliegos a fin de año para el periodo de transición de 12 meses.

Finalmente, en la lista del infinito marcha atrás oficial, se destaca la la Unidad Ejecutora Hidrovía que creó Meoni en enero pasado a través de la resolución 8/2021 y preside el abogado Pablo Barbieri: fue disuelta en mayo por el ministro Guerrera debido a que, según reconocen en el gobierno, no armó los pliegos para la licitación. En sus cuatro meses de vida, si logró algún avance nadie se enteró.

De fondo, hacia adelante, queda aún una larga lista de interrogantes. El primero es quién se va a presentar a una licitación para hacerse cargo de una obra fundamental por un período de sólo un año. El ganador de la licitación corta, ¿quedará finalmente a cargo de la concesión larga que se extenderá por entre 10 y 20 años, según afirman en el oficialismo? ¿Seguirá Jan De Nul hasta fin de año o, como alertan los belgas por distintos canales, puede ingresar ahora una compañía de capitales chinos? Solo se sabe que los pliegos del contrato definitivo estarán a cargo de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables.

Si el gobierno no llama ahora a la licitación internacional es porque no preparó los pliegos en los 18 meses que lleva de gestión. Da la sensación de que pasó el tema a la AGD para empezar a cobrar el peaje, pero también para no pagar el costo político de una nueva prórroga del contrato y para evitar que Romero siga en el negocio. Entre las navieras y las cerealeras, preocupa la incertidumbre y se alteran demasiado los nervios por una estatización que, tal como dijo Fernández en la charla con Rosemblat, hoy no tiene perspectivas de avanzar.

Según le dijo a elDiarioAR un actor clave del negocio, los privados temen que el Estado demore el pago de las obras y, sobre todo, que aumente el peaje. En busca de despejar ese miedo, el nuevo decreto del Presidente aclara que “el procedimiento para la eventual revisión de tarifas y/o peajes, contemplando la participación u opinión de los usuarios, entidades representativas de los sectores afines y obligados al pago”. Solo en un punto parece haber consenso: en la vía fluvial de la que depende la mayor parte del comercio exterior argentino, no se puede improvisar ni detener la actividad de la que dependen por los menos 500 empleados afiliados al sindicato de Schmid. Menos todavía, en el contexto de una bajante histórica del Paraná. Según afirman en el mundo del agronegocio, julio será un mes crítico. De acuerdo al Instituto Nacional del Agua, con la tendencia prevista, todo el tramo del río en territorio argentino alcanzaría niveles similares o peores a los registrados en 1944, el año más bajo del río desde que comenzaron los registros, en 1884. 

El año pasado, el intendente de Pergamino, Javier Martínez (Juntos por el Cambio), anunció que reducía su sueldo en el marco del reciente estallido de la pandemia de Covid-19 y aseguró que parte de éste sería destinado a la Fundación Por Pergamino, una organización que reúne a 19 empresas y actores sociales de la localidad, la mayoría de ellos relacionados con el agronegocio.

En esa ciudad del norte bonaerense, un fallo de la justicia federal de septiembre de 2019 puso límites inéditos a las fumigaciones en los campos del partido, luego de que se comprobara la existencia de al menos 18 tipos de agroquímicos en el agua de la localidad y también en los cuerpos de algunos vecinos. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás estableció 1.095 metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y 3.000 para las aéreas, estableciendo así un precedente histórico para la provincia y el país.  

Además, procesó a siete productores rurales que violaron las normas impuestas por la justicia y citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los responsables de controlar las fumigaciones.

Del otro lado, la gran mayoría de las empresas y grupos del agro que forman parte de la Fundación Por Pergamino (FPP) se constituyen hoy como los principales opositores a la disposición del juez Carlos Villafuerte Ruzo, asegurando que las fumigaciones no generan un daño serio para la salud humana y el ambiente. “Si bien son detectados la mayoría de los agroquímicos utilizados, los niveles encontrados en suelos, aguas y en la sangre de las personas están muy por debajo de los límites o valores críticos establecidos en la mayor parte de los países del mundo”, expresaron desde la Sociedad Rural de Pergamino, en un comunicado en conjunto con otras entidades rurales, en agosto del año pasado. 

Para echar más luz: en la FPP participan empresas reconocidas como Rizobacter, multinacionales como Bayer-Monsanto, Don Mario, ManArRo, Agroactiva, entre otras, y también algunos representantes del Estado como el INTA, Fundación UNNOBA y –también-, el propio Municipio de Pergamino.

De esta forma, la Fundación no sólo parece aspirar a desempolvar la caridad del sector, sino a conformar un bloque de poder que se enfrente a las decisiones de algún juez incómodo. O por qué no, de toda la Justicia. De hecho, el año pasado, el comunicado que firmaron varios de los sectores que se enfrentan a las disposiciones de Villafuerte Ruzo aseguraba que se consideraban “frente a una amenaza de expansión ante este tipo de medidas judiciales”.

Pero hay más datos que muestran una cierta improvisación por parte de la Fundación Por Pergamino. Durante la campaña solidaria que encabezó en abril de 2020 ante la todavía fresca conmoción pandémica, la Fundación todavía no tenía registro legal y utilizó a otra ONG como medio para que las personas (y las empresas) puedan transferir sumas millonarias. En la actualidad tampoco hay demasiada información pública respecto a su legalidad, pero miembros de la fundación le confirmaron a elDiarioAR que ahora se encuentra en proceso de ser registrada. 

¿A qué entidad utilizó la FPP para legalizar su gesta solidaria por entonces? A la Fundación Conin, con sede en esa ciudad. Su titular es César Belloso, un productor local que a su vez es presidente honorario de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y al mismo tiempo, representa a la Fundación Por Pergamino. Es decir, Belloso conduce a la Fundación, a Conin y está vinculado a una de las entidades que forman parte de este conjunto de empresas.

En Pergamino lo describen como un “ferviente opositor” al fallo que limitó las fumigaciones y un “defensor a ultranza” de la siembra directa, una práctica que también ha instalado debates acerca de las posibles consecuencias que esto trae a la fertilidad de la tierra.

“Hemos recibido más de dos millones de pesos, casi tres millones de pesos en donaciones, que ya muchas de ellas se han hecho efectivas en muchas compras. Y casi 20.000 unidades de alimentos que también se han entregado”, dijo en ese entonces Belloso, en una entrevista con Canal 4. 

El detalle al cual accedió este medio indica que, del total de la suma recaudada, unos $774.000 fueron para el Hospital San José y un sanatorio local en conceptos de “camisolines y barbijos”, desde el 6 al 26 de abril. En mayo, el Hospital recibió otro aporte de unos $480.000. 

Pero también figura una donación significativa de más de $1,4 millones para “barrios vulnerables” en 2.600 bolsones de comida, cuya distribución fue administrada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Vale aclarar que no existe un informe pormenorizado donde se explique cuánto de todo este dinero aportó cada empresa en la campaña solidaria. 

De hecho, Belloso, el titular de la Fundación, respondió a esa consulta de esta forma: “Es decisión de la FPP no hacer público el monto donado por cada aportante”. 

A todo esto, en la ciudad es conocida la cercanía entre el titular de la Fundación y de Conin y el actual funcionario de Desarrollo del municipio, Lucas Marino Aguirre, quien representa al gobierno local en la FPP. A Aguirre lo ubican como el ala dura del PRO. De hecho, algunos lo consideran un posible candidato a intendente, en caso de que el actual jefe comunal, Javier Martínez, se retire o busque vuelo a nivel provincial.

Lo cierto es que la Fundación Por Pergamino se impone un objetivo ambicioso y con una mirada de planificación local, donde ni el gobierno local y mucho menos el Honorable Concejo Deliberante local parecen tener un rol protagónico, según aseguran fuentes conocedoras del caso a elDiarioAR. 

“Propiciar el desarrollo local del Partido Pergamino y la región Norte de la Provincia de Buenos Aires, integrándose a la región y al mundo”, se puede leer en su página web, asegurando que se buscará trabajar “en la coordinación de actividades de formación y capacitación de ciudadanos; promoviendo actividades de interacción pública-privada y de trabajo en red para el aumento de la productividad mediante el agregado de valor con visión sustentable en lo social, ambiental y productivo/económico”. 

En diálogo con este portal, Aguirre explicó que el municipio no realiza donaciones a la Fundación que integra, más allá de financiar el Polo de innovación Tecnológica, donde se reúnen la mayoría de las empresas de la FPP. Su apoyo es “simbólico”, cuenta, mientras ambientalistas de la ciudad continúan denunciando los estragos del agua contaminada.

¿Al gobierno local no le parece al menos incómodo participar de esta Fundación, que está integrada por los principales defensores de las fumigaciones?, preguntó elDiarioAR. 

“Lo del fallo de las fumigaciones no tiene relación ni con la Fundación, ni con las empresas e instituciones que allí participan. Consecuencia: No hay incomodidad, por el contrario”, respondió Aguirre, sobre el nexo entre el Municipio y la Fundación Por Pergamino.

“La verdad, no sé qué es un defensor o un opositor a las fumigaciones. Sí conozco productores que aplican buenas prácticas de producción. Los que no cumplan con las normas, deben ser perseguidos”, cerró el funcionario.

Hambre de soja y pueblos fumigados

Hay, sin embargo, una punta más para terminar de completar el rompecabezas del agronegocio local. Conin y la multinacional Bayer-Monsanto tienen vínculos aceitados desde hace varios años.

Desde 2007, ambas encabezaron una campaña en contra del hambre y así, el presidente de Conin a nivel nacional, el doctor Abel Pascual Albino, se convirtió en un defensor acérrimo de la soja transgénica como “alimento de calidad” para acabar con la malnutrición en la Argentina. Dicha organización fue blanco de críticas, también, cuando durante el debate en comisiones por la legalización del aborto, Albino rechazó al uso de preservativos como un método eficaz para evitar embarazos. Pero eso es una historia aparte.

De lo que sí interesa informar respecto a la relación Bayer-Monsanto y Conin es que el año pasado la multinacional, creadora del famoso herbicida Round-Up, confirmó una donación por un monto de 155.000 euros para ayudar a las localidades bonaerenses más afectadas por la pandemia. El dato que une ambos lados del puente es que, en Pergamino, se hizo a través de la Asociación Civil Centro Providencia y Conin (que en esa ciudad comparten oficinas y representante). La donación era para la compra de insumos para el Hospital local y para la recaudación de alimentos.

Según precisó Bayer a elDiarioAR tras la publicación de esta nota, la empresa destinó en concreto 20.000 euros a donaciones en Pergamino, que se utilizaron para la compra de insumos para el Hospital San José y de 2.600 bolsones “con alimentos no perecederos para el Centro CONIN, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Todas estas operaciones se realizaron con total transparencia, en cumplimiento con nuestros requisitos internos y con las normas del país, y compartiendo la información con los medios”, aseguró la compañía.

La periodista local Anabel Pomar pudo confirmar que el año pasado en ese hospital la multinacional había levantado casillas para “evaluación y derivación” de pacientes, donde se podía observar con mucha claridad el logo verde de Bayer, una empresa que a lo largo de su historia fue condenada tres veces por actuar con “malicia y negligencia”, al establecerse que su herbicida enfermó de cáncer a cientos de personas en Estados Unidos y en el mundo.

En ese hospital, paradójicamente, muchos pacientes arriban con fuertes dolores de cabeza y garganta, extraños sarpullidos en la piel y enfermedades de gravedad, como cáncer y malformación genética. Diversas investigaciones y estudios científicos determinaron que son consecuencia directa de la exposición a los agroquímicos que se arrojan en los campos aledaños a la población.

De hecho, en Pergamino, la contundencia en las medidas que tomó la justicia federal se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a los vecinos. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue afirmado por diferentes niveles de la justicia- se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.

Una preocupante realidad que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el fallecido científico Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre, en particular el glifosato, producen desde muerte celular hasta malformaciones. 

Aun así, desde el municipio que conduce Martínez insisten en utilizar una frase respecto a las fumigaciones y uso de agrotóxicos: “La discusión debe ser científica y adecuada a las normas vigentes”, aseguran.  

En este marco, la ciencia ya habló. Y la Justicia, también.

JP

Esta nota fue actualizada el 8/4 para aclarar el cargo de César Belloso en AAPRESID y dejar sentada la posición de Bayer respecto a las donaciones en Pergamino.

Fernando Manera es un bioquímico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba que se ha especializado en los peligros que suponen los químicos para la vida diaria de las personas. El investigador, autor del libro “Una amenaza silenciosa”, sostiene que los seres humanos están expuestos a 135 mil químicos, que muchos de ellos son de uso cotidiano y que ciertamente hay varios más peligrosos que los “plaguicidas” o “agrotóxicos” tan demonizados por estos días, que son responsables de solo 2% de las intoxicaciones. Por eso cree que esta serie de denuncias públicas sobre el herbicida Paraquat responde a otros intereses más que a una amenaza real. “Quieren que siga el mismo camino que el glifosato”, analiza ante la consulta de elDiarioAR.

El camino que está recorriendo el glifosato, el matayuyos más utilizado a nivel global y también en la Argentina, es historia conocida. Ese herbicida cobró mucha relevancia cuando la empresa estadounidense Monsanto lanzó al mercado en 1995 la soja RR, el primer cultivo del mundo en ser modificado genéticamente justamente para soportar las aplicaciones de esa sustancia: así las malezas se morían pero la plantita de soja quedaba intacta. La patente de ese insumo venció en 1999 y entonces todos se pusieron a producirlo y venderlo, hasta los chinos. Era tan efectivo que su difusión fue muy rápida y desplazó a muchos otros plaguicidas, incluyendo los que elaboraban las compañías europeas como Basf, Bayer o Syngenta.

Las voces que se alzaron en contra del glifosato, un agroquímico bastante inofensivo respecto de otros (está considerado de “banda verde” y su clasificación toxicológica es Clase 3, es decir que se lo considera “ligeramente tóxico” y “poco peligroso” por la Organización Mundial de la Salud y la FAO) comenzaron casi de inmediato, especialmente desde Europa. Grupos ambientales acusaron a Monsanto de querer monopolizar el negocio agrícola y señalaban que el herbicida era un letal agente cancerígeno. Los juicios multimillonarios por razones de salud se dispararon en los Estados Unidos –donde su uso es tan masivo como en la Argentina-, mientras que en la Unión Europea algunos países –como Francia- comenzaron a reclamar su prohibición. Los decibeles del debate público sobre el glifosato recién comenzaron a descender cuando la alemana Bayer adquirió en 2018 a Monsanto por unos 65 mil millones de dólares.

El Paraquat, como se denomina vulgarmente al Dicloruro de 1,1'-dimetil-4,4'-bipiridilo, es un principio activo lanzado al mercado en 1961 por parte de la empresa de origen suizo Syngenta. Su uso en la Argentina data de 1967, hace 54 años, y está permitido por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa). Es un herbicida de contacto, que mata a las malezas que toca y no tiene residualidad dentro de la planta ni persistencia en el suelo. “Su característica de herbicida no selectivo explica su atributo más importante, ya que le confiere un amplio espectro de control a un sinnúmero de malezas”, explicaron a este medio desde la empresa Syngenta, que hace rato también perdió los derechos sobre este insumo, que es elaborado y comercializado aquí y en el mundo por múltiples empresas. Por caso, hasta la estatal YPF lo ofrece en el país.

En materia agronómica, el cuarto de hora del Paraquat comenzó justamente a partir del ocaso que comenzó a vivir el glifosato. El herbicida más popular comenzó a flaquear no solo por la intensa campaña en su contra sino, y especialmente, por la aparición de malezas resistentes. Este fenómeno es natural –los piojos o cucarachas también adquieren resistencia ante el uso prolongado de un mismo insecticida, y sucede otro tanto con los virus y los antibióticos- y constituye el Talón de Aquiles de la agricultura a escala mundial: muchos biotiopos de plantas han adquirido resistencia no solo al glifosato sino a otros principios activos. Esta situación colocó al Paraquat como “una de las pocas alternativas para un control efectivo de malezas resistentes, previo a la siembra de los cultivos extensivos más importantes”.

De todos modos, esta relevancia lejos está de querer decir que el producto sea hoy tan significativo como el glifosato, que llegó a acaparar 50% de las ventas totales de agroquímicos en la Argentina. Según datos empresarios, el market share del nuevo producto cuestionado representa menos del 4% de las ventas de herbicidas y menos del 2% del mercado total de fitosanitarios, que incluye también a insecticidas y fungicidas. Es que las firmas que lo ofrecen recomiendan su uso dentro de una paleta de opciones. La propia Syngenta declaró que lo receta junto a más de 40 productos y 8 modos de acción de herbicidas.Y obviamente remarca que, como cualquier otro agroquímico, los usuarios deben utilizarlo con responsabilidad y respetando las instrucciones contenidas en el marbete.

“Mi sensación es que, estas nuevas denuncias tratan de repetir la historia. Ciertos grupos de presión difunden información rimbombante para impactar ante la gente que no tiene conocimientos y que luego conforma un jurado popular como los que fallaron en contra del glifosato en los Estados Unidos”, define Manera, que se tomó el trabajo de revisar las críticas contenidas en el artículo publicado por The Guardian.

El experto desacreditó sobre todo que alguien se pudiera matar tomando “tres gotas” de Paraquat. Describió que este agroquímico tiene una DL50 (dosis letal) de 612 miligramos por kilo de peso corporal de la persona que la ingiera. Cuando más alta es la DL de una sustancia, menos es el riesgo que supone. Para comparar, la estrictina tiene una dosis letal de 2 miligramos/kilo, la nicotina de 60, la DDT de 100 y la sal común de 1.500. Al demonizado glifosato, en tanto, se le asigna una dosis letal de 5.600 miligramos. “Verás que el ácido acetilsalicílico (el popular Geniol) tiene DL50 de 150 a 300 mg/kg y el Paraquat 612 mg/kg”, comparó Manera. Es decir que debería ser necesario consumir de dos a cuatro veces más cantidad de paraquat que de genioles para provocar una muerte.

“Hace rato que los agroquímicos dejaron de ser drogas efectivas para intentar suicidarse o asesinar a alguien, desde que se dejaron de usar los fosforados, los clorados y los carbamatos. A partir de ahí los nuevos productos no sirven porque no tienen la carga suficiente para provocar una muerte”, aseguró el bioquímico cordobés.

En el mismo sentido, la propia Syngenta reconoció que en las décadas del '60 y del '70 se produjeron muertes accidentales, debido a “la ingestión por error luego de decantar el producto en envases que no eran de fitosanitarios, como botellas de bebidas”. La ex compañía suiza, que hace un par de años fue adquirida globalmente por la estatal química de China, también relató que hace más de veinte años se tomaron medidas de prevención para que quienes manipulan el producto adviertan del peligro de ser negligentes. Como a las naftas, ahora se elabora con coloración azul y se le incorporó un “agente de alerta” que tiene olor fuerte e intimidante. También se le añadió un agente emético para inducir el vómito en el peor de los casos.

ML

Las conversaciones avanzaron durante la visita de Alberto Fernández a Andrés Manuel López Obrador en México, a fines de febrero. Unos días después de que el Presidente y su comitiva emprendieran el regreso a Buenos Aires, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, visitó a Alfonso Romo hijo, el heredero y encargado de negocios del más poderoso de los colaboradores del presidente mexicano. El encuentro fue en la casa de Monterrey donde el magnate, que hasta diciembre pasado fue Jefe de la Oficina de la Presidencia, suele organizar cumbres de las que participa el propio AMLO. Mano derecha del canciller Felipe Solá y exfuncionario del gobernador Jorge Manzur, el tucumano Neme se reunió con Romo hijo con un propósito ambicioso, que puede cambiar la ecuación del agronegocio a nivel global: avanzar en un proyecto de desarrollo biotecnológico capaz de reducir tanto el uso como el margen de ganancia del glifosato. El agroquímico que lleva un cuarto de siglo como dueño absoluto del mercado es propiedad de la transnacional Bayer desde 2018, cuando el gigante farmacéutico de origen alemán compró las acciones de Monsanto. 

A través de una de las compañías de su emporio, Nature Source Improved Plants (NSIP), Romo viene de asociarse en febrero pasado con la empresa argentina biotecnológica Bioceres en un acuerdo de investigación y servicios para diseñar un programa de mejoramiento acelerado de soja HB4® en los Estados Unidos. Ahora, las dos firmas se sumarían al trabajo que vienen haciendo en conjunto desde hace cinco años el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Stelagenomics, una startup que dirige el bioquímico Luis Herrera Estrella y fue promovida desde el Estado mexicano a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), dedicado al impulso de la ciencia. Según dijeron fuentes al tanto de los estudios a elDiarioAR, el desarrollo biotecnológico apunta a reducir el uso del herbicida de Bayer, se viene avanzando con pruebas de campo que vienen mostrando resultados “muy satisfactorios” y se advierte un avance importante en el combate de las malezas, con una disminución muy importante en la aplicación de glifosato. En México, el maíz transgénico y el glifosato están prohibidos por decisión de López Obrador.

De 70 años, formación católica y ligado en sus orígenes al Opus Dei por los medios mexicanos, Romo padre asesoró a varios presidentes y se convirtió en 2012 en una figura clave para AMLO, después de haber sido uno de sus antiguos detractores. Sin embargo, la mayor parte de su poder proviene de su carrera en el sector privado, donde registra tres décadas de antecedentes en el agronegocio. En 1991 fundó Pulsar Internacional, una firma multirubro que tenía una rama asignada a la biotecnología y la producción de semillas. En 1993, organizó el Primer Seminario Internacional de Agronegocios y en 2003 le vendió su compañía de producción de semillas, Seminis, a un fondo de inversión que poco después se la transfirió a Monsanto en 1.500 millones de dólares. Según la revista Milenio, llegó a operar en 150 países y concentrar el 25% del negocio mundial de semillas. En su laboratorio Agromod, ubicado en Tapachula, Chiapas, tiene un equipo que se dedica a la embriogénesis y donde uno de sus principales clientes internacionales es ni más ni menos que Bayer.

Bioceres es una empresa rosarina que pertenece a la familia Trucco, exhibe entre sus logros a nivel mundial el desarrollo de la soja transgénica tolerante a la sequía y acaba de ser noticia en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones subieron un 66% después de que se conociera que había comprado el 6% de Moolec, una empresa de Ag-Foodtech del Reino Unido que usa tecnologías vegetales y celulares para hacer comida sin animales.

El acuerdo firmado en febrero entre las empresas del magnate mexicano y Bioceres fue gestado hace un año, cuando Romo hijo -que dirige todos los negocios de su familia- vino a Buenos Aires. Fue poco antes del inicio de la pandemia, cuando cenó en el Club Hípico Argentino con Trucco y funcionarios de la Cancillería. 

“Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”.

Número dos de Solá en Cancillería, Neme le confirmó la información a elDiarioAR. “Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”, dijo. Neme vivió tres años y medio en México: se desempeñó como agregado cultural en el DF entre 1989 y 1993, durante la gestiones de Jorge Abelardo Ramos y Hector Subiza. “El encuentro con Romo en México fue importante porque se interesó en ese desarrollo tecnológico y se sumaría al proyecto. Desde el punto de vista de su proyección a nivel de mercado, eso le da una dimensión enorme”, agregó. Con Romo, la iniciativa pasaría del plano de la investigación y el desarrollo de tecnología a la escala del negocio.

Esta semana en Buenos Aires, Bioceres tuvo un encuentro con funcionarios del INTA y la iniciativa parece haber dado un salto en los últimos días. La Cancillería prepara para abril un nuevo viaje a México junto al INTA y la empresa de Trucco para reunirse con Romo hijo y avanzar en el plan de negocios.

Cuestionado desde hace años por su impacto sobre el ambiente y la población, con fallos de tribunales que lo condenaron en Estados Unidos por considerar que el herbicida es “un factor sustancial” en la aparición de cáncer, el glifosato casi no tiene competencia a nivel mundial y su pérdida de eficacia en el combate de malezas hace que cada vez se utilicen más litros por hectárea. Los expertos consultados por elDiarioAR afirman que hoy en el campo se aplican grandes cantidades del agroquímico de Bayer pero en una especie de mix junto a otras moléculas que tienen incluso más potencial y más toxicidad. En la Cancillería, apuestan a que el proyecto que reúne al INTA, Stelagenomics, Bioceres y Romo permita dar un salto de competitividad en el agronegocio, mientras promocionan los acuerdos del gobierno nacional con el Consejo Agroindustrial Argentino.

WC