Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

Un rastro tóxico infiltrado mucho más de lo previsto. La agricultura “convencional” deja en los suelos concentraciones inesperadamente altas de los pesticidas que utiliza para su producción. Muy por encima de lo estimado para autorizar esos compuestos, según midió in situ un equipo de investigadores de la Universidad de Wageningen en Países Bajos.

Poco tiempo después de que la Comisión Europea decidiera retirar el proyecto de ley para reducir a la mitad la aplicación de pesticidas en 2030, esta investigación muestra cómo las evaluaciones para permitir la aplicación de fitosanitarios “no son lo precisas que deberían” además de “infravalorar” la persistencia en el medio ambiente de estos productos, describen en el trabajo publicado en Environmental Science and Technology.

“Los resultados del estudio muestran que casi todos los suelos europeos contienen mezclas de residuos de pesticidas y que la manera de calcular su presencia puede no ser fiable”, describe este equipo.

El trabajo estudió el suelo de diferentes ubicaciones europeas. De los 207 casos que analizaron, el 41% presentó concentraciones del pesticida más allá de lo esperable, en otro 16% ese umbral se rebasó entre dos y siete veces, en otro 7,5% la superación varió entre siete y diez y en un 4,5% se fue por encima de las diez veces.

“La comparación [entre la previsión y los valores reales] indica que la presencia esperable de pesticidas en un suelo, que se calcula de acuerdo a los dossieres de autorización de la sustancia, arroja estimaciones imprecisas sobre la concentraciones de estas sustancias en el medio ambiente”, subrayan los científicos. Es decir, que las mediciones en el campo son bastante mayores que lo que deberían ser si los cálculos aplicados a los permisos de uso de pesticidas fueran realmente precisos.

El estudio –que fue financiado por el proyecto Sprint de evaluación de los pesticidas en el medio ambiente y la Unión Europea– también muestra que las concentraciones detectadas en fincas de agricultura orgánica (frente a las convencionales) son unas cinco veces inferiores: 5,4 mg/kg frente a 28 mg/kg.

De hecho, los investigadores hallaron mezclas de pesticidas actualmente legales en un 89% de las fincas de agricultura convencional y en un 38% de las explotadas en régimen ecológico. “Una diferencia sorprendente”.

El trabajo encontró “diferencias significativas” en las concentraciones de residuos según el sistema de explotación de las fincas en España, Francia, Hungría, Países Bajos y Portugal. “En todos estos países las muestras de explotaciones convencionales mostraron concentraciones significativamente más altas”.

Estos análisis subrayan la importancia de afrontar el tema de los residuos de pesticidas tanto para la salud de los humanos como del medio ambiente, más si cabe si se tiene en cuenta que las evaluaciones de cada producto se hacen por separado sin atender al efecto cóctel que detectan las investigaciones: los efectos combinados de varios pesticidas que quedan en los suelos pueden suponer un riesgo mucho mayor.

“Es difícil la transición lejos de los pesticidas sintéticos en el actual sistema de alimentación que está estructurado en torno al uso de estos productos y genera una gran presión en los agricultores para que sigan confiando en ellos”, analiza la coordinadora del proyecto Spring e investigadora sobre Física del Suelo y Gestión del Territorio, Violette Geissen.

La primera ley verde que saltó por los aires

Efectivamente, la producción mundial de alimentos se disparó al amparo del uso de pesticidas (llamados productos de protección de las plantas: PPP). El mercado global de estos fitosanitarios pasó de un valor global de 20.000 millones de dólares en 1990 a 40.000 millones.

El sector aplica ahora un 80% más de plaguicidas que en 1990. Actualmente se usan alrededor de cuatro millones de toneladas. La mitad de ellas son herbicidas, un tercio insecticidas y un 17% se utilizan contra hongos. En América del Sur superan los 1,2 millones de toneladas, en Asia rebasan el millón y en Europa más de 400.000, según los últimos datos de la FAO.

En los países de la Unión Europea se utilizaron entre 325.000 y 400.000 toneladas de pesticidas cada año desde –al menos– 1990. España, junto a Francia, Alemania e Italia, registra los mayores volúmenes (el cuarteto supone más de la mitad de la producción agrícola de la UE).

Así que el crecimiento de la producción ha ido de la mano del uso intensivo de pesticidas, lo que supuso preocupaciones sobre la contaminación de los suelos por la acumulación de estos residuos y sus efectos adversos en los ecosistemas “incluso en las dosis recomendadas” –como recuerdan los autores del estudio–.

Sin embargo, la primera ley verde que saltó por los aires por las protestas en la calle del sector agrícola antes de las elecciones europeas y la consiguiente presión de la derecha y ultraderecha políticas fue el proyecto de directiva europea sobre Uso Sostenible de Pesticidas (la denominada SUR).

La propuesta de norma iba a obligar a reducir el uso de pesticidas en un 50% para el año 2030 respecto al promedio 2015-2017. Esa media ronda las 360.000 toneladas, lo que implica que el máximo para el final de la década se situaría en unas 180.000 toneladas al año. Muy lejos de lo que declararon los estados miembro para 2022: un consumo de 322.000 toneladas de pesticidas.

La organización Corporate Europe calculó que las principales organizaciones empresariales de pesticidas se habían gastado más de 40 millones de euros para influir durante las negociaciones de la directiva.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, explicó al anunciar la retirada de su proyecto: “La regulación tenía el digno objetivo de reducir los riesgos de los productos químicos fitosanitarios. Pero la propuesta SUR se ha convertido en un símbolo de polarización”. Y la ley se fue al cajón.

“Es llamativa la falta de objetivos legalmente vinculantes para la reducción de los residuos de pesticidas”, comenta la investigadora sobre políticas agrícolas y del uso del suelo del Ecologic Institute, Antonia RIedel. “La retirada del proyecto de directiva”, añade, “enfatiza la necesidad de conseguir enfoques integrados para rebajar la dependencia que hay de los pesticidas”.

También en el agua, aunque esté protegida

Esta semana, una investigación llevada a cabo por distintos centros del CSIC reveló la presencia generalizada de pesticidas en los parques nacionales de Doñana y las Tablas de Daimiel en España. Los análisis en ambos humedales encontraron residuos tanto en el agua como en los sedimentos de los espacios protegidos. “Varios de ellos prohibidos desde 2009 en la UE”, aclaran. Si bien la presencia en el terreno puede deberse a su larga persistencia, hallarlos en el agua “nos estaría indicando un uso reciente”, advierten los investigadores.

Precisamente un análisis del Ciemat español sobre pesticidas y ecosistemas acuáticos situados en zonas de agricultura y ganadería intensivas en Europa acaba de explicar que la “contaminación está ampliamente extendida”. El producto más detectado en cursos, charcas o canales fluviales fue el glifosato, junto a la terbutilazina.

En todas las masas de agua dulce en las que miraron encontraron pesticidas, de los que un tercio son considerados altamente peligrosos, ya sea por su peligro para la salud humana o su potencial tóxico para el medio ambiente. A la luz de los resultados, estos científicos afirman: “Se hace urgente la necesidad de más control y regulación para minimizar los efectos nocivos en los cursos de agua y la salud”.

RR/CRM

Una explosión en la planta industrial de Atanor, ubicada en San Nicolás, en el norte de la provincia de Buenos Aires, dejó un trabajador herido de gravedad y preocupación entre los vecinos de la zona ante una posible contaminación.

El accidente tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles. Según un comunicado de la empresa, en horas de la madrugada, se produjo un incremento de presión en el proceso de síntesis química de atrazina que generó la ruptura de la tapa del reactor afectado al proceso.

“Esto dio origen a un incendio en el sector de aminación de la planta, que requirió la intervención de los bomberos de San Nicolás y Ramallo, quienes prontamente pudieron controlar el foco”, señalaron. El operario Julio César Corbalán que trabajaba en el lugar debió ser atendido de urgencia, producto de las heridas recibidas por el derrame de ácidos en el lugar. “Se encuentra internado en el Hospital Interzonal General de Agudos de San Felipe”, informaron fuentes oficiales.

Desde Atanor comunicaron que ahora se encuentran realizando tareas de limpieza de la planta e inmediaciones junto con el Comité Organizado ante Emergencias de San Nicolás y la firma RESTEC, especialista en la atención de emergencias tecnológicas.

La preocupación de los vecinos, que publicaron reportes sobre un fuerte olor a químicos en redes sociales, se debe a la liberación de una nube tóxica. “Debido a la liberación brusca de presión, se generó una emanación de gases propios del proceso productivo y luego, como consecuencia del incendio, se generaron gases de combustión”, indicaron desde la empresa y añadieron que las consecuencias esperables son irritación ocular y de vías aéreas superiores. 

“La empresa dio intervención inmediata al Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y en conjunto con las autoridades de contralor municipales correspondientes está trabajando para determinar las causas del incidente y evaluando las consecuencias del mismo”, afirmaron.

Las autoridades locales recomendaron evitar circular por las inmediaciones de la planta y permanecer dentro de los hogares para evitar complicaciones en la salud, ya que los productos expulsados son altamente tóxicos.

Según informó La Vaca, hace un año el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás había probado la existencia de contaminación que los propios vecinos denunciaron hasta en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde presentaron un censo con 200 muertes por diversas enfermedades en seis cuadras del barrio, y la jueza Luciana Bancalari consideró probado “el marco de ilegalidad manifiesta” en el que funcionaba la empresa.

Luego, la Cámara Primera de Apelación del distrito le fijó a la empresa, en un fallo histórico, una indemnización sustitutiva por el daño ambiental al Río Paraná de 150 millones de pesos. 

Según el informe de una consultora que publica la página del Ministerio de Ambiente bonaerense, la planta de Atanor es la única productora y formuladora de atrazina del Mercosur. Además, sintetiza humectantes y formula herbicidas a base de Ácido 2,4-D, Ácido 2,4-DB, Éster Etilhexílico del Ácido 2,4-D, Ésteres Butílicos de 2,4-DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir, SMetolacloro, Fomesafen, Cletodim e insecticidas.

La atrazina se descompone cuando se calienta intensamente, produciendo humos tóxicos entre los cuales figuran el cloruro de hidrógeno y óxidos de nitrógeno.

En la investigación del caso interviene en principio la Unidad Fiscal 14 de San Nicolás. A la vez, fue informado el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y las autoridades de contralor municipales.

No es la primera vez que Atanor es noticia por un siniestro en su planta de San Nicolás. En noviembre de 2016 hubo otra explosión que generó una densa columna de humo negro y obligó a los Bomberos a un trabajo de varias horas para controlar el fuego desatado en un depósito de bidones plásticos.

Qué es la atrazina

La atrazina, 2-cloro-4-(etilamina)-6-(isopropilamina)-1,3,5-triazina, es un compuesto químico utilizado como herbicida artificial para controlar malezas en la agricultura interfiriendo en el transporte de electrones durante el proceso de la fotosíntesis.

Las triazinas son el segundo grupo de herbicidas más usado en Estados Unidos, pero su uso es materia de controversia ya que produce efectos nocivos en especies a las que no va dirigida, como los anfibios, a causa de la contaminación de las aguas, o en el ser humano.

CRM con información de Elciudadanoweb.com

El flechazo fue inmediato: un amigo cocinero cortó al medio un tomate vasco y le ofreció una tajada de esta variedad antigua de piel roja, brillante y sedosa. Primero llegó el aroma, luego la frescura ácida y dulce de la pulpa que lo transportó a la infancia. Ya no hubo retorno. 

Luciano Kunis –que vivía por aquel entonces en España y ya era declarado amante de la buena mesa– supo que una puerta nueva se abría en su vida. Quería saber más, quería probar más variedades de tomates, quería cultivarlos y compartirlos con todos.

En 2010 regresó a la Argentina, sus padres manejaban un vivero de plantines de hortalizas cerca de La Plata y todo cuadró. Su amigo chef le envió las semillas de aquel tomate iniciático y así germinó Don Pacho, su emprendimiento hortícola especializado en tomates Reliquia (también llamados antiguos, criollos o de herencia) que hoy provee a los restaurantes más importantes de Buenos Aires y a todo aquel fanático de los tomates que conozca su dedicación.

En la actualidad tiene unas 120 variedades diferentes en producción en su chacra de Abasto, una localidad cercana al cinturón hortícola de La Plata. Junto a su amigo y socio, Alexis Quiroz –un ingeniero en sistemas que también es fan del tomate– llegaron a probar más de 1300 variedades que lograron traer de diferentes lugares del mundo. Además, producen otras tantas variedades de pimientos y berenjenas y en invierno se dedican a otras especies, como el alcaucil, las crucíferas y más.

Por supuesto, antes de empezar llegaron las preguntas. Luciano registró lo poco que sabemos del tomate. Lo compramos en la verdulería sin importar en qué estación estamos, nos alcanza con que sean todos iguales, lisitos y sin sabor. Da igual si hablamos de peritas, redondos o cherrys, es lo que hay. 

Sin embargo, detrás del tomate hay un mundo por redescubrir. Se sabe que hay al menos 10.000 variedades distintas, cada una con su sabor, forma, color.

En Argentina, el mercado de tomate se divide principalmente en mercado fresco y para industria en distintas regiones productivas (se utilizan en su mayoría híbridos: semillas importadas con patente que solo duran una campaña y que tienen gran rendimiento). Sin embargo, en general no se llega a cubrir la demanda y no tienen sabor.

Tomates reliquia, una aventura para amantes del riesgo

La segunda cosa que descubrió Luciano Kunis fue que para producir variedades antiguas hay que estar bastante del tomate.

Los Reliquia son los frutos de semillas originales, conservan todo el sabor y el aroma de los tomates de siempre, tienen diversas formas y colores y en su ADN no hay ni una gota de tecnología. Sin embargo, estas pequeñas joyas son frágiles, no soportan largos trayectos, sus plantas tienen poco rendimiento comparados con  sus parientes lejanos de la industria, entre otros obstáculos. 

Por si faltaba algo para complicarla, Kunis eligió cultivarlos de manera agroecológica –sin usar ningún químico–, lo que en términos de producción es un esfuerzo tremendo. ¿Cómo luchar contra malezas y plagas sin intoxicar a nadie y sin destruir el suelo con herbicidas y fertilizantes?

Fue encontrando estas respuestas y más preguntas con el paso del tiempo. En el camino, conectó con la naturaleza, conoció a otros productores, perdió bastante plata y logró su objetivo: recuperar el sabor del tomate de toda la vida.

Aquí, hablamos sobre las diferencias con la producción industrial; por qué los tomates que llegan a la verdulería no saben a nada; qué nos pasa como consumidores que necesitamos comer tomates todo el año (cuando son de verano) y por qué perdemos saber, sabor, nutrientes y conocimiento en pos de producir más volumen para tener mayor rentabilidad, entre otras cosas. Cosas muy básicas que son fundamentales para encontrar respuestas. Después de todo, ¿qué culpa tiene el tomate?

–¿Por qué hay tan poca variedad de tomates en la verdulería?

–La alimentación no escapa a otras cosas que nos pasan. Mucha gente ve Gran Hermano y mucha gente compra tomates en el supermercado. Para la gran mayoría de la población (muchos porque no pueden elegir otra cosa) determinados productos comestibles o culturales se rigen por la lógica del consumo y del mercado.

Con la llegada de internet, las cosas cambiaron bastante. Se democratizó y amplió el acceso a la información para un montón de gente que antes no tenía posibilidad de saber que había, por ejemplo, miles de especies de tomate, más allá del redondo, el perita y el cherry. Esto pasa con todos los cultivos, no solo con los tomates. 

–Empecemos por las diferencias de tu propuesta con respecto a la industria…

–Bueno, hago un planteo radicalmente opuesto. El mercado necesita productos fáciles de cultivar, que sean homogéneos, que duren. La industria debe pensar en toda la cadena de distribución. La diferencia con lo que yo ofrezco es que yo solo pienso en el sabor y en el consumidor final. No tengo que ocuparme de que mis tomates los van a cosechar antes de tiempo, se los va a llevar un camionero, van a hacer 400 km para estar en el Mercado Central dos o tres días y después van a terminar en la verdulería. 

En mi caso, los tomates salen de la huerta en su punto justo de maduración, no necesitan madurar en un cajón, y van directo a tu casa o al restaurante, porque también proveemos a la gastronomía. El sabor es mi objetivo último, no pienso en todo lo demás (y esto que te cuento es solo una parte). En el camino puedo llegar a perder hasta el 60% de la cosecha, porque es un trabajo tremendo ser productor agroecológico. Pero logré cobrarlos a un precio que yo considero justo. Cuando podés probar uno de estos tomates, la reflexión llega de inmediato. ¿Qué estamos comiendo?

–Eso te pregunto, ¿qué tomate estamos comiendo?

–Es un tema complejo que merece debates profundos. Básicamente, el tomate industrial es un producto, se hace con semillas patentadas (duran una sola campaña, al año siguiente el productor debe volver a comprar semillas), se cultiva en suelos que se fumigan para combatir las malezas y las plagas y el resultado son plantas que dan muchos tomates que son cosechados verdes, que siguen una lógica que escapa a la naturaleza. Es lo que se llama: “producción convencional”.

–Sin embargo, no pareciera tener nada de convencional este tipo de producción.

–Sí, es una cuestión discursiva del marketing: volvimos naturales algunas palabras que son completamente lo opuesto a lo que quieren decir. Esto sucede desde hace unos 50 años, desde la Revolución Verde para acá. Cultivar así es ir contra la naturaleza, no tiene nada de convencional. 

Antes había un ecosistema que funcionaba solo, en el campo había flores, aromáticas, abejorros, otros animales que cumplían cada uno su rol. Ahí crecía el tomate respetando sus tiempos. Hoy, para que una semilla industrial funcione hay que preparar la tierra de determinada manera, hay que matar malezas, hay que crear artificialmente un sistema que existía hasta principios del siglo XX de forma natural.

–Es una locura, ¿no?

–Sí, pero es la realidad. En Don Pacho mantenemos las plantas autóctonas, no hacemos una poda severa de maleza. Lo que está ahí por algo está y ayuda al resto del medioambiente. Hay flores, hinojos, repollos, todo eso florece, eso es parte de un ecosistema que se retroalimenta y a su vez nos cuida de plagas que pueden ser perjudiciales. 

–Sos abogado, tuviste una agencia de publicidad, negocios de ropa… ¿Cómo fue tu aprendizaje sobre agricultura? 

–Llegué a este conocimiento tardíamente, arranqué a los 37 años. He aprendido de la gente del campo. Cuando empecé a profundizar en cultivos particulares, vi mucho Youtube, hay una cantidad enorme de conocimiento ahí. También aprendí de los fracasos, porque esto es prueba y error. Una vez con mi socio trajimos semillas de un tomate que crece en la estepa rusa, a ver si podíamos tener producción en invierno. No salió nada. Pero sabés qué pasa, los consumidores me piden tomates en invierno.

–¿Los consumidores estamos mal educados?

–No quiero generalizar, pero la verdad es que no hay tomates buenos en invierno. Los míos no sé, veremos qué pasará. Esto tiene que ver con otras cuestiones, con la estandarización del sabor, con la idea de que disponemos de todo todo el tiempo, al menos en las grandes ciudades. Y la verdad es que es totalmente antinatural, por eso también tienen los precios que tienen invierno, además de que no tienen gusto a nada. Es curioso que la ciencia todavía no haya podido resolver el tema del sabor.

–El argumento es que si dejamos de producir así no se podría alimentar a todo el mundo…

–En líneas generales, no quiero ser tremendista con esto-, si mirás las propiedades nutracéuticas que tiene un tomate de industria es muy distinta a uno silvestre. No tienen nada. Se privilegia el peso, la forma, el color. Ni hablar de todo lo que se usa para producirlo. Es muy difícil catalogar como alimento algo que no te alimenta.

Lo que puedo decir por mi experiencia es que conozco gente que no come lo que cultiva de manera convencional. Después hay otras cuestiones que requieren ser revisadas de forma  urgente, como si se respetan todas las indicaciones de dosis y periodos de carencia de los agroquímicos que se utilizan en las quintas.

Hay cosas que están prohibidas y se utilizan igual. Muchas veces se hacen análisis de laboratorio en el Mercado Central que dan muy desastre. Esa información sale en los diarios y todo, pero -a mi entender- no hay ni el control ni la capacitación suficiente. Es complicado, hay un montón de intereses en juego, mucha plata, mucha industria en el medio. 

–¿Por qué hay que aplicar agroquímicos?

–Voy a darte algunos ejemplos: las malezas compiten por el agua y los nutrientes de la tierra, por eso se combaten. Lo que está pasando es que como las cucarachas, se acostumbran a los venenos, se hacen cada vez más resistentes. 

–De hecho, en mi zona tenemos un pasto que tiene una raíz pivotante que se entierra y antes no existía, empezó a aparecer hace unos 15 años. Cada vez es más resistente al glifosato. Cuando vos querés competir, la naturaleza te gana por diez cuerpos.

¿Qué hacemos los humanos? Aplicamos mayores dosis de glifosato, para poder matar esa maleza. La tierra queda hecha pelota.

–¿Qué hacés con los tomates que no podés vender?

–Estoy intentando agregarles valor, desarrollar salsas, un gazpacho. Es difícil, la gran industria está en Mendoza, lo que se hace acá es para el mercado fresco, va al Mercado Central. Parece mentira, pero en Buenos Aires no encuentro dónde embotellar. Yo intento utilizar todo lo que produzco, que sea una producción circular, que no haya desperdicio. 

Pero, por ejemplo, me dijeron que si quería envasar en tetrabrik tenía que ir a Chile. Es decir, tendría que hacer una exportación de tomate a chile y una importación de producto con valor agregado. Ridículo. A veces te saca las ganas… pero lo voy a lograr.

–¿Cómo te impactó este aprendizaje como persona?

–Me acercó a la naturaleza, entendí que soy 100% dependiente de la temperatura, del clima, de si llueve o hay heladas. Soy totalmente vulnerable. Me sorprendo todo el tiempo con los cambios, cosas que no sucedían están pasando. El verano pasado –con la sequía– no hubo sapos. No había charcos donde pudieran depositar huevos y crecer renacuajos. La consecuencia es que hay más insectos, estos mosquitos que tenemos ahora son producto de eso también. 

Yo era un bicho de ciudad, no registraba si salía el sol. Ahora vivo en medio del campo, soy un agradecido.

Tres días antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández, el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, ratificó el 7 de diciembre pasado una decisión de su consejo directivo, compuesto por cinco representantes del sector público y cinco del privado, de dar de baja a la Argentina de un programa llamado Sprint (siglas de Transición Sostenible de Protección Vegetal) que se llevaba adelante aquí junto a diez países europeos financiado por la Unión Europea para medir la presencia de residuos agroquímicos en el medio ambiente y las personas. Pero tres días antes de esa decisión, el 4 de diciembre, se publicó en la revista científica neerlandesa ScienceDirect, de la editorial Elsevier, un primer resultado de esta investigación iniciada en 2021 en el INTA sede Balcarce en manos de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), y un bioquímico, doctor y también del Conicet que tras la publicación de esta nota de elDiarioAR pidió que se retirara su nombre de la misma. No son buenas noticias para los que beben agua potable en la pampa húmeda, al menos en las localidades analizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

“La aplicación de plaguicidas en Argentina ha ido en aumento desde 2000. Sin embargo, el seguimiento de los plaguicidas en el agua potable carece de actualizaciones periódicas”, arranca el resumen de la investigación publicada. “Este estudio de investigación analizó 53 pesticidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. Los pesticidas detectados con mayor frecuencia en el agua potable fueron atrazina, metolaclor, imidacloprid, hidroxiatrazina, imazetapir y 2.4D. Durante el periodo de recogida de muestras, el 25% del suelo se sembró con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% se destinó a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. La correlación entre los pesticidas utilizados en estos cultivos y los que se encuentran en el agua potable fue significativa/notable. De hecho, la concentración individual de pesticidas (de un solo plaguicida) en el agua potable superó el límite europeo en el 8,7% y el 17,6% de las muestras recogidas en los suministros públicos y privados, respectivamente”, advierte Aparicio y su colega bioquímico, que analizaron el agua entregada por las compañías públicas y la extraída de pozos en propiedades privadas.

“Mientras, la concentración acumulada de pesticidas (la suma de varios) en el agua potable excedió el límite en el 4,3% y el 13,9% de las muestras procedentes de suministros públicos y privados, respectivamente. Con base en estos hallazgos, recomendamos/proponemos la inclusión de plaguicidas dentro del marco regulatorio que rige el control de calidad del agua potable para garantizar la protección de la salud pública y reducir progresivamente el uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. La adopción de estas medidas contribuirá a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población”, concluyen la ingeniera agrónoma y el bioquímico del INTA.

El paper comienza citando estudios que advierten que “el riesgo de contaminación del agua potable está relacionado con la vulnerabilidad del suelo, la frecuencia, la dosis y el momento de aplicación de pesticidas”. Después cuenta que en la Argentina la preocupación aumenta: “Los conflictos vinculados a la contaminación del agua debido al uso de pesticidas emerge. Las comunidades de la región pampeana expresaron su preocupación por la calidad del agua que beben a diario. El Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agrícola del INTA Balcarce comenzó a recibir y analizar muestras de agua para consumo humano a principios de la década de 2010, y esta demanda ha aumentado constantemente con el tiempo.”

“El estudio de investigación reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana. Un alto porcentaje de pesticidas y productos de degradación, 69% en suministro público y el 89% en suministro privado fueron encontrados en al menos una muestra”, cuentan los resultados. “Aunque las empresas locales de suministro de agua controlan la calidad del agua potable para detectar pesticidas y productos de degradación en cumplimiento de la normativa argentina, la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados por la obsolescencia de las normas vigentes.”

“El número de pesticidas detectados por muestra osciló entre 1 y 22 en el suministro público y de 0 a 31 en el privada de un total de 53 sustancias analizadas”, continúan los científicos del INTA y del Conicet. “Actualmente, Argentina tiene una lista de sólo 18 pesticidas prohibidos, un número comparable al de Uruguay (22), Chile (27) y Paraguay (11), pero menos que Brasil (133)”, advierten.

“La investigación sobre agua potable en la región pampeana revela una amplia prevalencia de los pesticidas utilizados actualmente”, concluyen. “Con base en estos hallazgos, recomendamos encarecidamente incorporar pesticidas en las normas que rigen el control de calidad del agua potable y trabajar hacia una reducción progresiva del uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. Estas medidas contribuirán a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población. Considerando la evidencia presentada en Argentina, es imperativo integrar todos los conocimientos disponibles para establecer reglas claras para el uso y control de pesticidas, poniendo especial énfasis en la atención pública de la salud.”

En cuanto a las implicaciones ambientales, “este estudio de investigación analizó los pesticidas, incluidos algunos de sus productos de degradación, presentes en el agua potable dentro de una región geográfica caracterizada por la producción agrícola primaria” y señalan que “Estos plaguicidas deberían incorporarse rápidamente a la normativa vigente para facilitar su seguimiento periódico en aguas destinadas al consumo humano. Aunque la presencia de pesticidas difiere entre las fuentes de agua para consumo humano, la contaminación difusa es una realidad que afecta tanto a la población rural como a la urbana, acentuando la fragilidad de las políticas públicas nacionales encargadas de garantizar el derecho humano a acceder al agua de manera suficiente, segura, aceptable y asequible”, rematan Aparicio y su colega bioquímico.

AR

El extitular del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), Mariano Garmendia, que dejó sus funciones con la llegada del gobierno de Javier Milei, firmó antes de dejar su cargo la resolución 1081/2023 a través de la cual se decide discontinuar la presencia del organismo en SPRINT, una iniciativa académica dirigida a medir la presencia de residuos de agroquímicos en el ambiente y las personas.

De acuerdo a la información que recoge el portal Bichos de campo, el 7 de diciembre, tres días antes de la asunción del líder libertario como mandatario, Garmendia firmó esa resolución del Consejo Directivo del INTA en la que establece comunicar a la coordinadora del proyecto SPRINT, la doctora Violette Geissen, “la decisión de la Argentina de abandonar ese colectivo de universidades y científicos europeos, que es financiado desde 2020 por la Unión Europea (UE)”, lo cual se hizo efectivo el pasado 12 de diciembre.

Ya en julio, el organismo había prohibido la difusión de los resultados de los estudios que llevó adelante una de las investigadoras del INTA Balcarce y del CONICET, Virginia Aparicio, quien realizó las primeras mediciones en el país siguiendo los protocolos del Programa SPRINT, en una tarea que comenzó en 2021.

En los argumentos para la no difusión de las conclusiones que Aparicio consiguió tras sus estudios y mediciones en territorio argentino, el organismo consideró que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional”.

De acuerdo a “Bichos de campo”, “Aparicio, una investigadora acostumbrada a estas lides, de seguro aprovechó el resquicio o un descuido de sus superiores para intentar cubrir una faltante clara de la política nacional, donde no existen estadísticas claras sobre el uso de agroquímicos y mucho menos se realizan estudios sistémicos sobre el posible impacto que tienen sobre el ambiente y la salud de las personas”.

También a comienzos de octubre, en el marco del “Congreso de Alimentos de la Agricultura Familiar y Economía Social”, realizado en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Garmendia impidió la difusión de los datos que surgieron de la investigación y sostuvo que había “un error inicial del INTA de cómo se abordó el proyecto, que estamos tratando de subsanar, porque tenemos que involucrar sí o sí a los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos aires, y tenemos que corregir y trabajarlo, en eso estamos en este momento”.

Sin embargo, de acuerdo a lo que informó La izquierda diario el pasado 5 de octubre, “los resultados del SPRINT están desde febrero y en junio de este año se iba a realizar una presentación con los resultados argentinos generales, en la que participaría Virginia Aparicio, trabajadora del INTA Balcarce e investigadora integrante del estudio. Esa reunión fue cancelada y mediante una resolución firmada por el presidente del INTA se prohibió a Aparicio hablar con la prensa”.

Los resultados que finalmente se conocieron del estudio que publicó Bichos de campo, determinaban que “se colocaron pulseras especiales para detectar agroquímicos sobre 73 habitantes de la provincia de Buenos Aires, varios de ellos reconocidos militantes agroecologistas, y de allí surgió que el 100% de ellos ”presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal“.

“Estos resultados colocaban a la Argentina en el tope de los niveles de contaminación con agroquímicos, pues esos niveles detectados habían sido superiores a las de los países europeos comparados en el Proyecto SPRINT, solo superados por los Países Bajos”, asegura la publicación.

El informe

Los resultados en Laguna Brava: “siete agroquímicos en sangre”

Iván Villarreal, vecino de la Laguna Brava en la Provincia de Buenos Aires y uno de los participantes de Sprint -un trabajo internacional que relevó plaguicidas en muestras biológicas humanas y en el aire- indicó que le informaron que tiene siete agrotóxicos en la sangre, 12 en orina, seis en materia fecal y 17 en el aire, “pero nadie sabe qué efectos puede provocar esa mezcla”, de acuerdo a la información recogida por la periodista Natalia Concina, de la agencia Télam.

Iván tiene 52 años, y si bien visitaba la zona desde pequeño, hace más de una década decidió instalarse en los alrededores de la Laguna Brava, un espejo de agua en el Partido de Balcarce, zona agrícola por excelencia.

Su activismo ambiental lo hizo entrar en contacto con investigadora del INTA Virginia Aparicio -quien lideró el estudio Sprint en Argentina- y se ofreció como una las 73 personas voluntarias a quienes en la primavera de 2021 se les tomó muestras de sangre, orina y materia fecal, además de que utilizaron una pulsera para medir contaminación en el aire.

“Los vecinos del barrio Villa Laguna Brava empezamos a trabajar en 2004 para que este lugar se proteja de alguna manera. Tuvimos un montón de reuniones con (el Ministerio de) Ambiente de la Provincia, el INTA, el municipio y los emprendimientos, y la idea no era sólo cuidar el paisaje, sino también la salud humana”, recordó.

Después de varios años, en 2018, la ya entonces conformada Asociación Civil para el Fomento y Protección del Paisaje Laguna Brava, logró que se declare la zona Paisaje Protegido a través de una ley provincial, lo que implicaba, entre otras cosas, crear un plan de manejo ambiental.

“Empezamos a trabajar con el agua de la laguna para pedir que se estudiara -de hecho, logramos comprobar que tenía cianobacterias tóxicas- y en esos acercamientos con investigadores conocimos a Virginia (Aparicio), que en ese momento estaba estudiando los suelos”, recordó.

De esa manera, tres personas de la Laguna Brava participaron del proyecto Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global (Sprint por sus siglas en inglés), y al igual que el resto de los voluntarios, ya recibieron sus resultados individuales, aunque todavía no está disponible el resultado de la región.

Las muestras de orina y materia fecal de todos los participantes a nivel global fueron analizadas en el Centro de Investigación y Universidad de Wageningen y las de sangre y pulseras se procesaron en la Universidad Radboud, ambas en Países Bajos.

Según consta en el documento con los resultados de Iván, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre”, en tanto que en su muestra particular se detectaron siete plaguicidas (bromoxinil, clorpirifos/methyl:TCPy, fenoxicarb, fipronil, pluazifop P, imidacloprid y pirimicarb).

En referencia a la orina, el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas; en tanto que su muestra arrojó la presencia de 12 (glifosato, AMPA, 2,4-D, pirimifos-metil DEAMPY, imidacloprid, Imidacloprid olefin, DCCA-trans, DCCA-cis, DBCA, 3-PBA , TCPy y CIF3CA).

Qué es el proyecto SPRINT

El SPRINT (por las siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025) es un proyecto financiado por la Unión Europea que busca mapear y cuantificar la presencia de agroquímicos en el ambiente y en seres humanos, y estudiar por primera vez la sinergia de distintos plaguicidas, es decir, su acción conjunta. Cada veneno no solamente es dañino individualmente sino que en conjunto se puede potenciar su accionar nocivo para la salud socioambiental.

La finalidad del estudio es aportar información científica para políticas que buscan reducir el uso e impacto de los agroquímicos más peligrosos, con la meta de reducirlos en un 50 % hacia 2030. El Día Mundial de la Salud Socioambiental, 27 de septiembre, se realizó una conferencia virtual en la Cumbre Científica de la Asamblea de las Naciones Unidas, con los resultados más relevantes del equipo de investigadores europeos.

Expusieron Violette Geissen, Abdallah Alaoui, Daniel M. Figueiredo, Hans Mol, Maaike Gerritse, Fredya Debler, Dirk Goossens, Peter Fantke, Kayode Jeyede y Nelson Abrantes. El ingeniero Brian Longstaff Howard tradujo para el portal Ploff.net los puntos principales de esta charla.

Los investigadores explicaron la metodología y los principales resultados obtenidos en el marco de cada una de sus investigaciones, en las que cuantificaron y analizaron la presencia de residuos de agroquímicos en distintos ecosistemas y en personas en Europa y Argentina.

Entre los principales resultados y conclusiones de la Conferencia se destaca la presencia “omnipresente” de mezclas o mixturas de pesticidas (agroquímicos). Es decir, se encuentran en todos lados, en los ecosistemas y en humanos, y especialmente acumulados en el “polvo puertas adentro”.

Las muestras de polvo en la investigación de Figueiredo revelan una acumulación de hasta 120 pesticidas diferentes en el polvo a “puertas adentro” de casas cercanas a labores culturales convencionales, como así también casas cercanas a labores culturales orgánicas.

Se deduce que el ingreso de agroquímicos en nuestros cuerpos podría ser tanto vía dieta por los alimentos con rastros, como también a través del ambiente, principalmente por el polvo en suspensión.

Sin embargo, el riesgo real para los ecosistemas y humanos expuestos a estas mezclas en altos números de residuos de agroquímicos peligrosos no se toma en cuenta en las regulaciones actuales. Por eso, Geissen insistió en la necesidad de regulaciones para el Uso de Pesticidas que valúen, valoren, determinen el riesgo real, incluyendo indicadores sensibles que muestren lo que está pasando y detecten cambios pequeños ante variables que se quieran medir.

En el estudio de Figueiredo, se encontró que la exposición a agroquímicos como el glifosato y el AMPA (derivado del glifosato), fue considerablemente mayor cuando se la comparó con otros pesticidas medidos.

Por otro lado, en la exposición de Hans Mol sobre detección de agroquímicos en orina, sangre y heces, se mostró que las frecuencias son mucho mayores en Argentina y superan ampliamente a todos los países europeos estudiados.

Se ve la misma tendencia en la detección en materia fecal.

Respecto a los niveles de glifosato, en Argentina son significativamente superiores en comparación a los demás países.

Esto es especialmente preocupante porque la presencia de rastros de agroquímicos en el intestino provoca desbalances en el microbioma de este órgano, es decir, en la comunidad de microorganismos que lo protegen. Es un estudio que modela el impacto de agroquímicos específicos se observa un aumento en el “stress” celular, afectando el funcionamiento normal del intestino.

Los análisis de Debler y Groossens se concentraron tanto en las diferentes vías de transporte de los agroquímicos como en sistemas de modelado para estudiar la dispersión desde los puntos en que se aplican los pesticidas. Groossens señaló que el transporte a través del aire resultó mucho más alto de lo que esperaba, llegando hasta 40 km de distancia para períodos de suspensión a largo plazo.

Por último, otras investigaciones estudiaron el impacto en ecosistemas acuáticos, donde todas las especies analizadas mostraron un deterioro o deficiencia por estar expuestas a las mezclas de agroquímicos.

Como principales conclusiones, los investigadores repusieron los efectos en la salud humana, la necesidad de establecer nuevos umbrales o límites de utilización de agroquímicos para muchas matrices ambientales, la consideración del transporte atmosférico en las regulaciones y la insostenibilidad del uso de pesticidas debido a los costos externos en la salud humana y ambiental. Se estimó que 150 billones de euros fueron las pérdidas económicas en 10 países europeos. Y se repitió que el efecto de las mezclas de pesticidas es mucho más fuerte estando combinados, que si solo se toma toma al pesticida de forma individual.

Resaltaron que: “Lo que podemos concluir con todos los resultados de SPRINT es que estamos todos expuestos, tanto nosotros como los ecosistemas. Estamos expuestos a mezclas de pesticidas que están categorizadas como ’peligrosas’. Esto causa efectos en la salud humana, al igual que costos monetarios.”

Y agregaron: “Por supuesto, la pregunta es, ¿por qué nos atenemos aún a una agricultura que nació luego de la Segunda Guerra Mundial para producir tanto alimento como sea posible por hectárea? Lo que llevó a esta forma de producir es la idea de no pasar hambre nunca más, lo cual fue muy válido luego de la guerra donde mucha gente pasaba hambre y moría de hambre. Pero hoy en día sabemos que producimos suficiente comida para todos. Lo que hay es un problema de distribución. Desperdiciamos el 30% de nuestros alimentos.

Entonces, podemos ir hacia una nueva agricultura moderna… y esta transición agricultural debe ser hecha de forma urgente. Una agricultura verdaderamente moderna, deberá incluir conceptos agroecológicos, al igual que conceptos de robótica y tecnología moderna esperando a ser implementados.“

La difusión de esta información y su correspondiente interpretación es oportuna ya que el próximo 13 de octubre se deberá votar en la Unión Europea reautorizar o no del uso del glifosato, uno de los agroquímicos, que con sus derivados como el AMPA, es de los que más aparece en el muestreo realizado.

El 13 de octubre la Unión Europea vota si renueva la autorización del uso del herbicida glifosato

Por su parte, en Argentina, el estudio buscó 208 plaguicidas.

Anabel Pomar, del portal Lavaca, pudo acceder a los resultados de participantes en territorio bonaerense. Para el total de muestras se encontró presencia de agroquímicos en un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, 2 a 10 plaguicidas en sangre y 0 a 18 plaguicidas en materia fecal.

Además, también se encontraron rastros en las matrices ambientales, un rango de:

Los muestreos en la provincia de Buenas Aires se realizaron durante el año 2021. En principio, el estudio contemplaba un mapeo en 10 países europeos, pero decidió incluir 73 muestras de nuestro país, por ser Argentina el principal exportador de soja para alimentación animal para el mercado de Europa.

Una de las posibilidades planteadas por los científicos europeos para reducir el uso de agroquímicos es la de reducir las importaciones de productos que utilizan los agroquímicos más peligrosos para obligar a que los países exportadores cambien las prácticas productivas. En este sentido, lo que se discuta en los próximos días en la Unión Europea puede tener impacto en nuestro país.

Mientras tanto, cada vez más voces se levantan para denunciar las fumigaciones desmedidas y la exposición cada vez mayor a estos venenos. La evidencia de las consecuencias perjudiciales para la salud socioambiental no para de crecer, pero solo la organización y pelea desde abajo puede lograr romper con el consenso políticos de las principales fuerzas políticas para profundizar el agronegocio.

Con información de Bichos de Campo y La Izquierda Diario.

IG

El 19 de diciembre del año pasado 195 países reunidos en la cumbre COP15 de Montreal lograron un acuerdo para revertir la pérdida de biodiversidad que amenaza con extinguir a un millón de las ocho millones de especies animales y vegetales conocidas. Fue luego de reconocer que, más allá del cambio climático, el uso y la sobreexplotación del suelo son factores decisivos para ese escenario atemorizante.

Con vistas a un mejor futuro, la cumbre selló el compromiso de reducir a la mitad, hacia fines de esta década, el exceso de nutrientes que se produce cuando los fertilizantes se utilizan en mayor cantidad de la que pueden absorber los cultivos.

Conseguirlo implicaría un cambio sustantivo en el modelo agrícola y alimentario mundial, caracterizado por fuertes desequilibrios entre naciones productoras y consumidoras. Los cultivos modificados genéticamente, diseñados por las mismas empresas que producen los pesticidas, perjudican especialmente a los países ricos en biodiversidad, dadas las altas tasas de deforestación, y con ella pérdida de especies, que traen los monocultivos.

Como alternativa, las prácticas agroecológicas buscan evitar la sobreexplotación del suelo, se centran en variedades autóctonas arraigadas en saberes locales y minimizan o eliminan el uso de productos sintéticos en favor de los bioinsumos, que permiten el control de plagas y enfermedades a partir de microorganismos, hongos, minerales o derivados de vegetales.

“El primer año cuesta más; muchas veces el suelo está muerto por el uso de químicos”, reconoce desde Argentina Ítalo Choque Baldiviezo, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), una organización que agrupa a más de 20,000 pequeños productores.

“Pero a partir del segundo año, cuando los microorganismos le dan vida, los productos vienen más robustos y con más rendimiento. Aparece un ecosistema en tu campo: se incrementan el abono, las flores y la biodiversidad. Ya no se necesita tanto trabajo; solo rotar los cultivos”.

Un modelo desequilibrado

La mitad de los pesticidas que se usan en el mundo son herbicidas (combaten las malezas), el 30% insecticidas y el 17% fungicidas (combaten los hongos). Buena parte de ellos “deterioran la salud humana, la biodiversidad, el agua y el suelo”, denuncia el Atlas de Pesticidas de 2022, que recuerda que a compañías como Bayer, BASF y Syngenta se les permite exportar productos prohibidos en sus propios territorios. De hecho, cuatro de los diez más usados en Brasil no pueden comercializarse en Europa. Mientras que en ese continente se usaron 468 mil toneladas de productos sintéticos en 2020 (una reducción del 0,2% respecto a 1999), en Sudamérica fueron 770 mil, un incremento del 119%.

Entre los productos más vendidos están el glifosato (“probablemente cancerígeno” según la OMS, aunque esa consideración está en disputa), el paraquat (altamente tóxico en humanos), la atrazina (disruptor hormonal) y los neonicotinoides (tóxicos para las abejas). Sus efectos incluyen erupciones y ardor en los ojos, fatiga, dolores de cabeza y corporales. Como los ingredientes activos suelen derramarse en el suelo, el agua y trasladarse por el aire, también llegan a las comidas.

La creencia de que los pesticidas son imprescindibles para la agricultura, así como la falta de una determinación coordinada para avanzar hacia modelos alternativos, son condiciones que llevan al hambre, la desnutrición y la contaminación de los alimentos en Latinoamérica, denuncia FIAN, que también llama la atención sobre la homogeneización en la oferta alimentaria.

Este último tema “no solo debe considerarse desde la oferta, sino también desde la demanda”, opina Claudio Dunan, director de Estrategia del Grupo Bioceres, autorizado a comercializar el primer trigo transgénico del mundo en Argentina. “Así como hay un sobre-uso de fertilizantes, hay un sobre-consumo de proteínas, aunque los países pobres consumen muchas menos que los de alto poder adquisitivo”, reconoce. En Estados Unidos y Europa, por ejemplo, se consumen mucho más de los 50 gramos diarios de carne recomendados.

Aún así, plantea que las metas de la COP15 solo podrán alcanzarse en forma gradual, para no poner en riesgo la seguridad alimentaria mundial: “Seguimos teniendo una alta dependencia de productos químicos. No es sencillo reemplazar las altas cantidades de nutrientes que necesitan los cultivos por otras formas de manejo. De hecho, hace falta producir más por hectárea para no avanzar con la deforestación”.

El camino agroecológico

Limitar la capacidad de daño de los pesticidas, reforzando acciones de vigilancia y control, es solo una parte de la solución. En la transición hacia un modelo más sostenible, la agroecología asoma como una opción prometedora.

En Brasil, el Grupo Asociado de Agricultura Sustentable (GAAS) promueve la producción de bioinsumos mediante una red que reúne a productores de soja y maíz con expertos en manejo sustentable. “Los hongos y bacterias que ayudan a controlar las plagas se multiplican en las granjas para sustituir a los pesticidas”, dice el colaborador científico-técnico Pablo Hardoim.

Sus 700 integrantes, que cubren más de tres millones de hectáreas, trabajan con microorganismos, un mix de plantas para la cobertura del suelo y “polvo de roca”, mineralizador que repone nutrientes y rejuvenece suelos viejos. Gracias a esas prácticas de manejo, el uso de fertilizantes sintéticos se redujo un 60% entre los asociados y los costos disminuyeron en cerca de un tercio.

Hardoim reconoce que es difícil reemplazar los productos sintéticos en cultivos por siembra directa, aunque remarca que “muchas veces podemos hacer agricultura sin ellos, en pos de herramientas que agredan menos al ambiente. No necesariamente se podrá alimentar al mundo, pero la producción de café o cítricos puede ser igual o mayor sin las alternativas industriales”.

En Argentina, la UTT reúne a familias que producen frutas, verduras, granos y lácteos agroecológicos. Su Consultorio Técnico Popular gestiona un sistema de producción de insumos con técnicos-asesores que pertenecen a las mismas familias productoras.

Para conformar las parcelas se empieza con el bokashi, un abono producido por fermentación que acelera la degradación de la materia orgánica y eleva la temperatura, eliminando patógenos. “Lleva bosta, melaza y carbonilla. Podemos hacer desde 50 kilos hasta una tonelada”, precisa el referente Ítalo Choque Baldiviezo. Luego se preparan biofertilizantes, donde se reproducen bacterias en estiércol para obtener los microorganismos que nutrirán los cultivos.

“Un tomate producido con fertilizantes industriales puede salir radiante, pero tiene gusto a plástico. Aunque no brillan, los de agroecología tienen sabor y textura”, compara el productor. Sus métodos también pueden aplicarse a sistemas extensivos, asegura, en base a pruebas exitosas con maíz y trigo, a los que aplicaron un fungicida y preparados para el control de insectos propios. La cosecha se vendió a una fábrica de alimentos local.

Uruguay también avanza hacia los bioinsumos, “una línea hacia el futuro que tiene un desarrollo cada vez más vertiginoso”, describía a Diálogo Chino el año pasado Sebastián Viroga, coordinador nacional del Proyecto Plaguicidas de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Con apoyo estatal e internacional, algunas de esas experiencias fueron cápsulas de avispas contra plagas de la soja y un producto basado en hongos para combatir a las hormigas cortadoras, capaces de generar pérdidas de pasto equivalentes al consumo de un ternero.

“Todo lo que recabamos de productores fueron impactos positivos ―explica ahora Viroga―. Hay un camino más avanzado en granjas que en agricultura extensiva, pero en casi todos los casos los resultados fueron igual o más efectivos que con los productos de síntesis”.

En esa línea, diputados en Uruguay promueven un proyecto de ley para alcanzar un manejo agrícola con métodos “ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente factibles”, en cuyo horizonte está el desarrollo de moléculas biocidas menos peligrosas, dado el riesgo de resistencia a plagas y enfermedades.

Los riesgos del camino medio

Aunque elogia estas experiencias en América del Sur, un paper del CIRAD ―organismo francés dedicado a la investigación agronómica― advierte que no implican una decisión de abandonar los modelos de agricultura industrial, de los cuales los estados perciben altos ingresos por exportación. Los esquemas mixtos siguen funcionando tanto para los productores que buscan avanzar hacia la agroecología como para las compañías que diversifican su portafolio con la incorporación de bioinsumos.

Esto último, sugiere Hardoim del GAAS en Brasil, es parte de un cambio de estrategia de los grandes consorcios agrícolas, que pasan de ser meros vendedores de productos a oferentes de servicios como la agricultura con drones o las aplicaciones de inteligencia artificial, que además de aumentar la eficiencia de los cultivos se promocionan como métodos más sustentables.

Aunque la tendencia parece alineada con la décima meta acordada en la COP15 ―gestionar la agricultura a través de la utilización sostenible de la diversidad biológica― su cumplimiento efectivo no significa lo mismo a uno y otro extremo del sistema productivo. Mientras que la incorporación parcial de bioinsumos puede leerse como una respuesta a las crecientes exigencias de los países europeos por controlar la calidad de sus cadenas de valor, una transición fallida o incompleta en los ecosistemas sudamericanos podría terminar de corporizar todos los miedos plasmados en Montreal.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino https://dialogochino.net/es/

La empresa agroindustrial Syngenta quedó imputada por contrabando calificado, a raíz de una denuncia penal realizada por la Aduana contra la multinacional, donde se la acusó de presuntas maniobras de triangulación de importaciones. La causa es tramitada por el Juzgado Federal de Campana.

En un comunicado, la Aduana indicó que “está bajo análisis la facturación de importaciones provenientes de Estados Unidos, con triangulaciones indebidas vía un intermediario -Syngenta Agro Uruguay S.A.- con domicilio en Montevideo. La empresa uruguaya y la argentina responden al mismo grupo económico, Syngenta AG, con sede en Basilea, Suiza”.

De esta manera, la Dirección General de Aduanas (DGA) le reclama a la productora de agroquímicos haber presentado presuntamente documentos adulterados o falsos ante el ingreso de la mercadería a la Argentina. “La investigación ha constatado diferencias entre los valores documentados en Estados Unidos y los registrados ante la Aduana argentina. La mercadería fue enviada desde el país norteamericano en forma directa, pero refacturada desde Uruguay. Cabe destacar, no se advierte un valor agregado tangible aportado por la firma uruguaya que justifique el margen de diferencia”, sostuvieron desde el organismo.

En ese contexto, el Juzgado Federal de Campana pidió información de 54 importaciones de semillas de maíz, insecticidas, herbicidas y fungicidas, los cuales la DGA obtuvo a partir del acuerdo bilateral con la Trade and Transparency Unit (TTU), del país norteamericano.

“La Aduana está investigando operaciones por más de US$ 30 millones”, afirmó la DGA. Según explicaron en el escrito, la triangulación y sobrefacturación de importaciones consiste en mercadería proveniente de un país, pero refacturada desde otro a un valor superior.

La Dirección precisó que en lo que va de 2023, ya se analizaron 1.790 destinaciones de importaciones de mercadería refacturada desde Uruguay, valuadas en US$ 205.907.898, a pesar de haber sido fabricadas en otros países.

Entre los casi 1.800 operativos de control, se pudo comprobar que solo 10 empresas concentran el 49% de las operaciones trianguladas, por un monto total de US$ 100,3 millones, las cuales tienen “vinculación” a nivel societaria y comercial con la compañía uruguaya que realiza las refacturaciones. Las dos principales firmas con irregularidades son del sector de agroquímicos, concentrando el 27% del total de las operaciones.

Por otra parte, en la Aduana indicaron que “ninguno de los productos originarios de China tuvo un valor agregado 'adicional' en Uruguay. Por ello, queda claro que todas las transacciones investigadas fueron operaciones de refacturación”.

LC con información de agencia Télam

Cuatro toneladas de miel a la basura. Es la cantidad que Sebastian Seusing, un antiguo apicultor alemán, tuvo que tirar en 2020 tras encontrar altas concentraciones del herbicida glifosato en su producción. Seusing había tomado todas las precauciones posibles para poder certificar su miel como orgánica, pero le sirvieron de poco. El episodio lo llevó a dejar la apicultura y a denunciar al agricultor que sospechaba que había rociado el químico que terminó en su miel.

Seusing no es el único que está sufriendo algo que preocupa a apicultores y científicos por igual: los efectos de la intensificación de la agricultura en Europa van mucho más allá de los campos rociados y ni los rincones supuestamente más controlados escapan de ellos.

En Francia, François Le Dudal perdió el 80% de sus abejas en 2018 y culpa a los pesticidas utilizados por sus vecinos. En España, Rafael Cerdá, apicultor trashumante, vio aumentar la tasa de mortalidad de sus abejas drásticamente durante las últimas décadas. Algo que Europa va a intentar solucionar ahora con una nueva regulación recién presentada para reducir un 50% el uso de pesticidas en el continente.

Porque esta intensificación de la producción agrícola no fue fruto del azar ni del mercado. Estuvo directamente promocionada por la Unión Europea durante las últimas seis décadas. Con los efectos de la Segunda Guerra Mundial aún ahogando a la población del continente, la entonces Comunidad Económica Europea puso en marcha en 1962 la Política Agrícola Común, la PAC, con el objetivo de asegurar el suministro de alimentos en Europa a un precio asequible y ofrecer seguridad económica a los agricultores para que continuaran cultivando.

“Hablamos de una situación de mucha incertidumbre, mucha hambre. El objetivo era producir mucho y barato”, explica Noa Simon, directora científica de Beelife, una ONG que trabaja por la preservación de las abejas y otros polinizadores. “Eso ha llevado durante más de 50 años a un sistema productivo súper intensivo​​”, continúa. El esquema de subsidios recompensaba más cuanto más se producía. A partir de los años 90, la sobreproducción llevó a primar el número de hectáreas como el principal factor para la recepción de ayudas. Y así se mantuvo hasta hoy.

El problema no son solo las abejas. El problema son los polinizadores salvajes. Están desapareciendo sin que nadie se dé cuenta

Johann Lütke Schwienhorst, asesor de la fundación ecologista Aurelia Stiftung

El impacto que esta política tuvo sobre el campo fue claro: fincas cada vez más uniformes e industrializadas. “La PAC llevó a la simplificación y consolidación del paisaje, a incrementos drásticos en el uso de pesticidas y la frecuencia del laboreo, a la expansión del regadío y a la destrucción de pastos”, aseguraban 2.500 científicos en una carta enviada en noviembre de 2019 al Parlamento Europeo pidiendo medidas urgentes parar reducir el impacto de las prácticas agrícolas intensivas en Europa.

Los datos muestran esta tendencia: las explotaciones agrarias en Europa pasaron de una media de 11,8 hectáreas en 2005 a 16,6 en 2016, más de un 40%. Y aunque las mayoría de explotaciones son familiares, no dejan de desaparecer. Entre 2005 y 2016 se contabilizaban 4,1 millones de explotaciones menos en Europa, cerca del 30%, la mayoría de ellas de menos de 5 hectáreas.

En el caso español, el número de explotaciones se redujo un 12,5% entre 2005 y 2016, pero las de más de 100 hectáreas se incrementaron casi un 5%. Esas últimas suponían un 5,4% del total en 2013, pero acaparaban el 55,5% del total de la extensión cultivada, casi 13 millones de hectáreas, unas 250 hectáreas de media, según un informe del Transnational Institute.

Este proceso de expansión e intensificación se vivió sobre todo en las parcelas más productivas, que se dedicaron a cultivos de regadío en el Levante, las dos Castillas, Aragón y Andalucía, según un estudio publicado en la Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales.

Otra de las claves del modelo fue el uso intensivo de agroquímicos. En la actualidad hay casi 500 ingredientes activos para pesticidas autorizados en la Unión Europea, de los cuales 86 son insecticidas. Y aunque Europa consiguió contener el uso de agroquímicos, no pudo con los insecticidas: sus ventas se incrementaron más de un 64% entre 2013 y 2020.

Esas sustancias afectan especialmente a los polinizadores, elemento clave de la cadena alimentaria. Y no solo de los ecosistemas salvajes. También de los campos que nos dan de comer. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que un 75% de los cultivos dedicados a comida depende, al menos en parte, de los polinizadores.

“El problema no son solo las abejas. El problema son los polinizadores salvajes. Están desapareciendo sin que nadie se dé cuenta”, asegura Johann Lütke Schwienhorst, agricultor de formación, apicultor amateur en Alemania y asesor en la fundación ecologista Aurelia Stiftung.

“El consenso unívoco es que estas actividades [agrícolas] en conjunto han llevado a un declive de las poblaciones de pájaros rurales europeos de más del 55% entre 1980 y 2015, y a un declive de la abundancia de insectos de más del 76% en un estudio de 63 reservas naturales en Alemania entre 1989 y 2016”, aseguraba la carta enviada por los científicos al Parlamento Europeo.

Otro estudio del ​​Instituto para la Política Medioambiental Europea sobre polinizadores coincidía: “La principal amenaza medioambiental para la diversidad y abundancia de polinizadores en Europa está asociada a la agricultura moderna intensiva y la pérdida de pastos naturales extensivos, zonas de barbecho con vegetación herbácea, cultivos de cobertura y de forraje y márgenes de los campos con vegetación floral diversa”.

Una dieta única y contaminada

La clave de una dieta saludable está en la variedad. No solo para la especie humana. Incluso para los polinizadores, alimentarse de una única planta incrementa su susceptibilidad a los insecticidas. Y, sin embargo, tienen una oferta cada vez más monótona en el menú. Así, la PAC no solo promovió la concentración de tierra; también dio “prioridad a plantas sin floración o con una floración limitada”, explica Lütke Schwienhorst.

Rafael Cerdá lo vio con sus propios ojos a lo largo de toda una vida como apicultor. Procedente de una familia que produjo miel desde el siglo XIX en Ayora (Valencia), mira con desesperación la alta tasa de mortalidad de sus abejas. “La globalización hace que los productos agrícolas se vayan haciendo cada vez más rentables”.

Este apicultor trashumante critica que “se hace que esos cultivos produzcan mucho, que sean rápidos y tardíos para sacar el máximo rendimiento. Entonces las temporadas de floración suelen ser más cortas”, explica. Y cuanto más cortas son las floraciones, más tienen que transhumar las colmenas para poder sacar miel.

Pero no es el único problema. Una tercera parte del suelo arable de Europa está cultivada con cereales, principalmente trigo, cebada y maíz, cultivos que no forman parte de la dieta de la mayoría de los polinizadores, especialmente los melíferos, como las abejas. Cultivos que no van siempre destinados a consumo directo humano: de hecho, según Greenpeace, un 62% de esos cereales se destina a la producción de piensos.

Esta dieta monótona viene muchas veces condimentada de forma venenosa: rociada de pesticidas capaces de poner en jaque a los ponilizadores y afectar a su sistema nervioso y a sus habilidades de interacción social.

Entre ellos, tienen especial mala fama los neonicotinoides, especialmente después de que tres de ellos, el clothianidin, el imidacloprid y el thiamethoxam, fueran prohibidos en 2018. “Es un gran problema que la toxicidad de los pesticidas se evalúe solo en base a la tasa de mortalidad que causan. En la práctica el daño que causan es mucho mayor que simplemente matar insectos”, explica Randolf Menzel, profesor emétiro de neurobiología en la Free University de Berlin. “Pero podemos acabar con estos malos usos. Se paró el DDT. Se paró la cicloheximida. Ahora tenemos que hacer lo mismo con los neonicotinoides”.

Sin embargo, estos neonicotinoides no se erradicaron del todo. Aún se pueden utilizar con ‘autorizaciones de emergencia’ para su uso en campos sobre todo de remolacha y en la mayoría de los casos se han sustituido por sulfoximina, un pesticida muy similar a los neonicotinoides.

Aun así, aunque se prohíban los compuestos más tóxicos, los polinizadores no están a salvo del efecto cóctel de otros pesticidas menos agresivos. “Antiguamente a lo mejor se fumigaba más fuerte, con productos más lesivos para las abejas. Pero hemos pasado a utilizar productos menos agresivos, que a lo mejor matan menos porcentaje de abeja, o no las afecta tanto, pero las afecta. Y se fumiga más”, explica el apicultor Rafael Cerdá.

Antiguamente a lo mejor se fumigaba más fuerte, con productos más lesivos. Hemos pasado a productos menos agresivos, que a lo mejor matan menos porcentaje de abejas, pero las afectan. Y se fumiga más

Rafael Cerdá, apicultor trashumante

“En la autorización de plaguicidas no se tiene en cuenta el efecto cóctel”, explica Noa Simón, de Bee-Life. “Se autoriza un plaguicida para un cultivo. Pero no se tiene en cuenta el contexto de los cultivos ni qué otros pesticidas pueden estar rociándose cerca”, continúa.

En este contexto, los apicultores a menudo se ven incapaces de demostrar que los pesticidas son los responsables de la mortalidad de sus colmenas. “Cuando las abejas están perfectamente sanas, son capaces de luchar contra virus y agresiones, excepto por la varroa. Sin embargo, cuando están contaminadas con varias moléculas, incluso con una dosis pequeña, el efecto cóctel debilita toda la colonia, que entonces tiene un sistema inmune pobre y es vulnerable a todo tipo de agresión. Pero esto es difícil de demostrar”, explica el apicultor francés François Le Dudal.

Por ello, Le Dudal y varios apicultores de la región de Bretaña pusieron en marcha un sistema de vigilancia independiente que realiza los análisis toxicológicos que muchas veces las autoridades se niegan a hacer. En los últimos años, asegura Le Dudal, encontraron todo tipo de tóxicos en la miel, la cera o el polen. Seusing, por su parte, acaba de ganar el caso contra su vecino y el agricultor tendrá que pagarle por los daños ocasionados a sus colmenas.

En España, aún se está lejos de la industrialización agrícola del norte de Europa, afirma Mariano Higes, investigador especializado en patologías de abejas del Centro de Investigación Apícola y Agroambiental de Marchamalo. El principal enemigo de las colmenas es la varroa –un ácaro que ataca a los insectos–. “El problema de la apicultura no es solamente los neonicotinoides. Son uno de los problemas. Otro los fungicidas, los herbicidas, los acaricidas... Y otro los patógenos, que también van más allá de Varroa destructor”, asegura Mariano Higes.

“El efecto que tienen en conjunto las medidas de la PAC es que siguen prevaleciendo las ayudas directas que fomentan la intensificación. Las otras que podríamos llamar compensatorias o ambientales son minoritarias, así que no compensan del todo los efectos que causan las otras medidas”, explica Elena Concepción, investigadora post-doctoral especializada en biodiversidad del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).

Alquiler de colmenas para garantizar cultivos

Este cóctel resultó tan mortífero que muchos agricultores tienen ahora que recurrir a los apicultores para poder polinizar los campos. El propio Rafael Cerdá a menudo mueve sus abejas no para buscar las mejores flores, sino porque le pagan por llevar sus colmenas en ciertas parcelas durante la época de floración. “Hay un montón de cultivos, de hortalizas y de frutales, en los que nos pagan por llevar las abejas solamente para polinizar”, relata.

Cerdá menciona una larga lista de cultivos a los que lleva sus colmenas. Sandías y calabacines (zapallitos) de invernaderos en Almería. Fresas de los invernaderos de Huelva. También en campos abiertos de ciruelas, albaricoques (damascos), melocotones (duraznos) o nectarinas. Y, por supuesto, las almendras, que producen entre un 20 y un 25% más si fueron polinizadas por abejas, asegura orgulloso Cerdá.

Es un cóctel que, sin embargo, llama a la catástrofe. Una de desiertos verdes que, de tanto querer producir más comida, cada vez tienen más dificultades para hacerlo.

LV/LM/AP

“Visita a La Aurora, faro agroecológico en Benito Juárez, Buenos Aires”, decía la invitación. A 400 km de Capital Federal, la oportunidad de cruzar las tranqueras de uno de los 52 campos reconocidos por la Organización de las Naciones Unidad para la Alimentación y la Agricultura (FAO) como modelo de producción sustentable, resultaba atractiva para quienes quisieran comprender cómo funciona un espacio de 650 hectáreas que no utiliza agroquímicos y que resulta económicamente rentable.

Cerca de las 14 horas, unos veinte vehículos ingresaban por el acceso principal al terreno de Juan Kiehr. La séptima edición del mes de la Agroecología fue impulsada por RENAMA, la red Nacional de Municipios y Comunidades que fomentan la Agroecología. Este año se sumaron a la organización la Sociedad Argentina de Agroecología (SAAE) y la nueva Dirección Nacional de Agroecología (DNAE), que depende del Ministerio de Agricultura de la Nación, encabezada por el ingeniero Eduardo Cerdá. Entre el 20 de octubre y el 20 de noviembre se realizaron jornadas de trabajo comunitario, encuentros virtuales, intercambio de semillas y saberes, talleres y mercados; más de 200 eventos en total.

Entre las visitas a campos extensivos, este es uno de los más relevantes: el establecimiento de Benito Juárez. En una ronda todavía pequeña, uno de los artífices de lo que algunos consideran “un milagro”, reparte saludos y sonrisas. Con 78 años y gran parte de su vida transcurrida en el campo, Juan Kiehr mantiene un bajo perfil. No siempre permaneció en el mismo lugar, en los años setenta participó de un campamento de trabajo en comunidades indígenas del norte de Chaco, así conoció a su esposa suiza, Erna Bloti. Cuando murieron sus padres volvió para hacerse cargo de las tierras, que dividió con su hermano. 

“La Aurora” es un establecimiento agrícola ganadero en donde se produce de manera extensiva. En la búsqueda de aprender a mejorar las condiciones del suelo, apareció la figura de Eduardo Cerdá, el ingeniero agrónomo que, en pleno auge del menemismo, durante la década del 90, le propuso ir a contracorriente del modelo transgénico que surgía como un negocio imperdible. Mientras que las tierras cultivables en Argentina ocupan más del 75% con soja, maíz, algodón —y ahora trigo— transgénicos, ambos decidieron adoptar el paradigma agroecológico. 

Según RENAMA, en el país, uno de cada 50 establecimientos son agroecológicos. La proporción tiende a crecer, ya son 40 los municipios que promueven esta práctica. Si de lo que se habla es de costos y rendimiento, la ecuación es simple. Frente a un rendimiento similar, la diferencia se encuentra en el ahorro de insumos, ya que no se necesitan paquetes tecnológicos que incluyan semillas transgénicas, pesticidas, herbicidas o fertilizantes químicos. Esto es lo que pone en duda el CEO de la agroquímica Syngenta, Antonio Aracre. En una entrevista con elDiarioAR, consideraba que sería irracional que la mayoría de los productores optara por la agricultura convencional si no obtuviera beneficios a nivel rendimiento.

Bajo unas nubes rebeldes que más tarde dejarán asomar el sol, la ronda de recién llegados se extiende y cobra forma de elipsis. Es el turno de las presentaciones, algunos cuentan que están en plena transición, varios provienen del municipio de Guaminí, conocido por ser el primero en declararse agroecológico.

La caravana, comandada por una Ford F100 antigua, que maneja Kiehr, pasa por lotes de trigo y cebada, un sector destinado a las vacas y sus crías, uno de avena con vicia que, según dicen, sirven para regenerar los suelos y se usa para forraje del ganado.

“Cada dos o tres años hacen pastura en tierras agrícolas”. Utilizan diferentes aguadas, cerca de los molinos, para que el ganado camine por el terreno y le aporte los nutrientes necesarios a la tierra con sus excrementos. Por esa misma razón, las vacas y sus crías también rotarán en forma circular entre cuatro potreros de doce, a medida que el pasto esté en condiciones, “para que el bosteo sea parejo y no quede concentrado”.   

Ambos están de acuerdo en que su elección tiene que ver con ampliar la mirada y ver el campo como un todo, un gran entramado biológicamente activo, no solo de tierra y cultivos asociados, sino de ciclos, flores, plantas, insectos. Aplican conocimientos de la agricultura biodinámica, por lo que tienen en cuenta la influencia de la luna y los planetas. Le suman corredores biológicos para mantener el equilibrio de la población de insectos y pequeños animales. “Acá tenemos insectos que vuelan, corren, caminan, hay muchas arañas que no hacen telarañas, sino que atrapan a las plagas. Esos lugares hay que preservarlos”. Por eso los pesticidas no son necesarios ni convenientes, aseguran. 

En medio de los campos de cebada, Cerdá cuenta que hay algo de “malezas”, pero que no constituyen un problema. En la jerga ellos las llaman “especies espontáneas”, cumplen una función en la naturaleza y permiten que haya mucha capacidad de fauna benéfica. Pero se las puede controlar con plantas leguminosas que compitan por el espacio, como el trébol rojo que, además, fija el nitrógeno. 

Con un sombrero color caqui, Kiehr explica por qué le parece lógico no utilizar agroquímicos ni fertilizantes industriales: “Quienes tenemos la bendición de haber heredado un pedazo de tierra, lo menos que podemos hacer es cuidarlo y dejarlo en condiciones para nuestros herederos”. 

Entre los asistentes, un productor ganadero de la sociedad rural de General Belgrano consulta por la eficiencia de La Aurora. Aunque pareciera generarle curiosidad el funcionamiento, su campo se rige con el modelo convencional y no cree que eso vaya a cambiar en el mediano plazo. Pone en duda que los agroquímicos produzcan algún daño en las personas. “Nunca lo vi, a veces acompaño al fumigador y nunca me pasó nada”.  

La respuesta llega desde varios frentes. Dos productores hablan de externalidades que no se tienen en cuenta si el único parámetro es la eficiencia en relación a los resultados económicos. “La búsqueda de la agroecología es producir sin esas externalidades. En los 90, esa corrida de la eficiencia nos fue dejando afuera”. Por su parte, Eduardo Cerdá marca la importancia de otros componentes, como lo social. “Cuando medimos eficiencia, anduvo parecida, ahora hay que poner en juego si para que salga todo así yo no tenga más vida o me termine intoxicando”. Le pregunta a Kiehr acerca de su tranquilidad económica: “Nunca necesité un crédito, vivo tranquilo”. 

Una de las mayores preocupaciones tiene que ver con lo que sucede en los campos aledaños. Porque no se puede evitar la contaminación cruzada, solamente atenuar sus efectos y dejar tierras libres de cultivos para mitigar el impacto de los transgénicos y las fumigaciones. “Hace un tiempo vino una investigadora de CONICET para medir los agrotóxicos, y los encontraron. A mí nunca me preguntaron si me afectaba, es un daño silencioso, muy difícil de medirlo”. La investigación a la que se refiere fue realizada por El Centro de Investigaciones Medioambientales de la Universidad Nacional de La Plata, que halló en las muestras tomadas la concentración y persistencia de químicos como glifosato, 2,4D y atrazina, entre otros. 

“La agroecología mejora la fertilidad de los suelos y recupera la calidad de la tierra, reduce los costos de producción al evitar la dependencia de insumos cada vez más caros, importados y dolarizados, aumenta el empleo, el arraigo rural y la vida en el campo”, dice una gacetilla que promueve el VII mes de la Agroecología con el slogan #ElCaminoEsLaAgroecología. Ya cerca del final y de la despedida de la jornada, Juan Kiehr observa: “Un pajarito insignia de las pampas es el hornero. Cuenten cuántos horneros hay: con los dedos de las manos”. 

KO/CB

La larga fila de personas con velas en las manos y la enorme pancarta que reclama “Paren de fumigar” dio un martes más la vuelta alrededor de la Casa de Gobierno de Entre Ríos en Paraná. Pero esta “Ronda de los Martes” contó con más participación de lo habitual porque fue una ronda especial: la número 200. 

En 2017, la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos “Basta es Basta”, que agrupa a diferentes organizaciones ambientalistas y sociales de la provincia, le presentó al gobernador Gustavo Bordet un documento con 16 puntos en el que proponía iniciar una transformación del modelo agropecuario que se aplica en Entre Ríos, consistente básicamente en el cultivo extendido de soja y maíz transgénicos, con la aplicación de sus respectivos agroquímicos.

Pedían que se declarara la emergencia ambiental en la provincia, se realizaran programas y monitoreos de salud pública, en especial sobre trabajadores rurales y población vecina de los campos fumigados, se registraran tumores y nacimientos con malformaciones y su ubicación geográfica, se promovieran leyes efectivas para fomentar y proteger la agroecología y se prohibieran las pulverizaciones con insumos químicos sobre la población que contaminan los 41.500 km de ríos y arroyos que surcan la provincia y destruyen el sistema inmune y el suelo fértil, según diversos estudios científicos.

Con esos reclamos, comenzaron a dar vueltas los martes alrededor de la Casa de Gobierno, inspirados en las rondas que iniciaron las Madres de Plaza de Mayo hace 45 años.

“Lamentamos, 200 semanas después de haber iniciado esto, tener que decir que seguimos rondando sin ningún tipo de respuesta de parte del Gobierno, sin ningún tipo de política que inicie un cambio hacia una transición para un modelo productivo diferente al que predomina en estos territorios a base de venenos y transgénicos”, explicó Daniela Verzeñassi, integrante de la Coordinadora. 

“Todos los días recibimos mensajes de una nueva entrerriana, un nuevo entrerriano, un niño, una niña de nuestra provincia con el impacto de los venenos en sus cuerpos, entrerrianos y entrerrianas que denuncian la contaminación, el envenenamiento de sus producciones con fumigaciones colindantes a sus terrenos. O sea, este modelo sigue consolidándose, incrementando su daño sobre los ecosistemas, sobre los suelos, y su impacto directo en la salud de quienes lo habitamos”, denunció a elDiarioAR. 

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó cinco sentencias favorables a la protección de niños y niñas ante las fumigaciones, por lo que la causa fue llevada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, impulsada por el Foro Ecologista de Paraná, el gremio docente provincial Agmer y la Coordinadora Provincial por una Vida sin Agrotóxicos. Por el momento, la Corte no se pronunció.

Las organizaciones sumaron además a su reclamo, hace unos meses, la Iniciativa Popular para declarar la emergencia ambiental en Entre Ríos y que la agricultura a base de químicos sea declarada una actividad peligrosa para la salud y el ambiente, la que invitaron a firmar también en esta jornada de lucha.

En esta ronda 200, que fue replicada además en otras ciudades entrerrianas como Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Concordia, San José, Villa Elisa y Gualeguaychú, entre otras, el impacto del modelo productivo se vio graficado con la muestra “El costo humano de los agrotóxicos”, con las ya conocidas fotografías de Pablo Piovano tomadas en pueblos fumigados, que, además de exponerse en el sindicato docente Agmer, recorrieron diferentes puntos de la capital provincial: por la mañana, Casa de Gobierno, Tribunales y el Consejo General de Educación, y, por la tarde, la Peatonal San Martín.

El evento contó además con un recital en el que participaron varios músicos locales como Carlos “Negro” Aguirre, Silvia “Rusa” Salomone y Luis Barbiero así como el mendocino Sebastián Narváez.

“Esta ronda es una confirmación de que los pueblos fumigados y el movimiento socio-ambiental en Entre Ríos siguen firmes, atentos a los avances de este modelo, siguen en la resistencia a estos impactos y a la consolidación de esta manera de producir y de enfermarnos y siguen insistiendo y construyendo caminos alternativos”, aseguró Verzeñassi. 

“Rondamos 200 veces frente a las puertas cerradas de la Casa Gris, frente a los corazones, los oídos y los micrófonos que se cierran ante el mayor conflicto ambiental de la provincia y quizás del país”, señaló, en tanto, la Coordinadora en un comunicado. “Cuando la tierra y las nuevas generaciones nos lo demanden, cada quien sabrá si defendió la vida o se inclinó por el poder que destruye a la humanidad de pandemia en pandemia”.

CRM

Raquel Chan es bioquímica, está especializada en biotecnología vegetal y, después de trabajar durante un tiempo en el exterior, volvió a la Argentina a hacer ciencia en 1992. Dos años más tarde, Domingo Cavallo, entonces ministro de Economía de Carlos Menem, instaría a la comunidad científica a “que se vaya a lavar los platos”.

“Fue una decisión personal la vuelta, pero fue muy difícil por el contexto. No había plata, cargos, pero uno se acostumbra a pelearla. Ahora con respecto a ese año estamos increíblemente mejor: hay subsidios, becas, ingresos a la carrera de investigador. Pero faltan años luz todavía. Hubo un gran progreso pero no sé si el que tendría que haber habido en tres décadas, y la Argentina sigue siendo un país donde el desarrollo de la ciencia todavía es chiquito respecto de países como Estados Unidos, por ejemplo. Aquí nuestra inversión es del 0,3% o 0,4% del PBI, y en otros países llega al 5%”, evalúa.

Nombrada este año integrante de la Academia Nacional de Ciencias y reconocida por la BBC como una de las diez científicas latinoamericanas más destacadas, Chan dirige el Instituto de Agrobiotecnología del Litoral, que depende del Conicet y de la Universidad Nacional del Litoral, en la que también es docente. Es en ese instituto en el que llevó adelante el desarrollo de HB4, una tecnología transgénica que se investigó allí y llevó adelante la empresa Bioceres para lograr que el trigo y la soja obtengan mayor resistencia ante un escenario de sequía. Ahora mismo, cuenta Chan a elDiarioAR, el equipo que encabeza trabaja en distintos proyectos.

“Por un lado, ya han obtenido buenos resultados los ensayos que hicimos con la tecnología que estamos trabajando para combatir el exceso hídrico en cultivos de maíz. A la vez, estamos trabajando mucho en el proyecto 'Argentina contra el hambre', que se propone el aumento de la producción en economías familiares”, sostiene, y describe la iniciativa: “Hemos descubierto, a través de ciencia muy básica, que poniéndole un peso determinado a las plantas en un período determinado de su desarrollo y por dos días logramos aumentar muchísimo la producción de esa planta. Es una carga sobre el tallo, un recursos que no sirve para agricultura extensiva porque es una tecnología muy manual. Hay que poner y sacar ese peso a mano, que hace la planta pelee contra el peso, lo que ensancha el tallo y aumenta el número de tubos por los cuales la planta transporta agua y nutrientes. Eso genera más producción al final del ciclo en plantas de tallo único como el tomate, la chía, la quinoa, el girasol. Es un proyecto muy lindo pensando en la economía familiar y lo tenemos teóricamente financiado. En algún momento llegará el dinero”.

¿Por qué le tenemos tanto miedo a lo “transgénico”?

Nuestra experiencia es que la mayoría de la gente no sabe de qué se trata. Hemos hecho encuestas preguntando a gente común en los parques, y encontramos respuestas como “tiene que ver con el cambio de género” o “es una marca de dentífrico”. Lo dice muy claramente Mayra Arena hablando de otra cosa: hay peleas que se dan en ámbitos que no tocan a la mayoría de la sociedad. La mayoría de la sociedad ni sabe ni le preocupa qué es transgénico porque sus problemas son otros, como no llegar a fin de mes o qué comer esa noche. En una parte minoritaria de la sociedad sí se da este debate y hay grupos ambientalistas que están en contra. Meten todos los transgénicos en la misma bolsa y suelen decir que aumentan el uso de agroquímicos. Nuestro desarrollo para tolerancia a la sequía, HB4, no es cierto que aumente el uso porque el trigo “normal” ya usa agroquímicos. Toda la agricultura extensiva usa agroquímicos porque cuando no usaba, hace 5 siglos, se servía del trabajo esclavo. La maleza se sacaba a mano a las 5 de la mañana. Muchos de los gritos en contra de los transgénicos implican la vuelta a eso, y los que gritan no son los que van a tener que volver a ese trabajo.

La agricultura orgánica está perfecta, puede coexistir con la extensiva. Pero la orgánica la hacés en tu patio de 20 metros cuadrados y sacás la maleza agachada, una por una, a la mañana. Si tenés un campo de 500 hectáreas no podés sacar eso a mano a menos que tengas esclavos. Nadie va a defender a los agroquímicos pero hoy en día ningún agricultor extensivo va a sembrar sin usarlos porque va a generar un rendimiento muchísimo más bajo. Lo que hay que buscar son alternativas menos tóxicas. La ciencia está en eso, pero no somos magos.

En el caso del cambio climático, los científicos vienen pidiendo medidas políticas, pero nos supera. Somos técnicos. Yo puedo decir “la solución es tal”, pero el que toma la decisión política es otro, no yo.

¿Cómo se desarrollan estos “mejoradores” genéticos como el que encabezó para trigo y soja?

Son trabajos que llevan muchísimos estudios a nivel mundial. La agricultura desde hace siglos busca mejoramientos. Si tengo 20 plantas de maíz y las siembro todas juntas, alguna se va a portar mejor que otras ante el déficit hídrico. Entonces, desde hace mucho tiempo, el agricultor se queda con esa, la cruza con la que, por ejemplo, aguantó mejor los insectos, y esa cruza da “hijos”. El agricultor elige a los mejores hijos y los vuelve a cruzar, aunque no tenga la menor idea de qué está pasando biológicamente en el interior de una planta. Desde el lado de la ciencia, avanzó el conocimiento sobre el ADN y sabemos que hay genes que responden mejor al estrés hídrico. Se toma un gen, se lo estudia en plantas modelo y se lo pone en una planta. Se ve si se comporta mejor ante ese estrés, siempre comparando con una planta sin el gen. En el caso del desarrollo para trigo y para soja ante sequía, efectivamente demostró buenos resultados.

¿Cuál es el impacto económico del uso de esta tecnología?

El estrés abiótico no es cuantificable como otro tipo de cosas. Puede ser extremo, moderado, que no llueva durante algunos días seguidos y después sí. No se puede llevar a un número concreto, lo que dificulta un cálculo concreto del mejoramiento del rendimiento, pero en promedio, es de un 20%. En la pampa húmeda, donde crece trigo y soja, en un año en el que se produce el fenómeno de La Niña tenés un 25% más de rendimiento con trigo HB4 que con el común, en promedio.

La tecnología aún no fue aprobada en China y Brasil, movimientos que deben ocurrir para que se use también acá: ¿por qué no la autorizan?

El trámite para soja está en China y el de trigo, en Brasil. Se están moviendo pero no salen. En el caso de soja esperamos desde 2015, y en el de trigo, desde el año pasado, porque la aprobación final en Argentina fue en octubre de 2020. Cualquier cultivo genéticamente modificado con ingeniería genética requiere de aprobación en todos los países involucrados.

Argentina tiene un sistema de regulación dividido en tres oficinas, todas dependen del Ministerio de Agricultura. CONABIA audita que no haya daño al medio ambiente. Se compara que no haya variaciones respecto del impacto ambiental que desencadena el cultivo sin transgénicos. Eso pasó hace un montón para los dos cultivos. Después está el SENASA, que determina la sanidad para la alimentación humana o animal. Se alimenta a ratas con eso y se demuestra, siempre comparando con el trigo o la soja comunes, que no los animales crecen de igual manera. Eso también se aprobó hace un montón. La tercera oficina es la Oficina de Mercado, que determina que no haya daño económico para el país. Esa aprueba en forma condicional, y termina de aprobar si Brasil aprueba o si China aprueba. Esto es porque nosotros exportamos toda la soja que producimos a China, y si China no aprueba fundís al país.

Brasil es un país “friendly” con los transgénicos. En cuanto a China, quieren que se hagan todos los ensayos allí, algo que Bioceres ya hizo. Están los papeles pero no los sacan. Supongo que por algún motivo económico no les conviene o están viendo cómo copiarlo.

Ustedes trabajaron en mejorar la resistencia ante una sequía y ahora investigan escenarios de exceso hídrico. ¿La ciencia puede ganar la carrera contra el cambio climático?

Respecto del cambio climático las condiciones lamentablemente empeoran. La ciencia trabaja todo lo que puede con los recursos que puede. Si el cambio climático va más rápido o más lento que la ciencia, eso no lo sé. La pandemia demostró que la ciencia fue más rápida que la industria en cuanto a las vacunas: el desarrollo fue mucho más rápido que el escalado productivo que debían hacer las farmacéuticas.

En el caso del cambio climático, los científicos vienen pidiendo medidas políticas, pero nos supera. Somos un sector de la sociedad chico, poco escuchado, y no hay políticas que acompañen. Somos técnicos. Yo puedo decir “la solución es tal”, pero el que toma la decisión política es otro, no yo. 

JR

La Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) realizó este martes un “abejazo” y reparto de miel frente al Congreso para visibilizar la situación que atraviesan los polinizadores como consecuencia del desarrollo del modelo agroindustrial “basado en el monocultivo transgénico y el uso intensivo de agroquímicos que genera pérdida de la biodiversidad y muerte”.

La movilización comenzó pasadas las 11 en Plaza Constitución, desde donde se dirigió en caravana hacia el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Senasa y a la Casa de la Provincia de Río Negro, llegando cerca de las 13 al Congreso de la Nación donde apicultores, de diferentes lugares del país, repartieron miel y material explicativo.

“Es una acción para visibilizar la realidad de la apicultura, de las abejas y de los polinizadores. Estamos en tres lugares en el país: en el Puente Cipolleti-Neuquén, en la Ruta 3 Km. 713, Bahía Blanca, y en Plaza Congreso”, explicó a Télam Pedro Kaufmann, secretario de SADA.

“Básicamente, estamos para dialogar con los vecinos y explicar la importancia de las abejas en la vida cotidiana, en la producción de alimentos a través de la polinización y la necesidad de modificar el modelo productivo agropecuario que tenemos, basado en transgénicos y en agrotóxicos que están matando las poblaciones de abejas”, agregó.

Kaufmann, enfatizó en la necesidad de que la comunidad sea consciente de lo que está comiendo, “que empiece a pensar la cantidad de veneno que hay en los alimentos en este momento y que necesitamos un modelo agropecuario sin tantos venenos, con una producción agroecológica sostenible en el tiempo, armoniosa con la naturaleza y que no esté matando a los polinizadores”.

“Las abejas contribuyen a la diversidad biológica y a multiplicar la vida en la Tierra. Sin embargo, en la Argentina se las mata como efecto colateral de la agroindustria”, detallaron los apicultores en el material distribuido.

“La Agencia Sanitaria aprueba insecticidas altamente tóxicos para las abejas y para las personas”, enfatizaron.

“Estamos mostrando a la sociedad cuál es el futuro incierto que tenemos como productores apícolas, y cuál es el futuro incierto que tienen las abejas con el tipo de agricultura que se está utilizando e implementando”, dijo Santiago Carnevale, miembro de la comisión directiva de SADA.

“El riego son los agrotóxicos, que son pesticidas e insecticidas que están matando a las colmenas, a las abejas y diezmando nuestras producción”, añadió Carnevale.

También indicó que este tipo de agrotóxicos daña la salud porque “estamos alimentándonos con los productos que se cultivan y estas consumiendo, de alguna manera, el veneno que están tirando en el campo”.

La iniciativa, precisó Emiliana Racigh Lazo, prosecretaria de SADA, “es principalmente para reunir todos los reclamos vinculados con las fumigaciones que hoy en día tanto nos están afectando como apicultores y también para presentar distintas notas de reclamos”.

En este punto, explicó que la provincia de Rio Negro está pidiendo un canon a la hora de hacer entrar apicultores a la región y ante el temor que diferentes provincias hagan lo mismo.

“Las abejas, además de producir la miel, hacen su trabajo como polinizadoras, y con la polinización logramos obtener nuestros alimentos, 7 de cada 10 alimentos son polinizados”, explicó Racing Lazo.

Por último, aseveró que reclaman “el no uso de agrotóxicos que se echan en los campos sobre nuestros alimentos, sobre nuestras abejas y sobre nuestra salud”.

Con información de agencias.

IG

Por una resolución de la Justicia de La Plata, el Municipio de Lobos fue intimado a garantizar el derecho al agua potable, su saneamiento, y un abordaje a la contaminación de agrotóxicos. Por esa razón, deberá repartir bidones de agua potable en todos las escuelas, clubes y centros de salud y en las casas de todos los vecinos que firmaron el amparo que provocó el fallo. Además, se pide la tutela en la salud de la población y que se hagan estudios sobre agua en localidades cercanas.   

Hace cerca de cinco años, varios pobladores de Lobos habían comenzado a tener patologías similares a las aparecen en pueblos fumigados con agrotóxicos: la mayoría de ellos de problemas en la glándula tiroides. Varias veces hicieron consultas médicas y a organizaciones medioambientalistas que llevan adelante reclamos de víctimas de contaminación. Finalmente decidieron este año elaborar estudios en el agua y la flora de Lobos, para entender la magnitud del problema.

“Ahí decidimos ir en busca de pruebas científicas que apoyaran lo que decíamos y para que le dieran fuerza al reclamo. Se juntó dinero entre 370 personas, se hizo un bingo. Y con eso, en mayo, decidimos verificar el estado del agua que estamos consumiendo”, explica una de las firmantes, María Florencia Polimeni. El estudio lo hizo el INTA Balcarce. Tomó 15 muestras de pozos de la red, de zonas rurales, de las cañadas, de vegetación, de las tierras de las plazas y de las escuelas. Todo fue documentado y protocolizado por ese instituto y llevado al laboratorio. El resultado arrojó que en la mayoría de las muestras había sustancias contaminantes. Hallaron 11 plaguicidas, entre ellos, el 2,4D, que fue encontrado 45 veces por encima de los valores permitidos de la Comisión Europea.

 “Esos valores nos sorprendieron incluso a nosotros. Pensamos que iba a salir algo pero no tanto. Porque el estudio se hizo lejos de la época de fumigación más grande, que es entre septiembre y octubre. Con todo el informe fuimos primero al Municipio a comienzos de junio, pero no nos dieron respuesta. Al contrario, salieron luego en los medios diciendo que el estudio era poco confiable, a pesar que el INTA lo había hecho. En vez de estar preocupados por el futuro de sus hijos se preocuparon por su futuro político”, agregó Polimeni.

Con esos datos, un grupo de varios vecinos decidieron hacer un amparo colectivo ante la Justicia de La Plata, que finalmente resolvió el 16 de julio. “Existe la imperiosa necesidad de una tutela judicial urgente de toda la población, en la medida en que está en juego el derecho humano de acceso al agua potable, la salud y la vida de una gran cantidad de personas, entre ellas menores de edad, y al mismo tiempo que existe una demora de la Municipalidad en dar una solución definitiva a esta situación”, señala la resolución.  

La Justicia dictó una serie de medidas cautelares urgentes que el Municipio de Lobos deberá cumplir en un plazo breve. Concretamente se ordena que “en el plazo de 3 días entregue bidones de agua potable ‘libre de agrotóxicos’ y con valores de arsénico que no superen los 10 microgramos, en todos los establecimientos y domicilios mencionados. Esa medida debería extenderse a toda la población de Lobos una vez que intervenga la Defensoría del Pueblo, tal como pidieron los vecinos y concedió el juez. La resolución judicial ordenó también que en el plazo de 20 días la Provincia realice un análisis del agua exhaustivo y que informe sus resultados en la causa. También ordenó al Municipio que realice análisis de agua bimensuales y que los informe en los medios de comunicación local y en las boletas de los usuarios.

“Nosotros, habitantes de Lobos, siguiendo los pasos de otras comunidades como 9 de Julio, Chivilcoy, Bragado, Alberti y San Miguel del Monte, solicitamos que el Estado construya una planta potabilizadora de agua”, señala el comunicado de los amparistas. Sobre este aspecto la Justicia, como medida cautelar, ordenó la implementación de un plan de vigilancia epidemiológica sobre la exposición de la población al arsénico, que implica un cruce entre datos de estado de salud de la población y presencia de esa  sustancia en el agua. 

Los firmantes del amparo pidieron que se restrinjan las fumigaciones con agrotóxicos a menos de 1095 metros del casco urbano, de los asentamientos, de las escuelas rurales, de los ríos, lagunas y pozos de agua, de todo el Partido de Lobos, como sucedió en octubre de del año pasado en Pergamino, luego de una resolución de la Justicia Federal.

“Nosotros ni siquiera tenemos que buscar otras jurisprudencias que nos amparen. En Lobos hay  una ordenanza del propio Municipio, que es de 1995, que prohíbe el uso de plaguicidas cerca de cualquier poblado. Con lo cual sólo le pedimos que cumplan con la ley”, concluyó Polimeni.

AM

El Gobierno bonaerense multó a 26 empresas de agroquímicos, por un superior total a $780 millones, por no cumplir con la disposición que las obliga a recolectar los envases donde en los que venden los productos fertilizantes.

El director ejecutivo del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), Juan Brardinelli, explicó, en declaraciones a Radio Provincia, que se sancionó a 26 empresas multinacionales agroquímicas por un monto de $783 millones y destacó que es “la pena ambiental más grande que se haya impuesto en Argentina”.

La medida se adoptó tras evaluar “las declaraciones juradas que se presentan en el organismo” que revelan que de “13 millones de envases de agroquímicos utilizados solo se recuperó un millón”.

Brardinelli explicó que los envases plásticos donde se venden los agroquímicos deben ser recolectados y deben tener un tratamiento especial porque son altamente tóxicos para el contacto con los humanos y contaminantes para el ambiente.

“Los recipientes no recolectados quedan diseminados en el campo. Terminan quemados, enterrados, en los mares o se reutilizan sin control para trasportar otras sustancias”, precisó.

Reconoció que “no hay un sistema de recolección eficaz y eficiente” y destacó que las empresas “lo que plantean son los tiempos pero en todo el mundo las normas se respetan y aquí lo que buscan son los vericuetos legales”.

“Estamos trabajando para habilitar más centros de almacenamiento temporal” y señaló que “las empresas sancionados han dicho que van a apelar la medida”, aseguró.

Por último, Brardineli afirmó que si bien “no estamos de acuerdo (con la apelación que presentarán las empresas), están en su derecho” y que esperan “que toda esta energía que invierten en el tema judicial la pongan también en la recolección de los envases”.

Con información de agencias.

IG

El año pasado, el intendente de Pergamino, Javier Martínez (Juntos por el Cambio), anunció que reducía su sueldo en el marco del reciente estallido de la pandemia de Covid-19 y aseguró que parte de éste sería destinado a la Fundación Por Pergamino, una organización que reúne a 19 empresas y actores sociales de la localidad, la mayoría de ellos relacionados con el agronegocio.

En esa ciudad del norte bonaerense, un fallo de la justicia federal de septiembre de 2019 puso límites inéditos a las fumigaciones en los campos del partido, luego de que se comprobara la existencia de al menos 18 tipos de agroquímicos en el agua de la localidad y también en los cuerpos de algunos vecinos. El Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás estableció 1.095 metros de exclusión para las fumigaciones terrestres y 3.000 para las aéreas, estableciendo así un precedente histórico para la provincia y el país.  

Además, procesó a siete productores rurales que violaron las normas impuestas por la justicia y citó a indagatoria al jefe y subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, Mario Tocalini y Guillermo Naranja, los responsables de controlar las fumigaciones.

Del otro lado, la gran mayoría de las empresas y grupos del agro que forman parte de la Fundación Por Pergamino (FPP) se constituyen hoy como los principales opositores a la disposición del juez Carlos Villafuerte Ruzo, asegurando que las fumigaciones no generan un daño serio para la salud humana y el ambiente. “Si bien son detectados la mayoría de los agroquímicos utilizados, los niveles encontrados en suelos, aguas y en la sangre de las personas están muy por debajo de los límites o valores críticos establecidos en la mayor parte de los países del mundo”, expresaron desde la Sociedad Rural de Pergamino, en un comunicado en conjunto con otras entidades rurales, en agosto del año pasado. 

Para echar más luz: en la FPP participan empresas reconocidas como Rizobacter, multinacionales como Bayer-Monsanto, Don Mario, ManArRo, Agroactiva, entre otras, y también algunos representantes del Estado como el INTA, Fundación UNNOBA y –también-, el propio Municipio de Pergamino.

De esta forma, la Fundación no sólo parece aspirar a desempolvar la caridad del sector, sino a conformar un bloque de poder que se enfrente a las decisiones de algún juez incómodo. O por qué no, de toda la Justicia. De hecho, el año pasado, el comunicado que firmaron varios de los sectores que se enfrentan a las disposiciones de Villafuerte Ruzo aseguraba que se consideraban “frente a una amenaza de expansión ante este tipo de medidas judiciales”.

Pero hay más datos que muestran una cierta improvisación por parte de la Fundación Por Pergamino. Durante la campaña solidaria que encabezó en abril de 2020 ante la todavía fresca conmoción pandémica, la Fundación todavía no tenía registro legal y utilizó a otra ONG como medio para que las personas (y las empresas) puedan transferir sumas millonarias. En la actualidad tampoco hay demasiada información pública respecto a su legalidad, pero miembros de la fundación le confirmaron a elDiarioAR que ahora se encuentra en proceso de ser registrada. 

¿A qué entidad utilizó la FPP para legalizar su gesta solidaria por entonces? A la Fundación Conin, con sede en esa ciudad. Su titular es César Belloso, un productor local que a su vez es presidente honorario de AAPRESID (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) y al mismo tiempo, representa a la Fundación Por Pergamino. Es decir, Belloso conduce a la Fundación, a Conin y está vinculado a una de las entidades que forman parte de este conjunto de empresas.

En Pergamino lo describen como un “ferviente opositor” al fallo que limitó las fumigaciones y un “defensor a ultranza” de la siembra directa, una práctica que también ha instalado debates acerca de las posibles consecuencias que esto trae a la fertilidad de la tierra.

“Hemos recibido más de dos millones de pesos, casi tres millones de pesos en donaciones, que ya muchas de ellas se han hecho efectivas en muchas compras. Y casi 20.000 unidades de alimentos que también se han entregado”, dijo en ese entonces Belloso, en una entrevista con Canal 4. 

El detalle al cual accedió este medio indica que, del total de la suma recaudada, unos $774.000 fueron para el Hospital San José y un sanatorio local en conceptos de “camisolines y barbijos”, desde el 6 al 26 de abril. En mayo, el Hospital recibió otro aporte de unos $480.000. 

Pero también figura una donación significativa de más de $1,4 millones para “barrios vulnerables” en 2.600 bolsones de comida, cuya distribución fue administrada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad. Vale aclarar que no existe un informe pormenorizado donde se explique cuánto de todo este dinero aportó cada empresa en la campaña solidaria. 

De hecho, Belloso, el titular de la Fundación, respondió a esa consulta de esta forma: “Es decisión de la FPP no hacer público el monto donado por cada aportante”. 

A todo esto, en la ciudad es conocida la cercanía entre el titular de la Fundación y de Conin y el actual funcionario de Desarrollo del municipio, Lucas Marino Aguirre, quien representa al gobierno local en la FPP. A Aguirre lo ubican como el ala dura del PRO. De hecho, algunos lo consideran un posible candidato a intendente, en caso de que el actual jefe comunal, Javier Martínez, se retire o busque vuelo a nivel provincial.

Lo cierto es que la Fundación Por Pergamino se impone un objetivo ambicioso y con una mirada de planificación local, donde ni el gobierno local y mucho menos el Honorable Concejo Deliberante local parecen tener un rol protagónico, según aseguran fuentes conocedoras del caso a elDiarioAR. 

“Propiciar el desarrollo local del Partido Pergamino y la región Norte de la Provincia de Buenos Aires, integrándose a la región y al mundo”, se puede leer en su página web, asegurando que se buscará trabajar “en la coordinación de actividades de formación y capacitación de ciudadanos; promoviendo actividades de interacción pública-privada y de trabajo en red para el aumento de la productividad mediante el agregado de valor con visión sustentable en lo social, ambiental y productivo/económico”. 

En diálogo con este portal, Aguirre explicó que el municipio no realiza donaciones a la Fundación que integra, más allá de financiar el Polo de innovación Tecnológica, donde se reúnen la mayoría de las empresas de la FPP. Su apoyo es “simbólico”, cuenta, mientras ambientalistas de la ciudad continúan denunciando los estragos del agua contaminada.

¿Al gobierno local no le parece al menos incómodo participar de esta Fundación, que está integrada por los principales defensores de las fumigaciones?, preguntó elDiarioAR. 

“Lo del fallo de las fumigaciones no tiene relación ni con la Fundación, ni con las empresas e instituciones que allí participan. Consecuencia: No hay incomodidad, por el contrario”, respondió Aguirre, sobre el nexo entre el Municipio y la Fundación Por Pergamino.

“La verdad, no sé qué es un defensor o un opositor a las fumigaciones. Sí conozco productores que aplican buenas prácticas de producción. Los que no cumplan con las normas, deben ser perseguidos”, cerró el funcionario.

Hambre de soja y pueblos fumigados

Hay, sin embargo, una punta más para terminar de completar el rompecabezas del agronegocio local. Conin y la multinacional Bayer-Monsanto tienen vínculos aceitados desde hace varios años.

Desde 2007, ambas encabezaron una campaña en contra del hambre y así, el presidente de Conin a nivel nacional, el doctor Abel Pascual Albino, se convirtió en un defensor acérrimo de la soja transgénica como “alimento de calidad” para acabar con la malnutrición en la Argentina. Dicha organización fue blanco de críticas, también, cuando durante el debate en comisiones por la legalización del aborto, Albino rechazó al uso de preservativos como un método eficaz para evitar embarazos. Pero eso es una historia aparte.

De lo que sí interesa informar respecto a la relación Bayer-Monsanto y Conin es que el año pasado la multinacional, creadora del famoso herbicida Round-Up, confirmó una donación por un monto de 155.000 euros para ayudar a las localidades bonaerenses más afectadas por la pandemia. El dato que une ambos lados del puente es que, en Pergamino, se hizo a través de la Asociación Civil Centro Providencia y Conin (que en esa ciudad comparten oficinas y representante). La donación era para la compra de insumos para el Hospital local y para la recaudación de alimentos.

Según precisó Bayer a elDiarioAR tras la publicación de esta nota, la empresa destinó en concreto 20.000 euros a donaciones en Pergamino, que se utilizaron para la compra de insumos para el Hospital San José y de 2.600 bolsones “con alimentos no perecederos para el Centro CONIN, que atiende a personas en situación de vulnerabilidad”.

“Todas estas operaciones se realizaron con total transparencia, en cumplimiento con nuestros requisitos internos y con las normas del país, y compartiendo la información con los medios”, aseguró la compañía.

La periodista local Anabel Pomar pudo confirmar que el año pasado en ese hospital la multinacional había levantado casillas para “evaluación y derivación” de pacientes, donde se podía observar con mucha claridad el logo verde de Bayer, una empresa que a lo largo de su historia fue condenada tres veces por actuar con “malicia y negligencia”, al establecerse que su herbicida enfermó de cáncer a cientos de personas en Estados Unidos y en el mundo.

En ese hospital, paradójicamente, muchos pacientes arriban con fuertes dolores de cabeza y garganta, extraños sarpullidos en la piel y enfermedades de gravedad, como cáncer y malformación genética. Diversas investigaciones y estudios científicos determinaron que son consecuencia directa de la exposición a los agroquímicos que se arrojan en los campos aledaños a la población.

De hecho, en Pergamino, la contundencia en las medidas que tomó la justicia federal se plasmaron el 5 de agosto de 2019, luego de que un informe del equipo de investigación de Genotoxicidad de la Universidad Nacional de Río Cuarto volviera a alarmar a los vecinos. A la ya confirmación de la existencia de agroquímicos y arsénico en el agua –algo que fue afirmado por diferentes niveles de la justicia- se le agregó la verificación del daño genético que sufre una familia entera por encontrarse expuesta a las constantes fumigaciones.

Una preocupante realidad que ya se había instalado a raíz de un trabajo realizado por el fallecido científico Andrés Carrasco, quien llegó a presidir el CONICET y que comprobó cómo los agroquímicos en sangre, en particular el glifosato, producen desde muerte celular hasta malformaciones. 

Aun así, desde el municipio que conduce Martínez insisten en utilizar una frase respecto a las fumigaciones y uso de agrotóxicos: “La discusión debe ser científica y adecuada a las normas vigentes”, aseguran.  

En este marco, la ciencia ya habló. Y la Justicia, también.

JP

Esta nota fue actualizada el 8/4 para aclarar el cargo de César Belloso en AAPRESID y dejar sentada la posición de Bayer respecto a las donaciones en Pergamino.

Las conversaciones avanzaron durante la visita de Alberto Fernández a Andrés Manuel López Obrador en México, a fines de febrero. Unos días después de que el Presidente y su comitiva emprendieran el regreso a Buenos Aires, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, visitó a Alfonso Romo hijo, el heredero y encargado de negocios del más poderoso de los colaboradores del presidente mexicano. El encuentro fue en la casa de Monterrey donde el magnate, que hasta diciembre pasado fue Jefe de la Oficina de la Presidencia, suele organizar cumbres de las que participa el propio AMLO. Mano derecha del canciller Felipe Solá y exfuncionario del gobernador Jorge Manzur, el tucumano Neme se reunió con Romo hijo con un propósito ambicioso, que puede cambiar la ecuación del agronegocio a nivel global: avanzar en un proyecto de desarrollo biotecnológico capaz de reducir tanto el uso como el margen de ganancia del glifosato. El agroquímico que lleva un cuarto de siglo como dueño absoluto del mercado es propiedad de la transnacional Bayer desde 2018, cuando el gigante farmacéutico de origen alemán compró las acciones de Monsanto. 

A través de una de las compañías de su emporio, Nature Source Improved Plants (NSIP), Romo viene de asociarse en febrero pasado con la empresa argentina biotecnológica Bioceres en un acuerdo de investigación y servicios para diseñar un programa de mejoramiento acelerado de soja HB4® en los Estados Unidos. Ahora, las dos firmas se sumarían al trabajo que vienen haciendo en conjunto desde hace cinco años el Instituto de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la empresa Stelagenomics, una startup que dirige el bioquímico Luis Herrera Estrella y fue promovida desde el Estado mexicano a través del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), dedicado al impulso de la ciencia. Según dijeron fuentes al tanto de los estudios a elDiarioAR, el desarrollo biotecnológico apunta a reducir el uso del herbicida de Bayer, se viene avanzando con pruebas de campo que vienen mostrando resultados “muy satisfactorios” y se advierte un avance importante en el combate de las malezas, con una disminución muy importante en la aplicación de glifosato. En México, el maíz transgénico y el glifosato están prohibidos por decisión de López Obrador.

De 70 años, formación católica y ligado en sus orígenes al Opus Dei por los medios mexicanos, Romo padre asesoró a varios presidentes y se convirtió en 2012 en una figura clave para AMLO, después de haber sido uno de sus antiguos detractores. Sin embargo, la mayor parte de su poder proviene de su carrera en el sector privado, donde registra tres décadas de antecedentes en el agronegocio. En 1991 fundó Pulsar Internacional, una firma multirubro que tenía una rama asignada a la biotecnología y la producción de semillas. En 1993, organizó el Primer Seminario Internacional de Agronegocios y en 2003 le vendió su compañía de producción de semillas, Seminis, a un fondo de inversión que poco después se la transfirió a Monsanto en 1.500 millones de dólares. Según la revista Milenio, llegó a operar en 150 países y concentrar el 25% del negocio mundial de semillas. En su laboratorio Agromod, ubicado en Tapachula, Chiapas, tiene un equipo que se dedica a la embriogénesis y donde uno de sus principales clientes internacionales es ni más ni menos que Bayer.

Bioceres es una empresa rosarina que pertenece a la familia Trucco, exhibe entre sus logros a nivel mundial el desarrollo de la soja transgénica tolerante a la sequía y acaba de ser noticia en la Bolsa de Nueva York. Sus acciones subieron un 66% después de que se conociera que había comprado el 6% de Moolec, una empresa de Ag-Foodtech del Reino Unido que usa tecnologías vegetales y celulares para hacer comida sin animales.

El acuerdo firmado en febrero entre las empresas del magnate mexicano y Bioceres fue gestado hace un año, cuando Romo hijo -que dirige todos los negocios de su familia- vino a Buenos Aires. Fue poco antes del inicio de la pandemia, cuando cenó en el Club Hípico Argentino con Trucco y funcionarios de la Cancillería. 

“Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”.

Número dos de Solá en Cancillería, Neme le confirmó la información a elDiarioAR. “Se está trabajando seriamente en una alternativa biotecnológica que puede mejorar la productividad, mejorar la competitividad y mejorar las condiciones ambientales en las que se desenvuelve la agricultura”, dijo. Neme vivió tres años y medio en México: se desempeñó como agregado cultural en el DF entre 1989 y 1993, durante la gestiones de Jorge Abelardo Ramos y Hector Subiza. “El encuentro con Romo en México fue importante porque se interesó en ese desarrollo tecnológico y se sumaría al proyecto. Desde el punto de vista de su proyección a nivel de mercado, eso le da una dimensión enorme”, agregó. Con Romo, la iniciativa pasaría del plano de la investigación y el desarrollo de tecnología a la escala del negocio.

Esta semana en Buenos Aires, Bioceres tuvo un encuentro con funcionarios del INTA y la iniciativa parece haber dado un salto en los últimos días. La Cancillería prepara para abril un nuevo viaje a México junto al INTA y la empresa de Trucco para reunirse con Romo hijo y avanzar en el plan de negocios.

Cuestionado desde hace años por su impacto sobre el ambiente y la población, con fallos de tribunales que lo condenaron en Estados Unidos por considerar que el herbicida es “un factor sustancial” en la aparición de cáncer, el glifosato casi no tiene competencia a nivel mundial y su pérdida de eficacia en el combate de malezas hace que cada vez se utilicen más litros por hectárea. Los expertos consultados por elDiarioAR afirman que hoy en el campo se aplican grandes cantidades del agroquímico de Bayer pero en una especie de mix junto a otras moléculas que tienen incluso más potencial y más toxicidad. En la Cancillería, apuestan a que el proyecto que reúne al INTA, Stelagenomics, Bioceres y Romo permita dar un salto de competitividad en el agronegocio, mientras promocionan los acuerdos del gobierno nacional con el Consejo Agroindustrial Argentino.

WC