El democratismo covídico y su “todos somos mortales” -igualmente mortales, por encima de cualquier diferencia e incluso de cualquier administración del poder- llegó hace un año a la Argentina y ministerializó una peste que compitió por pocos días con el dengue y que ocultó el abandono público frente al VIH. 

 Todo es Covid y nada es pastilla. La vida embarbijada y las sesiones sugeridas de autosexualidad. Pantallas y encierro, vigilia hasta la vacuna y afiliados al club de amigues y cuñados piolas, primeros en la lista para la pichicata en confianza. Mientras tanto, como desde fines de 2015 -es decir, como desde meses antes del cambio de gestión presidencial CFK / Mauricio Macri con la hepatitis C- las denuncias de faltantes de medicación antirretroviral crecen y las áreas involucradas viven a los tumbos y en las tumbas, protagonistas de una crisis institucional que incluyó la degradación del Ministerio a Secretaría y una sucesión de despidos y renuncias. 

 El sida ya fue, ¿nocierto?, por eso la nula voluntad de incentivar el tratamiento de una nueva ley -el proyecto ya ni siquiera “duerme” en el Congreso: quedó enterrado en sus napas-. La Dirección Nacional de sida, enfermedades de transmisión sexual, hepatitis y tuberculosis tuvo al Doctor Sergio Maulen durante la gestión de Cambiemos. Renunció con el proyecto “salud como secretaría privada” en 2018 y en virtud de su profesionalismo, volvió con Ginés González García, pero renunció una vez más en octubre pasado. Tras meses de acefalía, en diciembre asumió Cecilia Santamaría, que finalmente abandonó su cargo hace días. En este marco, el Frente Nacional por la Salud de las personas con VIH -confluencia de 40 organizaciones de todo el país- consignó en un comunicado oficial los nombres de dos funcionarios que “juegan con la vida” de miles: el Subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, y el Director Nacional de Control de Enfermedades Transmisibles, Juan Manuel Castelli.

 “A lo largo del último año” expresan en una carta dirigida a la Ministra Carla Vizzotti, “estos funcionarios han actuado con total negligencia y ausencia de previsibilidad, obstaculizando sistemáticamente la efectivización de las compras de los medicamentos que necesitamos para seguir viviendo. Las personas con VIH no aceptamos que estos funcionarios sigan poniendo en peligro nuestras vidas”. La misiva, además, recuerda el episodio inmediatamente anterior de este desprecio sostenido: “Estos funcionarios han sido responsables también de haber excluido inicialmente a las personas con VIH de la población objetivo para recibir las vacunas de la Covid-19”. 

 De acuerdo al último boletín epidemiológico de diciembre de 2020 -investigación que recoge datos de años previos- 136 mil personas viven con VIH en la Argentina. El 17% desconoce su diagnóstico y a diferencia de cualquier otra infección o enfermedad, el 70% de los infectados (alrededor de 60 mil personas) se atiende en el sistema público. En general, ante otras situaciones vinculadas a la salud, la relación es inversa. Con el VIH, esa mayoría dependiente de “la cosa pública” obedece a la exclusión del trabajo formal y a las marcas indelebles -tan indelebles como la falta de campañas antidiscriminatorias y de prevención- que siguen adheridas a los cuerpos infectados desde los inicios mismos de la pandemia del sida.   

 Sobran denuncias sobre empresas que a la hora de los exámenes preocupacionales incluyen, sin explicitarlo, el test de VIH. Desde hace 10 años, el país descansa sobre una meseta de 5.000 casos nuevos notificados por año y un promedio de 1.400 muertes. Algunos bancos, cada tanto, se eximen de otorgar créditos si quien solicita vive con el virus y el lema “Indetectable es intransmisible”, que debería inundar la Panamericana y el ingreso a cada provincia -incluida la República Separatista de Formosa- apenas asoma en redes sociales particulares. 

El “cuartetazo” 2015 – 2019 arrojó una tripilicación de la tasa de sífilis. Horas antes de asumir, el 1º de diciembre de 2019, Día Mundial de Lucha contra el sida, Alberto Fernández tuitéo “El Estado va a volver a asumir su responsabilidad en la respuesta al VIH. Asegurar el tratamiento, expandir el testeo, ampliar la distribución de preservativos, financiar la investigación y garantizar la ESI”. El Frente Nacional por la Salud asegura que nunca se regularizaron los faltantes de medicación para las denominadas “enfermedades oportunistas” y hay personas que hace tres años que no se pueden hacer el test de carga viral y CD4, central para sus tratamientos. En la provincia de Buenos Aires la situación de faltantes es aún más grave que en otros territorios. En sede nacional, los expedientes no se mueven y entre el 80% y el 90% del presupuesto asignado va a parar a medicamentos que no circulan. Aislamiento obligatorio, nunca preventino. 

Ahora, Alejandro Costa –“enfermero a domicilio” de los Duhalde- fue ascendido a Subsecretario de Calidad, Regulación y Fiscalización y Castelli, a su vez, lo sucederá en Estatregias Sanitarias. Los resposables al poder. Antes, como Secretario de Salud del municipio de Almirante Brown, Costa no dudó en hacer convivir su cargo público con un puesto privado: desde 2018 y hasta fines de 2019 fue también Secretario de Salud de la Cruz Roja Argentina. 

Jorge Luis Giacosa, histórico integrante del Frente de Liberación Homosexual, recordaba hace poco cómo el sida logró sobreresponsabilizar a la población homosexual y frenar muchas de las desobturaciones que desde los 70 y pese a la dictadura militar, el activismo había conseguido. 

Grosso modo, los muertos siempre son los putos. 

Los cargos siempre son de los vivos.  

FT