El juez federal Pablo Cayssials declaró la nulidad de dos decisiones del gobierno de Mauricio Macri que habían impedido que avanzara una investigación interna sobre el caso Correo Argentino SA, según el fallo al que accedió elDiarioAR. El magistrado del fuero Contencioso Administrativo falló así a favor de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal general Sergio Rodríguez, que había demandado a Presidencia de la Nación y a la Procuración del Tesoro de la Nación en 2018, cuando la entonces vicepresidenta Gabriela Michetti y el procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, decidieron cerrar de forma definitiva un sumario administrativo sobre el caso, alegando inexistencia de irregularidades.

Como consecuencia del fallo, el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, debe decidir si apela la decisión judicial o la acepta -esta última postura sería la esperable-. Si acepta el fallo, Zannini quedaría a cargo de reabrir la investigación interna contra el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; si segundo, Juan Manuel Mocoroa; y aquellos exfuncionarios que considere que hayan tomado decisiones en el caso Correo. 

Para el gobierno de Alberto Fernández, este fallo también abre una puerta. Hasta el momento, Macri sólo ha sido procesado en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares del submarino Ara San Juan y el frente penal por Correo sigue abierto. La conclusión de los investigadores internos del Tesoro sobre cómo el gobierno de Macri actuó en el caso Correo deberá ser presentada ante el juez federal Ariel Lijo. El expresidente está imputado en la causa penal pero nunca fue citado. Aguad y Mocoroa fueron indagados pero  Lijo debe decidir su situación procesal.

“Son actos nulos”, dijo el juez Cayssials sobre las decisiones de Michetti y Saravia Frías, más de dos años después de aquellos actos. El magistrado analizó el expediente en donde quedó registrada la investigación interna y las decisiones de los involucrados y concluyó que “se le cercenó el derecho” de producir prueba al organismo que actuaba en el sumario como parte acusadora, es decir, a la PIA. Este había sido el principal argumento de la procuraduría en su demanda. Por ende, concluyó el juez, no se cumplió con la ley y la investigación se cerró sin analizar las pruebas sobre el presunto accionar irregular de los entonces funcionarios.

El caso

En junio de 2016, el gobierno de Macri y la empresa de su familia acordaron la quita del 98,87% de la deuda de la compañía con el Estado, que inicialmente, en 2001, equivalía a 300 millones de pesos/dólares. La fiscal general Gabriela Boquín se opuso a ese pre-acuerdo a finales de 2016 al considerarlo “abusivo” para las arcas estatales.

Como consecuencia, Macri, los funcionarios y ejecutivos que habían participado de la negociación fueron denunciados penalmente. La causa aún continúa abierta en el juzgado federal número 4, a cargo del juez Lijo. 

En paralelo a la causa penal, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) presentó una denuncia interna en la Administración Pública Nacional para determinar si los funcionarios que promovieron dicho pre-acuerdo con Correo habían cometido irregularidades y conflictos de intereses. El primer procurador del Tesoro de Cambiemos, Carlos Balbín, inició el sumario interno para investigar los hechos. 

Meses más tarde, Balbín ya no estaba en el cargo. En septiembre de 2017, su sucesor, Saravia Frías, recibió las conclusiones de la investigación interna y decidió cerrar el sumario, concluyendo que no se habían detectado irregularidades o conflictos de intereses en el accionar de los funcionarios que negociaron y acordaron la quita de la deuda con Correo.

La PIA se opuso y tras la ratificación del Tesoro en 2018, el fiscal Rodríguez solicitó a la Presidencia que reevaluara el cierre de la investigación. Como Macri se había excusado luego del escándalo por el caso de participar en cuestiones relacionadas con la empresa Correo, fue Michetti la encargada de evaluar el pedido de la PIA y tomar una decisión sobre el sumario. La entonces vicepresidenta volvió a ratificar que debía ser cerrado.

Antes de que finalizara el gobierno de Cambiemos, Saravia Frías presentó la versión de su organismo ante la Justicia, el 20 de noviembre de 2019. Pidió rechazar la demanda de la PIA y sostuvo que “el sumario respetó los principios rectores del régimen disciplinario y que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas ejerció plenamente todas sus competencias y facultades, participando en carácter de parte acusadora, colaborando con el instructor sumariante y presentando pruebas”.

ED

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción (OA), confirmó que le solicitó a los funcionarios a su cargo que “releven información” sobre los audios en los cuales la ex vicepresidenta Gabriela Michetti le pide a Laura Alonso, titular del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri, que interceda para desvincular de una investigación a Gabriel Pino, quien era un allegado de la entonces titular del Senado.

“Le solicité a los funcionarios que releven la información relativa a los hechos que estarían vinculados con esos audios de Michetti con Laura Alonso”, señaló Crous en declaraciones a El Destape Radio.

Croux consideró que las grabaciones aluden “a una actividad propia de la Oficina” que encabeza, y confirmó que ya tiene “alguna documentación en estudio”, mientras se analizan otras informaciones sobre los hechos aludidos en esos registros que ayer fueron difundidos por varios medios periodísticos.

“Laura, necesito que te juntes con un amigo mío, que está trabajando conmigo además es una persona de confianza. Lo conozco hace mucho. Es realmente una súper buena persona y lo embocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró”, sostiene Michetti en uno de los audios que trascendieron.

A fines de octubre de 2017, el diario Clarín consignó en una nota que la OA había denunciado a la Anses por haber desviado 118 millones de pesos entre 2010 y 2015 a publicidad, y en la información se detallaba que Pino, como gerente del organismo, había favorecido a una agencia de publicidad al efectuar licitaciones “de urgencia”.

En consecuencia, la OA encabezada por Alonso había iniciado una investigación del hecho en el que estaba involucrado Pino, que en ese momento era un agente de prensa vinculado a Michetti.

“La verdad es que no tiene una mierda que ver. Él -en definitiva, no- la denuncia. No quiere obviamente que lo empiecen a nombrar porque la verdad es que es una injusticia absoluta”, le remarca Michetti a Alonso.

Y en ese sentido, la exvicepresidenta insiste: “Así que, por favor te pido, que me avises a ver si lo podés ver mañana sábado un rato, en un cafecito, o el lunes, pero lo más rápido posible”.

Para Crous, lo difundido en esa grabación “es una situación anormal y las características de esa situación dependerá de lo que encontremos cuando tengamos toda la información completa”.

“Quiero ser muy cauteloso porque no quiero hacer consideraciones en abstracto y si bien se han difundido profusamente algunos audios, en mi caso particular me gustaría tener más información que además vincule inequívocamente esas situaciones que allí se aluden informaciones”, subrayó Crous.

No es primera vez que se conoce este tipo de manejos por parte de Michetti, ya que en 2020 le había comunicado al quien era el titular de la Unidad Especial de Investigación (UEI) AMIA, Mario Cimadevilla, su malestar por la forma en la cual se había indagado al exfiscal José Barbaccia por parte de la querella del Estado.

“Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que los… el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, le indicó Michetti al radical Cimadevilla.

El exsenador dejó la Unidad del Ministerio de Justicia, después del escándalo que significó que la querella del gobierno no acusara a los exfiscales Barbaccia y Eamon Mullen en el juicio por el encubrimiento del atentado a la mutual judía, ocurrido el 18 de julio de 1994.

LG con información de Télam

Desde hace dos años, la Justicia debe decidir sobre un tercer capítulo del caso Correo Argentino SA, la empresa de la familia del expresidente Mauricio Macri, que podría determinar si la exvicepresidenta Gabriela Michetti cerró de manera anticipada una investigación interna sobre el desempeño de miembros del gabinete de Cambiemos que acordaron una quita del 98,87% de la deuda de la empresa con el Estado Nacional. 

El fiscal general Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), instó el último 9 de marzo al juez Pablo Cayssials, quien subroga el juzgado Contencioso Administrativo Federal número 7, a que dicte sentencia en el caso. El magistrado debe determinar si se reabre la investigación administrativa disciplinaria contra los funcionarios de Macri que aceptaron en junio de 2016 la oferta efectuada por la firma de la familia del expresidente y “todos aquellos que puedan tener responsabilidad administrativa” en el caso, incluyendo al propio exmandatario. Así consta en el expediente, según confirmó una fuente judicial del caso a elDiarioAR.

Si bien los funcionarios de Macri ya no están en el Ejecutivo, una nueva investigación administrativa quedaría a cargo del actual gobierno y podría tener consecuencias para quienes intervinieron en el caso: si se determinan sanciones para los exfuncionarios quedarán registradas en sus legajos en la administración pública pero además el sumario tendría efectos penales, ya que el rol de los agentes estatales también es investigado por el juez federal Ariel Lijo.

La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional.

El expediente que tramita desde hace dos años en el fuero contencioso administrativo federal, donde se dirimen las demandas contra el Estado Nacional por las decisiones que toman sus funcionarios a nivel administrativo, es uno de los tres frentes judiciales en torno al caso Correo. En el fuero penal federal, el juez Ariel Lijo investiga si el expresidente, funcionarios del entonces Ministerio de Comunicaciones y ejecutivos de la empresa de los Macri cometieron delitos al acordar la quita de la deuda de Correo con el Estado, en junio de 2016.

En el fuero comercial, la jueza Marta Cirulli tramita el concurso de acreedores y el salvataje de la empresa de los Macri, que de no concretarse este 7 de abril, iría a la quiebra, como adelantó este medio. En la Justicia comercial también tramita un expediente satélite en el que debe determinarse si los administradores de la compañía vaciaron Correo, supuestamente desviando hacia otras compañías de los Macri fondos que debían destinarse al pago de las deudas, una acusación que viene sosteniendo la fiscal general Gabriela Boquin y que los ejecutivos de Correo siempre negaron.

Antecedentes de un decreto

Luego de que el caso Correo saliera a la luz, la PIA, como parte de sus funciones, ordenó en febrero de 2017 que se iniciara un sumario administrativo para determinar si los funcionarios que intervinieron o tenían intereses en el caso cometieron irregularidades, como la violación a la ley de Ética Pública y una inadecuada defensa de los intereses del Estado en la negociación con la empresa de la familia Macri. 

La investigación interna quedó a cargo de la Procuración del Tesoro. En octubre de 2017, el organismo entonces a cargo de Bernardo Saravia Frías dio por clausurado el sumario y declaró “la inexistencia de perjuicio fiscal y de irregularidad administrativa imputable a agente alguno”. Ante esa decisión, la PIA recurrió ante el Tesoro y luego ante Presidencia solicitando que se reabra el sumario y se continúe investigando a los funcionarios, ya que el fiscal Rodríguez resaltó que el sumario no había incluido las medidas de prueba necesarias para el objetivo.

Sin embargo, Michetti estableció en un decreto de octubre de 2018, que también lleva la firma del entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, que el sumario había sido instruido correctamente y que la prueba producida “respetó cabalmente el principio de congruencia”. 

Sobre el presunto perjuicio al Estado que hubiera significado la quita de la deuda a Correo acordada entre la empresa y los funcionarios ante la Justicia comercial en 2016, Michetti sostuvo que no puede reprochársele a los funcionarios ya que el hecho no se llegó a consumar.

La fiscal Boquin, del fuero comercial, se opuso al acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa en diciembre de 2016. “La conducta desplegada por los letrados no importó violación a la Ley ni al Código de Ética de la Función Pública, no se vio comprometido el erario público, ni se efectuó renuncia alguna a un interés patrimonial del Estado Nacional”, afirmó la entonces vicepresidenta en el decreto.

elDiarioAr intentó comunicarse con Michetti para ampliar su posición sobre el caso pero una vocera de la exfuncionaria explicó que se encuentra abocada a un tema familiar y que no se encuentra disponible. Michetti debió intervenir porque Macri se había excusado días antes de intervenir en cualquier cuestión relacionada con la firma Correo Argentino SA.

La demanda

En marzo de 2019, el fiscal Rodríguez presentó la demanda contra Presidencia, la Procuración del Tesoro y el Estado Nacional por la decisión de Michetti de cerrar la investigación interna. Pero tras dos años sin sentencia, el titular de la PIA instó al juez Cayssials a un “pronto pronunciamiento” ante la “injustificada dilación” en el expediente, debido al tiempo transcurrido desde el inicio de la demanda. La PIA busca que declare nulo el decreto de Michetti y todo lo actuado en el sumario administrativo y que se reabra la investigación interna en el Estado. 

La PIA sostuvo en su demanda de 2019 que no puede afirmarse por decreto que no hubo irregularidad alguna que investigar, cuando existe una causa penal, con exfuncionarios indagados por el caso, como el exministro de Comunicaciones, Oscar Aguad; y que la investigación interna realizada por el macrismo fue “parcial”, “cercenada de los hechos” y con “cierre apresurado”. Aguad niega los cargos en su contra al igual que el resto de los indagados: su subalterno, Juan Manuel Mocoroa; y los dos representantes de Correo Argentino SA que firmaron el acuerdo con el Ejecutivo.

ED