El Gobierno de Javier Milei dispuso a partir de este jueves, por medio del Decreto 56/2026 publicado en el Boletín Oficial, que toda la documentación oficial “de la administración pública nacional, centralizada y descentralizada, así como de los entes autárquicos dependientes de esta deberá llevar la leyenda ”Año de la Grandeza Argentina“ al considerar que las políticas ”adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente“.

Entre los fundamentos para justificar la medida, la administración Milei considera que el Gobierno Nacional, durante 2025, “profundizó la reconstrucción de los pilares de nuestra Nación, asegurando una mayor libertad para todos los argentinos” y que se dedicó “a paliar la situación en la que se encontraba nuestro país, impulsando reformas estructurales orientadas a la estabilización de la situación macroeconómica y a profundizar un proceso sostenido de desburocratización estatal, reducir cargas improductivas y asegurar que la actuación pública se oriente efectivamente al cumplimiento de sus finalidades esenciales”.

Asimismo, el decreto promete que la gestión libertaria realizará en 2026 “las acciones pertinentes tendientes a destacar y difundir las medidas y políticas que se lleven adelante para engrandecer al país”, al tiempo que invita “a los Gobiernos Provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente decreto”.

Todos los fundamentos del Gobierno para llamar al 2026 “Año de la Grandeza Argentina”

El Gobierno dispuso la disolución del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (COPREC), suprimiendo su registro de conciliadores y el fondo de financiamiento destinado a cubrir honorarios y notificaciones. La decisión se tomó este lunes 3 de febrero mediante el Decreto 55/2025 del Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la medida responde a la existencia de organismos con funciones similares y busca “desburocratizar y simplificar” los procedimientos administrativos. De acuerdo a la aclaración de la Secretaría de Comercio, el organismo “duplicaba funciones y tenía bajos niveles de eciencia: el año pasado sólo resolvió el 28% de los reclamos ingresados. Con esta decisión, los consumidores podrán resolver sus reclamos vía web de manera más rápida y eficaz. Además, el Estado ahorrará $650 millones anuales”, expresó el documento oficial.

Se aseguró que esta decisión no afecta los derechos de los consumidores, dado que continúan operativas otras instancias para la resolución de conflictos. El COPREC intervenía en reclamos individuales de consumidores y usuarios en el marco de la Ley N° 24.240, siempre que el monto en disputa no superara el equivalente a 55 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Las causas pendientes de resolución seguirán su curso en la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el ministro de Economía Luis Caputo y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, expone las razones detrás de la disolución del COPREC. Según el documento, la medida busca “alinear las políticas de regulación del mercado interno” y avanzar en la “desburocratización y simplificación de los procesos administrativos”, evitando la superposición de funciones entre organismos con objetivos similares en áreas geográficas concentradas.

Asimismo, se señala que, en la práctica, el COPREC operaba casi exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires, donde ya existen otras instancias con la misma finalidad. Además, se menciona que su funcionamiento generó, en muchos casos, un aumento en los costos para los proveedores, lo que repercutió en el precio final de bienes y servicios para los consumidores.

En este marco, el Gobierno subrayó que la eliminación del COPREC fortalecerá el rol de la “Ventanilla Única Federal” gestionada por la Secretaría de Industria y Comercio, permitiendo una mejor distribución y asignación de los reclamos presentados por los consumidores a través de dicha plataforma en todo el país.

Cuántos reclamos tuvieron resolución con Coprec

En cuanto al nivel de eciencia, según la Secretaría de Comercio, en 2024 se resolvieron de manera efectiva vía COPREC sólo el 28% de los 108.762 reclamos ingresados. El 18% se cerraron sin acuerdo entre consumidores y empresas (14%) o con acuerdos parciales (4%). En tanto, el 7% fueron rechazados por no cumplir las condiciones del reclamo, y el resto, el 47%, quedó pendiente de tramitación en el organismo para así concluir el proceso de disolución.

NB

El Gobierno nacional, a través de la Resolución 10/2025, implementó un nuevo ajuste que impacta directamente en el ámbito científico y universitario: como un intento de limitar convenios con organizaciones sociales, ordenó recortar investigaciones y programas científicos.

La intención es “pasar la motosierra” a aquellos proyectos que no estén “al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país”. Se eliminarán programas y convenios vinculados a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología que “deban rendiciones, que estén vencidos y no aporten al crecimiento del país”.

“Resulta imperioso que la evaluación de los programas se realice verificando su correlato con el Plan Estratégico definido para el 2024-2025, el cual tiene su eje en la redefinición y reorientación de las estructuras institucionales y sistemas de evaluación relacionados con la gestión del conocimiento y la promoción de la ciencia y la tecnología, con una política orientada a la generación de conocimiento y el desarrollo de tecnologías al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país, con asiento en las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”, explica la resolución.

“Que, en este sentido, corresponderá dar por finalizados aquellos programas cuyos objetos no encuentren asidero en el citado Plan Estratégico. Que las medidas que se adopten deberán realizarse procurando soluciones que reduzcan las contingencias presentes y futuras para el ESTADO NACIONAL y en definitiva de todos los argentinos, minimizando los riesgos y costos a su mínima expresión”, añade.

En este contexto, se aceptarán únicamente las que estén desarrolladas en un valor mayor al 30% de ejecución mientras que las restantes entrarán “en revisión” o se cerrarán.

El rechazo de científicos y universitarios

Algunos fundamentos del Gobierno para recortar las investigaciones científicas

La resolución

El decreto completo

MM

El Gobierno disolvió el fondo fiduciario que sustentaba el Programa Procrear y anunció también la implementación de hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo. La decisión había sido adelantada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y fue confirmada este miércoles a través de la publicación de la norma correspondiente en el Boletín Oficial.

De esta manera, el Decreto 1018/2024, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó el anuncio, oficializó la disolución del programa Procrear, creado en 2012 (bajo la gestión de Cristina Kirchner), que ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda.

El decreto destaca que “no puede ignorarse la dificultad de amplios sectores de la sociedad para acceder a una vivienda, una situación derivada, entre otras causas, de la alta inflación de las últimas décadas, que ha dificultado el acceso a créditos”. Asimismo, el texto de la norma sostiene que “la financiación para la construcción de viviendas es una función propia y fundamental de los bancos comerciales, tanto privados como públicos, y, por lo tanto, no se justifica la intervención estatal en esta área”.

Es importante recordar que en un decreto anterior, el 1017/2024, publicado en el Boletín Oficial, se estableció en la misma línea, la implementación de “hipotecas divisibles sobre inmuebles destinados a proyectos inmobiliarios, permitiendo su futura división y adhesión al régimen de propiedad horizontal, conjuntos inmobiliarios o la subdivisión de parcelas de dominio común”. Esta medida está orientada a proyectos inmobiliarios en desarrollo, con el objetivo de facilitar el acceso a la vivienda, incentivar la inversión privada y contribuir a la reactivación económica, según informaron.

Retomando el decreto sobre la disolución del Procrear, se afirma que el programa “se ha transformado en una carga significativa para las finanzas públicas” debido a problemas en su supervisión y control, además de generar “gastos innecesarios para el tesoro público”. En este sentido, se señala que “no ha sido transparente, ágil ni eficiente en la atención al bien común”.

Qué dice el decreto sobre la disolución del programa Procrear y qué pasará con los créditos vigentes

En el contexto de la nueva estructura del Estado y, particularmente, de la Administración Pública, se menciona en los considerandos que el artículo 1° del Decreto 215/24 “designó al Ministerio de Economía como fiduciante en representación del Estado Nacional en todos los fondos fiduciarios conformados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en esa función la dirección y administración de dichos fondos fiduciarios”.

A partir de esta disposición, el Ministerio de Economía, con apoyo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), “llevaría a cabo una auditoría integral de los fondos fiduciarios que contienen total o parcialmente bienes y/o fondos estatales”, según lo indicado en el decreto.

En cumplimiento de estas disposiciones, la SIGEN “elaboró un informe en el que formuló varias observaciones sobre el funcionamiento del fondo fiduciario público Pro.Cre.Ar, señalando, entre otros puntos, la demora en la entrega de viviendas y locales, lo cual ha generado costos adicionales en mantenimiento, seguridad y expensas, que se podrían haber evitado si los proyectos urbanísticos se hubieran entregado en el plazo previsto; incumplimientos del convenio por parte de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN); múltiples quejas por condiciones inadecuadas de habitabilidad en las unidades entregadas; y la falta de actualización de los manuales de procedimientos”.

El documento también indica que “la gestión de dicho fondo fiduciario público no ha sido transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común, lo que justifica su disolución y liquidación conforme a la delegación prevista en el inciso a) del artículo 2° de la Ley N° 27.742”.

El decreto añade que “no se puede obviar el impacto positivo de la no intervención del Estado en esta actividad, que es esencialmente privada, tanto para la ciudadanía en general como para el sector en particular”, y concluye que, “dadas las reformas estructurales, no se justifica que el Estado continúe interviniendo en la financiación para la construcción de viviendas”.

Finalmente, se establece que, “a partir de las reformas implementadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) desde diciembre de 2023, con la eliminación de los pasivos remunerados y los avances en la reducción de la inflación, se proyecta un aumento en la concesión de créditos hipotecarios por parte de los bancos, facilitando así el acceso a la vivienda”.

El presidente Javier Milei oficializó hoy en el Boletín Oficial de este viernes, al vicecanciller de Diana Mondino. Si bien ya se sabía que Eduardo Bustamante iba a ocupar el cargo que dejaba, tras su renuncia, Leopoldo Sahores, faltaba la firma del decreto presidencial para que entrara en funciones. Hasta hace una semana se desempeñaba como Cónsul General en Montevideo, Uruguay.

La ministra de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto había aceptado la renuncia de Sahores, pero desde Cancillería nunca dieron a conocer lo motivos por los que dejaba el cargo y solo emitieron un comunicado mediante el cual agradecían al exsecretario por su desempeño en la Secretaría de Relaciones Exteriores. “La canciller Mondino agradece y valora especialmente la labor realizada por el embajador Leopoldo Sahores, así como la dedicación, profesionalismo y compromiso con los que desempeñó sus responsabilidades en esta etapa de la gestión”, indicaba el comunicado oficial de Cancillería.

Y agregaba, respecto de Eduardo Bustamante, que “al mismo tiempo, se complace en designar como secretario de Relaciones Exteriores a una persona de sólida trayectoria profesional como diplomático y con experiencia en temas relevantes para asumir un rol que conlleva alta responsabilidad”.

La salida de Leopoldo Sahores se dio en medio de una doble crisis que se vive en Cancillería. Por un lado, la línea dura de los libertarios, lideradas por Karina Milei y Santiago Caputo, reclamaban un enfoque del ministerio más alineado a la postura de Javier Milei en materia de política exterior.

De hecho, días después, en una extensa carta que Javier Milei les envió a los diplomáticos que representan a la Argentina en el exterior, pertenecientes a Cancillería, les prohibió suscribir a las políticas impulsadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que atenten contra el “derecho a la vida, la libertad y la propiedad”, como la Agenda 2030, y quienes lo hagan “deberán dar un paso al costado”.

Quién es Eduardo Bustamante

Bustamante es un funcionario del Servicio Exterior de la Nación “con una destacada trayectoria diplomática”, informó la cartera que dirige Mondino. Es abogado y licenciado en ciencia política y ha realizado estudios de posgrado en seguridad internacional. 

Se ha desempeñado en las embajadas argentinas en Angola y en Pakistán y su experiencia profesional también incluye la coordinación de asuntos fronterizos y de negociaciones internacionales en temas críticos como terrorismo y crimen organizado transnacional.

Este funcionario es de la línea del PRO más cercana a Mauricio Macri.

En tanto, Mondino agradeció y valoró “especialmente la labor realizada por el embajador Leopoldo Sahores, así como la dedicación, profesionalismo y compromiso con los que desempeñó sus responsabilidades en esta etapa de la gestión”, se indicó.

Al mismo tiempo, aludió a Bustamante como “una persona de sólida trayectoria profesional como diplomático y con experiencia en temas relevantes para asumir un rol que conlleva alta responsabilidad”.

El presidente Javier Milei promulgó hoy la Ley N° 27.781 que introduce modificaciones en el Código Electoral Nacional y establece el uso de la Boleta Única de Papel como sistema de votación para todos los procesos electorales a nivel nacional.

La norma, sancionada por el Congreso en octubre, modifica diversos artículos de la Ley N° 19.945, contemplando aspectos clave como el registro y oficialización de candidatos, el diseño y contenido de la Boleta Única y las reglas para su implementación y uso en elecciones primarias, generales y del Parlamento del Mercosur.

La Boleta Única de Papel estará organizada en franjas horizontales que distinguirán las categorías de cargos electivos y en columnas verticales para las distintas agrupaciones políticas, con los nombres, símbolos y fotografías de los candidatos. Entre otras innovaciones, la boleta no incluirá la opción de votar por lista completa, fomentando la selección individual de cada categoría de candidatos.

La promulgación de esta ley fue realizada mediante el Decreto 915/2024 y será girada para su publicación en el Boletín Oficial.

Con esta medida, el Poder Ejecutivo busca modernizar el sistema electoral argentino y promover la transparencia en los comicios nacionales.

NB con información de NA.

El Ministerio de Economía anunció hoy una modificación del Impuesto PAIS para la compra de dólares destinados a giros de utilidades y dividendos, así como a la repatriación de inversiones generadas por no residentes.

El decreto 385/2024 del Boletín Oficial incorpora nuevas operaciones al “Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS)” y desde hoy alcanza a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la distribución de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones generadas por no residentes en el país desde el 1 de septiembre de 2019.

Además, la alícuota del impuesto se reduce al 17,5%, lo que supone una ventaja para los agentes económicos involucrados en estas operaciones.

Otro aspecto relevante de la modificación es la inclusión de las suscripciones en pesos de “Bonos para la Reconstrucción de una Argentina Libre” (BOPREAL), emitidos por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), dentro del alcance del impuesto PAIS.

Estas suscripciones estarán sujetas al impuesto en los casos de pago de utilidades y dividendos, así como para la repatriación de inversiones de no residentes.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Impuesto PAIS: cuáles son los últimos cambios

NB

El Gobierno oficializó el aumento del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias y desde este mes, pagarán ese tributo quienes perciban remuneraciones superiores a los $700.875.

Además, formalizó la decisión de aumentar en un 35% las escalas de ese impuesto, con retroactividad a enero de este año.

Ambas medidas forman parte de dos decretos que fueron publicados este viernes en el Boletín Oficial.

En uno de ellos, el Poder Ejecutivo determinó que cuando el haber bruto supere los $ 700.875 mensuales, pero no exceda de $808.341 mensuales, la AFIP será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente. 

“En esta instancia resulta necesario, nuevamente, anticipar de forma parcial, y hasta su completa aplicación, la actualización anual dispuesta por la ley del gravamen, en orden a evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados de la medida introducida por la Ley N° 27.617 y de la correspondiente política salarial”, de acuerdo con el texto oficial.

El otro decreto también encomendó a la AFIP incrementar en un 35% los importes de la escala progresiva de Ganancias, de aplicación para el período fiscal 2023.

El incremento de las escalas es retroactivo a enero de 2023 y lo retenido de más de enero a julio se devuelve al empleado en dos cuotas mensuales, con los salarios de agosto y septiembre de 2023.

En este caso, el Gobierno puntualizó: “la suma que resulte de comparar el importe efectivamente retenido hasta la fecha de entrada en vigencia de este decreto con el que hubiera correspondido retener considerando la reducción, se restituirá de acuerdo con las modalidades y plazos que establezca la AFIP”.

Hasta el mes pasado, no pagaban Ganancias las remuneraciones brutas mensuales que no superaran los $506.230 inclusive, de modo que un total de 1.015.000 millón de trabajadores tenían ingresos superiores a ese piso.

Ahora, según estimaciones oficiales, con el nuevo piso de Ganancias, dejarán de tributar unos 300.000 trabajadores, mientras que otros 715.000 tendrán una reducción por el aumento retroactivo de las escalas.

NB con información de NA.

El Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias del Congreso, en cuyo temario estará incluido el pedido de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, anunció hoy la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti. La funcionaria indicó que por la noche se publicará la convocatoria, que tendrá 27 temas, en el Boletín Oficial. El Gobierno decidió incluir en el temario de la convocatoria un proyecto para ampliar el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia.

Cerruti aseguró que el temario de proyectos de ley para el período de sesiones extraordinarias en el Congreso “es lo suficientemente importante y extenso” y pidió que la oposición “entienda que en el libre juego democrático y de las instituciones hay que sentarse a debatir y no extorsionar a la sociedad tratando solo los temas que a ellos les interesa”.

“Esperamos que la oposición no sea irresponsable, como lo ha venido siendo este tiempo, pero siempre hay tiempo para debatir y sentarse en el lugar de diálogo democrático que es el Congreso de la Nación. Tenemos un extenso temario de 27 puntos donde hay temas importantísimos para los argentinos, que tienen que ver con el desarrollo productivo, temas judiciales, temas que la misma Corte (Suprema) ha pedido que se lleve adelante”, señaló.

La portavoz presidencial afirmó que “es necesaria una reforma judicial” porque “la Justicia en Argentina socava el Estado de derecho”. “Por ejemplo, la reunión de Lago Escondido demuestra que la justicia en Argentina actúa en contra del Estado de derecho cuando un grupo de jueces se reúne con un empresario periodístico, con funcionarios, para organizar fallos judiciales y después arman un intento de encubrimiento”, indicó Cerruti.

En otro tramo confirmó que se enviarán al Congreso los proyectos para cambiar el sistema estadístico nacional y el nuevo régimen de exteriorización del ahorro argentino, que impulsa el ministro de Economía, Sergio Massa.

DA

El Ministerio de Salud, a través de la resolución 3622/2022 publicada este lunes en el Boletín Oficial, dispuso que ya no serán válidas las fotos de las recetas médicas de papel enviadas por correo electrónico o por WhatsApp para la compra de un medicamento o la solicitud de un tratamiento.

A partir de este lunes, solo podrán presentarse recetas digitales con la firma electrónica certificada.

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, señaló que se busca regular la prescripción de medicamentos, ya que la pandemia habilitó excepciones, como los canales digitales para presentar órdenes médicas con el fin de que los pacientes con patologías psiquiátricas, crónicas o agudas no tuvieran que trasladarse a las farmacias por los confinamientos.

Cuando un profesional de la salud firma la receta de manera digital “tiene registrada la firma y tiene la competencia para emitir una receta y una prescripción”, explicó la funcionaria. El procedimiento anterior mediante el cual un paciente podía enviar una foto de la receta incumplía la Ley de Farmacia y la Ley de Ejercicio Profesional.

A partir de hoy, los pacientes ya no podrían presentar o enviar a la farmacia una foto de la receta en papel, por mail o una prescripción por WhatsApp, ya que se trata de imágenes que “no tienen validada la firma ni la matrícula del profesional que la hace, eso se habilitó sólo por tiempo de pandemia. Sí por supuesto, sigue validada la receta digital, de hecho hay una Ley de receta electrónica, que aún no está reglamentada por una serie de complejidades”, agregó Tarragona.

Por último, la jefa de Gabinete de la cartera que dirige Carla Vizzotti, remarcó que “Pami sí tiene receta digital porque valida la competencia del profesional que firma y valida la firma”.

Qué dice la Ley de recetas electrónicas o digitales

La Ley Nacional 27.553, sancionada en agosto del 2020, señala que la prescripción de medicamentos puede realizarse en recetas electrónicas o digitales y pueden estar con firmas manuscritas, electrónicas o digitales en todo el territorio nacional.

Esta normativa se aplica a las recetas o prescripciones médicas, odontológicas o de otros profesionales facultados a prescribir recetas en los ámbitos de asistencia sanitaria y de atención farmacéutica.

De acuerdo a la Ley, cualquier farmacia o servicios de farmacia de los establecimientos de salud deben suministrar los medicamentos prescriptos en recetas electrónicas o digitales sin objeción.

Esta Ley de recetas electrónicas o digitales ya lleva dos años y cuatro meses tras su sanción, pero aún no fue reglamentada. Por lo tanto, falta definir cómo será la instrumentación para adecuar los sistemas electrónicos existentes para usar recetas digitales y plataformas de teleasistencia en salud.

Las recetas deben contener la siguiente información en el idioma nacional: nombre, apellido, profesión, número de matrícula, domicilio, número telefónico y correo electrónico cuando corresponda. Solo pueden anunciarse cargos técnicos o títulos registrados en la autoridad de aplicación competente y en las condiciones que se reglamenten.

LC

El Gobierno oficializó este viernes la suba del monto a partir del cual los trabajadores en relación de dependencia comienzan a pagar el impuesto a las Ganancias. Así, desde el 1° de noviembre quedó fijado en $330.000 brutos por mes, un alza de 17,5% contra el piso previo.

El nuevo piso de Ganancias se formalizó a través del decreto 714, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Sergio Massa, y del jefe de Gabinete, Juan Manzur.

En el decreto se remarcó que la actualización del monto desde que el cual se paga Ganancias comienza a regir “para las remuneraciones o haberes brutos mensuales devengados a partir del 1° de noviembre de 2022, inclusive”. Es decir, que el impacto en el bolsillo se sentirá con los sueldos que se cobren entre fines del mes próximo o a principios de diciembre.

Ganancias: qué pasa con el aguinaldo

Además, con el cambio, quedará exento de Ganancias el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que se cobra en diciembre, para aquellos sueldos de hasta $330.000 brutos.

El artículo 2 del decreto especifica también que para los trabajadores con remuneración o haber bruto supere los $330.000 mensuales, pero no exceda los $431.988, inclusive, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) será la encargada de “establecer el monto deducible adicional pertinente”.

Ganancias: de cuánto es el nuevo piso en noviembre

El nuevo piso para el pago del Impuesto a las Ganancias pasará de los $280.792 actuales a $300.000 desde el 1° de noviembre 2022.

Ganancias: calculadora

Desde noviembre no corresponderá retención alguna del Impuesto a las Ganancias cuando la remuneración bruta mensual que se liquide no supere los $300.000.

Ganancias: quiénes dejarán de pagar el Impuesto

La suba del piso mínimo del Impuesto de las Ganancias beneficiará a 380.000 trabajadores y trabajadoras.

NB

El Gobierno oficializó este viernes que las entidades y jurisdicciones del sector público “no podrán efectuar designaciones ni contrataciones de personal de cualquier naturaleza”, prohibición que comprende a distintas modalidades de designación y contratación aunque con una serie de excepciones focalizadas en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el cuerpo diplomático, guardaparques y el Sistema Nacional de Manejo del Fuego, como también profesionales de hospitales, personal penitenciario, de fuerzas armadas y de seguridad.

Al enumerar las contrataciones que quedan congeladas, el decreto menciona “las designaciones a término en planta transitoria” según el artículo 30 del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional; “las contrataciones previstas en el artículo 9° de la ley 25.164” (contrataciones por tiempo determinado para prestar servicios de carácter transitorio o estacional); como también “las contrataciones por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial y trabajo eventual”.

Otras modalidades de empleo que quedan restringidas son “las contrataciones para la prestación de servicios profesionales autónomos” para las que están facultados el jefe de Gabinete, ministros, secretarios de Estado y titulares de entidades descentralizadas y fondos nacionales; al igual que “las designaciones transitorias en cargos simples de planta permanente” y “las contrataciones de personal con o sin relación de dependencia” incluso bajo estatutos especiales o fuentes de financiamiento no presupuestarias.

El decreto 426/2022, publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y la ministra de Economía Silvina Batakis, establece en sus consideraciones que “resulta adecuado adoptar diversas medidas con miras a garantizar un ejercicio eficiente y responsable del presupuesto nacional, en lo que hace a la contratación de personal”.

En ese tramo de la norma se especifica que las limitaciones que se fijan en el decreto “refieren a los regímenes de contratación” del personal que “presta servicios en el ámbito del Sector Público Nacional previstos en los incisos 'a' y 'c' del artículo 8° de la ley 24.156 de Administración Financiera”, lo que según dicha norma abarca, por un lado, a la Administración Central y los organismos descentralizados del Estado Nacional, incluyendo a las instituciones de la Seguridad Social.

Pero además, de acuerdo al inciso 'c' del artículo 8° de la ley 24.156, el alcance de la prohibición para designar y contratar personal nuevo incluye a los entes públicos con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio en los que el Estado nacional tenga el control mayoritario del patrimonio o de la formación de las decisiones, al igual que las entidades públicas no estatales donde el Estado nacional tenga el control de las decisiones.

El decreto 426/2022 prevé por otro lado la continuidad del Plan de Regularización del Empleo Público acordado con los gremios del sector en la paritaria de 2020, por resultar “indispensable para el efectivo desenvolvimiento de la Administración Pública”, y reconoce que esa iniciativa formó parte del decreto 668/2020, de agosto de ese año, en el que se homologó el acta acuerdo del Convenio Colectivo de Trabajo para la Administración Pública Nacional suscripta el 29 de mayo de 2020.

DL con información de Télam.

El Gobierno reglamentó este viernes la Ley 27.590 “Mica Ortega”, sancionada en noviembre de 2020, que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes.

Lo hizo a través del Decreto 407/2022 publicado en el Boletín Oficial, que contempla sensibilizar y generar conciencia en la población sobre el ciberacoso, a través del uso responsable de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y de la capacitación de la comunidad.

El nombre de la normativa es en homenaje a Micaela Ortega, la niña de 12 años que desapareció el 23 de abril de 2016 tras encontrarse con Jonathan Luna (28 años), quien utilizaba cuatro cuentas falsas en Facebook, a través de las cuales simulaba ser una menor de edad, y que luego de entrar en confianza con Micaela la asesinó.

En la reglamentación de la normativa, se decretó la creación del Observatorio del Programa Nacional de Prevención y Concientización del Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.

El Ministerio de Desarrollo Social presidirá el Observatorio, que también será integrado por representantes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), y los ministerios de Educación y de Justicia y Derechos Humanos.

También lo integrarán la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de ministros, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organizaciones no gubernamentales, universidades nacionales, expertos independientes y periodistas especializados.

Sus objetivos serán señalar cuando no se cumpla la ley y elaborar un informe anual sobre la implementación del Programa y el cumplimiento de la norma.

Además, impulsará capacitaciones para el uso responsable de las TICs y relevamientos sobre su utilización en los entornos digitales de niños, niñas y adolescentes, así como identificar modalidades de vulneración de derechos en estos espacios.

Por otra parte, la reglamentación de la norma creó la Unidad de Coordinación Administrativa Interministerial, en el ámbito de la Senaf, cuyos principales objetivos serán “abordar de forma integral las acciones necesarias para la plena implementación” de la ley y monitorear su cumplimiento.

También dispuso la creación de un Comité Asesor sobre el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que elaborará recomendaciones y propondrá articulaciones entre organismos estatales y no estatales con el objetivo de colaborar en el cumplimiento de la norma. La autoridad de aplicación de la normativa será la Senaf y el Ministerio de Desarrollo Social.

DL con información de Télam.

El Poder Ejecutivo publicó hoy en el Boletín Oficial la reglamentación de la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, con lo que oficializó la puesta en marcha de esta norma que tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación fue aprobada mediante el decreto 151/2022 que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y los ministros Carla Vizzotti (Salud) y Julián Domínguez (Agricultura, Ganadería y Pesca).

La ley 27.642, sancionada el 26 de octubre de 2021, tiene como meta que la población cuente con información sobre los productos que consume a través de un sistema de etiquetado que advierta cuando un producto tenga “exceso en azúcares”, “exceso en sodio”, “exceso en grasas saturadas”, “exceso en grasas totales”, y/o “exceso en calorías”, según valores propuestos por la OPS, y otro tipo de advertencias como la presencia de edulcorantes o cafeína.

También establece que este tipo de productos no pueden tener publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- ni ser vendidos en entornos escolares, entre otros puntos.

En los considerandos del decreto que aprueba la reglamentación se remarca que “la alimentación saludable es aquella que basada en criterios de equilibrio y variedad, y de acuerdo a las pautas culturales de la población, aporta una cantidad suficiente de nutrientes esenciales y limitada en aquellos nutrientes cuya ingesta en exceso es factor de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles”.

También advierte que “la prevención de la malnutrición implica, entre otras medidas, la advertencia sobre los excesos de nutrientes críticos como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías en alimentos envasados y bebidas analcohólicas, a partir de información clara, oportuna y veraz que resguarde los derechos de las consumidoras y los consumidores”.

Asimismo, en el decreto se argumenta que el uso del etiquetado frontal con sistema gráfico de advertencias octogonal negro en los productos envasados “resulta ser el más visible, comprensible, claro y eficaz para identificar nutrientes críticos en exceso, transmitir una mayor percepción de riesgo para la salud y un mejor desempeño para disminuir la intención, tanto de consumo como de compra en el territorio argentino”.

NB con información de agencias.

En una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 12,11% en jubilaciones y asignaciones familiares.

Este aumento se dará a partir del próximo martes 7 de diciembre, siguiendo con lo establecido por el calendario de cobros.

Los rangos y montos de asignaciones familiares para trabajadores en relación de dependencia registrados y titulares de la Ley de Riesgos de Trabajo están disponibles en los anexos de la resolución publicada en el Boletín Oficial. La misma establece que la asignación por nacimiento será de $6.619, por adopción de $39.589 y por matrimonio de $9.912; para ingresos de grupos familiares (IGF) hasta $ 210.278 en los tres casos.

Por otro lado, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) ANSES se elevará en diciembre 2021 a $23.249,37 y la Prestación Básica Universal (PBU) a $13.294.

También determina que tanto para prenatal como para hijo, la asignación será de $5.677 para ingresos familiares hasta $87.955; de $3.829 para ingresos entre $87.955,01 y $128.997; de $2.314 para IGF entre $128.997,01 y $148.932; y de $1.192 para ingresos de entre $148.932,01 y $210.278.

En el caso de personas con hijos con discapacidad, la asignación será de $18.494 para IGF hasta $87.955; de $13.081 para ingresos entre $87.955,01 y $ 128.997; y de $ 8.256 para ingresos más altos, dependiendo el nivel de monotributo que se tenga.

La ayuda escolar anual será de $4.758 por hijo para IGF hasta $210.278.

Todo esto depende de la categoría de monotributo según ingresos, así como de la zona geográfica en que se encuentre el beneficiario del monto otorgado por el ANSES. Con esa decisión, también se incrementaron otros seguros sociales contemplados dentro de la Ley de Movilidad de Seguridad Social.

MGF

El Gobierno promulgó la Ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como ley de etiquetado frontal, que tiene como objetivo advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos, se informó hoy oficialmente.

La promulgación de la ley, aprobada por la Cámara de Diputados el 26 de octubre pasado, se efectivizó mediante el decreto 782/2021 publicado hoy en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

A partir de este trámite, el Poder Ejecutivo tiene 90 días para reglamentar la ley y dictar las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.

La ley de etiquetado frontal apunta a advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasas, sodios y azúcares y, de esa forma, ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

Establece la incorporación en el frente de los envases de los productos ultraprocesados una etiqueta con forma de octógono negro y letras blancas que advierta el exceso de nutrientes críticos para la salud, como azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías.

Además, determina que los productos que contengan entre sus ingredientes edulcorantes o cafeína tendrán que informar que su consumo no se recomienda en niñas y niños.

Por otra parte, la ley establece la prohibición de emitir publicidad comercial -dirigida a niños, niñas y adolescentes- de productos con sellos de advertencia y determinar que los productos que tengan más de un sello de advertencia no podrán incluir dibujos animados, personajes, figuras públicas, regalos ni elementos que llamen la atención de niños, niñas y adolescentes.

La norma también determina que, ante iguales condiciones, el Estado deberá priorizar la compra de alimentos sin estos sellos de advertencia.

La ley fue respaldada por una amplia cantidad de organizaciones de la sociedad civil que venían reclamando reclamando la sanción de una norma que promoviera una alimentación saludable, de forma similar a como existen en otras naciones.

NB con información de agencia Télam.

El Gobierno fijó este miércoles un incremento del 8% no acumulativo sobre los salarios mínimos en las remuneraciones horarias y mensuales mínimas para el personal comprendido en el régimen establecido por el contrato de trabajo para el Personal de Casas Particulares, que regirá a partir del 1 de noviembre.

La medida fue adoptada por resolución 4, publicada en el Boletín Oficial.

Dispone que el incremento se hará efectivo en dos cuotas distribuidas de la siguiente manera: un 6%, no acumulativo, a partir del 1° de noviembre de 2021; y adicional un 2%, no acumulativo, a partir de 1° de diciembre del año 2021.

Asimismo, señala que se mantiene el aumento del 12%, no acumulativo, establecido en la resolución CNTCP N° 2/21, con cláusula de revisión a marzo de 2022.

También resuelve que el plazo de vigencia del acuerdo alcanzado se extiende desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de mayo del 2022.

Con información de agencia Télam.

AB

El Gobierno nacional oficializó este martes la medida que busca convertir los planes sociales en empleo genuino y registrado en el sector privado, transformando las prestaciones o los trabajos precarizados en “incentivos para la contratación” bajo la forma de “empleo asalariado registrado en el sector privado”.

Así lo dispuso a través del decreto 711/2021, publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

El Decreto permitirá considerar “parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.

Uno de los objetivos principales del Gobierno nacional es que los distintos programas de empleo, inclusión laboral y desarrollo socio-productivos destinados a personas desempleadas o con trabajos precarizados “se transformen en mecanismos que incentiven la incorporación de estos trabajadores al empleo asalariado registrado o a otros modos de desarrollo de actividad productiva ajustados a las formalidades tanto registrales como tributarias”, indica el escrito en sus considerandos.

Para cumplir este objetivo se requerirán modificaciones en el Programa de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo local “Potenciar Trabajo” y del Programa de Inserción Laboral creado por el Ministerio de Trabajo.

El Decreto, de ocho artículos, dispone a los Ministerios de Desarrollo Social y de Trabajo a realizar modificaciones en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, “con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

Los detalles del decreto

En su artículo 1, la norma dispone que las carteras de Desarrollo Social y Trabajo “efectuarán las modificaciones necesarias en sus programas de formación, empleo e intermediación laboral, con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado”.

Según se especifica, la aplicación del programa estará sujeta al cumplimiento de uno o ambos de los siguientes requisitos: “Incremento neto de la nómina del personal de la empleadora o del empleador que adhiera, de acuerdo al modo de medición que se establezca en cada sector y límites máximos de trabajadoras y trabajadores alcanzadas y alcanzados”.

En el artículo 2, se indica que “la prestación se considerará parte integrante del salario respectivo en forma total o parcial, en la forma, plazo y condiciones que se determinen para cada sector de actividad”.

Se establece asimismo que “en casos particulares, en función de los montos efectivos de salario y plazos de contratación vigentes, podrá establecerse la compatibilidad entre la prestación y la remuneración abonada”.

“El valor de dicha prestación y su duración, las modalidades y plazos de contratación y el número máximo de trabajadoras y de trabajadores que puedan ser incorporadas e incorporados bajo estos programas serán fijados en forma conjunta por ambos Ministerios”, dice además.

En los casos de pluriempleo, se establece que “deberán fijarse las reglas de distribución del incentivo entre los distintos empleadores y las distintas empleadoras”.

En el artículo 3 del decreto, se afirma que los ministerios de Desarrollo Social y Trabajo deberán elaborar un “cronograma para que, en función de las posibilidades y los requerimientos que se determinen respecto de los distintos sectores económicos, todo beneficiario y toda beneficiaria de una prestación asistencial se incorpore a una trayectoria formativa ocupacional, tanto a través de cursos específicos como de prácticas calificantes en ambientes de trabajo”.

En estos casos, el beneficiario mantendrá “el derecho al cobro de la prestación asistencial durante la vigencia del período de instrucción o se aplicará lo previsto en el artículo anterior cuando la práctica implique la incorporación a la planta de personal del empleador y/o de la empleadora”.

Se especifica luego que “producida la discontinuidad del contrato de trabajo, las personas beneficiarias tendrán la posibilidad de volver a percibir la asistencia que establece el Programa, si el número de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social no supera los 12 meses, dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral”.

En el caso de que el período de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social se encuentre entre los 8 y los 12 meses dentro de los 2 años anteriores al cese del contrato laboral, los trabajadores podrán optar entre la posibilidad de reingresar al programa de origen o acceder a la prestación por desempleo.

El anticipo de la medida

El Presidente había anticipado la medida el viernes pasado en el 57° Coloquio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en el Centro Costa Salguero de la Ciudad de Buenos Aires, donde dijo que “si algo caracterizó al espacio político que hoy gobierna Argentina es la promoción de la inversión empresaria y la creación de empleo”.

“Con ese mismo espíritu actuamos hoy, y por eso estamos disponiendo a través de un decreto marco un sistema que posibilite que los que hoy son beneficiarios de planes puedan ser empleados en la actividad privada sin perder ese derecho”, enfatizó aquella vez, porque se necesita “impulsar el empleo registrado”.

“Cambiar planes por empleo de debe ser nuestro primer objetivo. De ese modo estaremos combatiendo frontalmente a la pobreza que hoy ha sumido a millones de familias argentinas”, remarcó el mandatario en esa oportunidad.

Reseñó que tres actividades económicas ya han avanzado en cumplir ese objetivo: “Primero fue en la ruralidad donde impulsamos que quienes tienen planes se conviertan en trabajadores rurales tan importantes a la hora de cosechar. Después avanzamos en la misma senda en la construcción. Y dimos otro paso en el mismo sentido con la actividad gastronómica y hotelera”, resumió Fernández.

Con información de agencia Télam.

AB

El Gobierno nacional creó el Programa “Más Cultura Joven”, destinado a una franja etaria comprendida entre los 18 y los 24 años, con el objetivo “permanente de reducir la brecha económica existente en el acceso a los bienes y servicios culturales” y que consiste en el otorgamiento de $5.000 a cada beneficiario.

El programa está dirigido a beneficiarios de todos los niveles del Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) que funciona en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación y a titulares de la Asignación Universal por Hijo/a (AUH), bajo cualquiera de sus modalidades admitidas.

Asimismo, se incluye a titulares de la Asignación Universal por Embarazo, y a beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez, siempre que posean entre 18 y 24 años de edad.

También se podrán inscribir aquellas personas que se encuentren fuera de la referida franja etaria y sean beneficiarios en alguna de las modalidades excepcionales del Progresar o tengan hijos menores a cargo en hogares monoparentales, personas trans, pueblos originarios, personas con discapacidad, personas refugiadas, entre otras condiciones), las que podrán participar en idénticos términos y condiciones.

La medida fue adoptada por resolución 1499/2021 del ministro de Cultura, Tristán Bauer, publicada hoy en el Boletín Oficial.

El programa otorga un monto de $5.000 a cada beneficiario/a, que podrá ser utilizado entre el 1° de noviembre de 2021 y el 30 de abril de 2022 en consumo de bienes y/o servicios culturales.

A tal efecto, se resolvió que a través del Banco de la Nación se emitirán tarjetas de carácter prepago con acreditación del monto antes referido, que podrán ser operadas de manera virtual por los beneficiarios/as a través de la aplicación virtual BNA+, o de manera física, a través del plástico emitido. En este caso, se aclara que las tarjetas estarán provistas de todas las medidas de seguridad, calidad e inviolabilidad, inherentes a su utilización, adecuándose a las normas del Banco Central.

Los beneficiarios podrán utilizar el crédito en salas de cine, teatros, espectáculos musicales, ferias y festivales, accesos y/o tickets en línea para museos, espacios, centros y/o circuitos o corredores culturales, librerías, disquerías, galerías y espacios asociados a las artes visuales, inscripción a cursos, seminarios talleres u otras instancias de formación ligadas a la cultura.

También para el pago de honorarios docentes para el aprendizaje de disciplinas artísticas y/o culturales.

La resolución dispone que no se requerirá la realización de gestión o de inscripción alguna por parte de aquellos comercios o prestadores de servicios y bienes culturales que se encuentren habilitados dentro de los rubros vinculados a esa actividad frente a las procesadoras de pago intervinientes.

La ANSES habilitará una plataforma digital para la inscripción que estará vigente hasta el 15 de diciembre. La tarjeta que se otorgue es intransferible, por lo que solo podrá ser utilizada por el beneficiario.

Un uso indebido de la tarjeta o el falseamiento de datos podría provocar la suspensión o baja definitiva del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales que pudieran corresponder. Adicionalmente, “cualquier incumplimiento podría inhabilitar al responsable para recibir futuros apoyos por parte del Ministerio de Cultura de la Nación a través de cualquiera de sus programas”, se aclaró.

NB con información de agencia Télam.

El Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 27.636 de Promoción al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero -sancionada en junio pasado por el Congreso Nacional- a través de un decreto publicado hoy en el Boletín Oficial.

Se trata de la norma aprobada el 24 de junio pasado por el Poder Legislativo, promulgada a principios de julio por el Poder Ejecutivo, que establece que los tres poderes del Estado Nacional, los ministerios públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales y las empresas y sociedades del Estado deben ocupar en una proporción no inferior al 1 por ciento de la totalidad de su personal, puestos de trabajo con personas travestis, transexuales y transgénero, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.

Entre otras disposiciones, la reglamentación de la norma publicada hoy en el Boletín Oficial determina que, en caso de “un empate de ofertas”, se dará “prioridad en las contrataciones del Estado” a aquellas empresas que “en su planta laboral posea a personas travestis, transexuales y transgénero”.

“En el caso de que varias de las empresas igualadas incluyan en su plantel a personas con dichas identidades, deberá priorizarse al oferente que posea el mayor porcentaje de personas travestis, transexuales y transgénero en sus puestos de trabajo. Con el fin de hacer valer esta preferencia, los oferentes deberán acreditar fehacientemente la relación laboral con el aludido personal y, en su caso, la cantidad mediante la presentación de la documentación que acredite el vínculo laboral”, indica la reglamentación elaborada por el Poder Ejecutivo.

Por otro lado, indica que serán puestos a disposición de los organismos “materiales de capacitación y lineamientos generales sobre sensibilización y capacitación con perspectiva de género y diversidad sexual que tengan como fin la efectiva integración de las personas travestis, transexuales y transgénero en los ámbitos laborales”.

La norma publicada en la edición de hoy del Boletín Oficial lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Juan Manzur; y de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.

En el acto de promulgación de esta norma, en julio pasado, el presidente Alberto Fernández había resaltado que “hay quienes creen que dar derechos es un problema porque rompe el status quo, creen que es mejor un país con derechos para algunos”, y señalado que desde que el Frente de Todos llegó al Gobierno, se propuso la “ampliación” de los mismos.

“Una sociedad que descarta a su gente, es una horrible sociedad”, había postulado el mandatario, a la vez que había remarcado que, en cambio, “la mejor Argentina es la que da derechos”.

Con información de agencia Télam

AB