El Consejo de la Magistratura no logró aprobar ninguna de las 18 ternas de jueces federales que trataron este jueves en un plenario, que se transmitió por YouTube. Sus miembros -oficialistas, opositores, jueces, abogados y académicos- se reunieron para votar varias ternas de candidatos a juzgados clave para el poder político y económico y el combate de delitos complejos como el narcotráfico. El oficialismo no obtuvo los dos tercios de los votos de los consejeros (nueve votos) para aprobar las ternas que se sometieron a votación y ahora deberán volver a tratarse para regresar al plenario con un dictamen de consenso entre las fuerzas. 

Las ternas se conforman luego de los concursos con tres opciones para enviar al presidente Alberto Fernández. El mandatario debe seleccionar a su candidata o candidato de entre los tres miembros de la terna para cada uno de los juzgados o tribunales concursados. Luego el Presidente envía a sus elegidos o elegidas al Senado para la aprobación de los pliegos. Pero ese proceso quedó nuevamente empantanado este jueves, retrasando otra vez el nombramiento de jueces y juezas para ocupar vacantes que el sistema judicial arrastra desde hace años.

Atravesado por el fallo de la Corte Suprema y la necesidad de reformular su composición para adecuarse a la orden del máximo tribunal, el Consejo de la Magistratura, que cumple un rol central en el funcionamiento de la Justicia, se enlodó en las internas políticas a la espera de una fecha clave: el 16 de abril. Para ese día, si el oficialismo o la oposición no logran en el Congreso una nueva ley que redefina la composición del organismo, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, desplazará al actual presidente del Consejo y asumirá en su lugar. El actual presidente del Consejo es el juez Alberto Lugones, alineado con el kirchnerismo y enfrentado a Rosatti.

En la agenda del plenario, el Consejo tenía planeado votar las ternas para 18 cargos en distintos puntos del país, incluyendo los dos cargos de la Sala I de la Cámara Federal porteña, que actualmente ocupan los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. También se debían tratar las ternas de candidatos para asumir en tres juzgados penales vacantes en los tribunales de Comodoro Py 2002: el número 6 (que dejó vacante Rodolfo Canicoba Corral al jubilarse en 2020); el número 11 (que quedó sin juez titular tras la muerte de Claudio Bonadio); y el número 12 (vacante desde que el juez Sergio Torres asumió en la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires).

Otros seis cargos correspondían a vacantes en los tribunales orales federales de la Ciudad de Buenos Aires donde deben llevarse adelante los juicios orales y públicos por el caso cuadernos, Odebrecht, narcotráfico, trata de personas, entre otros tantos casos, y donde se desarrolla actualmente el juicio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, por el caso Vialidad o presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz.

Además, debían votarse ternas para candidatos y candidatas a otros dos juzgados federales de Clorinda, Formosa, y Puerto Iguazú, Misiones; y para otros dos cargos en juzgados civiles y comerciales de la Ciudad de Buenos Aires.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza se quedó sin sus ternas para dos cargos a camaristas. El mismo caso ocurrió con dos tribunales orales federales de Santiago del Estero y de Formosa.

El plenario comenzó con una discusión entre los consejeros. Uno de los representantes de los jueces, Ricardo Recondo, solicitó que no se tratara ningún concurso hasta que esté lista la nueva composición del Consejo el 15 de abril (al día siguiente asumirá Rosatti a mando de la nueva composición del organismo, de no haber nueva ley); y advirtió que de tratarse votaría en contra. Diego Molea (abogados), Lugones (jueces) y la diputada Graciela Camaño (oposición) se opusieron a ese planteo y pidieron que el Consejo siga funcionando. El representante del Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, propuso entonces postergar la votación de algunas de las ternas fijadas para la fecha “en aras de buscar los consensos, a pesar de que son concursos muy viejos”.

En diciembre, el máximo tribunal declaró inconstitucional el sistema de integración actual del Consejo, las condiciones de quórum y mayorías que rigen actualmente en el organismo. La decisión de la Corte revirtió la ley que había impulsado el kirchnerismo en 2006 y que había modificado la composición del Consejo de la Magistratura de 20 a 13 miembros. 

Los cuatro jueces del tribunal entendieron que la actual composición no garantiza el equilibrio de fuerzas entre los integrantes políticos (legisladores del oficialismo y la oposición) y aquellos que representan a los jueces, abogados con matrícula federal y académicos. El fallo también exige al Congreso sancionar una nueva ley; ordena a los consejeros nombrar siete nuevos integrantes del organismo antes de abril; y establece que el presidente de la Corte presidirá el nuevo Consejo —como lo establecía la ley original de 1997— hasta que los legisladores voten la nueva ley que se adecue al fallo.

ED