La Cámara Federal porteña confirmó el martes último el procesamiento del exfuncionario Gustavo Marcelo Gentili por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y lavado de activos, según el fallo al que accedió elDiarioAR. Gentili se desempeñó como titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi), entre 2008 y 2015, durante el último gobierno de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y cumplió un rol central en el manejo del dinero de los peajes que millones de usuarios pagan de su bolsillo al transitar por las rutas.

A finales de marzo, el juez federal Sebastián Casanello procesó a Gentili; a su segunda esposa y también exfuncionaria, Laura Andino; a su hermano y a otros cinco imputados que habrían actuado como sus prestanombres o cómplices en la adquisición de una consultora privada y en el supuesto desvío de un millón de dólares, como adelantó este medio. Si bien los camaristas Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, de la Sala II del tribunal de apelaciones, confirmaron los procesamientos, declararon la nulidad de los montos embargados por el juez de primera instancia, de entre $900 millones y $400 millones. También revocaron las prohibiciones de salida del país a los procesados, medidas que habían sido dictadas por Casanello. 

La investigación del juzgado federal número 7 sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas entre 2008 y 2010 (peajes de los corredores viales número 4 y 8) que exigían que los postulantes realizaran sus ofertas con el “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, según el procesamiento. 

Los dos grupos de empresas que ganaron las licitaciones de los corredores fueron los que contrataron para esa tarea a Consular, que sería del exfuncionario Gentili .El corredor 4 fue adjudicado a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Carreteras Centrales de Argentina SA, integrada por CCI Construcciones y Corsan Corviam Construcciones SA; mientras que el corredor 8 se adjudicó a Corredor Central SA, una alianza entre Supercemento, Petersen, Thiele y Cruz SA y Polan SA. No se conocen aún las explicaciones sobre sus motivos para contratar a Consular y si habrían o no incurrido en alguna irregularidad. 

Gentili presidía entonces la “Comisión de Concesiones” que analizaba las ofertas de las compañías y que debía emitir las recomendaciones finales. Además, la contratación de la consultora sólo podía modificarse con la autorización previa del organismo que dirigía Gentili, el Occovi, según consta en el procesamiento. 

Como parte del negocio, la consultora no sólo ganaba contratos para hacer los estudios exigidos por el Occovi sino que además seguía cobrando a lo largo de la concesión, durante años: debía ser contratada por las concesionarias para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juez.

Vínculos con la consultora

Según la investigación, en 2005, Gentili y dos empresarios habrían adquirido Consular, sólo que Gentili lo habría hecho a través de un presunto prestanombre: su abogado Ricardo López Naon, quien se negó a declarar ante el juez durante su primera indagatoria.

La segunda esposa de Gentili, Laura Andino, era entonces interventora del Estado en Autopistas del Sol (entonces a cargo de un consorcio integrado por Sideco, de la familia Macri). Pero además, trabajó en Consular realizando tareas administrativas, según explicó en un escrito ante el juzgado, en el que sostuvo que no participó de ninguna decisión contable, comercial o financiera.

Entre otras pruebas recolectadas por el juzgado, se estableció que Gentili y su esposa también utilizaban un Audi A3 que pertenecía a uno de los socios visibles de Consular, explicó el juez, y que el funcionario era copiado en los e-mails que intercambiaban los socios visibles de la consultora. Uno de ellos, incluso, registra, hasta 2011, 1.340 entradas al country donde viven Gentili y Andino.

La sospecha de lavado

El expediente tiene un segundo capítulo enfocado en el patrimonio de Gentili y su relación con sociedades en el extranjero, según informó una fuente judicial del caso.  El matrimonio también está imputado por el supuesto desvío de alrededor de un millón de dólares a partir de 2013, a través de transacciones con presuntos prestanombres, sociedades extranjeras, préstamos simulados y compra de bonos. Parte de ese dinero, fue utilizado para la refacción de la casa del country donde vivían pero otra porción de los fondos tiene destino incierto para los investigadores, según confirmó una fuente directa del expediente.

Durante su primera indagatoria ante el juez, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante. Ante la Cámara Federal, su abogado dijo que el acuerdo entre la consultora y las concesionarias de los corredores 4 y 8 era un acuerdo entre privados. 

En 2016, Gentili fue blanco de los Panamá Papers por la vinculación de su hermano con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario La Nación. Dicha offshore es una de las compañías en la mira del juzgado.

La empresa Consular, por otra parte, sigue operando en el mercado de la obra pública. En una presentación ante el juzgado, los socios de la consultora solicitaron que se levante la inhibición general de bienes que pesa en su contra (una medida que se extendió a todos los imputados) para poder continuar en el registro de proveedores del Estado. Según los representantes de la compañía, sus principales clientes actualmente son los gobiernos provinciales y la inhibición les impide licitar y afrontar sus gastos, lo que, sostienen, podría llevar a Consular a la quiebra.

ED

El exfuncionario Gustavo Marcelo Gentili y otros seis imputados serán indagados nuevamente por el presunto lavado de más de un millón de dólares, según ordenó el juez federal Sebastián Casanello, quien investiga a los acusados por el desvío de dichos activos a través de una serie de sociedades comerciales y offshore. 

El dinero provendría de un negocio supuestamente montado por el entonces funcionario de Cristina Fernández de Kirchner (2008-2015) para obtener fondos de empresas concesionarias de los peajes de rutas utilizando su cargo, según consta en un primer procesamiento dictado contra Gentili, confirmaron a elDiarioAR fuentes con acceso directo al expediente. Gentili está citado a declarar por videoconferencia el 26 de abril.

Además, el juez ordenó avanzar sobre el patrimonio de Gentili, identificar bienes en el país y el exterior, y avanzar con la hipótesis de supuesto enriquecimiento ilícito. También ordenó  localizar a dos financistas uruguayos acusados de participar de la maniobra de supuesto lavado, informó una fuente judicial del caso. 

Casanello dispuso, por otro lado, tasar la casa de Gentili en el country San Jorge Village y requirió a la Dirección Nacional de Vialidad que informe todos los pagos realizados por las concesionarias a la empresa Consular (Consular Consultores Argentinos Asociados SA), que, según la investigación judicial, tenía como socio oculto al funcionario Gentili. De esta manera, busca determinar cuánto cobró la consultora de las empresas (que a su vez cobraban del Estado lo que se recauda de los peajes abonados por los automovilistas en las rutas).

Quién es  

En 2008, Gentili asumió en el cargo que dejó Claudio Uberti, quien renunció al verse involucrado en el caso de la valija de Antonini Wilson y quien años más tarde sería uno de los exfuncionarios arrepentidos en el caso de los cuadernos. 

Entonces, Gentili pasó de gerente de Planeamiento, Investigación y Control de la Dirección Nacional de Vialidad (lugar que ocupaba desde 2004) a titular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi); y aunque mantenía un bajo perfil mediático, su función era central: desde este organismo, intervenía directamente en las concesiones de los peajes de rutas y autopistas. Una de las funciones del Occovi es la licitación de estos contratos.

La semana última, Casanello procesó a Gentili; su segunda esposa y también exfuncionaria, Laura Andino; su hermano y otros cinco imputados por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles y lavado de dinero, como adelantó este medio. Ahora, ordenó indagarlos nuevamente y profundizar la pista de presunto lavado, haciendo foco en una serie de sociedades.

En 2016, Gentili fue blanco de los Panamá Papers por la vinculación de su hermano con la sociedad offshore Rocma Equities Corporation, radicada en las Islas Vírgenes Británicas, como publicaron el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y el diario La Nación. Dicha offshore es una de las compañías en la mira del juzgado y sobre la que el exfuncionario deberá declarar en tres semanas.

La sociedad fue constituida el 25 de julio de 2011 a través de un estudio uruguayo y uno de sus accionistas era José María Gentili, hermano del exfuncionario. Sin embargo, el juez sostuvo al citarlo a una segunda indagatoria que sería Gentili quien estaría detrás de la sociedad y que la offshore habría sido una pieza clave del entramado para blanquear más de un millón de dólares que ingresaron como bonos del Estado argentino (Boden 2015) y luego convertidos en efectivo e identificados en una cuenta bancaria. Los fondos fueron en gran parte gastados por Gentili y su esposa, según consta en la investigación. La offshore también estaría detrás del pase de manos del 30% de las acciones de Consular, a través de una estructura de compañías que se adquirían unas a otras y terminaban en el hermano de Gentili, aunque para el juzgado, se montaron para ocultar la identidad del verdadero titular, según consta en el procesamiento.

El juzgado solicitó asistencia jurídica a las Islas Vírgenes Británicas pero la jurisdicción no aporta información, según fuentes del caso. Aún así, parte de los documentos secuestrados durante los allanamientos a los imputados son prueba del vínculo entre el exfuncionario y la Rocma Equities Corporation, como un archivo word que se titula “GG acta BVI designac represent San Luis 11.doc”. Según el juzgado, “GG” era la forma en que Gentili era identificado por sus presuntos prestanombres.

La maniobra

La investigación del juzgado federal número 7 sostiene que Gentili participó en el armado de los pliegos de al menos dos licitaciones públicas (peajes de los corredores viales número 4 y 8) que exigían que los postulantes realicen sus ofertas con un “aval técnico” de una “constructora especializada” para la realización de estudios económicos y ambientales, según el procesamiento. Los dos grupos de empresas que ganaron las licitaciones son los que contrataron para esa tarea a Consular, que sería del exfuncionario.

La consultora seguía cobrando a lo largo de la concesión, durante años: debía ser contratada por las concesionarias para la elaborar los proyectos de obra e ingeniería para los corredores, según la documentación secuestrada y analizada por el juzgado. Consular se llevaba así el 1,5% de lo que el Estado le pagara por la concesión a las empresas, admitieron dos de los socios ante el juzgado.

Consular sigue operando en el mercado de la obra pública. En una presentación ante el juzgado, los socios de la consultora solicitaron que se levante la inhibición general de bienes que pesa en su contra (una medida que se extendió a todos los imputados) para poder continuar en el registro de proveedores del Estado. Según los representantes de la compañía, sus principales clientes actualmente son los gobiernos provinciales y la inhibición les impide licitar y afrontar sus gastos, lo que, sostienen, podría llevar a Consular a la quiebra.

El dinero de Vialidad

Fernández de Kirchner atraviesa actualmente un juicio oral y público por el manejo de Vialidad y el supuesto direccionamiento de 51 obras viales a favor de la empresa de su exsocio Lázaro Báez. Gentili también fue procesado y enviado a juicio en una segunda etapa de ese caso, a pedido de los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. 

Sin embargo, la causa por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero contra Gentili es un expediente distinto, que nació en 2016 tras una denuncia recibida por el fiscal Guillermo Marijuán, quien se desprendió del caso. Tras el sorteo de la denuncia, la investigación quedó a cargo del juez Casanello y el fiscal Federico Delgado. Según la denuncia que activó el expediente, Gentili y su esposa habrían guardado documentación relacionada con casos de corrupción en su casa del country San Jorge Village, ubicado en Los Polvorines, provincia de Buenos Aires. 

La versión de los imputados

Durante su primera indagatoria ante el juez, Gentili se negó a declarar pero presentó un escrito en el que negó su participación en los hechos; sostuvo que en el análisis de las licitaciones investigadas habían participado unas 40 personas; que se aceptaron las ofertas más económicas para el Estado; y que su dictamen a favor de adjudicar los peajes a las dos empresas ganadoras no era vinculante, como informó el jueves elDiarioAR. 

Gentili también afirmó que su relación con uno de los socios de Consular comenzó en 1987 y que el abogado (López Naon) realizó varios trabajos legales para Gentili, como la sucesión de sus padres, el divorcio de su primera esposa y actos comerciales y financieros. Definió su relación como una amistad laboral, según consta en el escrito presentado por su defensa. Los correos electrónicos secuestrados demuestran una relación directa entre Gentili y López Naon. El abogado, además, integraba el directorio de empresas de la familia de Gentili.

elDiarioAR intentó comunicarse con el exfuncionario y su esposa a través del teléfono personal de Gentili para ampliar las versiones de los hechos de todos los procesados, pero al cierre de esta nota no había contestado.

Ante el juzgado, el hermano de Gentili afirmó en un escrito que su único vínculo comercial con el exfuncionario es a través de una empresa ganadera que pertenece a su familia y que no tiene relación con Consular.

ED