La Comisión de Control, formada por todos los acreedores de Vicentin, desmenuzó y destrozó el informe que presentaron a mediados de marzo los síndicos Carlos Amut, Ernesto García y Diego Telesco, quienes excusaron a los propietarios de la fallida exportadora de tener responsabilidad alguna en lo que fue una de las cesaciones de pago récord de la Argentina, asegurando que el desfalco no fue responsabilidad de ellos sino producto de causas exógenas.

“Vicentin se las ingenió para exhibir a sus acreedores, con base en documentación con fuertes indicios de falsedad (indicios precisos, plurales, graves y concordantes) una solvencia que era ya inexistente desde hacía muchísimo tiempo”, le aseguran los acreedores al Juez del Concurso contra lo que concluyeron los síndicos. Y sin eufemismos, la totalidad de los damnificados por los accionistas, a los que el Banco Nación denomina como el “Clan Vicentin”, fueron en queja ante el juez del concurso por “la enorme superficialidad y carencia total de rigor técnico en el análisis efectuado por la Sindicatura en su informe general.”

Las quejas de los acreedores fueron puestas por escrito en dos presentaciones a las que tuvo acceso elDiarioAr. En ambos escritos, los acreedores formularon formalmente sus reservas ante el informe que sin argumentos científicos repitió las excusas brindadas por los dueños de la exportadora que defaulteó US$ 1.500 millones en diciembre de 2019 y se presentó a concurso preventivo en el primer trimestre de 2020.

En el informe de 150 páginas presentado el 15 de marzo los síndicos habían hecho suyas las mismas excusas presentadas por la empresa. En la cesación de pagos “se entrelazan una serie de causas conformando la típica clasificación de causas mixtas”, dijeron los tres contadores santafesinos. Es decir, por eventos como la sequía, el riesgo político por el cambio de gobierno y hasta por la alocada excusa de la pelea comercial entre China y Estados Unidos, Vicentin pasó en apenas tres meses de ser una empresa próspera con patrimonio positivo, a una fallida que debía US$ 1.500 millones a sus acreedores y carecía de recursos para honrar sus deudas. Todo en línea con lo que había dicho la empresa. Y sin explicar por qué sólo Vicentin fue perjudicada por esa serie de causas exógenas y mixtas sin que ninguna de sus competidoras, como Aceitera General Deheza, por dar un ejemplo, sufriera el mismo destino.

Por esta y muchas otras razones, el escrito de los síndicos recibió las dos furibundas presentaciones en reserva. La primera, firmada por el Comité de Control, donde está el Banco de la Nación Argentina, principal acreedor con US$ 300 millones, los bancos internacionales, que en conjunto conforman al segundo mayor acreedor, los acreedores granarios, y los trabajadores agrupados en los sindicatos aceiteros de General Obligado y San Javier, y de San Lorenzo. La segunda presentación es un escrito adicional de los letrados del Banco Nación que además de insistir en los argumentos que resaltan la falta de seriedad del trabajo de los síndicos, insiste con el pedido de responsabilidad patrimonial de los accionistas para hacer frente al quebranto que se sospecha fraudulento.

“Para la Sindicatura del caso, podría decirse que, apenas, 'pasaron cosas”', dicen los abogados del banco más grande de la Argentina, en clara alusión a la excusa dada por el ex presidente Mauricio Macri a su propia crisis económica en 2018. Vicentin fue una de las empresas que más dinero aportó a la campaña presidencial del hijo de Franco Macri. Y actualmente su directorio es asesorado por Diego Guelar, quien fuera embajador en China durante el macrismo.

“No puede ignorarse que los actos jurídicos fraudatorios, las simulaciones, el abuso de la personalidad jurídica, el desvío del interés social, la confusión patrimonial inescindible y la utilización de una estructura rizomática de holding a repetición y hasta extramuros, han sido parte de la clave de bóveda sobre la cual el CLAN VICENTIN cimentó este proceso”. Y para que no quedaran dudas sobre sus sospechas, los abogados del Nación aseguran: “empresarios ricos, una vez más, son titulares de una empresa pobre … en el medio de ”parientes societarios“ -buena parte del resto del CONJUNTO ECONÓMICO FAMILIAR VICENTIN- sobradamente prósperos.” Las mayúsculas, de más está decirlo, son del propio escrito presentado a la justicia.

Sin avanzar sobre la responsabilidad patrimonial, el escrito firmado por todos los acreedores y el conjunto de los trabajadores, es igual de duro con el trabajo (poco) profesional del trío de contadores. Una de las críticas más agudas a la impericia de los auxiliares de justicia refiere a la incomprensión que manifiestan sobre términos técnicos básicos de las finanzas como el que muestran a la hora de analizar la sospechosa venta “entre gallos y medianoche” que hicieron los accionistas del 16,7% de las acciones de Renova a favor de la cerealera suiza Glencore.

“Otra imprecisión grave para destacar por parte de la Sindicatura” es su mala interpretación del derecho de preferencia (“right of first refusal”), dicen los abogados de los acreedores, entre los que se encuentra el letrado del estudio Bruchou, que representa al IFC, brazo financiero del Banco Mundial. Según el informe de los síndicos, en el contexto de cesación de pagos “se decidió la venta de las acciones de Renova SA en poder de Vicentín Paraguay SA con un único oferente posible ya que a partir del acuerdo de accionistas se había convenido un Right of first Refusal (derecho a primer oferta o derecho de preferencia) a favor del otro accionista de Renova SA.”

Claro que la interpretación del derecho de preferencia, como bien notan los acreedores, es cuánto menos ignorante, si no cómplice con la interpretación de los accionistas. “Ese derecho no determina la existencia de un único oferente, sino la posibilidad de que, frente a una transacción de venta, el beneficiario de ese derecho pueda igualar las condiciones ofrecidas por el candidato elegido por el vendedor para comprar el paquete accionario en venta,” le explican al juez los acreedores. “Constituye un error conceptual grueso afirmar que la figura determinaba ”un único oferente posible“.

Todo esto sin considerar que Vicentin no sólo no busco mejores oferentes para el porcentaje que acabó vendiendo a Glencore para proteger los intereses de la empresa y los de sus acreedores, sino que “una parte relevante de dichos pagos tuvo como destinatario a la propia Glencore, empresa compradora de dicha tenencia.” Es decir, de lo pagado por Glencore, US$ 29,4 millones fue destinado a repagar una deuda con Oleaginosa Moreno S.A., empresa controlada por Glencore. “Sin dudas la cancelación precitada no fue ajena a las negociaciones mantenidas por las partes en el marco de la transacción, sino que integró la ecuación de compra, en un marco de total falta de transparencia y de espaldas al resto de los acreedores, en una situación en la que Vicentin cometía ya actos desesperados de liquidar activos para aplicarlos luego sin ninguna planificación seria,” se quejaron los acreedores.

Utilizando ese ejemplo, los acreedores vuelven a dejar constancia que pese a que los síndicos no repararon en esa maniobra, en tan solo tres días, “los fondos provenientes de la venta se dilapidaron sin ningún tipo de plan, dejando a la compañía en condición de accionista minoritario en Renova, sin dudas el activo más importante dentro de su patrimonio.”

La referencia a la sospechosa venta de ese porcentaje de Renova es recurrente en el escrito de los acreedores, quienes recuerdan que “hay actuaciones penales cuya hipótesis de acusación es ni más ni menos que las entidades prestamistas fueron engañadas por la concursada mediante la exhibición de una solvencia patrimonial que era, lisa y llanamente, inexistente.”

El argumento central de los acreedores remite a la falta de consistencia en los tres últimos estados contables de la empresa “aquellos que por ley está obligado el deudor a presentar como requisito de inicio” de un concurso. Y catalogan a esos estados contables como “una ficción amañada con el propósito de exhibir una solvencia financiera que no es tal.”

Esa falta de consistencia no sólo no fue destacada por los síndicos, si no que fue justificada, dicen los acreedores. “A la evidente parcialidad se le agrega un componente de enorme ingenuidad,” detallan. “El Informe General no ensaya ninguna explicación científica, objetiva y fundada, se limita nada más que invocar causales genéricas (sequía, la incertidumbre de las elecciones primarias de agosto de 2019 -PASO-, las condiciones del mercado internacional) sin realizar esfuerzo alguno siquiera por demostrar sus efectos concretos en el caso particular, ni -mucho menos todavía- adentrarse en indagar o prospectar la incidencia de ”causas endógenas“, propias del (des) manejo empresario, como fuente primera y determinante del desquicio organizacional y financiero resultante, que determinaron la presentación y formación de este exorbitante proceso concursal.”

Entre las decenas de preguntas que plantean los acreedores ante el juez por la falta de pericia en el informe de los síndicos, se destacan las siguientes:

- “¿No tiene especial interés para la Sindicatura, a la hora de ponderar cuáles fueron las causas del desequilibrio económico de Vicentin, profundizar en el dato de que contratos bajo la modalidad ”precio a fijar“ por un importe de US$ 636 millones a julio de 2019 ”no se encontrarían registrados como pasivos comerciales al cierre del trimestre bajo IFRS (Normas Internacionales de Información Financiera), presentado en esa fecha“?

- ¿O que los pasivos comerciales de Vicentin pasaron de US$ 106,6 millones en julio de 2019 a US$ 696,8 millones en sólo tres meses, derivándose de allí que “semejante variación sugiere que las deudas relacionadas con la compra-venta de granos con precio a fijar no se encontraban expuestas en el pasivo de los años anteriores”?

Los acreedores tienen una única respuesta a esas preguntas retóricas: con la aparente complicidad de su auditor externo KPMG, que decidió retirarse de su rol de auditor para no quedar asociado, Vicentín presentó libros falsos durante años a sus acreedores internacionales. Y de allí que califiquen al informe general de la Sindicatura como una “grave y muy vistosa actitud de ceguera y complacencia”.

WC