En el valle del río Neuquén, en los alrededores de las localidades petroleras, el aire se puede “ver”. Lejos de toda metáfora, durante la madrugada es posible divisar una nube gris en el horizonte. No es un efecto óptico, sino la acumulación de gases emitidos a la atmósfera por la industria hidrocarburífera. Así, la población aledaña convive con una serie de contaminantes que ponen en riesgo su salud, mientras los Gobiernos Nacional y Provincial promueven con ahínco una actividad que, por sus impactos, busca erradicarse en todo el mundo. 

Esto es parte de lo que se vive en Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, el epicentro de la industria fósil en la Argentina donde ciudades como Añelo crecen año a año por la llegada de familias que buscan mejores oportunidades, aumentando así la población expuesta a la contaminación.

En los yacimientos no convencionales, como Vaca Muerta, la extracción de petróleo y gas mediante fractura hidráulica libera metano, un gas 80 veces más potente que el dióxido de carbono, aunque permanezca menos tiempo en la atmósfera. Cuando ese gas no puede captarse por falta de infraestructura, se puede recurrir a dos prácticas: el venteo (liberación directa) o la quema en antorchas (flaring). Ésta última práctica se considera “preferible”, ya que al combustionar el metano se transforma en dióxido de carbono, reduciendo su potencial de calentamiento inmediato. En la provincia Neuquén, el venteo directo está restringido por la Ley provincial N° 2175, salvo excepciones técnicas.

Gran parte de las emisiones, como el metano y los Compuestos Orgánicos Volátiles (COVs), son incoloras e inodoras, lo que dificulta su detección sin tecnología específica. Patricia Rodríguez es analista de Imágenes Ópticas de Gas (OGI en inglés) en la ONG estadounidense Earthworks y viajó a la Cuenca Neuquina en 2023 para documentar las emisiones de gas. Las imágenes se capturan con una cámara que tiene un filtro espectral y sensores que, al bajar a temperaturas criogénicas (menos 200°C o 300 C°), permiten visibilizar ciertos gases, incluyendo metano y otros 19 gases más como benceno y tolueno. “En muchos lugares donde se apunta la cámara no se ve nada a simple vista y de repente se ve (en la cámara) que se está quemando”, explica la analista a Climate Tracker.

De esa manera, Rodríguez detalló los hallazgos durante aquel viaje: “Vimos contaminación en toda la cadena de valor del petróleo y el gas: desde el proceso de upstream (exploración y producción), de midstream (transporte y procesamiento), y también visitamos algunas refinerías, es decir, el downstream (refinación y comercialización), que es el proceso donde se hace algo con el petróleo y el gas”.

Además de ser difícil de percibir para cualquier ciudadano, en Neuquén son las mismas empresas las que declaran sus niveles de quema o fuga ante el Estado. Este modelo de autodeclaración empresarial también está vigente en Estados Unidos. Según un estudio, las emisiones de metano por venteo o quema son hasta cinco veces superiores a lo esperado en el país norteamericano, por lo que advierte que los reportes de emisiones a través de este tipo de mecanismos tienden a subestimarse. La dificultad de cuantificar las emisiones, según el análisis, se debe a la intermitencia de estas actividades y a la falta de un monitoreo y reporte adecuados. Según la investigación publicada en la revista GeoHealth, “el uso exclusivo de los volúmenes de gas declarados por los propios productores podría conducir a una subestimación de las emisiones procedentes de la quema y la ventilación”.

El procedimiento de la quema tampoco garantiza una combustión completa. “Con la cámara podemos ver que esa quema muchas veces no está completa. Si la quema fuera eficiente, no veríamos los humos de gases subiendo a la atmósfera que deberían estar siendo quemados. Y eso nos dice que, posiblemente, todavía haya metano junto con los otros gases que vemos en las imágenes”, sostiene Rodríguez. 

Luego del último viaje, en el que además de analizar imágenes en Vaca Muerta midieron en refinerías y otros puntos de Dock Sud y Bahía Blanca, Earthworks reportó sus hallazgos: “Los estudios de imágenes ópticas de gases mostraron niveles de emisiones de medios a altos en tres lugares de fracturación hidráulica, seis instalaciones de compresión o almacenamiento, ocho plantas de procesamiento, cuatro centrales termoeléctricas y tres refinerías, muchas de las cuales estaban muy cerca de viviendas”.

El impacto en la salud, un hecho

Los efectos en la salud de la contaminación del aire por uso de combustibles fósiles están documentados en numerosos estudios científicos. Una investigación de 2023 publicada en la revista científica BMJ estimó que “5,13 millones de muertes adicionales anuales a nivel mundial son atribuibles a la contaminación del aire ambiente derivada del uso de combustibles fósiles y, por lo tanto, podrían evitarse eliminando gradualmente los combustibles fósiles. Esta cifra corresponde al 82% del número máximo de muertes por contaminación del aire que podrían evitarse controlando todas las emisiones antropogénicas”.

Una estimación similar reporta la Organización Mundial de la Salud (OMS) cuando reconoce a la contaminación atmosférica como uno de los principales riesgos para la salud, responsable en 2019 de 6,7 millones de muertes prematuras, más de 380.000 ocurridas en América.

Por otro lado, un estudio de 2020 realizado en los yacimientos del sur de Texas asoció la exposición frecuente a eventos de quema nocturna con el aumento en un 50% de las probabilidades de partos prematuros, en comparación con poblaciones no expuestas.

Finalmente, otro estudio publicado en 2022 estableció el “vínculo causal” entre la quema de gas natural y la salud respiratoria en Dakota del Norte, también en Estados Unidos, entre 2007 y 2015. En él se demostró que un aumento del 1% en la quema de gas aumenta la tasa de hospitalización por problemas respiratorios en un 0,73% y que los efectos negativos en la salud se detectan hasta 60 millas (aproximadamente 96,5 km) de distancia de la fuente de quema. El estudio también revela que la quema de gases perjudica la salud de bebés lactantes y mayores de 65 años. 

En la Cuenca Neuquina, la Confederación Mapuche y el Observatorio Petrolero Sur vienen alertando sobre la prevalencia de afecciones respiratorias en niños y adultos. El escenario se complejiza en zonas donde el crecimiento demográfico se acelera por la actividad industrial y aumenta la cantidad de habitantes expuestos a la contaminación. Un ejemplo de esto es la localidad de Añelo que tuvo un aumento poblacional del 140% entre 2010 y 2022, pasando de 2.600 habitantes a 6.400, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). 

Lefxaru Nawel es integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén, que viene planteando la problemática en distintos espacios de debate colectivo. En diálogo con Climate Tracker sostuvo que la contaminación del aire y sus efectos en la salud son una realidad que viven muchas familias de la comunidad en la meseta neuquina. “Lo que se ve en la zona es una gran afectación de la calidad del aire a partir de la explotación petrolera. La contaminación de ahí no es solamente por la infraestructura hidrocarburífera sino también por la presencia de las plantas de arena y por el gran tránsito que hay y la falta de los caminos”, afirma.

Respecto a la contaminación, Nawel explica cuándo se puede percibir: “Los mecheros por lo general queman más de noche. Es una estrategia que ellos tienen para invisibilizar más ese tipo de contaminación, que a la vista siempre es difícil de percibir. Entre Fortín de Piedra, Loma de la Lata, Tratayén, además del olor, en la madrugada, cuando amanece, se ve una nube de contaminación. Pese a que hay viento de manera persistente, acá en la zona se puede ver y, más que nada, se puede sentir el olor como a combustible”. 

La Dra. Marisa Cogliati, directora del laboratorio de climatología y calidad del aire de la Universidad Nacional del Comahue, explica el fenómeno: “Estamos en un ambiente árido con viento intenso en algunas épocas del año, con lo cual lo que emiten se dispersa rápidamente y no tenemos tantos problemas. Pero en invierno durante las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde, la atmósfera se aquieta y todo lo que se emite queda desde los 2.000 metros hacia abajo. Entonces, eso genera una zona con mucha contaminación y todo eso se va a quedar hasta que la atmósfera se ponga en movimiento. Para eso se necesita calor, o sea, que hasta que no salga el sol o corra viento no va a ocurrir y el viento de la noche es mucho más bajo”.

En ese sentido, Martín Álvarez Mullally, investigador del Observatorio Petrolero Sur, aporta otra problemática derivada de la quema: las dioxinas, compuestos químicos que se liberan durante la combustión incompleta de hidrocarburos y que, al ser contaminantes orgánicos persistentes, no se degradan fácilmente. Sobre su comportamiento en el territorio, explica: “Toda la quema libera dioxinas que el viento transporta. Por ejemplo, nosotros tenemos una zona de mucho viento y de cambio de dirección del mismo. En el valle entra todo eso y queda ahí, por debajo de las nubes. Ese traslado de las dioxinas tiene el agravante de que se fijan en los cuerpos de agua”.

Para las comunidades que conviven con los pozos, los efectos de la contaminación en la salud se viven en carne propia. Las afecciones respiratorias, según Nawel, son una constante que se agudizó en los últimos años. “Hay problemas respiratorios de todo tipo, de EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), sobre todo en la infancia. Y hay una situación donde el Estado no provee la información, donde no se realizan tampoco informes epidemiológicos ni estadísticos relacionados al impacto acumulativo de la contaminación”. 

Nawel destaca, como un posible indicador a observar, la merma en la asistencia de los estudiantes en las escuelas y el aumento de demanda en las salitas de salud durante los meses más fríos: “Basta con ver las salitas de la meseta, la enorme cantidad de afecciones respiratorias a partir del otoño. En la escuela misma te dicen: ‘Hay un gran porcentaje de ausentismo a partir del descenso de la temperatura por la estación del año por las afectaciones respiratorias’, pero el Estado, los gobiernos, impiden que haya un informe estadístico, epidemiológico”.

Una característica de esta contaminación es el impacto acumulativo que tiene la salud. “Es estar de manera permanente recibiendo contaminación, no es que vos si el día de mañana venís acá y pasás al lado de un basurero, te vas a desmayar porque hay olor feo, sino que el estar de manera constante sometido a la contaminación es un impacto que termina horadando la capacidad vital con hipertensión pulmonar, por ejemplo, o la afectación al sistema nervioso y al sistema inmunológico y además del respiratorio y todo lo que tiene que ver con con la depuración de las toxinas como es el sistema urinario, hepático”, sostuvo Nawel.

“La perversidad de los gobiernos dice que (las afecciones a la salud) son porque se calefaccionan quemando cualquier cosa que pueden, cosa que no deja de ser cierta y que muestra también la desigualdad social. Mientras por un lado está la riqueza y la opulencia que en ciertos sectores se detenta en Neuquén, por otro lado, la población no tiene gas, no tiene luz y no tiene agua. Pero no es solamente esa situación, sino que también es la contaminación del aire que es permanente: hoy contrasta con que esa misma gente a la noche en el horizonte ve todo el gas que se ventea para que no explote el gasoducto”, dijo el integrante de la comunidad Mapuche de Neuquén.

Climate Tracker se contactó con tres empresas hidrocarburíferas que operan en Vaca Muerta. Se les consultó por sus protocolos de medición de emisiones, estudios de calidad de aire y salud, y porcentajes de captura de gas. Desde Tecpetrol, del grupo Techint, respondieron no tener información al respecto. Shell alegó no poder responder por temas de corresponsalías. Por su parte, YPF se limitó a enviar el enlace a su reporte de sustentabilidad de 2024. 

Compromisos climáticos de Argentina y estimación de beneficios

Argentina adhirió al Acuerdo de París en 2016 a través de la Ley nº. 27270. Y en diciembre de 2020, bajo la presidencia de Alberto Fernández, se firmó la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de la República Argentina en la que el país se comprometió a una meta aplicable a todos los sectores de la economía de no exceder la emisión neta de 359 MtCO2e (millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente) en el año 2030, representando una reducción del 19% respecto al máximo histórico de 2007. 

Sin embargo, el camino para alcanzar el objetivo se estancó. A diferencia de lo que se pretendía en la COP30 de 2025, Argentina, bajo la gestión de Javier Milei, no actualizó su NDC, manteniendo una política climática que Climate Action Tracker calificó como “críticamente insuficiente”. En su último reporte, la ONG dimensiona los efectos de la falta de compromiso de Argentina con la reducción de emisiones: “En 2022, las emisiones en Argentina repuntaron por encima de los niveles de 2019 tras una fuerte caída en 2020 debido a la COVID-19. Esto sitúa las proyecciones de emisiones de Argentina para 2030, bajo las políticas actuales, aproximadamente un 15 % por encima de su ya poco ambicioso objetivo para ese año”.

Un informe del Ministerio de Salud de Argentina y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), obtenido por Fundación Ambiente y Recursos Naturales mediante un pedido de información pública de 2025, estimó los beneficios sanitarios de cumplir la NDC. Los resultados son contundentes: una ganancia de casi 36.000 años de vida por prevención de muertes prematuras. También se evitarían 2.350.000 días de actividad restringida (en todas las edades) y 600.000 días de trabajo perdidos (población en edad económicamente activa) anuales. Además, el número de asma en niños se reduciría en 280.000 casos anuales. El informe concluye: “Estas y otras ganancias en salud también resaltadas por la herramienta brindan un co-beneficio económico que implicaría un ahorro de US$ 1.860.000.000 anuales”.

Nawel coincide con que la contaminación tiene efectos en la sobrecarga al sistema de salud pública: “Si uno habla en términos presupuestarios, que son los que le gustan al Gobierno, la afectación también va a ser por ese lado y la salud pública es la que se resiente a partir de recibir cada vez más gente enferma por esta situación. Esto tiene un correlato directo, por ejemplo, con situaciones que se viven en el país hoy como el sistema de salud o el (hospital) Garrahan, que hay muchos niños y niñas de las comunidades mapuches que se han ido a atender ahí a partir de la contaminación que han padecido y las enfermedades que muchas veces son raras, como casos de malformación. El sistema de salud pública es el que recibe esa carga y es el que, justamente, estos gobiernos que son pro extractivismo están desmantelando”.

La comunidad mapuche organizada llevó adelante distintas medidas para visibilizar el daño a la salud por contaminación a lo largo de los años. “Hicimos numerosas gestiones para que eso se atienda, pero lo que hay es ese abandono de la obligación que tienen de cuidar la salud pública, como el caso del basurero petrolero que tiene ese impacto en la población. Pero, lamentablemente, los sucesivos gobiernos no lo toman como una prioridad, solamente lo mencionan como si fuera algo al pasar y no como la huella que está dejando Vaca Muerta y que va a dejar en las futuras generaciones”, afirma Nawel.

Un marco regulatorio fragmentado

La regulación de las emisiones en Argentina está fragmentada entre las normativas nacionales y las facultades de las provincias sobre sus recursos naturales. La Ley Nacional Nro. 20284 de contaminación atmosférica es el marco vigente y data del año 1973. En ella se establecen las normas de calidad del aire y concentración de contaminantes y fija los deberes de las empresas, como asegurar que los parámetros de emisión no excedan los establecidos.

En 2023 se presentó la Resolución de la Secretaría de Energía nro. 970/23 que buscaba implementar el Programa Nacional de Medición y Reducción de las Emisiones Fugitivas Derivadas de las Actividades de Exploración y Producción de Hidrocarburos. Sin embargo, la resolución nunca se reglamentó.

Entre las propuestas de reducción de emisiones de metano figura el proyecto de Ley de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Gestión de Emisiones de Metano en el Sector de Hidrocarburos”, impulsado por el diputado Martín Maquieyra en 2024 con apoyo de otros bloques. A pesar de la urgencia sanitaria y ambiental, el proyecto, que busca proteger la salud humana, reduciendo emisiones en el sector hidrocarburífero, corre el riesgo de quedar en la nada. De perder estado parlamentario este año por falta de tratamiento, el Congreso renunciaría a establecer un marco regulatorio nacional que guíe a las provincias y proteja a las comunidades.

En Neuquén conviven leyes de 30 años de antigüedad con algunas más actuales. La Ley Nro. 2175 de 1996 prohíbe el venteo directo y fija una tasa ante la superación de las emisiones permitidas mientras que en 2024 se sancionó el “Régimen Provincial de acción climática” bajo la Ley Nro. 3454. Esta última dispone la creación de un Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero. Entre sus objetivos figura “establecer estrategias, políticas y medidas de mitigación del cambio climático, incluyendo la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y el incremento de sumideros de carbono, así como la mejora de su capacidad de absorción”. 

A partir de la última ley, y bajo la Resolución 258/2025 se creó el “Programa de Monitoreo en el Sector Hidrocarburífero”, de la Secretaría de Ambiente, que reglamenta estas acciones específicas para la industria del petróleo y gas. El último avance en ese sentido fue el pasado 10 de abril, cuando se publicó en el boletín oficial provincial el “Procedimiento de Reporte de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondiente al sector Upstream”.

Climate Tracker consultó a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Neuquén si existían mecanismos de auditoría externa a las empresas para validar las declaraciones juradas de las operadoras. Asimismo, se le consultó si había estadísticas sobre la afectación de la salud por contaminación del aire. Al momento del cierre de esta nota, no hubo respuesta por parte del organismo.

La postal de la contaminación invisible

La expansión de Vaca Muerta se proyecta sobre un territorio que ya evidencia efectos sobre la salud pública. Nawel pone el foco en la falta de estadísticas: “Como decimos, es la contaminación más difícil de percibir y la que menos se ha controlado, porque el gobierno provincial nunca ha invertido en controlar ese tipo de contaminación, pero la vez que hemos podido acceder a esa tecnología (las imágenes de Earthworks) ha sido concretamente muy impactante. Es una contaminación que, como decimos, no se ve, pero que está ahí de manera permanente”.

Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina

Un grupo de chicos camina por la empinada rampa, aferrándose de las manos de sus madres para mantener el equilibrio, mientras dejan atrás el barrio de La Boca para adentrarse en la Isla Maciel. La rampa conduce a un pequeño muelle no lejos de la ribera elevada del Riachuelo que queda empequeñecida por los enormes puente y transbordador Nicolás Avellaneda a ambos lados. Los chicos y sus padres esperan una pequeña embarcación que rebotaba entre los muelles de ambos lados del río para cruzarlos. Al lado del muelle, una espuma blanca se mueve sobre las olas y, a unos metros, un cochecito abandonado flota junto a un pez muerto. El aire huele a industria y a vida marina.

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo “Mendoza”, obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños. Y aunque la zona nunca dejó de ser la del “río contaminado”, las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves.

Sin embargo, la llegada de Javier Milei al poder y su política negacionista del cambio climático y el cuidado del medio ambiente, comenzaron a revertir esos avances. “El nuevo gobierno abandonó desde un punto de vista anarcocapitalista, porque el Presidente en su momento dijo que no iba a controlar, dice que no hay problemas ambientales, no hay cambio climático, fue destartalando, desarmando el organismo, desfinanciándolo”, advierte Bruno Pedro de Alto, exdirector general ambiental de ACUMAR.. “Hoy evidentemente están apareciendo los indicadores de que el abandono no es gratuito, vuelven a converger los factores”.

 A lo largo del borde del área metropolitana de Buenos Aires, la cuenca del río Matanza-Riachuelo ha sido durante mucho tiempo tanto un polo económico como una carga ambiental que convirtió al río en uno de los más contaminados de América Latina.

“Tuvo 200 años de castigo a la cuenca, porque ese lugar fue, y ahora no tanto, sigue siéndolo, es un núcleo económico productivo fundacional de la Argentina. Porque ahí nace la industria ganadera, nacen los frigoríficos, las curtiembres, donde se trabaja el cuero”, señala de Alto. “Todo eso rompió el equilibrio ambiental y el río terminó siendo una daga, una herida enorme ambiental que tuvo que ser tratada”.

Los esfuerzos para abordar ese legado comenzaron formalmente tras una decisión judicial histórica. Desde 2008, tra el fallo fallo “Mendoza”, la agencia creó un Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), que, según el sitio web de ACUMAR, guía todo el trabajo del organismo. El fallo asignó la responsabilidad legal de la limpieza a múltiples niveles de gobierno.

“Este plan ha ido siendo llevado a cabo en forma muy paulatina”, dice Maria Laura Rey, arquitecta en forma independiente y exdirectora de Desarrollo Territorial en ACUMAR. “Cada nueva gestión introdujo cambios, introdujo reformas, introdujo huecos en la ejecución, y eso ha ido ralentizando la ejecución del plan. No obstante, se han logrado avances muy importantes en las construcciones de obra, en la relocalización de la población asentada a los márgenes del río”.

El problema de la cuenca abarca agua, tierra y aire, por lo que el plan es complejo y abarcativo. Rey señala que la contaminación del río proviene en gran medida de sedimentos debido a descargas cloacales, residuos industriales sin tratar, basurales a cielo abierto en distintos distritos e inundaciones.

“Vos tenés no sólo el factor del río, sino que tenés el factor también de los residuos urbanos sólidos, tenés el factor de los afluentes que tiran las empresas con contaminantes, tenés los factores de contaminación de aire por vía de automotor o por vía de empresas, digamos” comentó Antolin Magallanes, exvicepresidente ejecutivo de ACUMAR, “Es una serie de situaciones que se conjugan en un lugar”.

Y los contaminantes presentes no solo representan riesgos ambientales, sino también riesgos para las personas que viven cerca del agua.

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“No nos olvidemos que estas poblaciones que se asientan al margen de los ríos sufren frecuentemente, recurrentemente, inundaciones. Inundaciones que llevan toda su carga contaminante, tanto biológica como química”, describe Rey. “Las soluciones a estos problemas que ya datan de años anteriores, pero no de 10 años, de 15 años, datan de muchísimos más años, su solución es a largo plazo, por un lado, y realmente muy costosas, y falta decisión política de hacerlos”.

A pesar de estos desafíos a largo plazo, en los últimos años se lograron algunas mejoras medibles. En 2023, el Riachuelo fue reabierto al turismo después de que las tareas de limpieza lo volvieran lo suficientemente seguro como para navegar nuevamente.

“No había olor, no había basura, te podías salpicar el agua, bueno, mala suerte, pero no te morías por eso, porque fue demostrado que habían mejorado sustancialmente las condiciones ambientales, hablando de la desembocadura, que justamente es una desembocadura junto a todos los problemas de toda la cuenca, que tiene un largo de 64 kilómetros”, explicó de Alto.

Pero este progreso podría estar revirtiéndose, ya que comenzaron a circular nuevamente comentarios sobre malos olores provenientes del río, algo que de Alto y Magallanes confirman.

“La Boca es un lugar turístico muy importante. Todos los sectores políticos, comerciales, inmobiliarios, gastronómicos tenían mucho interés en que el río esté en buenas condiciones, porque le da un valor agregado a la actividad comercial de esa zona turística”, señala de Alto. “Ahora estas alertas que se están detectando son un problema serio, porque si se había logrado un punto, posiblemente se va a retroceder.”

Los observadores señalan que mantener esos logros ha resultado difícil. Como ACUMAR es gestionada por cada administración, los funcionarios dentro del organismo también cambian con cada gobierno, lo que hace que la continuidad de un proyecto tan grande como la recuperación del Riachuelo sea casi imposible de coordinar de manera efectiva.

“Desde la creación del organismo, se ha ido avanzando a pasos muy cortos, precisamente por la falta de continuidad administrativa. Se han hecho planes realmente muy interesantes, que fueron paralizados durante todo un periodo y vueltos a retomar al siguiente periodo”, explica Rey. “Esto significa un retraso terrible en la solución al problema, y por otro lado, significa una inversión de dinero mucho más grande de la que hubiera sido la continuidad de los planes”.

Magallanes agrega que la falta de antecedentes para un proyecto ambiental de gran escala y largo plazo como este también dificultó el proceso. Aun con estos obstáculos, de Alto asegura que se había llegado a un punto en el que el río ya no tenía olor a comienzos de la década de 2020. Peron en los últimos dos años, según de Alto, el progreso se detuvo.

Pero no toda la esperanza se ha perdido por parte de los expertos. Magallanes agrega que ha observado una especie de “reapropiación” del Riachuelo a medida que más personas lo integran en sus vidas tras los esfuerzos de limpieza.

“Yo lo que noto ahora, como estoy trabajando con eso pero ando mucho por la zona, veo que hay cosas que cambiaron mucho y veo que la gente también se apropió de muchos lugares que antes no se acercaba”, describe Magallanes. “Desde los chicos que van a jugar al fútbol, a la gente que va a correr a la mañana, a los clubes que están remando en el Riachuelo, a la gente que va a navegar, a la gente que ahora hace su casa con orientación al río porque le gusta ver el río desde la ventana”.

Dijo que esto le generaba orgullo por el trabajo que ya se hizo en ACUMAR. Además sostuvo que cree que todas las cuencas de la zona deberían contar con autoridades similares capaces de garantizar la protección ambiental, al mismo tiempo que promuevan un desarrollo que no ponga presión sobre el ambiente.

El marco actual de la política ambiental de Argentina bajo la presidencia de Javier Milei puso el énfasis en la desregulación y en la reducción del gasto público, incluyendo medidas que afectan la supervisión ambiental. Al inicio de su gestión, Milei emitió una serie de decretos ejecutivos destinados a achicar el rol del estado. Si bien estas políticas fueron presentadas por el gobierno como parte de un esfuerzo más amplio para reducir el déficit fiscal y simplificar la burocracia, organizaciones ambientalistas y exfuncionarios han expresado preocupación de que la reducción del financiamiento y de la supervisión pueda afectar la aplicación de las normas. La administración también ha puesto en duda públicamente el cambio climático, marcando un giro respecto de los enfoques de gobiernos anteriores.

“Desde que asumió el gobierno de Milei todo ha cambiado porque hay una bastante desprotección del lugar. O sea, al reducir el personal, la gente que cuidaba y que se hacía cargo de todo”, agrega Magallanes. “Si se descuida eso vuelve a ocurrir. O sea, que los avances logrados hay que sostenerlos”.

Rey expesa una idea similar, señalando que, para un futuro más productivo del Riachuelo, la estrategia de mitigación debe ser evaluada y sostenida en el tiempo. “En términos absolutamente políticos, el ambiente se cuida con políticas, no se cuida solo,” dice de Alto.

RG/MG

La desintegración en el océano Atlántico de una etapa de un cohete Falcon 9, de la compañía SpaceX, produjo una nube de contaminación a unos 100 kilómetros de altitud sobre el norte de Alemania, que contenía concentraciones de litio hasta diez veces superiores a las habituales. Los hechos ocurrieron en febrero de 2025 y han sido documentados por un equipo de investigadores, que publica los resultados en la revista Communications Earth & Environment, del grupo al que pertenece Nature.

Se trata del primer caso conocido de detección directa de contaminación en la atmósfera superior causada por la reentrada de desechos espaciales, un asunto sobre el que la comunidad científica lleva años expresando su preocupación. Los satélites inactivos y las etapas de cohetes agotadas están diseñados para fragmentarse durante su reingreso atmosférico y se sospecha que pueden estar contribuyendo al fenómeno de calentamiento global y produciendo otras alteraciones en el la estratosfera, e incluso afectando la capa de ozono. 

Emisiones de largo alcance

Robin Wing y su equipo midieron la concentración de átomos de litio en la termosfera inferior utilizando un lidar (un instrumento de teledetección láser que se utiliza para medir las condiciones atmosféricas), ubicado en el norte de Alemania. El litio se utiliza ampliamente en componentes de naves espaciales, pero a estas alturas no se encuentra de forma natural. Poco después de la medianoche del 20 de febrero, los autores detectaron un aumento repentino en la concentración de átomos de litio. Esta columna de litio se extendió en una capa entre los 94 y los 97 kilómetros sobre el nivel del mar, y fue observada por los autores durante los siguientes 27 minutos hasta que se interrumpió el registro de datos.

Los investigadores utilizaron modelos de viento atmosférico para calcular la trayectoria y el posible origen de la columna de litio. Descubrieron que el origen más probable se encontraba en la trayectoria de la etapa superior del Falcon 9, que había reingresado a la atmósfera sin control sobre el océano Atlántico, al oeste de Irlanda, unas 20 horas antes y a unos 1.600 km de distancia. Cálculos adicionales demostraron que era muy improbable que la columna se originara en procesos atmosféricos naturales.

Los autores argumentan que se necesitarán más observaciones y modelos de la química atmosférica para comprender cómo estos contaminantes podrían afectar la atmósfera a largo plazo, pero advierten que es probable que la cantidad de contaminación de la atmósfera superior aumente dado el aumento sustancial de los lanzamientos orbitales en la última década. 

La acumulación de estos materiales, señalan, podría “perturbar el ozono estratosférico” y alterar “la temperatura, los vientos y el balance radiativo”, además de introducir “especies atómicas y moleculares que no suelen ser abundantes en el aporte meteórico natural”. En un contexto de miles de satélites lanzados cada año, los científicos reclaman más investigación para entender hasta qué punto esta nueva forma de “contaminación espacial” puede influir en la atmósfera terrestre.

Un crecimiento “descontrolado”

Eloise Marais, especialista en química atmosférica del University College de Londres (UCL), considera que este estudio representa un hito importante en la observación de la influencia de las actividades del sector espacial en la atmósfera. “Los investigadores realizaron una diligencia debida detallada para vincular inequívocamente el aumento en la contaminación con la reentrada 20 horas antes de un cohete SpaceX Falcon 9, lejos del lugar de la medición”, explica a elDiario.es. “Los hallazgos de este estudio, y esperamos que investigaciones similares de seguimiento y relacionadas, son cruciales para mejorar los modelos, ya que dependemos de ellos para evaluar los impactos ambientales globales de la reentrada de naves espaciales”.

El actual crecimiento descontrolado del sector espacial genera preocupación, porque hay megacorporaciones y estados actuando de forma egoísta

Jorge Hernández Bernal — Astrofísico de la universidad de Sorbona en París

Jorge Hernández Bernal, astrofísico de la universidad de Sorbona en París, recuerda que el cohete Falcon 9 acabó desintegrándose de forma descontrolada sobre Europa y un fragmento grande acabó cayendo cerca de una zona poblada en Polonia. “El actual crecimiento descontrolado del sector espacial genera preocupación, porque hay megacorporaciones y estados actuando de forma egoísta”, explica a elDiario.es . “Necesitamos racionalizar el sector espacial para el beneficio del conjunto de la humanidad, y eso pasa por la cooperación internacional y el multilateralismo”.

Contaminación sin consecuencias

José María Madiedo, astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC), considera que este estudio tiene gran relevancia, ya que estamos entrando en una era de megaconstelaciones de satélites. “Y esto implica que miles de objetos efectuarán su reentrada en la atmósfera cada año, inyectando así metales en capas atmosféricas que influyen en el ozono, los aerosoles y el equilibrio radiativo del planeta”, explica al SMC. “Aún no sabemos el impacto total, pero gracias a este estudio sí sabemos que el fenómeno es real y cuantificable”. 

“El artículo estima que una sola reentrada como la estudiada en este artículo añade a la atmósfera casi 400 veces el litio que cae de manera natural procedente del espacio en todo un día”, añade David Galadí-Enríquez, profesor del departamento de Física de la Universidad de Córdoba. El crecimiento sin límite de las megaconstelaciones de satélites afecta de manera aún no esclarecidas al clima global y congestiona la órbita terrestre baja aumentando la probabilidad de colisiones, apunta. Con el añadido, subraya de que “las empresas contaminantes pueden hacerlo sin que se les exija, hasta ahora, ni el más mínimo esfuerzo relacionado con las consecuencias de sus actividades”. 

Hace cinco años, las grandes tecnológicas presumían de ser las empresas más verdes del planeta. Hoy, cada una de ellas contamina tanto como un país pequeño. Entre una realidad y otra hay solo un evento que lo cambió todo: la carrera de la inteligencia artificial.

Esta tecnología no es solo un conjunto de programas capaces de analizar conjuntos masivos de datos y generar contenido a partir de ellos. Cada respuesta de ChatGPT es, en realidad, el último paso de una industria pesada y electrointensiva que multiplicó su capacidad de cómputo, desbordando el consumo que requerían el resto de servicios digitales o la navegación por Internet tradicional.

En el centro de esta reindustrialización digital están los centros de datos de nueva generación, llamados “hiperescalares”. Se trata de enormes naves industriales llenas de pasillos en los que el único ruido que se escucha es el de la potente refrigeración. A los lados hay armarios de metal colocados en serie, de un par de metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Dentro, visibles a través de las puertas de cristal, están los servidores que contienen los chips de última generación que hacen posible la inteligencia artificial.

Los nuevos hiperescala son mucho más grandes, mucho más potentes y tienen una actividad mucho mayor que los centros de datos del Internet tradicional. Mientras que incluso los mayores de la anterior generación solían tener entre 5.000 y 10.000 servidores, las nuevas bases de desarrollo de IA como “Colossus”, que Elon Musk está construyendo en Memphis, alcanzan ya los 70.000 en un solo complejo. Los chips que incorporan, diseñados por Nvidia, consumen, como mínimo, cuatro veces más que los necesarios para otros servicios digitales. En tareas especialmente densas el consumo puede llegar a ser hasta 10 veces mayor.

Además, estos chips nunca descansan. Los centros de datos tradicionales alternaban momentos de alta y baja actividad, respondiendo a la demanda de los usuarios. Los nuevos hiperescalares están permanentemente a pleno rendimiento, en un bucle sin fin de entrenamiento de nuevos modelos de IA. La frenética competición entre corporaciones y entre EEUU y China, unida a la escasez de chips de Nvidia, sumió a la industria en una fiebre del cómputo: desperdiciar un solo minuto de vida útil de estos chips se considera un error estratégico fatal.

Quinto consumidor mundial de energía

En occidente, solo un puñado de empresas se pueden permitir construir centros de datos a hiperescala. Son Google, Microsoft, Amazon o Meta, las mismas que a comienzos de la década se comprometieron a ser “neutras en carbono” para 2030. Es un objetivo incompatible con este tipo de prácticas de la carrera de la IA y la electricidad que suponen. En sus últimos informes de sostenibilidad publicados, todas reconocen que su consumo energético ha aumentado alrededor de un 25% en un solo año.

Arrancar una de sus factorías de inteligencia artificial implica poner a máximo rendimiento una industria pesada. Una sola de ellas puede competir en consumo eléctrico anual con una ciudad de 100.000 habitantes o con 400.000 coches eléctricos, según un informe del Parlamento Europeo. Solo los centros de datos de una de estas multinacionales ya consumen tanto como un país pequeño.

Conscientes del problema, las compañías pasaron los últimos años mejorando al máximo la eficiencia de los centros de datos. Quieren reducir, por ejemplo, el porcentaje de energía que se dedica a la refrigeración. En la última década, lograron que este baje del 60% del total de la infraestructura a cifras cercanas al 20%. Su objetivo es que toda la electricidad se aproveche en la computación, que es lo que llena sus balances trimestrales. El problema es que mientras la refrigeración mejoraba, el consumo de esos chips se disparó, anulando cualquier ahorro de eficiencia estructural.

La Agencia Internacional de la Energía avisa que la expansión de la IA y los nuevos centros de datos que entrarán en operación en los próximos años harán que esta tendencia solo aumente en el futuro. Su cálculo es que, para 2030, estas infraestructuras serán el quinto consumidor de energía a nivel global, solo por detrás de China, EEUU, India y Japón.

La ingeniería para disimular emisiones de carbono

Ante esta realidad, estas cuatro compañías han optado por llevar al extremo sus prácticas de camuflaje de carbono. Las cuatro hiperescalers han recurrido a trucos contables que les permiten borrar de sus cifras de impacto medioambiental oficial buena parte de la contaminación que producen realmente sus centros de datos.

Son mecanismos como los certificados de carbono, que les permiten “deducirse” parte de sus emisiones a través de contratos de compra de energía renovable a compañías eléctricas. Sin embargo, estos certificados muy rara vez cambian la realidad del sistema eléctrico: no suponen la puesta en marcha de nuevas plantas de energía limpia, sino que simplemente afirman que un porcentaje de la producción que vuelquen a la red está destinada a un centro de datos en concreto.

Es una práctica que llevan a cabo compañías de todos los sectores, pero que las grandes tecnológicas han multiplicado en los últimos años debido a la presión sobre su consumo que está provocando la IA. “Si bien seguimos comprometidos con nuestros objetivos climáticos, ha quedado claro que lograrlos es ahora más complejo y desafiante en todos los niveles”, reconoce Google en su informe de sostenibilidad.

“Estamos en un punto de inflexión extraordinario, no solo para nuestra empresa específicamente, sino para la industria tecnológica en general, impulsado por el rápido crecimiento de la IA. Este panorama en evolución introduce incertidumbres significativas que pueden afectar nuestra trayectoria futura y la precisión de nuestras previsiones”, abunda, refiriéndose a sus emisiones de carbono.

Es una trampa contable. La realidad técnica es que ellos van a estar operando también durante la noche y van a absorber mucha cantidad de nuclear de gas dentro del sistema eléctrico

Javier Andaluz — Ecologistas en Acción

“Lo que hacen estas grandes empresas es lo que llaman el Power Purchase Agreement, que es básicamente que te vas a una gran eléctrica y le dices: mira, para que yo pueda vender que mi energía es verde, quiero comprarte una serie de créditos que representan una parte de tu producción eléctrica”, explica Javier Andaluz, responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción.

“Es una trampa contable”, prosigue el ecologista: “La realidad técnica no es esa. Ellos van a estar operando, por ejemplo, también durante la noche, que es cuando menor energía renovable se produce. En ese momento van a absorber mucha cantidad tanto de nuclear como de gas dentro del sistema eléctrico. Sin embargo, en contabilidad, en apariencia, va a parecer que esto no existe y que ellas consumen energía renovable”.

El Protocolo de Información sobre Gases de Efecto Invernadero permite a las empresas llevar a cabo esta práctica y difuminar la contaminación de los centros de datos. Este fue redactado en 2001 por el World Resources Institute y el World Business Council for Sustainable Development, una organización de CEOs de grandes corporaciones. Aunque el texto establece dos métodos de cálculo de emisiones (uno con certificados, y otro sin ellos) no regula cómo deben declararlos. En la práctica, esto supone que las empresas solo destaquen la cifra más favorable.

Así, Meta afirma en su último informe de sostenibilidad que sus centros de datos emitieron 1.358 toneladas de CO2 a la atmósfera en 2024. Microsoft dice que las suyas fueron de 300.000 toneladas; Google sube hasta los tres millones de toneladas; mientras que Amazon afirma que fueron de 2,8 millones.

Pero sus propios informes documentan que la realidad es muy diferente. Como parte del compromiso de reducir sus emisiones que llevaron a cabo a principios de la década, tanto Meta, como Google y Microsoft siguen incluyendo en una nota aparte la cifra real. Es decir, las emisiones de sus centros de datos en función del sistema eléctrico al que están conectados. Ese cálculo, que obvia mecanismos como los créditos de carbono, revela que hasta el 85% de la contaminación que produce la inteligencia artificial está siendo disimulada de los informes.

Amazon es la compañía que más centros de datos gestiona alrededor del mundo. Muchos de ellos son más antiguos y contaminantes que los de nueva generación, ya que siguen empleando una gran parte de su energía en refrigeración. También es la única de las cuatro hiperescaladoras que se niega a revelar el cálculo de emisiones real. “La dirección de Amazon sabe que si la opinión pública comprendiera plenamente la verdad, la indignación sería enorme”, explica a elDiario.es Eliza Pan, portavoz de Empleados de Amazon por la Justicia Climática.

Los datos de la contaminación efectiva que generan los centros de datos de Amazon que se incluyen en este reportaje están elaborados a partir de un contrainforme elaborado por este grupo de trabajadores de la multinacional. Organizados para protestar por la opacidad medioambiental de la empresa, calcularon que las emisiones reales de Amazon son, al menos, de 12 millones de toneladas de CO2 al año.

Se trata de un cálculo conservador, ya que “la situación ha empeorado en los últimos dos años debido a la construcción masiva de centros de datos de Amazon, que funcionan principalmente con energía contaminante”, continúa Pan. “Amazon dedica mucho tiempo y recursos a engañar al público y a sus propios empleados sobre la magnitud de su huella de combustibles fósiles”.

Sin respuesta

elDiario.es se puso en contacto hace varias semanas con estas cuatro compañías para hacerles llegar una serie de preguntas sobre esa discrepancia entre las emisiones efectivas que suponen sus centros de datos y la cifra maquillada con certificados de carbono. Todas se han negado a contestar a las cuestiones planteadas con la declaración de un portavoz oficial, que incidían en si consideran que los certificados de carbono cambian efectivamente el mix energético de las redes en las que operan o qué impacto tiene la demanda de sus centros de datos en el retraso del cierre de plantas de carbón.

Google y Meta han enviado una serie de puntos con información “de contexto”, textos genéricos extraídos de su información pública. En ellos, recuerdan que sus informes están alineados con el Protocolo de Información de Gases de Efecto Invernadero y que se esfuerzan por mejorar la eficiencia de sus infraestructuras de cómputo. Google dice que aspira a equiparar “cada kilovatio-hora de electricidad” que consuma con energía limpia “producida en la misma red eléctrica y durante la misma hora”. Meta afirma que sin un mecanismo como los certificados de carbono, las inversiones voluntarias de las empresas en energía renovable no se llevarían a cabo.

Microsoft, por su parte, también ha esquivado las preguntas y ha enviado una declaración extraída directamente de su último informe de sostenibilidad. “Ha quedado claro que nuestro camino hacia la negatividad de carbono es una maratón, no un sprint”, afirma, apuntando que las emisiones reales de sus centros de datos “han aumentado porque nuestro consumo de electricidad ha crecido más rápido que la descarbonización de las redes en las que operamos”.

“Seguimos comprometidos con el desarrollo y el apoyo de soluciones innovadoras para reducir las emisiones de los centros de datos clave y los insumos operativos, incluidos los materiales de construcción, los chips y los combustibles, centrándonos en soluciones a largo plazo en lugar de soluciones provisionales a corto plazo”, añaden.

Amazon ha rechazado el ofrecimiento para incluir su posición en esta información, negándose también a responder sobre el contrainforme de emisiones elaborado por sus propios empleados.

Qué supone realmente la demanda de los centros de datos hiperescalares para el sistema eléctrico

Las preguntas que elDiario.es envió a las cuatro multinacionales tenían que ver con el impacto real que la demanda de sus centros de datos hiperescalares está produciendo en los sistemas eléctricos en los que se instalan. Algunas de las cuestiones tenían que ver con Virginia, el estado de EEUU donde se está viviendo la mayor explosión de estas infraestructuras, y que anticipa un efecto que podría ocurrir en el resto de puntos del planeta por donde se están expandiendo.

En España, Microsoft ha anunciado la construcción de un complejo de centros hiperescalares en Aragón, al igual que Amazon. Meta ha optado por establecerse en Talavera de la Reina. La disponibilidad de energía renovable es uno de los principales motivos por los que España se ha convertido en un mercado atractivo para estas inversiones. Pese a la envergadura de estas nuevas infraestructuras, su peso es extremadamente reducido si se compara con la situación que atraviesa Virginia.

Centros de datos en EE. UU.

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025. fuente: Pew research center

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Incluye centros operativos y en construcción, a 20/10/2025.

fuente: Pew research center

Este estado, especialmente su zona norte, se convirtió en un punto clave para los centros de datos por su conexión a la mayor concentración de redes de fibra óptica (incluidos los cables submarinos que cruzan el Atlántico hasta Europa) y proximidad a Washington. El problema es que en la industria digital todo tiende a agruparse, en lo que se conoce como la fuerza de gravedad del dato: mientras las oficinas de las tecnológicas se concentraban en Silicon Valley, sus factorías lo hacían en Virginia.

Hoy hay zonas del estado donde no hay espacio para un solo centro de datos más. La demanda y los precios de la energía se han disparado a causa del auge de la IA. El resultado es que Dominion Energy, la principal distribuidora eléctrica de la zona, haya retrasado el cierre de todas sus plantas de carbón hasta 2045. La compañía alude directamente a que la demanda de los centros de datos se cuadruplicará para 2038. En total, hasta 15 plantas de carbón de EEUU cuyo cierre estaba planeado en 2025 continuarán operando debido a la IA.

El gran ejemplo es la planta de carbón de Clover. Puesta en marcha en 1995, Dominion la declaró “no rentable” en 2020. El impacto de los centros de datos la mantendrá activa dos décadas más.

Más allá del carbón, el mix energético de Virginia se compone en un 60% de gas y un 30% nuclear. El impacto estructural de los centros de datos en esta región supondrá la emisión de miles de millones de toneladas de CO2 a la atmósfera durante las próximas décadas.

Es una situación que se reproduce a nivel global. Según el informe de la Agencia Internacional de la Energía, las emisiones asociadas a los centros de datos pasarán de 180 millones de toneladas de CO2 al año en 2024 a 300 millones en 2035. Esto es debido a que las renovables solo podrán asumir un 50% del aumento de demanda, mientras que será el gas el que soporte gran parte del peso restante.

La Agencia también avanza que la nuclear podría ganar importancia si las investigaciones en reactores pequeños modulares tienen éxito. Se trata de una variante de central nuclear a pequeña escala y producible en serie en el que las tecnológicas están invirtiendo fuertes sumas para intentar acoplarlas a los centros de datos. Expertos críticos con la idea avisan de que es un intento de dar una segunda vida a este tipo de generación de energía con pocos visos de prosperar.

Por el momento, en EEUU se ha aprobado ya la reactivación de una central nuclear que había cesado sus operaciones para abastecer centros de datos. Hay otras dos reaperturas solicitadas, una promovida por Google y otra por Microsoft, que están a la espera de la aprobación de las autoridades. La segunda es Three Mile Island, la misma central que sufrió el accidente nuclear más grave de la historia de EEUU.

España no es una excepción

Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, avisa que en España se pueden producir procesos similares pese al gran peso que las renovables tienen en el mix energético. “El gran problema de los centros de datos es que necesitan energía las 24 horas, los siete días de la semana. Ese enorme consumo implica que el sistema eléctrico vaya a necesitar más energía, lo que inevitablemente va a obligar a ir conectando centrales de gas, en nuestro caso”.

En 2025, las renovables sumaron el 54% de la producción de energía. Sin embargo, el gas siguió representando el 22% y la nuclear el 19%, mientras que otros combustibles fósiles supusieron el 3%. Aunque las fuentes sucias ya representan una minoría del mix, siguen siendo el “colchón de seguridad” del sistema. Especialmente ante infraestructuras como los centros de datos de nueva generación, que suponen una demanda constante.

Las tecnológicas aseguran que la inteligencia artificial ayudará a combatir el cambio climático, facilitando descubrimientos científicos y mejoras en la eficiencia de procesos. Su primer impacto, no obstante, está suponiendo un freno para la descarbonización de los sistemas eléctricos en los que se instalan sus centros de datos.

“Todas nos enamoramos de nuestra gorda”, dice Leticia García. Vive en La Pampa y se refiere a la mujer ilustrada en uno de los cinco pósters del proyecto llamado “Cuerpo-Territorio”, que publicó el Instituto de Salud Socioambiental (InSSa) de la Universidad Nacional de Rosario. “Ella es un reflejo de lo que somos las mujeres patagónicas”, asegura. Los pósters representan el Centro, el Noroeste, el Noreste, Cuyo y la Patagonia. Se elaboraron a partir de talleres en los que participaron organizaciones socioambientales, vecinas y vecinos. El trabajo se complementó con bibliografía científica y así se llegó al mapa de la salud socioambiental en Argentina. Muestra cómo impacta el extractivismo en la salud de los cuerpos y de los territorios. Y también da cuenta de las resistencias que se generan para frenarlo.

Leticia García es geógrafa, feminista y profesora jubilada. En la imagen que observa se ve una mujer de piel marrón, con el pelo negro recogido en una trenza, con la nariz baja y ancha, los pezones oscuros, la panza generosa y las rodillas gastadas. Es el dibujo de una mujer-mapa que lleva marcado en su cuerpo los procesos socioambientales de la Patagonia. Este póster incluye la crisis hídrica de La Pampa, la megaminería en Chubut, la explotación de gas en Tierra del Fuego, del carbón en Santa Cruz y el fracking en Río Negro y Neuquén.

Entre otras problemáticas, el póster del Noroeste (Jujuy, Santiago del Estero, Salta y Tucumán) marca la producción de cítricos con agrotóxicos, el monocultivo de caña, el uso de transgénicos y la violencia institucional. El del Centro (Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) menciona el extractivismo urbano, la caza indiscriminada, la presencia de silos y de antenas de telefonía. El de Cuyo (Catamarca, Mendoza, San Juan y San Luis) destaca la extracción de hidrocarburos, el fracking y la megaminería de litio. Y el del Nordeste (Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa) señala la falta de acceso a la tierra, el monocultivo de pinos y las hidroeléctricas.

La categoría “cuerpo-territorio” es una herramienta de los feminismos decoloniales y de los pueblos indígenas, que vincula la salud de los cuerpos con las problemáticas socioambientales generadas por el extractivismo. El InSSa la usó por primera vez en 2020 para el póster “Cuerpo-territorio”, sobre las problemáticas socioambientales en Sudamérica. Ese primer trabajo fue una forma de abrir los ojos ante un lenguaje que la mayoría del equipo de salud ambiental no trabajaba: el artístico.

“Con estos mapas cuerpo-territorio nos animamos a transmitir información científica y validada de una manera que puede llegar a todo el mundo, sin restricciones. Sentimos que pudimos hacer mucho más asequible y palpable la importancia de la universidad pública y de la ciencia digna para las comunidades”, explica Damián Verzeñassi, director del InSSA.

Después del primer póster surgió la necesidad de mapear los diversos territorios del país. El InSSa impulsó 40 talleres de educación popular, que contó con la participación de organizaciones socioambientales, campesinas e indígenas.

Así se construyeron las cartografías regionales que dan cuenta de “procesos protectores” (organizaciones comunitarias, leyes y ordenanzas, producción agroecológica, áreas verdes, presencia de pueblos originarios). Y también los “procesos malsanos” (déficit de agua, basurales, fracking, megaminería, deforestación y fumigaciones). También incluyen indicadores registrados en cada sitio sobre salud mental, neoplasias (cánceres o tumores) y afectación en la salud respiratoria, endocrina, reproductiva, dérmica y digestiva. Los mapas de cada región se pueden descargar en el siguiente link.

Las voces de los pueblos en la academia

“Este trabajó nos dio una información riquísima sobre lo que ocurre en Argentina. Son cosas que ya conocíamos, pero que habíamos identificado de otra manera. Acá fueron las propias comunidades las que las nombraron. Ese peso es invaluable”, destaca Verzeñassi. Y agrega: “Es clave transmitir un mensaje riguroso en lo científico y en lo académico, pero también de posibilidad de transformación. Incorporar en los pósters los procesos protectores fue también clave porque estamos en un tiempo en el que tenemos la sensación de que hemos perdido”.

Los talleres se hicieron entre 2023 y principios de 2025. Lo que siguió fueron meses de lectura de conclusiones, sistematización de información y sobre todo de búsqueda de referencias bibliográficas y científicas que respaldan/complementan lo que dicen las comunidades. Cada lámina tiene un código QR que permite acceder a esa documentación.

El trabajo fue intenso. Y logró lo que el InSSa buscaba: que lo que dicen los pueblos también lo digan las universidades. “Nos querían científicos de la ciencia normal y positivista. Y ahí tienen. No nos quedamos solo con el arte y con la comunicación en otros lenguajes. También podemos disputar sentido con sus mismas herramientas”, resume Verzeñassi. 

Del territorio al mapa

El taller que Leticia García coordinó en La Pampa, junto a otras cuatro mujeres, se hizo en parte en Santa Rosa y en parte en el oeste de la provincia, cerca de la zona conocida como La Puntilla, región de crianceros de chivos afectada por el represamiento del río Atuel en Mendoza. El primer encuentro fue en diciembre de 2024, en la capital. “En ese taller salió la herida que tenemos en nuestra provincia respecto al despojo de los ríos en el oeste”, cuenta García. Se refiere a los desvíos de los ríos Atuel y Salado para embalses mendocinos en la década de 1960. La mayoría de las y los participantes del taller de la capital desconocía la problemática. Y el tema despertó interés.

“Nosotras no podíamos hablar por la gente del oeste, que es la que sufre las consecuencias de este problema”, recuerda. Estaban seguras de que el póster no podía decir algo que no fuera dicho por los habitantes de esa zona. Lograr que su voz esté presente en el trabajo final fue su apuesta política. Entonces viajaron. 

Organizaron una reunión en los puestos de La Puntilla. “Nos costó bastante porque era juntarse para esto. ¿Y cómo le explicas a un criancero o a una criancera que vamos a hacer talleres de ‘cuerpo-territorio’?”, relata. Al final, asistieron varias familias. La coincidencia fue evidente: en el oeste pampeano los desvíos de los ríos tuvieron un profundo impacto en la biodiversidad y en salud humana, en la historia y en la vida de esos territorios y de quienes los habitan. 

Elaboraron una línea de tiempo de los eventos, desde el represamiento de los ríos al presente, y después hicieron una puesta en común de las consecuencias: la muerte de los animales, la angustia, la migración hacia otros pueblos, el desarraigo y las fumigaciones por la expansión del agronegocio. Y con ellas los problemas en la piel y las pérdidas de embarazo.

A partir del dibujo de una silueta, las coordinadoras del taller propusieron a los puesteros llevar todas esas sensaciones al cuerpo. Pero nadie rompía el hielo. Nadie marcaba al principio dónde duele la venta de los caballos o la muerte de los chivitos. “¿No se animan?”, recuerda García que preguntó, con un fibrón en la mano. “Es como volver a la escuela”, les dijo. Los puesteros la miraron. Y le respondieron: “Nosotros nunca fuimos a la escuela”. 

Después, con una rama de jarilla o de pichana (hierbas típicas del lugar) en la mano, fueron señalando las dolencias del extractivismo, marcando más a la izquierda o a la derecha de ese cuerpo dibujado dónde se representa la fumigación, la pérdida de un embarazo e incluso la llegada tardía de una ambulancia. 

La identidad y la salud

Ana Meza Cruz es antropóloga y vive en Río Turbio, al suroeste de la provincia de Santa Cruz. La localidad se fundó como consecuencia de la actividad minera, encarnada en Yacimientos Carboníferos Río Turbio (ex Yacimientos Carboníferos Fiscales). No es una comunidad a la que llegó la minería, sino que se fue organizando en torno a ella. La migración es constante: el escenario laboral marca la vida del lugar. Y mapear esa historia fue distintivo en el taller Cuerpo-Territorio del sur. 

La propuesta de ese taller fue impulsada por Meza Cruz y por la docente Camila Paillán, que tuvieron el acompañamiento del InSSa en la formación y conformación de los talleres. Localmente, participaron la Agencia de Extensión Rural del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Asociación Civil Te Amo - Cuenca Carbonífera, colectivo de familias neuro divergentes.

La invitación a participar del mapeo fue pública y a pulmón, se difundió por los medios de comunicación locales y por las redes sociales. La reunión se hizo en una cancha de fútbol: un lugar que no marque ningún tipo de posicionamiento, que sea amigable para que se acerquen vecinos y vecinas del lugar. Asistieron jubilados, docentes de escuelas y universitarios, enfermeras, trabajadoras y trabajadores del yacimiento. Los encuentros se hicieron entre octubre y diciembre de 2024.

La primera propuesta del taller fue pensar la vida en Río Turbio desde el momento en que cada uno de los presentes empezó a vivir ahí. Llegaron hasta 1965. En la línea temporal quedó reflejado el paralelismo entre la actividad minera y el desarrollo del pueblo. Y, sobre todo, la trayectoria de lucha obrera. “Pudimos ver que no era sólo una cuestión ambiental, sino también que todo lo que ocurre con las dinámicas laborales interfiere anímica y mentalmente en la comunidad”, resume Meza Cruz. 

La extracción del carbón y el trabajo que genera es la identidad del lugar. “Costó mucho poder nombrar todo lo que estaba vinculado a la empresa y a la salud. Generaba mucha incomodidad porque era cuestionar la fuente laboral, la identidad, la historia de padres, abuelos, las luchas sindicales, las canciones, los murales. Todo está constituido desde ahí”, explica Meza Curz. 

La salud, los cuerpos, parecían al principio una cuestión individual, una cosa de cada uno. Pero la puesta en común trajo la coincidencia. “Pudimos ver que el carbón vuela, que el particulado vuela, que la existencia o no de inversiones afecta a toda la población y no solamente al trabajador. Y que las ansiedades, las angustias, las depresiones, las rupturas familiares se hacen más presentes en este cuerpo común”, asegura. También hubo nuevas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasa con el agua que toma una comunidad después de 70 años de actividad minera?

Finalmente, los participantes del taller de Río Turbio se encontraron para ver el resultado del encuentro y compartir reflexiones y conclusiones. Esto permitió ver cómo arrancaron y terminaron. Meza Cruz destaca una imagen: las personas con los brazos cruzados en los primeros encuentros, con una actitud casi desafiante. Y al final, esas mismas personas reconociendo las contradicciones, pero sobre todo mirando los mapas, haciendo preguntas, pidiendo que circulen en las instituciones, queriendo saber lo que pasa en otras regiones. 

Profundidad histórica: del quebracho a la soja

Luz Vallejos es antropóloga social, forma parte del colectivo Somos Monte Chaco y fue una de las impulsoras del mapeo cuerpo-territorio en su provincia. En el noreste argentino, el taller duró un día en el que confluyeron 14 organizaciones socioambientales chaqueñas. El encuentro se hizo en Resistencia, la capital provincial.

La característica del taller, destaca Vallejos, fue la profundidad histórica en la que entraron. “La nuestra es una provincia de ‘destino forestal’, porque esa fue la primera actividad extractivista en nuestro territorio. Desde que llegaron los españoles se extrae el quebracho y eso sigue hasta hoy”, resume la antropóloga. En el taller, la diversidad de miradas encontró en la profundidad histórica y en el bosque nativo un punto de unión entre las distintas problemáticas que detectaron. La historia se trazó desde el quebracho al avance del monocultivo de soja, a partir de la década de 1990.

Se detallaron los procesos de urbanización, el desmonte, las fumigaciones, el desarraigo, los problemas en la piel, las afecciones al sistema reproductor femenino, la pérdida del lenguaje de las comunidades originarias. Las problemáticas y las avanzadas extractivistas marcaron también otro hito: la aparición de los colectivos de resistencia. El mapeo significó allí la posibilidad de trazar una línea histórica del surgimiento de los movimientos socioambientales chaqueños.

Cuerpos de mujeres

Una de las características que marca Vallejos es que el taller chaqueño fue impulsado y coordinado por mujeres. Lo mismo se replicó en la mayoría de las experiencias. No fue casual. Tampoco lo fue que las cinco regiones del país están representadas en los pósters por mujeres indígenas y que la identificación de las protagonistas dé una sensación de enamoramiento pero también de bálsamo. Una suerte de así somos, así es el cuerpo que ponemos todos los días.

“Trabajamos epistemológicamente posicionados en la idea de que quien marca la agenda tiene que ser el territorio. Y acá el territorio estaba corporizado en mujeres que lo defienden cotidianamente. También había compañeros varones, pero el fuerte estaba dado por la presencia de mujeres”, señala Verzeñassi. 

La búsqueda de los pósters estuvo en representar a quienes habían activado los cuerpos-territorios, en reconocer la fecundidad de la tierra para la reproducción de la vida, pero también en representar a la mujer que fue a los talleres, que impulsó las asambleas, que comparte el mate, la torta frita y hasta la casa para las luchas. 

Gabriel Keppl estuvo a cargo de ilustrar los pósters. “Él pudo sistematizar y sobre todo sintetizar artística y científicamente todo lo que se está construyendo. Porque esa imagen de cuerpo femenino originario, de cuerpo femenino que habita el territorio, es también una síntesis científica”, destaca.

Los mapas Cuerpo-Territorio están viajando a cada tallerista que participó y lo hizo posible. El impreso en el territorio empieza a ocupar un lugar en el centro de la salud, en las escuelas, en las universidades, en los clubes, en las asambleas populares. Los pósters, el manual para dictar los talleres, la bibliografía y las conclusiones de los encuentros están disponibles y son de descarga gratuita: cualquiera puede hacer su mapa en su comunidad y pensar (y reconstruir) su territorio.

*Esta nota se publicó originalmente en la agencia Tierra Viva aquí.

Alguien que se adentra en una zona apartada del Amazonas suele esperar un entorno intacto, libre de residuos humanos y selva en calma. La idea de pureza absoluta acompaña siempre a quienes llegan a un rincón inhóspito, como si la distancia garantizara protección frente a la contaminación.

Sin embargo, la basura se abre camino incluso en esos espacios alejados, donde una botella flotando o un envoltorio arrastrado por la corriente recuerdan la presencia de los desechos. La paradoja de encontrar plásticos en los sitios más reconditos obliga a mirar de frente la magnitud del problema ambiental. Esa constatación nos lleva a la Amazonia, convertida en ejemplo extremo de cómo la contaminación penetra en los lugares más inaccesibles.

Los rincones más remotos ya no escapan a la invasión de plásticos

Un estudio publicado en la revista Ambio revisó 52 investigaciones científicas realizadas desde 2000 y concluyó que la contaminación plástica está extendida en toda la cuenca amazónica. El trabajo documenta la presencia de fragmentos en peces, aves, mamíferos acuáticos, suelos y aguas de consumo, con muestras recogidas en los nueve países que comparten el bioma.

La bióloga Jéssica Fernandes de Melo, de la Universidad Estatal de Santa Cruz en Brasil, relató a Mongabay que incluso especies que viven alejadas de asentamientos humanos aparecen contaminadas por microplásticos. También describió cómo algunas aves llegan a usar piezas grandes de plástico para construir sus nidos, y cómo es habitual encontrar envoltorios flotando en arroyos donde la gente se baña.

La primera evidencia que vinculó plásticos con la muerte de un animal en la región se registró en 2009, cuando un manatí apareció asfixiado por una bolsa. A partir de entonces se publicaron decenas de trabajos que confirmaron contaminación en peces, tortugas, aves y mamíferos, lo que permitió reunir el corpus analizado por la revisión de 2025.

El informe advierte además de un impacto importante en las comunidades humanas. Dos tercios de las especies con trazas de plásticos forman parte de la dieta local, lo que abre la puerta a la ingestión de fragmentos por parte de la población. Aunque la mayor parte de los hallazgos se concentran en el aparato digestivo de los peces, que suele descartarse al cocinar, todavía queda pendiente comprobar si los fragmentos penetran en los tejidos musculares, lo que tendría implicaciones más serias para la salud.

Los investigadores piden ampliar los estudios y acelerar medidas para frenar el avance de la contaminación

Las publicaciones analizadas revelan que la mayoría de las investigaciones se han concentrado en Brasil y, sobre todo, en el cauce principal del río Amazonas. Amplias zonas del bioma siguen sin datos de campo, lo que deja abierta la incógnita sobre la magnitud real del problema en áreas periféricas.

Los investigadores recuerdan que los municipios más aislados carecen de programas de reciclaje y de sistemas adecuados de gestión de residuos. La acumulación de basuras termina inevitablemente en los ríos, que se convierten en autopistas para los desechos hasta llegar a los ecosistemas más alejados.

El vacío de información sobre nanoplásticos, los fragmentos más diminutos, resulta especialmente inquietante. La revisión subraya que todavía no se han realizado estudios sobre su efecto en la Amazonia, pese a que pueden atravesar tejidos animales y humanos con más facilidad.

Ante este panorama, los autores sostienen que ya existe base suficiente para impulsar políticas inmediatas que reduzcan la llegada de plásticos al medio natural. Reclaman ampliar la investigación a zonas inexploradas, evaluar con exactitud la presencia en aguas de consumo y analizar de forma prioritaria los riesgos de los fragmentos más pequeños.

Porque, como demuestra la basura en los rincones más apartados, lo que llega a la Amazonia acaba mostrando hasta qué punto la contaminación se cuela en todas partes.

El Día Mundial sin Auto invita todos los 22 de septiembre a los conductores a dejar los automóviles aunque sea por un día, para viajar en transporte público, en bicicleta o caminar. Se calcula que a nivel global circulan más de mil millones de vehículos, lo cual afecta al ambiente y la convivencia en las ciudades.

El objetivo de la fecha es simple: concientizar a las personas sobre el daño ambiental que provoca el uso masivo de autos. Además, tomar conciencia de la importancia de un espacio público cuidado, con menos ruido, mejores alternativas de transporte público y seguridad para ciclistas y peatones.

Aunque el cuidado del ambiente es el eje central de la jornada, también promueve hacer foco en la salud individual y el estilo de vida, ya que ejercitarse viajando en bicicleta o caminando tiene varias ventajas. Entre ellas, es una actividad saludable, es más barato que usar un auto y evita perder el tiempo en embotellamientos o buscando estacionamiento.

Un poco de historia

En 1973, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cortaron sus ventas a los Estados que apoyaron a Israel en la guerra de Yom Kipur. Esto generó una crisis que en Estados Unidos, por ejemplo, llevó a que se racionara el combustible para los autos según la terminación de las patentes y se impusiera el horario de verano.

Por estos años, aparecieron las primeras ideas para desincentivar el automóvil y promover otros medios de transporte. Recién en 1994, las ciudades de Reikiavik (Islandia), La Rochelle (Francia) y Bath (Inglaterra) organizaron las primeras jornadas, pero fue Gran Bretaña el primer país en aplicarlo a nivel nacional en 1997.

En el 2000, la Comisión Europea declaró formalmente esta fecha como día mundial y lo implementó en sus países miembros como parte de la “semana europea de la movilidad”. Más tarde, se sumarían ciudades latinoamericanas como Ciudad de México, Bogotá y Buenos Aires.

A pesar de que la conversación socioambiental parece haber retrocedido en los últimos años en la agenda pública, seguimos camino a traspasar los límites biofísicos (determinados por la ciencia) que hacen posible la vida humana en el planeta. Por eso, la acción individual de dejar de lado el auto implica conciencia y compromiso. Y también, un llamado a las autoridades a diseñar políticas y programas para desarrollar una movilidad sustentable y rediseñar nuestras ciudades.

MP

La Corte Suprema de Justicia condenó este martes al Estado nacional, a la norteña provincia de Jujuy y a dos empresas, por la contaminación del Parque Nacional Calilegua, que integra la Reserva de Biósfera de las Yungas -reconocida por la Unesco en 2002-, informaron fuentes judiciales.

En su resolución, el máximo tribunal ordenó al Estado argentino y al de la provincia de Jujuy ejecutar un plan de cese y recomposición del daño ambiental y frenar la actividad petrolera del yacimiento Caimancito y del pozo Ca.e3.

El fallo condenatorio también alcanza a la empresa estatal provincial Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y a la firma Jujuy Hidrocarburos (JH).

“La continuación de la explotación hidrocarburífera resulta manifiestamente ilegal, razón por la cual debe cesar”, afirmó la Corte en el fallo sobre una causa por contaminación impulsada por un grupo de vecinos del parque nacional Calilegua.

Según el Supremo, el Estado nacional y la provincia no cumplieron con sus deberes de fiscalización. “Se ha acreditado la existencia de un daño ambiental ilícito derivado de la existencia y mantenimiento de los pozos petroleros inactivos en los que no se han implementado los mecanismos de abandono exigidos por las normas aplicables para evitar la contaminación ambiental”, afirma el fallo.

La explotación en el yacimiento Caimancito, ubicado dentro del parque nacional en mención, comenzó en 1969, antes de la creación del área protegida en 1979. En el yacimiento Caimancito hay una treintena de pozos activos e inactivos. El pozo identificado como Ca.e3 colapsó en 1997 y generó severos daños ambientales en la zona, que incluyeron la contaminación del arroyo Yuto.

En 2014, vecinos del lugar presentaron una acción de amparo judicial por daño ambiental contra la Administración de Parques Nacionales, el Estado nacional, la provincia de Jujuy, varias empresas petroleras y el Municipio de Yuto.

La Corte rechazó que la condena sea extensiva a las petroleras YPF y Pluspetrol y a la Municipalidad de Yuto, así como al demandado Felipe Frognier “pues no se ha demostrado que el pozo Ca.e3 del yacimiento Río Colorado se encuentre en tierras de su titularidad”.

Con información de la agencia EFE

Las negociaciones para aprobar un tratado internacional sobre contaminación de plásticos fracasaron. Los negociadores no fueron capaces de llegar a un texto de consenso despúes de una fase final de negociación que duró diez días.

Con el auspicio del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambientela, las delegaciones de 180 países intentaron llegar a un acuerdo global durante las reuniones en la ciudad suiza de Ginebra.

Las delegaciones de los países implicados han mostrado su profunda decepción ante el resultado. En una serie de intervenciones, tras toda una noche de negociación para cerrar un texto final aceptable para todos, pidieron que, pese al resultado, el proceso no se detenga y se continúen los esfuerzos para aprobar el tratado.

Según los negociadores, este proceso diplomático debe mantenerse vivo y deben celebrarse nuevas rondas de negociaciones en base a los últimos textos presentados por los negociadores.

Las delegaciones pidieron que no se tire por la borda más de tres años de trabajo para logar un primer instrumento global para afrontar la crisis generada por la producción y el uso insostenible de los productos plásticos.

El borrador presentado por el presidente del órgano negociador, el embajador ecuatoriano Luis Vayas, no ha recibido el apoyo esperado. Vayas habia mantenido durante todo el día numerosas reuniones con grupos de países para tratar de acercar posiciones.

Pese al rechazo, numerosos países implicado han explicado que esa última propuesta puede ser la base para continuar con las negociaciones. El texto anterior, que también había sido presentado por el embajador Vayas, había sido considerado “inaceptable” de manera casi unánime.

A pesar de los esfuerzos desplegados por el diplomático ecuatoriano, el texto revisado mantenía varios corchetes, lo que significaba que persistían las posiciones divergentes en varios puntos. Se notaba en particular que las diferencias recaían en gran parte en el nivel de compromiso que se planteaba.

Para la gran mayoría el tratado debe establecer medidas de obligatorio cumplimiento para frenar la contaminación de plástico, mientras que un grupo limitado de países (liderado por Arabia Saudí y que también incluía a otros países del Golfo Pérsico, Irán, Rusia y Estados Unidos) rechazó hasta el final esta visión y defendió que los compromisos debían ser voluntarios.

La organización ecologista Greenpeace dijo que la incapacidad de alcanzar un acuerdo en Ginebra “debe ser una llamada de atención para el mundo porque revela que poner fin a la contaminación por plásticos significa enfrentarse directamente a los intereses de los combustibles fósiles”.

“La industria petroquímica está decidida a enterrarnos por beneficios a corto plazo. Ahora no es momento de pestañear, es el momento de valentía, determinación y perseverancia. El llamamiento de toda la sociedad civil es que necesitamos un tratado firme y jurídicamente vinculante que reduzca la producción de plástico y ponga fin a la contaminación que produce”, señaló .

Los vuelos entre Vancouver y Ciudad de México cubren una distancia de más de 4.800 kilómetros, el doble de la que separa París de Estambul. Esa magnitud no es una excepción, sino en el calendario de la próxima Copa Mundial masculina. Casi todos los traslados entre sedes exigirán cambiar husos horarios y cubrir miles de kilómetros. Y ese diseño de torneo es, precisamente, lo que ha encendido todas las alarmas climáticas.

La expansión del torneo choca con las promesas de sostenibilidad que la FIFA proclamó

La FIFA proyecta una edición sin precedentes para 2026, con 48 selecciones y un total de 104 partidos distribuidos en 16 ciudades de tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Aunque el organismo insistió en su compromiso por reducir el impacto medioambiental del evento, las proyecciones más recientes contradicen esa promesa.

Un análisis conjunto del Fondo para la Defensa del Medio Ambiente, la organización Scientists for Global Responsibility y la red Cool Down cifra en más de 9 millones de toneladas las emisiones previstas de CO₂ equivalente.

Buena parte de esa cifra proviene del transporte aéreo internacional, cuya huella supera con holgura los niveles registrados en torneos anteriores. Solo los desplazamientos entre ciudades sede podrían generar más de 7,7 millones de toneladas de dióxido de carbono, una cantidad que, de cumplirse el peor escenario previsto por los autores del informe, alcanzaría los 13,66 millones.

El documento también apunta que las fuentes complementarias de contaminación, como los alojamientos, el consumo energético en estadios y la gestión de residuos, sumarían al menos otros 1,3 millones de toneladas.

El modelo de crecimiento elegido por la FIFA entra en conflicto con los límites del planeta

Además del transporte, el calendario ampliado y la presencia de más selecciones también se traduce en un mayor número de delegaciones, hinchas, proveedores, y personal vinculado al torneo. Brian McCullough, profesor de la Universidad de Michigan, expuso en The Conversation que “la Copa Mundial ampliada podría generar más de 9 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono equivalente, casi el doble del promedio de los últimos cuatro Mundiales”.

Esa dinámica contrasta con lo que otras entidades deportivas han intentado corregir. Según explicó el geógrafo David Gogishvili, de la Universidad de Lausana, en una entrevista con AFP, “el apetito insaciable de la FIFA por crecer se traduce en más atletas, más aficionados, más hoteles, más vuelos. Es un ciclo sin fin que perjudica al planeta”.

Más allá de las cifras globales, el informe advierte sobre otro factor de riesgo que condiciona la celebración del evento: las condiciones climáticas extremas en varias de las sedes. Ocho de los estadios requieren adaptaciones urgentes por exposición a altas temperaturas, incendios o inundaciones

En Houston, por ejemplo, el índice WBGT, que evalúa el riesgo por golpe de calor, supera en promedio los 28,9 °C en julio. En Dallas, varios días del verano registran temperaturas por encima de los 35 °C. Y en la zona de Los Ángeles, los expertos alertan sobre la elevada probabilidad de incendios forestales. De hecho, aún queda en el recuerdo los pasados fuegos que arrasaron parte de la ciudad.

Este contexto obliga a las autoridades a considerar medidas excepcionales en materia de salud y logística. En la rueda de prensa posterior a un encuentro del Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, que sirvió como una especie de test - fallido, además -, el jugador argentino Enzo Fernández explicó que “el otro día me mareé un poco, me tuve que tirar al piso porque estaba mareado. Jugar así, con esta temperatura, es muy peligroso”. El español Marcos Llorente también tuvo quejas similares.

El plan inicial del proyecto United 2026 estimaba una huella ambiental total de 3,7 millones de toneladas de CO₂, pero esa proyección se elaboró cuando el torneo contemplaba solo 64 partidos. Desde entonces, el número de encuentros ha crecido un 62% y las distancias entre ciudades no se han reducido.

La rentabilidad del torneo refuerza la tensión entre beneficios económicos y cuidado del entorno

Para Stuart Parkinson, director de Scientists for Global Responsibility, el mayor obstáculo sigue estando en la falta de datos verificables. Según explicó en el informe, “el futbol enfrenta dificultades para reconocer su verdadero impacto ecológico debido a la falta de datos precisos y a la omisión de aspectos clave en sus cálculos de huella de carbono”.

Las propuestas para reducir ese impacto pasan por limitar el tamaño del torneo, aprovechar infraestructuras ya existentes y promover el seguimiento desde los países de origen. También se plantea establecer auditorías independientes y normas ambientales de obligado cumplimiento. Sin embargo, hasta ahora, ninguna de estas ideas ha sido incorporada como condición formal para la organización del evento.

En paralelo, los ingresos esperados por la FIFA superan los 40.000 millones de dólares, cifra que revela la dimensión económica del torneo, pero también la tensión constante entre los objetivos de sostenibilidad y los intereses comerciales.

Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

La Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR reveló este sábado que a pesar de haber creado dos comisiones para regular los agroquímicos en el agua de consumo, el Estado argentino no avanzó en ninguna propuesta por más de 17 años y dejó un vacío legal que podría afectar la salud de las personas. Esta situación impacta especialmente a las niñeces y adolescencias que acuden a escuelas rurales, donde ocurren fumigaciones frecuentes a metros e incluso por encima de sus edificios. 

Ante la falta de mediciones oficiales estas comunidades educativas realizaron a lo largo y ancho del país relevamientos propios acompañadas por equipos multidisciplinarios de distintas universidades y organizaciones locales, según la investigación de la UDI de elDiarioAR. Así surgieron decenas de estudios impulsados por fuera de los gobiernos y de la mano de colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida y de maestras que son emblemáticas en esta disputa con el sector agroindustrial, como Ana Zabaloy, Estela Lemes y Mariela Leiva. 

De hecho, algunos de estos estudios fueron clave para demostrar el impacto ambiental de las fumigaciones, como los que realizó el químico fallecido Damián Marino junto a su equipo en el Centro de Investigaciones del Medioambiente (del Conicet y la Universidad de La Plata) con muestras de diferentes territorios, pero en particular de escuelas fumigadas.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) publicó una sistematización sobre algunas mediciones realizadas entre 2019 y 2022 que alcanzaron más de 35 instituciones (aunque algunas de ellas están en el mismo predio). Se realizaron en nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los resultados fueron contundentes: los estudios arrojaron resultados positivos de agroquímicos en mayor o menor concentración en el agua que toman en las escuelas. Entre los que más aparecieron figuraban atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D. 

Estos hallazgos se dan en este contexto: el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: en las últimas dos décadas, el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la UDI de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

En diálogo con elDiarioAR, Leonardo Moreno, docente y miembro de la CALE, sostuvo que en la problemática del agua posiblemente contaminada en las escuelas confluye la responsabilidad del Estado en sus distintos niveles: “Trabajar desde el ámbito educativo nos puso a reflexionar: ¿quién es responsable de la calidad del agua de la escuela? La respuesta es el Estado”.

Además, el docente agregó que no hay dudas sobre cuáles son los organismos responsables de garantizar la potabilidad: “En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, es el Consejo Escolar el que analiza y te da el apto para el agua”. También mencionó la inacción del Poder Judicial: “¿Qué hace el Poder Judicial sabiendo que hay análisis que dicen que el agua está contaminada?”

La solución que se brindó para algunas escuelas fue la de proveer bidones o tanques con agua de otros lugares para evitar que se tome el agua supuestamente potable. Sin embargo, desde la CALE creen que es un paliativo: “Al principio veíamos como una solución que si el agua está contaminada entreguen bidones o camiones cisterna, pero luego nos preguntamos: ”¿Este agua también tiene análisis integral?“. 

Organizarse en base al reclamo por el agua limpia en las escuelas no fue casual: “La escuela es el punto donde está toda la comunidad. Están las niñeces, el derecho a su crecimiento adecuado, a una alimentación saludable, pero también pensamos los derechos laborales de quienes trabajamos en la escuela. Por eso después hicimos una nota presentada a los sindicatos en 2022”, sostuvo el docente. 

Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente

Nadia Martín — Docente de la escuela N° 50

Escuelas rurales bonaerenses: el botón de muestra

Nadia Martín es docente de distintas escuelas de la Zona Oeste Rural de Mar del Plata y miembro de la CALE. Sostiene que a pesar de tener conocimiento de la presencia de agroquímicos en el agua desde hace años, fue el estudio realizado por las organizaciones el que proporcionó evidencia científica a la comunidad, permitiendo una mayor visibilización del tema, aunque la cobertura mediática disminuyó con la pandemia. 

En diálogo con la UDI de elDiarioAR, Nadia Martín contó cómo le dieron a conocer la situación apenas ingresó a su cargo en la escuela número 50: “Trabajo en la escuela hace más de 10 años y desde el día que entré me dijeron: ‘El agua no se puede tomar, está contaminada’, pero nunca habíamos tenido un estudio fehaciente”.

El trabajo del Grupo Aguas, publicado en 2020, mostró niveles alarmantes de nitratos en varias perforaciones estudiadas en 2019: la perforación que abastece a la escuela EEP N° 51, presenta un valor de 174 mg/L, casi cuatro veces por encima del límite permitido por la normativa nacional (45 mg/L). Por una medida cautelar vigente, la institución recibía ya en 2020 agua potable de Obras Sanitarias. 

Lo mismo sucede con otras escuelas, como la EEP N° 46, JP N° 918 y EES N° 50, con 89 mg/L de nitratos. En el caso de la EEP N° 8, las mediciones arrojaron valores de 30 mg/L aunque este valor se mantiene por debajo del límite.

En estas últimas cuatro escuelas, también se detectó glifosato en 22,3 µg/L y 14,1 µg/L respectivamente, ambas perforaciones muy por encima del valor regulado por la Unión Europea: 0,1 µg/L por sustancia individual y 0,5 µg/L para el total de pesticidas en una muestra de agua potable. 

Ante el reclamo por parte de los docentes y familias de las escuelas al Consejo Escolar, ente responsable de las instituciones, éste envió muestras de agua a analizar en distintas ocasiones. Entre marzo de 2022 y junio de 2024 se realizaron al menos tres análisis fisicoquímicos y bacteriológicos de agua en aquellas escuelas, todos a cargo del Instituto de Análisis y Certificación de Calidad (INAC). En cada caso, los informes concluyeron que las muestras cumplían con los límites exigidos por el Código Alimentario Argentino (CAA).

La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable

Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce

Sin embargo, ninguno de estos estudios realizados midió los pocos agroquímicos regulados, y mucho menos los que son ampliamente utilizados por las actividades agrícolas (por ejemplo, atrazina y glifosato) pero que no están regulados en el Código Alimentario Argentino. 

La profesora describió el entorno donde están ubicadas algunas de estas escuelas: “La zona donde está la escuela N°50 es el mayor cordón frutihortícola a nivel de tamaño de Sudamérica, te imaginás la cantidad terrible de agroquímicos que se tiran. (La escuela) está al lado del frutillar, de la zona de producción más grande. La mayoría de mis estudiantes viven en ‘el campamento’, que es un lugar donde residen las familias de los trabajadores rurales”, contó la docente.

Consultados por elDiarioAR, científicos que analizan agroquímicos y distintas sustancias en el agua potable comentaron que el resultado de un análisis de una muestra es como una “foto”, ya que las napas de agua son permeables. Tanto es así que se encuentra una correlación directa entre los cultivos de época y los agroquímicos utilizados con los que se suelen encontrar en las muestras de agua.

Así lo demostró un estudio del Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce que analizó un total de 53 plaguicidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados: “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”. Además, se concluyó que “el estudio reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

Por eso, el reclamo de los docentes puntualiza sobre el análisis integral del agua. En una gacetilla del 27 de diciembre último aseguraron que “el día 23 de diciembre se presentó la tercera nota en el año pidiendo el análisis integral del agua a las autoridades del Consejo Escolar y en particular, a la Consejera Escolar de Salud y Seguridad María Cristina Suarez... Habiendo transcurrido ya 3 meses, aún no hubo avances ni respuesta alguna”.

El último avance comunicado por la consejera escolar fue el 14 de enero pasado informando la presentación de la nota de pedido de análisis integral entregada por los docentes al Consejo, esta vez, en la sede de la Autoridad Del Agua (ADA) en La Plata. Además del envío por correo electrónico a la Comisión de Salud y Seguridad y a la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia de Buenos Aires. 

“Lo que se necesita todos los años al iniciar el ciclo lectivo para tener seguridad es el estudio integral del agua. Un estudio químico y un estudio bacteriológico. La exigencia que teníamos nosotros como comunidad era el estudio más que nada químico para que detecte presencia de agroquímicos, de metales pesados, como por ejemplo el arsénico, que es lo que surgió, que tenía altos niveles en el último estudio, no aptos”, sostuvo Nadia Martín.

En aquel estudio de 2020, el Grupo Aguas concluyó que “las perforaciones que abastecen a la EP51, EEP N° 46, JPN° 918 , EES N°50 y EEP N°8 presentan contaminación por nitratos y/o el herbicida glifosato en niveles que representan un riesgo para la salud de la población que la consume. Por lo tanto, no pueden considerarse aptas para consumo y es urgente que se tomen las medidas necesarias para asegurar la provisión de agua potable en dichos establecimientos”. 

Solo para ejemplificar, la Escuela Secundaria 50, que obtuvo en la muestra de 2019 un equivalente a 89 mg/l de nitratos y 14,1 ug/l de glifosato, luego tuvo el ya nombrado estudio químico y bacteriológico convencional, enviado por el Consejo Escolar. “Nos mandan este nuevo estudio medio recortado, que decía que estaba apto, pero eso fue hace dos años. No tenemos nada fehaciente que diga que no está contaminado. Entonces, los directivos lo toman como que no está contaminada y se cocina, se toma, los chicos van al patio y abren la canilla y toman”, contó la docente.

ED

Beber como mínimo dos litros de agua a diario es una indicación que se repite hasta el hartazgo como una buena práctica para la salud. Esta prescripción se basa en un presupuesto: el agua que tomamos es segura. Pero, ¿qué pasa si el agua que ingerimos tiene contaminantes como plaguicidas y no lo sabemos? ¿Qué parámetros se utilizan para determinar que el agua es potable?

En Argentina -país agroindustrial por excelencia- el Estado evalúa la calidad del agua potable sin considerar la presencia de la mayoría de los plaguicidas de uso actual, como atrazina o glifosato. Es más: el Estado asumió la necesidad de regular cantidades máximas de estos contaminantes y creó dos grupos de trabajo para que realicen esta tarea, pero nunca lo concretó, de acuerdo con las consultas a documentos oficiales y entrevistas realizadas por la Unidad de Investigación (UDI) de elDiarioAR en los últimos meses.

En consecuencia, el agua de la canilla de cualquier persona que vive en Argentina -salvo en algunas provincias con regulaciones propias- podría contener concentraciones elevadas de agroquímicos sin que se detecte. Y lo que es peor aún: el Estado asumió hace 17 años esta carencia pero no ha dado todavía respuesta.

Crónica de una (no) regulación anunciada

En 2006, la Asociación Civil Foro Ambiental de Córdoba realizó un relevamiento en el que detectó que había dos temas prioritarios ambientales: “Uno era la necesidad de controlar residuos de plaguicidas en frutas y verduras y el otro era el de actualizar la normativa sobre plaguicidas en agua potable, que sólo incluía algunos desarrollados en tiempos de la Segunda Guerra Mundial”, contó a elDiarioAR Federico Kopta, biólogo y actual presidente del Foro.

Para abordar la segunda problemática lo que había que hacer era lograr una actualización del Código Alimentario Argentino, la normativa que en su Capítulo XII indica cuáles son las características que debe tener el agua para ser considerada potable.

El organismo encargado de su modificación es la Comisión Nacional de Alimentos (Conal), conformada por otros organismos oficiales: la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), el Instituto Nacional de Alimentos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y las distintas jurisdicciones del país. 

Además, según establece la ley que lo creó, la revisión del Código Alimentario tiene que ser permanente, por lo que el camino no podría ser tan complicado: el Foro tenía que exponer el problema, la Conal, hacer un análisis de los pedidos y definir los cambios correspondientes. 

Pero nada de esto sucedió. Lo que pudo reconstruir la UDI de elDiarioAR, a partir del análisis de los diferentes documentos oficiales obtenidos por pedidos de acceso a la información pública, fue que desde 2007 hasta la actualidad hubo un sinfín de idas y vueltas con esta tarea fundamental para la salud de las personas entre distintos organismos públicos y que quedaron en la nada.

La historia

En 2007, luego de que el Foro Ambiental de Córdoba relevara que en Argentina no estaban regulados niveles máximos permitidos de plaguicidas de uso actual en el agua potable, el colectivo envió una carta a la Anmat, otra a la Dirección Provincial de Agua y Saneamiento de la provincia de Córdoba y una tercera a la Defensoría del Pueblo, con los fundamentos técnicos sobre por qué había que actualizar la lista de plaguicidas. 

Después de un año de burocracia el Estado asumió la necesidad de ampliar la regulación de agroquímicos en agua potable en septiembre de 2008, cuando la Conal ingresó el pedido del Foro en una reunión plenaria que quedó registrada en un acta que lleva el número 78. En ese encuentro, la comisión acordó estudiar la inclusión en el Código Alimentario Argentino de los niveles máximos permitidos en el agua potable de los plaguicidas autorizados entonces en el país. 

Seis meses después, en marzo de 2009, la Conal creó el Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas”, coordinado por Senasa y el Instituto Nacional de Alimentos, con el mandato de actualizar la lista de estos contaminantes.

El Grupo se reunió en tres oportunidades. De la primera no hay registro, pero sí de la segunda, que ocurrió el 26 de junio de 2009. En esta reunión hubo reclamos cruzados. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Alimentos dejó asentado que le había pedido datos sobre concentraciones de plaguicidas y cianotoxinas en el agua al Instituto Nacional del Agua y al entonces Ministerio de Ambiente pero que estos organismos no le habían respondido.

También le había solicitado esta información al Foro Ambiental de Córdoba, es decir, el Estado le pedía a una organización civil una información que, a priori, le corresponde tener oficialmente. 

Hubo una tercera y última reunión del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” el 28 de agosto de 2009 y participaron cuatro personas de Senasa y cuatro del Instituto Nacional de Alimentos. En el acta de ese encuentro se insistió con reclamos de información cruzada entre organismos. Además, Senasa destacó que consideraba “indispensable” para avanzar en el tratamiento de los límites de plaguicidas a incluir en la normativa “conocer el estado de situación de las aguas del país”, por lo que el organismo se comprometía a confeccionar un mapeo para informar en qué zonas se emplean puntualmente cada plaguicida.

Un dato sobre la composición de grupo de trabajo: uno de los coordinadores fue Diego Ciancaglini, por entonces coordinador de Agroquímicos y Biológicos de Senasa y quien desde ese lugar había expresado que el glifosato “cumple con todas las normativas” en una nota publicada por La Nación Campo.

Mientras en las reuniones de la Conal se pasaban la pelota unos a otros, la Defensoría del Pueblo de la Nación consultó a la cátedra de Toxicología de la Facultad de Medicina de la UBA sobre la necesidad de actualizar el Código Alimentario Argentino para incluir límites máximos de residuos de plaguicidas y cianotoxinas en el agua potable.

En su respuesta, su titular, el doctor Carlos Damin, y la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, la doctora Ana Digón, consideraron “pertinente” el pedido de actualización. 

En respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR respecto a las conclusiones y acciones del Grupo de Trabajo “Plaguicidas y Cianotoxinas en Aguas” de 2009, la Anmat informó que “no presentó ninguna propuesta a la Comisión Nacional de Alimentos, por lo tanto, el grupo de trabajo quedó inactivo”.

Los años pasaron y el Foro Ambiental de Córdoba y la Defensoría del Pueblo de la Nación insistieron. En el acta número 142 de septiembre de 2021, la Comisión Nacional de Alimentos  tomó un nuevo pedido de actuación para regular los agroquímicos en el agua potable. Pero esta vez, en lugar de crear un nuevo grupo de trabajo, amplió el alcance de otro ya existente rebautizándolo como “Contaminantes orgánicos e inorgánicos”. Para entonces, habían pasado 14 años y 64 reuniones sin avances sobre el tema.

Esta vez el pedido del Foro Ambiental era más concreto: proponía utilizar los niveles máximos permitidos por el Consejo de la Unión Europea (UE) de 1998: una legislación de avanzada con foco en la prevención de riesgos para la población que establece como regla que ningún agroquímicos puede superar una concentración de 0,1 μg/l (microgramo por litro) para una molécula aislada y que la suma de todos los plaguicidas encontrados no puede se mayor de 0,5 μg/l. 

En junio de 2022 la Comisión Nacional de Alimentos acordó avanzar en un muestreo nacional a mediados de 2023 para evaluar el estado de situación en cuanto al agua potable de suministro público y agua potable de uso domiciliario. Pero tampoco sucedió.

La Anmat informó en agosto de 2024 en respuesta a un pedido de acceso a la información pública de elDiarioAR (y lo ratificó hace semanas por fuentes) que el último avance sobre el tema fue la tramitación para “adquirir bienes de laboratorio necesarios para optimizar las técnicas analíticas disponibles para la determinación de residuos de plaguicidas y así poder avanzar con el muestreo al que se refieren las mencionadas actas de la Conal”. 

Estado de situación 2025

En las idas y vueltas entre el Foro, la Defensoría y distintos organismos estatales, el 22 de marzo de 2017, Alejandro Rubió -entonces integrante del Servicio de Evaluación Bromatológica del Departamento de Legislación del Inal- hizo un informe en el que aseguró: “Todo contaminante que no esté detallado en la normativa se encuentre prohibido”. Es decir, que si un contaminante está indicado en el Código Alimentario Argentino, el agroquímico puede contener ese contaminante en la concentración que fije el límite de la norma. Si por el contrario el contaminante no está mencionado ni fijado su límite en el código, su sola presencia hace que el producto no sea apto para su consumo, explicó Rubió en el documento. 

En la actualidad el Código Alimentario Argentino establece límites para la presencia de 26 contaminantes orgánicos, 17 vinculados con el agronegocio como aldrin y dieldrin (insecticidas ampliamente usados en los 70 que ya fueron prohibidos), clordano y DDT (pesticidas que también fueron prohibidos en gran parte del mundo) o 2,4 D (herbicida).

Sin embargo, no están incorporados otros de amplio uso actual como los herbicidas atrazina (o su derivado hidroxiatrazina), metolaclor, imazetapir y glifosato ni insecticidas como el imidacloprid. 

Siguiendo el principio que explicó Rubió sobre el Código Alimentario Argentino, si en una muestra de agua se detectara atrazina o glifosato entonces se podría considerar que el agua no es potable. Pero al no estar detallados sus límites, ¿quién busca si estos contaminantes están? La respuesta varía dependiendo de la jurisdicción, porque mientras la regulación nacional sigue sin actualizarse, algunas provincias o prestadoras de servicios de agua de red avanzaron por su cuenta.

De acuerdo al relevamiento que hizo la UDI de elDiarioAR con prestadoras de agua de red de distintas jurisdicciones, en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA) -que está en La Plata y otras localidades cercanas- y Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) -que opera en Mar del Plata y sus alrededores- se rigen por la ley provincial 11.820 (Anexo A), que no incorporan plaguicidas de uso actual como la atrazina o el glifosato.

Respecto a la Ley 26.221, que regula en el Área Metropolitana de Buenos Aires la prestación del servicio de provisión de agua potable, como el de la empresa AYSA, los contaminantes orgánicos que menciona son los mismos que el CAA, con algunas variaciones en los límites máximos, es decir que tampoco integran al análisis los agroquímicos más usados.

Distinto es el caso de Aguas Santafesinas SA (ASSA) - que presta servicio en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez- que se rige por la ley provincial 11.220 pero, además, desde la empresa informaron que controlan la presencia de atrazina, glifosato, AMPA, endosulfán, y cualquier otro componente que fuera necesario controlar para garantizar la prestación del servicio.

En el caso de la provincia de Córdoba también se avanzó más allá del CAA: en 2016, gracias al trabajo del Foro Ambiental, el Estado provincial aprobó nuevas normas provinciales de calidad y control de aguas para bebida, que incorporaba 12 nuevos plaguicidas y una cianotoxina al control de rutina, además de nuevos elementos químicos como el uranio. 

En diálogo con elDiarioAR, el presidente del Foro Ambiental de Córdoba, Federico Kopta, sostuvo que la diferencia por la cual se pudo avanzar en la provincia de Córdoba y no en la Nación es porque en esa jurisdicción “existió una competencia técnica por parte de un decisor que era un ministro y una posterior decisión política”.

El que busca, encuentra

Desde 2010, el Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA-INTA) Balcarce fue contactado por comunidades vecinas, municipios y productores agropecuarios organizados para indagar sobre la presencia de plaguicidas en aguas destinadas al consumo humano.

Entre 2019 y 2022 se tomaron muestras de aguas subterráneas que tenían profundidades que variaban desde un mínimo de 17 metros hasta más de 50 y abastecían tanto a redes públicas (es decir, a empresas proveedoras de agua) como a privados (familias o establecimientos que realizan sus propios pozos).

La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales

Paula Blois — Antropóloga, coautora del libro Veneno

En esas muestras se buscaron 53 plaguicidas y productos de degradación. En enero de 2024 se publicó un paper con los resultados que revelaron “una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana”. 

“Los pesticidas detectados con mayor frecuencia tanto en el suministro público (atrazina, imidacloprid , hidroxiatrazina, imazetapir y 2,4D) como en el suministro privado (atrazina, metolaclor , hidroxiatrazina, imidacloprid) fueron prácticamente los mismos”, indica el trabajo cuya primera autora es la investigadora argentina Virginia Aparicio. 

De este listado, sólo el 2,4D se mide en el Código Alimentario Argentino. El estudio señala que “la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados debido a la obsolescencia de las normas actuales”.

Una clave: durante el período de recolección de muestras, el 25% del suelo estaba plantado con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% estaba destinado a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. “La correlación entre los plaguicidas utilizados en estos cultivos y los encontrados en el agua potable fue significativa/notable”, concluyó el estudio.

El agua en las escuelas

Ante la falta de mediciones oficiales y tras sufrir fumigaciones directas o cercanas, comunidades de escuelas rurales de todo el país —impulsadas muchas veces por docentes—realizaron relevamientos junto a equipos científicos de distintas universidades.

El 10 de septiembre de 2024, la Campaña por el Agua Limpia en las Escuelas (CALE) sistematizó información sobre la medición de más de 34 instituciones de nueve municipios bonaerenses: Baradero, Exaltación de la Cruz (tanto de Barrio San José como de Parada Robles), Lobos, Marcos Paz, Navarro, General Puerreydón (El Coyunco, La Peregrina, Laguna de los Padres), Pergamino, San Miguel del Monte y Tandil.

Los relevamientos fueron impulsados entre 2019 y 2022 por organizaciones locales, universidades y colectivos como la Red Federal de Docentes por la Vida, es decir que no fueron ordenados por gobiernos municipales, ni provinciales ni el nacional.

Luego de un trabajo de meses de recopilación de información, la CALE socializó un cuadro que muestran la presencia de distintos agroquímicos en agua, y en muchos casos también de arsénico, los cuales, combinados, generan un efecto sinérgico, maximizando su contaminación.

Si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada.

Federico Kopta

Entre los agroquímicos que más aparecieron en el agua de las escuelas figuran atrazina, glifosato (y su metabolito AMPA) y 2,4 D.

Política de Estado

El Estado argentino reconoce oficialmente no tener información sobre cuáles son los agroquímicos más usados. Al menos esto informó Senasa a elDiarioAR, aunque sí proveyó el listado de los autorizados.

Ante la falta de datos estatales, elDiarioAR consultó a la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe) que reúne a los principales fabricantes y vendedores de agroquímicos. Esta entidad informó que “de acuerdo con los últimos reportes de mercado (2022), se comercializaron en el país 188 millones de litros/kilogramos de principios activos de fitosanitarios excluyendo a los fertilizantes”, aunque aclaró que la venta no implica que efectivamente se haya usado ese volumen.

También señaló, en relación a las ventas, que “los herbicidas representan aproximadamente el 90%, mientras que el 10% restante está representado por insecticidas y fungicidas”. “Esto se debe al predominio del sistema de siembra directa y la gran extensión de superficie agrícola de nuestro país”, pero la organización tampoco tiene el listado de los agroquímicos más usados.

“La falta de esta información oficial no es casual, de hecho, es la primera excusa que esgrimieron para no regular. Hay una decisión tomada donde los vacíos, las negaciones y la ausencia de datos estatales son centrales”, señaló a elDiarioAR la antropóloga Paula Blois, coautora junto a Guillermo Folguera del libro Veneno.

Y continuó: “Hay cientos de estudios que demostraron que cuando las comunidades hacen mediciones hay agroquímicos en agua para consumo humano y es esperable que así sea si cursos de agua, suelos y lluvias tienen venenos”. Blois sostiene que cuando hay algún estudio promovido desde el Estado, la información disponible es deficitaria. Entonces, el Estado no está “ausente”, “el Estado interviene negando. Interviene corriéndose, negociando y dejando hacer a las empresas. Interviene con sus fragmentaciones. Y, también, interviene creando comisiones”. 

En la misma línea de Blois, Federico Kopta sostuvo que “si algo no se mide da la sensación de que no existe, de que no hay problema, y entonces no hace falta hacer nada. En algún punto, la medición de los plaguicidas en el agua es la punta de la cadena que desnuda un modelo productivo basado en el uso de agroquímicos que termina envenenando el agua, y eso cuestiona el modelo del que ganan no sólo las empresas químicas y sus distribuidores, sino también los productores y los pueblos donde la economía se mueve con ese modelo productivo. Por eso hay un pacto de silencio implícito”.

La UDI de elDiarioAR se comunicó con Anmat y Senasa para solicitar entrevistas con miembros de los grupos de trabajo, así como con responsables para conocer el estado de situación actual pero al cierre de esta nota no tuvo respuesta. 

“El problema es que, en definitiva, en Argentina el veneno es una política pública”, concluyó Blois.

Nota: este artículo se corrigió el 12 de abril de 2025 a las 13:55. En una referencia a Kopta en una cita destacada se le atribuyó erróneamente ser coautor del libro Veneno.

ED

Al sur de la ciudad de Mar del Plata, lejos del ruido y del cemento, se encuentran las playas de Chapadmalal, una zona que en los últimos años ganó adeptos gracias a la conservación de la fisonomía natural de sus costas. También se puso “de moda” como oferta premium, y desde entonces se la compara con las playas uruguayas de la zona de San Ignacio. 

En Chapadmalal hay un “boom inmobiliario”, dice la revista Forbes. El valor del metro cuadrado oscila entre US$70 y US$100. Pero la inversión y el “desarrollo” que germina para un sector parece traer grandes desventajas para otro.

Los vecinos agrupados en la Asamblea Luna Roja advierten que la Municipalidad de General Pueyrredón, a cargo del intendente Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio), autoriza el avance de obras privadas en las playas de Chapadmalal que “no cuentan con el debido proceso legal”, que vulneran leyes ambientales y alteran la fisonomía del paisaje costero. 

Además, se cuestiona la aprobación de nuevas ordenanzas con pliegos abiertos –también llamados “indefinidos”–porque permiten planificar la explotación de los espacios públicos a favor de empresas privadas, quienes serán las encargadas de proponer las condiciones de su propia explotación comercial. Se trata de la licitación de las playas “Paradise”, “Redonda” y “Santa Isabel”.

Lo más preocupante para los denunciantes es una resolución firmada de manera conjunta entre la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano y el Ente de Turismo municipal que aprobó el inicio de nuevas obras a cargo de la firma Rivan SA. Esta compañía explota el “Arroyo Lobería”, conocida bajo el nombre comercial del balneario “Manantiales Club de Mar”, sin contar con la revisión de Gestión Ambiental ni tener tramitada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) correspondiente, de acuerdo con los denunciantes. 

Y hay un agravante más: el cauce del arroyo Lobería, donde se proyectan las nuevas obras, está contaminado y es perjudicial para la salud humana, según reveló una investigación realizada por el Grupo Aguas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). 

Ante la denuncia, en febrero de 2021, en el marco de un allanamiento federal se comprobó la existencia de 6 pozos ilegales en dicho arroyo. Desde entonces, la Municipalidad es la responsable de revertir las “obras clandestinas”, a pesar de que Montenegro intentó evitarlo tras presentar una medida cautelar que fue desestimada a fines del año pasado. 

Las últimas playas libres de cemento

Desde comienzos de 2025, el Concejo Deliberante del partido de General Pueyrredón aprobó al menos tres ordenanzas que permiten avanzar en la licitación de tres playas de la zona de Chapadmalal. El jefe comunal anunció a fines de enero la licitación para la concesión por los próximos 20 años de la unidad turística fiscal Playa Dorada, denominada “Paradise”, y unas semanas más tarde, hizo lo mismo con la licitación de playa “Santa Isabel” y playa “Redonda”, en todos los casos sin un pliego definido.

De acuerdo al Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur, estas playas son “las últimas del sur marplatense que permanecen libres de explotación privada” y son parte de la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur, por lo que “deberían ser especialmente preservadas por su gran valor ambiental y arqueológico”. 

Desde el Ente Municipal de Turismo y Cultura (Emturyc), su presidente, Bernardo Martín, no observa conflicto y explica a elDiarioAR que con “los pliegos abiertos se apela a la creatividad del privado, viendo el fracaso de los pliegos cerrados y encorsetados donde el Estado se atribuye todas las potestades”. También asegura que “en sesión –cuando se autorizó el cambio de modalidad con el aval de la mayoría automática- se debatieron dos modelos, uno dirigista y otro que privilegia la libertad, y se votó por el que privilegia la libertad”. 

Miguel Guglielmotti, concejal de Unión por la Patria (UP) está en desacuerdo y en diálogo con elDiarioAR explica: “Votamos en contra de los pliegos abiertos porque modifican la metodología que permite el acceso al detalle de condiciones que marcarán las pautas que se van a llevar adelante y que determina las obras que se van a desarrollar en esas playas. Sin esto es como dar un cheque en blanco: estás avalando una licitación sin saber específicamente lo que van a hacer en el lugar”.

También consideró que se trata de una maniobra política que “ya está impuesta” y que “de acá en más todo tipo de licitaciones que tengan que ver con unidades turísticas fiscales se van a realizar de este modo, al menos, por lo que resta de 2025”.

“Los pliegos tienen que tener obligaciones para el privado fijadas previas a las licitaciones”, se suma a la discusión Horacio Taccone, concejal y presidente del bloque Acción Marplatense. “Lo que corresponde es que esos pliegos sean revisados y debatidos en el Concejo antes de que regresen a Turismo para el llamado a licitación”, dice, y enfatiza en el riesgo que puede sufrir el turismo: “Estas playas sin edificaciones son los atractivos turísticos principales de Chapadmalal, ya que la gran mayoría de sus visitantes eligen ese lugar justamente por la naturaleza virgen de sus costas”. Luego, refuerza que “es el Concejo Deliberante el que debe regular lo que se hace en el espacio público y garantizar los derechos de los ciudadanos”. 

Para Marcela Priede, presidenta de la Asociación Civil Marplatenses Conservacionistas (ACMC), la licitación con pliego libre “es algo escandaloso”. Desde hace 6 años, esta asociación trabaja en playa Redonda por la recuperación del espacio natural luego de que se clausurara una serie de cabañas ilegales que habían sido construidas sobre uno de sus acantilados“. Actualmente, en el lugar funciona ”un campamento sustentable a precio accesible, se hacen visitas educativas con propuestas de avistaje de aves autóctonas y se enseña sobre reciclado“.

“Trabajamos en conjunto con paleontólogos y otros especialistas del Museo de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia para educar sobre la importancia de preservar la reserva”, puntualiza Priede y agrega con preocupación que “todavía no tuvimos una respuesta definitiva de cómo seremos reubicados para continuar con las actividades educativas si nos sacan de esta playa”.

Desde la Asamblea Luna Roja también se muestran preocupados: “Se plantean pliegos abiertos que la municipalidad después no logra hacer cumplir en desmedro de los vecinos y turistas de la zona”. Y marcan como antecedente el caso de Manantiales Club de Mar, “donde la municipalidad ya demostró que no puede hacer cumplir los pliegos una vez que se privatiza y deja accionar como quiere al privado”. “En los últimos 30 años, el ejecutivo local nunca reclamó por la falta de acceso público al mar; tampoco se construyeron ni habilitaron baños públicos, entre otros ejemplos”, aseguran. 

Manantiales Club de Mar: otra decisión cuestionada 

Kanki Alonso, coordinador del Observatorio Ciudadano Paseo Costanero Sur y miembro de la Asamblea Luna Roja, denunció en 2020 la contaminación del arroyo Lobería como consecuencia del vertido cloacal del balneario Manantiales Club de Mar, un hecho que al llegar a la Justicia desencadenó un allanamiento en el que se confirmaron 6 pozos ilegales.

Según figura en el expediente al que este medio tuvo acceso, la firma Rivan SA está acusada de contaminar el arroyo Lobería con vertidos cloacales ilegales. elDiarioAR se comunicó con la compañía pero al cierre de esta nota aún no había obtenido su versión de los hechos. Y a esto se suma una nueva maniobra presuntamente irregular por parte de la Municipalidad: a través de una resolución firmada por la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano en conjunto con el Emturyc se aprobó un nuevo plan de obras para Manantiales Club de Mar sin haber tramitado la Declaración de Impacto Ambiental correspondiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

En la denuncia, Alonso apunta a distintos funcionarios públicos municipales, entre los que se encuentra Federico Schremin, ex titular del ente de Turismo; y el actual, Bernardo Martin, junto a Jorge “Guasa” González, secretario de Obras y Planeamiento Urbano, entre otros acusados de supuesta falta a los deberes de funcionario público.

Desde la Fiscalía de Instrucción y Juicio número 10 de Mar del Plata indicaron a elDiarioAR que “la investigación penal preparatoria (IPP) actualmente se encuentra en trámite de investigación”.

Por su parte, la Autoridad del Agua (ADA), que es el órgano de la provincia de Buenos Aires encargado de otorgar una firma vital para poder tramitar la Declaración de Impacto ambiental, manifestó preocupación por lo que genera “la intervención espontánea sobre estos ambientes tan frágiles”, y afirmó que “de permitirse acciones como la aquí denunciada–en relación al avance de obras en zona de restricción-, los daños ambientales serán graves e irreversibles”.

En sus actuaciones, el organismo provincial también constató la existencia de obras dentro de los 50 metros de restricción en ambos márgenes del arroyo Lobería, algo que está prohibido. Además, se alteraron los márgenes del río y de nivelación de la playa, sin autorización del organismo competente.

elDiarioAR intentó comunicarse con la secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la gestión Montenegro para conocer su posición, pero al cierre de esta nota no recibió respuesta. Martin, por su parte, al ser consultado por dicha denuncia prefirió no hacer declaraciones.

La investigación del arroyo contaminado

El Grupo Aguas de la Universidad de Mar del Plata analizó junto a investigadores del Conicet las aguas del arroyo Lobería durante varios meses. Las conclusiones resultaron alarmantes para la salud de la población tras confirmar que “los valores aumentan la incidencia de las patologías gastrointestinales tales como gastroenterocolitis, con probables complicaciones como deshidratación, consecuencias sistémicas como síndrome urémico hemolítico, dermatopatías, enfermedades de vías respiratorias y conjuntivitis”.

“Los derechos básicos a un ambiente sano no están garantizados por el Estado y se está violando el derecho al uso de aguas recreativas del arroyo”, dijo a elDiarioAR Gonzalo Peruzzaro, docente e investigador de la UNMDP y miembro del Grupo Aguas. 

No sólo hallaron la existencia de contaminantes de naturaleza biodegradable, características de efluentes domésticos y aguas cloacales, sino también contaminantes “más recalcitrantes”, asociados a otras fuentes de contaminación como industrias, agroquímicos o basurales.

Nota: esta nota se actualizó el 4 de marzo de 2025 a las 13:39.

ED

En Sedaví, Utiel, Paiporta, Catarroja y Aldaia, los municipios más afectados por la DANA en la región española de Valencia, la prioridad es drenar el barro que todavía hay en algunas calles y limpiar las casas arrasadas por el agua. “Todos los esfuerzos están puestos para que los vecinos recuperen la normalidad”, repite Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel, sobre la reconstrucción de su pueblo. Las tareas incluyen retirar toneladas de residuos –muebles, enseres, electrodomésticos, ropa– acumuladas en casi todas las esquinas. Y también los miles de coches siniestrados en la catástrofe.

El Consorcio de Compensación de Seguros, la empresa pública que abona los deterioros producidos a causa de fenómenos naturales extremos, recibió en solo ocho días 66.000 solicitudes de vehículos que han sufrido daños, según ha informado este jueves su director, José Antonio Fernández.

La entidad calcula que todavía faltan muchos expedientes por abrirse. La cifra podría rondar las 100.000 unidades, según la proyección oficial. De la evaluación preliminar de los peritos en el terreno se desprende que la mayoría de los casos se tramitará como siniestro total–cuando el coste de reparación excede entre un 75% y 100% el valor de mercado–, por lo que un porcentaje muy alto del número final terminará en desguaces para chatarra.

Un desafío logístico

Por lo pronto, el gobierno valencieno ha habilitado algunas instalaciones para hacer acopio de esta enorme cantidad de automóviles, como la Zona de Actividad Logística (ZAL) del Puerto de Valencia o el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Los primeros en llegar a estos dos recintos han sido los que se han recuperado de las carreteras, según el primer parte del Ejecutivo autonómico.

Pero los autos que las grúas cargan a diario en las ciudades afectadas se acumulan, por el momento, en solares y descampados habilitados por los ayuntamientos de forma temporal a la espera de que se confeccione un calendario de traslados. “Estos miles de coches deberían ir a los centros autorizados de tratamiento, los desguaces habilitados por la DGT. El problema es que es imposible que el tejido de gestión actual pueda asumir esta súbita cantidad”, explica Fernando Follos, consultor de empresas gestoras de residuos, sobre el destino final de los automóviles.

En 2023, estos centros gestionaron un total de 533.597 vehículos. “Estamos hablando de, aproximadamente, una quinta parte de la gestión anual. El desafío logístico es enorme”, agrega este especialista.

Para Carlos Arribas, responsable del área de residuos de Ecologistas en Acción, los coches siniestrados representan “el mayor riesgo ambiental” de los miles de toneladas de desechos que dejarán las inundaciones.

En los Centros Autorizados de Tratamiento, explica, la primera operación que se hace es la descontaminación, la extracción y almacenamiento de todos los fluidos y elementos peligrosos de los vehículos: combustible, aceite del motor, líquido anticongelante, refrigerante del radiador, líquidos de freno y de embrague, entre otras sustancias.

Las naves disponen de un pavimento impermeable y de un sistema de recogida de derrames. Finalizada la tarea, los líquidos se introducen en contenedores y se entregan a los gestores de residuos peligrosos para su correcta gestión ambiental.

Es muy importante que todos los coches se lleven a los centros autorizados. De no ser así, terminan en vertederos o chatarrerías no autorizadas, o quedan durante mucho tiempo abandonados en descampados o solares y el impacto ambiental puede ser importante

Carlos Arribas — Responsable de Residuos en Ecologistas en Acción

“Es muy importante que todos los coches se lleven a los centros autorizados de tratamiento para que se recojan todos estos restos peligrosos y que se recuperen sus materiales. De no ser así y terminan en vertederos o chatarrerías no autorizadas, o quedan durante mucho tiempo abandonados en descampados o solares, el impacto ambiental puede ser importante”, advierte Arribas.

La contaminación de las aguas subterráneas es uno de los mayores peligros en un escenario de “saturación del sistema”, incide Arribas. “Son muchísimos coches. De ahí la magnitud del problema. El riesgo es que toda esta enorme cantidad de fluidos peligrosos, aceites y combustibles, filtre por los suelos y termine contaminando las aguas subterráneas”, detalla el portavoz de Ecologistas en Acción.

Un ejemplo: los motores a combustión llevan entre cuatro y seis litros de aceite. Los 100.000 coches siniestrados equivaldrían a la gestión de entre 400.000 y 600.000 litros de este líquido contaminante. “Por eso es tan importante que las administraciones vigilen que la eliminación no se haga de forma ilegal”, insiste.

Su organización constató manchas de aceite y de combustibles en la Albufera por los coches que fueron arrastrados al humedal: “Este vertido ha sido imposible de evitar. Por eso, repito, es necesario que los residuos peligrosos de los coches siniestrados se separen y se traten en los centros autorizados”.

Trazabilidad rota

Esta semana, el gobierno local ha autorizado el traslado de barros y residuos voluminosos a varias canteras de la provincia de Valencia. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha reconocido que los vertederos y depósitos autorizados no tienen capacidad para absorber todos los materiales que se acumulan en las calles de los municipios afectados por las inundaciones.

Además, la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental ha autorizado a los vertederos de residuos no peligrosos de toda la comunidad recibir camiones sin necesidad de tratamiento previo, sin restricciones de capacidad y con la exención de impuestos.

lleva siempre asociado un desastre ecológico de gigantes proporciones”. “La generación de escombros, vehículos y restos voluminosos es brutal. Y la realidad es que no tenemos medios para gestionarlo”

Fernando Follos — Consultor de empresas gestoras de residuos

Sobre estas medidas, Follos aclara, en primer lugar, que una catástrofe como la que ha sufrido Valencia “lleva siempre asociado un desastre ecológico de gigantes proporciones”. “La generación de escombros, vehículos y restos voluminosos es brutal. Y la realidad es que no tenemos medios para gestionarlo”.

La DANA ya no será tema de la agenda política cuando salga a la luz “el problema ambiental oculto de este tipo de gestión”. “Tendremos un problema serio cuando las canteras y vertederos creados para enterrar todo este residuo, que no estarán debidamente habilitados ni aislados, comiencen a generar lixiviados, se infiltren en los suelos y afecten a las aguas subterráneas y superficiales. Será tarde para actuar”, concluye.

DM

El desarrollo de la inteligencia artificial generativa y, en particular, de los modelos lingüísticos de gran tamaño como ChatGPT, producirá hasta 5 millones de toneladas de desechos electrónicos (e-waste) entre 2023 y 2030. Según un análisis liderado por Peng Wang y publicado este lunes en la revista Nature Computational Science, en el escenario con el mayor crecimiento de la IA y si no se aumentan las medidas de reciclado, estas tecnologías producirán hasta casi 1.000 veces más desechos electrónicos, una cantidad superior a la que genera la India, uno de los países más contaminantes en este tipo de residuos. 

Wang y su equipo estiman que la IA generativa podría generar entre 1,2 y 5 millones de toneladas de basura electrónica acumulada. Los autores han calculado la masa de basura generada por elementos del hardware, como las unidades de procesamiento, de almacenamiento y los sistemas de alimentación. Por componentes, el resultado indica que los desechos electrónicos generados podrían incluir 1,5 millones de toneladas de placas de circuitos impresos y 0,5 millones de toneladas de baterías, que pueden contener materiales peligrosos como plomo y cromo. 

El análisis tiene en cuenta cuatro escenarios con distintos grados de producción y aplicación de IA generativa, que van desde un escenario agresivo (con aplicaciones generalizadas) hasta un escenario conservador (con aplicaciones más específicas). Los autores sugieren que la implementación de una estrategia de economía circular (donde se amplía la vida útil de la infraestructura existente y/o se reutilizan módulos y materiales clave en el proceso de remanufactura) podría reducir la generación de desechos electrónicos hasta en un 86%.

La importancia del reciclaje

Los hallazgos resaltan la necesidad de un uso responsable de la IA generativa y de estrategias proactivas de gestión de residuos electrónicos para reducir los impactos nocivos de la contaminación. Estos hallazgos se suman a informes anteriores que indicaban que empresas como Google y Microsoft dispararon sus emisiones contaminantes por la inteligencia artificial, que señalaban el consumo de agua masivo de sus centros de datos o que entrenar una sola inteligencia artificial puede contaminar tanto como 2.800 vuelos Madrid-Barcelona. 

Este estudio invitará a un debate más profundo sobre los residuos electrónicos, una cuestión crítica que a menudo se pasa por alto cuando se habla de IA

Shaolei Ren — Profesor de la Universidad de California en Riverside (EEUU)

“Las conclusiones se apoyan en los mejores datos disponibles en el ámbito público y en métodos científicamente válidos”, asegura Shaolei Ren, profesor asociado de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de California en Riverside (Estados Unidos), en declaraciones al SMC. El estudio utiliza el servidor DGX H100 de Nvidia como referencia para estimar la masa de basura proveniente de servidores de próxima generación, detalla el experto.

A su juicio, los residuos electrónicos son una cuestión crítica, que a menudo se pasa por alto cuando se habla de IA. “Este artículo llama la atención sobre los residuos electrónicos generados por la IA generativa y creo que invitará a un debate más profundo”, concluye Ren. “Y lo que es más importante, destaca el papel crucial de una economía circular para lograr una IA verdaderamente sostenible”. 

En 2019, Chile se puso la meta de cerrar las centrales de carbón antes de 2040 y en los últimos años declaró querer adelantar el plazo a 2030. Hasta ahora, ocho de las 28 plantas han cerrado y otras 12 tienen fecha de cierre antes de 2025. Pero las ocho restantes no tienen fecha fijada, entre ellas Guacolda, el complejo energético a carbón más grande del país.

Guacolda, con cinco centrales a carbón y una capacidad para generar 764 megawatts, se encuentra en Huasco, una ciudad portuaria situada en la costa de la provincia del mismo nombre, al sur de la región de Atacama. En la actualidad habitan cerca de 11 mil personas, que viven principalmente de la pesca y la agricultura.

El parque industrial en el que está Guacolda también cuenta con una planta de fundición de pellets de mineral de hierro alimentada con carbón, explotada por la empresa Compañía Minera del Pacífico (CMP). Durante décadas, esta instalación vertió sus residuos ―los restos de la molienda y el procesamiento de minerales para extraer valiosos concentrados de hierro― al mar. Hasta el año pasado no se puso fin a esta práctica, y ahora los residuos se depositan en una gran extensión de terreno al sur de la planta.

Debido a los altos niveles de contaminación de estas industrias, Huasco ha llegado a ser considerada una de las “zonas de sacrificio” de Chile, término utilizado para designar las áreas de actividad industrial concentrada, donde los daños medioambientales han tenido consecuencias sanitarias y económicas negativas para los residentes locales.

Pilar Triviño es activista medioambiental, artista visual y miembro de Huasco Sin Relaves, un grupo local que lucha contra el vertido de residuos industriales. Dice que las enfermedades respiratorias son comunes en la ciudad y en las comunidades del valle del río cercano. “El material particulado está por todos lados, ingiriéndose día a día por todos los habitantes”, añade. Un estudio de 2022 reveló que los contaminantes atmosféricos de Huasco, aunque cumplían las normas nacionales chilenas, estaban por encima de los recomendados a nivel internacional por la Organización Mundial de la Salud.

Un pescador, que pidió mantener su anonimato por temor a represalias, dijo a Dialogue Earth que debido a los muchos años de vertido de residuos en las aguas costeras de Huasco, tiene que ir cada vez más lejos para encontrar peces. Afirma que los pescadores reciben ahora ayuda económica de CMP y del operador de Guacolda ―pagos que califica como “reparación”―, pero argumenta que no es suficiente. “Estamos dejando sin nada a las futuras generaciones”, añade.

Los impactos también parecen haberse sentido en la agricultura. Alex Gajardo y Carmen Luisa Castillo son una pareja local que cultiva aceitunas a lo largo del río Huasco, que riega una fértil franja de valle que fluye entre colinas desérticas hasta encontrarse con el mar justo al norte de la ciudad. Dicen que la contaminación atmosférica de las industrias del Huasco ha provocado que los árboles aborten frutos. “Solíamos sacar 10.000 kilos por hectárea”, dice Castillo. “Hoy, con suerte, se están haciendo 3.000”.

En 2017, Huasco fue incluido, junto a otras zonas de sacrificio, en el Programa para la Recuperación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio del Medio Ambiente, creado para intervenir territorios con niveles de contaminación críticos. Su objetivo era establecer asociaciones con las empresas locales y el gobierno local, establecer nuevas normativas medioambientales, mejorar la vigilancia de la calidad del aire y llevar a cabo consultas con los ciudadanos. Sin embargo, los participantes de la comunidad cuestionan que el programa no ha aportado soluciones de fondo.

Guacolda Energía, operadora de la central, dijo a Dialogue Earth que había participado en el programa y trabajado en medidas “sociales, ambientales y transversales”. Dijo que “mantiene programas de fortalecimiento productivo con organizaciones de pescadores artesanales y con olivicultores de Huasco, con el objetivo de promover su desarrollo”.

Consultada sobre la calidad del aire en Huasco, Guacolda Energía señaló a Dialogue Earth que desde 2014 ha tomado una “serie de medidas” para reducir las emisiones en el marco de un plan de prevención de la contaminación del Ministerio de Medio Ambiente. Afirmó que “en los últimos años estas han disminuido significativamente… al punto que Huasco ya no califica como zona de latencia para material particulado”.

La empresa está evaluando un plan para reconvertir el complejo para la producción de “amoníaco verde”, un fertilizante y combustible producido a partir de energías renovables. Según la empresa, esto le permitiría evitar el cierre y mantener los puestos de trabajo de las más de 900 personas que trabajan allí de manera directa e indirecta.

A pesar de estos retos, el sueño de gran parte de los jóvenes de Huasco es seguir viviendo allí. Piden el cierre de las industrias contaminantes, pero entienden la complejidad que esto significa. “Más que una transición energética hay que lograr una reconversión laboral, buscando nuevas actividades económicas”, dice Catalina Gaete Vásquez, de Resueltas del Valle, un colectivo ecofeminista local creado en 2017.

Fabiola Perez, consejera regional de Huasco, sostiene que la comunidad ha definido “hace mucho tiempo” que quiere un desarrollo económico sostenible basado en actividades como la agricultura y el turismo. “Cuando hablamos de un cambio en la matriz productiva, es ese el cambio. Las comunidades no están dispuestas a perder este valle, que es único,” agrega.

Mientras esperan por el futuro del parque industrial, los habitantes de Huasco observan la expansión de proyectos de energía solar aprovechando su cercanía con Atacama, lugar con elevada radiación solar. Sin embargo, cuestionan que los proyectos se ubican cerca de poblaciones y en suelos agrícolas y que no es energía para ellos sino para minería.

“Mientras piensan en cerrar la termoeléctrica, invaden el territorio con paneles fotovoltaicos y tendidos eléctricos. No cambió el pensamiento de fondo”, sostiene Triviño. “La afectación de este lugar lleva más de 40 años. Aún cuando cierren la planta mañana, el impacto no se va a ir de manera inmediata. Eso es muy injusto”.

DM

La deportista belga Claire Michel no pudo participar en la prueba de triatlón mixta de los Juegos Olímpicos de París porque lleva cuatro días enferma. El domingo tuvo que acudir al hospital, según los medios belgas, por estar afectada por la bacteria E.coli. El patógeno intestinal se detectó en altos niveles en el río Sena durante los días previos a la competición en la que Michel participó el pasado miércoles.

Aunque no se permitió entrenar el domingo, este lunes continuaron las competiciones en el Sena mientras se conocía otra infección intestinal entre quienes se lanzaron a sus aguas la semana pasada. Se trata del atleta suizo Adrien Brifford, según la prensa del país, aunque en este caso el médico de la delegación desvinculó la situación con el estado del agua. ¿Podría haber más casos? ¿Por qué hay niveles de concentración tan altos en el Sena? ¿Qué consecuencias tiene para la salud humana?

Hay algunos precedentes en otras competiciones. 57 atletas tuvieron náuseas y diarrea el año pasado tras participar en la prueba de natación en aguas abiertas durante el Campeonato Mundial de Triatlón en Sunderland, al noreste de Inglaterra, según informó The Guardian. Un muestreo realizado por la Agencia de Medio Ambiente en la playa de Roker, donde se desarrolló el campeonato, dio como resultado una concentración muy superior a la habitual en E.Coli, aunque después el organismo que organiza los triatlones en Reino Unido, aseguró que se realizó fuera del perímetro donde nadaron los deportistas.

Qué es la bacteria E.coli y qué provoca

Su nombre completo es Escherichia coli y se trata de una bacteria que reside en el intestino de los animales. Se encuentra en el tracto intestinal sano de los humanos y la mayor parte de sus variantes son inofensivas. Incluso beneficiosas porque pueden sintetizar la vitamina K y mantenerlo protegido de otras bacterias, recoge The Conversation. Sin embargo, algunas cepas adquirieron atributos de virulencia que sí pueden generar problemas en la salud.

El síntoma más habitual es la diarrea, coinciden los microbiólogos consultados, y es raro que requiera un ingreso hospitalario. Normalmente se pasa en cuatro o cinco días. “Se asemeja con lo que llaman la diarrea del viajero, y es acuosa. Lo menos habitual es que desemboque en problemas más graves como una infección en las vías urinarias –pasa más en mujeres– o en el riñón, como el síndrome urénico hemolítico”, subraya Ignacio López Goñi, microbiólogo de la Universidad de Navarra. Ocurre, sobre todo, si la bacteria es “portadora de toxinas” que dañan los órganos.

“Las más peligrosas producen toxinas que dañan el colon y provocan colitis enterohemorrágica. En estos casos la diarrea acuosa se transforma en sanguinolenta”, perfila Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca. La bacteria también puede impactar negativamente en heridas abiertas. Además, es un patógeno que ha demostrado resistencia a algunos antibióticos.

Cómo se infectan las personas

A través de dos vías: los alimentos –si se consume carne poco cocinada, vegetales crudos o leche sin pasteurizar– y el agua. “Si estás nadando, la posibilidad de contagio es máxima: es normal que bebas agua o que esté en los aerosoles que produces, es decir, respiras el aire que se levanta”, apunta López Goñi. “Incluso puede entrar a través de las mucosas”, agrega Rivas, que asegura que es una bacteria de “crecimiento rápido”. Los síntomas pueden aparecer a partir de los dos días del contacto.

Por qué los niveles son tan altos en el río

Es habitual que los ríos de grandes ciudades estén “contaminados biológicamente”, sostiene Raúl Rivas, catedrático de Microbiología de la Universidad de Salamanca. El Sena, en París, no es una excepción. El agua contaminada, procedente de la actividad humana, suele ir a las plantas depuradoras. Sin embargo, en episodios de mucha lluvia, como la que cayó la semana pasada en la capital francesa, las aguas se mezclan. Se moviliza la contaminación procedente de alcantarillas desbordadas, inundaciones y escorrentías superficiales, describe un informe reciente de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).

Concretamente esta bacteria se relaciona con tres actividades: la contaminación urbana derivada de los asentamientos, actividades agrícolas (por el uso de estiércol animal) o ganaderas. En todos los casos, su origen es fecal, dice Rivas. La ciudad invirtió 1.400 millones de euros en canalizar los desagües que vertían directamente al Sena, como los de los barcos, pero también algunas viviendas y explotaciones aguas arriba de París. Con todo, el agua sigue arrojando altos niveles de bacterias.

Cuándo es peligroso el baño

La calidad del agua se mide en cuatro categorías: excelente, buena, suficiente e insuficiente. “Para que sea suficiente, el límite está fijado, como máximo, 900 unidades formadoras de colonias (UFC) por cada 100 mililitros de agua”, afirma el microbiólogo de la Universidad de Salamanca. World Triathlon, la federación internacional de triatlón, fijó el umbral en una concentración de 1.000 UFC por cada 100 ml, superada en varias ocasiones en las mediciones de los últimos días.

Hace justo una semana, la primera vez que se suspendió una prueba, las muestras arrojaban concentraciones superiores a 1.500 UCF por cada 100 ml bajo el puente Alejandro III, de donde parten los nadadores, según El País. Los niveles de estreptococo, otra bacteria, también alcanzaron niveles superiores al límite de 500. “Hacer mediciones en determinados puntos no te asegura que todo el trayecto sea saludable”, considera el microbiólogo de la Universidad de Navarra.

Rivas puntualiza que “el hecho de que sea suficiente no significa que sea sano”.

Riesgo de más casos

Ambos microbiólogos consideran que celebrar las pruebas fue una “apuesta arriesgada” y creen que puede haber más casos. “Desde el punto de vista microbiológico, esos niveles son una barbaridad”, analiza el especialista de la Universidad de Navarra. El Comité Olímpico Belga envió un duro comunicado para informar sobre la situación de la deportista de su delegación, en el que criticaba la gestión: “Esperamos aprender lecciones para futuras competiciones de triatlón. Entre ellas, días de entrenamiento que puedan garantizarse, días y formatos de carrera que estén claros de antemano y condiciones que no creen incertidumbre para los atletas”.

SPM/CRM

La calidad de las aguas del río Sena vuelve a ser motivo de preocupación en los Juegos Olímpicos de París. La triatleta belga Claire Michel tiene una infección de E.coli tras haber participado en la prueba femenina la semana pasada, según informaron los medios de este país.

La ministra francesa de Deportes, Amélie Oudéa-Castéra, calificó de “información falsa” que estuviese hospitalizada, como publicó la prensa belga, sino que según su versión estuvo “enferma” pero no se estableció “necesariamente” una relación con el baño en el Sena. “Sería importante que el CNO belga aclarase todo esto. Desde ese día, la calidad del agua fue particularmente buena. La atleta belga estuvo enferma, estuvo en el policlínico”, insistió la ministra, que se bañó en el río poco antes de los Juegos Olímpicos para demostrar su buen estado en medio de la polémica.

El Comité Olímpico de Bélgica anunció en un comunicado que en consecuencia de la infección su equipo mixto no puede participar en la prueba de este lunes. “Claire Michel, miembro del relevo, lamentablemente está enferma y debe retirarse de la competición”, expresó el comité, precisando que la decisión se tomó tras consultar a los deportistas y a su entorno.

Este lunes los medios suizos confirmaron que el atleta Adrien Briffod también sufrió una infección gastrointestinal días después de bañarse —no participó tampoco en la prueba de relieve mixto, aunque la delegación sí pudo competir—. En este caso, el médico de la delegación, Hasnpeter Betschart, dijo que no se puede relacionar con la calidad del agua del Sena, según recogen los medios.

A todo esto se añade que el domingo se canceló el entrenamiento previsto en el río, aunque este lunes finalmente se celebró la citada prueba de relevo mixto de triatlón después de que las fuertes lluvias del miércoles y el jueves volvieran a provocar un aumento de los niveles de bacterias en el agua.  

La prueba masculina ya se cambió del martes al miércoles, el mismo día que la femenina, a principios de la pasada semana, y los deportistas no pudieron nadar en el río hasta el mismo día de la carrera.

¿Por qué se pospusieron esas competiciones?

El estado de contaminación fecal del agua se mide analizando las bacterias E.coli y enterococos. Si esas tasas son elevadas, el río no es apto para actividades recreativas. Los expertos señalan que cuando llueve mucho, el agua de lluvia se junta con la de las cloacas y al subir mucho el nivel sale por los aliviaderos que desembocan en el río.

De esa forma, una parte de las aguas negras, en lugar de ir a las plantas de depuración contaminan el río. Las obras que se hicieron fueron para canalizar los desagües que todavía se vertían directamente al Sena (los de los barcos, pero también viviendas y explotaciones aguas arriba de París) pero parece que no fueron suficientes ante las intensas lluvias.

La alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se sumergió el 17 de julio en el Sena con su traje de neopren y nadó cien metros entre los flashes de los fotógrafos para mostrarle al mundo que el río estaba en óptimas condiciones para los Juegos Olímpicos. Entonces no imaginó que una lluvia torrencial el mismo día de la inauguración iba a trastocar un saneamiento que costó seis años de trabajo y 1.400 millones de euros de inversión.

Hasta los 30 milímetros de agua que cayeron el viernes 26 de julio, el equivalente en París a 15 días de lluvias, los análisis bacteriológicos del río daban resultados que permitían realizar las pruebas olímpicas. Los resultados del 15 de julio, hechos públicos por la Fundación Surfrider, una ONG que realiza mediciones periódicas en el Sena, mostraban una cantidad de E.coli y Enterococcus (contaminación fecal) en el límite autorizado para los deportistas.

Pero tras las intensas lluvias, el testeo del Sena arrojó valores mucho más altos para estas dos bacterias, por lo que la prueba de triatlón masculina prevista el 30 de julio tuvo que ser suspendida. “El agua no ofrece garantías suficientes para permitir la celebración de la prueba. Esto se debe a las lluvias que cayeron sobre París los días 26 y 27 de julio”, explicó en un comunicado la federación internacional de Triatlón Mundial. Finalmente, algunas de las pruebas comenzaron, con quejas de los deportistas y burlas en las redes sobre las consecuencias de sumergirse en esas aguas.

Lo cierto es que las fuertes precipitaciones que cayeron sobre la capital francesa elevaron los niveles de contaminación del río. La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) explica esta relación en su reciente informe sobre la calidad de las aguas de baño en Europa: “Los episodios de lluvia intensa (más de 20 mm en un día) aumentan el riesgo de mala calidad de las aguas de baño debido a la movilización de la contaminación procedente de desbordamientos de alcantarillado, inundaciones o escorrentías superficiales, con los correspondientes posibles impactos en la salud de los bañistas”.

Un problema que va en aumento

Según este análisis, elaborado con los datos notificados por los Estados miembros de la UE para las temporadas de baño 2020-2023, la mayoría de las aguas de baño “son de calidad” para los nadadores. Sin embargo, el porcentaje de “mala calidad” (índices elevados de E.coli y Enterococcus), hoy del 1,5% (321 cauces), va a aumentar en los próximos años como consecuencia del calentamiento global, alerta la agencia.

“La contaminación de las aguas superficiales y subterráneas sigue siendo significativa y puede verse exacerbada por el cambio climático, que va a aumentar la intensidad y la frecuencia de diversos fenómenos meteorológicos extremos, incluidas las lluvias intensas”, se advierte.

Este caso puntual y de mucha visibilidad por los Juegos Olímpicos no es una excepción; es frecuente en muchos ríos. No hay saneamiento ni tecnología que pueda asegurarnos aguas limpias ante un cambio climático que empieza a exponer la vulnerabilidad de los sistemas hídricos

Rafael Seiz — coordinador del Programa de Agua de WWF

Para este organismo, hay una “relación conceptual directa” entre el calentamiento global y los fenómenos hidrometeorológicos asociados a la aparición de E.coli y Enterococcus y cianobacterias, que no están sujetas al control cuantitativo que prescribe la Directiva Marco del Agua, aunque ante la presencia de niveles elevados los expertos suelen recomendar la prohibición del baño.

Lo que ocurrió en estos días en el Sena está detallado en este documento de la Unión Europea: “La contaminación a corto plazo puede producirse durante fuertes lluvias, cuando se supera la capacidad de las plantas de tratamiento de aguas residuales y se vierten aguas residuales sin tratar”.

“Lo que tiene que quedar claro es que este caso puntual y de mucha visibilidad por los Juegos Olímpicos no es una excepción, es frecuente en muchos ríos. No hay saneamiento ni tecnología que pueda asegurarnos aguas limpias ante un cambio climático que empieza a exponer la vulnerabilidad de los sistemas hídricos”, reflexiona Rafael Seiz, coordinador del Programa de Agua de la organización conservacionista WWF.

El minucioso análisis de AEMA, para el que se cruzaron datos de la temporada de baño entre 2008 y 2022 con los registros de precipitaciones horarias de Copernicus ERA5, revela que la correlación entre lluvias torrenciales y el aumento de la contaminación está ocurriendo “de forma constante en toda Europa”. La agencia alerta de que “las aguas europeas contaminadas como consecuencia de fuertes lluvias suponen un peligro para la salud de los bañistas” y que la problemática se “incrementará a medida que el cambio climático aumente la frecuencia de estos fenómenos meteorológicos extremos”.

Desde 1923 los parisinos no pueden darse un chapuzón en el Sena. Ese año, la prefectura ordenó la prohibición por “la suciedad fecal” de las aguas

Julio de 2023 fue el más lluvioso de los últimos años en París, con 107 milímetros de lluvia acumulada, muy por encima del promedio (70 mm). La anomalía se ha repetido este año, según ha adelantado Patrick Marliere, director de la Agencia de Meteorología de Francia.

El impacto del hormigón

Entre las medidas preventivas para mejorar la calidad del agua de los ríos, la AEMA destaca la “retención natural” y el “aumento de los espacios con vegetación” en las zonas urbanas.

La “creciente urbanización” –explica este organismo– hace que las infraestructuras de gestión de aguas residuales sean vulnerables al cambio climático. En el caso de París, las organizaciones ecologistas llevan décadas denunciando que la pavimentación excesiva de calles y plazas, con pocos espacios verdes que absorban el agua de lluvia, tiene “relación directa con la contaminación del Sena”.

El año pasado, el ayuntamiento anunció un ambicioso plan de renaturalización para bajar las temperaturas y reducir los impactos de las lluvias torrenciales. La ciudad planea plantar 170.000 árboles hasta 2026, eliminar plazas de aparcamiento para convertirlas en zonas verdes en el horizonte de 2030 y suprimir un 40% de su asfalto.

El plan de París tras los Juegos Olímpicos es abrir tres zonas públicas de baño. Desde 1923 los parisinos no pueden darse un chapuzón en el Sena. Ese año, la prefectura ordenó la prohibición por “la suciedad fecal” de las aguas. En 1990, cuando era alcalde de la capital, el expresidente Jacques Chirac prometió que bajo su mandato sería posible volver a bañarse. La promesa nunca se cumplió.

Tenemos que aprender a gestionar el riesgo más que el volumen del agua. No hay tecnología que sustituya a la naturaleza

Anne Hidalgo, alcaldesa desde 2014, se aferró a la tecnología para terminar con un siglo de contaminación. París construyó un innovador y gigantesco depósito para complementar su red de depuración: un cilindro de hormigón de 50 metros de diámetro por 30 de profundidad con una capacidad de 50.000 metros cúbicos, capaz de almacenar una cantidad de agua equivalente a 20 piscinas olímpicas.

Para especialistas como Seiz, apostarlo todo a la tecnología no funcionará: “El gran reto que tenemos por delante es pasar de una gestión de los recursos y de las cuencas con la certidumbre que nos daba la ciencia y tecnología, a una gestión plagada de incertidumbres y riesgos por el cambio climático. Tenemos que aprender a gestionar el riesgo más que el volumen del agua”.

El experto hídrico resume toda su argumentación y explicación en una frase: “No hay tecnología que sustituya a la naturaleza”.

AA/CRM