El Tribunal Oral Federal 8 condenó este jueves a 13 años y 6 meses de prisión por asociación ilícita y lavado de activos al falso abogado Marcelo D’Alessio, al término de un juicio oral en su contra.

También se lo condenó por extorsión en cuatro oportunidades, coacción y tenencia ilegal de arma de guerra.

El veredicto se leyó este jueves en los tribunales federales de Retiro, donde el falso abogado fue juzgado por extorsionar con pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas a cambio de no involucrarlos en causas judiciales.

Además de D’Alessio, el tribunal también condenó a otros cinco imputados, entre ellos dos exagentes de inteligencia, a penas de entre 9 años de prisión efectiva y 3 años en suspenso.

DAlessio ya está detenido en el Complejo Penitenciario Fedeal I de Ezeiza y ya había sido condenado en 2021 por el TOCF N°2 de la ciudad de Buenos Aires a 4 años de prisión por tentativa de extorsión en perjuicio del empresario Gabriel Traficante.

MM con información de la agencia NA.

La Cámara Federal de Casación rechazó una apelación contra el sobreseimiento del fiscal federal Carlos Stornelli en la causa en la que estuvo procesado por las actividades ilegales atribuidas al falso abogado Marcelo D’Alessio.

Los camaristas Ángela Ledesma, Guillermo Yacobucci y Gustavo Hornos declararon inadmisible el recurso extraordinario, la vía para llegar a la Corte Suprema, presentado por el abogado José Ubeira, una de las víctimas de las andanzas de D’Alessio.

“El recurso extraordinario federal deducido no cumple con los recaudos establecidos por la ley la Corte Suprema de Justicia de la Nación relativos a la demostración de la existencia de cuestión federal y necesidad de fundamentación adecuada de la impugnación”, sostiene el fallo.

Ubeira, actual abogado de Cristina Fernández de Kirchner, tiene una última posibilidad de llegar hasta la Corte, a través de un recurso de “queja”, que el máximo tribunal suele rechazar.

Stornelli fue sobreseído hace unos diez días por los últimos cuatro hechos de presunta extorsión e inteligencia ilegal achacados a D’Alessio en los que continuaba bajo investigación.

CRM con información de la agencia NA

El juicio al falso abogado Marcelo D'Alessio comenzó este martes en los tribunales federales de Retiro por los delitos de extorsión, asociación ilícita y lavado de dinero ante el Tribunal Oral Federal 8. El detenido es juzgado junto a otros ocho acusados en la investigación de pedidos de dinero a empresarios y otras víctimas, para no involucrarlos en causas judiciales.

El debate inició en la sala AMIA del edificio de Comodoro Py 2002 a las 10:50, con la lectura del requerimiento fiscal de elevación a juicio. En principio, el proceso se desarrollará todos los martes, según informaron fuentes judiciales.

D'Alessio fue trasladado a primera hora desde la cárcel de Ezeiza, donde está detenido. Aguardó en la Alcaidía de los tribunales hasta que fue ingresado a la sala de audiencias con barbijo y custodiado por efectivos del Servicio Penitenciario Federal. Se ubicó en la última fila, junto a su defensa oficial.

El falso abogado está procesado por integrar una asociación ilícita que se dedicaba, entre otras actividades, a recabar información ilegalmente para luego extorsionar a sus víctimas e interferir en expedientes judiciales.

El Tribunal está integrado por las magistradas Gabriela López Iñiguez, Sabrina Namer y el juez Nicolás Toselli.

El debate debía iniciarse a las 9:30, pero se demoró por problemas de organización. Durante toda la mañana, los integrantes del Tribunal escucharon la lectura de los hechos por los cuales juzgarán a los acusados.

Antes del inicio del debate, el abogado querellante José Manuel Ubeira sostuvo en declaraciones a la prensa que la candidata a Presidente de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, “es la única persona que falta en este juicio”.

“El jefe de D'Alessio es el jefe de la asociación ilícita y no está en este juicio. Toda la construcción que se hizo alrededor de D'Alessio tiene mucho que ver con (Patricia) Bullrich, para mí es la única persona que falta en este juicio”, apuntó Ubeira. Se mostró “muy esperanzado en que se desmonte una parte importante de lo que fue el macrismo como Gobierno”.

A lo largo de la lectura del requerimiento de elevación a juicio, se recordó que D'Alessio se presentaba ante sus víctimas como “jefe regional de la DEA” y referenciaba su vínculo con el fiscal federal Carlos Stornelli, quien está siendo juzgado en este debate.

Del proceso participan ocho querellas -una es la de la Unidad de Información Financiera (UIF)- e interviene como fiscal Marcelo Colombo, quien había sido recusado por la defensa de D'Alessio. Sin embargo, fue confirmado por el TOF8 y la Cámara Federal de Casación Penal rechazó a última hora de ayer lunes por inadmisible un recurso de su defensa para llegar a esta instancia con su planteo de apartarlo.

EL TOF 8 admitió para este juicio unos 148 testigos y postergó para el debate la evaluación de admisibilidad de unos 70 más, según surge del expediente judicial. Entre los testigos, están el principal denunciante, el empresario Pedro Etchebest; el empresario Mario Montoto y Gabriel Bouzat, exsocio del vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rozenkrantz.

El falso abogado llegó al juicio detenido, ya que se encuentra en prisión preventiva desde hace cuatro años y cuatro meses en la cárcel de Ezeiza. Esto es porque D'Alessio fue condenado a cuatro años de prisión en otra causa en la que se lo juzgó en 2021, por el intento de extorsión al empresario Daniel Traficante.

En este nuevo debate, también son juzgados los excomisarios Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, el exespía Rolando Barreiro; Mariano Díaz, quien actuaba de guardaespaldas de D'Alessio, y los empresarios Aldo Eduardo Sánchez, Pablo Leonardo Bloise y Marcelo Patricio González Carthy de Gorriti, todos ellos por supuesto lavado de dinero.

Además, se sentará en el banquillo de los acusados el prefecto Franco Pini, desde cuyo usuario se revisaban las bases de Migraciones para obtener información de manera ilegal.

Uno de los hechos imputados tiene que ver con delito de lavado de dinero, a partir de la existencia de un grupo de WhatsApp llamado “Buenos Aires”, dentro del cual varias personas coordinaban acciones para colocar fondos de origen ilícito en cuentas off-shore.

A los acusados se les achaca haber formado parte, desde 2016 hasta febrero de 2019, de una asociación ilícita que “planificó” y, en algunos casos, “ejecutó sin poseer facultades para ello, ni orden de autoridad competente, actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”, de acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio.

La investigación fue abierta en la Justicia Federal de la ciudad bonaerense de Dolores, a cargo del ahora juez de La Plata Alejo Ramos Padilla. Sin embargo, tras una orden de la Cámara Federal de Casación, el expediente pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde recayó en manos del magistrado Julián Ercolini.

Ercolini fue quien envió la causa de manera parcial a juicio, sobre la base de un pedido hecho por el fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi.

La semana pasada, la Cámara Federal de Casación rechazó la posibilidad de excarcelar a D'Alessio y encomendó al Tribunal llevar adelante el juicio con “celeridad”.

El primer caso corresponde a los hechos denunciados por el empresario Pedro Etchebest, cuya presentación dio curso a la investigación, y a quien se le habría exigido el pago de US$300.000 para no involucrarlo en el denominado “caso Cuadernos”.

Otro hecho que se expone en el juicio tiene como víctima a Gonzalo Brusa Dovat, exdirector de la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PdVSA) en la Argentina, “a quien, mediante acciones de coacción, que importaron tareas de recolección de información previa a su respecto, se lo obligó a prestar testimonio en diversas entrevistas periodísticas y declaración testimonial en la sede de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 4, a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli”, en 2019.

Además, se juzga el hecho que tuvo por víctima a Diego Vestillero, blanco de “acciones intimidatorias y extorsivas” en julio de 2016, además de “exigencias de dinero y amenazas con publicaciones en medios de prensa”, para obligarlo a “entregar documentación de contenedores relacionados con la firma Fox Cargo S.A.”, de la cual era directivo.

Entre los querellantes está el letrado Ubeira, contra quien D'Alessio, “en el marco de la asociación ilícita”, habría planificado “una cámara oculta” con el propósito de vincularlo, a través de algún tipo de ardid y una metodología similar a la del agente provocador, en una posible maniobra delictiva que pudiera ser encuadrada como “extorsión en grado de tentativa a un fiscal federal”.

LC con información de agencia Télam

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente, Horacio Rodríguez Larreta, oficializó hoy la presentación de Eugenio Burzaco al frente del Ministerio de Seguridad porteño tras la renuncia de Marcelo D´Alessandro, a quien destacó por su labor.

Además, le agradeció al ex presidente Mauricio Macri, luego de que comunicara que no competirá en las elecciones presidenciales, y pidió el voto de la sociedad.

Lo hizo luego de tomarle juramento al nuevo titular de la cartera de Seguridad, en el Instituto Superior de Seguridad Pública, ubicado en la Avenida Santiago de Compostela 3.801.

“Tiene la capacidad y el coraje necesarios para continuar con la tarea que venimos haciendo desde que asumimos”, afirmó respecto a Burzaco.

En la misma línea, aseguró que el nuevo ministro fue “el autor e impulsor de muchas de las reformas y de los logros alcanzados entre 2015 y 2019 en materia de Seguridad” y remarcó que deberá asumir al compromiso de “cuidar a casi 7 millones” que habitan y transitan la Ciudad.

Asimismo, hizo referencia a la situación de D´Alessandro, quien renunció luego de ser investigado por supuestos chats con jueces y miembros de la Corte Suprema, vía terceros y subrayó su tarea al frente de la cartera.

“El plan integral de Seguridad tuvo en Marcelo D´Alessandro a uno de sus principales responsables desde el primer día, en distintos roles”, afirmó Rodríguez Larreta respecto al funcionario que, a principios de enero, hizo uso de licencia y hace algunos días presentó su renuncia definitiva.

“Que hoy seamos la capital más segura de Latinoamérica tiene que ver con su trabajo, su valentía y el compromiso con el que se desempeñó en su distintos cargos”, continuó, y agregó: “La burda, porque no hay otra palabra, operación de inteligencia ilegal que está soportando lo llevó a tomarse una licencia por unos meses y la semana pasada decidió -y me comunicó- que iba a dar un paso al costado porque el tiempo, la energía y el foco que le consume esa defensa termina siendo incompatible con la enorme dedicación que requiere la función pública”.

Ante Burzaco, Rodríguez Larreta hizo extensible su apoyo al ex ministro a lo que calificó como “una pelea injusta y terrible” que afronta, y enfatizó: “Esperamos que la Justicia vaya a fondo, no puede haber espionaje ilegal en la Argentina. Va a seguir siendo parte del equipo y aportando”.

Respecto a la pelea contra la inseguridad, el jefe de Gobierno porteño pidió el voto de la sociedad en la pelea por la presidencia y se comprometió a combatir el narcotráfico en el país.

Además, propuso blindar las fronteras destinando 10 mil gendarmes en las zonas más afectadas por la droga y el delito; y crear el Grupo de Elite Antinarcotráfico (GEAN), conformado por las fuerzas federales.

“Lo vamos a lograr. Sabemos cómo hacerlo. Sé que la experiencia de la capital no es igual en todo el país, no es cuestión de copiar estrategias. Tenemos la experiencia de haberlo hecho, trabajando en equipo y de forma coordinada”, planteó, y agregó: “Eso mismo que logramos en la Ciudad de Buenos Aires lo vamos a hacer en todo el país si los argentinos me eligen como Presidente”.

Por último, Rodríguez Larreta habló de la decisión que tomó Mauricio Macri al informar que no competirá en las próximas elecciones presidenciales a través de un mensaje en redes sociales.

“Me trae a hacer una mención especial a Mauricio Macri que ayer, una vez más, mostró su misión, claridad y valentía para llevar adelante un liderazgo generoso y sincero, priorizando al equipo por sobre las personas y en eso claramente me identifico.Me da orgullo transitar con él más de 20 años juntos y va a seguir acompañando”, definió.

Fueron parte del acto, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la secretaria de Seguridad, Elizabeth Caamaño; el jefe de la Policía de la Ciudad, Gabriel Berard, y el jefe de Bomberos, Juan Carlos Moriconi.

A su turno, Burzaco destacó la conformación de una Policía “proactiva” de la Ciudad, y se comprometió a acercar el Ministerio de Seguridad a los vecinos y a combatir el narcotráfico.

“El Ministerio va a estar en la calle y la Policía va a estar cerca del vecino. No vamos a tener piedad contra el narcotráfico.

Vamos a dar batalla todos los días para reducir este flagelo que se lleva la vida de muchos inocentes“, subrayó.

Con información de agencias.

IG

Un hombre que fue procesado junto con el falso abogado Marcelo D'Alessio, de quien simulaba ser su guardaespaldas y quien lo había recomendado para ingresar en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como “inorgánico”, apareció muerto con un tiro en la cabeza, confirmaron fuentes judiciales.

Se trata de Eduardo Ariel Menchi, alias “Chispa”, uno de los hombres que acompañaban a D'Alessio cada vez que se desplazaba simulando ser agente de la agencia antinarcóticos estadounidense DEA.

Según el acta de defunción, la muerte fue constatada por el médico forense Héctor Enrique Di Salvo y ocurrió el 19 de enero pasado, en el interior del departamento que alquilaba.

El cuerpo fue inhumado en el cementerio de Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires e intervino en las exequias la empresa de servicios fúnebres Casa Delorenzi S.A., que gestionó la autorización para sepultar el cuerpo.

Menchi estaba procesado desde el 19 de junio de 2019 por el primer juez de la Causa D'Alessio, el entonces magistrado federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

“Chispa” Menchi fue procesado junto con Mariano “Alemán” Díaz, el otro supuesto custodio, acusado de intervenir en operaciones de amedrentamiento y “puesta en pánico” de supuestas víctimas de las “operaciones” extorsivas de D'Alessio.

Si bien las primeras averiguaciones indican que Menchi se suicidó, el juez Guillermo Rongo mantiene abierto el expediente, pese a que en el departamento no se encontraron registros de lucha, ni de forzamiento de cerraduras, ni lesiones defensivas en la víctima.

No obstante, funcionarios del tribunal oral número ocho que tiene asignado el juicio aún sin fecha fijada, se comunicaron informalmente con el resto de los procesados para advertirles sobre lo que había pasado y preguntarles si habían detectado alguna situación irregular que les hiciera presumir que sus vidas estaban en peligro.

En abril de 2022, el actual juez de la causa, Julián Ercolini, elevó a juicio oral a –entre otros- D'Alessio y Menchi bajo cargos de “asociación ilícita, extorsión, tráfico de influencias agravado por hacer valer indebidamente dicha influencia ante un miembro del Ministerio Público y coacción”.

En la causa judicial aparecen reiteradas acciones de Menchi en sintonía con D'Alessio, en especial una reunión en noviembre de 2018 en el hotel NH de la Capital Federal con dos, por entonces, agentes de inteligencia: Ricardo Bogoliuk y Pablo Pinamonti.

Según la documentación, D'Alessio presentó a Menchi a Bogoliuk y Pinamonti “para que se incorporara como agente inorgánico de la AFI puesto que aquellos le habían pedido que les presentara a una persona para desempeñarse en ese carácter”.

El 21 septiembre del 2021, otro imputado en la causa, Carlos Liñani, apareció muerto en su departamento, también como supuesta víctima de suicidio: el gas estaba abierto, las ventanas cerradas, la puerta cerrada por dentro y las hendijas selladas con cinta.

La causa se cerró como suicidio.

CRM con información de la agencia NA

El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

La Cámara Federal porteña resolvió este jueves que el juez Julián Ercolini quede a cargo de la causa por presunta extorsión y asociación ilícita en la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, y que fue remitida a los tribunales de Comodoro Py desde la justicia de Dolores.

La decisión fue del juez del Tribunal de Apelaciones, Pablo Bertuzzi, quien resolvió así un conflicto de competencia planteado entre Ercolini y la jueza federal María Eugenia Capuchetti, informaron fuentes judiciales.

Bertuzzi le dio la razón a Capuchetti al concluir que Ercolini tiene en su juzgado una causa previa “estrechamente” vinculada al caso D'Alessio “en cuyo sentido resulta conducente que las pesquisas avancen bajo la dirección de un mismo magistrado”

El camarista entendió que “los puntos de contacto que se vislumbran entre ambas actuaciones permiten afirmar la conveniencia de su trámite conjunto”

“Ello así a los fines de esclarecer en mejores condiciones los extremos aquí investigados y llevar adelante un análisis global de la prueba producida”, agregó en su resolución.

Capuchetti se había declarado incompetente para intervenir en la causa que se inició en Dolores y la envió “por conexidad” al juzgado de Ercolini, quien investiga otra denuncia contra el falso abogado, aquella que le formulara el fiscal Carlos Stornelli cuando acusó a D'Alessio de haberlo estafado e invocado su nombre falsamente.

La causa D´Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

En el caso están imputados D' Alessio y el fiscal Stornelli, entre otros acusados, y la pesquisa estaba camino a ser enviada a juicio oral por el juez subrogante de Dolores Martín Bava, cuando se resolvió el pase al fuero federal de la ciudad de Buenos Aires.

Con información de agencias.

IG

La jueza federal María Eugenia Capuchetti quedó a cargo este jueves de la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, según resolvió la Cámara Federal porteña.

El camarista Pablo Bertuzzi decidió “no hacer lugar a la excusación” de Capuchetti, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

“Las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio”, concluyó Bertuzzi.

El camarista resolvió un planteo elevado al Tribunal por el juez federal Ariel Lijo, quien había resultado sorteado tras la excusación de Capuchetti pero rechazó la inhibitoria de la magistrada en el caso.

Capuchetti se inhibió de entender en la causa derivada desde la justicia federal de Dolores por orden de la Cámara Federal de Casación por “haber resultado presunta damnificada de las actividades de espionaje” que se investigan en otro expediente judicial vinculados a accesos ilegales a bases de datos oficiales en busca de información sobre su persona.

La jueza “consideró que tanto en aquél expediente como en el presente las investigaciones tratan en principio sobre maniobras ilícitas similares, acontecidas en el mismo período temporal y en el marco de las cuales se encontraría comprometida la misma agencia federal”, en relación a la AFI.

Lijo, por su parte, rechazó la inhibición de la jueza porque sostuvo que se trata de dos pesquisas diferentes, que no fueron unificadas y con distintos imputados y víctimas.

A la hora de resolver Bertuzzi dio la razón a este último y concluyó que no hay “circunstancias objetivas para justificar el apartamiento de la magistrada, toda vez que más allá de coincidir en ambos legajos el espacio temporal y el organismo investigado, su carácter de ofendida o damnificada habría operado en el marco de otra causa”.

Esta investigación se inició en 2019 en la ciudad de Dolores a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y la semana pasada, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodro Py, en el barrio porteño de Retiro.

La remisión a Ercolini

La jueza federal María Eugenia Capuchetti resolvió remitirle a su colega Julián Ercolini la causa que investiga maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio, informaron a Télam fuentes judiciales.

La magistrada se declaró incompetente para intervenir en la causa que se inició en Dolores y la envió “por conexidad” al juzgado de Ercolini, quien investiga otra denuncia contra el falso abogado, aquella que le formulara el fiscal Carlos Stornelli cuando acusó a D'Alessio de haberlo estafado e invocado su nombre falsamente.

La paradoja detrás de este nuevo cambio de manos del caso D´Alessio es que, de aceptar la competencia, el juez Ercolini tramitará juntas dos causas que ubican a Stornelli en lugares contrapuestos: en la que se inició en el juzgado federal de Dolores el fiscal está acusado, mientras que en la otra, es denunciante.

“Se vislumbran aquí dos posibles líneas de acción: o se procede a requerir la inhibitoria al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 10, que viene entendiendo en la causa CFP 1406/2019 desde el 12/2/19, o como desde ya adelanto habré de optar, se dispone la remisión de la presente causa FMP 88/2019 a conocimiento de dicho órgano jurisdiccional, para la tramitación conjunta de ambas causas”, sostuvo la jueza Capuchetti en su resolución de este mediodía.

“Sin perjuicio de no desconocerse que la presente causa ostenta un más elevado grado de avance en su trámite, lo cierto es que corresponde al titular del Juzgado Criminal y Correccional N° 10 continuar con la investigación del legajo que ha reclamado para sí en el pasado, no sólo por el amplio lapso temporal que ha transcurrido desde que tomó contacto con los eventos que aquí se ventilan, sino también por el grado de conocimiento que tiene sobre ellos”, sostuvo la jueza.

Ahora deberá Ercolini, titular del juzgado federal 10, decidir si se queda con el caso D´Alessio o rechaza la competencia: el escenario cambió bastante desde el tiempo en que él le había reclamado el expediente al entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Cuando Ercolini solicitaba para su competencia la causa a Ramos Padilla, el fiscal Stornelli estaba procesado por una supuesta extorsión al empresario Pedro Etchebest -denunciante original del Caso D´Alessio- pero luego la Cámara de Mar del Plata le dictó falta de mérito y le dejó los procesamientos por los casos “Ubeira” y “Castañón”.

La causa D´Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest y la semana pasada, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Tras el sorteo de rigor, quedó en manos de la jueza Capuchetti, que primero se excusó con el argumento de que en este expediente se investiga el papel de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en supuestas maniobras de espionaje ilegal, de las cuales ella fue víctima y son investigadas en otro expediente.

El caso volvió a sortearse y le cayó al juez Ariel Lijo que rechazó la inhibitoria de su colega y envió el caso a la Cámara Federal porteña para que allí se resolviera quien debe investiga.

Esta mañana, el camarista Pablo Bertuzzi había resuelto “no hacer lugar a la excusación” de Capuchetti porque “las razones que se esgrimen para sustentar la excusación en modo alguno permiten vislumbrar la posibilidad de que su imparcialidad se vea afectada, a raíz de la particular situación que se ha planteado en el caso bajo estudio”.

Con información de agencias.

Esta nota fue modificada el 30 de diciembre de 2021 a las 15.40 con nueva información.

IG

El falso abogado Marcelo D'Alessio fue condenado este lunes a cuatro años de prisión por el delito de intento de extorsión. Está en el penal de Ezeiza por otra causa que se tramita en Dolores. En tanto, el otro implicado, el exfiscal Juan Ignacio Bidone fue condenado a 3 años y 8 meses.

Además, fueron condenados los exagentes de la AFI, Rolando Barreiro y Claudio Álvarez a 2 años pero con cumplimiento en suspenso.

El TOF 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Méndez Signori , leyó su veredicto pasadas las 12.30 de este lunes –no los fundamentos, que se conocerán el 20 de septiembre-. Por unanimidad, a D’Alessio lo condenaron a la pena de 4 años de prisión "por considerarlo autor penalmente responsable del delito de extorsión en grado de tentativa".

La condena del fiscal Bidone fue similar: 3 años y 8 meses, por considerarlo partícipe necesario de la maniobra. A su vez, le decretaron la inhabilitación especial por el plazo de 4 años.

Menor fue la pena para los exagentes de la AFI, Barreiro y Álvarez, que recibieron 2 años de prisión, de cumplimiento en suspenso. Al primero, el TOF 2 lo consideró partícipe secundario del intento de extorsión. Al segundo, la condena fue por la violación de la Ley de Inteligencia Nacional (era agente al momento de los hechos).

D’Alessio había dicho este lunes, antes de darse a conocer el fallo, que “la condena mediática parece superar el principio de inocencia”, al hacer uso de sus últimas palabras en el juicio que se le sigue por extorsión a un empresario.

“Si es que existe esa trillada grieta, me dejaron bien en el medio”, dijo el falso abogado ante el tribunal que lo juzga, integrado por los magistrados Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori. Y agregó: “Me dolió la canallada de quienes salieron corriendo en estado de pánico a usar los medios para cubrirse diciendo que era un loquito, un fabulador y hasta llegaron a sostener que dialogaba sobre narcotráfico o la homologación de tal o cual protocolo o calibre de proyectiles sónicos con un nietito”.

D´Alessio estaba en una habitación a solas, sentado frente a un escritorio, con campera azul y lentes, también aseguró haber estudiado “profundamente la matriz del narcotráfico y el terrorismo. Sí capacité en forma gratuita a ministros, diputados, diputadas, ministras, senadores, funcionarios de alto rango de la AFI y periodistas, entre otros”, admitió.

La causa

D'Alessio, más el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Claudio Álvarez y Rolando Barreiro, fueron juzgados desde el 8 de marzo último en una causa que investigó un supuesto intento de extorsión al despachante de Aduanas Gabriel Traficante para no involucrarlo en la llamada “mafia de los contenedores” y evitarle un “escrache mediático”, en noviembre de 2016.

Con numerosas referencias a sus hijos y su esposa, D’Alessio insistió: “Gabriel (Traficante) supo en todo momento que yo no lo extorsioné. Traficante vino a buscar un servicio porque estaba en pánico”.

“Con independencia de la formulación probatoria falaz (del fiscal Diego Luciani), confío que el criterio se ajustará a lo correcto y yo sé que no siempre lo correcto es lo conveniente”, desafió D’Alessio desde la cárcel de Ezeiza, donde se encuentra detenido.

Bidone también hizo uso del derecho a unas últimas palabras ante el tribunal y pidió a los jueces que “como hombres de derecho no tomen a la ligera la decisión que van a tomar”, respecto del pedido de pena de la fiscalía de 4 años y 8 meses.

Sin embargo, el fiscal suspendido reconoció: “No debí compartirle le información que le compartí” a D’Alessio.

Los agentes de inteligencia también se dirigieron a los miembros del Tribunal Oral Federal 2.

Por su parte, Barreiro sostuvo: “No me arrepiento de nada”; mientras que Álvarez insistió: “Yo no tengo nada que ver” con el delito que está siendo juzgado.

Traficante conocía a D'Alessio del country Saint Thomas, en la localidad bonaerense de Canning, donde ambos vivían, y allí tuvo lugar la primera de las reuniones donde el ahora detenido abogado le pidió dinero para desligarlo de la investigación de la “mafia de los contenedores”.

Antecedentes

La defensa de Marcelo D'Alessio había pedido la absolución e inmediata libertad del falso abogado y admitió que el acusado creó “un personaje”, se hizo “pasar por alguien influyente, con poder”, pero esa actitud no lo convirtió en “extorsionador” porque “no era creíble”.

D'Alessio “creó un personaje, se presentaba como abogado, economista, funcionario de la Embajada de Estados Unidos, miembro de la DEA (Dirección de Control de Drogas) y la AFI (Agencia Federal de Inteligencia); se hacía pasar por alguien influyente con poder para ofrecer servicios de analista o intermediación”, admitió su defensor Santiago Finn en el alegato final del juicio por intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante.

También había hecho su alegato final la defensa del suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, que también había pedido la absolución de la acusación como presunto partícipe necesario del hecho.

Sobre D'Alessio, el defensor Finn sostuvo que su cliente ofrecía un servicio y a cambio pedía cobrar dinero, pero que la acusación en su contra tuvo “carácter político”.

Para el defensor, no hubo delito porque “toda la locuacidad” de D'Alessio “estuvo destinada a convencer, no a imponer, en todo caso buscó engañar, pero no intimidar y era un ardid bastante burdo”.

El ​abogado sostuvo que “es posible que haya sido una persona que haya generado un magnetismo en sus interlocutores”, pero indicó que esa actitud no convirtió al detenido en un “extorsionador”.

El d​efensor había pedido a los jueces que absuelvan a D'Alessio y ordenen su inmediata libertad o, en todo caso, lo condenen a un mínimo de pena por intento de extorsión al empresario Gabriel Traficante, que permita su libertad condicional.

A comienzos de julio, el fiscal federal Diego Luciani había reclamado una condena de 5 años de prisión ante el Tribunal Oral Federal 2 que juzgó el pedido de dinero a Traficante a cambio de no quedar involucrado en una causa judicial y evitarle un “escrache” mediático en noviembre de 2016.

Con los allanamientos ordenados en 2019 en otra causa en la que también está procesado con prisión preventiva, la de extorsión y espionaje ilegal que se investiga en la justicia federal de Dolores, “se cayó” el “personaje” que encarnaba D'Alessio, continuó su defensa.

“Se supo que no es abogado ni economista, ni pertenecía a la DEA ni al Mossad”, pero “este perfil de D'Alessio no lo transforma en extorsionador”, agregó su abogado.

Traficante nunca estuvo “intimidado ni engañado” porque D'Alessio “no era creíble y se notaba a las claras” cuando le hacía propuestas vinculadas a la situación en la causa conocida como “mafia de los contenedores”.

“Exitoso empresario”

Sobre sus medios de vida, la defensa de D´Alessio argumentó que tenía una condición económica “holgada”. “Fue un exitoso desarrollador inmobiliario en la zona de Canning, Ezeiza, que trabajó como asesor de prensa en Formosa y hasta tuvo un criadero de truchas en Piedra del Águila, en el límite entre Neuquén y Río Negro y fue elegido presidente de la comisión de vecinos del country Saint Thomas”, enumeró.

En la investigación que tramita en Dolores, D'Alessio está procesado como supuesto jefe de asociación ilícita, pero “nadie reconoce haberle dado dinero o cedido a estas supuestas presiones o temor que provocaba en sus víctimas, todos se manifiestan temerosos pero nadie entregó dinero ni tampoco nadie se salvó de su supuesto escrache periodístico”, remarcó su defensa.

“D'Alessio no controlaba ni el avance de las causas judiciales ni las publicaciones en los medios de prensa”, dijo el abogado.

El despachante de Aduana “nunca le creyó a D'Alessio sobre su poder de influencia y capacidad” y además el acusado hacía “una propuesta que podía aceptarse o no, sin consecuencias negativas para su rechazo”.

“D'Alessio no estuvo atrás de estas investigaciones penales, no voy a negar que habló de dinero con Gabriel Traficante, pero no se trató de una exigencia típica del delito sino que ofreció servicios”, agregó Finn.

“Es cierto que hubo simulación de autoridad e influencias falsas, pero ellas no tuvieron relación directa con la creación del problema ni su solución. Mi defendido se considera un analista”, dijo.

Prisión preventiva en Ezeiza

El abogado recordó que el acusado está detenido con prisión preventiva en la cárcel de Ezeiza desde hace más de dos años, de los cuales el primero lo pasó aislado “y fue algo muy grave y muy perjudicial para su salud física y psíquica”.

“No fue alojado como un detenido más, no tuvo derechos, fue aislado en una celda del hospital penitenciario de Ezeiza, con una puerta opaca, perdió 19 kilos y la noción del día y la noche”, añadió.

Tras finalizar el alegato de D'Alessio, comenzó el de los abogados defensores del fiscal Bidone, quienes anticiparon pedirán la absolución y reclamaron que se declare la nulidad de la prueba extraída de los teléfonos celulares del falso abogado.

“La información extraída del teléfono de D'Alessio es prueba prohibida, ilegal”, sostuvieron sobre esa evidencia, que incluyó los mensajes que el falso abogado intercambiaba con el entonces titular de la Unidad de Delitos Complejos de Mercedes, Bidone.

Los abogados admitieron que su cliente entregó a D'Alessio información reservada sobre Traficante -como listados de llamados- pero argumentaron que eso no fue definitorio para la ejecución del delito.

Con información de agencias.

IG

La Cámara Federal porteña revocó este jueves el procesamiento al periodista Daniel Santoro, le dictó la falta de mérito y ordenó realizar nuevas medidas de prueba para avanzar con la investigación de la supuesta tentativa de extorsión al empresario aduanero Gabriel Traficante por la que ya fue elevado a juicio oral el falso abogado Marcelo D´Alessio.

La decisión de revocar el procesamiento del periodista fue compartida por todos los jueces de la sala segunda del tribunal de apelaciones aunque hubo posiciones distintas en cuanto al devenir de la pesquisa, según surge del fallo al que accedió Télam por parte de fuentes judiciales.

El juez Martín Irurzun, en minoría, votó por revocar el procesamiento, disponer el sobreseimiento del imputado y encomendar la destrucción de la prueba obtenida violando garantías constitucionales, mientras sus colegas, Eduardo Farah y Roberto Boico, se inclinaron por la solución la falta de mérito y la continuidad de la investigación.

El procesamiento

Santoro había sido procesado por el juez Luis Rodríguez como partícipe necesario de una maniobra extorsiva desplegada por el falso abogado D´Alessio que le reclamaba dinero al empresario de apellido Traficante a cambio de evitarle quedar quedar involucrado en la causa judicial por contrabando de mercaderías conocida como “mafia de los contenedores”.

“Daniel Pedro Santoro tuvo un importante rol en el suceso criminal investigado, teniendo incidencia directa sobre la credibilidad de los dichos de D´Alessio hacia Traficante, en la intimidación moral que ejerciera sobre éste o que introduce información falsa para contribuir en una extorsión en curso”, había señalado el juez Rodríguez tras considerar que las publicaciones del periodista estaban coordinadas con el falso abogado.

De la lectura del fallo del tribunal de apelaciones se desprende que la mayoría comparte la noción de que existen elementos para sospechar de la supuesta comisión de un delito, pero que aún no se pudo probar la existencia de un acuerdo entre Santoro y D´Alessio que coloque al periodista en un rol delictivo.

Al votar por revocar el procesamiento de Santoro, el juez Boico sostuvo que “hay conjeturas razonables que, desde un plano objetivo, respaldan las sospechas albergadas por el juez, pero que no satisfacen el estándar mínimo necesario que requiere un pronunciamiento en los términos del artículo 306 del ritual”.

“Lo que falta aún es conglobar los datos que emergen de la secuencia histórica de los hechos con una prueba que acredite la presencia de la faz subjetiva requerida por el tipo penal en relación a Santoro, al menos en la hipótesis que aquí se baraja”, enfatizó.

Por su parte, el juez Farah sostuvo que “no concurren todavía los presupuestos básicos necesarios para determinar si -como se planteó en la hipótesis acusadora- Santoro dio un aporte esencial, consciente y voluntario a la maniobra de un tercero o si -como alegó aquél en su defensa- su actividad no fue dolosa, se enmarcó en el ejercicio de su actividad periodística y resulta, por ende, no susceptible de criminalización”.

En posición minoritaria, el juez Irurzun afirmó que “este no es un caso recién empezado, donde pueda razonablemente esgrimirse la necesidad de profundizar algo a pesar del tiempo transcurrido”.

“La causa no tiene complejidad y lleva casi cinco años de trámite. El modo en que fue instruida ha merecido observaciones desde la primera intervención de la Sala, cuando advirtió sobre demoras y se mandó a activar medidas básicas para investigar los hechos adecuadamente”, sostuvo el magistrado.

Otra causa

Días atrás Santoro fue procesado en otro expediente, que tramita ante la justicia federal de Dolores, como supuesto partícipe necesario de un intento de extorsión al empresario Mario Cifuentes, en la causa que investiga presunto espionaje ilegal donde también está procesado D´Alessio.

En ese expediente, el juez Martín Bava dispuso su procesamiento tras recibir el informe del análisis de los correos electrónicos que, a lo largo de más de dos años, intercambiaron D’Alessio y Santoro, medida que, según sostuvo, le permitió “evaluar la calidad del vínculo que estos mantenían, y en particular, el dolo requerido por las figuras delictivas que le fueron reprochadas.

AB con información de agencia Télam.

El periodista Daniel Santoro fue procesado el lunes por el juez federal Luis Rodríguez como “partícipe necesario” del supuesto delito de extorsión, coordinado con el espía Marcelo D’Alessio, contra del empresario Gabriel Traficante. Se trata del segundo expediente en tribunales federales en el que el editor de Judiciales de Clarín es procesado por su presunta participación en una trama de coacción bajo un patrón similar: D’Alessio extorsionaba con la amenaza de notas en el diario o en el programa “Animales Sueltos”, Santoro publicaba y un funcionario judicial —Stornelli u otro— daba cauce legal. En las causas derivadas de la denuncia del empresario Pedro Etchebest, que tramitaron desde febrero de 2019 en el juzgado federal de Dolores, los procesamientos contra Santoro fueron revertidos por la Cámara Federal de Mar del Plata por “falta de mérito”. A juicio del tribunal, no había elementos suficientes para confirmar su encausamiento o sobreseimiento. La decisión fue apelada. Con tres décadas en Clarín, Santoro es no sólo uno de los cronistas más veteranos, sino también de los más premiados entre los que habitan la redacción de la calle Tacuarí. Niega haber cometido delitos y prefiere no abundar sobre el plano ético de su conducta periodística.

El juez Rodríguez escribió en tu procesamiento que D’Alessio coordinó con vos la publicación de notas para cometer extorsiones contra Traficante, en 2016. ¿Cuál es tu respuesta?

No hay una sola prueba de que yo haya coordinado algún accionar con D’Alessio para un intento de extorsión sobre Gabriel Traficante. No hay un solo chat, de los cientos que aportó Traficante en la causa, donde aparezca un mensaje mío a D’Alessio o a cualquier otra persona diciendo que yo sabía de esos intentos de extorsión o que yo quería participar. En uno de los chats, D’Alessio le dice Traficante: “no te preocupés, pagame los US$90.000 y después le hacés un juicio a Santoro y Clarín, y los recuperás”. ¿Cómo voy a ser un cómplice que va a proponer que le hagan un juicio civil después de publicar dos notas, entre 150 que hice sobre la mafia de la Aduana y de los contenedores?

En concreto, el juez afirma que las notas en Clarín incluían información falsa para involucrar a Traficante, y que eso era anticipado por D’Alessio para coaccionar.

¿A qué información falsa te referís?

El 26 de noviembre de 2016, una nota con tu firma mencionó que Traficante estaba implicado en la “mafia de los contenedores”, tal como le había anticipado D’Alessio que ocurriría mientras le pedía una coima, y el 9 de diciembre, otro artículo citó una supuesta ampliación de la declaración indagatoria de un imputado, Oldemar Barreiro Laborda, para volver a involucrar a Traficante. Esa indagatoria ni siquiera existió, firmó Rodríguez.

La segunda nota tiene que ver con una primicia que obtuve referida a Mister Corea, un coreano involucrado en la mafia de los contenedores (ndr. Sung Ku Hwang). En esa nota, solamente dos líneas hacen referencia a Traficante, a quien llamé el primer día antes de publicar, y me puse a disposición de él, le di mi celular, y nunca me contestó. El juez utiliza esa práctica periodística virtuosa como prueba de que participé de una práctica de extorsión. Me parece gravísimo que utilice mis llamadas telefónicas y mis whatsapps, porque están amparados en el artículo 43 de la Constitución. Me mete en un intento de extorsión que empezó el 1 de noviembre de 2016 invocando mi nombre y yo conocí a D’Alessio el 25 de noviembre. No hay argumentos, y por eso mis abogados están preparando una apelación ante la Cámara Federal.

¿Creés que el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky pudo haber estado involucrado en la extorsión a Traficante y a otros?

No, en ningún caso. Lo dice claramente el juez Rodríguez. Lo que hizo Aguinsky fue investigar la causa de la mafia de los contenedores. Un cuñado de De Vido, Claudio Minniceli, y otros intentaron sacar 950 contenedores por un valor millonario que estaban judicializados. Muchos contenedores están todavía arrumbados en la Aduana y el Estado pierde de recaudar miles de millones de pesos.

En éste y en varios casos tramitados en el juzgado que estaba a cargo de Ramos Padilla, en Dolores, se repite un circuito consistente en que D’Alessio extorsiona, vos publicás y Stornelli u otro fiscal o juez toma esa publicación como un movimiento de pinzas. Más allá de si actuaban coordinados, evidentemente a D’Alessio le funcionaba lo que hacía.

Es totalmente falso que una información que me haya dado D’Alessio off the record haya sido tomada por Stornelli para avanzar en una causa. La Cámara Federal de Mar del Plata anuló los dos procesamientos que me había dictado Ramos Padilla. El primero, por un intento de coacción al exdirectivo de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Gonzalo Brusa Dovat, a quien hice una entrevista en el restaurante Sarkis. La Cámara dijo que no era un delito, pese a las atrocidades que dijeron en mi contra los medios kirchneristas. En el caso de Mario Cifuentes (un empresario petrolero a quien D’Alessio reclamaba una coima de US$1,2 millón), la Cámara dijo que no había la más mínima prueba de que yo hubiera participado de un intento de extorsión, y habló de las dos puertas que los jueces deben tener cerradas para defender el secreto profesional. No sé de dónde sacás lo que estás diciendo.

De los procesamientos firmados por Rodríguez y Ramos Padilla.

¿En qué parte del fallo, así lo leo?

En el de Rodríguez, lo mencionado sobre la inexistente declaración de Barreiro, y en Dolores, entre otras pruebas, Alejo Ramos Padilla citó un chat de D’Alessio a Stornelli enviado el 14 de enero de 2019, que dice lo siguiente sobre Victoria Munin, una extorsionada en otra causa: Está “desesperada por hablar para no ir a declarar…y ya la tenía en el radar con Santoro…ahí lo hablé con Dani y hacemos un 2X1, no sé, o la sacamos con Dani y la levantás de oficio, hacemos lo que vos quieras. Está para arruinarlo al tipo.”

Estás haciendo una ensalada enorme.

Me estoy refiriendo a un modus operandi.

No tengo absolutamente nada que ver con ese chat. Se refiere a un informe que había hecho D’Alessio sobre unas empresas iraníes que querían vender cemento a la Argentina. Yo no hice absolutamente nada, porque para mí carecía de interés periodístico, y el fiscal Stornelli no tomó ninguna medida sobre ese caso.

El que habla de hacer un “dos-uno” con vos y Stornelli es D’Alessio.

Esas son cosas de él, yo soy responsable de las cosas que yo escribí o dije. No hay nada en lo que yo aparezca dando un visto bueno o una aprobación indirecta para extorsionar a nadie. Informé sobre casos de interés público.

En el caso del exejecutivo de PDVSA Brusa Dovat se repite la secuencia. D’Alessio, quien se vanagloriaba de trabajar con la DEA y de portar armas, llevó a Brusa Dovat al restaurante Sarkis y lo grabó mientras le hacías la entrevista, el 30 de enero de 2019. Antes te había avisado que lo había “ablandado”. ¿No te parece una entrevista periodística muy irregular?

No comparto tus opiniones, yo respondo preguntas sobre hechos. La Cámara Federal de Mar del Plata dijo que no hubo delito.

Decretó falta de mérito, que quiere decir que no hay elementos suficientes ni para procesar ni para sobreseer.

No, dijo que no hubo delito, que la coacción no existió. Brusa Dovat no apeló mi falta de mérito como sí hicieron Julio de Vido, Roberto Baratta y otros procesados por corrupción.

Más allá de lo penal, ¿te parece aceptable desde el punto de vista de la ética periodística que el entrevistado haya sido trasladado al lugar del encuentro por una persona armada?

Yo no voy a hacer un análisis semiológico de una entrevista en un lugar público, ante 100 personas. Lo grabé, le pregunté dos veces si me daba el consentimiento para entrevistarlo y me dijo que sí. Otros tres periodistas lo entrevistaron porque el tema tenía un interés periodístico relevante, como eran los negociados entre el chavismo y el kirchnerismo. Después, cuando ya había surgido la causa de Dolores, un amigo de Brusa Dovat tomó contacto con el diputado (Eduardo) Valdés (Frente de Todos) y cambió de posición. Tus opiniones son tuyas.

Se lo llevé a Stornelli porque lo conozco hace años, desde la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, y es uno de los pocos fiscales que va adelante con las causas

¿Por qué una figura como D’Alessio es una fuente tan asidua de un periodista de tu experiencia?

¿Nunca entrevistaste a alguien sospechado por la Justicia?

Sí, pero D’Alessio tenía características superficiales que invitaban a desconfiar. Un charlatán que además decía que cometía ilícitos para obtener información.

¿Qué delitos decía que cometía?

Por ejemplo, proponer plantarle droga a la expareja de la actual novia de Stornelli.

Me enteré de eso cuando ya estaba la causa de Dolores. Yo tengo fuentes de información entre abogados, judiciales, fiscales, funcionarios del gobierno y diputados, y D’Alessio era una más. Nunca creí que fuera director general de la DEA en América Latina como escribió Horacio Verbitsky, entre muchos errores. Sí creí que tenía vínculos con la DEA y que vendía informes sobre narcotráfico que compran todas las embajadas. Era un tipo que estaba armado, como un montón de jueces, fiscales y abogados, y eso no me preocupa. Me habría preocupado si me hubiera enterado de que él usaba mi nombre para extorsionar gente.

¿Por qué un periodista le presenta ese personaje a un fiscal como Stornelli y a dos diputadas como Elisa Carrió y Paula Oliveto?

D’Alessio fue durante dos años, entre 2011 y 2012, jefe de asesores del gerente financiero de (la empresa estatal de energía) ENARSA, Ricardo Cabrera, actualmente uno de los ministros del Superior Tribunal de Formosa. Cuando lo conocí, yo estaba escribiendo el libro El mecanismo que hablaba sobre los contratos energéticos y los casos de corrupción que no se habían tocado. D´Alessio me contó que tenía informes de lo que había pasado con la compra de gas natural por US$15.000 millones de 2008 a 2015. Me pareció de interés público y que era importante que un fiscal conociera esa información. El fiscal me dijo “sí, mandalo que le tomo declaración”, y mandó la causa a sorteo.

¿Es tarea de un periodista acercar un personaje como D’Alessio a un fiscal y a dos diputadas que se supone que son objeto de tu trabajo y no tus colaboradores?

Respeto tu opinión. Como ciudadano consideré que era un tema de interés público. No cometí ningún delito, llevé el tema a la Justicia.

No tengo nada que opinar sobre lo que hace un fiscal

Se lo llevaste a Stornelli, no a la Justicia.

Se lo llevé a Stornelli porque lo conozco hace años, desde el tráfico de armas a Croacia y Ecuador, y es uno de los pocos fiscales que va adelante con las causas.

Es también un fiscal sin pruritos para pedir información a un espía ilegal sobre “el peruano” (Jorge Castañón, el ex de su actual) y mantener la comunicación abierta pese a que ese agente, D’Alessio, ofreció plantarle droga.

La Cámara Federal de Mar del Plata revocó los procesamientos de Ramos Padilla contra Stornelli y dejó en pie ése que nombrás y el intento de una cámara oculta a un abogado (José Manuel Ubeira, defensor de Oscar Thomas, a quien el fiscal aparentemente quería forzarlo a entrar al programa de arrepentidos).

No es poco, son delitos graves, máxime para un fiscal federal.

Es tu opinión, lo va a tener que decidir la Justicia. No tengo nada que opinar sobre lo que hace un fiscal. Si tenés otra opinión, escribila. No me voy a poner a juzgar. Me llamaste para hablar del procesamiento, yo acepté, pese a que sé que tenés opiniones editoriales distintas a las mías. Tengo una opinión sobre una conducta intachable de Stornelli en estos años, avanzó con las armas a Ecuador, los “cuadernos de las coimas”, y ha logrado que sus investigaciones tuvieran condena firme incluso de la Corte Suprema.

Carrió y Oliveto recibieron una transcripción anónima de un diálogo entre un exfuncionario que estaba preso, Juan Pablo Schiavi, y Eduardo Valdés, poco antes de la publicación de la nota de Verbitsky que reveló la trama de extorsión. ¿Eso no habla a las claras de un servicio de inteligencia paralelo que revela conversaciones privadas?

Yo estaba de vacaciones cuando la diputada Carrió publicó un tuit anticipando que se venía la “operación puf” con la nota de Verbitsky. Como periodista me interesa llegar a la verdad, los procedimientos que utilizan fiscales y diputados es cuestión de ellos. Martínez de Giorgi confirmó que esas escuchas fueron obtenidas de forma legal porque las había ordenado el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena sobre “el rey de la efedrina”, Mario Segovia, detenido en el mismo pabellón de Ezeiza en el que estaban exfuncionarios kirchneristas. Ahora la Cámara Federal confirmó la validez de esas escuchas y está investigando cómo se hizo esta maniobra para voltear la causa de los cuadernos (Martínez de Giorgi archivó la causa y la Cámara Federal de Capital, con los votos de Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, ordenó reabrirla en marzo pasado).

¿Te sentís respaldado por Clarín?

Leé la columna de hoy de Ricardo Roa y vas a ver que tengo absoluto respaldo de Clarín, de Fopea (Foro de Periodismo Argentino), de Adepa (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas), de la Academia Nacional de Periodismo, y de cientos de diputados y personas. Si no fuera por el apoyo que he tenido de Clarín y fundamentalmente de mis colegas, ya me habrían quebrado. Imaginate lo que viví estando procesado, embargado y con prohibición de salir del país. Ramos Padilla decía que podía eventualmente meterme preso.

SL