En la previa de un nuevo paro aéreo, el Gobierno decidió intervenir y dictó la conciliación obligatoria para desactivar el conflicto. La medida busca frenar las acciones anunciadas por trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quienes reclaman una recomposición salarial y habían convocado a una huelga nacional para este miércoles.

Según lo informado por el gremio, las medidas iban a desplegarse entre este miércoles 18 y el 24 de marzo en 27 aeropuertos del país, con cese de actividades en dos franjas horarias —de 9 a 12 y de 17 a 20—, lo que anticipaba complicaciones en la operación aérea, con demoras y cancelaciones en medio del fin de semana largo.

Frente a este panorama, el Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, dispuso la conciliación obligatoria por 15 días a partir de las 9 del 18 de marzo. El objetivo de la medida es garantizar la prestación de los servicios y abrir un canal de negociación entre las partes.

La resolución establece que el sindicato deberá levantar cualquier medida de fuerza y que los trabajadores tendrán que retomar sus tareas habituales. A su vez, la ANAC deberá evitar la aplicación de sanciones o represalias y asegurar el normal funcionamiento del sistema.

Además, tanto el gremio como el organismo deberán retrotraer la situación al momento previo al inicio del conflicto. Desde el Ejecutivo insistieron en la necesidad de sostener el diálogo como vía para resolver la disputa y convocaron a las partes a negociar en un marco que preserve el interés general y la paz social.

Con información de medios

JIB

Trabajadores del neumático realizaron este miércoles a un abrazo simbólico a la planta de Fate en San Fernando para defender los puestos de trabajo frente al cierre de la fábrica y el despido de más de 900 operarios. La protesta se realizó mientras continúa el conflicto entre la empresa y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna), en un escenario que sumó una nueva decisión del Gobierno nacional: el Ministerio de Capital Humano anunció que sancionará a la firma por incumplir el pago de salarios durante la conciliación obligatoria.

La movilización se realizó desde las 11 en la puerta del establecimiento, con el objetivo de rodear la planta y visibilizar el reclamo por la continuidad laboral. El cierre anunciado por la empresa implicó el despido de más de 900 trabajadores, lo que convirtió el conflicto en uno de los más relevantes del sector industrial en lo que va del año.

Desde el sindicato denunciaron que la empresa mantuvo una conducta irregular durante el proceso de conciliación dictado por el Estado. El Ministerio de Capital Humano informó que inició un sumario contra Fate por no pagar los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero, una obligación que debía respetar mientras se encontraba vigente la instancia conciliatoria.

La cartera que conduce Sandra Pettovello también decidió extender la conciliación obligatoria por cinco días, con el objetivo de sostener la negociación entre la empresa y el gremio y evitar que el conflicto escale aún más. La medida debía vencer este miércoles, pero el Gobierno resolvió prorrogarla para mantener abiertas las instancias de diálogo.

El conflicto se agravó tras el anuncio empresarial de cerrar la histórica planta de neumáticos ubicada en el partido bonaerense de San Fernando. La decisión dejó en riesgo el sustento de más de 900 familias que dependían de la actividad productiva del establecimiento, según los datos difundidos durante el conflicto.

En paralelo, el enfrentamiento entre la empresa y el sindicato derivó en un proceso judicial por la presencia de trabajadores dentro del establecimiento. La empresa había solicitado el desalojo del predio, pero la Justicia revocó esa medida. La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro rechazó el fallo de primera instancia y reconoció que se trata de un conflicto laboral y no de una cuestión penal, lo que dejó sin efecto la orden de expulsar a los trabajadores que permanecen en la planta.

El tribunal sostuvo que la ocupación del establecimiento formó parte de una medida de acción sindical vinculada a la defensa de los puestos de trabajo. El fallo recordó que el derecho de huelga está reconocido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, y consideró que la protesta debía analizarse en ese marco jurídico.

Para el Sutna, la resolución judicial representó un respaldo a la estrategia adoptada por los trabajadores frente al cierre de la fábrica. Desde el gremio sostuvieron que la permanencia en el establecimiento buscó evitar un eventual vaciamiento de la planta mientras se desarrolla el conflicto.

La convocatoria al abrazo simbólico también apuntó a sumar apoyo de otros sectores sindicales, organizaciones sociales y dirigentes políticos. La protesta buscó ampliar la visibilidad de la disputa laboral y reforzar la presión para que se preserve la actividad productiva y los puestos de trabajo, en un contexto donde el cierre de la planta ya fue anunciado por la empresa.

El conflicto de Fate se produjo además en un momento de alta tensión en el mundo del trabajo industrial. El cierre de plantas y los despidos masivos se convirtieron en una de las principales preocupaciones de distintos gremios, especialmente en sectores manufactureros que enfrentan cambios en la producción y el mercado interno.

La conciliación obligatoria extendida por el Gobierno mantiene formalmente suspendidas las medidas de fuerza más duras mientras continúan las negociaciones. Sin embargo, el conflicto permanece abierto y sin una solución definitiva.

JJD

El Gobierno nacional anunció que sancionará a la empresa FATE luego de constatar que no pagó los salarios correspondientes a la segunda quincena de febrero durante la vigencia de la conciliación obligatoria en el conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA).

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello. Según se explicó, la decisión se tomó por el incumplimiento de la empresa respecto del pago a los trabajadores mientras rige la instancia conciliatoria.

En paralelo, el Gobierno resolvió extender la conciliación obligatoria, cuyo vencimiento estaba previsto para el 11 de marzo de 2026, por un plazo adicional de cinco días. La prórroga busca mantener abiertas las negociaciones entre la compañía y el gremio con el objetivo de encontrar una salida al conflicto laboral.

Desde la cartera laboral detallaron que se abrió un sumario administrativo contra la firma tras verificar que no se abonaron los sueldos de la segunda mitad de febrero, situación que, según el Ejecutivo, implica una violación de la conciliación obligatoria que había sido dictada previamente.

El conflicto se da en medio de la decisión de la empresa de anunciar el cierre de su planta y el despido de más de 900 trabajadores, lo que generó una fuerte reacción del sindicato del sector.

En ese contexto, el SUTNA impulsa además un proyecto en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires para declarar de “utilidad pública” la producción de la planta de neumáticos de FATE. La iniciativa busca garantizar la continuidad de la actividad y plantea que el gobierno bonaerense pueda hacerse cargo temporalmente de la compañía.

Mientras tanto, el presidente Javier Milei volvió a referirse al tema durante su participación en el Argentina Week en Nueva York. Desde allí cuestionó al titular del grupo Techint, Paolo Rocca, y al dueño de FATE, Javier Madanes Quintanilla, a quienes calificó como “empresarios prebendarios”.

La conciliación obligatoria es una herramienta que suspende medidas de fuerza mientras se desarrollan negociaciones entre las partes y establece obligaciones tanto para la empresa como para el sindicato. En este caso, el Gobierno sostiene que la compañía no respetó esas condiciones.

En cuanto a la sanción, el Ministerio de Capital Humano indicó que el monto de la multa dependerá de la gravedad de la falta y de la cantidad de trabajadores perjudicados. De acuerdo con el régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley 25.212, las penalidades pueden ir del 50% al 2000% del valor mensual del salario mínimo, vital y móvil por cada empleado afectado.

Con información de medios

JIB

La planta de Fate en San Fernando se mantuvo en las últimas horas con una permanencia pacífica de trabajadores despedidos que reclamaron la restitución de tareas y denunciaron que la empresa no acató en los hechos la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El delegado Alejandro Assumma, representante del SUTNA, pidió que el Gobierno intervenga para garantizar la continuidad productiva y evitar la pérdida de puestos laborales.

“Le pedimos al Gobierno que intervenga”, sostuvo Assumma en diálogo con AM 530, al describir una situación que afectó de manera directa a 920 operarios de planta, a los que se sumaron 400 trabajadores terciarizados y empleados que también dependieron de la actividad industrial.

El delegado aclaró que la fábrica no estuvo “tomada”, como sostuvo la empresa, sino que los despedidos realizaron una permanencia en un sector reducido del predio. “Ocupamos un espacio de 10 m² dentro de una planta que tiene 40 hectáreas”, afirmó. Según explicó, la seguridad privada continuó operando y hubo circulación de vehículos dentro del establecimiento, por lo que rechazó la acusación patronal de impedimento productivo.

Audiencia sin acuerdo y dilación oficial

La audiencia realizada en la Secretaría de Capital Humano no modificó la postura empresaria. La compañía se negó a otorgar tareas efectivas a los trabajadores alcanzados por la conciliación obligatoria y condicionó cualquier reincorporación a que cesara la permanencia en el predio.

Assumma sostuvo que la empresa planteó como requisito que los operarios se retiraran a sus domicilios y aguardaran una eventual convocatoria posterior. “Nos dicen: ‘Retírense y en cinco días vemos si les damos tareas’. Nosotros queremos trabajar, no esperar en nuestra casa sin certezas”, afirmó.

La cartera laboral fijó una nueva audiencia para el 4 de marzo. El delegado cuestionó la extensión de los plazos ante un conflicto que se inició el 18 de febrero y que, según describió, dejó a cientos de familias sin ingresos regulares.

El impacto excedió a los trabajadores directos. En el entorno de la planta, ubicada en el denominado “barrio Fate”, la actividad comercial dependió históricamente del movimiento industrial. “El barrio nació con Fate”, explicó Assumma, y remarcó que la paralización afectó también a proveedores y comercios de la zona.

920 operarios y 5.000 familias afectadas

El delegado precisó que la planta contó con aproximadamente 920 operarios directos, sin contar personal tercerizado, limpieza y proveedores. Según su estimación, la cadena productiva involucró a alrededor de 5.000 familias.

La magnitud del conflicto se expresó también en la movilización social. El domingo previo a la entrevista, los trabajadores realizaron un festival en la puerta de la fábrica al que, según Assumma, asistieron más de 20.000 personas.

En paralelo, distintas organizaciones gremiales se acercaron a respaldar el reclamo. La CGT Zona Norte participó de actividades en la puerta del establecimiento, mientras el sindicato sostuvo asambleas permanentes.

Reclamo de continuidad productiva

El eje del planteo sindical fue la continuidad productiva. Assumma afirmó que la empresa argumentó falta de condiciones técnicas y de insumos para justificar la paralización, algo que el gremio rechazó. “Dicen que las máquinas no están en condiciones o que no hay materia prima, pero eso es falso”, sostuvo.

El conflicto se desarrolló en un contexto de debate parlamentario sobre la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Assumma señaló que el cierre se produjo un día antes del segundo tratamiento legislativo del proyecto y vinculó la situación con cambios en el esquema de aranceles de importación que impactaron en la industria.

Sin embargo, evitó formular acusaciones sin pruebas. “Yo doy datos de la realidad. Después puedo tener especulaciones, pero no las voy a transmitir”, afirmó.

Intervención estatal en disputa

La intervención del Estado se canalizó hasta ahora a través de audiencias formales. Según el delegado, no existieron contactos directos con otras áreas del Gobierno ni con autoridades políticas de mayor rango. “La única comunicación es por medio de la Secretaría de Capital Humano”, señaló.

El sindicato también presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí se convocó a una audiencia paralela, a la que inicialmente la empresa no se presentó y fue intimada.

La definición oficial resultó central para el futuro inmediato de los trabajadores. Sin tareas asignadas y con la producción paralizada, la conciliación obligatoria perdió efectividad práctica si la empresa no garantizó el ingreso a planta y la asignación de funciones.

El reclamo sindical se concentró en un punto: que el Estado asegure el cumplimiento efectivo de la conciliación y abra un canal de diálogo que derive en una solución concreta. “Queremos nuestro trabajo. Necesitamos una solución real”, afirmó Assumma.

Hasta el momento, la empresa no anunció un plan de reactivación ni confirmó la reincorporación de los operarios afectados.

Los trabajadores permanecieron en la planta a la espera de la audiencia fijada para el 4 de marzo, sin tareas asignadas ni definición sobre la continuidad productiva.

JJD

El paro general convocado por la CGT, sin movilización al Congreso —aunque sí lo harán diversos sectores del gremialismo y de la sociedad civil—, está en marcha desde las 0 de este jueves y puede condicionar la jornada laboral en todo el país. La medida impacta especialmente en el transporte público, que funciona de manera dispar, y reorganiza la rutina de millones de trabajadores en las horas previas a la sesión en la que Diputados debate la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Desde temprano, el eje del conflicto está en la calle y en el Congreso. A las 14 comienza el tratamiento en la Cámara baja del proyecto que La Libertad Avanza dicta con mayoría y que el oficialismo modifica tras retirar el artículo 44 sobre licencias médicas, luego de reconocer “un error” en su redacción. Si se aprueba con cambios, el texto regresa al Senado, donde la conducción oficialista diagrama su tratamiento en el recinto para el viernes 27 de febrero. La intención política es que el Presidente cuente con la ley sancionada para la apertura de sesiones ordinarias el 1 de marzo .

Para los trabajadores, lo que hoy se discute no es un trámite parlamentario sino un cambio concreto en sus condiciones laborales. El proyecto propone reducir el monto de las indemnizaciones, habilitar que las horas extras se compensen con tiempo en lugar de pago en dinero y crear el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), con impacto en los aportes destinados a la Anses. También contempla la derogación del estatuto del periodista, lo que suma el rechazo de los gremios de prensa.

La CGT definió el paro en una reunión virtual de su Consejo Directivo y argumentó que es la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei, para defenderse de las críticas por no haber convocado a una movilización. La central incluye a los sindicatos del transporte de pasajeros, por lo que se espera la paralización de colectivos, trenes, subtes y taxis.

Sin embargo, el Gobierno interviene de forma directa. A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano intima a la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza mientras se encuentren vigentes conciliaciones obligatorias. La advertencia contempla sanciones que pueden escalar hasta la pérdida de la personería gremial .

La presión oficial coloca a choferes y ferroviarios en el centro de la escena, porque su adhesión define el alcance real del paro. El Gobierno además anuncia que descontará el día a los empleados públicos que participen de la huelga, lo que introduce un costo directo para quienes deciden parar.

En el área metropolitana, la empresa DOTA comunica que sus colectivos están “a disposición de los conductores como todos los días”, lo que implica que no adhiere a la medida . La decisión genera un funcionamiento desigual del servicio y deja en manos de cada conductor la definición final.

El sistema financiero, en tanto, opera con normalidad. Las cuatro cámaras que representan a los bancos del sistema financiero local anuncian que hay servicios y, en consecuencia, mercados abiertos. La jornada combina así interrupciones fuertes en sectores clave con actividad plena en otros, lo que fragmenta el impacto de la huelga.

Mientras tanto, el Frente Sindical moviliza al Congreso. La convocatoria ocurre en medio de críticas internas a la CGT por haber planteado inicialmente un “paro de silencio” sin movilización, cuestionamientos que dirigentes de la UOM y ATE expresan en la previa del debate . La movilización busca incidir sobre los legisladores antes de la votación.

El trasfondo económico refuerza la tensión. Según el Indec, el índice salarial del sector privado registrado acumula un alza de 25,6% entre enero y noviembre de 2025, mientras que la inflación en ese mismo período es de 27,9%, lo que implica una caída real de más de dos puntos . En un escenario de pérdida de poder adquisitivo, la reforma se percibe como un nuevo retroceso en derechos laborales.

En estas horas previas a la sesión, el paro se mantiene con transporte afectado, advertencias oficiales vigentes y una movilización en marcha hacia el Congreso. El Gobierno sostiene su decisión de descontar el día a quienes adhieran y no anuncia cambios en esa postura.

JJD

Hoy hay trenes en casi todo el país porque el Ministerio de Capital Humano dictó la conciliación obligatoria y desactivó el paro nacional que La Fraternidad había resuelto para este jueves. La medida frena la huelga, garantiza la prestación del servicio y obliga al sindicato y a las empresas a retomar el diálogo, pero no resuelve el conflicto salarial que originó la protesta ni modifica la oferta rechazada por los trabajadores.

La conciliación obligatoria rige desde las 00:00 de este jueves, 5 de febrero, por un plazo de 15 días, según el comunicado oficial difundido por la cartera que conduce la política laboral. Durante ese período, las partes deben retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto y asegurar el funcionamiento normal de los trenes, evitando demoras, cancelaciones o cualquier afectación a los usuarios. En los hechos, el impacto es inmediato: el paro no se hace y los servicios circulan.

El levantamiento de la medida de fuerza alcanza a los trenes urbanos, regionales y de larga distancia. La única excepción es un ramal de la línea Mitre, que hoy no funciona por obras de infraestructura previamente anunciadas y que no están vinculadas al conflicto gremial. Esa interrupción ya estaba programada y se mantiene al margen de la conciliación dictada por el Gobierno.

El paro había sido resuelto luego de que las empresas presentaran una propuesta salarial que el gremio consideró insuficiente. La oferta incluye un aumento del 2% sobre el salario de diciembre y subas en torno al 1% para enero, febrero y marzo, porcentajes que La Fraternidad rechaza por quedar por debajo de la inflación. El reclamo central del sindicato es una recomposición que permita recuperar el salario real, deteriorado de forma sostenida desde el cambio de gobierno.

Según lo publicado en la cobertura previa del conflicto, los trabajadores ferroviarios perdieron un 56% de su poder adquisitivo desde diciembre de 2023. Ese dato fue uno de los ejes de la decisión de ir al paro. La conducción gremial sostuvo que las paritarias quedaron congeladas frente al avance de los precios y que las propuestas empresarias no compensan esa caída.

Tras la decisión oficial, el sindicato acata la conciliación y deja sin efecto las medidas de fuerza anunciadas. Sebastián Maturano, secretario gremial de La Fraternidad, afirma que la negociación salarial resulta “en vano” y remarca que el conflicto no se soluciona, solo se suspende por imposición del Estado. La conciliación abre ahora una ventana de dos semanas para negociar, sin garantías de que la oferta mejore.

Desde el Gobierno, el comunicado oficial presenta la medida como una herramienta para promover el diálogo social y resolver el conflicto sin afectar a los usuarios. La intervención estatal prioriza la continuidad del servicio ferroviario, pero no anuncia una nueva propuesta salarial ni fija una fecha concreta de paritaria con una mejora para los trabajadores. El énfasis está puesto en que hoy haya trenes, no en cómo se resuelve el reclamo de fondo.

La situación de los ferroviarios se inscribe en un escenario más amplio de conflictos laborales marcados por la pérdida del salario real. Las negociaciones colectivas que quedan por detrás de la inflación se repiten en distintos sectores, mientras el Gobierno utiliza la conciliación obligatoria como mecanismo para frenar paros y garantizar servicios esenciales. En ese esquema, el salario queda en segundo plano frente a la urgencia de desactivar medidas de fuerza.

Durante los próximos 15 días, La Fraternidad y las empresas ferroviarias deben volver a sentarse a negociar bajo el marco legal de la conciliación. Si no hay acuerdo al finalizar ese plazo, el gremio queda habilitado para retomar las medidas de fuerza, tal como establece la legislación vigente. El resultado de esas conversaciones es clave para miles de trabajadores que reclaman recuperar ingresos frente a la inflación.

Por ahora, hoy hay trenes, pero no hay acuerdo salarial. La conciliación obligatoria levanta el paro y ordena seguir negociando, sin resolver la pérdida del poder adquisitivo denunciada por los trabajadores. Al cierre de esta nota, no hay anuncio de una mejora en la oferta ni de una recomposición que supere a la inflación, y el conflicto permanece abierto.

JJD

El conflicto entre los controladores aéreos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) entra en una fase crítica: este viernes 19 de enero vence la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. Si no se alcanza un acuerdo o una prórroga, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) podría retomar las medidas de fuerza, interrumpidas desde el 23 de diciembre.

ATEPSA exige la reapertura de paritarias, revisión de trayectorias laborales, condiciones operativas y mejoras en los adicionales salariales. El reclamo incluye más de 60 puntos que, según el gremio, fueron presentados formalmente sin recibir respuesta. La organización también denuncia despidos en aeropuertos con dotación crítica, falta de cobertura médica adecuada y omisiones de mantenimiento en infraestructura estratégica. La conducción sindical advirtió que muchos controladores deben tener doble o triple empleo para alcanzar ingresos básicos, situación que se agravó con la aceleración inflacionaria y el congelamiento salarial.

En un comunicado reciente, EANA anunció una nueva audiencia para el mismo viernes y anticipó que podría solicitar una prórroga de cinco días hábiles, tal como lo habilita la normativa vigente. El objetivo declarado es evitar interrupciones durante la temporada alta del turismo, donde la operación aérea alcanza picos de demanda. Esta posibilidad se encuentra contemplada en la Ley de Asociaciones Sindicales y la normativa de la Secretaría de Trabajo, que establece la conciliación como herramienta para evitar daños mayores en actividades sensibles.

“Desde EANA se está trabajando ininterrumpidamente para lograr destrabar el conflicto”, sostuvo la empresa, aunque volvió a calificar de “beligerante” la postura del gremio. En un tono confrontativo, aseguró que ATEPSA busca “generar daño” y no mejoras laborales, y defendió la vigencia de acuerdos previos. Esta narrativa fue replicada por el Ministerio de Capital Humano, que a través de la Secretaría de Trabajo definió las medidas como “ilegítimas y extorsivas” y vinculó la protesta con intereses políticos, sin detallar cuáles.

La secretaria general del gremio, Paola Barritta, sostiene que el actual escenario es consecuencia directa del vaciamiento institucional de los espacios de negociación colectiva. Según ATEPSA, la última instancia paritaria legítima fue desconocida de manera unilateral por EANA, y los acuerdos salariales firmados a fines de 2023 no fueron homologados formalmente. La conducción sindical también reclama una revisión de los protocolos operativos, ya que alertan sobre fallas crecientes en los sistemas de navegación, radarización y control técnico, que impactan directamente en la seguridad de trabajadores y pasajeros.

El conflicto ya tuvo expresiones previas. En julio de 2023, el gremio impulsó medidas de fuerza antes de las vacaciones de invierno, que fueron desactivadas por conciliación obligatoria. En agosto, se concretaron tres jornadas de paro nacional. En noviembre, ATEPSA focalizó su plan de lucha en vuelos de carga y capacitaciones técnicas, con nueve jornadas de acciones progresivas. Finalmente, en diciembre, las protestas afectaron por primera vez a vuelos de pasajeros y derivaron en la intervención administrativa que vence este viernes.

A diferencia de etapas anteriores, el conflicto actual traspasó el plano gremial y se dirime también en la Justicia federal. Se investigan dos causas paralelas: una por fraude administrativo en la firma de un acta paritaria de 2023, en la que están implicadas Barritta y la expresidenta de EANA, Gabriela Logatto; y otra por presuntas irregularidades en seguridad operacional, donde la empresa acusa al gremio de interferir con torres de control mediante elementos sindicales que obstaculizarían la visibilidad.

El controlador aéreo es un recurso humano insustituible. Cumple una función altamente especializada, que requiere formación técnica intensiva, certificaciones oficiales y una alta carga de responsabilidad operativa y psicológica. La presión laboral sobre estos trabajadores aumentó con la reactivación pospandemia y el crecimiento del tráfico aéreo, sin que esto se traduzca en mejoras estructurales ni salariales.

La línea económica oficial insiste en sostener el congelamiento del gasto, pero el sistema de navegación aérea necesita dotaciones mínimas, turnos adecuados y condiciones técnicas garantizadas para su funcionamiento. Los trabajadores denuncian que la parálisis no es el objetivo, sino el único recurso de presión ante el deterioro del servicio y el vaciamiento del diálogo.

De no concretarse un acuerdo o una nueva prórroga este viernes, ATEPSA podría retomar medidas de fuerza inmediatas, lo que afectaría a miles de pasajeros y pondría a prueba la capacidad del Estado para sostener un servicio esencial bajo conflicto.

JJD, con información de NA

El Gobierno intervino en el conflicto con los controladores aéreos, que amenazaba con complicar los vuelos en los días previos a las festividades de Navidad y Año Nuevo y ahora el paro quedó sin efecto por el momento, debido a que, la Secretaría de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria.

La medida fue confirmadapor fuentes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) estableciendo el cese de las medidas de fuerza que afectaban a los aeropuertos de todo el país.

Desde una perspectiva operativa, esto implica que el servicio esencial de navegación aérea operará sin interrupciones en todas las franjas horarias. Tanto los vuelos de cabotaje como los internacionales se desarrollarán según lo programado, eliminando la incertidumbre para miles de pasajeros en plena temporada alta y vísperas de las fiestas de fin de año.

El conflicto entre ATEPSA (Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación), el gremio que agrupa a los controladores de tránsito aéreo, y EANA es de índole salarial.

Los trabajadores reclamaban una recomposición de haberes acorde a la inflación, argumentando una pérdida del poder adquisitivo durante el año en curso. Ante la falta de acuerdo en las mesas de negociación paritarias, el gremio decidió escalar el conflicto mediante lo que denominaron, “medidas legítimas de acción gremial”.

A diferencia de un paro total, los controladores aéreos decidieron aplicar interrupciones intermitentes. Durante estas franjas, se suspenden las autorizaciones de despegue, aunque siempre se garantizaron los aterrizajes y la atención de vuelos sanitarios o de emergencia por razones de seguridad operacional.

El plan de lucha diseñado por ATEPSA era escalonado y afectaba días críticos de diciembre. El cronograma que quedó sin efecto tras la conciliación obligatoria abarcaba desde el 17 hasta el 29 de diciembre, afectando distintos tipos de aviación (comercial, ejecutiva y general) en bloques horarios rotativos.

Jurídicamente, el dictado de la Conciliación Obligatoria retrotrae la situación al estado anterior al conflicto, lo que obliga al gremio (ATEPSA) a levantar todas las medidas de fuerza y prestar servicios normalmente y a a Empresa (EANA), a abstenerse de tomar represalias y a sentarse a negociar.

De esta manera se abre un período de 15 días hábiles de negociación forzosa bajo la supervisión de la Secretaría de Trabajo para intentar llegar a un acuerdo salarial definitivo sin tomar a los pasajeros como rehenes del conflicto.

“Gracias las gestiones realizadas por el Gobierno Nacional se logró restablecer la previsibilidad y brindar tranquilidad a miles de argentinos, y a pasajeros de todo el mundo, que podrán viajar sin inconvenientes durante los últimos días del año”, señala un comunicado de EANA difundido esta tarde.

Agrega que “en este nuevo contexto en el que no se afectarán los vuelos, EANA continuará trabajando y apostando al diálogo para alcanzar una solución definitiva del conflicto. A partir del dictado de la conciliación obligatoria, las operaciones aéreas se desarrollan con total normalidad en los aeropuertos de toda la República Argentina”. 

Con información de la agencia NA

El Ministerio de Capital Humano dictó este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto que mantienen los médicos y trabajadores del Hospital de Pediatría “Juan P. Garrahan”, que habían iniciado una reducción de tareas por reclamos salariales e iban a concretar desde este jueves un paro de residentes por 24 horas.

En la resolución, la cartera que conduce Sandra Pettovello dice que se dio por iniciado “un período de conciliación obligatoria por el término de 15 días, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 11° de la normativa preindicada, debiendo retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto y por el plazo de duración del presente procedimiento conciliatorio”.

También intimó a los gremios ATE y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan a “dejar sin efecto, durante el período indicado en el artículo anterior, toda medida de acción directa que estuviesen implementando y/o tuvieran previsto implementar, prestando servicios de manera normal y habitual”.

Además del paro de residentes que había sido convocado para este jueves, los trabajadores de esa institución tenían previsto concretar la semana próxima un “paro por tiempo indeterminado”, debido al “atraso salarial” de ese sector.

MM con información de la agencia NA.

Los delegados de la comisión interna de trabajadores del diario Clarín, integrantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), informaron hoy que esa empresa “acató la conciliación obligatoria”, por la cual debe retrotraer los despidos sin causa de los 48 trabajadores cesanteados el pasado domingo, y señalaron que “se abre una instancia de diálogo” en el conflicto.

“Clarín acató la conciliación y se abre una instancia de diálogo con SiPreBA en el conflicto por los despidos. En paralelo, desde SiPreBA sostenemos el estado de alerta y movilización”, informaron a Télam fuentes gremiales.

Las mismas fuentes señalaron que la empresa aceptó la medida dispuesta el lunes por el Ministerio de Trabajo a cargo de Raquel “Kelly” Olmos, que establece un “período de conciliación obligatoria por el plazo de quince (15) días”, debiendo “retrotraerse la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto”.

Los representantes de la empresa y de SiPreBA mantuvieron una audiencia a las 11 en el Ministerio de Trabajo, donde Clarín/AGEA “comenzó” a acatar el pedido de la cartera de Trabajo que “retrotrae los despidos”.

“En ese marco se abrió una instancia de diálogo con el SiPreBA, nuestro sindicato”, informaron desde el gremio de prensa.

Asimismo, aseguraron que “continuamos con las medidas previstas en todo el gremio por la recomposición salarial, como el cese de tareas de prensa escrita convocado para el viernes 21/4 entre las 14 y las 18, que incluirá una asamblea general del SiPreBA frente a las redacciones de Clarín, en Tacuarí al 1800”, expresaron.

La resolución llegó después de que esta mañana los representantes de la comisión interna exigieran “la reincorporación de los trabajadores despedidos”, en conferencia de prensa que brindaron frente a la redacción del matutino.

“Nos encontramos nuevamente acá, como hace cuatro años, cuando despidieron a 65 trabajadores. Nos quieren amedrentar. Estos despidos no tienen un fin económico. Mantendremos el compromiso de seguir dándolo todo para lograr la reincorporación de los compañeros. La empresa dice que acató la conciliación obligatoria y no es cierto. No están dejando pasar a los compañeros despedidos”, dijo el secretario general del SiPreBA y trabajador de la Televisión Pública (TVP), Agustín Lecchi.

El sindicato adelantó que se realizarán asambleas en las redacciones en sintonía con una jornada impulsada por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (Fatpren).

La convocatoria se hizo como consecuencia de la falta de avances en el conflicto por los despidos y en el contexto de una jornada de “lucha salarial” convocada por la Fatpren -a la cual está adherida el SipreBA- “en todas las redacciones” del país. Organizaciones sociales, políticas y sindicales se solidarizaron con los trabajadores gráficos.

De ese modo, estuvieron presentes representantes de ATE Capital, Satsaid, Frente de Izquierda, Izquierda Socialista, La Dignidad, UTEP, Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SitaPren), Frente Darío Santillán y Frente Patria Grande. También adhirieron representantes del Frente de Todos (FdT) en la Legislatura porteña y la CTA Autónoma.

“Trabajé el sábado a las 16 y el domingo por la mañana tenía bloqueado todos los accesos. Fue muy oscuro y violento. Vi muchas veces esto y hoy me toco estar de este lado”, contó a Télam la periodista de Clarín Sandra Comisso, quien entre lágrimas contaba como le habían impedido ingresar a la empresa en la cual trabaja desde hace 32 años.

Según indicaron desde la organización gremial, los representantes del Grupo Clarín no se presentaron el lunes en la audiencia de conciliación obligatoria a la que habían sido citados en el Ministerio de Trabajo.

No obstante, y pese a asegurar que hoy se comenzaría a acatar la conciliación dictada por la cartera laboral, los empleados despedidos el domingo no podían ingresar esta mañana a las instalaciones del multimedio porque personal de seguridad lo impedía con el despliegue de un vallado dispuesto alrededor del edificio.

El delegado de Clarín y secretario de Asuntos Profesionales del SiPreBA, Matías Cervilla, había dicho a Télam que “la empresa se está negando a acatar la conciliación obligatoria. No está dejando pasar a los compañeros y compañeras despedidos que tienen que ser reincorporados por la conciliación”.

Los trabajadores cesanteados fueron recibidos por guardias de seguridad que les impidieron entrar y ningún representante de recursos humanos se hizo presente para darles explicaciones, indicaron voceros gremiales.

Según información que obtuvo Télam, desde las 11 los representantes del SiPreBA y de la comisión interna del Diario Clarín, se reunieron con los abogados de la empresa en una sede de la cartera laboral.

“Son 48 los despidos pero todavía estamos recabando información para constatar que no haya más, porque también puede haber contratados que la empresa no haya contabilizado porque no los toma como trabajadores”, había detallado Cervilla.

Por su parte, Lecchi indicó que el objetivo del gremio es que la empresa “retrotraiga los despidos” y poder “tener un diálogo en un contexto distinto, con los trabajadores y trabajadoras adentro” del multimedio.

“Clarín se cree totalmente impune y por fuera de la ley. Los compañeros se enteraron de una manera absolutamente impersonal de los despidos, no tuvieron forma de tener un diálogo con ninguna autoridad de la empresa, llegan acá los recibe gente de seguridad que tiene una lista, ni siquiera alguien de recursos humanos”, remarcó el dirigente gremial.

Además, Lecchi señaló que la empresa genera este desconcierto porque quieren forzar a los trabajadores despedidos a recurrir a “las oficinas legales de la empresa” y así poder “vender la situación como un retiro voluntario”.

Leonardo Torresi, uno de los trabajadores despedidos el domingo pasado, pertenecía al área de video y aseguró que todos los periodistas gráficos hicieron la “reconversión a digital” porque entendieron que “el panorama cambió”.

“Nunca se nos cayeron los anillos por entender la época. El tema de la reconversión no es la explicación”, denunció Torresi, quien fue notificado de su despido luego de 30 años en la empresa.

DA

El Ministerio de Trabajo dictó este lunes por la noche la conciliación obligatoria para evitar un paro en el servicio de colectivos y trenes previsto para este martes, en reclamo al pago de un bono de 50.000 pesos para los jubilados del sector y frente al impacto salarial del impuesto a las Ganancias.

De esta manera, el Gobierno frenó la medida de fuerza que había determinado la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) por 24 horas.

El paro nacional masivo iba a afectar al 80% de las actividades del transporte público. Entre ellas colectivos, trenes, remises, camiones, recolectores, controladores aéreos y todos los puertos del país.

“La Unión Tranviarios Automotor (UTA) comunica a sus afiliados y a la sociedad en general que se han iniciado conversaciones con el gobierno, a fin de buscar alternativas para arribar a soluciones urgentes, frente al reclamo por la recomposición en los haberes de nuestros jubilados. De tal manera, acordamos establecer un plazo para que se presenten las pautas oficiales que den respuesta al pedido formulado por la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT)”, precisó el gremio que encabeza Roberto Fernández.

En un comunicado difundido a la prensa, la UTA agregó: “Por lo tanto, anunciamos que momentáneamente queda suspendida la medida de fuerza anunciada para mañana martes 8 de noviembre. Entendemos que las autoridades nacionales han comprendido la emergencia y justicia de nuestro pedido, y confiamos en su compromiso, para que en los próximos días puedan hacernos llegar una propuesta que garantice los derechos de nuestros mayores, y respete la dignidad que se merecen, tras años de esfuerzo brindando un servicio esencial a toda la sociedad”.

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