Hace 30 años Walter Bulacio moría en la cama del Sanatorio Mitre, luego de una semana de agonía. La policía lo había levantado en una razzia cerca del Estadio Obras, donde tocaban Los Redonditos de Ricota. Lo molieron a golpes hasta dejarlo tirado en un calabozo de la seccional 35. Nunca se avisó a la Justicia ni a su familia. El crimen generó movilizaciones enormes contra las detenciones arbitrarias, que provocaron la derogación de los edictos policiales. Ante las dificultades judiciales en el país, el caso llegó a la Corte Interamericana, que en un fallo histórico conminó al Estado a modificar su legislación para que esos procedimientos de las fuerzas de seguridad no ocurrieran más. A pesar de que en 2003 la Argentina reconoció su responsabilidad por las torturas y la muerte y se comprometió a cumplir con la sentencia, las normas no se cambiaron y la discrecionalidad policial aún se ejerce en las calles. 

Sucedió una noche fría del 19 de abril de 1991. La banda del Indio Solari había reventado el estadio. Adentro el clima era de fiesta, pero afuera ya habían comenzado las corridas. Antes, durante y después del show la Policía Federal persiguió a grupos de chicos en las calles: se llevó a más de 70 sin que hubiera ningún motivo. Entre los detenidos estaba Walter y sus amigos, que esa vez no quisieron correr. 

Para quienes eran mayores de edad, la supuesta causa de la detención fue registrada como averiguación de antecedentes o por infracción a los edictos policiales. La de los menores, como Walter, fue justificada por estar en la calle de noche, en base al Memorando 40, una disposición policial interna que permitía que el comisario decidiera sobre ellos, violando todas las normas de la Justicia de Menores. 

 Esa noche, a Walter lo golpearon salvajemente dentro del calabozo. A la mañana siguiente, su estado era tan grave que lo trasladaron al Hospital Pirovano, donde llegó a decirle a los médicos que lo habían golpeado los policías. Al pasar al sanatorio Mitre un conocido lo reconoció y le avisó a la familia, que lo buscaba por todos lados hacía varios días. El 26 de abril Walter murió. 

Lo que sucedió con él provocó manifestaciones callejeras que sacudieron el letargo juvenil durante el gobierno de Carlos Menem. En las multitudinarias marchas, se cantaba: “Yo sabía que a Walter lo mató la Policía”, casi como una declaración de principios ante la impunidad de la que gozaban los acusados y el laberinto judicial en el que había entrado la investigación del caso. Al principio, ningún juez quiso tomar la causa, se declararon todos incompetentes. Un año después, el comisario de la 35, Miguel Ángel Espósito fue sobreseído por la detención y la muerte de Bulacio. En 1994, la Corte Suprema ordenó reabrir y continuar la investigación, pero cuando volvió a instrucción, ningún juez quería hacerse cargo. La familia de Walter sostenía que esos retrasos generaban impunidad. Por eso, el caso fue llevado, por la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial) y el CELS (Centro de Estudio Legales y Sociales), en 1997, al Sistema Interamericano. En paralelo, la causa penal contra Espósito corría riesgo de prescribir.

En 2003, la Corte Interamericana lo intimó a que se generaran modificaciones normativas en todo el país para que no ocurran más detenciones arbitrarias. Para el tribunal, toda regla que habilitara a la Policía a detener personas debía surgir del Congreso Nacional, producto de la discusión democrática y no de los reglamentos de las fuerzas federales. Pedía que se establecieran los motivos y que se circunscribieran a la comisión de delitos. También esa Corte intimó a que se llegue al juzgamiento de los responsables. Recién en 2013, Espósito tuvo una condena: su pena fue de tres años de prisión en suspenso, por lo que no fue encarcelado.  

“Las detenciones arbitrarias, además de ser la puerta de entrada a las torturas, nos cuesta vidas. Porque más de la mitad de las personas detenidas en las comisarías desde 1983 hasta hoy estaban allí por una contravención, para identificarlas o por una razzia. No eran detenidos por una orden judicial o por un delito flagrante. Por eso cuando denunciamos la práctica sistemática y exigimos su eliminación, no estamos simplemente exigiendo el derecho de caminar tranquilas y tranquilos por la calle. Es, sobre todo, la defensa de nuestra vida y la de nuestros pibes”, explica la dirigente de la CORREPI, María del Carmen Verdú, también abogada de la familia Bulacio.

En todos estos años, el Estado nunca avanzó de manera firme en cambiar las normas que permiten esas detenciones. En 2008, el Ministerio de Justicia inició un proceso de informes sobre las legislaciones vigentes en todas las provincias. De las 23 y CABA solo 7 respondieron y de manera incompleta. Los intercambios siguieron durante un tiempo y la iniciativa quedó interrumpida. 

Lo que sí sucedió desde entonces fueron fallos y protocolos que alimentaron la posibilidad de las detenciones arbitrarias. Como en diciembre de 2015, cuando la Corte Suprema falló en el caso de Lucas Vera, que recomponía las facultades de la Policía a detener a un joven sin documentos y que se mostrara nervioso. La decisión del máximo tribunal convalidó el accionar policial por la presunción de sospecha y posibilitó un abanico de comportamientos librados al “olfato” de los agentes. 

En 2016, un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, habilitó a la Policía a llevarse detenidas a personas jóvenes en situación de calle. La sentencia decía que la fuerza policial estaba facultada para “proceder a la detención de los menores que, a su criterio, se encuentren en aparente estado de abandono, y sin mediar orden judicial ni comisión de delito alguno”. Otro territorio fértil para la discrecionalidad en esos operativos.   

Ese mismo año, la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, impulsó el protocolo 275/2016, que permitía a las fuerzas federales realizar requisas y allanamientos sin orden judicial. A fines de 2018, Bullrich modificó el Reglamento General para el empleo de las armas de fuego que habilitaba su uso frente a cualquier “peligro inminente”, también a criterio de las fuerzas de seguridad. En 2019, la misma ministra impulsó el programa denominado “Ofensores en trenes”, una resolución que habilitaba a pedir documentación y detener de forma arbitraria a personas en las estaciones y las formaciones. Los dos últimos protocolos fueron revocados por la actual ministra Sabina Fréderic, pero el de las requisas aún está vigente.  

Durante la pandemia, en varias provincias, crecieron las denuncias de detenciones. En este caso, por el incumplimiento de la cuarentena. Al punto que el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, firmó un DNU que impuso un régimen sancionatorio excepcional “para quienes la policía de la provincia considere” que estaban infringiendo las restricciones sanitarias. Al poco tiempo, la propia Legislatura provincial terminó revocando el decreto. En Corrientes, por dar otro ejemplo, rige aún un Código Contravencional, que proponen procedimientos de control en el que le entregan enormes potestades a su Policía provincial.  

“Pasaron 30 años pero los reclamos al Estado y el fallo de la Corte Interamericana están muy vigentes. En todo este tiempo hubo avances y retrocesos pero la situación de fondo no se resolvió. Si la Policía tiene leyes imprecisas se da lugar a detenciones arbitrarias. Son  muy importantes leyes claras y también un rol definido desde el Ejecutivo, que baje los lineamientos y las directrices”, propone Agustina Lloret, especialista en violencia institucional del CELS. 

Respecto de lo que generó la lucha para que haya justicia por la muerte de Bulacio, Verdú explica que en las nuevas generaciones perdura el legado. “El grito de que a Walter lo mató la Policía continúa hoy, tres décadas después, en las marchas antirrepresivas. Pero también en barrios, en las canchas, recitales y en las gargantas de jóvenes que no habían nacido entonces pero hoy levantan las mismas banderas porque siguen siendo víctimas de la violencia estatal. Por eso es preciso más que nunca la inmediata derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias”. 

AM