El gobierno de Giorgia Meloni enfrenta este viernes una huelga general convocada por sindicatos de base en rechazo a lo que denominan una “economía de guerra”. La protesta se dirige contra el proyecto presupuestario 2026 —aún pendiente de ratificación parlamentaria—, que aumenta de forma inédita el gasto militar, al tiempo que ajusta servicios públicos como salud y educación.

“El Gobierno alimenta una economía de guerra que debilita a los trabajadores y a los servicios públicos”, advirtió la Unión Sindical de Base (USB), una de las organizadoras. La protesta comenzó el jueves por la noche y se extenderá durante toda la jornada del viernes. Afecta transporte público, trenes, puertos y servicios estatales, aunque sin el respaldo de los sindicatos mayoritarios, que convocaron una medida propia para el 12 de diciembre.

Desde 2020, el gasto militar de Italia creció un 60%, pasando de €8.000 millones a €13.000 millones. Para 2026, el desembolso previsto es de casi €34.000 millones, lo que implicaría un aumento de más del 45% respecto a 2017. La meta, impulsada por la OTAN y respaldada por Estados Unidos, es llevar el gasto al 5% del PBI en una década, con un 3,5% para defensa convencional y 1,5% para seguridad.

El presupuesto también destina €130.000 millones a nuevos sistemas de armas y €9.000 millones en infraestructura militar para los próximos 15 años. Las compras incluyen armamento a Alemania, Estados Unidos e Israel, y han generado preocupación por la falta de transparencia y el vaciamiento del control democrático sobre las decisiones de defensa.

Francesco Vignarca, de la Red Italiana Paz y Desarme, alertó que invertir en armas da menos retorno económico que hacerlo en educación o salud. Subrayó que la industria armamentista representa menos del 1% del PBI italiano, y que gran parte de la producción y empleo se concentra en el exterior, incluso en filiales de firmas italianas como Leonardo.

La huelga también expresa solidaridad con el pueblo palestino y exige que Italia rompa relaciones con Israel, aplique un embargo militar y cese las entregas de armas. Asimismo, los sindicatos reclaman el fin del apoyo militar a Ucrania. “Salimos a bloquearlo todo contra el rearme”, afirmó Francesco Staccioli, dirigente de USB.

Italia no tiene un salario mínimo legal y los salarios reales están por debajo de los niveles de 1990. El sindicato CUB señaló que el presupuesto no contempla subas salariales ni inversión suficiente en vivienda pública, mientras los alquileres y el costo de vida se disparan. En paralelo, la edad de jubilación se estira a 67 años y tres meses a partir de 2027.

JJD

Cada 23 de noviembre, Argentina celebra el Día Nacional de la Defensa Civil, una fecha destinada a reconocer el trabajo de los miles de agentes, voluntarios y organismos que intervienen ante situaciones de riesgo, emergencias y desastres naturales en todo el país. La conmemoración fue establecida en 2002 en honor a la labor desplegada tras el terremoto de Caucete, ocurrido el 23 de noviembre de 1977 en San Juan, uno de los eventos sísmicos más devastadores de la historia argentina.

La efeméride busca poner en valor la tarea de quienes, desde el ámbito nacional, provincial y municipal, participan en la elaboración de protocolos, la prevención de riesgos y la asistencia a la población en momentos críticos. Incendios forestales, inundaciones, sismos, nevadas, tormentas severas y otras contingencias forman parte del amplio espectro de situaciones en las que la Defensa Civil interviene con rapidez y coordinación.

En distintos puntos del país, instituciones públicas y organizaciones comunitarias realizaron actividades conmemorativas, capacitaciones abiertas y simulacros orientados a fortalecer la conciencia preventiva y consolidar prácticas de actuación frente a emergencias. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que el sistema de Defensa Civil “es un pilar esencial para la protección de la población y la reducción del riesgo de desastres”, y remarcaron la importancia de promover la formación permanente de los equipos.

El terremoto de Caucete —que dejó un saldo trágico y severos daños materiales— marcó un antes y un después en la planificación de políticas de respuesta y prevención en la Argentina. Desde entonces, se avanzó en la creación de normativas, centros de monitoreo y redes de colaboración interinstitucional que hoy integran el sistema nacional de gestión del riesgo.

El Día Nacional de la Defensa Civil no solo rinde homenaje a quienes actúan en el momento más difícil, sino que también invita a reforzar la cultura de la prevención y el compromiso ciudadano. En tiempos en los que los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, el trabajo de estos equipos se vuelve indispensable para salvar vidas, mitigar daños y acompañar a las comunidades afectadas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra, recuperando un nombre que se usó por última vez a finales de la década de 1940.

La orden autorizaría al Departamento de Defensa, al secretario de Defensa y a sus funcionarios subordinados a utilizar títulos secundarios como Departamento de Guerra, Secretario de Guerra y Subsecretario de Guerra en la correspondencia oficial y las comunicaciones públicas, según una hoja informativa de la Casa Blanca.

También instruye al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, a recomendar medidas, incluyendo acciones legislativas y ejecutivas, para que el cambio de nombre sea permanente. Un cambio legal completo aún requeriría la aprobación del Congreso.

“Defensa es demasiado defensiva”, dijo Trump en la Oficina Oval el mes pasado. “Y queremos ser defensivos, pero también ofensivos si es necesario. Así que me pareció un nombre mejor”.

Hegseth argumentó que cambiar el nombre “no es solo una cuestión de palabras, sino de la ética guerrera”.

Los críticos advirtieron que podría generar altos costos y distraer la atención de las prioridades de seguridad.

El senador estadounidense Andy Kim calificó el cambio de nombre como una idea infantil, y añadió: “Los estadounidenses quieren prevenir guerras, no promoverlas”, según un informe de la BBC.

El Departamento de Guerra, creado en 1789, dirigió el Ejército de los Estados Unidos y supervisó las fuerzas armadas del país durante las dos guerras mundiales antes de integrarse en el Departamento de Defensa a finales de la década de 1940.

Con información de la agencia NA

Sin tener apoyo en el Congreso para modificar la ley de Seguridad Interior, el gobierno de Javier Milei avanzó con una resolución reservada para que las Fuerzas Armadas hagan tareas de policía. En una polémica medida, el Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en forma transitoria que hayan cometido delitos de flagrancia, según confirmó el ministro de Defensa, Luis Petri.

“La ley autoriza a las Fuerzas Armadas a reforzar el control de fronteras. La posibilidad de detención en flagrancias está prevista en todos los Códigos procesales de las provincias y la Nación”, lanzó el funcionario, que utilizó la palabra “detenciones”, aunque en su entorno buscaron aclarar ante elDiarioAR que se trata de “aprehensiones”. “Sí, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de que lado van a estar”, expresó Petri en su cuenta de X.

La orden tiene un caracter secreto y no fue publicada en el Boletín Oficial, pero está en el marco de la flamante “Operación Julio Argentino Roca” para reforzar la vigilancia y el control en las fronteras, tanto terrestre, fluvial como en el aeroespacio, como comunicó Defensa días atrás. En total participarían unos 10.000 militares, que se irán rotando en grupos de 1.300.

Según se indicó oficialmente, las FF.AA. operarán en zonas rurales del norte y noreste del país, alejadas de los centros urbanos y fuera de los pasos fronterizos internacionales oficiales. Las acciones se coordinan con el Ministerio de Seguridad Nacional, que conduce Patricia Bullrich.

Esta avanzada de Petri va en línea con la estrategia que ya se había comenzado a desarrollar el año pasado para modificar la ley de Seguridad Interior, que limita el accionar de los militares fronteras adentro, fruto del consenso democrático post-dictadura (la ley 24.059 se sancionó en 1991). El oficialismo impulsó sus cambios en la Cámara de Diputados, de hecho Petri fue a dar una exposición al respecto, pero nunca consiguió el aval siquiera de sus aliados para lograr aunque sea tener dictamen de comisión. Sin acuerdo parlamentario, el Gobierno avanzó de facto.

“La medida no es controversial, es ILEGAL”, planteó Agustín Rossi, exjefe de Gabinete y exministro de Defensa. “Ahora sabemos porque Petri mantenía en secreto las Reglas de Empeñamiento: van en sentido contrario a lo que prescriben las leyes de defensa y de seguridad interior. El personal militar que acate estas órdenes está absolutamente desprotegido legalmente, lo obligan a hacer tareas que corresponden a las fuerzas de seguridad y que están taxativamente prohibidas por las leyes vigentes”, advirtió el dirigente peronista. 

Pese a ser reservada, trascendieron detalles de la orden hacia los militares, como que el objetivo de esta medida es “restringir el uso de la fuerza a acciones que el personal militar deba desarrollar circunscribiéndolo a su defensa y a la de terceros en caso de agresiones inminentes que pongan en riesgo la vida, la integridad física o del cumplimiento del deber”, según reza la resolución. Por otra parte, no está permitido “el uso de armas en contra de vehículos o personas sospechosas que huyan o traten de huir de un puesto de control, acceso a instalaciones, recintos, destacamento, aun existiendo sospechas fundadas de un acto ilícito”, plantea la medida.

Además de Rossi, hubo críticas desde otros sectores políticos y sociales. Los ex ministros de Defensa Ricardo López Murphy (1999–2001) y José Horacio Jaunarena (1986-1989/2002-2003) y el abogado constitucionalista Daniel Sabsay cuestionaron a Petri por considerar “ilegal” la iniciativa que tomó el titular de la cartera, debido a que la función de las FFAA debería limitarse a resguardar a la Nación de ataques o conflictos con el exterior.

Es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta

Daniel Sabsay

“Las Fuerzas Armadas no tienen autoridad para llevar a cabo esta acción, ya que no tienen función policial. Además, estamos sustrayendo a las Fuerzas del cumplimiento de su misión específica”, remarcó López Murphy, diputado por Hacemos Coalición Federal (HCF), que agregó eue esta medida es “absolutamente innecesaria”.

Una resolución ministerial “no es suficiente” para modificar una ley, consideró Jaunarena, “por más que las intenciones sean buenas y que la ley esté obsoleta”, según consignó la agencia NA. “Lo que corresponde es que nuestro Gobierno, junto con los legisladores, sean oficialistas u opositores, se aboquen a modernizar el plexo normativo, mediante los consensos necesarios para procurar, entre otras necesidades, un adecuado control y vigilancia de nuestras fronteras, con una clara definición de los roles y misiones que tengan las FF.AA. y de Seguridad”, concluyó.

Sabsay sostuvo en Radio Rivadavia que las Fuerzas Armadas “están para detener ataques desde el exterior” y “no para detener civiles”, como informó el ministro de Defensa. “Me extraña porque Petri es una persona muy apegada a la ley. Espero que esto no sea cierto. De ser así es ilegal porque una ley debe ser modificada por otra ley, no por un decreto o una resolución secreta”, remarcó el constitucionalista.

MC

El ministro de Defensa, Luis Petri, salió a desligarse de la baja de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que la medida no responde a una “decisión política” sino al “cumplimiento de sentencias firmes”. En el mismo posteo de su cuenta de X (Twitter) dijo que impulsa el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un organismo estatal creado hace 33 años considerado clave en el trabajo de resitutución de la identidad de personas secuestradas durante la dictadura.

“La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los 'grupos de trabajo' parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”, tuiteó el funcionario de Javier Milei.

Sobre la baja de oficiales retirados, Petri buscó quitarse responsabilidad, después de que en algunos sectores cercanos a la visión negacionista del gobierno libertario cayera mal la medida, y señaló: “No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia”, remarcó.

“Con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación”, dijo el ministro de Defensa.

El posible cierre de la Conadi viene siendo alertado por organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos, que advierten que podría dificultar la restitución de identidad de cientos de personas secuestradas durante la dictadura y que implica borrar el pasado y favorecer la impunidad.

La Conadi es un organismo estatal creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983). Funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona.

El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.

Respecto de la baja de represores de las filas del Ejército, medida dispuesta el miércoles por Petri, se trata de cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

Entre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército.

A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

JJD

Un sector del gobierno tiene el objetivo de que las Fuerzas Armadas realicen tareas de seguridad que son propias de las policías y fuerzas de seguridad. Pero esto va en contra de lo que dicen las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior. Durante este año promovieron una reforma en el Congreso, un proyecto sin pies ni cabeza que mandaba a los militares a realizar tareas de patrullaje en caso de “ataques terroristas”. Esa iniciativa no prosperó. Ahora vuelven a la carga, pero evitando el debate parlamentario.

En estos días se conocieron dos decretos (1107 y 1112/ 2024) que rascan en las zonas más grises del marco normativo argentino para encontrar resquicios que permitan meter por la ventana a los militares en temas de seguridad. Lo hacen a través de la redefinición de las ideas de “amenaza externa” y de “objetivos de valor estratégico”. En el primer caso, es un camino que ya se intentó durante el gobierno de Mauricio Macri, y que va en contra del espíritu planteado en la ley de Defensa Nacional. En el segundo caso, transgrede lo dispuesto en la ley de Seguridad Interior. Al mismo tiempo, este corrimiento habilitaría a la inteligencia militar a meterse en asuntos hasta ahora vedados.

El decreto 1107/2024 establece un nuevo supuesto de intervención de las FFAA que no está incluido en la ley de Seguridad Interior, es decir, la reforma de hecho sin pasar por el Congreso. Según este decreto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tiene la misión de proteger los objetivos de valor estratégico, podría solicitar la intervención de las FFAA para esa tarea sin pasar por los mecanismos previstos en la ley (convocatoria de un comité de crisis, o declaración del estado de sitio). Estos mecanismos fueron pensados para situaciones graves y extremas en las que la decisión de involucrar a las FFAA en un asunto interno es el resultado de un consenso entre distintos funcionarios con responsabilidad de gobierno (presidente, ministros, gobernadores). Con este decreto, el presidente habilita al Ministerio de Seguridad a concentrar ese poder de decisión y a evitar el mecanismo legal de resguardo y control. 

La norma tiene otros problemas graves, como la total discrecionalidad que pasa a tener el Poder Ejecutivo para definir qué es un “objetivo de valor estratégico” potencialmente sujeto a ser militarizado, y cuáles son las posibles amenazas (menciona por ejemplo a “organismos y organizaciones”). También debilita el control civil sobre las FFAA en situaciones de conmoción interior o estado de sitio al delegar la conducción en el Estado Mayor Conjunto.

El otro decreto (1112/2024) modifica aspectos de la reglamentación de la Ley de Defensa, y va en contra del espíritu de esta norma al establecer que la misión principal de las FFAA es intervenir ante ataques o agresiones de origen externo, no importa cuál sea su naturaleza. Así, se podría considerar una “agresión externa” la actividad de un grupo dedicado al contrabando. El criterio para que intervengan las FFAA ya no sería las características de la amenaza (es decir, si el instrumento militar es el más idóneo y eficaz para contrarrestarla), sino su mero carácter externo o transnacional. En principio el trasfondo de esta medida consiste en ampliar la injerencia de las FFAA en temas como terrorismo y habilitar su intervención en problemáticas como la criminalidad organizada. Pero la falta de parámetros sobre lo que constituye una “agresión externa” estira hasta límites desconocidos las posibilidades de involucrar a las FFAA en tareas que no tienen que ver con su misión y para las que no están formadas. 

Como ya dijimos en su momento, arrastrar a las Fuerzas Armadas a tareas de seguridad es un objetivo puramente político declamado por este gobierno y con riesgos institucionales evidentes. La agitación de indefinidas “amenazas terroristas” es funcional al desborde de las FFAA hacia el ámbito de la seguridad interior y debe advertir sobre los problemas de un avance del militarismo sin debate político ni control institucional. 

El autor es director de Justicia y Seguridad del CELS 

Dieciséis militares y un jefe de aviación fueron denunciados por supuesto robo de autopartes en el Batallón de Abastecimiento y Mantenimiento 601 en Campo de Mayo. La reacción de las autoridades del Ministerio de Defensa fue inmediata y los 17 involucrados ya fueron suspendidos y relevados de sus cargos mientras en paralelo se inició una auditoría interna para establecer lo sucedido.

La denuncia se conoció la semana pasada. En concreto se alertó sobre irregularidades con motores de helicópteros que después eran supuestamente vendidos.

Luego de que la auditoría interna encontró las autopartes robadas, las autoridades de la Cartera de Defensa decidieron suspender a 16 militares y relevar al Director de Aviación del Ejército.

El 21 de noviemebre el ministro de Defensa, Luis Petri, relevó de su cargo al jefe de la Fuerza Aérea, brigadier Fernando Mengo, por haber utilizado aeronaves de la institución con fines particulares, lo que implica una “grave violación de la normativa que rige el manejo de los bienes públicos”.  

Mengo había asumido al frente de la Fuerza Aérea a principios de año. Poco tiempo después comenzaron a trascender supuestos malos tratos del uniformado y ahora el presunto uso indebido de los aviones para fines personales terminó de sellar su salida.

Con información de la agencia NA

“No viene, no fue invitada”. Con esas palabras, minutos antes de las 18, desde el Senado hicieron saber a elDiarioAR que la vicepresidenta, Victoria Villarruel, no participaría de un acto que iba a compartir con su compañero de fórmula, Javier Milei, en el Ministerio de Defensa. Aunque aún no se conoce la versión de la Casa Rosada, la de los colaboradores de Villarruel ya confirma un agravamiento en la interna de la cumbre del poder.

El acto estaba previsto para las 18, justamente. La confirmación de la inasistencia de Villarruel se produjo a último momento. En la ceremonia militar de este viernes estaba prevista la entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales. En el entorno de Villarruel dijeron que ella lamentaba no estar presente, que conoce a todos en ese ámbito y que le hubiera encantado participar de la actividad. Pero que no tiene la costumbre de ir a dónde no la invitan. Y que nadie le había cursado invitación para que.participara.

Milei y Villarruel no se muestran juntos en público desde el 28 de julio, cuando participaron de un acto en la Sociedad Rural y se dieron un frío saludo, en medio de un conflicto diplomático con Francia. La vez anterior fue en el acto por el 30º aniversario del atentado a la AMIA, el 18 de julio. Siempre, distantes.

La fórmula de La Libertad Avanza transita una relación ríspida. En su momento, ambos parecían alineados en gran parte de su plataforma política, especialmente en temas relacionados con la crítica al progresismo y la reivindicación de las Fuerzas Armadas en relación a los crímenes de la última dictadura militar.

Pero en los últimos meses se evidenció un distanciamiento significativo entre ellos. Algunos de los factores que contribuyeron a este enfriamiento incluyen diferencias ideológicas y de estilo, porque si bien comparten ciertas ideas centrales, Villarruel tomó posiciones públicas que generaron tensiones.

Por ejemplo, su apoyo a un aumento de los salarios de los senadores y sus declaraciones polémicas sobre Francia, que desataron críticas desde el entorno más cercano de Milei, particularmente de su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en el círculo presidencial.

Villarruel calificó a Francia de “país colonialista” en un tuit relacionado con una controversia deportiva, lo que generó un cortocircuito diplomático. Este comentario, realizado poco antes de que Milei viajara a Francia, obligó a la Casa Rosada a intervenir para mitigar la tensión, con Karina Milei disculpándose en la embajada francesa. El presidente Milei, por su parte, calificó el tuit de Villarruel de “no feliz”, criticando que se utilizara una cuestión deportiva para generar un problema diplomático.

Tanto Milei como Villarruel reconocen en público que tienen desacuerdos, pero aseguran que no son significativos. Milei, por caso, dijo que “en un 95%” de los temas está “en la misma sintonía” que su compañera de fórmula. Estas declaraciones no son suficientes para disipar las dudas que rodean a los fundadores de La Libertad Avanza, quienes compartieron lista tanto en 2021 como en 2023. De hecho, aún se comenta en los pasillos de Balcarce 50 la notoria ausencia de la vicepresidenta en el Pacto de Mayo firmado a la medianoche del 9 de julio en Tucumán: argumentó estar resfriada, pero al día siguiente se la vio radiante en el desfile militar sobre la avenida Libertador.

A diferencia de otros funcionarios que responden directamente a Milei, Villarruel tiene la particularidad de ser una figura electa que no puede ser removida fácilmente, lo que le otorga cierta autonomía dentro del gobierno. Esto permitió que la presidenta del Senado se desvíe del guion del Ejecutivo en varias ocasiones sin sufrir consecuencias directas.

Villarruel insinuó en entrevistas que no descarta aspirar a la Presidencia en el futuro, lo que añade una dimensión de rivalidad a la relación. La vicepresidenta nunca ocultó su intención de construir una identidad propia. En su recorrido predominan discrepancias tanto de forma como de fondo con Milei, especialmente en un aspecto que la presidenta del Senado enfatiza siempre que tiene la oportunidad: el institucional.

El último gesto de distanciamiento de Villarruel se produjo esta misma tarde, mientras Milei encabezaba el acto en Defensa: retiró su título de Técnica en Seguridad Urbana y Portuaria, después de “tantos años y por impedimentos” de su “vida profesional”. En ese marco, y mientras el Congreso debate una ley de financiamiento a las universidades, que el vocero de Milei, Manuel Adorni, ya anticipó que el Presidente podría vetar, la vicepresidenta destacó la necesidad de sostener la educación pública “y de calidad” y se declaró “orgullosa egresada de la universidad pública”.

JJD

La Argentina firmó con la República Checa un memorando de entendimiento para intensificar sus relaciones comerciales y de cooperación militar. En Praga, la ministra de Defensa checa, Jana Cernochova, y su homólogo argentino, Luis Petri, rubricaron el acuerdo, que tiene como objetivo principal la profundización de la cooperación en la industria de defensa.

El gobierno de Javier Milei tiene interés, entre otros asuntos, en el suministro de armas cortas, municiones y equipos terrestres en el proceso de modernización de sus fuerzas armadas. “Me alegra que se estén fortaleciendo los contactos entre nuestros ministerios. La Argentina es para nosotros un socio prometedor al que podemos ofrecer productos de calidad de nuestra industria de defensa”, dijo Cernochova tras la firma del documento.

La ministra conservadora destacó además el interés de la Argentina en fortalecer la cooperación con la OTAN y la Unión Europea (UE). Cernochova elogió hoy la visión compartida de Argentina y su país sobre los actuales desafíos de seguridad mundial, especialmente la guerra en Ucrania y la lucha de Israel contra el grupo terrorista palestino Hamás.

Milei hablará y recibirá otro premio

Milei ya se reunió hoy en Praga con el primer ministro, Petr Fiala, y por la noche tiene previsto un encuentro con el presidente checo, el general retirado Petr Pavel, además de recibir un premio del Instituto Liberal de la capital checa.

Con motivo de este galardón, el Instituto Liberal y la Universidad Anglo-Americana de Praga organizan una conferencia en la que Milei pronunciará un discurso.

Será el cuarto galardón de su actual gira por Europa: ya fue galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entregada por Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, del del Partido Popular (PP), afín a La Libertad Avanza igual que el ultraconservador Vox; y el Premio Juan de Mariana 2024 en el Real Casino de Madrid, otorgado por el instituto homónimo, un think tank liberal.

En Hamburgo, Alemania, además, fue premiado por la Sociedad Hayek, por el economista Friedrich Hayek, exponente de la Escuela Austríaca de Economía, venerada por Milei.

JJD, con información de EFE

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el pasado sábado un paquete legislativo de ayuda exterior de US$95.000 millones para Ucrania, Israel y otros países aliados, en una sesión en la que, tras meses de resistencia de la extrema derecha, demócratas y republicanos se unieron para renovar el apoyo estadounidense a Kiev en contra de la invasión rusa.

Los US$60.700 millones de ayuda a Ucrania fueron aprobados en cuestión de minutos con una mayoría abrumadora de votos. Con los legisladores estadounidenses apresurándose a garantizar una nueva ronda de ayudas al país aliado y devastado por la guerra, muchos representantes demócratas aplaudieron y ondearon banderas ucranianas en el hemiciclo. “Hemos hecho nuestro trabajo aquí y creo que la historia lo juzgará bien”, dijo tras la votación el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara, que contribuyó a la aprobación del paquete legislativo.

¿Qué incluye el nuevo paquete de ayuda?

Del total de US$95.000 millones, US$60.700 millones para Ucrania que se destinarán, en parte, a reponer munición estadounidense; US$26.000 millones para Israel y US$8.000 millones para Taiwán y otros aliados de EEUU en la región del Indo-Pacífico. También incluye US$9.000 millones para ayuda humanitaria para civiles en zonas de guerra como Sudán, Haití y Gaza.

En el caso de Gaza, el paquete incluye la prohibición expresa hasta marzo de 2025 de financiar con dinero estadounidense la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), el principal organismo de ayuda en la Franja, cuyos trabajadores fueron acusados por Israel de colaborar con el grupo islamista Hamás.

Unos US$23.000 millones de los 60.700 millones previstos en el proyecto de ley para Ucrania serán utilizados por el Pentágono para reponer su arsenal militar y permitir así futuras transferencias militares a Ucrania. Otros US$14.000 millones se destinarán a la Iniciativa de Asistencia a la Seguridad de Ucrania, que autoriza al Pentágono a adquirir directamente de contratistas estadounidenses nuevos sistemas de armamento avanzado para el Ejército ucraniano.

También hay más de US$11.000 millones que irán a las actuales operaciones militares de EEUU en la región para mejorar la capacidad del Ejército ucraniano y fomentar la colaboración de los servicios de espionaje de Washington y Kiev; así como unos US$8.000 millones de asistencia no militar para ayudar al Gobierno de Ucrania a sufragar salarios y pensiones, entre otras funciones básicas.

El paquete incluye varias prioridades del Partido Republicano que los demócratas respaldaron o estuvieron dispuestos a aceptar. Entre ellas, las propuestas para autorizar a EEUU a confiscar activos congelados del Banco Central de Rusia para financiar la reconstrucción de Ucrania; así como la imposición de sanciones a Irán, Rusia, China y a organizaciones criminales de tráfico de fentanilo. Además, una ley para exigir a la empresa matriz de la red social TikTok, con sede en China, que venda su participación a una estadounidense en el plazo de un año si no quiere ser vetada en este país.

¿Cuáles son los siguientes pasos?

La aprobación en la Cámara de Representantes eliminó la traba principal para la solicitud de financiación que el presidente Joe Biden presentó por primera vez en octubre, cuando empezaban a escasear los suministros militares de Ucrania. El paquete completo de leyes pasó a continuación al Senado, donde fue aprobado este martes y enviado al despacho de Biden para que lo firmara. “Insto al Senado a que envíe este paquete a mi mesa rápidamente para que pueda firmarlo y podamos enviar armas y equipamiento a Ucrania cuanto antes para satisfacer sus necesidades urgentes en el campo de batalla”, había pedido el mandatario antes de la aprobación en el Senado.

“Nuestros aliados de todo el mundo están esperando este momento”, había dicho Chuck Schumer, líder de la mayoría demócrata en el Senado, antes de las votaciones del martes en la Cámara Alta. “Tenemos ante nosotros una tarea urgente; una vez más le toca al Senado hacer historia”, dijo a su vez el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, quien debió vencer las resistencias y objeciones de la facción de extrema derecha dentro de su partido.

Después de que el paquete se haya convertido en ley este miércoles con la firma de Biden, las armas pueden ser enviadas a Ucrania. “En las próximas horas, literalmente en unas pocas horas, vamos a comenzar a enviar a Ucrania municiones de defensa aérea, artillería para sistemas de cohetes y vehículos blindados”, prometió Biden tras firmar la ley en la Casa Blanca. El Pentágono tiene almacenes con la munición y los componentes de defensas antiaéreas que Kiev necesita desesperadamente en suelo estadounidense y europeo. De acuerdo con un oficial del Ejército estadounidense, ciertas municiones podrán ser enviadas a Ucrania “de manera casi inmediata”. Entre las armas que podrían llegar más rápidamente figuran los cartuchos de 155 milímetros y otras piezas de artillería, junto con municiones para las defensas antiaéreas.

“Nos gustaría mucho poder acelerar la asistencia de seguridad en las cantidades que creemos que necesitan para poder tener éxito” en la batalla, aseguró el general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono. “Tenemos una red logística bien armada que nos permite mover material de manera muy veloz”, dijo Ryder a los periodistas la semana pasada.

Hace meses que el Pentágono tiene los suministros preparados para ser entregados, pero no los ha podido enviar por falta de presupuesto, porque ya se han agotado todos los fondos aprobados anteriormente por el Congreso para Ucrania –desde la invasión rusa del país en febrero de 2022, EEUU destinó a apoyar a Ucrania más de US$44.000 millones en armas, mantenimiento, formación y piezas de repuesto–.

¿Cómo reaccionaron los beneficiarios?

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo estar “agradecido” a los dos partidos de la Cámara de Representantes y, “personalmente al presidente de la Cámara, Mike Johnson, por una decisión que mantiene a la historia en el buen camino”.

“La democracia y la libertad siempre serán importantes en el mundo y nunca serán derrotadas mientras Estados Unidos ayude a protegerlas”, afirmó. “La vital ley de ayuda estadounidense aprobada hoy [en referencia al sábado] por la Cámara impedirá que la guerra se extienda, salvará miles y miles de vidas, y ayudará a nuestros dos países a ser más fuertes... ¡Gracias, Estados Unidos!”.

Mientras, el ministro de Finanzas de Ucrania, Sergii Marchenko, escribió en la red social X: “Es el apoyo extraordinario que necesitamos para mantener la estabilidad financiera y prevalecer” frente a Rusia.

Desde el Kremlin, su portavoz Dmitry Peskov, lamentó que la aprobación del nuevo paquete de asistencia a Ucrania “enriquecerá más a Estados Unidos, arruinará todavía más a Ucrania y provocará la muerte de aún más ucranianos”, y todo ello “por culpa del régimen de Kiev”, afirmó Peskov, de acuerdo con las agencias de noticias de Rusia.

El portavoz añadió que Rusia tomaría represalias por la disposición legislativa que autoriza a Washington a confiscar activos rusos incautados para transferirlos a Ucrania y financiar con ellos la reconstrucción del país. También dijo que la medida arruinaría la imagen de EEUU.

Por su parte, Dmitri Medvédev, expresidente de Rusia y actual vicepresidente de su Consejo de Seguridad, escribió en la aplicación de mensajería Telegram que la aprobación de la ayuda estadounidense para Ucrania era previsible y que tenía que ver con la “rusofobia”. “Por supuesto, saldremos victoriosos, independientemente de los 61.000 millones de dólares empapados en sangre que, en su mayor parte, serán engullidos por su insaciable complejo militar industrial”.

Según la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, la aprobación de nuevas ayudas para Ucrania, Israel y Taiwán “profundizará las crisis en todo el mundo”. “La ayuda militar al régimen de Kiev es un respaldo directo a la actividad terrorista”, escribió en Telegram. “Para Taiwán, es una injerencia en los asuntos internos de China; para Israel, es un camino directo hacia la escalada y el aumento de tensiones en la región”, añadió.

Rusia se anexionó Crimea de forma ilegal en 2014 y en febrero de 2022 comenzó la invasión total de Ucrania, país que ha obtenido el respaldo de EEUU, la Unión Europea y la OTAN.

El nuevo paquete de ayudas militares fue bien recibido por Taiwán, cuyo Ministerio de Defensa agradeció su aprobación a la Cámara de Representantes y afirmó que eso demuestra que el apoyo de EEUU a Taiwán es “sólido como una roca”. También comunicó que acordaría con Washington el destino de los fondos para la isla: “Se coordinarán con Estados Unidos los usos presupuestarios pertinentes a través de los mecanismos de intercambio existentes y se trabajará duramente para reforzar la capacidad de preparación para el combate con el fin de garantizar la seguridad nacional, la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán”, explicó el domingo en un comunicado.

Taiwán viene quejándose desde 2022 por retrasos en las entregas de armamento, como los misiles antiaéreos Stinger, a raíz de que los fabricantes estadounidenses se centraron en abastecer a Ucrania. Taiwán teme una anexión por parte de China, porque Pekín considera que la isla es una provincia china, mientras que el Gobierno y la población taiwanesa se oponen cada vez más.

Texto traducido por Francisco de Zárate y actualizado por elDiario.es

El gasto militar mundial acaba de registrar su mayor incremento anual en una década, alcanzando la cifra récord de 2,44 billones de dólares. Según un informe del centro de estudios del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, el aumento de 6,8% registrado entre 2022 y 2023 es el más elevado desde 2009. La cifra del gasto militar total representa a su vez un máximo histórico en los 60 años que lleva funcionando este centro de estudios (conocido como Sipri, por sus siglas en inglés).

Por primera vez en los informes del Sipri, los analistas observan que el gasto militar aumentó en las cinco regiones geográficas: África, Europa, Oriente Medio, América, Asia y Oceanía.

Según Nan Tian, investigador principal del Sipri en el programa de gasto militar y producción de armamento, “el aumento sin precedentes en el gasto militar es una respuesta directa al deterioro de la paz y la seguridad en todo el mundo”. “Los países están priorizando la fuerza militar, pero en un panorama geopolítico y de seguridad cada vez más volátil, se arriesgan a una espiral de acción y reacción”, señala Tian en referencia a la posibilidad creciente de un conflicto que comience de manera accidental.

China y Estados Unidos, a la cabeza

Estados Unidos y China son los dos países que más invirtieron en defensa, con un 37% y un 12% respectivamente del gasto a nivel mundial. Tras incrementos anuales de un 2,3% (EEUU) y de un 6% (China), la suma de los dos representa aproximadamente la mitad del gasto militar mundial.

Con Washington tratando de mantenerse a la vanguardia en los avances tecnológicos, el Gobierno estadounidense destinó en 2023 un 9,4% más que en 2022 a “investigación, desarrollo, pruebas y evaluaciones”. EEUU lleva modificando sus estrategias de contrainsurgencia y guerra asimétrica desde que en 2014 Rusia invadió Crimea y la región oriental del Donbás, en Ucrania. Según el informe del Sipri, EEUU se está centrando desde entonces en el “desarrollo de nuevos sistemas de armamento que puedan emplearse en conflictos posibles con rivales de capacidad militar avanzada”.

Aunque parece poco en comparación con el de Estados Unidos, el gasto militar de China es el segundo mayor del mundo. En 2023, aumentó un 6% con relación a 2022, llegando a un total de 296.000 millones de dólares. China incrementó sin cesar el gasto militar durante los últimos 29 años, siendo la década de los noventa y los años transcurridos entre 2003 y 2014 los períodos de mayor crecimiento. Según el análisis del Sipri, la variación porcentual de un sólo dígito registrada en 2023 tiene mucho que ver con los más modestos resultados económicos que China obtuvo en los últimos tiempos.

Rusia, en el cuarto puesto, y Reino Unido, el primero de Europa

Por detrás de China vienen, en este orden, Rusia, la India, Arabia Saudí y Reino Unido –este último, con un aumento interanual del 7,9% es el país que más gasta en defensa de toda Europa central y occidental–.

Tras un año de guerra total con Ucrania, el gasto militar del Kremlin fue en 2023 un 24% mayor que en 2022 y un 57% mayor que en 2014, cuando Rusia invadió Crimea. El gasto en defensa ruso representó en 2023 el 5,9% de su PIB y el 16% del presupuesto total del Estado, los porcentajes más altos desde la desaparición de la Unión Soviética en los años 90 del siglo XX.

En medio de las tensiones crecientes con China y con Pakistán, el gasto de defensa en la India aumentó 4,2% en 2023 respecto a 2022 y un 44% con relación a 2014, con incrementos en los gastos operativos y de personal. India está avanzando hacia la autosuficiencia en el desarrollo y producción de armas. Según los analistas del Sipri, el 75% del desembolso de capital del país se destinó a equipos de producción nacional, la proporción más alta de su historia.

Arabia Saudí aumentó su gasto militar un 4,3% hasta los 75.800 millones de dólares, una cantidad que representa el 7,1% del PIB del país petrolero. Se dice que pudo financiarlo gracias a la subida en los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania y al aumento en la demanda de petróleo que no fuera ruso.

En Oriente Medio el gasto militar aumentó un 9%, hasta una cifra estimada de 200.000 millones de dólares, lo que convierte a la región en la primera por gasto militar en proporción a su PIB, con un porcentaje del 4,2%. La siguen en importancia relativa Europa (2,8% del PIB), África (1,9% del PIB), Asia y Oceanía (1,7% del PIB), y América (1,2% del PIB).

Israel aumenta un 24% su inversión en defensa

El primer país en gasto militar de la región es Arabia Saudí, seguido por Israel y, en tercer lugar, Turquía. Impulsado principalmente por la ofensiva en Gaza, Israel aumentó el gasto un 24% hasta los 27.500 millones de dólares.

Irán fue el cuarto país de Oriente Medio por su gasto en defensa, con un leve aumento de 0,6% hasta los 10.300 millones de dólares. Según el Sipri, la proporción de gasto militar iraní que se destina al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica está en aumento, al menos desde 2019.

En 2023 Ucrania ocupó la octava posición mundial por su gasto militar, con un incremento anual del 51% hasta los 64.800 millones de dólares, lo que representa un 59% del gasto militar ruso ese año. Entre 2014 y 2023 el gasto militar de Kiev ha registrado un incremento de 1.270% (las ayudas militares recibidas por Ucrania de más de 30 países también se incluyen en las cifras del Sipri).

El Ejército de República Democrática del Congo, el que más creció en 2023

El país que registró un incremento mayor de gasto militar en 2023 fue la República Democrática del Congo, con una variación porcentual de 105%. El país mantiene un prolongado conflicto con grupos armados no estatales, principalmente en la región oriental. El segundo mayor incremento mundial en gasto militar fue para Sudán del Sur, con una variación porcentual del 78%.

En América Central y en el Caribe, el despliegue de las fuerzas armadas para combatir a las bandas criminales organizadas es uno de los factores que explican el incremento de gasto militar en 2023, con una variación de 54% sobre las cifras de 2014.

En la República Dominicana aumentó un 14% por el empeoramiento de la violencia desatada por las bandas criminales en la vecina República de Haití. El gasto en México alcanzó los 11.800 millones de dólares, ligeramente menos que en 2022 pero un 55% por encima del de 2014. La parte asignada a la Guardia Nacional pasó de representar el 0,7% del gasto militar total de México en 2019, cuando se creó esta fuerza militarizada contra el crimen organizado, al 11% en 2023.

Seǵun Diego Lopes da Silva, investigador principal del Sipri, “usar a los militares para sofocar la violencia desatada por las pandillas lleva años siendo una tendencia creciente en la región, con gobiernos incapaces de atajar el problema usando medios convencionales o eligiendo respuestas inmediatas que a menudo son más violentas”.

Texto traducido por Francisco de Zárate

DB/CRM

La OTAN agradeció este jueves la solicitud de Argentina de explorar la posibilidad de convertirse en “socio” de la Alianza Atlántica militar y destacó que una colaboración “política y práctica más estrecha podría beneficiar a ambos”.

“Argentina desempeña un papel importante en América Latina y agradezco la solicitud de hoy de explorar la posibilidad de convertirse en socio de la OTAN”, dijo el subsecretario general de la Alianza, Mircea Geoană, en un comunicado.

La solicitud fue cursada este jueves en persona por el ministro de Defensa, Luis Petri, quien se reunió en la sede de la OTAN con Geoană hoy para conversar sobre cómo trabajar hacia una asociación entre la Alianza y Argentina.

“Una cooperación política y práctica más estrecha podría beneficiarnos a ambos”, señaló el subsecretario general de la OTAN, una organización que “trabaja con una variedad de países de todo el mundo para promover la paz y la estabilidad”.

Este primer paso hacia la asociación formal dado por Argentina, que inicio su diálogo político con la OTAN a principios de los años 1990, requiere para completarse el consenso de los 32 aliados.

Y de llevarse a cabo, Argentina se convertiría en el segundo país de América Latina con esa relación especial con la OTAN, tras Colombia. Petri, que fue el primero en anunciar la solicitud en sus redes sociales, dijo en X: “Por instrucción del presidente Javier Milei, en la sede de la OTAN reafirmamos nuestro compromiso con los países que abrazan la libertad y los valores de la democracia, frente a los autoritarismos y las autocracias a nivel mundial. Ser socios globales de la OTAN implica recibir un entrenamiento óptimo para nuestras Fuerzas Armadas, acceso a equipamiento e información, apoyo en ciberdefensa, cooperación para la un diálogo estratégico de alto nivel sobre los acontecimientos mundiales y las prioridades de una Argentina integrada a las democracias liberales del mundo”.

El funcionario nacional y Geoană aprovecharon su reunión para intercambiar puntos de vista sobre los desafíos de seguridad europeos y latinoamericanos.

En este sentido, el secretario general adjunto de la OTAN acogió con “agrado” el papel de Argentina en “el apoyo a Ucrania con asistencia humanitaria que salva vidas, incluidos alimentos, medicinas y apoyo a los refugiados”.

En el pasado, Buenos Aires también contribuyó a las operaciones de apoyo a la paz de la OTAN en Bosnia y Herzegovina y en Kosovo.

Según publicó el político en la red social X y difundió su ministerio, Petri presentó “la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina de convertirse en un socio global de esta organización”.

“Seguiremos trabajando en recuperar vínculos que permitan modernizar y capacitar a nuestras fuerzas al estándar de la OTAN”, concluyó el ministro de Defensa.

El acercamiento de Argentina a la OTAN está vinculado a la nueva política exterior desarrollada por el Gobierno del ultraliberal Javier Milei, que tiene como referentes a Estados Unidos e Israel.

Además de Colombia, que fue admitido como socio en 2017, la OTAN concedió el mismo estatus al que ahora opta Argentina a Australia, Afganistán, Irak, Japón, Corea del Sur, Mongolia, Nueva Zelanda y Pakistán.

Un aspecto importante que podría generar algún conflicto interno es la disputa diplomática por la soberanía de las islas Malvinas entre Reino Unido —uno de los miembros fundadores de la OTAN— y Argentina, que provocó la guerra de 1982.

JJD, con información de EFE

El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó este martes una carta de cooperación bilateral con su par danés, Troel Lund Pousen, con el objetivo de encauzar la negociación por la compra de 24 aviones F-16 de origen estadounidense. Se trata de un paso importante para la Argentina en su relación con Estados Unidos, que fue el gran impulsor para que se concrete este acuerdo ante el ofrecimiento de la República Popular de China a el expresidente Alberto Fernández de 34 aviones de guerra JF-17.

Los norteamericanos, a través de los diferentes enviados a la Casa Rosada en las últimas semanas, canalizaron con vigor el pedido a la gestión mileísta de que acepte la oferta de Dinamarca. De hecho, Washington colaboraría con un pequeña suma para la adquisición de los F-16. Más allá del viraje ideológico marcado con la gran potencia Occidental que fijó Milei desde antes de asumir, en el Gobierno igualmente consideran, en pleno ajuste económico para lograr el equilibrio fiscal, que la adquisición de estos aviones será fundamental para la restitución en términos de capacidad de la Fuerza Área Argentina.

El territorio argentino es el octavo más extenso del mundo y el Estado nacional no realiza una adquisición de tal magnitud desde hace 30 años, según especificó la cartera que conduce el mendocino Petri.

Si bien el proceso concluirá en años, la administración de Milei volvió a marcar su preferencia por Estados Uniddos. El Gobierno argentino recibió, con diferentes anfitriones, al director de la CIA, William Burns, y al secretario de Estado de la potencia del norte, Antony Blinken.

En los próximos días, se espera la visita de la jefe del Comando Sur, Laura Richardson. De esta manera, se consolidaría este giro diplomático y la Argentina se transformaría en -quizás- el aliado principal en el Cono Sur para los norteamericanos.

El acuerdo con Dinamarca y la oferta de China

El acuerdo se compone de 24 aeronaves por 338 millones de dólares, así como un paquete de armas de 212 millones de la mismaa moneda que incluye AIM-9 Sidewinders y AIM-120 AMRAAM.

La compra se concreta después de casi diez años de tratativas con diferentes fabricantes, entre los que estaban los JF-17 chinos

Los F-16 fueron fabricados por Lockheed Martin, en Estados Unidos, y hoy están en poder de Dinamarca. Por lo que era necesaria la aprobación de Washington para que fueran una opción viable, algo que ocurrió a fines del año pasado.

La decisión de dejar de lado la alternativa de los JF-17 chinos, va en línea con la política del Milei de no integrar el grupo BRICS y no tener a Pekín como aliado clave.

La adquisición de los F-16A/B MLU de la Real Fuerza Aérea de Dinamarca no solo engloba a los aviones, sino también al armamento necesario, compuesto por misiles aire-aire y municiones guiadas.

En principio, iban a ser 38 las aeronaves adquiridas, pero finalmente el número se redujo a 24 unidades, con los adicionales de entrenamiento y formación en tierra.

Los aviones serán destinados a la VI Brigada Aérea de Tandil, provincia de Buenos Aires, y en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba, se realizarán las tareas de mantenimiento a los F-16.

Xi Jinping había ofrecido a Fernández 34 JF-17 a un costo muy bajo y con facilidad de financiación. Los aviones chinos tenían como ventaja que el sistema de reabastecimiento en el aire de esas aeronaves, era compatible con el que utiliza la Fuerza Aérea Argentina.

No ocurre lo mismo con los F-16, que deberán o ser adaptados para poder concretar el reabastecimiento en aire o adquirir los aviones compatibles con ese sistema.

Actualmente, la Fuerza Aérea Argentina reabastece en vuelo a sus aviones con dos KC-130H Hércules, que fueron modernizados por la Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA).

Pero los F-16 no tienen el sistema de reabastecimiento que utilizan los Hércules, comúnmente denominado como sonda-cesta, sino que usan el sistema denominado como de pértiga, que es que se utiliza en Estados Unidos con aeronaves Boeing KC-135 Stratotanker.

Estos aviones de reabastecimiento en vuelo, también son utilizados por la Fuerza Aérea de Chile para brindar apoyo a su flota de F-16 Block 50 y MLU.

Con información de NA

JJD

El anuncio de Patricia Bullrich y Luis Petri de que el Gobierno impulsará una reforma legislativa para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en operativos de seguridad interior encendió las alarmas sobre el rol de los militares bajo la gestión de Javier Milei. Con posturas muy disímiles, desde organismos de derechos humanos hasta la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionaron la iniciativa oficial.

Los ministros instalaron el tema la misma jornada en que la agrupación H.I.J.O.S denunció que una militante fue abusada y violentada en su domicilio, y que en su casa dejaron como insignia la firma libertaria “VLLC”. Todo a solo tres días de una nueva conmemoración del 24 de marzo, cuando se espera una masiva marcha a Plaza de Mayo en repudio a la dictadura, mientras la Casa Rosada tiene en agenda emitir un spot sobre su propia visión del Día de la Memoria.

Bullrich y Petri justificaron la actuación de las FFAA a partir de la grave crisis que atraviesa la ciudad de Rosario por la violencia de las bancas narcos. Por eso el mote de “terrorismo”. Pero los cambios a la Ley de Seguridad Interior que plantea el Gobierno libraría el accionar de los militares en todo el país, cuando hoy están abocadas exclusivamente al control de las fronteras.

Aunque la letra chica de la reforma que plantea el oficialismo se conocería recién la semana próxima, supo este medio de fuentes allegadas a Bullrich, el corazón de la iniciativa será la modificación del artículo 27 de la Ley 24.059, más conocida como Ley de Seguridad Interior, sancionada en 1991. En ese apartado se explicita que el Ejército, Armada y la Fuerza Aérea sólo pueden asistir logísticamente a situaciones internas a pedido de un comité de crisis, pero no realizar tareas de patrullaje, control de personas o detenciones. Es lo que sucede actualmente en Rosario, donde se conformó una instancia de emergencia que encabezan el gobernador Maximiliano Pullaro y los ministros Bullrich y Petri. Seguridad envió agentes federales, mientras Defensa proveyó vehículos y, esta semana, helicópteros.

“En particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”, reza el artículo 27 mencionado.

Además de la Ley de Seguridad Interior, el control político civil de las FFAA y su prohibición de que intervengan en asuntos políticos internos tras la dictadura está contemplado en otras normas, como son la Ley de Defensa Nacional de 1988 y de Inteligencia Nacional de 2001, así como el decreto reglamentario 727/06. “A nuestras Fuerzas Armadas se las ha perseguido y demonizado por un sesgo ideológico. No se las utilizó como corresponde”, afirmó ayer Petri, a lo que Bullrich agregó: “Las Fuerzas Armadas han sido también las fuerzas armadas de la libertad del país”.

Ayer el oficialismo avanzó en lo que será el derrotero parlamentario de su iniciativa al constituir en Diputados las comisiones de Defensa y de Seguridad Interior. Los libertarios, que son minoría en la Cámara baja, le concedieron a sus aliados encabezar esos dos cuerpos de trabajo. Defensa será presidida por Ricardo López Murphy, que forma parte de Hacemos Coalición Federal, el heterogéneo bloque que conduce Miguel Pichetto. Y Seguridad Interior lo encabezará Alejandro Bongiovanni, del PRO.

En la reunión de la comisión de Seguridad Interior hubo un repudio generalizado entre todas las bancadas al ataque a la militante de H.I.J.O.S. De hecho, a Unión por la Patria, la Coalición Cívica y la UCR hasta se plegó el diputado de LLA Álvaro Martínez. Pese al consenso verbal, no hubo acuerdo para emitir una declaración por escrito conjunta, como propuso el peronismo. Se negaron los libertarios y el PRO. El cuerpo de trabajo se volvería a reunir el miércoles de la semana que viene, con esta iniciativa en agenda.

Los cambios y críticas al proyecto

De acuerdo a lo que sostuvo este jueves en conferencia de prensa el ministro de Defensa, la modificación a la ley vigente busca habilitar a las FFAA a partir de considerar la violencia del narcotráfico como “actos de terrorismo”. Según dijo Petri, la intención es que los militares puedan “realizar tareas de seguridad interior como patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones y aprehensión en flagrancia para aquellas personas que cometen delitos, debiendo dar inmediatamente intervención al juez o fiscal”.

Además, también el Gobierno quiere que se les permita usar “medios coercitivos” en base a las mismas normas de las fuerzas de seguridad: “Es imprescindible la proporcionalidad, gradualidad y progresividad en el uso de la fuerza”, agregó Petri. El titular de Defensa confirmó que, en estos casos en los que las FF.AA. utilicen la fuerza de forma justificada, “sus acciones no van a ser punibles porque van a ser consideradas en el uso del poder”. Finalmente, el funcionario agregó que serán capacitadas para actuar de esta forma en busca de cuidar a la sociedad civil de forma interna y prevenir delitos y tragedias.

La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas (...) abre la puerta a escenarios de mayor violencia

CELS

La propuesta oficialista generó rechazo en organizaciones especialistas en la materia. “La propuesta del Gobierno es la militarización y los militares no son una solución efectiva a nuestros problemas de inseguridad y narcotráfico. La intervención de las Fuerzas Armadas en estos casos no implica ningún valor agregado sobre lo que pueden hacer las fuerzas federales, y en cambio abre la puerta a escenarios de mayor violencia”, denunciaron ante elDiarioAR desde el CELS. “El Gobierno presenta este problema como lucha contra el terrorismo pero en la práctica, en Rosario, es una intervención contra el crimen organizado, es decir, un problema de seguridad interior para el que las FFAA no están preparadas. Este anuncio termina siendo una coartada para no mejorar el funcionamiento de las fuerzas de seguridad y la investigación judicial”, agregó la organización a través de un comunicado.

“¡Paren de reprimir!”, exigió desde las redes sociales la Correpi, que calificó que las medidas anunciadas oficialmente están “prohibidas por la legislación interna y los convenios internacionales que la Argentina se comprometió a respetar”. La organización consideró que el Gobierno lleva adelante una “avanzada represiva sin parangón desde la dictadura cívico-militar-eclesiástica”.

La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho

Victoria Villarruel

Inesperadamente, y con argumentos totalmente opuestos a los de los organismos de derechos humanos, por la noche la que le bajó el pulgar a la iniciativa de Petri y Bullrich fue de Villarruel, quien dio una explosiva entrevista al canal TN. Luego de admitir que tuvo ceder ante la decisión de Milei cuando asumió el gobierno de no dejarle a su cargo las áreas de Seguridad y Defensa, la vice arremetió: “La función de las Fuerzas Armadas no es combatir a civiles. El narco es un civil para el derecho”, afirmó la titular del Senado.

Abiertamente defensora de los militares y su actuación en los 70, Villarruel puso en foco en la responsabilidad futura que tendrían aquellos soldados que realicen tareas de seguridad interior y que puedan cometer “excesos” en sus tareas, como ella considera que ocurrió en la última dictadura. “Si vamos a modificar la ley, también tienen que hacerse responsables aquellos que son funcionarios civiles y que dan la orden. Los agentes del Estado tienen que tener en claro que en caso de repeler una acción armada de narcoterrorismo o terrorismo o crimen organizado o cualquiera de las nuevas amenazas, van a tener el respaldo del Estado en la orden que se les está impartiendo”, afirmó, para luego concluir con una polémica defensa a los jefes militares de la represión: “Un gobierno democrático había dado una orden y luego esos agentes del Estado fueron inculpados y hoy, por ejemplo, tenés gente que está pagando penas de prisión más gravosas que las que pagó en su momento [los dictadores Jorge Rafael] Videla o [Emilio] Massera”.

MC/JJD

La Cámara del Crimen de Resistencia apartó hoy al abogado Ricardo Osuna de la defensa de César Sena y dispuso un cuarto intermedio hasta el 15 de agosto, plazo en el que el imputado deberá hallar un nuevo letrado que lo represente en la audiencia de apelación a la prisión preventiva por el femicidio de su ex pareja Cecilia Strzyzowski.

El Equipo Fiscal Especial (EFE) había pedido que Osuna no continuara representando al hijo de los dirigentes sociales en tanto existen intereses contrapuestos entre él y sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, también detenidos en la misma causa como coautores del crimen. Tras aceptar esta solicitud, los camaristas le asignaron al menor del Clan Sena dos defensoras oficiales y dispusieron un cuarto intermedio para que puedan prepararse y formular los argumentos e apelación a la prisión preventiva del imputado.

César Sena está acusado del “homicidio triplemente agravado por el vínculo, por femicidio y por el concurso premeditado de dos o más personas” y apeló la prisión preventiva. De la misma manera procedieron los cuatro acusados de “encubrimiento agravado”, Gustavo Obregón, Fabiana González, Grisela Reinoso y Gustavo Melgarejo.

El matrimonio Sena también había apelado sus prisiones preventivas, pero el juez Héctor Sandoval rechazó las oposiciones planteadas la semana pasada y seguirán detenidos. Emerenciano Sena continúa detenido en la comisaría 3a de Resistencia mientras que Acuña está alojada en la seccional 6a de la capital provincial. Ambos se encuentran a disposición del Servicio Penitenciario de Chaco, que podría determinar su eventual traslado a algún penal.

Cecilia fue vista por última vez a las 9.16 del pasado 2 de junio, cuando una cámara de seguridad registró su ingreso a la casa de los Sena en la calle Santa María de Oro 1.460, en Resistencia. Según determinaron los fiscales, la joven de 28 años habría sido asesinada entre las 12.13 y las 13.01 por estrangulamiento.

Con información de agencias.

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, recibió hoy a la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, generala Laura Richardson, en medio del malestar de la Casa Blanca con el presidente de Brasil, Lula Da Silva, por la visita del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al vecino país en momentos en que la ocupación de Ucrania no cede.

“Hoy con la Generala Laura Richardson, jefa del @Southcom dialogamos sobre varios temas en materia de Defensa. Los acuerdos bilaterales vigentes, la jerarquización de las FFAA, el equipamiento militar y la prioridad estratégica que la Argentina le asigna al Atlántico Sur”, informó el propio Taiana en su cuenta de Twitter sobre la reunión.

El Comando Sur es una unidad del Pentágono que fue creada para defender los intereses de los Estados Unidos en la región.

La reunión de Taiana con Richardson se dio en momentos en que se producen hechos que son seguidos de cerca por Washington y con preocupación, como el encuentro entre Lavrov y Lula -luego de las críticas del mandatario brasileño a la Casa Blanca por su rol en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania- y por la creciente influencia de China en Latinoamérica.

Al respecto, fuentes oficiales indicaron que de este tema no se habló en la reunión de Richardson con Taiana, mientras que fuentes de la Cancillería argentina además aclararon a esta agencia que “nunca hubo ninguna visita prevista” de Lavrov a la Argentina, aprovechando su estadía en el vecino país.

La funcionaria de la gestión de Joe Biden también se reunió durante la jornada con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, General Juan Martín Paleo.

“En Argentina, la Comandante del #SOUTHCOM, General Laura Richardson, y el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Argentinas, General Juan Martín Paleo, se reunieron para discutir la cooperación en materia de seguridad. Argentina es un contribuyente clave para la seguridad regional y el mantenimiento de la paz mundial”, informó la unidad del Pentágono en Twitter, junto a una foto del encuentro.

En estos días, existe una tensión entre Estados Unidos y Brasil por la recepción que hizo Lula del titular de Relaciones Exteriores ruso, situación que estuvo acompañada de cuestionamientos del líder del PT al gobierno de Biden.

“Estados Unidos necesita dejar de incentivar la guerra y empezar a hablar de paz. Es necesario que la Unión Europea empiece a hablar de paz para que podamos convencer a Putin y Zelenski de que la paz es el interés de todos”, fue la frase de Lula que provocó malestar en la potencia del norte.

 Con información de NA/ Santiago Pérez Chiconi

Los abogados de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner expondrán este martes el segundo capítulo de su alegato en el juicio oral y público por el caso Vialidad, en el que la expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita para defraudar al Estado a través de la adjudicación de 51 obras viales a su socio comercial y amigo de su familia, Lázaro Báez.

En esta segunda jornada de alegatos de su defensa, los penalistas Carlos Beraldi y Ary Llernovoy se dirigirán al Tribunal Oral Federal número 2 para argumentar que la acusación de la fiscalía, que pidió doce años de prisión e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta, se basa en “cuestiones inmensamente alejadas de la competencia que tiene un presidente de la Nación”, adelantó Beraldi durante la audiencia de este lunes. 

El principal abogado de Fernández de Kirchner también anunció que buscará derribar “otro hecho escandaloso que la fiscalía construyó con mentiras y calumnias”: el plan “limpiar todo” o “plan huída”. 

A finales de 2015, tras una reunión entre Cristina Fernández y José López en la Quinta de Olivos, el entonces secretario de Obras Públicas “bajó la orden” de comenzar el “plan de huída” del Grupo Báez tras la derrota electoral del kirchnerismo. “Debía ejecutarse el plan a más tardar el lunes 30 de noviembre de 2015”, afirmó el fiscal Diego Luciani durante su alegato en base a las comunicaciones extraídas del teléfono celular de López. El “plan” era la salida de las empresas de Báez de Santa Cruz y el despido de empleados, aseguró el fiscal.

Tras dicha reunión, que había sido antecedida por otro encuentro entre López y el entonces presidente de Austral Construcción, Julio Mendoza, en un hotel porteño, el funcionario ordenó “limpiar todo” al ejecutivo de Báez. “Nunca más retomar las obras”; “sólo que no hay que dar sensación de fuga”, agregó López. “El lunes o martes limpiamos a todos”, le respondió Mendoza. “Ahora es final. Neutralización. Despido. Pago. Después acomodamos lo que quieran”, agregó.

“Esto es exactamente lo que pasó porque primero abandonaron las rutas, no le pagaron a los empleados, los despidieron pero después se pagó, se siguió el plan, señores jueces”, aseguró el fiscal Luciani durante las audiencias del juicio en agosto último.

“Les garantizo que si todo lo que vieron hasta aquí fue un escándalo, cuando vean el ‘plan limpiar todo’, no van a salir de su asombro”, prometió Beraldi a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Han pedido 89 años de prisión” con “pruebas apócrifas”, dijo Beraldi este lunes.

Lunes

Durante la primera jornada de su alegato, la defensa ya comenzó a separar a Fernández de Kirchner de uno de los puntos centrales de la acusación. La fiscalía sostiene que la entonces presidenta lideraba la toma de decisiones. Beraldi se centró este lunes en sostener que las resoluciones, decretos y leyes que permitieron que las 51 obras fueran adjudicadas a Báez tuvieron la participación del gabinete de ministros, órganos del Ejecutivo, del Congreso y de órganos de control.

El alegato de la defensa acumulaba este martes más de 106.000 vistas en YouTube y la segunda audiencia también será transmitida al público por esa misma plataforma. El viernes, además, Fernández de Kirchner participará de su propio alegato y expondrá ante los jueces, ya que la ley la autoriza por ser abogada.

Juicio técnico

El juicio de Vialidad tiene un componente técnico de alta complejidad: requiere del análisis de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), fondos de fideicomisos, decisiones administrativas, elaboración del presupuesto y proceso del proyecto hasta su sanción en el Congreso, y reasignaciones presupuestarias, que en este caso fueron dispuestas por el ministerio de Planificación y la Dirección nacional de Vialidad (DNV).

La fiscalía sostiene que estos componentes técnicos fueron instrumentos de la asociación ilícita, torcidos para defraudar al Estado a través de sus propias reglas. El abogado de la vicepresidenta concentró su defensa en los argumentos técnicos que, sostiene, desterrarían esa acusación.

“Cristina jamás dio una instrucción directa o indirecta a sus funcionarios subalternos para que influyeran en el dictado de resoluciones sobre la obra pública vial en Santa Cruz”, sostuvo Beraldi. El abogado también hizo una breve defensa sobre las acusaciones contra el fallecido expresidente Néstor Kirchner, pero aclaró: “No se puede imputar a un muerto”.

Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto.

Carlos Beraldi — Abogado de Cristina Fernández de Kirchner

Beraldi habló de “dos hechos inventados” por la fiscalía: “El apagón informativo” y “el plan limpiar todo”. Este lunes se centró en el primero de ellos.

También dijo que desde 2008 “se replican a partir de denuncias en los medios de comunicación hasta que se llega al juicio y se conoce la verdad”.

Ante los jueces, la defensa sostuvo que los fiscales Luciani y Sergio Mola incurrieron en “mala praxis” con hechos “escandalosos” y la construcción de una “fantasía”.

“No bajamos los brazos en ningún momento”, remarcó Beraldi, y destacó que “la verdad siempre triunfa y eso es lo que ocurrió en este juicio” porque “quedó demostrado” que la acusación “carecía de verosimilitud”, y fue “falsa y sin fundamentos”, afirmó.

Luego, Fernández de Kirchner publicó en su cuenta de Twitter: “¿Vieron lo que les dije ayer, no? Que Beraldi iba a desnudar el guión de Luciani y Mola. Me corrijo, fue mucho más allá: probó en forma documentada -como debe hacerse en cualquier juicio- que Luciani y Mola mintieron descaradamente. Él, por decoro profesional, lo llamó mala praxis”.

“Política de Estado”

“Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible”, dijo Beraldi este lunes a los jueces.

El penalista criticó que la fiscalía haya sostenido que las leyes de presupuesto fueron instrumentos de la asociación ilícita, es decir, “los vehículos con los que se cometieron los planes criminales”.

“Santa Cruz no tenía rutas y por eso se hizo esa inversión”, afirmó Beraldi tras mostrar un cuadro de distribución de las obras de pavimento en el país en 2003. Sólo el 42,5% de las rutas en la provincia estaban pavimentadas el año en el que Néstor Kirchner asumió la presidencia, según la Red Nacional de Caminos.

Tierra del Fuego era la provincia menos favorecida en la distribución: tenía el 7,4% de sus caminos pavimentados. El resto de las provincias, entre el 48% (Jujuy) y el 100% (Buenos Aires). Santa Cruz era la segunda menos beneficiada en la distribución de obras viales, según los datos expuestos por el abogado.

Además, Beraldi afirmó que “la cantidad de empresas constructoras que participaron en obra pública se incrementó de 12.000 en 2003 a 24.000 en 2015, según datos del Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (Ieric).

Entre 1990 y 2002, el Estado invirtió US$18.711 millones en obra pública mientras que los tres gobiernos kirchneristas (2003-2015) casi sextuplicaron esa cifra, con US$107.825 millones, explicó el abogado para justificar que Báez pasó de empleado bancario a empresario de la construcción y que la inversión en rutas de Santa Cruz fue parte de una política a nivel país.

“Era una política de Estado de hacer inversión pública para que el país creciera. Es falso, por eso, que el único empresario de la obra pública que apareció nuevo era Lázaro Báez. Hubo 12.000 empresarios nuevos, les mintieron, fue producto del crecimiento explosivo que tuvo nuestro país en este aspecto. Es objetivo”, dijo.

“En el gobierno siguiente esa prioridad se desplazó para pagar la deuda pública. Los recursos que se obtuvieron de la recaudación en vez de hacer obra pública se pagaron al exterior”, agregó Beraldi.

“Ustedes me pueden decir está bien, está mal, pero en las elecciones eso se decide, no es un proceso judicial. No se puede criminalizar este tipo de decisiones como pretende hacer acá de una manera absolutamente ilegal”, aseguró Beraldi.

El penalista también remarcó, en base a testimonios del juicio, que “no existe ninguna norma que ponga límites al poder político para distribuir partidas presupuestarias”.

“Mala praxis”

“La fiscalía no sólo no pudo cumplir con su derrotero de probar que había una situación fraudulenta de obra pública, ni siquiera lo buscó”, dijo Beraldi cuando se refirió a “la mala praxis de la fiscalía”.

Dijo que la acusación es “carente de prueba” y que es mentira que el 11% del presupuesto de obra pública se haya destinado a Santa Cruz, como la fiscalía dijo que sostienen los datos de la Dirección Nacional de Vialidad.

Beraldi mostró otros números, en base a la información que le otorgó la Oficina Nacional de Presupuesto, del Ministerio de Economía. De acuerdo a esas cifras oficiales, la provincia de los Kirchner recibió un promedio de 7% del presupuesto anual destinado a obras viales entre 2004 y 2015.

Yo soy un defensor técnico y no me meto en cuestiones políticas, salvo cuando es imprescindible.

Presupuestos

La fiscalía sostiene que la política presupuestaria de la obra pública fue diseñada por el Ejecutivo con una participación “marginal” del Congreso en la decisión de distribución de los fondos, pero Beraldi llamó “fantasía” a la acusación de que “Néstor y Cristina hacían un presupuesto para que gane Lázaro Báez”, “obviando la autonomía con la que el Congreso se manejaba, la complejidad de la ley de leyes” (Ley de Presupuesto), que “puede ser debatida, modificada, eliminada por el poder Legislativo”, en palabras de la propia Fernández de Kirchner durante su indagatoria en el juicio, en 2019.

Beraldi también citó los testimonios de Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez, ambos diputados opositores que declararon durante el juicio, y negaron conocer la existencia de presiones a los legisladores para sancionar las leyes de presupuesto con los montos destinados a las obras en Santa Cruz.

“El Congreso de la Nación validó todos los DNU que se nombraron en esta causa como instrumentos del delito”, dijo el abogado, en referencia a algunos de los documentos que la fiscalía citó para destacar la participación de Fernández de Kirchner en la toma de decisiones.

“Los ministros nunca cuestionaron la validez de estos DNU (que se usaron para reasignar partidas presupuestarias para financiar las obras que se adjudicaron a Báez), tampoco los servicios jurídicos de cada ministerio”, incluidos “quienes se pasaron a la oposición”, como la exministra de Salud Graciela Ocaña, dijo Beraldi. Los ministros siempre acompañan la firma de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

“Todos los gobiernos hicieron uso de esos decretos porque es necesario. No es excepcional ni arbitrario y mucho menos instrumentos de una asociación ilícita”, argumentó Beraldi.

Jefes de Gabinete

El defensor también citó varios tramos de los testimonios que dieron en el juicio los ex jefes de Gabinete de Fernández de Kirchner: Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manuel Abal Medina y Jorge Capitanich. Los cuatro explicaron ante el tribunal que las reasignaciones de partidas presupuestarias son “procedimientos normales” que se realizan desde 1994 y que el presupuesto es un pre-supuesto de los gastos que realizará el Estado al año siguiente, es decir, que puede ser modificado con ciertos límites legales.

Las obras de Báez se financiaron con fondos de un fideicomiso. Mientras que la fiscalía sostuvo que el manejo de esos fondos nunca fue transparentado al Congreso, los abogados de Fernández de Kirchner sostuvieron lo contrario, en base a los testimonios de Massa y un funcionario de Vialidad.

También remarcaron las palabras de la vicepresidenta durante su indagatoria en el juicio: “Son los jefes de Gabinete los responsables de ejecutar el presupuesto, no los presidentes”.

Beraldi y su colega Llernovoy remarcaron que los hechos que se exponen en el juicio ya fueron juzgados en Santa Cruz por corresponder a esa jurisdicción. En esa provincia hubo dos causas: una se cerró con sobreseimientos y la otra por inexistencia de delito, recordaron los abogados.

Fernández de Kirchner “es perseguida cinco veces por el mismo delito”, afirmó Beraldi.

Con información de Télam.

ED

Acerca de la instalación de antimisiles como un sistema de defensa alemán contra Rusa, a partir de los acontecimientos en curso en Ucrania, el portavoz del gobierno de la República Federal, Steffen Hebestreit, se refirió en estos términos: “Se trata de reflexiones que todavía no han llevado a una decisión concreta”. Eso dijo el lunes, en la conferencia de prensa habitual del Ejecutivo.

“Ante una situación en la que uno de los vecinos no está dispuesto a respetar normas internacionales hay que tomar ciertas medidas”, agregó.

Hebestreit prefirió evitar entrar en detalles sobre cómo será el tipo de sistema de defensa misilístico con que se piensa dotar el Ejército alemán. Porque, opinó, es demasiado temprano para ello.

“Se trata de algo que está en una fase previa de discusión. Ha salido a la luz pública por una indiscreción y el canciller Olaf Scholz ha confirmado que las reflexiones existen al ser interrogado al respecto. Más no se puede decir”, explicó.

Según la noticia que circula en los medios, la idea que circula en el gobierno de coalición alemán de socialdemócratas, verdes y liberal es la comprar un sistema antimisiles como el Iron Dome (Cúpula de Hierro) que usa Israel.

Scholz había confirmado reflexiones al respecto durante el fin de semana en declaraciones al programa Anne Will, de la televisión pública alemana.

“Eso está entre las cosas que discutimos y hay razones para ello”, dijo Scholz al ser interrogado al respecto.

La idea que circula es la de dotar a Alemania de un sistema similar al Iron Dome (Cúpula de Hierro) que se utiliza en Israel, que debería abarcar a todo el país.

“Tenemos que estar preparados ante el hecho de que hay un vecino que está dispuesto a recurrir a la violencia para imponer sus intereses”, agregó el canciller.

Anteriormente, el periódico Bild am Sonntag había publicado una información al respecto. Este rotativo dominical había incluso especificado que se trataría de una posible compra del sistema israelí Arrow 3 que está en condiciones de destruir misiles a gran altura, incluso en la estratósfera.

Según el Bild am Sonntag, esta compra tendría un costo de 2.000 millones de euros.

Tras el comienzo de las operaciones militares rusas en Ucrania, el canciller socialdemócrata Scholz anunció un aumento notable del presupuesto de Defensa alemán y la creación de un fondo especial de 100.000 millones de euros para invertir en los próximos años. Sin embargo, este último, y más oneroso y espectacular anuncio, requiere, para resultar efectivo, de mucho más que de la voz del sucesor de Angela Merkel. Requiere una reforma constitucional. Y para ello, necesita del apoyo del principal grupo parlamentario de la oposición, formado por la Unión Demócrata Cristiana Cristianodemócrata (CDU), y del aliado regional de esta, la más derechista y casi confesionalmente católica Unión Social Cristiana (CSU), del sureño estado de Baviera.

AGB con agencias, diarios y otros medios

La relación bilateral entre la Federación Rusa y Argentina es un vínculo, hasta ahora, más fuerte en lo político que en los resultados económicos concretos y eso es lo que pareciera estar en riesgo para el gobierno de Alberto Fernández si acompaña las sanciones de Occidente contra Rusia o una condena a la guerra que apele directamente a Vladimir Putin: la apuesta de un romance que en los últimos años se quedó en un touch and go, según las fuentes consultadas por elDiarioAR.

El romance se basa en acuerdos ambiciosos que lejos, por ahora, de las sanciones a Rusia por la invasión a Ucrania, continúan vigentes, según informaron dos fuentes oficiales a este medio. Pero poco han avanzado o está previsto que avancen, no sólo por el contexto internacional marcado por la guerra sino por cuestiones propias de Argentina que ya han retrasado otros pactos de colaboración con Rusia. Una fuente oficial del Ejecutivo definió la relación entre Argentina y Rusia como “muy buena primera cita que después no avanza en una relación concreta”. 

“La responsabilidad es nuestra y tiene que ver con nuestras internas y trabas dentro del Estado argentino”, reconoció uno de los hombres que conoce de primera mano los pormenores de la relación bilateral. “Nuestro desorden interno hace muy difícil que los acuerdos marco se consoliden”, sostuvo la fuente, en base, dijo, a la experiencia con los acuerdos marco que se vienen celebrando con Rusia y otros países en la última década.

El presidente Alberto Fernández se refirió a la guerra con Ucrania como una “invasión” recién el 1° de marzo, durante su discurso por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. A principios de febrero, cuando ya se temía la invasión a Ucrania, había estado más de tres horas reunido con Putin en Moscú y hasta fue invitado al despacho del presidente ruso, algo que algunos señalaron como un gesto diferencial con otros mandatarios en visitas oficiales. Fernández le pidió a Putin que Argentina fuera la “puerta de entrada de Rusia a América Latina”.

“Alberto Fernández fue en el último viaje a abrir la puerta comercial a Rusia -explicó una fuente del Ejecutivo-. Hay que tener en cuenta que somos competitivos en el mercado porque ambos países tenemos cosas similares para exportar. El intercambio comercial está lejos en el ranking de los 50 principales de Argentina”.

¿Cuáles son las bases de esta relación bilateral? El juego de doble nivel, dice un funcionario ante la consulta. “Rusia sirve para abrir otras puertas y plantarse mejor frente a los Estados Unidos a la hora de negociar”, explicó un funcionario del Ejecutivo. La vicepresidenta Cristina Fernández de Kichner fue quien mejor cultivó ese vínculo con Putin durante sus gobiernos.  

¿Cambiará ese vínculo si prospera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? No. “Rusia es vista como fuente de inversiones, pero no es una alternativa al FMI en materia de financiamiento (como lo fue Venezuela entre 2005 y 2008). Si no hay acuerdo con el Fondo, también será más difícil para empresas rusas o chinas invertir en Argentina por el default con el organismo, un previsible endurecimiento de los controles cambiarios y la consecuente incertidumbre respecto del acceso al mercado de cambios”, explicó Ignacio Labaqui, politólogo y profesor de la UCA y la universidad del CEMA.

¿Qué tan necesaria es la relación con Rusia? En términos de comercio internacional, el intercambio es pequeño comparado con países como China, pero la balanza comercial suele ser a favor de Argentina a excepción del periodo 2013-2015, cuando Argentina importó fuel oil, explicó a elDiarioAR Matías García Tuñón, coordinador general de la Cámara Argentino Rusa. “Con la llegada de Macri se cortaron las compras de fuel oil y se recuperaron las exportaciones argentinas”, agregó. 

Los números difieren un poco si se analizan las estadísticas locales y las declaradas por Rusia y reflejadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). En 2020, el país exportó US$612,2 millones a Rusia, según datos del Indec. El 87,5% fueron alimentos: leche y productos lácteos, frutas y vegetales, especialmente cítricos; carnes y despojos comestibles; pescados y crustáceos; semillas y frutos oleaginosos.

Según los datos informados por Rusia, Argentina exportó a ese país US$811 millones, una diferencia de US$200 millones con respecto a los datos locales. Sólo representó el 0,4% de sus importaciones globales, aunque los datos son de 2020, cuando el intercambio comercial bajó notablemente. 

La principal importación de Rusia no es material bélico ni nuclear. Es fertilizante, explicó García Tuñón. Según las cifras que maneja la Cámara Argentino Rusa, el país importó casi 500 toneladas de fertilizante por casi US$250 millones en 2021. El Indec sostiene que es más de la mitad del total de importaciones desde la Federación. También se importan productos para la industria petrolera y petroquímica, entre otros.

“Uno de los mejores momentos de la relación comercial fue en 2008. Las exportaciones argentinas rozaron los mil millones de dólares y Rusia casi duplicó las suyas. Rusia volvió a tener records de exportaciones a Argentina entre 2013 y 2015. Esos picos se deben en gran parte a la importación de Argentina de combustible por la crisis energética”, afirmó García Tuñón. “Si bien el comercio bilateral bajó durante los dos primeros años de Macri, cuando cortó esas compras de combustible, pero volvió a repuntar en la última fase de su gobierno”, añadió el coordinador de la Cámara Argentino Rusa.

La vacuna

Sí hay un dato que sobresale en las estadísticas de la Cámara Argentino Rusa: entre 2020 y 2021 hubo un salto cuantitativo en uno de los ítems identificado en la lista de importaciones como “Secreto estadístico”. Se refiere a las vacunas Sputnik. Si bien todas las cifras crecieron el año último por el repunte de la economía global tras el primer año de pandemia, este ítem casi se triplicó entre 2020 y 2021 y pasó de 67.894 toneladas (por US$52,7 millones) a 179.774 toneladas (US$342,8 millones) en el último años. Datos que permiten evaluar cuánto pagó el Estado por las vacunas rusas, que representaron el 25% de las compras a la Federación, afirmó García Tuñón.

En la reunión Putin-Fernández, a principios de febrero, el líder ruso remarcó que “Argentina fue el primer país en Latinoamérica en registrar la vacuna Sputnik” y que “hay mucho potencial para nuestro comercio y ámbito económico y en el último año hemos visto un buen ritmo de crecimiento”, según la agencia Télam.

Una pequeña parte de las importaciones del ítem “secreto estadístico” fueron realizadas por Laboratorio Richmond para la producción local de la vacuna rusa. Una fuente del laboratorio ratificó a elDiarioAR que cuenta con stock de vacunas y que la inauguración de la planta de transferencia tecnológica con la Federación para la producción local y regional sigue en pie, con fecha agendada para octubre próximo.

La fuente del laboratorio también explicó que la provisión del principio activo para la fabricación de la vacuna no estaría en riesgo, por ahora, debido a que las importaciones y exportaciones en materia de salud durante conflictos bélicos cuentan con un salvoconducto por cuestiones humanitarias, como sucedió en Siria, cuando se excluyó este rubro de las sanciones económicas y comerciales. “El principio activo -que no está en stock porque debe utilizarse inmediatamente después de su llegada-  incluso podría transportarse por DHL al igual que los pagos”, afirmó. Aún así, reconocen: “Hace un año, hubiera sido distinto. Hoy no es dramático”

Inversiones y negocios

En 2022, las cifras podrían aumentar nuevamente. En uno de los últimos acuerdos que por ahora avanzaron más, Argentina adjudicó el 31 de diciembre a la empresa rusa TMH la compra de 70 trenes eléctricos por US$864 millones. Las formaciones se destinarán a las líneas Roca, Sarmiento y San Martín. 

La empresa es filial argentina del grupo privado ruso Transmashholding y ya había desembarcado en el país en 2017, durante la gestión de Macri con un anuncio de inversión por US$200 millones para la creación de un polo industrial con talleres de mantenimiento y reparación, y la construcción de una planta de fabricación de trenes. De aquel anuncio, en 2018, la compañía concretó una inversión de US$3 millones para renovar y reabrir el Taller Ferroviario Mechita, en Bragado, según informó el Ejecutivo ante la consulta de este medio.

El área militar es una de las apuestas bilaterales. En diciembre de 2021, ambos ministerios de Defensa fifirmaron un acuerdo que permitirá la admisión de personal militar argentino en instituciones rusas de capacitación de personal de defensa. Los países habían firmado en 2015 el “Diálogo Político Estratégico entre Rusia y Argentina en materia de Defensa”, pero nunca se materializó. 

El acercamiento también viene con ofertas de material ruso de rezago. “La Argentina se encuentra analizando ofertas realizadas por la parte rusa para el suministro de helicópteros Mi-171E y cazas multifuncionales”, informó una fuente oficial, que agregó que “existen posibilidades de cooperación para que la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) se constituya en un centro de integración, mantenimiento y coproducción de sistemas aéreos de fabricación rusa tanto para la Argentina como para la región latinoamericana”.

El principio activo de la vacuna -que no está en stock porque debe utilizarse inmediatamente después de su llegada- incluso podría transportarse por DHL al igual que los pagos

Rusia también presentó ofertas comerciales para el suministro de defensa antiaérea y “se está explorando la factibilidad de un emprendimiento conjunto” para “la producción de buques polares y de una lancha rápida de asalto”, agregó la fuente consultada. 

Todo estaba en veremos antes de la guerra en Ucrania. Otra fuente oficial con conocimiento directo de las tratativas, contó a este medio: “Si le encargás, por ejemplo, la construcción de barco a una empresa rusa, ellos te responden con un documento con centenares de preguntas técnicas para diseñar el encargo y ahí se empieza a trabar todo en el Estado argentino por el desorden”, agregó la fuente.

A esas dificultades internas, se suma ahora la restricción que seguramente impondrá a nivel internacional para adquirir material bélico de rezago a Rusia, explicó la misma fuente.

En 2014, Argentina y Rusia firmaron un acuerdo de cooperación en los usos pacíficos de la energía nuclear. Recién en 2018 se firmó la “hoja de ruta”. “Rusia se mostró dispuesta a explorar posibilidades de  cooperación” en el proyecto argentino de reactor modular pequeño CAREM, explicaron en el Gobierno. La Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) está atravesada por una interna entre “pro-rusos”, “pro-chinos” y “nacionalistas”, explicó una fuente oficial. “No se trata de cuestiones políticas, se refiere a los distintos tipos de tecnologías en el desarrollo nuclear. Esto ha trabado mucho el avance del acuerdo por la incapacidad nuestra de ponernos de acuerdo”. 

Rusia es vista como fuente de inversiones, pero no es una alternativa al FMI en materia de financiamiento (como lo fue Venezuela entre 2005 y 2008)

Ignacio Labaqui — Politólogo y profesor de la UCA y la UCEMA.

La gigante Gazprom también ha incursionado en Argentina. En 2015, la gasífera rusa suscribió un acuerdo con YPF para la prospección y extracción conjunta de hidrocarburos en Argentina y en 2019 Gazprom analizó ingresar en la producción de gas no convencional en Vaca Muerta y en el área Fernández Oro, en Río Negro. La mayoría de lo programado por la rusa quedó en la nada, según las publicaciones de los últimos años.

La rusa también había entablado un acuerdo de entendimiento con Pampa Energía, el grupo energético que lidera Marcelo Mindlin, pero nunca avanzó. “Hace meses que no hay conversaciones”, respondió una fuente de la compañía argentina ante la consulta de elDiarioAR.

Los países firmaron también diversos acuerdos de cooperación en salud y cooperación espacial, un área en la que argentinos y rusos mantienen relaciones desde hace décadas. “Hay interés en avanzar en áreas como navegación satelital, misiones espaciales tripuladas y tecnología de lanzadores de satélites”, explicó una fuente del Ejecutivo. Se busca incluso obtener imágenes de la superficie de Venus para 2023 y Argentina podría adquirir material rusa para su proyecto Tronador para poder poner en órbita pequeños satélites. “Los rusos se especializan en motores de propulsión y los exportan incluso a Estados Unidos. son económicos y buenos”, resaltaron en el Gobierno. 

Los rusos

Un privado que ha participado de numerosas reuniones en visitas a Moscú resaltó que a la hora de hacer negocios con Rusia, es muy difícil separar lo público de lo privado. “Muchas veces vas a reunirte con empresarios rusos para cerrar un negocio, algo entre privados, y la presencia del Estado ruso está siempre ahí. Capaz que estás reunido y aparece un diputado ruso, se sienta en la reunión diez minutos y después se va. Todo parece tener la venia del gobierno ruso”, explicó. 

A pesar de que por ahora muchos acuerdos quedaron en pausa o en intenciones, el interés de los rusos existe, no es una ilusión. En diciembre de 2021, una comitiva de 33 empresarios de los sectores de finanzas, movilidad, turismo y energías renovables viajó a Buenos Aires con el Fondo Ruso de Inversión Directa y el banco ruso Sovcombank para “explorar oportunidades de inversión en Argentina”.

Mantuvieron reuniones con representante de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Fabricantes de Automóviles (ADEFA), la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) y la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos (AAVEA). 

La guerra

La guerra puso el intercambio comercial en pausa, explicó García Tuñón. La recomendación de la Cámara Argentino Rusa a los empresarios argentinos que exportan a ese país es que no envíen sus productos, eviten las operaciones comerciales o cerrar acuerdos por el momento. “Se cortó la cadena de pagos y por el bloqueo aéreo no llegan los documentos para liberar cargas, que tampoco llegan a destino, entre otros problemas”, como consecuencia de las sanciones económicas y bancarias de Occidente. “Vale destacar que no todos los bancos rusos están desconectados del sistema Swift”, resaltó García Tuñón.

A nivel estatal, hasta el momento el principal anuncio de las consecuencias oficiales de la guerra fue el de Aerolíneas Argentinas, que debió suspender su acuerdo con la rusa Aeroflot, debido a que el itinerario de los vuelos contemplaban una escala en Madrid y España cerró su espacio aéreo a Rusia, como otros países de Europa y Estados Unidos.

Argentina no se sumó a las sanciones, por el momento. El Presidente hizo su primera declaración sobre la guerra 15 horas después de la invasión, el 24 de febrero y a través de su cuenta en Twitter pero sin mencionar a Putin. En un hilo de Twitter mostró un tono neutral, apelando “a todas las partes a no usar la fuerza militar”. Luego, escribió: “Pedimos a la Federación de Rusia que ponga fin a las acciones emprendidas y que todas las partes involucradas vuelvan a la mesa del diálogo”.

Dos semanas antes, Fernández había estado en Moscú con Putin para “‘avanzar’ en el acuerdo de asociación estratégica integral entre ambos países”, según informó Télam. 

El Presidente consideraba entonces que “‘este es el momento’ para ir hacia otra etapa de ‘vinculación’ y, en ese marco, le planteó a Putin analizar ‘la manera en que la Argentina se convierta en la puerta de entrada’ de Rusia en América Latina. Una puerta que ya está abierta desde Brasil, principal socio comercial de la Federación en la región y que casi triplica en millones de dólares sus exportaciones a Rusia, según datos de la ONU de 2020. Argentina también era superada por Ecuador, México y Chile, al menos ese año.

Tras las críticas a la declaración de Fernández, vista por algunos sectores como “tibia”, y el silencio de la vicepresidenta, tres días más tarde, Fernández de Kirchner publicó en la misma red social un hilo “refrescando la memoria de algunos y algunas”, en el que hizo referencia a cuando Argentina votó en el Consejo de Seguridad de la ONU a favor a de la “soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial” de Ucrania. 

La votación había sido propuesta por los Estados Unidos en medio del conflicto por Crimea, entre el país balcánico y Rusia. “Hoy 27 de febrero del 2022, sigo pensando lo mismo”, agregó. Sin embargo, no condenó abiertamente la actual invasión rusa a Ucrania. Tampoco aclaró que doce días más tarde y conversación con Putin mediante, Argentina cambió su posición y se abstuvo de votar a favor de Ucrania en el organismo internacional, como publicó la semana última el periodista Martín Rodríguez Yebra.

Fernández volvió a pronunciarse en la última semana contra la guerra en distintas oportunidades con un tono más duro contra Rusia y cambió “acciones emprendidas” por “invasión a Ucrania”, aunque sin apelar a Putin directamente para el cese de la guerra. El lunes, el canciller, Santiago Cafiero, condenó la invasión rusa en su discurso ante la ONU.

ED

Francisco Cafiero da ejemplos y contra-ejemplos para evitar el encasillamiento. Después de revelar detalles sobre los recientes acuerdos de Defensa hechos con Cuba, Rusia y China (en este caso en el contexto del ambicioso programa de la Franja y la Ruta), Cafiero recuerda que Estados Unidos es el destino más elegido por los militares argentinos para perfeccionarse. En el 2021, 174 integrantes de las Fuerzas Armadas hicieron cursos de capacitación en EEUU. 

Cafiero es el Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio conducido por Jorge Taiana. “Buscamos Fuerzas Armadas que no tengan una mirada ideológica, ni liberal, ni nacional y popular”, afirma el funcionario. Además contraataca ante las críticas opositoras, y repite la palabra clave que predica su primo, el canciller Santiago Cafiero, al momento de explicar la estrategia argentina para relacionarse con las grandes potencias: multilateralismo. 

¿Existe una estrategia del Gobierno para vincularse con el resto del mundo desde el área de Defensa?  

La política de Defensa es complementaria de la política internacional, una va de la mano de la otra. Para dimensionar en términos prácticos, las tres Fuerzas del Ministerio, sus organismos y el Estado Mayor Conjunto tienen a la fecha vigentes 333 mecanismos y acuerdos bilaterales con 40 países. Son desde memorandos de entendimiento, hasta acuerdos de cooperación y diálogos estratégicos, todos esenciales para ir ordenando una agenda común. El despliegue institucional es muy grande. Y es una continuidad de distintos gobiernos. El Ministerio es parte de otros mecanismos multilaterales. 

¿Cuál es concretamente la representación militar argentina otros países?

La Argentina tiene desplegados en el mundo 32 agregados de Defensa y de Fuerzas Armadas, que están en 21 países y en la ONU. Tenemos representaciones en casi toda Sudamérica, más México y los Estados Unidos. Estamos abriendo una Agregaduría en Cuba, que había sido cerrada por el gobierno de Mauricio Macri. La de la India también había sido cerrada no sé por qué. Estamos en tratativas para decidir el lugar físico que tendremos en Cuba.

¿Cuál es el trabajo que hacen los enviados de las Fuerzas Armadas? 

Los representantes de Defensa trabajan en vínculos con las Fuerzas Armadas, porque una agenda importante es la de capacitación y formación. Las Fuerzas Armadas argentinas están altamente formadas. Contamos con un personal muy profesional, con un sistema de formación de excelencia. Se perfeccionan en el extranjero en distintos campos, pero también capacitan a otros en el extranjero. Además estos dos últimos años fueron de mucho aprendizaje para las Fuerzas Armadas. Nunca antes tuvieron que atravesar una pandemia y reaccionar frente a lo que implica. Hemos atravesado conflictos, asistencia en catástrofes e inundaciones, mantenimiento de la paz, pero nunca antes una pandemia. Ni bien arrancó, se organizaron grupos de trabajo con Brasil, Paraguay y Uruguay.

¿El Ministerio de Defensa va a la zaga de la línea política que establece la Cancillería?

Los lineamientos de política exterior los establece la Cancillería. En función de eso, desplegamos la política internacional de la Defensa. Eso implica interconsultas para el desarrollo de nuestra agenda. Argentina es uno de los países que más personal destina a las Naciones Unidas para tareas de paz: 268 hombres y mujeres en la Isla de Chipre, bajo mandato de la ONU. Es parte de nuestra política exterior. Destinamos observadores en misiones en el Sahara Occidental, en Medio Oriente, en la India y Pakistán, Colombia, todo bajo el mandato de la ONU. La premisa guía es la del multilateralismo. Frente a la propuesta de cooperar con el Ministerio de Defensa de otro país, se eleva la interconsulta a la Cancillería, para chequear lo que requiera revisión.

El miércoles pasado se reunió con un funcionario del departamento de Defensa de Estados Unidos ¿Cuál fue el objetivo del encuentro?

Argentina y Estados Unidos comparten una trayectoria en materia de asuntos internacionales para la Defensa. Me reuní con Steven Winkleman, agregado de Defensa, para puntear temas de agenda. Estuve en Estados Unidos a fines de noviembre para revisar la actividad conjunta. Estuve en el Pentágono con mi par, Daniel Ericson. La relación de Argentina con Estados Unidos es muy buena y sólida. Me dijo que el nuevo embajador quería reunirse con el ministro Taiana. Hicimos un repaso de los puntos que tenemos en la agenda bilateral. Pero antes recibí al agregado de Defensa de Italia. La semana pasada, al de Paraguay; antes al de Ecuador y Perú. En Argentina hay 49 agregados de Defensa. Somos un destino muy importante.

¿Cuál es esa agenda común “buena y sólida” en materia de Defensa con los Estados Unidos?

Incluye muchos aspectos. Como el de la formación: los Estados Unidos son el destino mayoritariamente elegido por los miembros de las Fuerzas Armadas para el perfeccionamiento en instrucción militar. Su desarrollo armamentístico para el desarrollo de la Defensa involucra tecnología avanzada. Estados Unidos es el destino clave para las Fuerzas Armadas en cuanto a los simuladores de vuelos, máxime que es muy escaso el desarrollo local de esa capacidad. Sobre todo contemplando el requisito de mantener cierto número de horas vuelo por año y el de cursos exigidos en simuladores. EEUU suele ser destino clave al respecto. Se realizan allí cursos y seminarios. Es fluido el intercambio en capacitación militar. 

¿Y con Rusia qué tipo de relación hay en Defensa?

El año pasado llevé adelante un convenio firmado por el Ministro Taiana. Es un acuerdo de formación militar en Rusia. Se va a poder elegir como otro destino para entender conocer su doctrina, para contar con otra instancia de formación, una capacitación que pueden ser doctrinaria y operativa. 

¿Y con China?

En el marco de la visita reciente de Alberto Fernández a China, se firmó un convenio entre la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF) y la Universidad de Defensa Nacional de China (UDN). Se trabajarán proyectos a la par. En el 2020, por impulso de la Universidad de Defensa Nacional y el Ministerio, impulsamos el programa estratégico sino-argentino (PESA). Eso da a quienes se forman en las Fuerzas Armadas argentinas una mirada amplia y concreta de lo que pasa con las principales potencias, como Estados Unidos, China y Rusia. Pero el aliado estratégico permanente de Argentina es Brasil. Fue el único con el que en 2020, en plena pandemia, hicimos un ejercicio conjunto. Fue concretado y aprobado por ley. 

¿China es un destino nuevo para las Fuerzas Armadas o ya estaba instaurado ese vínculo de cooperación?

China ya era un destino de formación. Pero a partir de la pandemia no habilitaron la incorporación de extranjeros en sus cursos. Sí había participación en los cursos del Estado Mayor. Con Rusia no teníamos convenio para que se pudieran formar y perfeccionar nuestras fuerzas. Se requería un acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa. Estados Unidos pide algo similar que ya estaba concretado, no es inusual. A partir de este año, empezará un intercambio con Rusia en Defensa. 

¿Qué tipo de intercambio militar habrá este año con Rusia?

Este año, la propuesta es que algunos representantes de cada fuerza se sumen a cursos cortos. Es lo que establecimos para arrancar. Estimamos que iremos avanzando en ese orden. A partir del segundo semestre Rusia va a recibir militares argentinos. 

¿La Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó un pedido de informes a raíz de ese acuerdo que usted condujo? 

Hubo pedidos y los contentamos. A mi modo de ver, ese pedido tuvo intencionalidad política. Porque hicieron un pedido de informes sobre los cursos acordados con Rusia, pero nunca sobre los que hicimos con Estados Unidos en todos los años. El año pasado, el 2021, se aprobaron varias comisiones de instrucción y capacitación en EEUU, que incluían simuladores de vuelo.

¿Cuántos militares argentinos se capacitaron en Estados Unidos en el 2021?

Fueron 174 militares argentinos. Y tenemos un docente en la escuela de West Point. Incluso en un año signado por la pandemia, en West Point se mantuvo un docente y dos integrantes de las fuerzas, formándose. El resto de los miembros de las fuerzas tienen diversos destinos: Texas, Florida, sobre todo allí para operar en simuladores de vuelo. También concurren a Washington.

¿China es una potencia militar?

Sí, tiene unas Fuerzas Armadas con numerosos integrantes y con equipamiento militar de avanzada. El avance tecnológico de punta presenta un correlato entre el aparato productivo y el de Defensa. Sus fuerzas cuentan con todo tipo de equipamiento moderno, muy competitivo, a la par del occidental pero de total y completa producción nacional. 

¿Estados Unidos es una potencia históricamente más belicosa que China hacia afuera de sus fronteras?

Son de distinta idiosincrasia, pero las Fuerzas Armadas de China además de muy modernas y con equipamiento de punta, conforman un factor de poder dentro del esquema de gobierno de China y del gobierno conducido por Xi Jinping.

¿El vínculo en temas de Defensa empalma con la adscripción del gobierno argentino a la nueva Ruta de la Seda?

Potencia la relación estratégica e integral. Además impacta positivamente en todas las agendas de cooperación de Argentina con China. A todos los países que adhieren a la Franja y la Ruta, China les da prioridad en el desarrollo de obras públicas y les asigna otros beneficios.

¿Cuál es el proyecto político de China en su expansión?

China busca un modelo de desarrollo que tiene sus propias características. Ellos hablan de socialismo con características chinas, es decir, desarrollo capitalista con fuerte presencia del Estado. Por su cultura milenaria,China aplica y lleva adelante sus propias categorías, que no son las propias del mundo occidental. Muestra enorme voluntad de interconectarse para obrar en el desarrollo de infraestructura, de poner en juego su tecnología de avanzada para equipar puertos, aeropuertos y no sólo en relación a las telecomunicaciones, también en inversiones destinadas a energías. Sus proyectos impactan también en el despliegue de sus esquemas financieros. Va acompañada del impulso financiero que le confiere al mundo. China no busca una sola cosa. Es el país que más gente incorpora a sus clase media todos los años, con cifras que superan todo lo consignado en la historia. Sus crecientes clases medias presentan progresivamente mayor demanda de consumo. Hasta la pandemia China era el país que más turistas “exportaba” al mundo. Turistas que al visitar otros países, prueban formas de vida que después demandan cuando vuelven al suyo. 

Alberto Fernández planteó ante Vladimir Putin cortar con la dependencia histórica de los Estados Unidos ¿No existe el riesgo de pasar de esa dependencia a la de China?

La política exterior Argentina no busca la dependencia de nadie. Creemos en la importancia del multilateralismo. No creemos en la dependencia de nadie. El multilateralismo no implica ningún tipo de dependencia. Sí plantea profundizar las relaciones con China, así como con Rusia, tal como hizo el canciller en EEUU, durante su visita. El despliegue de nuestra política tiene que ver con la identidad latinoamericana, con la búsqueda de mecanismos de integración regional. Si Latinoamérica logra consolidar mecanismos de integración, vamos a ser más fuertes ante China, Rusia y EEUU. Alberto Fernández fija un posicionamiento de política de Defensa: defensiva, cooperativa, estratégica. Esto permite mantener la equidistancia de las grandes tensiones del mundo, tensiones geopolíticas, en un mundo desigual en su distribución de la riqueza, en su concentración y en sus densidades demográficas. 

En la provincia de Neuquén hay una base científica que pertenece a China. ¿Ese acuerdo involucra a los ministerios de Defensa?

Nunca fue tema de agenda bilateral para la política de Defensa, nunca fue conversación con el agregado de Defensa de China, ni punto de trabajo con mi par. Tampoco para Taiana con su par de Defensa. Además es una estación espacial. En Mendoza hay una base similar de la Unión Europea. Tenemos una geografía privilegiada. 

El 2 de abril próximo se cumplirán 40 años de la Guerra de Malvinas. ¿En qué instancia se encuentra el reclamo argentino de soberanía sobre las islas? 

Hay una agenda impulsada por el Gobierno que le da centralidad al reclamo del ejercicio soberano. Estamos haciendo el trabajo que hay que hacer. Tenemos que hablar de Malvinas en todo sentido: desde la soberanía, desde el conflicto, desde reconocer a nuestros héroes y desde la posición geopolítica de las islas. Y dejar bien en claro y reafirmar que el reclamo político y pacífico y diplomático tiene rango constitucional. Las Malvinas son para el pueblo parte de la Argentina. Es parte de nuestra identidad. Atraviesa edades y religiones. Hacemos bien como pueblo en ponerlo en agenda, discutirlo, que un reclamo nacional legítimo sea acompañado por la comunidad internacional. No hay lugar para el colonialismo en el siglo XXI.

¿Argentina al final compró los aviones que tenían partes hechas en Gran Bretaña?

No. En 2020 llegó una oferta de Corea por aviones de combate. A la Argentina le interesó la oferta. Empezamos las tratativas pero, al contener componentes británicos, el Reino Unido lo impidió. Hay un veto permanente desde 1982 por parte de Gran Bretaña a la venta de armamento a la Argentina. 

¿Qué otra compra de armamento está en marcha?

Estamos evaluando la compra de vehículos blindados para el Ejército. Ya incorporamos patrulleras rápidas desde Francia, vitales para el control marítimo. Y hay sistemas que permanentemente van llegando: aviones de transporte ligero que sirven para vigilancia; incorporamos el Boeing 737, modernizamos los Hércules, camiones de transporte. Desde la sanción de la ley del Fondo Nacional de la Defensa (Fondef) en 2020, la equipación es contundente. Con la gestión de Macri se perdió la capacidad submarina con una tragedia. Va a llevar tiempo superarlo. El ministro Taiana tiene la decisión de tener capacidad supersónica en los aviones. Y Argentina está evaluando distintas propuestas que llegaron desde China, Rusia, la India, y está llegando una desde Estados Unidos. Falta probar los aviones, verlos, etc. Queremos recuperar esa capacidad. 

¿Por qué es importante para Argentina tener aviones militares supersónicos?

Somos la octava superficie del mundo. No tener capacidad supersónica es desperdicio. Además Chile, Brasil, Perú y Colombia la tienen. 

Se suele hablar de la familia militar, en referencia a las entre 500 mil y un millón de personas vinculadas a las Fuerzas Armadas, entre las personas activas, jubiladas y el grupo familiar. ¿Existe una mirada y una ideología homogénea y de derecha en ese universo?

Es una simplificación. Tenemos unas Fuerzas Armadas muy bien instruidas, que respetan sin dudar la Constitución. Unas Fuerzas absolutamente comprometidas con la democracia. Y buscamos consolidar el camino de las Fuerzas Armadas institucionales. No buscamos Fuerzas Armadas con mirada ideológica, ni nacional y popular, ni liberal. Tienen que estar integradas por personal absolutamente profesionalizado, con respeto por la Constitución, con compromiso con la democracia y mucha institucionalidad. Nuestros cascos azules son de las fuerzas más requeridas en el mundo. Es por su alto nivel de formación y compromiso con el trabajo en cada misión. Y por la empatía que tienen con la población en amenaza. Eso no habla de una camada, sino de una identidad. 

¿Cuál fue el cambio de trazo grueso respecto a la política de Defensa que tenía el gobierno de Macri?

Que ahora hay una política de Defensa. Se impulsó el fondo Nacional de Defensa por ley. Es la primera vez que las Fuerzas Armadas cuentan con un fondo específico para equipamiento. Es una iniciativa impulsada por Agustín Rossi que ahora profundiza Taiana. Fue impulsado por ley, con el consenso de la política. Se estableció que se las vaya re-equipando y, a su vez, produciendo equipamiento. Por ejemplo, producimos aviones de combate. El Pampa 3, en FADEA. El Astillero Tandanor, que la administración de Macri quería vaciar, repara barcos, lanchas y remolcadores y se puso de pie. Planteamos incorporar equipamiento del extranjero pero con tecnología para que eventualmente se pueda desarrollar en Argentina. Eso es tener una política. La regularización de haberes del personal militar, que impacta en los retirados. Hasta el 2020 una parte importante se cobraba en negro. Planteamos muchas diferencias con respecto a lo que era la administración anterior. Además, producto de la pandemia, las Fuerzas Armadas tuvieron un despliegue importante para asistir a la comunidad.

AF