Al menos siete personas murieron durante un tiroteo en un supermercado Walmart en Chesapeake, Virginia, y uno de los fallecidos es el atacante, según informaron este miércoles autoridades de la ciudad estadounidense.

El episodio ocurrió en la noche del martes y los agentes llegaron a la tienda poco menos de una hora antes de cerrar, alrededor de las 22:12, tras un llamado al 911 y se encontraron a las víctimas, indicó a CNN el agente de información pública de la Policía de Chesapeake, Leo Kosinski.

En tanto, cinco personas fueron trasladadas al Hospital General Sentara, en las cercanías de Norfolk, añadió un portavoz de Sentara Healthcare a WTKR.

“Estamos conmocionados por este trágico evento en nuestra tienda de Chesapeake, Virginia”, dijo Walmart a través de un comunicado en el cual añadió: “Estamos orando por los afectados, la comunidad y nuestros asociados. Estamos trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden y estamos enfocados en apoyar a nuestros asociados”.

Joetta Jeffery le dijo a CNN que su madre, Betsy Umphlett, le envió mensajes de texto desde el interior de la tienda durante el tiroteo, alertándola de que alguien había empezado a disparar.

“Estoy llorando, estoy temblando. Acababa de hablar con ella sobre comprar pavos para el Día de Acción de Gracias, luego llegó este mensaje de texto”, agregó, a la vez que comentó que su madre está ilesa, pero en estado de shock.

El tiroteo en Virginia se produjo tres días después de que una persona abriera fuego en un club nocturno gay en la ciudad de Colorado, asesinando a cinco personas e hiriendo a 17 y ese tirador fue arrestado después de que los clientes del club lo detuvieran.

Ambos casos, se producen en un año en que Estados Unidos se vio sacudido por la muerte de 21 personas en un tiroteo en una escuela de Uvalde, Texas.

Con información de agencias.

IG

Pese a que el conflicto parecía trabado, el sindicato de Camioneros llegó hoy a un acuerdo con la firma supermercadista Walmart, cuyas operaciones en la Argentina fueron compradas a fines del año pasado por el empresario Francisco De Narváez. La empresa accedió al pedido de Pablo Moyano de que se le pague a los trabajadores de su gremio un monto extraordinario en concepto de indemnización por el traspaso de manos de la firma, proceso en el que se se renuevan los contratos y se pierde antigüedad. 

Si bien fuentes oficiales señalaron que el acuerdo entre las partes “es un hecho”, por estas horas estaba pendiente todavía la firma del ministro Claudio Moroni para terminar de sellarlo. Consultados por este medio, en Walmart (que, tal como se acordó en la venta, deberá dejar de usar ese nombre en la Argentina) prefirieron no dar detalles al respecto. 

Según anticipó en el portal especializado InfoGremiales el periodista Jorge Duarte, Walmart compensará a cada representado por Camioneros y el monto, que se pagará en cuotas, se definirá de acuerdo a la antigüedad. Comenzarán en los $110.000, pero el promedio superaría los $300.000.

El centro del conflicto era, justamente, la antigüedad de los trabajadores. Si bien había algunos con más de 20 años en la firma, el cambio de manos avaló a la empresa a reiniciar los contratos, retirando de sus cómputos laborales ese concepto. Por eso, Moyano exigía algo que no está contemplado en la legislación laboral, pero que el sindicato que él conduce ya logró en ocasiones anteriores: que la empresa que gana una nueva concesión o cambia de accionistas despida al personal, lo indemnice de acuerdo a la normativa vigente y lo vuelva a contratar. En este caso, se exigía la doble indemnización que rige actualmente.

Si bien no fue eso lo que se acordó, el líder sindical consiguió una compensación que lo dejó conforme y se disipa la posibilidad de la implementación de un paro que afecte la distribución de mercadería.

Antes del acuerdo, en el Ministerio de Trabajo mostraban una posición intermedia. Reconocían que no había ninguna razón legal para que la empresa cumpliera con el pedido de Moyano, pero consideraban que el reclamo era “legítimo”. 

MT

Vencida ya la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo, la firma supermercadista Walmart y el sindicato de Camioneros que conduce Pablo Moyano no lograron ponerse de acuerdo en la última conciliación convocada el jueves y, si bien la negociación continúa, se vuelve una posibilidad concreta la instrumentación de un paro general de los trabajadores.

El centro del conflicto, que lleva ya más de un mes, es la antigüedad de los transportistas que trabajan en la cadena de supermercados, cuya operación en la Argentina fue comprada a la firma estadounidense por el grupo que conduce el empresario Francisco De Narváez el año pasado. 

Si bien hay trabajadores que tienen más de 20 años de antigüedad, el cambio de manos avala a la empresa a reiniciar los contratos, retirando de sus cómputos laborales ese concepto. Por eso, Moyano exige algo que no está contemplado en la legislación laboral, pero que el sindicato que conduce ya logró en ocasiones anteriores: que la empresa que gana una nueva concesión o cambia de accionistas despida al personal, lo indemnice de acuerdo a la normativa vigente y lo vuelva a contratar. 

“Hay trabajadores con más de 20 años de antigüedad; ese es nuestro capital, el de los trabajadores”, dijo esta semana Oscar Borda, secretario de la Rama Logística de Camioneros, en una asamblea de la que participó Pablo Moyano. Según anticipó, esperarían algunas horas más antes de avanzar con medidas de fuerza, dentro de las cuales se evalúa desde un quite de colaboración a un paro general. Con mayor o menor alcance, todas tendrían un impacto en el abastecimiento de los supermercados. 

El conflicto involucra directamente a alrededor de 500 trabajadores que tienen su base de operación en el centro de distribución de la empresa en la localidad bonaerense de Moreno. Según pudo saber este medio, la empresa ofreció pagar un monto por trabajador, dependiendo la antigüedad de cada uno, pero la propuesta fue rechazada por el sindicato por ser inferior a lo que correspondería si las bajas se liquidaran de acuerdo a la normativa de doble indemnización vigente. 

En el ministerio que conduce Claudio Moroni aseguran que la negociación está “muy trabada”, pese a que las partes mantuvieron la “paz social” y siguieron negociando aún cuando la conciliación obligatoria dictada venció el lunes pasado. La cartera laboral no puede prorrogar la medida de ni dictar otra conciliación sobre el mismo conflicto; justamente el objetivo de esa herramienta es establecer un plazo para que las partes acuerden y, mientras tanto, retrotraer la situación al inicio de la disputa. 

Frente al conflicto, Moroni tiene una posición intermedia. Reconoce que no hay ninguna razón legal para que la empresa cumpla con el pedido de Moyano, pero considera que el reclamo es “legítimo”. “Aunque haya cambiado la razón social, la antigüedad sigue corriendo, aunque no hay una ley que obligue a la empresa a reconocerla”, explican cerca suyo. 

DT