La Secretaría de Comercio fijó nuevos precios de referencia sin impuestos de la harina a la salida del molino, a través de la resolución 29/2022 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, en el marco del Fondo estabilizador del trigo argentino (FETA).

Así, los valores que rigen ahora para las bolsas de 25 kilogramos quedaron en $ 1.472 para la harina 000 y en $ 1.767 para el tipo 0000; en tanto que para la harina tapera y semolín se fijó en $ 1.914.

En el caso de la tonelada, se estableció en $ 57.776 para la harina 000 y en $ 69.355 para la 0000; y para tapera y semolín $ 75.124.

En todos los casos se trata de incrementos que rondan entre el 3,88% y el 3,94%, de acuerdo con el tipo de harina respecto de los últimos precios fijados el último 13 de septiembre, mes en el cual se realizó un incremento del 9% para todas las variedades.

Las subas tienen en cuenta como referencia la variación del precio FAS del trigo en un 40%, la variación mensual de la inflación mayorista en un 30% y la variación mensual de los salarios en el otro 30%.

Los precios son sin impuestos, a la salida del molino, sin costos de entrega, y a ellos se les debe incorporar los siguientes costos logísticos por región: ciudad y provincia de Buenos Aires, 3,50%; Centro, Cuyo y Litoral, 5,50%; NEA y NOA, 7% y Patagonia, 10,5%.

El FETA se dispuso mediante el decreto 132/2022 del 19 de marzo pasado, “debido el aumento sostenido del precio de los alimentos” que “impactó fuertemente en el trigo, el maíz, el girasol y sus derivados a partir del inicio del conflicto bélico entre la Federación de Rusia y Ucrania”

La implementación de los precios subsidiados procura garantizar un valor de referencia para el trigo en el mercado interno, “que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan”.

El incremento de los precios de referencia de este mes, señala la resolución en sus considerandos, busca “mejorar el impacto de la herramienta tanto en la estructura de costos como en el producto al consumidor”.

Para ello, es “necesario aumentar la oferta de la harina con compensación en el mercado y, asimismo, actualizar sus valores para que sean consecuentes con la evolución del resto de los componentes del costo de los productos derivados de la harina de trigo”.

La financiación del fondo se obtiene a partir de lo recaudado tras la quita en marzo último del diferencial en las retenciones que tributaban los productos industrializados de soja respecto del poroto, equiparándose en el 33% que tributa este último.

Con información de Télam.

IG

Justo en los días en que el Gobierno está poniendo en marcha el fideicomiso del trigo para subvencionarle el precio a los molinos de harina y abaratar así el pan y las pastas, la Secretaría de Comercio Interior sancionó a una de las principales empresas del sector, Molino Cañuelas, y a la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), la Cámara de Industriales Molineros (CIM) y la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Molineras de la República Argentina (Apymimra) con multas por un total de $445 millones por concertar “conductas anticompetitivas” en el marco de un “cartel institucionalizado”. La medida se dispuso a través de la Resolución 332/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial y suscripta por el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien días atrás tuvo un cruce con los empresarios del sector, a los que acusó de “estrangular al abastecimiento de harina”. La medida de Feletti responde a su vez a un largo dictamen de 111 páginas que sentenció la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia el pasado 18 de marzo a partir de una denuncia de 2017.

Las multas son de $150 millones a Molino Cañuelas, la empresa de los Navilli; el mismo monto para FAIM; $93 millones para CIM y $51 millones para Apymimra, y son el corolario de un proceso administrativo iniciado el 4 de abril de 2017, con la denuncia de Industrias Medianas y Pequeñas Unidas Locales SA (Impulsar) ante Defensa de la Competencia. El pago de las sanciones deberá hacerse efectivo dentro de los diez días hábiles desde la notificación (es decir hasta el 21 de abril), y Comercio Interior instó a las partes a que “cesen y se abstengan de realizar acuerdos de fijación de precios e intercambiar información sensible, en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo”.

Una vez conocida la medida, la FAIM manifestó a través de un comunicado de prensa su rechazo a la sanción, a la que consideró “groseramente arbitraria” y adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan”. Para la FAIM, la multa es “exorbitante e infundada” y la resolución “carece del más básico sustento fáctico y jurídico” y “está sancionando un hecho que nunca ocurrió”.

“Más allá de la ilegalidad de la decisión, FAIM está convencida de que la resolución de mención responde a otros intereses, que exceden el adecuado marco jurídico y el debido proceso, toda vez que dicha resolución tiene como antecedente un proceso administrativo iniciado en 2015 en donde las partes presentaron todas las pruebas y evidencias de que no hubo ningún hecho a sancionar”, sostuvo. Por tal razón, la entidad adelantó que “recurrirá a todas las instancias judiciales que la amparan” para obtener un pronunciamiento judicial que “ponga fin” al actuar “arbitrario de la Secretaria de Comercio Interior”.

En relación a la sanción, la Resolución 332/2022 da cuenta del expediente por un hecho ocurrido el 13 de agosto de 2015, cuando, en el marco de la “Fiesta de la Harina” llevada a cabo en el Hotel Sheraton de Buenos Aires, las cuatro partes denunciadas y “por lo menos 107 empresas” sellaron el denominado “acuerdo general de la libre competencia en el sector molinero”, que implicaría la fijación de precios mínimos en forma convenida por todo el sector, en lo que Comercio Interior consideró un “cartel institucionalizado”. A partir de entonces, se indica en los considerandos de la resolución, “comenzó un accionar de prácticas anticompetitivas” por parte de Molino Cañuelas, organizando reuniones de precios convocadas por FAIM que “habrían perseguido la subordinación de parte de los pequeños molinos con la amenaza de eventuales sanciones institucionales y sus potenciales perjuicios y consecuencias económicas”.

Impulsar sostuvo que FAIM “está al servicio de un oligopolio y es conducida con un estatuto que establece un mecanismo de decisión en base a la capacidad de molienda”, y en consecuencia “el más grande decide y los demás acatan”. Asimismo, aseguró que Molino Cañuelas “limita, distorsiona y restringe la libre competencia en el mercado y el desarrollo de fuentes de trabajo generadas por los pequeños y medianos molinos, esenciales para el funcionamiento y la sustentabilidad de la economía nacional”.

De acuerdo con el dictamen de la CNDC, “las conductas anticompetitivas imputadas tuvieron lugar en todo el territorio nacional en el período comprendido, desde octubre de 2014 hasta, al menos, abril de 2017”. Esas conductas configuraron “una práctica colusiva horizontal entre las imputadas, para la fijación de precios mínimos de venta e intercambio de información sensible, con el objeto de limitar la competencia entre las empresas molineras en el mercado de la molienda de trigo y la comercialización de harina de trigo en todo el territorio nacional, resultando perjudicial para la libre competencia y el interés económico general”, señaló Comercio Interior en la resolución.

“Un acuerdo de las características del aquí analizado requiere de un coordinador con peso suficiente en el mercado que brinde cierta estabilidad, en nuestro caso, la firma Molino Cañuelas”, remarcó. Si bien la multa fijada a la empresa fue de $150 millones, por tratarse del máximo legalmente permitido, Comercio Interior aseguró que “a partir del cómputo de un 20% sobre ventas netas de harinas de trigo para el año 2017, es decir, tomando el porcentaje mínimo del rango recomendado a nivel internacional para casos de carteles, ascendería a la suma de $1.083 millones”.

AR/CC

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez defendió la suba de las retenciones al aceite y harina de soja y la creación de un “fondo de estabilidad” -que, dijo, quedará a cargo de la secretaría de Comercio interior- para mantener el precio del pan. Las medidas, anunciadas hoy en el Boletín Oficial, son “temporales”, confirmó el ministro.

Domínguez dijo que el Gobierno tiene la decisión de “no tocar las retenciones de maíz, trigo, soja y aceite de girasol”. “Cada vez que se afectaron las retenciones la Argentina cayó en su intención de siembre”, aseguró.

En una conferencia de prensa en el ministerio, Domínguez justificó las medidas en el alza de los precios internacionales del trigo producto de la guerra en Ucrania y buscó llevar tranquilidad a los productores. “A los productores, que se queden tranquilos. La filosofía de este ministerio es defender a la gallina de los huevos de oro”, dijo Domínguez, en alusión a la dinámica productiva de sector agropecuario. “Vamos a trabajar para que el productor tenga previsibilidad”, sostuvo.

“El Presidente de la Nación nos encomendó a sus ministros la tarea de instrumentar las medidas necesarias para estabilizar al precio del trigo a valores prebélicos mientras duren las consecuencias del aumento a causa de la guerra y desacoplar el precio argentino de los precios internacionales”, dijo Domínguez.

Domínguez afirmó que se busca “desacoplar” el precio interno de los precios internacionales con dos objetivos, “tratar de cuidar a los consumidores” y que esta medida “no perjudique a los productores”. Y destacó que con estas iniciativas el Gobierno está “contribuyendo al bien común”.

El titular de Agricultura precisó que se estableció “la suspensión temporaria del diferencial de los derechos de exportación de harina y de aceite de soja del decreto 790/2020”, y que “esta suspensión de estos derechos de exportación harán que vuelvan al 33%, porcentaje que ya las empresas le descuentan al productor”.

“El Presidente ha decidido la creación del Fondo Estabilizador Temporal del Trigo Argentino, cuya instrumentación y administración quedará a cargo exclusivamente de la Secretaría de Comercio Interior, que constituirá un fondo fiduciario al respecto y dará en los próximos días las indicaciones”, continuó Domínguez.

El ministro aseguró que el aumento en las retenciones afecta a “11 empresas exportadoras, de las cuales 8 representan el 95% del total de las exportaciones”. “Apelo a la solidaridad y al sentido común”. dijo.

El Gobierno oficializó este sábado la suba en las retenciones a las exportaciones de aceite y la harina de soja. Lo hizo mediante un decreto por el cual modificó el actual esquema de retenciones a partir de la quita del diferencial a los productos industrializados dentro del complejo sojero.

De esta manera, el aceite y la harina de soja pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año. El domingo pasado, el Gobierno había dispuesto la suspensión de las exportaciones de los dos derivados de la soja, lo que fue interpretado como la antesala de la suba en las retenciones.

“Estamos trabajando para darle a la gallina de los huevos de oro de este país, que es el productor, la previsibilidad y la confianza que requiere”, dijo Domínguez. “Estamos convencidos de que estamos en este esfuerzo contribuyendo al bien común”, aseguró.

 “Respecto de los productores argentinos que han provocado una cosecha récord en trigo, hemos decidido abrir los registros de exportación de la cosecha 22-23 por un total de 8 millones de toneladas de trigo que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas. Con esta decisión pretendemos lograr el objetivo de darles previsibilidad para la próxima siembra y lograr un nuevo récord de producción”, sostuvo. 

El Gobierno oficializó la suba en las retenciones a las exportaciones de aceite y la harina de soja. Con un decreto. modificó así el actual esquema de retenciones a partir de la quita del diferencial a los productos industrializados dentro del complejo sojero.

De esta manera, el aceite y la harina de soja pasarán de tributar 31% al 33% en concepto de derechos de exportación, lo que implica una suba de dos puntos en la alícuota, hasta, por lo menos, el 31 de diciembre de este año. El domingo último, el Gobierno había dispuesto la suspensión de las exportaciones de los dos derivados de la soja, lo que fue interpretado como la antesala de la suba en las retenciones.

Otro decreto dispuso además la creación de un “fondo de estabilización” para para mantener bajo el precio de la harina de trigo en el mercado interno, anunciado la noche del viernes por el presidente Alberto Fernández en lo que dio en llamar la “guerra contra la inflación”. Se trata del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, destinado a estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos. Será financiado con el aporte de la suba a las retenciones.

El Gobierno busca reducir el impacto local de la fuerte suba del precio internacional del trigo, disparado por la guerra entre Rusia y Ucrania, países que concentran casi el 29 por ciento de las exportaciones mundiales del cereal. El aumento del precio de los alimentos acelera además la inflación en la Argentina, que anotó en febrero una suba de 4,7% y acumula un 52,3% en los últimos 12 meses. Durante el gobierno de Alberto Fernández la inflación acumula más de un 120%.

La creación de un fondo para controlar el precio de la harina y el pan fue la única medida que dio a conocer el Presidente en su mensaje del viernes. Fernández postergó otros anuncios destinados a controlar la inflación. Se esperaba, con todo, que este sábado el ministro de Agricultura Julián Domínguez diera a conocer el aumento en la retenciones a los derivados de la soja.

“Momento bisagra”

“Estamos en un momento bisagra de la historia argentina y mundial. Me doy cuenta que hoy se suman nuevas tensiones a viejos desafíos que no supimos o pudimos encarar de los cuales la inflación es un fenómeno histórico en la Argentina, casi una maldición con la que muchos y muchas hemos crecido”, planteó el Presidente en su mensaje de anoche.

“La batalla es contra los especuladores y los codiciosos” por lo el Gobierno, dijo, no va a dejar de “controlar y fiscalizar precios” e incluso “aplicar la ley de abastecimiento” si lo considera necesario. “Sería absurdo cargar en la guerra la culpa de nuestra inflación. Pero la verdad es que está incidiendo negativamente y causando mayores problemas”, dijo Fernández. “La inflación es un serio problema para los argentinos y argentinas y la guerra lo agrava”.

El incremento de los precios del trigo “haría que aumenten los costos de producción del pan, de los fideos, de la harina que millones de argentinos y argentinos” consumen, detalló el Presidente al señalar que, ante esta suba y la de otras materias primas, su objetivo es “proteger a los argentinos de este fenómeno inesperado y que ojalá sea transitorio”. “He decidido constituir un fondo de estabilización con el objetivo de evitar el traslado de esta suba del precio internacional al precio que pagan los argentinos y argentinas”, anunció Fernández.

“La nueva coyuntura internacional impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”, se destaca en los considerandos de la medida.

Así, dice el decreto, se propicia la creación de un Fondo Fiduciario Público “que tenga por objeto garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Con información de Télam

El Gobierno oficializó por medio del decreto 131/2022 la suba de las retenciones según se publicó este sábado en el Boletín Oficial, como parte de la serie de medidas anticipadas este viernes para combatir la inflación por el presidente Alberto Fernández en un mensaje grabado. Según el texto, se suspende “hasta el 31 de diciembre” el decreto 790 de 2020 en el que se reducía las alícuotas de exportación de harina y aceite de soja al 31% y volvió a reponer el valor de 33% fijado en el decreto 230 de mayo de ese año.

Además, con el decreto 132, se oficializó la creación del Fondo Fiduciario Público Estabilizador del Trigo Argentino, “con el objetivo de estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.

El Contrato de Fideicomiso del Fondo será suscripto por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la cartera a cargo de Matías Kulfas, “y la entidad pública, entidad bancaria pública o sociedad controlada que designe la Autoridad de Aplicación en calidad de fiduciario”.

En sus considerandos, el Gobierno argumenta que “la nueva coyuntura internacional (en referencia a la guerra en Ucrania tras la invasión rusa y sus consecuencias económicas) impone la toma de medidas urgentes que coadyuven a la estabilización de los precios internos de productos esenciales para la alimentación de los argentinos y las argentinas, así como mantener un volumen adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno, fomentando una mayor producción de estos bienes en la cadena que va desde el productor primario y la productora primaria hasta los consumidores y las consumidoras finales”.

Asimismo, asegura que el Fondo Estabilizador pretende “garantizar un patrimonio de afectación específica que contribuya a mitigar el alza del precio de la tonelada de trigo que requiere la cadena de molienda argentina, considerando los valores, anteriores al conflicto, de las mercaderías involucradas”.

Del alcance del Fondo quedarán excluidas las 800.000 toneladas de harinas destinadas a la exportación previstas en el fideicomiso privado creado el 4 de marzo por una resolución conjunta de los ministerios de Desarrollo Productivos y de Agricultura, Ganadería y Pesca, así como también los productos del Programa de “Precios Cuidados” de acuerdo al fideicomiso de referencia.

En tanto, el Fondo Estabilizador del Trigo se solventará con la suba de retenciones temporal establecida en el decreto 131, “cuyo objetivo será estabilizar el costo de la tonelada de trigo que compran los molinos argentinos”.

Por más que la guerra de Ucrania ocurra a más de 12.000 kilómetros de la Argentina, aquí la población también la sufre. Y no sólo por la solidaridad con el padecimiento ajeno. También en los precios de una inflación que ya estaba recalentada en un 50% anual. El alza de las cotizaciones internacionales del trigo -que producen Rusia y el país invadido- y del petróleo -sobre todo ahora que Estados Unidos prohibió la importación del crudo ruso- ya está repercutiendo por estas latitudes tan lejanas.

Desde que hace dos semanas estalló el conflicto bélico, el pan en la Argentina subió de un rango de $ 180 a 200 el kilo a uno de entre $240 y 300, según el presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora. Es decir, un incremento de entre el 33% y el 36%. Sucede que a las panaderías se les encareció la bolsa de 25 kilos de harina de $ 1.050/1.100 a $2.100/2.300, o sea, al doble. Se trata de un aumento mucho mayor al 40% del trigo a nivel internacional.

Antes de este salto del cereal, el Gobierno ya venía gestionando la creación de un fideicomiso para que los exportadores del grano y sus derivados subvencionaran con las ganancias extraordinarias del alto valor mundial la venta interna de fideos y harina a precios moderados. El instrumento comenzó a aplicarse la semana pasada. Pero el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, admitió ayer que deberán adoptar medidas adicionales. Es que no alcanza.

La harina al consumidor se encareció en dos semanas un 12%, aunque las evoluciones son dispares según el comercio, comenta Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). En las grandes cadenas de supermercados admiten que la harina y el pan están subiendo por encima de la inflación, pero señalan que en los almacenes rivales, en los que no rige el fideicomiso, los valores se dispararon aún más.

También se encarece el petróleo: un 29% desde que estalló la guerra, hasta alcanzar los US$ 122 el barril Brent. Desde noviembre pasado que se han intensificado en la Argentina los reclamos de las petroleras al Gobierno para actualizar los precios de naftas y gasoil. La reciente suba profundizó las quejas. Las empresas que más presionan son las que carecen de suficiente producción de crudo propio en el país, como Shell, Puma, Dapsa o Gulf. YPF y Axion, que pertenece a Pan American Energy, se encuentran en otra posición porque se proveen de sus pozos.

En invierno sobrevendrá el problema de la falta de gas. La satisfacción de la demanda base está garantizada a precios muy bajos por el plan oficial GasAR. Pero la industria corre el riesgo de pagar mucho más o incluso directamente no conseguir abastecimiento y tener que interrumpir su funcionamiento. El gas natural licuado (GNL, que se transporta en embarcaciones) se importó en el invierno pasado a US$ 8 el millón de BTU (unidad de medida), pero ahora cuesta para julio unos US$62. Además, se prevé que el país, por el crecimiento económico, necesitará importar 20% más de gas en barcos, según el economista Carlos Abihaggle. Por eso, los expertos descuentan que empeore el balance comercial energético y terminen aumentando los subsidios a la luz y el gas, en contraposición al compromiso de rebajarlos asumido en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Para 2023, debería estar terminado el gasoducto Néstor Kirchner para poder extraer más gas de Vaca Muerta y llevarlo hasta la provincia de Santa Fe, de modo de abastecer al mercado interno y también exportar en barco, pero recién ahora está abriéndose el proceso de licitación para construirlo.

AR  

En el equipo económico del Gobierno no están de acuerdo con el ala política de tensar la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) hasta el vencimiento de deuda del 22 de marzo. Quieren cerrar en las próximas semanas porque temen que la actual disparada de los dólares paralelos recaliente aún más una inflación que marcó el 3,8% mensual en diciembre pasado. Un eventual pacto definirá elementos que hacen a lo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, considera clave para una política antiinflacionaria: reducción gradual del déficit fiscal -el FMI pide más-, la consiguiente disminución de la emisión monetaria -es lo que más inquieta al Fondo-, la depreciación paulatina del peso sin saltos bruscos -cada vez más difícil- y la coordinación de expectativas -es decir, acuerdos de precios y salarios con empresarios y sindicalistas, algo que el organismo internacional ha aceptado pese a su matriz ortodoxa de pensamiento-.

Si la decisión política consiste en estirar la negociación para ceder menos o directamente no acordar, no se descartan medidas para controlar el contado con liquidación (CCL), el mercado para girar divisas al exterior al que recurren más y más los importadores ante la falta de divisas en la plaza oficial. Vaya paradoja que con un superávit comercial de US$ 14.750 millones en 2021, en parte alentado por los altos precios de las materias primas agrícolas, las reservas del Banco Central se hayan mantenido casi sin cambios el año pasado: las debilitaron los pagos de deuda externa, incluido el préstamo récord que el FMI otorgó al gobierno de Mauricio Macri en 2018, y las intervenciones en el CCL.

Pero además de la receta ortodoxa contra la inflación, el Gobierno aplicará la heterodoxa. Un poco porque en el fondo coincide con la visión de Guzmán y un poco para quitarse la responsabilidad de los malos índices, el cristinista Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, suele aclarar que su cartera sola no puede bajar todos los precios sino sólo generar un ancla de referencia más dentro de una estrategia más amplia. Destacan que los Precios Cuidados o los medicamentos regulados se encarecieron menos que el índice de precios al consumidor (IPC) en los últimos meses.

El propósito de Feletti consiste ahora en extender los Precios Cuidados de los grandes supermercados a los chicos, crear la próxima semana una canasta de precios regulados de carnes, tanto de los siete cortes populares bovinos como la aviar, y al mismo tiempo poner en marchar un fideicomiso privado por el que lo exportadores de maíz y trigo subvencionen con lo que ganan en las exportaciones los precios internos del aceite -como ocurrió hasta ahora- y de la harina y los fideos -lo que constituiría una novedad-. La discusión está abierta porque el sector privado se resiste a extender demasiado el universo de los productos subvencionados, como el maíz para alimentar el pollo o el pan.

En el equipo económico admiten que la única forma efectiva de bajar la inflación en una economía bimonetaria en la historia reciente argentina ha consistido en anclar el tipo de cambio, pero advierten que esa estratregia choca con la falta de reservas del Banco Central. Por tanto, la descartan. Además, en 2021 tampoco resultó lo suficientemente efectiva para evitar un 50,1% de inflación. Atribuyen el alza del año pasado al boom de la inflación mundial, con países desarrollados y latinoamericanos batiendo récords de cuatro décadas. En una economía como la Argentina, que venía de un 36% de inflación en 2020, el shock de las cotizaciones de las materias primas agrícolas, mineras, energéticas e industriales -que se nominan en dólares- provocó un impacto en los precios locales tan fuerte como los que provoca una devaluación del peso, como en marzo de 2021, con un 4,8%. Así es que el IPC saltó 15 puntos en 2021, casi 50% más que el año anterior. En Estados Unidos se disparó del 1,2% en 2020 al 7% en 2021 y en Brasil, del 4,5% al 10%.

En el Gobierno descartan como inviable una baja brusca de la inflación. Sólo aspira a una reducción gradual y admiten que el principal factor que los puede ayudar radica en que este año no se prevén nuevos saltos de los commodities. También consideran que muchas empresas de alimentos, medicamentos e indumentaria recompusieron márgenes en 2021, las primeras sobre todo tras la finalización de los Precios Máximos vigentes en la cuarentena. En una reunión de principios de enero, Guzmán, Feletti, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, les pidieron a los empresarios de la alimentación que este año no respondan a la mayor demanda con remarcaciones de precios sino con incrementos de producción. Los funcionarios aspiran a que bajen un poco los márgenes esta vez. También descartan que aumentos graduales del dólar oficial o los anunciados incrementos de la luz y el gas muy por debajo de la inflación (20%) impidan recortar algo el IPC de 2022.

Por lo pronto, Feletti quiere evitar que las compañías se salten los Precios Cuidados con el lanzamiento de productos similares, pero con pequeñas variaciones de peso o ingredientes, con los llamados “mellizos”. En su secretaría se han abierto seis expedientes al respecto a partir de las 100 inspecciones diarias que Comercio Interior practica en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el doble de las que se hacían antes de su llegada al cargo. También los consumidores pueden denunciar por e-mail, app o redes sociales.

Pero los productos mellizos representan sólo una anécdota frente al fenómeno inflacionario. En 2021 hubo productos y rubros que aumentaron incluso muy por encima de la inflación del 50,8%: carnes (60%), leche y huevos (61%), café, yerba y té (61%), indumentaria y calzado (67%), autos (74%), educación (62%) y restaurantes y hoteles (68%). Habrá que ver si el Gobierno logra vencer los pronósticos de 55% de inflación previsto por bancos, consultoras, universidades y think tanks en el relevamiento de expectativas de mercado (REM) del Banco Central.

AR

La harina Fortivac está fortificada con Vitamina B6 y Zinc, se desarrolló en su totalidad con ingredientes nacionales y no contiene aditivos químicos. Se vende en tres variedades: 000, 0000 y leudante. Morixe y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) trabajaron un año en este “superalimento”, que hoy se produce regularmente en la planta que la empresa tiene en Benito Juárez. La harina ya se puede comprar en Argentina y puede usarse en la preparación de panificados, pastas, pizzas, empanadas y más. Estará disponible próximamente en supermercados y dietéticas de Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay.

Según un informe de la Asociación Latinoamericana de Industriales Molineros, Argentina y Uruguay son los países con mayor consumo de harina en la región; la cifra de consumo anual llega a 90 kilos por cabeza. Por eso, el objetivo del INTI y de Morixe fue mejorar el perfil nutricional del producto, fortificándolo con proteínas y fibras de origen natural.

Mariana Sanchez, coordinadora de proyectos vinculados a alimentos del INTI, dijo: “Buscamos obtener un producto que en lo que se conoce como una porción de pan (equivalente a 50 gramos) aporte proteínas con un determinado perfil de aminoácidos establecidos por Naciones Unidas. Para lograrlo, tuvimos que sustituir parte de la harina de trigo por otras materias primas como arveja amarilla, soja y derivados tanto lácteos como de huevo”. 

El valor comercial es un poco más elevado que el de otras harinas leudantes, “porque sus componentes fortificantes lo vuelven un producto más costoso de producir” informaron desde la empresa. El precio por kilo ronda los $50 y $70.

MGF