Durante los mandatos presidenciales de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Lázaro Báez se transformó en el principal contratista de obra pública en la provincia de Santa Cruz. Tras dejar un cargo gerencial en el banco santacruceño del Grupo Petersen, Báez creó empresas, absorbió otras y multiplicó inversiones. Compró campos y depositó al menos US$ 25 millones en una entidad suiza, con sus hijos como beneficiarios finales. El análisis del cruce de fondos familiares entre paraísos fiscales requiere la asistencia de un experto en fraudes. Además de amigo de Néstor Kirchner, Báez mantuvo un vínculo comercial con la pareja presidencial. Al tiempo que su buque insignia, Austral Construcciones, ganaba licitaciones para obras públicas, otras de sus firmas compraban propiedades a los Kirchner y explotaban sus hoteles.

Hasta aquí, motivos más que suficientes para iniciar una investigación en fuero federal.  

Báez fue detenido el martes 5 de abril de 2016 en el marco de la causa bautizada por los zócalos de la televisión como “Ruta del dinero K”, paralela al expediente “Vialidad” que esta semana inició la etapa final de alegatos en el juicio oral, con el fiscal Diego Luciani en “actuación estelar”, “un duro”, autor de una presentación “histórica” y “contundente”, “Doctor No”, hombre “valiente” que le puso “límites a la política” y formuló una “acusación fulminante y fundamentada”, según el relato predominante. Es cierto que el elenco más conocido de Comodoro Py no ofrece muchas figuras edificantes para una épica republicana, pero acaso el cúmulo de elogios que se llevó la modesta presentación de Luciani haya sido un exceso.

Dos días antes de la detención de Báez en 2016, se había hecho pública la filtración global Panamá Papers, con el rostro de Mauricio Macri poblando los portales del mundo junto al selecto grupo de gobernantes y exgobernantes que ocultaban empresas y sellos en ese paraíso fiscal. Sorpresa: Macri no resultó ser el Mandela que describían. Nadie lo habría imaginado de un contratista con sus antecedentes. En una extraordinaria paradoja, los periodistas alemanes del diario Süddeutsche Zeitung que comandaron la investigación de los Panamá Papers narraron que sus colegas argentinos, obsesionados con hallar “la ruta del dinero K” en Panamá o en Delaware, se toparon con “la ruta del dinero M”.

Los mismos medios argentinos que habían tratado de ocultar el apellido Macri en la filtración global se abalanzaron, con similar torpeza, sobre el auto que transportaba a Báez con casco y chaleco antibalas ese 5 de abril. Fue el primero de los múltiples escarnios públicos en el prime time orquestados durante los cuatro años de Cambiemos en Casa Rosada. A ese show le siguió otro con el fiscal federal Guillermo Marijuan al mando de excavadoras en búsqueda de tesoros enterrados en estancias de Santa Cruz, sin éxito.

Arrepentidos en el living

Hay que reconocer que el programa de Jorge Lanata en Canal 13 no filmó a Leonardo Fariña, el pintoresco arrepentido contra Báez en las causas “Ruta del Dinero” y “Vialidad”, en el living de Elisa Carrió en Recoleta, como hizo en 2015 con un testigo falso que apuntó contra “la Morsa” —según el zócalo— Aníbal Fernández. Fariña fue grabado con cámara oculta por “Periodismo Para Todos” en otro living, dos años antes, con un testimonio pulido en el que él se dejó a salvo y enlodó a Báez. El entonces marido de Karina Jelineck se arrepintió (“Lanata quería ficción, le di ficción”), pero luego se arrepintió de haberse arrepentido. Ya con Macri en el Gobierno, Fariña se adhirió al programa de testigos protegidos, ejecutado bajo la directa supervisión del entonces ministro de Justicia, Germán Garavano. También cabe reconocer que no se sabe si a Fariña le montaron un hotel boutique en Mendoza a cambio de su arrepentimiento, como a Alejandro Vanderbroele, espada filosa utilizada contra Amado Boudou. Lo que sí ocurrió es que el exgestor de Lázaro Báez salió de la cárcel, se cortó el pelo, se mudó a una vivienda con amplias comodidades y pasó a tener Osde como prepaga, todo a cargo del Estado.

El código procesal argentino establece que el imputado debe permanecer detenido sólo si existe “peligro de fuga” o riesgo de “entorpecimiento del proceso”, o en función de la gravedad del hecho (por ejemplo, homicidio o violación). En principio, Báez debió haber aguardado la sentencia definitiva en libertad, pero ese principio del derecho no rigió durante el Gobierno de Cambiemos. Las prisiones preventivas contra Báez se fueron solapando y permaneció en la cárcel hasta septiembre de 2020. Desde entonces, el dueño de Austral Construcciones se encuentra en régimen domiciliario.

Durante su larga detención, el “inminente arrepentimiento” del dueño de Austral Construcciones para revelar su vínculo secreto con los Kirchner fue anunciado media docena de veces. No ocurrió. En julio pasado, dos jueces de Casación rechazaron su excarcelación. Uno de ellos, Gustavo Hornos, era uno de los habitués de Macri en la Casa Rosada y en Olivos días antes de fallar en causas sensibles, según lo revelado por El Destape.

Se podría abundar sobre las cámaras de apelaciones tijeretadas por la mesa judicial, la duplicidad de causas o los traslados de jueces partidarios a dedo, pero lo mencionado basta para considerar que la denuncia de Cristina Fernández de Kirchner sobre la existencia del lawfare tiene asidero.

Al enemigo, doctrina Irurzun y relato de Fariña

Así las cosas, el sistema institucional argentino se encuentra ante una encerrona recurrente. La fundada presunción de que durante el kirchnerismo existieron prácticas sistemáticas de corrupción choca con un montaje de justicia que no garantiza, e incluso bloquea, la posibilidad de investigar en serio. En una práctica que hasta ahora no mereció ninguna revisión de parte de los nuevos liderazgos de Juntos por el Cambio (JxC) —por el contrario, la experiencia de Horacio Rodríguez Larreta en CABA parece reproducirla—, el macrismo potenció vicios hasta niveles desconocidos en democracia, con un doble fin: al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad ante la presunción de corrupción sistémica también fundada. Y todo, bajo la estricta supervisión de la Corte Suprema.

No es el objetivo de esta nota transitar el detalle de los argumentos del fiscal Luciani, abordados en la cobertura de Emilia Delfino en elDiarioAR.

Al enemigo, doctrina Irurzun para las prisiones preventivas, tribunales conformados a dedo, peritos que copian del rincón del vago y fariñas; a los propios, aspiradora de causas desde Comodoro Py para garantizar impunidad

Como observación general, cabe consignar que la acusación parece más solvente cuando describe controles deficientes y cierta promiscuidad de gestión entre los encargados de la empresa y quienes debían controlarlos, o la aceleración de pagos, o el armado de licitaciones ficticias para que ganara casi siempre el mismo. Una típica cartelización de la obra pública en cualquiera de las provincias argentinas que merece ser investigada.

El énfasis del fiscal no subsana la necesidad de certeza de que efectivamente haya habido sobreprecios en las 52 obras encargadas a Báez en Santa Cruz, o de algún registro que lleve a dilucidar una coima. La “actuación estelar” se vuelve directamente vidriosa en la medida en que Luciani incrementa los decibeles y regala títulos para aseverar que Báez y Cristina son la misma entidad. Esa aspiración de máxima choca con que la causa paralela “Ruta del dinero K”, hasta ahora, no halló ninguna cuenta K en un paraíso offshore.

En el marco del juicio oral en la causa “Vialidad”, Luciani tuvo la oportunidad de preguntar a Fariña en diciembre pasado. El testigo protegido repitió una teoría extraña, que el fiscal haría bien en olvidar si procura una condena: “Austral tenía una particularidad que era que hacía (lavaba) negro el (dinero) blanco”. Es decir, según el colaborador, Báez y Néstor Kirchner lavaban dinero al revés, enviando a Suiza millones de dólares declarados para transformarlos en ilegales, con el fin de evadir impuestos.

Hay whatsapps y whatsapps

El fiscal logró impacto al poner sobre la mesa diálogos extraídos del celular de José López, el secretario de Obras Públicas de los 12 años de los Kirchner que una madrugada revoleó US$ 9 millones, saltó un muro de un convento, encontró el infierno de la deshonra internacional y finalmente fue rescatado por Comodoro Py y el Gobierno de Macri que lo transformaron en testigo protegido. Raro, pero no tanto. Al fin y al cabo, Iecsa, la empresa de obras públicas que pertenecía a los Macri, recibió contratos de las manos de López como pocas.

Los chats del exsecretario corrupto, que demostrarían que allegados a Cristina y Máximo Kirchner participaban de tratativas sobre la liquidación final de Austral Construcciones y sugieren contacto de ambos con Báez, antes de la asunción de Macri, causaron éxtasis en JxC y los medios de su sector. En cambio, los chats de Darío Nieto, el secretario del expresidente conservador, que demostrarían que apretaba por whatsapp para que bancos públicos de Ciudad y Nación dieran préstamos sin control a la agroexportadora Vicentín, principal aportante de campaña de JxC —lo que, en efecto, ocurrió—, no sólo pasaron inadvertidos para la gran prensa; Comodoro Py ya se ocupó de aspirar y enterrar la causa.

Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta al pueblo que representa

En febrero de 2021, Báez fue condenado a 12 años de prisión por haber orquestado el lavado de US$ 55 millones, mientras sus cuatro hijos y otros cómplices recibieron penas menores en la “ruta del dinero K”. Sebastián Casanello, aquel juez federal de instrucción que mandó a detener a Báez en el otoño de 2016, le dictó falta de mérito a Cristina. El magistrado se enfrentó a fuertes presiones: el Grupo Clarín, que lo llamaba “tortuga” porque no avanzaba sobre la expresidenta; la Cámara Federal, que lo obligó a citar a indagatoria a Cristina sin pruebas directas en su contra; y un sector del espionaje estatal, que le plantó dos falsos testigos —ya condenados— que aseguraron que el juez visitaba la residencia de Olivos.

¿Cómo hizo?

En diciembre de 2019, a días de asumir la vicepresidencia, Cristina habló en el juicio oral que estaría por llegar a su fin. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso se hundieron en sus asientos cuando los apuntó con el dedo y los acusó de que tenían “la condena escrita”. Es probable. Una vía de entrada a una sentencia en su contra podría ser que en el expediente de la “ruta”, Báez fue condenado por haber lavado dinero que provendría —según dos de los tres jueces, en coincidencia con Fariña— de sobreprecios en la obra pública en Santa Cruz y no sólo de la evasión impositiva.

Hay que poner mucha voluntad para dar crédito a los cantos de sirena sobre la honestidad y las instituciones republicanas que provienen de la derecha argentina, sus medios y Comodoro Py. Si las garantías procesales contra Cristina, exfuncionarios y empresarios allegados —varios de ellos, en efecto, corruptos— no se cumplieron, ello debería determinar su inocencia en tribunales, pero no exime a la vicepresidenta de una respuesta que debe, no a los jueces, sino al pueblo que representa.

¿Cómo hizo un empresario surgido de la nada, amigo y socio de Néstor Kirchner, para acumular y fugar durante más de una década decenas de millones de dólares obtenidos de contratos de obra pública que pagaron todos los argentinos? 

SL

En los tribunales de Comodoro Py, otro expediente se quedó a mitad de camino. El caso atraviesa a Lázaro Báez, sus hijos, testigos falsos, abogados, jueces, fiscales, periodistas y medios de comunicación, políticos e intereses políticos, y los servicios de inteligencia. Giraba, además, sobre el intento de apartar en 2016 al juez federal Sebastián Casanello del caso por lavado de dinero contra el exsocio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. 

La causa, que corría por cuerdas paralelas al caso Báez, llegó hasta el máximo tribunal federal penal del país, la Cámara Federal de Casación, que el lunes último ordenó sobreseer a los dos acusados y el expediente se quedó sin llegar a los últimos responsables de la maniobra, según el análisis de elDiarioAR de escritos y fallos de la causa y el diálogo con algunos de los protagonistas y magistrados que intervinieron en el caso. La causa, así, muere en los “perejiles”, según reconocieron tanto fuentes judiciales como las partes que intervienen en el caso.

En 2016, los empleados públicos Gabriel Edgardo Fabián Corizzo (figuraba cobrando un salario de la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSeS) y Carlos Marcelo Scozzino (aparecía en los registros públicos como empleado de la Secretaría General de la Presidencia) se presentaron en los tribunales federales para declarar que habían visto al juez Casanello en la Quinta de Olivos durante 2015, luego de que periodistas publicaron esa versión y abogados de los Báez la utilizaran para pedir el apartamiento del juez del caso por lavado de dinero de la corrupción en la obra pública.

Los dos testigos terminaron condenados en noviembre de 2020 por falso testimonio. Corizzo y Scozzino aceptaron la culpa, firmaron un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión y seis años de inhabilitación absoluta. elDiarioAR intentó dar con ellos en sus domicilios declarados pero no pudo hallarlos al cierre de esta nota.

El Tribunal que los condenó, a través del juez Andrés Basso, dejó en claro que el caso excede la responsabilidad penal de los testigos truchos y que alguien más se había beneficiado de la maniobra ilegal. “Lo que aquí se juzga excede el arrojo particular de dos individuos, para constituir, según las propias constancias de la causa, una maniobra de mayores dimensiones, previamente orquestada junto a otros actores, quienes son los que pudieron perseguir un ilegítimo beneficio a costa de los falsos testimonios que aquí se han probado”, dijo Basso en la sentencia de los testigos truchos.

Este lunes, la decisión de los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Angela Ledesma, de la Sala IV de Casación cerró las puertas para investigar quiénes ordenaron o instigaron a los testigos truchos; por qué motivo estos dos testigos se involucraron en la maniobra; y a quiénes respondían, según surge del fallo. 

Los sobreseídos

El juez Casanello había señalado como supuestos instigadores al exfiscal y agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Eduardo Miragaya, y al abogado Santiago Viola, exdefensor de tres de los hijos de Lázaro Báez, empresario y exsocio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Miragaya, un fiscal que había estado involucrado en una causa de jubilaciones truchos, había asumido en febrero de 2016 como encargado de la Dirección de Inteligencia sobre Delincuencia Económica y Financiera de la AFI, entonces comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majadalani. Fue desvinculado del organismo en 2017.

El juez Luis Rodríguez, quien investigaba la maniobra denunciada por Casanello y procesó a los testigos falsos, sobreseyó en cambio a Viola y Miragaya. El abogado de Casanello, Nicolás D’Albora, apeló esa decisión. En la Cámara Federal porteña, los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi revocaron los sobreseimientos de Viola y Miragaya y ordenaron seguir investigando al abogado y al exagente de la AFI. 

Los abogados de Viola y Miragaya se presentaron entonces ante la Casación y pidieron que se vuelva a ordenar sus sobreseimientos. Fuentes allegadas a Viola afirmaron ante la consulta de elDiarioAR que el abogado es inocente de los cargos y que fue “usado” para supuestamente desviar la mirada de los verdaderos instigadores de la maniobra de instalar testigos truchos. Este medio también intentó comunicarse con Miragaya pero muy cerca del exfiscal y exagente de inteligencia explicaron que se encuentra en un grave estado de salud y que no podía ser contactado.

Casación podría haber revocado los sobreseimientos sin opinar sobre el fondo de la cuestión pero lo hizo y argumentó por qué, según ellos, deben ser sobreseídos.

Fuente judicial, Cámara Federal porteña.

La decisión de los jueces de Casación benefició este lunes a Viola y Miragaya. Las pruebas que constan en el expediente no lograron probar la participación de ambos acusados y las medidas están agotadas, sostuvieron dos de los jueces. 

El fallo de la Casación, además, está directamente dirigido a Bruglia y Bertuzzi, quienes ahora recibirán nuevamente el expediente para acatar la orden del tribunal superior: sobreseer definitivamente a Viola y Miragaya.

En los despachos de la Cámara Federal porteña evaluaron esta semana que el fallo de la Casación no les deja alternativa a los camaristas. “Casación podría haber revocado los sobreseimientos sin opinar sobre el fondo de la cuestión pero lo hizo y argumentó por qué, según ellos, deben ser sobreseídos. Y eso le quita cualquier posibilidad a los jueces de no acatar la orden”, explicó una fuente judicial que analizó el fallo. 

Si Viola y Miragaya deben ser sobreseídos, entonces, ¿quién instigó a dos empleados públicos a declarar contra el juez? ¿Se podría seguir investigando hacia arriba una vez sobreseídos Viola y Miragaya? “No en este expediente”, coincidieron tanto fuentes judiciales como de la querella y una de las defensas. 

¿Entonces el caso se estanca en la responsabilidad de los ejecutores de la maniobra y nunca llegará a los instigadores que lo planearon? Sólo si aparecieran nuevos indicios o pruebas sobre otros posibles instigadores, entonces recién ahí Casanello o un tercero podría realizar una nueva denuncia. Un escenario poco probable, admiten algunas de las partes. Los únicos acusados por el juez Casanello (y por ende, su única teoría) eran Viola y Miragaya. Ellos nunca más podrán ser investigados por este caso. Cosa juzgada.

Una sucesión de hechos

En abril de 2016, Casanello ordenó la detención preventiva de Lázaro Báez. Semanas más tarde, avanzó con negociaciones previas con las autoridades suizas para obtener la información de las cuentas bancarias no declaradas por Báez y sus hijos en el país helvético, según notas publicadas en distintos medios. Luego, obtendría esa información, crucial para condenar cinco años después a Báez y sus cuatro hijos, según la sentencia del Tribunal Oral Federal número 4.

En mayo de 2016, según fuentes directas del caso, los abogados Claudia Balbín y Santiago Viola recibieron en su estudio jurídico un anónimo en el que se sostenía la existencia de una supuesta visita de Casanello a Olivos durante 2015, cuando Fernández de Kirchner todavía ocupaba la residencia. Ambos abogados se desvinculan de ese anónimo. Solo lo recibieron.

A fines de mayo de ese año Viola y Balbín, como abogados recién contratados por Leandro Báez, recusaron a Casanello, argumentando que el juez no podía seguir a cargo del caso porque era “parcial” y dirigía la investigación sólo en torno de la familia Báez, obviando “el rol protagónico de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, según el escrito presentado entonces por la defensa. 

“Debe tenerse en consideración la información periodística que circula en cuanto a la relación que tendría el doctor Sebastián Casanello con la doctora Cristina Fernández de Kirchner” y citaron la columna del periodista Carlos Pagni en La Nación, quien había contado que el propio Lázaro Báez hablaba en la cárcel de una supuesta visita de Casanello a Olivos durante 2015. Báez incluso contaba que presenció dicho encuentro y que un mozo de la residencia presidencial le había servido al magistrado un café cortado. 

Para la misma fecha, periodistas del canal América y de Infobae comenzaron a publicar supuestos detalles de la versión de que Casanello había visitado la Quinta de Olivos. Dijeron que se preparaba una denuncia por parte de las defensas, que la acusación podía sostenerse comprobando la ubicación del teléfono celular de Casanello en determinadas fechas y Eduardo Feinmann incluyó, además, la versión de que el juez habría exigido un supuesto soborno de US$3.000.000 a Báez. Casanello lo negó en un comunicado y se presentó ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia para desmentir esos dichos. Semanas más tarde, Clarín contó en una nota supuestos pormenores de aquella presunta reunión, en base a información judicial.

No se ha podido acreditar que Eduardo Miragaya haya participado de los hechos.

Fiscal Stornelli, en el fallo de Casación.

A fines de junio de 2016, la Cámara Federal porteña ordenó investigar al juez y su supuesto paso por Olivos. En octubre, dos presuntos testigos, Corizzo y Scozzino, se presentaron a declarar ante la fiscalía de Carlos Stornelli, a cargo de la denuncia. Corroboraron la versión: dijeron que habían visto al juez del caso Báez en Olivos entre septiembre y octubre de 2015. 

Tras sus declaraciones, Casanello los denunció por falso testimonio, un delito con una pena máxima de hasta diez años de prisión. Se abrió una nueva investigación, esta vez, contra los testigos.

Las dos causas continuaron en paralelo pero con destinos diferentes. En la causa contra el juez se produjo prueba, se cruzaron teléfonos, se citaron testigos y finalmente el expediente se archivó. En cambio, en el expediente contra los testigos, donde también intervenía Stornelli, estos fueron procesados por falso testimonio. En 2020, Corizzo y Scozzino se asumieron como testigos falsos. Fueron condenados en noviembre por el delito de falso testimonio, luego de que admitieron haber mentido en la Justicia. Firmaron un juicio abreviado y recibieron una pena de tres años de prisión en suspenso. 

Sin embargo, restaba avanzar sobre otra parte central del caso de los testigos: quién instigó, contrató o forzó a estos dos empleados públicos a declarar contra el juez en 2016. Y para qué.

Casanello había acusado a Viola y Miragaya, en parte, basado también en notas periodísticas que los mencionaban, por ejemplo en C5N, como los cerebros detrás de la maniobra. El fiscal Stornelli redactó en uno de sus escritos que la sospecha sobre el exagente Miragaya era que “su papel habría sido el de ‘preparar’ a Corizzo para prestar declaración testimonial ante” su fiscalía “sin que se advierta que en realidad nada de lo denunciado era verdad”.

Entre otras medidas, se corroboró que Miragaya y Viola se comunicaron 238 veces por teléfono durante la época de las declaraciones de los testigos pero no se conoce el contenido de esas conversaciones. Casanello pidió que se secuestre el teléfono de Corizzo, pero el juez Luis Rodríguez rechazó la medida, dijo su abogado ante la Cámara Federal. Stornelli pidió al juez Rodríguez medidas de prueba para corroborar un supuesto encuentro de Viola, Miragaya y una serie de personas vinculadas con los imputados. También se lo negaron.

Su papel (por Miragaya) habría sido el de ‘preparar’ a Corizzo para prestar declaración testimonial.

Carlos Stornelli — Fiscal federal.

En agosto de 2020, el juez Luis Rodríguez no avanzó más allá de estos declarantes y sobreseyó a Vila y Miragaya como presuntos instigadores de los testimonios falsos.

Casanello apeló la decisión y los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Sala I de la Cámara Federal porteña, le dieron la razón. Revocaron los sobreseimientos de Viola y Miragaya y les dictaron falta de mérito, ordenando así al juez Rodríguez seguir ahondando en la investigación con medidas de prueba sin producir.

Los abogados de Viola (Claudia Balbín) y de Miragaya se presentaron ante la Casación para revertir la orden de Bruglia y Bertuzzi. Alegaron el perjuicio que le provocaba a Viola y Miragaya que esta causa siguiera abierta cuando, consideraban los abogados, no había pruebas para continuar con la acusación.

El abogado de Casanello les contestó en un escrito ante la Casación que los planteos de las defensas de Viola y Miragaya ni siquiera debían ser analizados por los jueces, ya que “no se dirigen contra una sentencia definitiva ni equiparable”. Las defensas, en cambio, sostuvieron que el daño de mantener la investigación abierta era tal para Viola y Miragaya que equiparaba a una sentencia definitiva porque era “irreparable”, por ejemplo, en el caso de Viola por perjudicar su imagen frente a sus clientes.

Argumentos de Casación

“Ahora, les pregunto a ustedes doctores Borinsky y Carbajo: ¿este padecimiento no lo sufren todos los imputados sometidos a proceso penal? Un empresario acusado de cohecho activo a un funcionario público, ¿no padece también el mismo agravio frente a  sus clientes? O un despachante de aduana acusado de contrabando, ¿no sufre lo mismo?”, planteó el abogado de Casanello ante la Casación. “Salvo que ustedes señores jueces consideren que hay categorías de imputados, sea por la profesión que ejercen o por las influencias que pudieran tener”, agregó el letrado D'Albora.

El juez Carbajo, de Casación, sostuvo haber hallado “déficits” en los argumentos de Bruglia y Bertuzzi para revocar los sobreseimientos de Viola y Bertuzzi “que irremediablemente conllevan a su descalificación como acto jurisdiccional válido”. 

El magistrado se basó también en estos dichos del fiscal del caso, Stornelli: “No se ha podido acreditar que Eduardo Miragaya haya participado de los hechos” y que si existieron “reuniones entre el nombrado y el resto de los investigados, varios de los cuales se conocían desde hacía bastante tiempo” no puede deducirse que los encuentros fueron “exclusivamente” para tratar la maniobra. “La cantidad de llamados intercambiados entre la doctora Balbín (madre de Viola) y el doctor Miragaya tampoco logran demostrar de manera contundente que el fin de los mismos hubiera tenido en miras aquellos fines”. Stornelli terminó pidiendo los sobreseimientos de Viola y Miragaya.

Nosotros conocemos lo que dicen los medios, si armó una causa o no, no lo sabemos. Sabemos que estuvo acusado y sabemos que fue sobreseído.

Silvia Majdalani, ante la Comisión Bicameral de Inteligencia. — Exnúmero 2 de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Py y la AFI

Viola y Miragaya son letrados conocidos en los tribunales federales de Retiro. El exfiscal es allegado a la jueza María Servini, según fuentes cercanas a la magistrada. Santiago Viola es un joven abogado y trabaja en el estudio de su madre, Claudia Balbín, quien también tuvo hace años su paso por tribunales. Viola fue nombrado por el entonces juez Rodolfo Canicoba Corral como interventor del sindicato del SOMU mientras el magistrado avanzaba contra el sindicalista Omar “Caballo” Suárez. También trabajó en los tribunales de Comodoro Py antes de ejercer la profesión de abogado.

En abril de 2019, la exnúmero dos de la AFI, Majdalani declaró ante la Comisión Bicameral de Inteligencia en el Congreso que el exfiscal Miragaya fue “desvinculado” de la AFI por su gestión, a mediados de 2017. Cuando el diputado Rodolfo Moreau le preguntó por qué razón había sido despedido, Majdalani respondió: “Porque no quisimos que continúe. No le renovamos más el contrato”, “no nos gustaba el trabajo que efectuaba”, según consta en el trascripción taquigráfica de la sesión.

“Nosotros conocemos lo que dicen los medios, si armó una causa o no, no lo sabemos. Sabemos que estuvo acusado y sabemos que fue sobreseído”, dijo la exfuncionaria.

El 20 de noviembre de 2019, durante el juicio ante el Tribunal Oral Federal número 4, Báez contó una nueva versión de la historia: “Me vinieron a ver” a la cárcel de Ezeiza, “a los pocos días de mi detención, en abril de 2016”. “Me llevaron a un supuesto control oftalmológico en el Hospital Central Penitenciario. Cuando estaba esperando al médico se me acercó una mujer muy bien vestida” quien “se identificó como la doctora Balbín”, una “enviada del presidente (Macri)”, dijo Báez. Le ofrecieron, agregó, declarar como “arrepentido” sobre el rol de Fernández de Kirchner en la supuesta corrupción en la obra pública a cambio de “garantizar mi libertad, mis bienes y que mis hijos quedarían desvinculados de la causa”. “No pudieron doblegarme”, afirmó entonces el empresario. Tanto Balbín como Viola han negado trabajar para los servicios de inteligencia.

En 2021, Báez volvió a ratificar esa versión, esta vez como testigo, en la causa por el presunto espionaje ilegal a los presos kirchneristas durante el gobierno de Macri que tramitaba en Lomas de Zamora. Además de mencionar a Balbín, sumó en su relato de la supuesta operación de la AFI a Miragaya, según una fuente con acceso al expediente. La fiscal que estaba a cargo de la causa, Cecilia Incardona, ordenó formar un legajo para investigar estos dichos. Para la misma fecha, la Sala IV de Casación (integrada por los mismo jueces que el lunes ordenaron sobreseer a Viola y Miragaya), apartó al juez y a los fiscales de Lomas de la causa de espionaje. Ordenaron que el expediente sea investigado en Comodoro Py, ya que las órdenes bajo investigación habrían sido impartidas desde la sede de la AFI, en la jurisdicción de los tribunales de Retiro y no de Lomas. El legajo originado por los dichos de Lázaro quedó en suspenso, hasta que le sea asignado a otro fiscal en Comodoro Py, explicó una fuente judicial del caso.

ED