El diputado nacional y presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, promovió una acción de amparo contra la Honorable Cámara de Diputados de la Nación para declarar la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución 7018-D-2025.

La medida judicial busca impugnar la designación de los nuevos auditores generales para integrar la Auditoría General de la Nación (AGN), realizada durante la madrugada del pasado 18 de diciembre.

La presentación judicial incluye una solicitud de medida precautelar urgente para que la AGN se abstenga de aceptar las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti.

Irregularidades en el procedimiento

En el escrito presentado ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Cristian Ritondo detalló una serie de anomalías durante la sesión especial:

Los fundamentos del reclamo que elevó el PRO

El amparo sostiene que el Congreso carece de facultades para incorporar temas por iniciativa propia durante sesiones extraordinarias, ya que el temario es una atribución exclusiva del Poder Ejecutivo.

Además, Cristian Ritondo argumentó que la Auditoría General de la Nación es un órgano de control externo cuya integración debe preservar el equilibrio entre mayorías y minorías.

La demanda también plantea la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 26.854 de medidas cautelares, alegando que restringen el acceso a una tutela judicial efectiva y afectan la división de poderes.

Finalmente, el diputado invocó precedentes análogos del año 2015 donde la justicia ya había frenado nombramientos similares en la AGN por violaciones reglamentarias.

Con información de Noticias Argentinas

JIB

En plena madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres integrantes para la Auditoría General de la Nación.

La terna, avalada con 186 votos a favor (y dos abstenciones), está conformada por Rita Mónica Almada por La Libertad Avanza, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y la ex diputada nacional salteña Pamela Calletti por Innovación Federal.

Los dos primeros funcionarios designados prestaron juramento para ocupar responsabilidades en el organismo de control.

Bloques como Provincias Unidas, el PRO y el Frente de Izquierda denunciaron que el oficialismo apuró la votación del acuerdo para “devolver favores” y señalaron que lo actuado era ilegal porque no estaba incluido en el temario de sesiones extraordinarias que había enviado el presidente Javier Milei al Congreso.

Para no convalidar el procedimiento, estas fuerzas políticas se levantaron de sus bancas y dejaron que los espacios beneficiados por el acuerdo se votaran a sí mismos en soledad, dejando en evidencia el carácter de “casta” con el que se habían conducido. 

Cristian Ritondo adelantó que el PRO apelará ante la Justicia y explicó que la designación de auditores generales “no es de competencia” del pleno reunido en extraordinarias porque no había sido incluido en el temario del Poder Ejecutivo.

Por su parte, Myriam Bregman (Frente de Izquierda) acusó al oficialismo de “estar apurado en devolver favores” y consideró que “por eso empiezan a repartir carguitos”. 

“Nunca vi algo más de casta que lo de recién. Nos parece bochornoso”, completó la jefa del bloque de izquierda“.

Pablo Juliano (Provincias Unidas) dijo que “no hay un tema más por la ventana que nombrar a trres personas a las 3 de la mañana”.

“Es más casta que la casta. Nosotros nos vamos a retirar. Se ve que no hay vocación de seguir con la orden del día”, protestó el radical bonaerense.

El PRO denunció una violación constitucional

El bloque de diputados del PRO denunció una “grave violación a la Constitución Nacional” tras la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación fuera del temario de sesiones extraordinarias y adelantó que iniciará acciones judiciales.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada, cuando el oficialismo avanzó con la designación pese a que la cuestión no formaba parte de la convocatoria realizada por el Poder Ejecutivo.

Desde el PRO señalaron que la objeción fue advertida primero de manera informal, luego en el recinto y finalmente al momento de intentar consumar la designación, situación que quedó asentada en el Diario de Sesiones. Recordaron que el artículo 63 de la Constitución Nacional establece que durante las sesiones extraordinarias el Congreso solo puede tratar los asuntos incluidos en la convocatoria.

El bloque remarcó que la Auditoría General de la Nación es un órgano constitucional de control y que su integración no constituye una cuestión administrativa interna del Congreso. En ese sentido, afirmaron que avanzar en su designación fuera del temario “no fortalece el control del Estado, lo deslegitima”.

Los diputados del PRO rechazaron la designación y manifestaron que no la convalidan, al considerarla “nula de nulidad absoluta por incompetencia constitucional”, y anunciaron que promoverán acciones judiciales para restablecer la legalidad y el respeto institucional.

Además, expresaron su malestar por la conducta del oficialismo y señalaron que su bloque acompañó al Gobierno en momentos difíciles por considerar necesario un cambio profundo en la Argentina. Finalmente, sostuvieron que las instituciones no pueden funcionar por la fuerza de una mayoría circunstancial y que el cambio que reclaman millones de argentinos debe realizarse “con la Constitución en la mano”.

El Archivo General de la Nación (AGN) difundió para todo público una serie de documentos desclasificados que incluyen información sobre las operaciones nazis en Argentina, así como decretos presidenciales secretos y reservados.

El organismo publicó en su página web toda la documentación desclasificada alojada en su acervo documental. Los archivos sobre actividades nazis en Argentina consisten en alrededor de 1.850 piezas documentales, corpus que el Estado argentino entregó en copias al Centro Simón Wiesenthal, que actualmente se encuentra investigando las vinculaciones del banco Credit Suisse el nazismo. La entrega de la documentación fue solicitada luego de una reunión que las autoridades del Centro mantuvieron con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, en febrero de este año.

Hasta el momento, la documentación vinculada a la actividad de jerarcas nazis en Argentina sólo podía consultarse en una sala del Archivo General de la Nación especialmente habilitada. Ahora, cualquier persona podrá acceder a ella vía online y descargarla desde cualquier lugar del país o del mundo.

Asimismo, el AGN también puso a disposición en su página web los decretos presidenciales, secretos y reservados, producidos entre 1957 y 2005. Se trata de casi 1300 piezas documentales y que abordan diversas temáticas, como la compra y venta de armas, las modificaciones presupuestarias, la organización del servicio de inteligencia argentino, y la lucha contra el comunismo en las décadas del sesenta y setenta, entre otros temas relevantes de la historia nacional.

MM

La Auditoria General de la Nación queda virtualmente paralizada desde hoy, ya que vencieron los mandatos de los auditores designados por el Senado y, desde hace un año, los que habían sido nominados por la Cámara de Diputados.

Desde abril de 2024 el organismo que debe controlar las cuentas de la Administración Pública funcionaba con cuatro de sus siete miembros, ya que por la disputa entre la Libertad Avanza, el PRO y la UCR no se se designaron a los reemplazantes de los auditores que finalizaron sus mandatos hace un año.

El 31 de marzo venció el mandato de los tres auditores del Senado: Graciela de La Rosa, Alejandro Nieva, y Javier Fernández. Hace un año ya habían dejado el cargo los auditores designados por Diputados, Juan Forlon y Gabriel Mihura Estrada, mientras que Miguel Angel Pichetto renunció en diciembre del 2023 al asumir su cargo.

La Auditoria quedará en manos de su presidente, el armador peronista Juan Manuel Olmos, quien tendrá las facultades delegadas para continuar con la tarea de controlar hasta que el Congreso designe sus autoridades, según se estableció en la última reunión de ese organismo.

Por ese motivo, en la última reunión de la comisión Revisora de Cuenta, su presidente, Miguel Angel Pichetto, informó que se les solicitó a los presidentes del Senado y Diputados una resolución “sobre la caducidad de los mandatos” y la necesidad de que “convoquen a los presidentes de los bloques para definir a sus representantes”.

La situación planteada genera malestar entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, en especial en la Cámara de Diputados, donde desde hace un año siguen sin poder resolver la designación de los reemplazantes de los auditores Forlon y Mihura Estrada, designados a propuesta del peronismo y de Pichetto, impulsado por el entonces Juntos por el Cambio.

El diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, reveló que habrá una reunión con Pichetto, Emilio Monzó y Nicolas Massot para “exigir” al oficialismo la designación de auditores, “sabiendo que se cayeron los mandatos” de los auditores designados por el Senado.

“Nuestra postura es que el Gobierno tiene que dejar de bloquear la AGN y debe constituirse la Auditoria General de la Nación y los diputados y senadores tenemos que empujar para que se conforme”, agregó.

Viola, el candidato libertario que torpedeó las negociaciones

La controversia en la Cámara de Diputados sucedió cuando la Libertad Avanza reclamó un lugar para Santiago Viola, mientras que la UCR quería ese lugar para un miembro de su partido, así como el PRO también reclamaba otro lugar, mientras que Unión por la Patria tenía asignado uno seguro, pero también aspiraba a mantener los dos que tenía.

Por su parte, fuentes de la UCR señalaron que la responsabilidad es del Kirchernismo, ya que “no quiso votar” las propuestas que le habían formulado designar a su candidato, a Mario Negri por el radicalismo, y a un tercero que, para su juicio, debía ser del PRO o LLA.

Esta postura fue rechazada por el PRO y la Libertad Avanza, que querían un lugar para cada uno de sus espacios políticos. De acuerdo a la versión de la UCR, Karina Banfi le pidió a UxP que pase el nombre de la vacante que le corresponde, pero nunca lo hicieron.

Ahora, parece complicado que ese lugar lo pueda mantener la UCR, ya que UxP tiene 98 bancas; la Libertad Avanza, 39; el PRO, 37; y la UCR, solo 20, dado que se dividió en tres sectores.

En esa ocasión, la postulación de Negri era respaldada por la UCR con 34 miembros, Coalición Cívica que tiene 6 miembros y Encuentro Federal que tiene 15, con lo cual supera tanto a la Libertad Avanza y el PRO.

Tampoco aun hay fecha en el Senado para votar a los tres auditores, ya que el peronismo reclama los dos lugares que tiene, la UCR quiere otro para Luis Naidenoff (en reemplazo de Nieva), y el oficialismo también quiere uno, pero para eso, el kirchnerismo o el radicalismo deben ceder un lugar.

Este martes hay labor en el Senado y ahí se definirá si se avanza con alguna negociación para tratar de incluirlo en la sesión del jueves, donde se tratará los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel Garcia Mansilla.

Cuáles son las funciones de la AGN

La Auditoría General de la Nación (AGN) fue creada en 1992 por la sanción de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional.

En 1994, la reforma de la Constitución Nacional le otorga rango constitucional.

Es un organismo con autonomía funcional y con facultades propias, que tiene como principal misión la realización de auditorías y estudios especiales asistiendo técnicamente al Congreso de la Nación en el ejercicio del control externo del Sector Público Nacional.

Su fin es promover el uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos y contribuir a la rendición de cuentas y sus resultados para el perfeccionamiento del Estado en beneficio de la sociedad.

La Auditoría realiza el control externo posterior (ex-post) a la gestión de la administración central, los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, los Entes reguladores de servicios públicos, las instituciones de Seguridad Social, los Fondos Fiduciarios integrados con bienes y fondos del Estado, las organizaciones privadas que reciban subsidios o aportes del Estado e instituciones cuyos fondos o administración estén a cargo del Estado. 

Las autoridades de este organismo conforman el Colegio de Auditores, formado por un presidente, designado a propuesta del partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Parlamento, y seis auditores generales: tres designados por la Cámara de Diputados y tres por la de Senadores.

La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso aprueba el Programa de Acción Anual de control externo a desarrollar por la Auditoría.

Algunos de los valores que guían la labor de la AGN son la independencia con respecto a la entidad fiscalizada y otros grupos de intereses externos, la objetividad en el tratamiento de las cuestiones sometidas a revisión, y el profesionalismo en el desempeño competente de sus responsabilidades. 

El resultado de la evaluación se materializa en informes escritos y públicos en los que queda expresado el objetivo, método y alcance de su labor y la situación encontrada en los ámbitos objetos de control, a la vez que se proponen las mejoras al desempeño de la actividad estatal.

Los principales destinatarios de sus informes son los miembros del Congreso de la Nación, los responsables de las entidades auditadas y la ciudadanía en su conjunto.

Además de las clásicas auditorías financieras también se realizan auditorías de cumplimiento, de gestión, de deuda pública, ambientales e informáticas.

El artículo 85 de la Constitución Nacional de la República Argentina refiere a la creación y las funciones de la AGN:

El examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración pública estarán sustentados en los dictámenes de la AGN. (...) Tendrá a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad de la administración pública (...).

La Ley 24.156, art. 118, indica las siguientes funciones:

Con información de agencias.

IG

La web de la Auditoría General de la Nación (AGN) es elocuente: en el espacio donde está publicado su organigrama, no hay información debajo del subtítulo “Auditores Generales designados a propuesta de la Cámara de Diputados”. La demora de esos nombramientos tiene cierta importancia política, porque fue parte de la discusión entre el Gobierno y sus aliados del PRO en la previa a votación por el veto a la Ley de Financiamiento Universitario del miércoles pasado. De fondo, revela un intríngulis de mayor alcance y que aún no tiene salida a la vista: los libertarios y amarillos disputan un lugar que también reclaman los radicales.

La AGN es el organismo designado por la Ley de Educación Superior para controlar las cuentas de las universidades nacionales. Su composición la define el Congreso y su titularidad corresponde a la principal fuerza de la oposición. Hoy la dirige Juan Manuel Olmos, una figura que de algún modo sintetiza a todas las tribus peronistas: es el apoderado del PJ a nivel nacional.

Debajo de Olmos, el directorio se compone de tres auditores designados por el Senado y tres por Diputados, que no son legisladores. Por Cámara alta ya actúan Javier Fernández y María Graciela de la Rosa, referenciados en el peronismo, y Alejandro Nieva, del radicalismo. Pero aún están vacantes las designaciones por parte de la Cámara baja.

Fue este directorio con cuatro firmas el que confirmó el jueves que, un día antes –justo cuando Diputados bloqueó el aumento a los docentes y no docentes universitarios– había definido para su plan de trabajo 2025 auditar una serie de casas de altos estudios al calor del debate público: la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires y las universidades públicas de Córdoba, La Plata, Salta, San Juan, Cuyo, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de la Patagonia San Juan Bosco, de Chilecito, de Avellaneda y del Nordeste.

Ese plan no fue firmado por los auditores designados por Diputados porque no hay acuerdo político para esos nombramientos. El nudo de la cuestión es una puja cruzada entre los bloques parlamentarios y, según pudo reconstruir elDiarioAR, no se resolvería pronto pese a la coyuntura. De las tres sillas, el kirchnerismo ya acordó internamente que su representante sea Juan Ignacio Forlón, que ya tiene experiencia en el cargo. El problema está en quiénes serán los otros dos auditores, porque tanto los libertarios, como el macrismo y los radicales tienen aspiraciones propias para esos cargos. Hay dos sillas para tres candidatos.

El oficialismo quiere en ese lugar a Santiago Viola, abogado íntimo de los hermanos Milei y Santiago Caputo y apoderado del flamante partido nacional LLA. El PRO propone al exministro macrista Jorge Triaca. Y la UCR, en acuerdo con el espacio de Miguel Pichetto y Elisa Carrió, busca ubicar al exdiputado Mario Negri. Formalmente, hasta ahora solo fueron presentados como candidatos Triaca y Negri. El problema es que el reglamento no establece textualmente que las designaciones sean por la cantidad de bancas de cada bloque, sino que deja libre la decisión a la negociación política. Los auditores generales son designados “observando la composición” de la cámara, dice la AGN.

Los amarillos y violetas quisieran cerrar un acuerdo propio para correr al radicalismo, pero no tiene la suficiente fuerza en el recinto para imponer una mayoría que designe a Viola y Triaca: el blindaje de los vetos demostró que con otros aliados llegaría a lo sumo a 87 votos. En la vereda de enfrente, el radicalismo parece tener apalabrado al peronismo para jugar en tándem con Forlón y Negri. Tras bambalinas el debate es picante. 

“Tenemos 150 votos a nuestro favor. Porque Negri y Forlón salen por acuerdo de los radicales con UP, Pichetto y la Coalición Cívica. Que la derecha elija como quieran entre Viola y Triaca”, espetaron desde la UCR a los panlibertarios. “Los radicales son la cuarta minoría, pero todavía no lo saben”, cruzaron desde el PRO a sus exsocios en Juntos por el Cambio. “El problema no es el PRO, sino la UCR”, confirmaron en la cúpula de LLA. UP es la primera minoría del recinto con 99 diputados y muy atrás lo siguen el oficialismo con 39 y el PRO con 38. La UCR tiene 33. Encuentro Federal de Pichetto suma 16, Innovación Federal –el espacio de los gobernadores de Salta, Río Negro y Misiones– son 11 y la CC, 6. 

El laberinto no tiene aún una salida. Ni en el oficialismo ni en la oposición aventuran cuándo se votaría el tema en el recinto. Ya se intentó una vez y fracasó. “Hay que encontrar el momento y lo hacemos. Si desde el oficialismo no avanzan es porque tampoco quieren sacrificar a Triaca”, amenazan en el radicalismo. “No está en agenda”, se desentendieron los libertarios. 

La demora puede leerse como una señal del Gobierno sobre qué tan prioritario le parece auditar las universidades. Uno de los principales argumentos que agitó el Gobierno para arremeter contra la ley de financiamiento es que las universidades rechazaban ser auditadas, pese a que el artículo 7 del proyecto opositor establecía que la AGN “realizará las auditorías, y de manera inmediata remitirá al Congreso de la Nación los informes producidos junto con las observaciones formuladas, así como también el plan de seguimiento y control a dichas observaciones”. 

Por otro lado, el PRO, además de apurar la conformación de la AGN, también le exigió completar la bicameral que tiene que aprobar el plan de trabajo del organismo. Es un cuerpo de senadores y diputados que va a presidir Pichetto. Además el macrismo reclamó que Milei derogue el coto que se autoimpuso la SIGEN, que depende del Presidente, para intervenir en el control de las casas de altos estudios a partir de un dictamen del ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini. Hasta que el Gobierno no aceite el acuerdo político, la AGN seguirá incompleta.

MC/JJD

“Las universidades públicas no se van a cerrar. No va a estar jamás en nuestra agenda. Vamos a defender como nadie la educación en general y la educación pública, en particular”, expresó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, este miércoles, 24 horas después de la multitudinaria marcha federal universitaria. Además, insistió con la necesidad de auditar a cada una de las casas de altos estudios que dependen del Estado para conocer cómo se distribuye el dinero y en qué se gasta. “Que con los dineros públicos, alguien se niegue a ser auditado, sería increíble. No entendemos por qué tanta oposición a estas auditorías”, remarcó el funcionario. 

“Terminemos con la farsa que los que dicen que las universidades no se auditan porque son autárticas”, disparó Adorni, al tiempo que el debate sobre el arancelamiento “tendrá que darse en las universidades. Las universidades no son gratis, son no pagas para el que estudia y las sostenemos todos los argentinos. Y en esa lógica entendemos que las auditorías son sumamente necesarias para entender a dónde va el dinero de los contribuyentes”, explicó el vocero. Y agregó: “Las auditorías son un pilar fundamental en todo esto. Cuál es la razón para negarse algo que va a transparentar sus buenas gestiones. En las universidades aportan todos, los que estudian en ellas y los que no. Es un sinsentido discutir si auditorías sí o no”, sostuvo.

En cuanto al balance las manifestaciones de este martes en todo el país, el funcionario evaluó los reclamos “para nosotros son todos genuinos, más cuando lo hacen estudiantes que consideran que su futuro académico está en riesgo y plantean dudas sobre su futuro y sienten que están pasando cosas que les generan dudas. Pero, repito, no se van a cerrar universidades”

Además, Adorni consideró que de la manifestación “probablemente haya gente que participó y votó al presidente. No hacemos esa observación, hacemos la lectura en base a cuál fue el reclamo y lo que opinamos sobre lo que se está reclamando”.

“Respetamos a todo aquel que quiera manifestarse, felicitamos a los que, a pesar de ser el elenco estable de las marchas, lo hicieron en paz y sin violencia y sin desórdenes públicos. Estamos conformes porque todo se dio así”, sostuvo el portavoz.

En su conferencia de prensa en Casa Rosada, el funcionario nacional afirmó que en el vínculo con las casas de altos estudios “queda mucho por delante todavía” e indicó que “todavía no está confirmada” la reunión con los rectores, pero señaló que “esa reunión probablemente surja, exista y se dé. El canal diálogo está abierto”, destacó Adorni.

Qué dice la AGN

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, explicó en detalle los pasos necesarios para ordenar las auditorias universitarias al precisar que el Poder Ejecutivo no tiene potestad y que los pedidos deben surgir de una comisión mixta revisora del Congreso.

“Los planes de auditoria los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorias en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata”, reveló en declaraciones radiales. 

Asimismo, tras la masiva Marcha Federal Universitaria aclaró: “En la Universidad de Buenos Aires (UBA), la más grande y con más presupuesto, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoria integral”. 

“En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”, subrayó el ex vicejefe de Gabinete bajo la administración de Alberto Fernández. 

Al respecto, planteó que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, “responde a las órdenes del presidente, son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), y audita todos los ministerios”, por lo que aclaró que la UBA, al ser un ente público no estatal, no puede ser auditado por dicho organismo.

“No podría auditarlo el Gobierno, tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes, es decir, que mientras se desarrolla la gestión están auditando. A esas auditorias se refieren las autoridades universitarias”, agregó.

En la misma línea, explicó que el control externo de las cajas universitarias se realiza a través de un muestreo que realiza el Congreso vía la AGN, donde se determinan los aspectos del gasto presupuestarios a auditar. 

“La UBA requeriría un equipo especial por el volumen, pero sería una buena propuesta”, sostuvo. Para Olmos, los ciudadanos “tienen derecho a saber en qué se gastan los recursos”, por lo que pidió que “el Congreso de la Nación disponga una auditoria y la AGN va a cumplir su rol y la va a auditar”.

“La educación es un límite”

En otro pasaje de la entrevista, el titular de la AGN destacó la masividad de la Marcha Federal Universitaria y diferenció el pedido de transparencia en las cajas del reclamo por mayor presupuesto. “Acá se discuten los recursos de la educación, si van a estar garantizados por el Estado o no. No es antojo de los que fueron ayer a la marcha”, argumentó.

Tras la masiva movilización en defensa de la educación pública, el exfuncionario peronista planteó que la sociedad estableció que “la educación es límite”, y pidió discutir “la calidad y la cantidad del ajuste que está haciendo el Poder Ejecutivo”.

“Si uno ajusta y afecta el funcionamiento de las universidades nacionales, la reacción es contundente. Lo de ayer fue contundente y transversal, más allá de la participación partidarias y sindicales, también hubo mucha participación de familias, de estudiantes, y de gente que entiende que es un valor de la sociedad a defender”, expresó el titular de la AGN.

Por último, Olmos planteó que el gobierno de Javier Milei lleva adelante un ajuste del gasto público “sin mirar qué es lo que recorta, sin hacer una priorización de qué gastos pueden ser suprimibles y cuáles no”, y concluyó: “Es un límite en el que van a tener que revisar la calidad y la cantidad del gasto. Todo no tiene la posibilidad de ser ajustado”.

Manuel Adorni reposteó las palabras de una alumna que pide auditorías en la UBA

Con información de agencias.

IG

La jueza federal María Eugenia Capuchetti escuchará en los próximos días a dos testigos clave en la causa por la firma y destino de los fondos del acuerdo entre el gobierno de Mauricio Macri y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018, que tiene entre sus imputados a Luis “Toto” Caputo, futuro ministro de Economía de Javier Milei.

Los citados son dos funcionarios de la Gerencia de Control de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN), Santiago Cámpora y María F. Ibáñez, informaron a elDiarioAR fuentes directas del expediente. Deben declarar este miércoles 13 de diciembre y el próximo lunes 18 de diciembre. El informe había sido presentado ante el juzgado en abril último y las testimoniales se ordenaron antes de que Caputo regresara a la escena pública.

En diciembre de 2020 el fiscal federal Franco Picardi imputó a Macri, Caputo, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris (presidentes del Banco Central de la República Argentina, BCRA); a Nicolás Dujovne (ministro de Hacienda de la Nación), Gustavo Cañonero (exvicepresidente del BCRA), Verónica Rappaport (exvicepresidenta segunda del BCRA), Enrique Szewach (exdirector del BCRA) y Mauro Alessandro (subgerente general del BCRA) por su presunta participación delictiva en la firma y ejecución del acuerdo con el Fondo. Fue luego de una denuncia presentada por el gobierno de Alberto Fernández. Están imputados por los presuntos delitos de defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la Administración pública.

El préstamo otorgado a la Argentina por parte del FMI fue suscripto el 12 de junio de 2018 entre el entonces Ministerio de Hacienda y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Entonces, Caputo era aún ministro de Finanzas y asumió dos días más tarde, el 14 de junio, como presidente del Central. Ejercería el cargo hasta octubre de ese año, cuando renunció. Caputo sostuvo entonces que dejaba el cargo “por motivos personales”, pero más tarde trascendieron versiones que sostenían que debió dar un paso al costado a pedido del FMI.

El caso

En junio de 2018 se había habilitado un endeudamiento a 36 meses por unos U$S50.000 millones, cifra que se amplió en octubre de 2018 a US$57.000 millones. Los montos efectivamente desembolsados fueron de casi US$45.000 millones. El informe de la AGN es pieza central en la causa, ya que cuenta con el análisis de supuestas irregularidades e incumplimientos por parte de los exfuncionarios en el préstamo más importante en la historia de Argentina y del FMI. Es, además, el primer informe del organismo sobre un acuerdo con el Fondo.

“El financiamiento superó ampliamente el monto máximo definido en condiciones de acceso normal”, dijo el organismo de control. Sin embargo, “no consta en los expedientes ni se mencionan en el Acuerdo suscripto antecedentes de análisis en relación con el otorgamiento excepcional a la Argentina”.

Sobre las implicancias económicas del acuerdo, la AGN estimó que “el préstamo con el FMI representó un 8,8% en 2018 y un 14% en 2019 de la deuda directa” y el 50% de la deuda multilateral. 

Sobre Caputo, uno de los puntos centrales de su imputación es por su decisión como presidente del Banco Central de intervenir en el mercado de cambio por fuera de las subastas con fondos del préstamo, hecho que habría terminado provocando su renuncia.

En su querella, el gobierno de Fernández había resaltado que en los estatutos del propio FMI se establece la prohibición de que “los empréstitos tomados por los Estados sean utilizados para financiar la especulación financiera y la fuga de capitales especulativos; pese a lo cual el dinero del Fondo se utilizó para dicho fin”.

El Ejecutivo también estableció en su denuncia que “recién se tomaron medidas de control de cambios una vez que los grandes especuladores financieros” tenían su dinero a salvo en el exterior. 

El préstamo ingresado por el FMI “fue utilizado para el mantenimiento de una gravosa y dañina especulación financiera con fuga de capitales a tasas que promediaron el 75% en dólares con las LEBAC que luego fueron reemplazadas por las LELIQ”, aseguró el Ejecutivo. 

Irregularidades

De acuerdo con el informe de la AGN que los testigos deberán explicar ante la jueza y el fiscal, “el préstamo con el FMI no fue autorizado ni suscripto por autoridad competente de acuerdo con la normativa aplicable a la gestión del crédito público, ya que fue firmado por el Ministerio de Hacienda, que no tenía asignadas normativamente las funciones relacionadas al crédito público”.

Además, “no surge de la evidencia cuáles son las versiones definitivas del Acuerdo (existen múltiples versiones del texto, sin poder determinarse cuál es la definitiva)”.

“Dos de los desembolsos del préstamo efectuados en 2018 no fueron ingresados al presupuesto vía Decreto o Decisión Administrativa, que representa el 30% de los fondos del préstamo”, afirmaron los técnicos de la AGN.

Se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década.

Informe de la AGN.

“Una parte de los recursos provenientes del Acuerdo se aplicaron al pago de servicios de la deuda, gastos y honorarios”, resaltó la AGN. “Otra porción se aplicó al pago de obligaciones de comercio exterior relacionadas al mercado energético, todos ellos conceptos presupuestarios”.

“Parte del primer desembolso se mantuvo depositado en una cuenta especial en el BCRA (Cuenta de Fortalecimiento de Reservas) durante 2018 (U$S7.500 millones) hasta octubre de 2019, cuando fue aplicado también al pago de servicios de la deuda y gastos (uso presupuestario)”, surge del análisis de los expertos.

El proceso tampoco fue eficiente en relación con la rendición de cuentas y la trazabilidad del uso de los fondos, concluyó la AGN. De hecho, los técnicos afirmaron que “la trazabilidad de los fondos se informó a través de planillas en formato Excel, de operatoria manual”.

¿Qué deudas pagaron con los fondos del FMI? Se detectó que el 71% de los fondos fueron utilizados para cancelar servicios de deuda emitida entre 2016 y 2019, es decir, durante el propio gobierno de Macri.

Durante el período del acuerdo con el Fondo “se observó una salida de capitales considerable y continua, alcanzando el máximo de la década y el máximo del período de flexibilización de las regulaciones cambiarias (2016-2019)”, afirmaron los expertos de la AGN. 

¿Hizo algo el gobierno de Macri para evitar la sangría de los fondos del FMI? “La implementación de medidas para evitar la salida de capitales se dio en septiembre de 2019, una vez realizados los 5 desembolsos de los fondos del préstamo del Fondo, resultando tardía”, sostiene el informe de la AGN.

ED/DTC

El Partido Justicialista anunció hoy que propondrá a Juan Manuel Olmos, actual vicejefe de gabinete, como presidente de la Auditoria General de la Nación (AGN), entidad que debe ser encabezada por un dirigente del partido opositor con mayor número de bancas legislativas. Hoy en día, el organismo está a cargo del dirigente radical Jesús Rodríguez, quien reemplazó a Miguel Ángel Pichetto en 2020.

En caso de que los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados la aprueben, su designación podría interpretarse como un triunfo de Alberto Fernández dado que Olmos es un dirigente cercano al actual presidente. También tuvo un rol central como armador de la campaña de Unión por la Patria para las últimas elecciones.

La AGN es un organismo que asiste al Congreso en el control y seguimiento del Poder Ejecutivo Nacional, dado que “tiene a su cargo el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la administración pública. De hecho, según afirmó el Partido Justicialista en un comunicado, ”el examen y la opinión del Poder Legislativo sobre el desempeño y situación general de la administración son sustentados en los dictámenes de la AGN“.

Tras la difusión del comunicado partidario, dirigentes oficialistas buscaron subrayar la trayectoria de Olmos y su idoneidad para el cargo. En este sentido, el presidente Alberto Fernández reconoció su carrera en la gestión estatal, marcada por la “construcción de consensos en política”, una cualidad que, según señaló el mandatario, es “reconocida por todas y todos”.

El ex candidato presidencial de Unión por la Patria y ministro de Economía, Sergio Massa, también se mostró favorable a la designación del vice jefe de gabinete como titular del órgano de control. “El profesionalismo y conocimiento del Estado para la tarea de control son fundamentales. Por eso creo que es un gran aporte que Juan Manuel ser Presidente de la AGN”, expresó en sus redes sociales.

La decisión de proponer a Olmos para el cargo también contó con la aprobación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

ACM con información de agencias.

La Auditoría General de la Nación (AGN) detectó “graves irregularidades” en distintos procedimientos licitatorios promovidos y concretados durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri tendientes a la contratación de energía eléctrica originada de fuentes renovables, informó en las últimas horas el organismo en un comunicado.

Entre las observaciones hechas por la AGN se destacaron la adjudicación de distintas prestaciones a empresas que no habían participado de procedimientos licitatorios, como también el pago de “precios superiores a los establecidos”, lo que derivó en “situaciones inequitativas”, indicó el dictamen.

Las irregularidades, expresó la AGN, surgieron de una auditoría en el ámbito de la Secretaría de Energía, vinculada con el “Programa Renovar” de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables de generación, establecido sobre la base de la concesión de beneficios fiscales, prioridad de pago, financiamiento y garantías a través del Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER) como herramientas de fomento.

El período auditado abarcó desde el 18 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 2021, pero las irregularidades detectadas corresponden al período macrista.

Según la AGN, la auditoría tuvo el objetivo de verificar la gestión, seguimiento y control de la Secretaría de Energía, respecto de la planificación y el diseño del programa Renovar, puntualmente en su relación con los objetivos planteados en la “Ley de fomento de las energías renovables” y las necesidades de diversificación y federalización de la matriz energética nacional.

El informe, que consta de 126 páginas, fue aprobado durante una sesión del Colegio de Auditores Generales de la AGN, en la cual participó, entre otros, el auditor general Miguel Ángel Pichetto, dirigente de la otrora coalición gobernante Cambiemos (2015-2019), ahora Juntos por el Cambio (JxC).

Entre los principales hallazgos de la auditoría se mencionó la Resolución 202. emitida en 2016 por el entonces Ministerio de Energía y Minería, que “permitió la aplicación de los beneficios del Renovar a empresas adjudicatarias de programas previos sin participar del procedimiento licitatorio”, lo que ocasionó que “se generaron situaciones inequitativas” con otros participantes del programa.

En ese sentido, el documento de la AGN mostró que las empresas autorizadas a suscribir contratos con motivo de la resolución mencionada “obtuvieron precios superiores a los establecidos para las empresas adjudicatarias” con anterioridad.

Asimismo, se “autorizó la celebración de contratos” con “precios superiores a los calculados de manera teórica por la Auditoría”.

“El esquema de distribución de riesgos del Programa se inclinó de manera favorable hacia las empresas en desmedro del Estado. El Estado Nacional, incluso, se constituyó en garante de obligaciones de terceros, comprometiendo de manera contingente sus propios recursos mediante la asunción de compromisos con organismos internacionales”, aseveró la auditoría.

Además, el informe “detectó la aplicación de un tipo de cambio erróneo en el cálculo de los beneficios fiscales”, tanto “al momento de su adjudicación, cuanto al de su otorgamiento, lo cual implicó un reconocimiento en exceso 4,6 millones de dólares”.

Por su parte, el documento destacó una “falta de conocimiento” de la autoridad de aplicación “u omisión de informar” a la AGN “respecto de operaciones de cesión y/o transferencias accionarias de algunas de las empresas autorizadas a firmar contratos” con motivo de la resolución del entonces Ministerio de Energía.

La AGN constató, en tanto, “situaciones de enajenación accionaria no conocidas o no informadas” por el Ministerio a la Auditoría.

Como consecuencias de algunas de estas irregularidades, “el 37% de la potencia adjudicada” por el programa Renovar “no logró instalarse, reduciendo el beneficio esperado y desacelerando la expansión de la generación renovable”.

El documento de la AGN resaltó que Renovar “no logró instalar los proyectos que comprometían contractualmente energía a valores más competitivos, impactando negativamente en el precio promedio de la energía renovable”.

En 2018 la Justicia inició una investigación para determinar si el gobierno de Cambiemos benefició a empresas del Grupo Macri que participaron de una millonaria maniobra de compraventa de parques eólicos.

Según los diputados nacionales kirchneristas Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, se trató de una maniobra sin licitación que habría dejado más de 40 millones de dólares de ganancia.

La denuncia de los diputados se basaba en dos artículos publicados por el diario Perfil bajo los títulos “Sin licitación, empresas del Grupo Macri compraron y vendieron 6 parques eólicos” y “Con los parques eólicos las empresas del Grupo Macri ganaron al menos 48 millones de dólares”. Allí, se revelaba que “después de varias triangulaciones, los parques eólicos y solares terminaron en poder de la compañía china Goldwind, fabricante de molinos de viento, y de Genneia, manejada por Darío Lizzano, empresario vinculado al macrismo y adquisidor de negocios de Nicolás Caputo. El pase de manos se hizo en tan solo un año y le originó a la familia Macri y a Tévez una ganancia de 70 millones de dólares, de los cuales el actual DT de Independiente se quedó con 17 millones y Guillermo Barros Schelotto con unos 700 mil dólares. Ambos giraron sus dividendos a bancos de Estados Unidos”.

El 16 de marzo de 2021 Mariano Macri, hermano del expresidente, declaró como testigo en la causa en la que se investiga un supuesto negociado con la compraventa de parques eólicos.

Sin embargo, en esa instancia desconoció todo lo que había dicho con motivo de la publicación del libro “Hermano”, escrito por el periodista Santiago O´Donnell.

Ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el hermano del expresidente aseguró que no contaba con elementos para aportar en relación a sus hermanos, las empresas familiares y los parques eólicos porque desde 2013 que no recibe información al respecto.

El presidente Alberto Fernández dijo este jueves que el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado por el exmandatario Mauricio Macri en 2018 “es un delito”, referenciándose en el informe emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN).

Titulado “Más que una deuda, es un delito”, Fernández expuso en un hilo de Twitter que “el informe de la Auditoría General de la Nación demuestra que el préstamo del FMI tomado por Macri ha violado la ley argentina y debe ser investigado con todo el peso de la Justicia”.

En esa línea, el jefe de Estado señaló que “el informe se suma a la denuncia que presenté en 2021, a través de la Oficina Anticorrupción, contra Macri y funcionarios de su Gobierno, como (el exministro de Economía, Nicolás) Dujovne, (el exministro de Finanzas, Nicolás) Caputo, (los expresidentes del Banco Central Federico) Sturzenegger y (Guido) Sandleris, por defraudación y malversación de caudales públicos, frenada por la jueza federal (María Eugenia) Capuchetti”.

“Además, por mi propia indicación, el Estado se convirtió en querellante”, recordó Fernández, y adjuntó el linksobre esa presentación judicial, a través de la procuración General de la Nación ante el Juzgado Federal 5, a cargo precisamente de la magistrada Capuchetti.

Fernández manifestó también que “ya en diciembre de 2021 el FMI había reconocido que Cambiemos no hizo ningún control de capitales para evitar la fuga de los US$ 45 mil millones”, y agregó: “Fue un primer informe, esperamos la auditoría completa”.

“Una vez más, denunciamos la forma espuria en que Mauricio Macri tomó la deuda: sin pasar por el Congreso e hipotecando nuestro futuro”, apunto Fernández, y concluyó: “Seguimos reclamando que la Justicia investigue las denuncias”.

LC con información de agencia Télam

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió este jueves en sus redes sociales un video en el que insiste con que la deuda contraída con el FMI durante la gestión de Mauricio Macri al frente del Ejecutivo es “escandalosa”. El posteo de la expresidenta se da a horas de que la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobara este miércoles por mayoría el estudio que detectó irregularidades en el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina durante el gobierno de Macri. Se trata de la primera auditoría que se realiza sobre un acuerdo entre el organismo de crédito y el país.

De acuerdo con el informe realizado, la magnitud y características de ese acuerdo impactaron “de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”. Esto se debe a que el monto acordado -de casi 57.000 millones de dólares- representa 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina en el organismo, según lo explicado por el auditor general Francisco Javier Fernández.

En su posteo de este jueves, CFK presenta un video: “Lo que vas a ver y escuchar en este video de 5:16 minutos no es la opinión de un partido político ni de un dirigente opositor, es el resultado del informe aprobado por la Auditoría General de la Nación que detalla la enorme cantidad de violaciones a la ley cometidas en el otorgamiento y posterior ejecución del préstamo del Fondo Monetario Internacional. La Auditoría General de la Nación es el organismo constitucional que, por el artículo 85 de la Carta Magna, tiene el control de legalidad, gestión y auditoría de toda la actividad estatal. Miralo! Es escandaloso lo que hicieron y lo que pasó!”, dice la Vicepresidenta.

Al rato, publicó el resto del video: “En esta segunda parte, que podríamos titular ”Cronología de la manganeta“, se detalla cómo los funcionarios de Macri intercambiaron roles y funciones para cometer esta estafa a todo el pueblo Argentino”, concluyó Cristina Kirchner.

Qué dice el informe de la AGN

Durante la reunión de este miércoles, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública- explicó los “hallazgos principales del informe” y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.

El encuentro se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Ángel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.

Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez.

El documento advierte sobre una multiplicidad de irregularidades normativas y técnicas. Entre las primeras, destacan la falta de autorización de endeudamiento, de aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y de un dictamen del Banco Central (BCRA) que aborde su impacto en la balanza de pagos.

Los auditores también destacaron que el acuerdo fue firmado por funcionarios que carecían de las facultades legales correspondientes para proceder. Participaron de la negociación inicial el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por otro lado, el informe sostiene que no se llevaron a cabo las debidas evaluaciones técnicas de costos y riesgos. Tampoco se solicitó la opinión de la Unidad de Auditoría Interna o algún otro tipo de asesoramiento jurídico efectivo a la hora de acudir al FMI.

Con información de agencias.

IG

La Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría en su reunión de hoy el estudio que detectó irregularidades en el préstamo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) le otorgó a la Argentina durante el gobierno de ex presidente Mauricio Macri. Se trata de la primera auditoría que se realiza sobre un acuerdo entre el organismo de crédito y el país.

De acuerdo con el informe realizado, la magnitud y características del acuerdo impactaron “de manera adversa en la estructura de la deuda y sus riesgos”. Esto se debe a que el monto acordado -de casi 57.000 millones de dólares- representa 127 veces la capacidad de endeudamiento de la Argentina en el organismo, según lo explicado por el auditor general Francisco Javier Fernández.

Durante la reunión, el auditor general, Francisco Fernández -en su carácter de presidente de la Comisión de Supervisión de Deuda Pública- explicó los “hallazgos principales del informe” y la importancia de esta auditoría por ser la primera que se realiza sobre un préstamo del FMI.

El encuentro de hoy se realizó en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y participaron su titular, Jesús Rodríguez, y los auditores generales Miguel Ángel Pichetto, Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada y Alejandro Nieva.

Por la aprobación del informe firmaron los auditores Fernández, Forlón, De la Rosa y Mihura, mientras que por la negativa se pronunciaron Pichetto, Nieva y Rodríguez.

El documento advierte sobre una multiplicidad de irregularidades normativas y técnicas. Entre las primeras, destacan la falta de autorización de endeudamiento, de aplicación de los procesos específicos para préstamos multilaterales y de un dictamen del Banco Central (BCRA) que aborde su impacto en la balanza de pagos.

Los auditores también destacaron que el acuerdo fue firmado por funcionarios que carecían de las facultades legales correspondientes para proceder. Participaron de la negociación inicial el presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Por otro lado, el informe sostiene que no se llevaron a cabo las debidas evaluaciones técnicas de costos y riesgos. Tampoco se solicitó la opinión de la Unidad de Auditoría Interna o algún otro tipo de asesoramiento jurídico efectivo a la hora de acudir al FMI.

ACM con información de agencias

La Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) señaló que el acuerdo con el FMI de 2018, durante la administración del expresidente Mauricio Macri, incurrió en un “incumplimiento de los procedimientos normados”, entre otras cuestiones.

“El préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente)”, señaló la AGN sobre la deuda que asumió la anterior gestión de Gobierno con el organismo multilateral, en el informe de auditoría combinada respecto a la cuenta de inversión 2018.

La auditoría, que tuvo un dictamen general favorable, señaló “salvedades” entre las que mencionó la existencia de “avales con atrasos confirmados; avales que exceden el monto autorizado; inconsistencia en Intereses de la deuda impagos; inconsistencia en la exposición de la deuda en los estados contables; utilización de mecanismos alternativos de emisión de deuda (DNU); incumplimiento de los procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI; y la emisión de deuda sin contar con cupo determinado por Ley al momento de la emisión”.

“El 20% de la emisión de deuda directa en ese año fue autorizada por Decreto de Necesidad y Urgencia”, algo que no está permitido, ya que toda emisión de deuda externa debe ser aprobada por el Congreso, además de incurrir en una “falta de procedimientos formales para la colocación de deuda en los mercados internacionales de capitales y la falta de normativa para el seguimiento de avales, fianzas y garantías”, sostuvo la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la AGN.

También observó que, en enero de 2018, y de manera previa al cierre de mercados voluntarios de deuda a la Argentina, el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, decidió emitir y colocar Títulos Públicos en Nueva York por un total de US$ 9.000 millones, “una cifra inusitada de emisión”.

En ese sentido, detalló que no cumplió con la normativa vigente para su solicitud, ya que “no se detectó normativa que acredite la modificación presupuestaria por $ 499.758 millones de pesos (correspondientes a 2 desembolsos del endeudamiento con el FMI)”.

La Auditoría tuvo como objeto evaluar el estado de la deuda pública incluida en los Estados Contables de la rendición anual de cuentas de la Nación al 31 de diciembre del año 2018.

El informe precisó que a fines de ese año la emisión neta de deuda fue de US$ 55.940 millones y que la deuda pública alcanzó los US$ 332.192 millones.

En total, la deuda pública pasó a representar el 85,2% del PBI, frente al 56.5% del PBI de un año atrás, producto de la fuerte devaluación de ese año, que hizo crecer el peso de la deuda sobre el PBI en casi 30 puntos en un año.

“Luego de la mega colocación de deuda en el exterior y la importante emisión de letras de corto plazo en el mercado local, generó un stress financiero importante para Argentina y fue la razón por la cual los mercados voluntarios de deuda se declaran cerrados para la República Argentina sumado a la pequeña suba de tasa de interés internacional. Es en ese contexto que se acude al Fondo Monetario Internacional y se acuerda un préstamo stand by por US$ 56.700 millones de dólares”, señaló la AGN en un comunicado.

La operación fue catalogada como “extraordinaria”, debido al volumen de lo solicitado y también a que la Argentina nunca había accedido a semejante endeudamiento con el FMI, muy superior al de los años 2000 y 2001 (megacanje) con US$ 8.000 millones.

Por último, informaron que el colegio de auditores sesionó hoy en el Salón Eva Perón de la sede de la AGN y que participaron su titular Jesús Rodríguez, y los auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.

DA

La pandemia de coronavirus y el clima de urgencia que impuso para tomar decisiones y articular políticas profundizaron una falencia ya estructuralmente asociada a la gestión del Estado argentino. Durante 2020, el Gobierno movilizó 7 puntos del PBI en medidas vinculadas a paliar la crisis provocada por el Covid-19, pero de acuerdo con una evaluación global elaborada por International Budget Partnership (IBP) la rendición de cuentas de los dos principales gastos fue “limitada” y arrojó los peores puntajes en algunos ítems clave como fuentes de financiamiento, adquisiciones y auditorías. 

“En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos”, apuntó Julieta Izcurdia, coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la ONG que estuvo a cargo del relevamiento en la Argentina. Según su modo de ver, los vacíos más grandes aparecen en el origen de los presupuestos (cuánto se asigna, por qué y de dónde salen esos fondos) y en la rendición de cuentas posterior, donde se contempla también el análisis del impacto de las políticas instrumentadas. La ejecución es, de algún modo, la etapa sobre la que hay mayor registro. 

La encuesta se realizó a 120 países y en la Argentina tomó como referencia el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el Programa de Asistencia al Trabajo, el Empleo y la Producción (ATP) por tratarse de las políticas más importantes en términos de participación en el gasto público. Según se argumentó, el IFE representó el 75% del total de gasto social, mientras que el ATP significó el 63% del gasto en el sector privado, y, en conjunto, representaron el 51% del total de las medidas implementadas en respuesta a la crisis con impacto presupuestario.

La urgencia de la pandemia no alcanza para explicar la falta de transparencia en la gestión de recursos en la Argentina, sino que remite a algo más estructural. De hecho, el país ha recibido puntajes similares en la encuesta general que la organización realiza cada dos años. Además, la organización señala que “la acción urgente no tiene que proceder a expensas de la rendición de cuentas” y retoma un mensaje que el Fondo Monetario Internacional (FMI) también transmitió a los gobiernos un año atrás: “Hagan lo que sea necesario, pero guarden los recibos”.

La transparencia fue especialmente débil a la hora de informar el impacto del IFE y el ATP en las personas y empresas beneficiarias, y la participación ciudadana en la formulación y ejecución de dichas políticas fue prácticamente inexistente, lo que excluye a la población afectada de tener voz en la toma de decisiones sobre las prioridades durante la pandemia y quita a los gobiernos la oportunidad de contar con contribuciones que podrían mejorar la efectividad de sus acciones. 

Izcurdia señaló que, por el tiempo que tardó en adaptarse el funcionamiento en el Congreso y la urgencia de las decisiones, la mayoría de las medidas fueron tomadas por la vía del Ejecutivo, sin que el Poder Legislativo ejerciera su rol de vigilancia. Asimismo, el rol de la Auditoría General de la Nación (AGN) y la participación ciudadana fue considerada “muy limitada”. Para la especialista, dar respuesta de manera abierta y responsable no es solo una manera de reducir los riesgos de corrupción, sino también una oportunidad para asegurar resultados más equitativos y efectivos.

Control interno

La AGN aún no auditó cómo el Ejecutivo gestionó ambos programas sociales pero tiene pendiente hacerlo en su plan de acción de 2021. Aún así, el organismo de control no medirá el impacto de estas políticas, confirmó una fuente de la AGN ante la consulta. 

La Oficina Anticorrupción (OA) sí presentó un proyecto ante los ministerio de Desarrollo Social y Trabajo con recomendaciones para mejorar la transparencia en la gestión del IFE, el ATP y otros planes de asistencia social, pero aún no han avanzado en los cambios, explicó una fuente del Ejecutivo. La OA también viene trabajando un proyecto similar con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), con mayores avances, afirmó la misma fuente.

“Es muy difícil medir el impacto de estas políticas sociales —sostuvo uno de los funcionarios que trabaja para incrementar la transparencia—, pero se puede al menos mitigar el riesgo de posibles irregularidades o desvíos de fondos”. Tarde o temprano, aseguró, el Estado deberá reforzar la transparencia en las políticas sociales para evitar que una denuncia estalle de la noche a la mañana sin que las alarmas hayan dado aviso.

En nuestro país, ya por una cuestión inercial de cómo se presupuesta y rinde cuentas, tenemos una información muy deficitaria en muchos aspectos.

Julieta Izcurdia — Coordinadora de Justicia Fiscal en la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Entre las recomendaciones, la OA sostiene que los propios ministerios deben auditar estos programas sociales; crear su propia área de transparencia; desarrollar protocolos para la distribución de los programas; garantizar la trazabilidad de los fondos; abrir más datos a la ciudadanía; y cumplir una correcta rendición de cuentas.

Antecedentes

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) se creó en marzo de 2020 y consistió en tres rondas de $10.000 que alcanzó en cada una a más de 9 millones de trabajadoras y trabajadores desocupados, de casas particulares, informales y cuentapropistas de menores ingresos en cada ronda. El presupuesto total fue de $263.000 millones y en el Gobierno aseguran que se trata de la política de mayor alcance en la historia argentina, un poco de casualidad. La estimación oficial del alcance era mucho menor, de alrededor de 3 millones de beneficiarios, y terminó captando a un universo mucho más grande. Por eso también en 2021 se decidió no continuar con esa política y hacer una puntería más fina con otros instrumentos como el Repro II y la Tarjeta Alimentar. 

Anses hizo un análisis de impacto detallado sobre la primera ronda del IFE, que arrojó que el 62% de la ayuda fue para trabajadores informales y que más de la mitad (56%) lo recibieron mujeres. 

Por otra parte, el programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se creó en abril de 2020 y, a través de él, el Estado se hizo cargo del pago de parte de la masa salarial de las empresas privadas que evidenciaran una afectación considerable por la pandemia. Implicó un desembolso de $236.377 millones que, según datos oficiales, alcanzaron al 60% de las empresas empleadoras y a casi tres millones de trabajadores y trabajadoras del sector privado registrado.

El ATP se extendió hasta diciembre de 2020 y tuvo diferentes etapas. Durante los últimos dos meses de 2020 se reintrodujo una versión del Programa de Recuperación Productiva (Repro) —un instrumento que se había usado en el país frente a la crisis financiera internacional de 2008/2009— para poder seguir atendiendo a las empresas de los sectores no críticos que aún necesitaran asistencia pero que ya no estaban incluidas en las dos últimas rondas del ATP. Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en el primer cuatrimestre ya se ejecutó el 97,4% del presupuesto previsto para el Repro II, previo a la última ampliación presupuestaria dispuesta a principios de mayo.

Durante el primer cuatrimestre del año el presupuesto inicial aprobado aumentó $47.904 millones. Entre las partidas que tuvieron mayores subas con relación a su crédito inicial se encuentran la adquisición de vacunas contra el Covid-19 y servicio de logística y distribución ($29.215 millones) y el Programa Repro II ($22.198 millones).

Otros países

La calificación de IBP es el resultado de una evaluación complementaria que el organismo internacional sumó a la Encuesta de Presupuesto Abierto que realiza cada dos años. Se trató de una medición rápida de la rendición de cuentas en los paquetes de política fiscal de emergencia implementados por los gobiernos entre el 1° de marzo y el 30 de septiembre de 2020.  

En líneas generales, IBP observó que los gobiernos no lograron gestionar sus respuestas fiscales a la crisis de manera transparente. Sólo 4 países de los 120 evaluados tuvieron niveles adecuados de rendición de cuentas (Australia, Filipinas, Noruega y Perú), otros 29 registraron “algún” nivel de transparencia (entre los que están Brasil, Chile, Costa Rica y Estados Unidos), en 55 países “limitado” (donde se ubica la Argentina) y en 32 “mínimo”. El informe revela que más de la mitad de los países pasó por alto al Poder Legislativo a la hora de aprobar estas medidas de emergencia. A su vez, más de dos tercios no proporcionaron suficiente información sobre los paquetes de ayuda implementados en la emergencia ni sobre el uso de procedimientos de adquisición simplificados, lo que dificulta evaluar si los gobiernos obtienen una buena relación calidad-precio en la compra de equipos médicos u otros bienes y servicios. 

ED/DT

El presidente de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, reveló datos sobre el manejo de la pandemia por parte del Gobierno Alberto Fernández y dio detalles del desempeño argentino en relación a la compra de vacunas, con duras críticas al oficialismo.

Según Rodríguez, en declaraciones a Radio Rivadavia, la auditoría “está obligada a investigar los contratos de la compra de vacunas. La Argentina firmó cinco contratos, que corresponden a tres tipos de vacunas. Tres de ellos son por la misma vacuna, que son las AstraZeneca, Covishield y Covax. Los otros dos son el de Sputnik V y el de Sinopharm. En total, son 50 millones de vacunas”, explicó.

En cuanto al monto de los contratos, el dirigente radical aseguró que son “alrededor de 380 millones de dólares. Eso quiere decir que el precio promedio ponderado que el país pagó por las vacunas es unos 8 dólares por dosis”, detalló.

De acuerdo a los datos oficiales que maneja la AGN, “ha llegado al país el 20 por ciento de esas dosis contratadas. Y, contrariamente, se ha pagado alrededor del 50 por ciento, de acuerdo a los datos de ejecución presupuestaria”.

Con respecto al “manejo de la pandemia” que lleva a cabo el Gobierno de Fernández, Rodríguez expresó que existe “un estudio muy interesante que relevó los datos de cómo ha sido el desempeño de 123 países sobre los casi 190 reconocidos por Naciones Unidas” y remarcó que se observaron “tres cosas: primero, la evolución del producto bruto, es decir, qué ha pasado con el nivel de actividad económica. Segundo, los fallecidos por millón de habitantes. Y, en tercer lugar, un índice muy novedoso, desarrollado por la Universidad de Oxford, por la cual se mide un índice de confinamiento de cada país. La Argentina duplica en promedio la caída del producto bruto interno de cada uno de los 123 países, muy mal desempeño. En cuanto a las muertes por millón de habitantes, triplica el promedio de esos 123 países. En el caso del confinamiento, la Argentina tiene un número que es un 40 por ciento más alto que el promedio de esos países. Quiere decir que, en materia de atención de la pandemia, el registro que muestra la Argentina es muy decepcionante. Son datos que evidencian los déficits y las falencias de un plan social que no hemos hecho bien”, sentenció.

Al finalizar, quien preside la AGN descartó cualquier tipo de injerencia del organismo en cuestiones penales al asegurar que lo que realiza la Auditoría “es un control de legalidad de los contratos y un análisis del desempeño del plan estratégico de vacunación. Las cuestiones de responsabilidades penales eventuales no son competencia nuestra”, concluyó.

Quién es Jesús Rodríguez

Jesús Rodríguez es el actual Presidente de la Auditoría General de la Nación, el máximo órgano de control externo de la República Argentina.

Había sido nombrado Auditor General, en 2016, a propuesta de su partido, la Unión Cívica Radical. En 2020, tras el cambio de signo político en el Poder Ejecutivo Nacional, su partido lo eligió para presidir el organismo.

Rodríguez tiene una trayectoria de intensa actividad gremial estudiantil y profesional, así como partidaria en la Unión Cívica Radical.

Es representante partidario en la Internacional Socialista, donde en 2017 fue elegido Vicepresidente. 

Representó a la Ciudad de Buenos Aires en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en cuatro mandatos, siendo -en diversos momentos- Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, y autoridad del Bloque Parlamentario. 

Fue electo para integrar la Convención Nacional Constituyente de 1994 y se desempeñó como autoridad en la Comisión de Reforma Federal. 

Integra el Consejo de Presidencia de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) desde 1984.

Forma parte del Consejo de Administración del CIPPEC.

Es Consultor Titular del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI).

Dirigió el Programa de Fortalecimiento Legislativo de FLACSO.

Se desempeñó como asesor de empresas y sindicatos, y como consultor de OEA, INTAL, CEPAL y BID. 

Fue ministro de Economía durante la Presidencia de Raúl Alfonsín.

IG