Una amplia mayoría de los españoles, siete de cada diez, apoya la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas como el que Unidas Podemos llevó al Congreso en junio y que fue rechazado por la mayoría de la Cámara, también con el voto en contra del PSOE. Asimismo, más de la mitad de los ciudadanos respalda los nuevos tributos creados por el Gobierno en julio para hacer frente a la inflación y a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. Estos son algunos de los datos que aporta la encuesta sobre fiscalidad realizada por Simple Lógica para elDiario.es entre los días 1 y 8 de agosto, que se suma al estudio sobre tendencias políticas efectuado por esa misma empresa demoscópica y que este diario publicó el lunes.

La principal conclusión es que, pese a las proclamas de las derechas, cuya política económica fundamental consiste en bajar impuestos, son más los españoles que apuestan por aumentar los tributos en busca de una mayor equidad social que los que reclaman una reducción fiscal generalizada como la que defienden PP, Vox y Ciudadanos. Este mismo lunes, el coordinador general de los populares, Elías Bendodo, consideraba que “el Gobierno tiene que rebajar los impuestos” en el inicio del nuevo curso político, un discurso idéntico al mantenido por su máximo jefe, Alberto Núñez Feijóo, desde que llegó al cargo en abril, y también al de su predecesor, Pablo Casado.

Según la encuesta de Simple Lógica incluso dentro de las formaciones conservadoras –entre los votantes del PP, pero también de Ciudadanos– ha ganado peso la reivindicación de una mayor progresividad fiscal como la que plantea la izquierda para que, en un contexto de crisis marcado por la tendencia inflacionista y la guerra de Ucrania, paguen más los que más tienen.

El 70,6% de los españoles respalda el citado impuesto a las grandes fortunas que, según el cuestionario de Simple Lógica, formulado a 1.078 personas, afectaría únicamente a los españoles que declaren un patrimonio igual o superior a los diez millones de euros. Si se analiza la encuesta en función del partido al que cada uno de los encuestados dio su voto en las últimas elecciones generales –solo se distingue entre las cinco fuerzas de implantación estatal, PSOE, PP, Unidas Podemos, Vox y Ciudadanos– se evidencia que, aunque por una mínima diferencia, únicamente entre los votantes de la extrema derecha hay más ciudadanos que rechazan ese hipotético tributo que los que lo apoyan. En ese caso, el de los simpatizantes de Vox, el 46,1% de ellos apoya ese nuevo impuesto, mientras lo censura el 46,7%.

La situación se invierte en el caso de los votantes del PP. Pese a las proclamas de sus máximos dirigentes en contra de los impuestos, con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la cabeza de esa estrategia que también ha adoptado el líder nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, son más (el 48,5%) los que sí respaldarían el nuevo tributo que los que lo rechazan (47,5%). Ese margen entre los partidarios y los detractores del impuesto se amplía si se les pregunta a aquellos que en las últimas elecciones votaron a Ciudadanos. El 64,8% de los votantes de la autodenominada formación “liberal” quiere un nuevo tributo para las grandes fortunas, frente al 6,5% que no lo desea y el 28% que afirma no tener un posicionamiento claro.

La medida es ampliamente apoyada por los votantes de los partidos del Gobierno. A favor del nuevo tributo se muestra el 87,5% de los electores socialistas y el 96,5% de los de Unidas Podemos. También apoyan los simpatizantes de esas formaciones de izquierdas los impuestos a los bancos y a las grandes empresas energéticas aprobados por el Ejecutivo justo antes del parón veraniego. En realidad, esas dos medidas reciben un amplio apoyo social. El impuesto a la banca lo avala el 53,7% de los españoles y, el de las grandes energéticas, el 56%.

Entre los votantes socialistas, el 83,8% apoya este último tributo a las compañías de energía, un porcentaje que asciende al 84% en el caso del impuesto a los bancos. Quienes en las últimas elecciones se decantaron, en cambio, por Unidas Podemos, el 90,2% respalda que se grave con un nuevo tributo a las eléctricas, y el 89,8%, el de la banca. Si se pregunta a los votantes de Ciudadanos la situación está más igualada ya que el apoyo y el rechazo a ambas medidas se sitúa, en los dos casos, en torno al 30%, aunque ganan los respaldos al impuesto energético (35,3% frente al 31,7%) y los rechazos al de la banca (37,9% que dicen estar en contra frente al 29,1% que se manifiesta a favor).

Los votantes de las derechas de PP y Vox se muestran, sin embargo, ampliamente en contra de esas dos nuevas iniciativas del Gobierno. En el caso del impuesto a las empresas energéticas lo rechaza el 64,6% de los electores del PP (frente al 27,5% que lo apoya) y el 61,7% de los votantes de Vox (lo respalda el 26,6%). El tributo a la banca lo censura del 64,4% de los votantes populares (frente al 24,1% que lo avala) y el 70,3% del partido de extrema derecha (frente al 17,9% que lo apoya).

El aval de los españoles que votaron a los partidos que están en el Gobierno a esas dos nuevas medidas se sitúa, en cambio, por encima del 80%, rozando el 90% en el caso de los electores de Unidas Podemos, el socio minoritario que presionó durante semanas al mayoritario, el PSOE, para que pusiera en marcha los tributos que fueron anunciados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el debate del estado de la nación del pasado mes de julio. El apoyo a los nuevos impuestos también es mayoritario –por encima del 80%– en el caso de los votantes de los partidos nacionalistas e independentistas, los socios necesarios de los partidos del Ejecutivo para poder aprobar ambas iniciativas en el Congreso de los Diputados.

Simple Lógica también divide las respuestas de los encuestados en función de su edad y en las preguntas sobre todos los tributos mencionados, el grupo más proclive a ponerlos en marcha es el que se sitúa entre los 55 y los 66 años.

El juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 rechazó la medida cautelar presentada por el ex futbolista Carlos Tevez, para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario implementado para Ayudar a Morigerar los Efectos de la Pandemia de Covid-19.

“Cuando la pretensión cautelar se intenta contra la Administración Pública es menester demostrar prima facie -y sin que ello implique un prejuzgamiento de la cuestión de fondo-, la manifiesta arbitrariedad del acto cuestionado, dado el rigor con que debe apreciarse la concurrencia de los supuestos que la tornan admisible”, señala el fallo que rechaza la presentación de Tevez.

Entre los fundamentos, se recuerda que “la procedencia de las medidas cautelares se halla condicionada a que se acredite la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por quien las solicita, y el peligro en la demora, que exige que la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal iniciado o a iniciarse, no pueda, en los hechos, realizarse, es decir, que a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten prácticamente inoperantes”.

La presentación, que en su momento realizaron los letrados del exfutbolista, indicaba que “el cobro de dicho impuesto era confiscatorio, dado que el aporte que debía realizar representaba una incidencia del 200,40% de sus rendimientos percibidos del año 2020, es decir, absorbiendo el equivalente a la renta obtenida en dos ejercicios anuales completos”.

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Finalmente, en estos días comenzó a llegar a las arcas públicas y a utilizarse parte del dinero del aporte extraordinario a las grandes fortunas que aprobó el Congreso. Todos y todas recordamos los largos meses que insumió el debate y las negativas, las alarmas y las amenazas que lo acompañaron. Primero fueron magnates a título individual: que no, que no les corresponde, que por qué no le bajan en cambio los salarios a los empleados públicos, a los enfermeros y a los docentes (como si no vinieran bajando desde hace cinco años). Cuando el proyecto avanzó en el Congreso les siguieron una a una las cámaras empresarias con declaraciones en contra: la Cámara Argentina de Comercio, el Foro de Convergencia Empresarial, la Asociación Empresaria Argentina. CARBAP incluso amenazó con salir a liquidar activos y hubo llamados similares a la “rebelión fiscal”. Uno de los diputados que impulsó el proyecto debió soportar presiones bajo la forma de un boicot al banco al que pertenece. Aunque no faltaron gritos de alarma por el “populismo” o incluso el “comunismo”, lo cierto es que un impuesto a los más ricos es algo que varios países aplicaron y hasta el FMI recomendaba.

Las actitudes que asumió el empresariado contrastan con el arrebato de solidaridad que parecieron haber sentido bien al comienzo de la pandemia. En marzo de 2020 un grupo de empresarios de primera línea salió a anunciar con bombos y platillos que recaudarían 100 millones de dólares para colaborar con las medidas sanitarias. No se los darían al Estado, por supuesto, sino a la Cruz Roja, que es más confiable. La prensa aplaudió el gesto a página entera. Leyendo rápidamente, en efecto, parecía generoso y desinteresado. Visto más de cerca, sin embargo, hay que decir que era bastante pequeño: sólo los cinco empresarios más ricos de la Argentina poseen una riqueza conjunta de 12.100 millones de dólares. Que esos cinco más todos los demás pongan apenas 100 no parece un desprendimiento demasiado conmovedor. Pero lo más llamativo es que el final ni siquiera se acercaron a esa cifra: seis meses después del anuncio, en su último informe, la Cruz Roja reportó que la colecta había ingresado, en total, menos de 5 millones de dólares (o menos de 3 a la cotización del dólar blue de entonces). Ninguno de los medios de prensa que dio lugar al anuncio inicial hizo un seguimiento de esta noticia. Mejor quedarse con la promesa, antes que con la realidad.

Como sea, el Congreso finalmente estableció que el aporte sería por ley, al Estado, por única vez y pagadero solamente por personas físicas muy ricas (lo que no alcanzaba entonces a las sociedades anónimas locales y transnacionales o a las personas que ocultaron sus capitales). En enero de este año, el Ministerio de Economía calculaba que la recaudación sería de algo menos de 5.000 millones de dólares a la cotización oficial (lo que, por comparación, da una idea de lo irrisorio del “gesto solidario” que los empresarios habían hecho motu proprio). Pero ese monto no iría todo para paliar la pandemia. Aunque esa fue su justificación, la ley establecía que el 25% de lo recaudado volvería a manos de grandes empresarios bajo la forma de subsidios a la explotación gasífera. Otro 20% irá para cubrir los costos salariales de medianos y pequeños empresarios y así evitar despidos. Sólo el 35% va en subsidios directos a las clases bajas y el restante 20% va para vacunas e insumos médicos. 

Así y todo, los alcanzados por la norma la siguen resistiendo. Unos cuantos buscaron cautelares de jueces para no pagar; vencido el plazo hace poco, el 20% no había pagado y la recaudación era la mitad de la esperada. Entre los que sí pagaron, de inmediato empezaron a explorar modos de conseguir una devolución. Es improbable que suceda, pero en Argentina nunca se sabe. 

Durante todo el debate que el aporte suscitó, sin embargo, se perdió de vista una cuestión central. Incluso si se recauda en su totalidad, el aporte que harán (algunos de) los ricos posiblemente no llegue a compensar lo que el Estado pierde –no por única vez, sino cada año– en concepto de evasión impositiva. Algunas noticias recientes sirven para dar una idea de la magnitud del problema. Solamente por el “rulo” de cruzar la soja en camión a países limítrofes y luego “importarla” para su procesamiento y exportación, se calcula que la Argentina perdió 1.900 millones de dólares. Sólo en 2020. Otros 330 millones de dólares se esfumaron ese mismo año en concepto de sobrefacturación de importaciones y subfacturación de exportaciones. En lo que atañe a la carne, hace pocos días elDiarioAR informó que una investigación del fisco descubrió que el 90% de los frigoríficos subfacturan o no declaran, lo que ocasiona otras pérdidas millonarias. Son apenas algunos rubros de comercio exterior de los que hay indicios; faltan los demás y todo lo destinado al mercado interno. 

Los altísimos niveles de evasión no son problema exclusivo de la Argentina. La ONG Tax Justice Network, que se dedica a la cuestión, advierte las sumas astronómicas que cada año pierden todos los estados por causa del desvío de flujos financieros a través de paraísos fiscales. Sólo por ese ítem (que es apenas una parte de la evasión total), calculan que la Argentina pierde de recaudar casi 2.700 millones de dólares cada año. El aporte extraordinario, que irritó a algunos y acaso haya hecho sentir generosos a otros, aparece ciertamente como un módico paliativo frente a esos números. Acaso sería mejor, en lugar de requerir aportes solidarios, pedir disculpas y jurar que será por única vez, encontrar el modo de detener esa sangría constante.

EA