Había pistas. El 12 de enero, a poco más de un mes de asumir en el Gobierno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió al expolicía bonaerense Luis Chocobar, condenado por matar a un delincuente que había atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca en 2017. En el encuentro hablaron sobre planes para “modernizar y adaptar” la legislación del Código Penal para “garantizar un marco legal que ampare a quienes defienden la seguridad pública”. Este jueves habrá un anuncio en su ministerio: se anunciará el restablecimiento del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, también conocido como “protocolo Chocobar”.

Será a las 15 y participarán la ministra Bullrich junto al secretario de Seguridad, Vicente Ventura Barreiro, y el jefe de Prefectura Naval Argentina, prefecto general Guillermo Giménez Pérez. El Ministerio indicó en un comuniciado: “En su compromiso inquebrantable de proteger a quienes nos protegen, (Patricia Bullrich) anunciará el restablecimiento de la vigencia” del reglamento que había sido dictado bajo Resolución 956/2018 y que fue dejado sin efecto por la exministra Sabina Frederic el 20 de diciembre de 2019, a escasos días de asumir su cargo.

Qué dice el protocolo relanzado

Dicha resolución fue publicada el 27 de noviembre de 2018 en el Boletín Oficial y aprueba el “reglamento general para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. Incluye un anexo que dice que los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad “sólo podrán usar las armas en cumplimiento de sus deberes cuando sea estrictamente necesario y en la medida que lo requiera el desempeño de sus tareas”; que “se hará uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” y enumera como casos: “a) En defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves; b) Para impedir la comisión de un delito particularmente grave, que presente peligro inminente para la vida o la integridad física de las personas; c) Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad; d) Para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención”.

El reglamento también expresa que “ante el necesario empleo de armas, los funcionarios de las fuerzas federales de seguridad deberán identificarse como tales intimando de viva voz a cesar la actividad ilícita” aunque “se exceptúa de este requisito en aquellas situaciones donde dicha acción pueda suponer un riesgo de muerte o de lesiones graves a otras personas, cuando se pusiera indebidamente en peligro sus propias vidas o su integridad física, o cuando resultare ello evidentemente inadecuado o inútil, dadas las circunstancias del caso”. Estos últimos puntos abren una zona de grises libradas a la subjetividad del oficial de acuerdo a la circunstancia.

Además, el protocolo dice que “en toda situación donde el empleo de las armas ocasione lesiones o muerte, se procederá de modo que se presten lo antes posible asistencia y servicios médicos a las personas afectadas, debiendo comunicarse los hechos inmediatamente a la autoridad competente y la superioridad, para lograr la rápida realización de un informe detallado que permita la revisión administrativa, la supervisión judicial por parte de las autoridades competentes, y se efectuará la pertinente comunicación de los hechos a los parientes o amigos íntimos de las personas afectadas”.

Por otra parte, se establecen parámetros para considerar que existe peligro de muerte. En este sentido, se enumeran como circunstancias “Cuando se actúe bajo amenaza de muerte o de lesiones graves para sí, o para terceras personas; b) Cuando el presunto delincuente posea un arma letal, aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal; c) Cuando se presuma verosímilmente que el sospechoso pueda poseer un arma letal”.

Respecto del último punto se consideran peligrosas las siguientes situaciones: “Cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma o haya efectuado disparos, o haya lesionado a terceras personas; Cuando trate de acceder a un arma en circunstancias que indiquen la intención de utilizarla contra el agente o contra terceros; Cuando efectuase movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma; Cuando estando armado, busque ventaja parapetándose, ocultándose, o mejorando su posición de ataque; Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas, la muerte o lesiones graves a cualquier persona; Cuando se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves; Cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaren, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”.

Luis Chocobar fue condenado a dos años de prisión por el homicidio “en exceso del cumplimiento del deber”, aunque la Justicia lo autorizó a seguir siendo miembro de la Policía pero sin realizar “funciones operativas” ni utilizar armas de fuego por cinco años. Desde un primer momento, Bullrich, que por aquel entonces era ministra de Seguridad del expresidente Mauricio Macri, apoyó al efectivo. De hecho, pocos meses después del episodio, Chocobar también fue recibido en Casa Rosada por el exmandatario del PRO.

MM/JJD

“La vía pública es el rostro de una nación, el único escenario donde el Estado está presente visiblemente en la persona de los miembros de sus fuerzas de seguridad”. Página 52 de De un día para otro. Medidas para cambiar de verdad en las primeras 24 horas de gobierno (Sudamericana), el libro que publicó Patricia Bullrich en septiembre pasado y que presentó en el salón de actos de la Facultad de Derechos de la UBA apenas días después de ganarle a Horacio Rodríguez Larreta las PASO y poco antes de quedar fuera del balotaje que ganó Javier Milei. Con la oficialización este viernes de que volverá al ministerio que condujo entre 2015 y 2019, la frase podría dejar de ser una simple consigna puesta en letras para pasar a ser una política estatal: para Bullrich, antes que nada, primero están las fuerzas de seguridad.

Bullrich vuelve a Seguridad de la mano de Milei, con el objetivo de “poner orden”. Un “orden” al que relaciona directamente con la presencia activa de las fuerzas y el control policial de la vida cotidiana. No será un mero revival de lo que fue su gestión durante el macrismo, sino una profundización de aquellas políticas de “mano dura”, expresión que llegó a usar durante su campaña electoral. Ahora cambió el tono, haciendo suya una frase que patentó el libertario: “Es simple: el que las hace las paga”, cerró su mensaje en redes sociales al aceptar el cargo que asumirá el 10 de diciembre.

Tanto su último libro como su gestión con Mauricio Macri dan pistas de lo que será la política de seguridad mileista, con el control de la calle como eje central. La vía pública pasará a ser escenario de la avanzada política, económica y hasta cultural que propone el presidente electo. Y ahí tiene que estar la policía. “Los agentes del orden (...) son la única expresión de un gobierno a cielo abierto”, dice Bullrich en su texto. elDiarioAR solo encontró silencio en su entorno en las últimas horas. 

Antipiquete

Lo primero con lo que querrá barrer Bullrich será con cualquier posibilidad de piquetes y manifestaciones que pueda ocasionar el ajuste económico que propone Milei. En eso estará en línea con el flamante ministro de Seguridad que tendrá la ciudad de Buenos Aires, Waldo Wolff. De hecho este viernes el jefe de Gobierno electo, Jorge Macri, celebró un operativo de la Infantería de la policía porteña que impidió un piquete en la avenida 9 de Julio.

El tándem Bullrich-Wolff tendrá el primer desafío muy pronto: el 19 y 20 de diciembre el Polo Obrero agendó sus primeras jornadas de marchas en todo el país por los planes sociales. La receta que aplicará el gobierno entrante será con represión.

En el imaginario bullrichista sigue muy fresca la movilización contra la reforma previsional de diciembre de 2017: el latiguillo macrista son “las 14 toneladas de piedras” que se habrían lanzado desde los manifestantes kirchneristas y de izquierda contra la policía. La exministra recuerda en su libro que le impidieron actuar con las fuerzas federales para reprimir, mientras el oficialismo fracasaba en la votación en la Cámara de Diputados.

“A algún funcionario nacional se le ocurrió que no había que reprimir aquel ataque salvaje y premeditadamente organizado cuya fallida contención quedó a cargo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, paralizada y victimizada por la orden de no actuar”, escribe, en referencia implícita al entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, y a Larreta. “Durante el ejercicio de mi cargo de ministra de Seguridad no permití los cortes de rutas nacionales, las vías sobre las cuales yo tenía jurisdicción; pero debe reconocerse que no todos procedieron de la misma manera”, apunta en su texto.

Ahora Bullrich vuelve recargada: “Ni una sola piedra arrojada quedará impune”, destaca en un capítulo donde escribe: “Las fuerzas de seguridad, con el respaldo de las normas y del poder político, poseen experiencia suficiente para disolver los piquetes, identificar a sus líderes y arrestarlos, porque la interrupción de una vía de acceso constituye un delito que se comete en flagrancia y, por tanto, no se requiere una orden judicial para actuar”.

Doctrina Chocobar

La política antipiquete de la futura ministra va el línea con el regreso de la llamada “doctrina Chocobar”, un protocolo que ella misma reglamentó en la resolución 956/2018 y que habilitaba a las fuerzas federales a disparar sus armas reglamentarias ante cualquier amenaza, aún cuando del otro lado no hubiera armas o quien violara la ley estuviera de espaldas.

Escribe Bullrich en su libro: “Durante mi gestión, di orden a mis asesores de elaborar un protocolo sobre el uso de las armas de fuego. Ese protocolo establecía claramente en qué casos y de qué manera podían utilizarlas e incluso disparar. La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación —ya sin Zaffaroni— me había sugerido redactar algo así y, una vez puesto en marcha, el protocolo fue avalado, en diferentes casos, por siete jueces federales. Terminado nuestro mandato, lo primero que hizo el gobierno kirchnerista, a instancias de la nueva ministra (en alusión a Sabina Frederic), fue derogar aquel protocolo. Los miembros de las fuerzas de seguridad quedaron en tal situación de incertidumbre que un policía prefirió correr el riesgo de que lo mataran antes que sacar su pistola para defenderse”.

El nombre público de esa normativa remite al caso del expolicía Luis Oscar Chocobar, quien en diciembre de 2017 mató al balear por la espalda a Juan Pablo Kukoc, en diciembre de 2017, durante un intento de robo a un turista extranjero. Bullrich se atrevió a llevar a Chocobar como uno de sus “invitados especiales” en el segundo debate presidencial en las recientes elecciones. En mayo pasado el Tribunal Oral de Menores N°2 de Comodoro Py lo condenó a dos años de prisión en suspenso y a cinco años de inhabilitación para ejercer como funcionario público. 

Según la Correpi (Coordinadora contra la represión policial e institucional), el regreso de la doctrina Chocobar potenciará el aparato represivo del Estado, que durante el macrismo-bullrichismo fue letal: “El de Cambiemos fue el gobierno más represor desde 1983”, señala el informe de la organización sobre el saldo de la gestión 2015-19, que representa más del 26% del total de casos de gatillo fácil que hubo desde el retorno democrático. La Correpi registra un total de 1833 personas “asesinadas” en 1435 días de gobierno (entre el 10 de diciembre de 2015 y el 15 de noviembre de 2019). 

Entre los años 2020, 21 y 22 del Frente de Todos registraron 1604 casos, pero cambió la modalidad: “hubo un descenso –rela­tivo, pero sostenido— de los fusilamientos de gatillo fácil”, dice la ONG en su último informe y destaca el cambio de política sobre “la de­rogación de los protocolos Bullrich y la prohibición del uso del arma reglamentaria fuera de servicio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria”. Que las cifras sigan altas se debe a que la mayor parte de las muertes “ocurrie­ron bajo custodia”. 

“Ahora vamos a enfrentar de nuevo a Bullrich, pero recargada con el filtro de Milei y de Victoria Villarruel”, planteó a elDiarioAR María del Carmen Verdú, referente de la Correpi. En su momento la ministra enfrentó directamente a la organización con un contra-informe titulado “Ministerio de Seguridad vs. CORREPI”. 

Santiago Maldonado y Rafael Nahuel

Hablar del paso de Bullrich por Seguridad también implica recordar los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, dos muertes en las que estuvieron involucradas la Gendarmería y la Prefectura, respectivamente, fuerzas que dependen directamente del ministro de turno. 

Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 luego de una represión contra la comunidad Pu Lof en Chubut que estaba cortando la ruta 40: apareció muerto 78 días después en el río homónimo de la provincia. “Desde el primer momento, el gobierno nacional y la entonces ministra Patricia Bullrich redoblaron la apuesta: negaron la desaparición de Santiago, atacaron y espiaron a su familia, ocultaron evidencias”, denunció el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) al cumplirse seis años del caso. 

Bullrich y Macri siempre se despegaron de tener responsabilidades políticas mientras un juez federal de Rawson sobreseyó a los gendarmes acusados por el operativo. Hoy la familia de Maldonado exige que la Corte Suprema designe un nuevo juez para que reabra la investigación “sin descartar la figura de desaparición forzada”. El exmandatario llegó a descalificar a Maldonado hace pocas semanas: “Los ríos de la Patagonia son bravos, no es para cualquier salame distraído cruzar un río por más que tenga diez metros de ancho”, dijo durante una conferencia en Uruguay al recordar el caso. 

En su libro, Bullrich reflexiona sobre el caso Maldonado de una manera muy particular: “Resulta imperioso capacitar a los docentes. ¿Con quién haremos la segunda revolución educativa de la Argentina? ¿Con Rosario Vera Peñaloza, con Leopoldo Marechal, con José Manuel Estrada? ¿O con los maestros que pasaban lista llamando a Santiago Maldonado para demostrar que era un desaparecido y los que decían en el aula a los hijos de los gendarmes que sus padres eran asesinos? Entre esos dos extremos –uno ilustre y el otro vicioso– estoy segura de que existen miles de docentes deseosos de dar lo mejor de sí”, se puede leer casi al final del texto, en un capítulo sobre sus propuestas educativas. 

En el libro no hay referencias a Rafael Nahuel, joven de la comunidad mapuche que también murió en 2017 tras una represión en Villa Mascardi. Cinco prefectos fueron condenados a cinco y cuatro años y medio de presión esta misma semana, fallo que será apelado por la querella por considerarlo “insuficiente”. Pero Bullrich sí habla sobre la cuestión mapuche en su texto: “El Sur argentino está asediado por grupos terroristas de la Resistencia Ancestral Mapuche que incendian viviendas y vehículos, hieren y matan a civiles y uniformados y ocupan territorios y edificaciones, ante la indolencia, cuando no la complicidad, del gobierno”. Acusa de esas acciones al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y revela su propuesta específica para lograr “orden”, que ahora nada le impedirá llevar a cabo: “Habrá que llegar con el doble de la potencia que pusimos en nuestra primera gestión; emplear a todas las fuerzas de seguridad y, en la medida en que la ley lo permita, también a las fuerzas armadas para dar apoyo logístico”. 

Narcotráfico y la cárcel CFK

Bullrich ya avisó que buscará emplear incluso a las Fuerzas Armadas en seguridad interior –política que tiene límites legales–, sobre todo en su lucha contra el narcotráfico. Fue celebrada cuando envió 3.000 gendarmes a Rosario, política que esta vez sin duda repetirá: en la gobernación santafesina asumirá Maximiliano Pullaro, que en su momento fue el ministro de Seguridad provincial. Ya esta semana hubo reuniones entre ellos. 

Bullrich destaca que durante su gestión “se llevaron a cabo 102.547 procedimientos, se incautaron 805.482 kilos de marihuana, 33.020 kilos de cocaína, 626.698 unidades de droga sintética y fueron detenidas 107.257 personas”. “Se trató de los resultados más altos de toda la historia argentina, y eso lo conseguimos porque valorizamos el papel de las fuerzas de seguridad, sin dejar de controlar su comportamiento”, apunta en su libro. 

Entre otras medidas, la próxima ministra propone además reimplantar desde el día uno el Régimen de Máxima Seguridad en las cárceles y hasta tiene en plan la construcción de un penal llamado “Cristina Fernández de Kirchner”. Quiere que el Servicio Penitenciario Federal pase del Ministerio de Justicia al de Seguridad y, también, “restablecerse el servicio de inteligencia de ese cuerpo, que quedaría así integrado a la comunidad de la Dirección de Inteligencia Criminal”.

Además propone bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Y tiene un punto que discutir con el futuro mandatario: rechaza la libre portación de armas, política que está en la plataforma de campaña de La Libertad Avanza.

“Necesitamos la fuerza de la ley y el orden para reconstruir nuestro futuro en libertad”, escribe Bullrich en su libro. ¿Imaginaba ya su futuro político junto al libertario? “Yo puse orden durante los cuatro años que manejé el Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirma, y cierra con tono poético: “Amé el orden, amo el orden y sé cómo establecerlo en una sociedad que, junto con la verdadera libertad, lo necesita y lo reclama más que nunca”.

MC/JJD

Tres policías toman por asalto a cuatro pibes que regresan de una práctica de fútbol en Barracas Central. Lucas González recibe dos balazos fulminantes. El cuerpo de Lucas se vuelca inerte sobre Julián, el conductor del auto, su “amiguito”. Los chicos piden auxilio a dos mujeres policías que encuentran a 200 metros. No los ayudan. Los arrestan.

Todo es un horror: Lobos que atacan de civil y sin identificación, con armas provistas por el Estado. El prejuicio del que son víctimas a diario los adolescentes morochos con visera de marca, pantalón ancho y zapatillas caras. La impericia y la complicidad de las agentes que, ante el hecho consumado, buscan amparar a sus colegas antes que socorrer a las víctimas. Los reportes policiales falsos que rápidamente adquieren la forma de título en la web de Clarín, la agencia Télam y, a decir verdad, en casi todos lados. “Tres delincuentes detenidos, uno con un balazo en la cabeza, tras tirotearse con la Policía”.

Esta vez les salió mal. Resultó que Lucas, Joaquín, Julián y Huanca querían jugar en Barracas Central y había fotos que los mostraban orgullosos en las prácticas. Los testimonios de sus familias tuvieron la fuerza visceral de la impotencia; no mostraron la más mínima fisura. Esta vez, las categorías “motochorro”, “transa” o “narco” que regalan los zócalos de los canales y los portales de noticias no encajarían tan fácil. Decenas de amigos y familiares se congregaron en la misma noche del miércoles en las inmediaciones del Hospital Penna. Al día siguiente fueron cientos. El siga-siga cementado con una de las mayores pautas publicitarias de la Argentina, la del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tendría vuelo corto.

Distinto fue el caso de Jorge Martín Gómez, un hombre obeso y a todas luces intoxicado que murió en Boedo por una patada en el pecho el 20 de agosto de 2019; o el del remisero Claudio Romano, ejecutado cuando yacía herido sobre la calle Malabia, en Villa Crespo, tras haber atacado a un policía, el 1 de octubre del mismo año; o el de Matías Moyano, un joven con discapacidad mental que se acercó a un banco en Villa Urquiza con una pistola de juguete y recibió dos disparos, hace un año.

Sin preguntas, sólo festejos

Todos esos casos eludieron la atención mediática o encontraron una versión edulcorada. Lejos de ser aislados, son muestras de una secuencia sin fin. Como Horacio Rodríguez Larreta, su ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el antecesor de peste en el cargo, Diego Santilli, gozan del beneficio imperturbable de la no repregunta, se permiten celebrar a diario a una fuerza policial mediante frases grandilocuentes y estadísticas maquilladas. Esta vez no pudo ser, pero ya habrá tiempo para reorganizar una gala en el Teatro Colón por el quinto aniversario de la ejemplar Policía de la Ciudad.

Para no quedar atrás de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, la web provee el testimonio de Rodríguez Larreta haciendo una arenga, nada menos que ante una tropa de policías de la Ciudad, a favor de Chocobar

Tras un debido proceso, los agentes Gabriel Isassi, Fabián López y José Nievas recibirían penas que irán del homicidio agravado al encubrimiento. Habrá que dilucidar quién fue el autor de la bala mortal. El clima político determinará si la responsabilidad penal asciende hacia quien autorizó que ese trío se moviera sin identificación, una práctica habitual en las fuerzas de seguridad.

Los asesinos de Lucas no gozarán del privilegio de su colega Luis Chocobar, apadrinado por casi toda la cúpula del PRO. Para no quedar atrás de Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo, allí está el testimonio de Rodríguez Larreta haciendo una arenga, nada menos que ante una tropa de policías de la Ciudad, a favor de quien mató por la espalda a Pablo Kukoc. Por lo visto, al menos tres agentes creyeron entender el mensaje y segaron la vida de Lucas.

La hegemónica fracción de derecha de Juntos por el Cambio juega a la mano dura, un clásico de los políticos de ese origen. Ahora que se sumaron a la competencia electoral los apologistas del terrorismo de Estado y promotores de matanzas —los libertarios—, todo permite prever que, cuando se calmen las aguas, halcones y palomas del PRO y la UCR retomarán la retórica encendida.

¿Y el resto? ¿Sergio Berni y sus jefes Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof van a cuestionar la demagogia punitiva de sus colegas de Capital Federal? ¿Daniel Scioli, Alejandro Granados o Aníbal Fernández tendrán algo para decir? ¿Con qué autoridad lo harían, si en la provincia de Buenos Aires, donde por lógica se produce la mayor cantidad de casos de gatillo fácil dado el tamaño de su población, el kirchnerismo eligió un registro militarista y provocador para bloquear a sus rivales de derecha?

¿Sergio Berni y sus jefes, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof, van a cuestionar la demagogia punitiva de sus colegas de Capital Federal?

Parece difícil que a los gobernantes radicales de Jujuy, Corrientes y Mendoza, o a los peronistas variopintos de Córdoba, Chubut, Chaco, Tucumán, Formosa y Salta, o a los socialistas de Santa Fe se les ocurra esgrimir una crítica a algún par de otro signo político. Cualquiera de ellos se vería expuesto a que les recordaran episodios de brutalidad policial de inminente actualidad y su anuencia con el punitivismo. Las malditas policías, herederas del terror de Estado, conviven con la democracia desde hace cuatro décadas.

El mensaje y sus lectores

Cierto es que no corresponde hacer tabla rasa para equiparar responsabilidades políticas. El amparo directo a Chocobar en que incurrieron los gobiernos de Macri y Larreta constituye una contundente carta blanca desde la cúpula del Estado que es leída tanto por un agente que sale a la caza como por uno honesto que gana un sueldo magro apostado en una esquina de un barrio difícil, y que a su vez se ve sometido a un sistema delictivo que con frecuencia escala en la jerarquía de la fuerza. No fueron equiparables la reacción corporativa y guerrerista de Macri y Bullrich ante las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, y la investigación promovida por el gobierno de Alberto Fernández ante el asesinato del peón rural Luis Espinoza en Tucumán, en mayo de 2020. Que el Estado reaccione ante crímenes cometidos en el seno de sus propias instituciones, con la separación de los responsables y la colaboración en la investigación, es una diferencia crucial que impide generalizaciones propias del equilibrismo.

Ahora que se sumaron a la competencia electoral los apologistas del terrorismo de Estado y promotores de matanzas —los libertarios argentinos—, todo permite prever que, cuando se calmen las aguas, halcones y palomas del PRO retomarán la retórica encendida.

El periodismo, socio fundamental de la demagogia punitiva. Los políticos como José Luis Espert o Carlos Ruckauf que piden meter bala tienen un correlato en presentadores del prime time de los canales de noticias o en editoriales de La Nación y tantos otros. Ni los candidatos demagógicos ni las estrellas de la televisión verán cara a cara a quienes recibirán las balas que pregonan. Algún día, un juez evaluará si esas arengas de muerte constituyen delito, pero las responsabilidades no acaban allí.

Zócalos omnipresentes, whatsapps de ministerios de Seguridad transformados en notas periodísticas, tonos lacrimógenos de los cronistas, interminables minutos de pantalla sobre episodios delictivos habituales en todo el mundo contribuyen a un amarillismo inaudito que se transformó en medular en el ecosistema de los medios argentinos.

Una meta del periodismo es despejar el ruido para encontrarse con los hechos; informar y ayudar a pensar. Sin embargo, la sola mención a una estadística sobre índices delictivos para poner en contexto una noticia puntual rompe la mátrix del abordaje dominante sobre la inseguridad. Un dato o una comparación internacional recibirá una cara de circunstancia del presentador seguida de un aluvión de frases fúnebres y el testimonio de un familiar de una víctima puesto frente a una cámara. Puede parecer ciencia ficción para estas latitudes, pero hay países en los que la televisión evita, por manual de estilo, acercar el micrófono a una persona en el momento más doloroso de su vida, por respeto, justamente, a su lógica desesperación.

Más cotidiana y persistente es la estigmatización de chicos con visera de marca, pantalones anchos o angostos y zapatillas caras que vuelven de entrenarse en Barracas Central y terminan acribillados por la Policía. 

SL

El expresidente Mauricio Macri y la líder del PRO, Patricia Bullrich, calificaron hoy de “triste” al fallo que condenó al policía Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por matar a un delincuente que escapaba tras asaltar a un turista estadounidense en 2017, y reivindicaron el accionar del efectivo al asegurar que cumplió con su deber.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Macri expresó que se trata de un “día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delincuentes”.

De esta manera, el expresidente cuestionó el fallo condenatorio de los jueces del Tribunal Oral de Menores 2, quienes entendieron que el policía bonaerense fue el autor material de un “homicidio agravado” cometido con “exceso en el cumplimiento del deber” y lo inhabilitaron por cinco años a cumplir funciones operativas con la utilización de armas de fuego.

Precisamente, los jueces coincidieron en el delito que había solicitado la fiscal Susana Pernas y desecharon la hipótesis de la defensa, que había pedido la absolución de Chocobar.

Patricia Bullrich esperó a Luis Chocobar a la salida de la lectura del veredicto que condenó al policía a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc y sostuvo que la pena dictada por el Tribunal Oral de Menores número 2 “no reconoce el trabajo policial”. 

En la puerta de Comodoro Py, tras conocer la sentencia y abrazar a Chocobar, acompañada también por el diputado Waldo Wolff, la líder del PRO consideró “muy injusta” la sentencia y analizó que fue “evidente que no fue un caso de gatillo fácil porque si no, lo hubiesen condenado a homicidio. Lo lamento porque es un grave problema para la seguridad de los ciudadanos”, declaró Bullrich.

Según la exfuncionaria, dos años en suspenso “es como decir nada; podrían haber planteado las cosas claramente. Y claramente, era la absolución porque el policía actuó en cumplimiento de su deber”, remarcó.

Asimismo, la líder del PRO reclamó a la Justicia que “cuando un policía sale en defensa de un ciudadano, en vez de condecorarlo por defender a la ciudadanía, termina con una condena que es menor. Se evalúa una cuestión técnica, dicen que hizo todo bien, pero que al final tiró mal, como si los jueces entendieran lo que es ese momento”, sentenció.

Además, en Twitter, Bullrich posteó una foto con el policía: “Condenaron a Luis Chocobar, un policía que hizo su trabajo: defender a una víctima de un asalto e intento de homicidio. Esta sentencia condena a toda la sociedad: ¿qué policía va a querer actuar sabiendo que terminará juzgado? Lamentablemente, el relato pudo más que la verdad”, concluyó.

IG

El Tribunal Oral de Menores número 2 condenó este viernes a Luis Oscar Chocobar a la pena de 2 años de prisión en suspenso y de 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El policía mató a Pablo Kukoc, el joven de 18 años que robó y atacó a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca, en diciembre de 2017.

“La gente que me quiere sabe bien quién soy. La Policía de la Provincia tiene unos huevos impresionantes”, dijo Chocobar al salir de los tribunales.

En tanto, para el abogado de la familia de Kukoc, Pablo Rovatti, “lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo, que eso está prohibido y es delictivo. La condena impide que Chocobar siga siendo policía y que porte un arma, para lo cual evidentemente no estaba capacitado. Eso es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad”, expresó.

Además, el letrado consideró que ningún “policía que mata a tiros por la espalda a una persona que huye está justificado, nadie que haga eso cumple con su deber, sino exactamente lo contrario. Todo policía sabe bien esto y aclarar que la enorme mayoría de las y los policías respeta la ley en el cumplimiento cotidiano de sus tareas. En este caso no se juzgó a la policía, sino a un funcionario concreto que abusó de su función y privó arbitrariamente de la vida a una persona. No hay que confundir las cosas”.

De todos modos, Rovatti no se mostró del todo conforme con el fallo y consideró la condena como “demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio”, al tiempo que anunció que su estudio va a “recurrir en Casación por la cuestión de calificación jurídica y la pena que corresponde imponerle. Pero un hay primer paso dado, Chocobar es culpable y fue condenado”, concluyó.

El caso

La mañana del 8 de diciembre de 2017, Frank Wolek, un turista estadounidense paseaba sacando fotos por La Boca, cerca de la zona de Caminito. De repente, Pablo Kukoc, de 18 años y un cómplice, que tenía un año menos, lo atacaron para sacarle su cámara. Forcejearon con él y le dieron diez puñaladas. Los dos jóvenes salieron corriendo. El más chico logró escaparse, mientras que Kukoc fue interceptado a tres cuadras por otros dos hombres que le cruzaron una moto. Ellos, junto a un tercero que apareció caminando, le pegaron en la cara a Kukoc y le sacaron la cámara para devolvérsela al turista. En ese momento, el policía Luis Chocobar apareció en escena disparando. Estaba de civil en la zona y cuando vio lo que le había sucedido a Wolek, corrió detrás de Kukoc, quien huía del lugar. Al llegar a la esquina de Irala y Suárez, el oficial le disparó al menos siete veces, dos de ellas fueron las que impactaron en Kukoc, una en el muslo izquierdo y otra, la que le provocó la muerte, en la parte baja de la espalda.  

Doctrina Chocobar

Tanto el ex presidente Mauricio Macri como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendieron de manera pública el accionar de Chocobar. De hecho, la exfuncionaria firmó una resolución que autorizaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a disparar contra quien “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”. Así entró en vigencia el  “Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”,  que cambió de manera drástica los criterios de precaución que hasta ese momento debían tener los miembros de las fuerzas de seguridad antes de disparar con sus armas. A esta modificación, se la denominó “Doctrina Chocobar”.

En sus alegatos, la fiscal del juicio, Susana Pernas, sostuvo que Chocobar era autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber” y pidió tres años de prisión en suspenso. La querella, en cambio, solicitó una pena de prisión perpetua y el delito que le imputó fue el de “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. Por otro lado, la fiscal había pedido 18 años de prisión para el menor acusado. El juicio llegó a su fin luego de ocho meses con varias interrupciones por la pandemia. Antes de eso, la defensa del policía hizo planteos para que se hiciera un juicio por jurados, algo que en la Ciudad no está permitido. 

El veredicto en el juicio a Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, se conoce este viernes en los Tribunales de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

La audiencia comenzó a las 10 con las “últimas palabras” del efectivo y del presunto cómplice del delincuente fallecido Juan Pablo Kukoc (18) ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, ubicado en avenida Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro.

A mediados de diciembre de 2017, mientras Luis Chocobar ensayaba la primera defensa por su accionar en el barrio de La Boca, recibió un enorme abrazo del Gobierno y se dio cuenta de que ya no iba a estar solo. Mientras la Justicia lo procesaba y lo embargaba, desde la Casa Rosada lo encumbraron como el héroe que había defendido la vida del turista estadounidense robado y apuñalado. Se transformó en el emblema del combate oficial contra el garantismo, que supuestamente conducía a la impunidad de los delincuentes. La reducción de matices imponía un discurso en el cual los policías tenían permitida una discrecionalidad que los alejaba de las leyes.

En infinidad de casos de violencia institucional, la convalidación llega desde las propias fuerzas de seguridad, cerrando filas, complicando investigaciones, ocultando pruebas y otras prácticas necesarias para que sus integrantes tengan una mejor suerte en las instancias judiciales. Las primeras líneas del Poder Ejecutivo no suelen exponerse al lado del policía acusado, los casos con gatilladores fáciles no son confiables y, con el avance de las causas, los políticos pueden ver como su capital político se derrite por haber metido las manos en el fuego. Pero ésa no fue la elección de Macri, Bullrich, Peña y cuanto alto funcionario le preguntaran en aquellos días en los que el segundo semestre no llegaba. Ante la falta de respuesta económica, siempre fue buena opción refugiarse en otra de las grandes preocupaciones de los argentinos: la inseguridad. 

La defensa de los integrantes de las fuerzas, con Patricia Bullrich como primera voz, se expuso con los episodios de la Patagonia. Primero con el caso Maldonado y luego con el de Rafael Nahuel, el joven mapuche asesinado en el Lago Mascardi. En solo cinco meses sucedieron esos hechos y el de Chocobar. En todos, el discurso no tuvo fisuras. Ese amparo fue el paso previo de un cambio drástico sobre los criterios de los comportamientos de las fuerzas de seguridad.

“El caso Chocobar fue utilizado por la gestión de Macri y Bullrich para poder dar mensajes de mayor respuesta punitiva a las fuerzas y a la sociedad. En todo el 2018 en los medios se repetía que estaba bien que la Policía respondiera con un mayor uso de la fuerza, anunciando que querían cambiar normas y protocolos. Pero no la llevaron a la discusión parlamentaria, para que se debatiera, sino que lo hicieron en resoluciones del Ministerio de Seguridad, lo cual provocó serios problemas constitucionales”, analiza la coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS. Victoria Darraidou. 

La precaución que hasta ese momento debían tener los miembros de las fuerzas de seguridad al utilizar sus pistolas reglamentarias comenzó a borronearse. Un año después de los disparos de Chocobar, el gobierno nacional estableció un nuevo reglamento del uso de armas de fuego, que rompió el paradigma la utilización excepcional de la fuerza letal de los estándares internacionales y la propia Ley de Seguridad Interior. Con esas nuevas reglas los controles de tránsito, las persecuciones o intentos de robos en las calles se convirtieron en situaciones en las que disparar podía justificarse de manera bastante simple. La resolución firmada por Bullrich habilitó que el policía determinara cuando había “peligro inminente”, que actuara contra personas si suponía que cometían delitos, lo cual se salteaba garantías básicas como el principio de inocencia. A esa serie de modificaciones se las bautizó “Doctrina Chocobar”, porque parecían hechas a medida de la defensa del policía que disparó y mató cerca de Caminito. 

La idea de que los operativos exitosos sean esos en los que mueren personas que delinquen no es novedosa, estuvieron en el centro de la escena en gestiones regresivas en términos de seguridad, como las de Carlos Ruckauf o Daniel Scioli en la Provincia. “En las policías más profesionales es un indicador de eficacia que la policía mate menos y controle sus niveles de violencia para bajar los índices de delito. La buena Policía no es la que aumenta esos niveles de violencia”, sostiene Darraidou.

A ese reglamento de uso de armas se les sumaron otras normas ministeriales como otro reglamento para armas no letales, como las pistolas eléctricas Taser; el Programa Ofensores en Trenes, por el cual se les podía exigir identificación a los pasajeros sin necesidad de que se justifique la detención policial, y el Servicio Cívico Voluntario, que le otorgaba a la Gendarmería roles en áreas como la educación, sobre las que no debería tener ninguna competencia. 

Para María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, “la irrupción de la Doctrina Chocobar completó un escenario en materia represiva que sólo pudimos definir como ‘estado de excepción’”. “Era evidente la suspensión extraordinaria del orden jurídico, con la restricción de derechos fundamentales de la población. El resultado de esa política fue un record absoluto de muertes por el gatillo fácil y la tortura en democracia y el mayor índice de la historia en detenciones arbitrarias”, agregó.

Por todo lo señalado, la decisión de los jueces sobre Chocobar tiene a los sectores más duros de la oposición expectantes. Nunca le soltaron la mano y reciben el fallo en términos políticos. También en el Gobierno miran desde sectores distintos lo que sucede con el policía. La visión de la ministra de Seguridad de Nación, Sabina Frederic, quien a su llegada derogó todos los reglamentos de Bullrich, no es la misma que la del ministro de Provincia, Sergio Berni, quien dirige a la Bonaerense con otros tonos. Su discurso se emparenta en muchos pasajes con el de Bullrich, por ejemplo, cuando dice: “Chocobar no es un asesino, lo que hizo fue con la mejor intención”.

No hay manera de pensar al caso Chocobar fuera del contexto político en el que se produjo y se mantuvo. De la misma manera se debe observar el fallo del tribunal, que impacta en la manera en que las fuerzas se manejarán de aquí en adelante. Es una causa que comenzó con una gestión y que termina con otra, una discusión profunda que se inscribió en la enorme grieta nacional y que difícilmente se pueda saldar con la resolución de tres jueces. 

AM

El veredicto en el juicio a Luis Chocobar, el policía bonaerense acusado de matar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista estadounidense en 2017 en el barrio porteño de La Boca, se conocerá hoy en los Tribunales de Comodoro Py, informaron fuentes judiciales.

La audiencia comenzó a las 10 con las “últimas palabras” del efectivo y del presunto cómplice del delincuente fallecido Juan Pablo Kukoc (18) ante el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2, ubicado en avenida Comodoro Py 2002, del barrio porteño de Retiro.

Fuentes judiciales informaron a Télam que, luego de escuchar a ambos imputados, los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete pasarán a deliberar hasta la tarde, cuando darán a conocer el veredicto, alrededor de las 15.

Chocobar sólo dijo como últimas palabras: “Para mí, cumplí con la ley. Agradezco al Tribunal”.

La fiscal de juicio, Susana Pernas, pidió para Chocobar (34) tres años de prisión en suspenso y seis de inhabilitación para ejercer sus funciones, al considerar que se trató de un “homicidio agravado”, pero cometido con “exceso en el cumplimiento de un deber”.

En tanto, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc y es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, solicitó en su alegato prisión perpetua para el policía, al considerarlo autor de un “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”.

Por su parte, Fernando Soto, representante de Chocobar, requirió ayer la absolución para su defendido al sostener que “cumplió con su deber y con la Ley”.

En tanto, en referencia al hecho del asalto al turista Frank Wolek (57), la fiscalía solicitó 18 años de prisión para el cómplice de Kukoc por el delito de “robo agravado cometido con armas, en concurso real con tentativa de homicidio criminis causa” de Wolek .

Sin embargo, el defensor Albino Stefanolo solicitó que ese joven sea absuelto, dado que la única prueba que lo colocó en el lugar del hecho fue un solo testimonio.

Ese hecho de robo y ataque a puñaladas al turista Wolek, ocurrido el 8 de diciembre de 2017 a pocos metros de Caminito, fue el que desencadenó, luego, la persecución en la que el policía disparó y mató a uno de los dos asaltantes.

Chocobar declaró hace dos semanas ante el tribunal y justificó su accionar, al asegurar que quiso evitar que Kukoc siguiera avanzando hacia él, ya que supuso que estaba armado y que disparó al piso.

“Le preguntaron si quiso matar y respondió que de ninguna manera y que tampoco se representó que podía matarlo porque disparó hacia abajo, no quería matarlo sino pararlo, detener su avance”, aseguró el abogado Soto sobre la declaración.

El letrado también sostuvo que el acusado supuso que el joven estaba armado porque vio el ataque al fotógrafo y que “cumplió con el reglamento” respecto a la posición de tiro que se vio en la imagen tomada por una cámara de seguridad.

Sin embargo, para el querellante “la declaración indagatoria de Chocobar fue contradictoria con sus indagatorias prestadas en la instrucción”.

Además, el abogado Rovatti consideró que la versión de Chocobar se trató de “una comprensible mentira para intentar mejorar su muy comprometida situación”.

NB con información de agencia Télam.

“Lo único que les quise decir a los jueces es que Chocobar no le dio a Pablo la posibilidad de defenderse en un juicio. Nunca victimicé a mi hijo, pero siento que tendría que haber podido responder por lo que hizo y Chocobar no lo permitió. Si hubiera sido al revés, si él hubiera matado a un policía, ya estaría cumpliendo una condena a perpetua o lo habrían matado en la cárcel. La Justicia no es igual para nosotros los pobres”. Ivone Kukoc es la madre de Pablo, el joven acusado de robar y atacar a puñaladas a un turista estadounidense en La Boca en diciembre de 2017. Esa mañana, el policía Luis Chocobar mató con dos tiros por la espalda al joven de 18 años cuando este intentaba escapar. Mañana se conocerá el fallo e Ivone arrastra hace unos días una ansiedad que no la deja dormir bien. “Espero que la decisión de los jueces sea la que esperamos. En el juicio quedó claro que Chocobar no fue un héroe. Llegó después del ataque, no recuperó la cámara y salió a disparar detrás de Pablo con intención de matarlo, no entiendo cómo lo transformaron en héroe”, señala.

El día del robo y la muerte de Kukoc, el turista estadounidense Frank Joe Wolek caminaba a pocos metros de Caminito. El hombre, que hoy tiene 57 años, paseaba a pie con su cámara de fotos, cuando Kukoc y un menor de edad le arrebataron la cámara y lo apuñalaron. Tras el ataque, los dos salieron corriendo. El más chico logró escapar, pero Kukoc fue cruzado a tres cuadras por otros dos jóvenes en moto y por uno que iba a pie, que le sacaron la cámara para devolverla y golpearon en la cara a Kukoc. En ese momento, el policía Luis Chocobar, que estaba de civil, llegó corriendo y comenzó a disparar al aire. Kukoc salió corriendo. 

“Lo corrió disparándole, a pesar de que ya no tenía la cámara y que no tenía un arma en la mano. Le tiró varias veces por la espalda, lo que hizo es ilegal. Pablo venía corriendo para mi casa”, explica la madre. Las pericias muestran que Chocobar disparó al menos siete veces, dos de ellas fueron las que impactaron en Kukoc, una en el muslo izquierdo y otra, la que provocó la muerte, en la parte baja de la espalda. 

“La defensa de Chocobar tuvo que mentir para intentar salvarlo. Dijeron que Pablo, en un momento de la corrida que, por supuesto, no aparece en las cámaras de seguridad, se dio vuelta y quiso agredir a Chocobar, que tenía una pistola en la mano. Luego, dicen que producto de eso le dispara en la pierna e inventa que Pablo corrió 30 metros hasta que cayó. A Juan Pablo, ese balazo le destrozó el fémur y se desplomó. Eso lo dicen para simular que estaban cerca, pero Chocobar siempre lo corrió de lejos. Un perito del Cuerpo Médico Forense explicó en el juicio que era imposible que Pablo caminara un par de pasos más. Después, los defensores de Chocobar se encargaron de atacar al perito”, explica Ivone lo que ocurrió en las audiencias.  

Usted sigue sosteniendo que Pablo no apuñaló al turista.

El turista dice en una primera declaración que el que lo acuchilla es el de tez clara, que es el menor que acompañaba a Juan Pablo.

No lo declaró en el juicio, ahí dijo que no lo podía precisar, que sintió como golpes de puño. 

Mi hijo no toleraba la sangre, no podría haber hecho eso. Pablo se quedó con la cámara, el que lo acuchilló fue el otro.

Pero a Pablo le encontraron un cuchillo en el bolsillo. 

Yo lo revisé por completo cuando estaba tirado, no tenía nada en el pantalón. Eso apareció luego. Es un cuchillo al que no se le pudo encontrar sangre. 

Lo del cuchillo en el bolsillo, en realidad sostiene la versión de que no lo tenía en la mano, lo opuesto a lo que dice la defensa del policía. 

Eso es un invento, nunca hubo peligro para Chocobar, de eso no hay dudas.

A unos pocos metros de la esquina de Suárez e Irala, Kukoc se desplomó sobre el asfalto. En las imágenes incorporadas a la causa, se ve que Chocobar llega detrás y que a los pocos segundos aparecen varios patrulleros. “Pablo quedó tirado a pocos metros de mi casa. Cuando yo llego a su lado, me le acerco y me dice: ‘No me dejes, mamá, llevame a casa, no me dejes morir’. Le veía sangre en la espalda y los dos agujeros de las balas. Le rogaba a los policías que llamaran a la ambulancia. Me informaron que la primera disponible se llevó al turista, la siguiente al policía y recién, a la hora de estar tirado, llegó una para él. Y no me dejaron acompañarlo. Al llegar al Argerich pasó lo mismo. Otra hora estuvo en la camilla. Yo les protestaba y me decían que tenía consigna policial, que ellos sabían lo que tenía que hacer. 

¿Tuvo contacto con el turista atacado en todo este tiempo?

No, solo lo vi en el juicio y en la televisión. Recé mucho por él, para que sobreviviera. A veces siento que en esos días recé más por él que por Pablo. Cuando me dijeron lo mal que estaba mi hijo y que iba a quedar postrado, le pedí a Dios que se lo llevara. 

¿Qué sintió cuando vio a Chocobar en el juicio?

Fue raro, ahora lo vi distinto. Más flaco. Dijo que se había separado. No lo vi bien. Yo no quiero venganza. Quiero que pague por lo que hizo. Él me privó de ver de nuevo a mi hijo. Quizás debería ir a verlo a la cárcel, pero él me obligó a que lo vaya a visitar a un cementerio. 

Siempre dijo que quería que el ex presidente Macri también la hubiera recibido. 

Para mí fue una desilusión tremenda. Yo lo había votado, confiaba en él. De repente sentí que él dejaba de representar al Poder Ejecutivo y había juzgado y absuelto a Chocobar. Yo quise que me atendiera a mí también. Para que escuche mi verdad, entregué una carta, pero nunca me respondieron. 

Tanto Macri como su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich defendieron de manera pública el accionar de Chocobar. De hecho, ella firmó una resolución que autorizaba a los miembros de las fuerzas de seguridad a disparar contra quien “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”. Así entró en vigencia el  “Reglamento General para el Empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”,  que cambió de manera drástica los criterios de precaución que hasta ese momento debían tener los miembros de las fuerzas de seguridad antes de disparar con sus armas. A esta modificación, se la denominó “Doctrina Chocobar”.

El juicio contra Chocobar y el menor que también atacó y robó al turista se lleva adelante en el Tribunal Oral de Menores 2 de Capital Federal. La fiscal Susana Pernas entendió que Chocobar es autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber” y pidió tres años de prisión. La querella, en cambio, solicitó una pena de prisión perpetua y el delito que le imputa es “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. Por otro lado, la fiscal pidió 18 años de prisión para el menor acusado. 

AM