A 11 años del homicidio impune de Octavio Romero (33), el suboficial de Prefectura Naval Argentina (PNA) asesinado en 2011 presuntamente para evitar que se convirtiera en el primer integrante de esa fuerza en contraer matrimonio igualitario, el Estado Argentino reconoció hoy “su responsabilidad internacional por la falta de adecuación de la investigación penal a los estándares internacionales” ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),  al tiempo que se comprometió a adoptar una serie de medidas reparatorias.

“Se trata de un crimen de odio que marcó un antes y un después porque iba a ser el primer prefecto en unirse en matrimonio igualitario pero también porque luego vino un poder judicial homofóbico, hegemónico y excluyente que no quiso ni supo avanzar en esta causa como en tantos otras casos con víctimas nuestra comunidad por los que reclamamos”, dijo a elDiarioAR el abogado y ex presidente de la CHA, Pedro Paradiso Sottile,

“Por otro lado, este es un acuerdo histórico porque es la primera vez que un Estado llega a una solución amistosa por un crimen de odio”, agregó el actual titular de la Fundación Igualdad que junto a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) acompañaron al novio de la víctima –Gabriel Gersbach- en el recorrido iniciado hace 10 años ante la CIDH que hoy concluye con este acuerdo.

Además de reconocer que la investigación judicial incumplió con  “la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, en esta solución amistosa el Estado argentino “reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach” y se obliga a otorgarle una reparación pecuniaria a determinar. También se compromete a brindar apoyos a la fiscalía a cargo de esclarecer lo sucedido, a implementar acciones de reparación simbólica y políticas de no repetición.

Orgullo gay

“El ‘orgullo gay’, era un concepto que antes me hacía ruido pero ahora me siento realmente orgulloso de Octavio, de lo que siento por él y por estar haciendo algo en su honor. Creo que él está viendo y agradeciendo el esfuerzo que hicimos buscando la verdad y para que esto no se repita”, dijo a elDiarioAR Gabriel Gersbach horas antes de la audiencia.

“Ahora va a haber protocolo de actuación (ante denuncias de discriminación por orientación sexual en las fuerzas de seguridad), que es fundamental porque otros chicos (gays) de Prefectura fueron amenazados después del crimen y a un suboficial le dijeron que ‘iba a terminar como Octavio Romero’”, agregó.

Según el Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

Según un Informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.

“Simbólicamente es muy valioso que el Estado esté haciéndose cargo de que la justicia argentina no tiene perspectiva de género; ahora esperamos que las medidas de no repetición se puedan aplicar”, dijo a este medio Celeste Fernández, directora adjunta de ACIJ.

La letrada explicó que “el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino,  no es por el crimen de Octavio (en sí) que todavía la justicia no comprobó si fue cometido por la fuerza, sino porque la investigación penal no fue hecho de acuerdo a los estándares internacionales”, como consecuencia de lo cual “seguimos sin saber lo que pasó”.

Del acto de rúbrica de la solución amistosa participaron además de Gersbach, Sottile y Fernández, la subsecretaria de Protección y Enlace Internacional en Derechos Humanos, Andrea Pochak; y el experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género de ONU, Víctor Madrigal-Borloz.

Signos de tortura

Octavio Romero tenía 13 años de trayectoria como suboficial de la Prefectura Naval Argentina -uno más que de noviazgo con Gabriel- cuando fue secuestrado de su domicilio la fría noche del 11 de junio de 2011, donde estaba solo, alistándose para asistir a una fiesta de cumpleaños en Parque Centenario.

Dos botellas enfriándose inútilmente en la heladera, la puerta de calle abierta, luces y televisión en funcionamiento fueron las señales de alarma que recibió su pareja al regresar más tarde esa noche. 

Después, el silencio: Octavio nunca llegó a la fiesta, todo llamado telefónico fue en vano y nadie supo más nada de él hasta seis días más tarde, cuando su cuerpo desnudo y con signos de torturas fue encontrado flotando a orillas del Río de la Plata, a la altura de Vicente López y en jurisdicción de PNA.

De entonces a esta parte, poco es lo que se sabe más allá de los resultados de la autopsia que indicaron que la muerte sobrevino por “asfixia por sumersión, luego de haber quedado inconsciente tras haber sido golpeado y arrojado al agua”. El cuerpo presentaba una alta concentración de alcohol en sangre (2,6 gramos por litro de sangre), golpes en la cara y nuca efectuados con un objeto contundente pero en cambio no tenía rastros de lesiones defensivas. El elemento con el que fue agredido nunca se encontró, como tampoco su teléfono celular ni su arma reglamentaria.

“Octavio se iba a casar y en Prefectura no todos aceptaban que fuera un casamiento gay o que un gay llegara a ser oficial, porque al obtener el título pasaba a automáticamente a ser oficial Por eso me inclino a pensar en un crimen de odio a su condición sexual que ya había sido motivo de amenazas aunque, por otro lado, trabajaba en Control de Gestión que otorgaba permisos entrada y salida de buques, que es una oficina con mucho poder”, dijo Gabriel.

Por su parte, Sottile recordó que “desde siempre hemos sostenido que es un crimen de odio, cometido por integrantes de la fuerza” porque de otra forma es imposible  “desaparecer de pleno centro porteño a una persona y que aparezca el cuerpo una semana después” en jurisdicción de la PNA

“Si se lograra constatar esta hipótesis, estaríamos hablando de los mismos procedimientos que utilizó la dictadura cívico-miliar-eclesiástica, incluyendo haber sido chupado de su casa. Es muy simbólico y causal”, dijo.

Sin imputados

En la causa por homicidio que tramita en la Fiscalía Nacional de Instrucción Nº40 bajo las órdenes del Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº24, no hay siquiera imputados. De sus numerosas fojas no surge tampoco dónde estuvo Octavio entre el 11 y el 17 de junio de 2011, dónde lo golpearon como tampoco en qué fue trasladado desde su domicilio hasta la Costanera Norte.

Ante la falta de avance en la investigación judicial, Gabriel Gersbasch presentó en 2012 una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y seis años después el organismo admitió el caso.

A comienzos de 2021, se inició un proceso de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado Nacional, que fue coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el que  participaron representantes de diferentes ministerios y organismos públicos, con esta solución amistosa como corolario.

“Yo a Octavio lo conocí durante una salida con amigos. Me llamó la atención un chico que bailaba muy bien. Un amigo me dice ‘mirá qué bien baila, ¡cómo me gusta!’ Le dije ‘yo te lo traigo’ y allá fui. Pero él me dijo pero ‘a mí no me gusta tu amigo, a mí me gustás vos’ y así empezamos”, cuenta Gersbach.

Gabriel asegura que fueron “muy unidos” tanto entre ellos, como con sus respectivas familias, las cuales estaban felices con la idea del casamiento planificado para diciembre de 2011 que nunca llegó a realizarse.

“Octavio pegó onda con todos en mi familia, se los ganó a todos porque tenía mucha chispa”, contó.

Cuando iniciaron la relación, Octavio ya era suboficial de prefectura pero durante un tiempo se lo ocultó.

“Pasa que yo tenía ocho años más, viví la dictadura militar y jamás me hubiera metido con un milico pero a él lo acepté porque cuando lo supe porque ya estábamos enganchasídimos y él era una persona que siempre me decía que no se identificaba con nadie de las fuerzas, donde todos eran machitos alfa”, dijo.

Por eso, Octavio apenas pudo se metió a estudiar idiomas y la carrera de relaciones públicas internacionales: su sueño era dedicarse a la carrera diplomática.

Mientras tanto, el joven tenía que soportar que lo discriminaran, acosaran, hostigaran y hasta amenazaran por su orientación en el edificio Guardacostas donde desempeñaba tareas administrativas.

“Nosotros siempre íbamos a la marcha del orgullo y él me decía que tenía que ir con la cara pintada, con sombrero, porque había personal de inteligencia que lo podía identificar. De hecho una vez lo apercibieron con tres días de arresto. Además ya lo habían amenazado y hostigado otros superiores de Prefectura, lo tremendo es que nunca dijo los nombres”, contó.

Esa hostilidad se hizo más patente aún después de que Octavio solicitara su aprobación para casarse con Gabriel, una condición que hasta este crimen se le exigía a todos los integrantes de la fuerza antes de contraer matrimonio para asegurarse que el candidato o candidata no representara “un conflicto por motivos políticos o sociales”, como un remanente de las épocas de la represión ilegal.

“Cuando se aprueba el matrimonio igualitario, esa disposición estaba en vigor, y en un asado familiar de fin de semana, después de pedirle la mano a mis padres, Octavio les dijo ‘el problema es que ustedes van a ser investigados y es posible que intervengan algún teléfono’, pero mis padres dijeron que no había problema porque ‘no tenemos nada que esconder’”, contó.

Una fiesta divina

Ya con el permiso otorgado, “estábamos preparando una fiesta divina” que sería la prolongación de la celebración iniciada un año antes -cuando se aprobó la ley 26.618 de Matrimonio Igualitario - y que inauguraría una nueva etapa en su relación, una en la que se soñaban asumiendo nuevos desafíos, como el de ser padres adoptivos.

“Volvimos de una luna de miel anticipada en Europa y al mes lo secuestran y lo matan; no solo lo matan sino que aparece torturado, desnudo, golpeado, alcoholizado y a orillas del Río de la Plata, como en la dictadura”, dijo.

Durante el primer año de investigación, Gersbach tuvo que soportar además que lo tuvieran como sospechoso del crimen según una hipótesis “pasional” de los hechos que no cerraba por ningún lado, pero que le impidió durante 12 meses ser querellante en la causa.

En 2015 parecía que finalmente se reactivaría la investigación con una pista firme, cuando la fiscal y el periodista Franco Torchia recibieron un informe anónimo con información detallada que avalaba una versión de los hechos según la cual el crimen fue cometido por integrantes de la propia fuerza que habrían actuado movidos por la homofobia. Incluso, en la carpeta se aseguraba que toda la información relativa al crimen estaba en un disco escondido en uno de los edificios de prefectura. Pero como la orden de allanamiento se dictó un mes después, ya no se encontró nada.

“Por cómo está escrita, la carpeta proviene de alguien de adentro. Gran parte de la información tiene correlación con los hechos, por ejemplo yo no me explicaba el nivel de alcohol en sangre que tenía y eso se explica por la tortura conocida como ‘el submarino seco’ que ahí dice que le aplicaron. Pero para que esa carpeta hubiera servido, la justicia tenía que actuar rápidamente y no lo hizo”, dijo.

Las medidas de reparación simbólica a las que se comprometió el Estado argentino son la incorporación del caso en el Plan Nacional contra la Discriminación del INADI, la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad por parte del Canal Encuentro y la realización de un mural en memoria de la víctima.

En cuanto a las garantías de no repetición, asumió la obligación de crear un “protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y/o característica sexual” en el Ministerio de Seguridad de la Nación, la elaboración de un programa de capacitación “Octavio Romero” destinada a cadetes y aspirantes, la difusión de un cuadernillos sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas LGBT+ en situación de violencia de género y el trazado de “lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual o característica sexual”.

MAA/MG

La “festichola” alrededor de la sanción de la ley de matrimonio igualitario de la Argentina -aprobada el 15 de julio de 2010- recién empezaba. El derecho ahora universalizado de emparejarse formalmente no tenía aún ni un año de vigencia cuando el sábado 11 de junio de 2011, el suboficial de la Prefectura Naval Argentina Octavio Romero desaparece de su departamento en el centro porteño. Seis días después, su cuerpo aparece desnudo, golpeado y con 2,06 gramos de alcohol en sangre en el río, a la altura de Vicente López. 

En el río, sí. Octavio asesinado y en la mismísima jurisdicción territorial de la Prefectura. La autopsia determinó que fue arrojado al agua ya muerto. Iba ser el primer integrante de las Fuerzas de Seguridad en hacer uso de la estelar norma y casarse con su novio, Gabriel Pipín Gersbach. De acuerdo a cierta tradición, Octavio ya le había avisado a sus jefes. ¿Eso había que hacer? Eso hizo. A partir de allí, fue víctima de pintadas homoodiantes en el baño y de varias amenazas.

Diez años. El próximo 17 de junio se cumplen diez años de pétrea e inamovible impunidad: el crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina. El Ministerio de Seguridad de la Nación, entonces a cargo de Nilda Garré, y su plenipotenciaria Secretaría de Seguridad, a cargo de Sergio Berni, performatearon preocupación. Llamados por teléfono y móviles en vivo. Sin embargo, como novio de la víctima, Gabriel pasó a ser el primer sospechoso. Y no sólo merced al procedimiento habitual de investigar antes que a nadie a la pareja. Se sabe: si de “depravados” se trata, nunca como el “infierno” promiscuo de dos homosexuales bajo un mismo techo y en un mismo y “sucio” lecho. 

El crimen de odio de Octavio Romero es el crimen por orientación sexual más ministerialmente encubierto de la historia argentina

Gabriel fue objeto de allanamientos varios. Su familia también. La investigación judicial, a cargo de la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción Nº 40, con Estela Andrades de Segura a la cabeza, hizo lo imposible y más por dudar de él. Al respecto, ejemplos sobran: los investigadores se entusiasmaron cuando hallaron un arma de juguete en la baulera, mientras se trataba de profundizar en el paradero del arma reglamentaria de Romero, desaparecida en posible acción en su contra. Ese 11 de junio, Gabriel había salido a trabajar con su taxi y Octavio iba camino a un encuentro con amigos en Parque Centenario. Cuando el primero volvió a la casa que ambos compartían, la televisión estaba encendida y el volumen altísimo. Todas las luces prendidas y la puerta, sin llave. 

Recién en 2013, Pipín Gersbach logró dejar de ser sospechoso de matar a su novio (“la pista pasional” alegaban los investigadores) y pudo pasar a ser querellante en una causa que en diez años no experimentó ni un solo avance en la fiscalía ni en el Tribunal Oral nº 29, con Juan María Ramos Padilla (el padre, sí) como titular. Suena elemental y lo es: ni un solo avance en diez años. La inacción judicial, no obstante, no se corresponde con la acción política: el Poder Ejecutivo de entonces -primer gobierno de CFK- se encargó de reubicar a los “superiores” de Octavio en Prefectura. Como suele decirse en cierta jerga milicoide, fueron trasladados a otros puntos del país a “observar pingüinos”. Apenas interrogados y nunca investigados. Siempre adentro. 

La cobertura del caso reactivó el cese -vigente desde 2008- de las antiguas “Normas para solicitudes de venia de enlace”. Desde hacía cuatro años, las Fuerzas de Seguridad no tenían facultad alguna para disponer sobre cuestiones de familia. ¿Por qué entonces Romero sí debió avisar antes de dar el sí? Por ser gay ¿Y quiénes se oponían a ser la avanzada militar del matrimoniaje trolo? Los que fueron trasladados del edificio Guardacostas, cubiertos por los pactos de un Estado heteromortuorio.

No sólo el arma reglamentaria de la víctima se esfumó: el chip y el teléfono del prefecto también. Gabriel Pipín Gersbach nunca recibió asistencia psicológica oficial y sus letrados son profesionales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización autodefinida como “apartidaria, sin fines de lucro y dedicada a la defensa de los más desfavorecidos”. También lo acompaña la Fundación Igualdad. Con todo,  ni un solo avance en 10 años. 

 En 2015, una precisa, detalladísima crónica anónima del recorrido de Octavio Romero hasta su muerte llegó a manos de la Fiscalía y de quien escribe estas líneas. Abundantes en detalles descriptos con léxico de comisaria, las páginas de ese informe narraban cómo la voluntad expresa de la cúpula de la Prefectura, en connivencia con Sergio Berni, fue depurar la fuerza; liberarla de la culpa y el cargo de tener al “enemigo puto” adentro. Era año electoral y era una versión de los hechos tan relativa como verosímil. Prolija y coherente, sin firma. 

 Promocionado por la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), en 2018 el abandono del Poder Judicial local respecto de Octavio Romero alertó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en un informe preliminar sostuvo que semejante desamparo e incumplimiento de pactos internacionales reunía todos los requisitos para que ese organismo tratara el caso. ¿Qué significa? Que la nula investigación de la Argentina debe asumirse como tal o revertirse de inmediato. De lo contrario, actuará la Comisión y eventualmente también la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica. La respuesta fue: “Necesitamos más tiempo”. Así culmina -y empieza- la década ahogada de un cuerpo en soledad definitiva. Una tortura mortal aletargada por el aroma a nueva primavera democrática.

¿Qué de la historia de Octavio y de Gabriel no llegó ni llega aún a intranquilizar? ¿Qué vuelve difusa, olvidable o no definible como pérdida una experiencia digna del enciclopedismo dictatorial? Es evidente que distrajo la cercanía con un tiempo político concentrado en celebrar conquistas legales. A algunos activistas y al sensódromo epocal también les resultaba en buena medida fastidiosa una muerte en el clímax de las libretas rojas gay-lésbicas. Era temporada de aperturas. 

Octavio pidió permiso y apareció muerto. 

¿En qué momento defender vidas indefendidas pasó a ser sinónimo de confiar en las instituciones? 

FT